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Los ecologistas contra el móvil

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Tienen una especial inquina al progreso tecnológico, es decir, a la mejora de nuestro bienestar, a lo que hace nuestras vidas más cómodas y duraderas. Y también lo que nos permite a muchos ser un poco más felices.

Vimos hace unos días un ejemplo claro de su manera de pensar. Resulta que unos científicos querían hacer un sencillo experimento: fertilizar con seis toneladas de polvo de hierro el Océano Antártico. La idea es dilucidar si, como creen, las algas de la superficie marina tienen nutrientes suficientes para crecer, pero no el hierro que necesitan. Si así fuera, se reproducirían a mayor velocidad y absorberían más dióxido de carbono de la atmósfera. Perfecto, ¿no? Parece una manera barata y eficiente de acabar con los miedos de quienes se creen que el CO2 es un peligro mortal para la humanidad.

Pues no. Los ecologistas quisieron frenarlo porque intentaba poner en manos de la "industria capitalista" un modo barato de hacer desaparecer el CO2 y frenar el cambio climático. Es decir, que realmente no temen tanto el calentamiento global; lo que no quieren es que el hombre siga mejorando las herramientas que tiene a su disposición para hacer del planeta un lugar más habitable para él, que no otra cosa es eso que llaman "industria capitalista". Tras frenar el experimento por miedo a las críticas, finalmente el Gobierno alemán le dio luz verde. Menos mal.

Pero no hace falta irse tan lejos para ver ejemplos de estos nuevos ludditas. La máquina tejedora que quieren destruir ahora no es otra que el teléfono móvil. Ese aparato infernal que podemos llevarnos con nosotros y nos permite comunicarnos con quien queramos en el momento que deseemos. ¡A quién se le ocurre semejante mejora en nuestras vidas! ¡Hay que acabar con ello! Aux armes, citoyens!

La táctica que emplean es la misma que con el calentamiento global: aterrarnos. Por resumirlo mucho, afirman que el uso del teléfono móvil nos va a freír el cerebro o, para ser más exactos, podría llegar a hacerlo, de modo que en aplicación del santo principio de precaución debemos impedir su uso o, en un gesto de generosidad que los honra, restringirlo a los casos de emergencia, como si fuéramos a pagar y llevar encima un cacharro de esos sólo por si nos atracan o se nos estropea el coche.

El principio de precaución significa, teóricamente, que se prohíban innovaciones hasta que no existan pruebas de que no comportan peligros. Suena razonable, pero el problema es que es imposible demostrar que algo no comporta riesgo alguno. Cosas que llevamos milenios comiendo provocan problemas de salud de todo tipo. Así que, en la práctica, el principio de precaución consiste en que el Estado prohíba todo aquello que molesta a los ecologistas.

La excusa para aplicarlo en esta ocasión son las radiaciones y la fuente de autoridad, el profesor sueco Olle Johansson. El problema es que el señor doctor, al menos según los escépticos suecos, no tiene ni idea de lo que habla. Dice que las microondas son comparables a los rayos X o a las radiaciones gamma, que viene a ser como si se dijera que un conejo y un tigre de Bengala suponen un riesgo comparable para el ser humano porque al fin y al cabo ambos son animales.

Hay gente realmente seria que investiga los posibles efectos de las radiaciones sobre la salud, aunque será infrecuente encontrárselos citados en comunicados ecologistas, porque no encuentran evidencia alguna de perjuicios para la salud provocados ni por antenas de telefonía ni por los mismos aparatos. Salvo, claro está, que se usen mientras se conduce. Pero creo que no se refieren a esto los del pez mutante de Garoña, esa organización de ufólogos del medio ambiente llamada Ecologistas en Acción.

Educación para la (adecuada) ciudadanía

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

La reciente decisión del Tribunal Supremo de rechazar la objeción de conciencia respecto de la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) es una mala noticia para los partidarios de la libertad. El fallo adoptado por los jueces, que han llegado a asegurar que, pese a la sentencia, no se debe intentar imponer una moral y han abierto la posibilidad de más recursos, demuestra que la sociedad española sigue recorriendo un peligroso viaje hacia un autoritarismo disfrazado de democracia.

En primer lugar, la sentencia del Supremo pone en duda la independencia del poder judicial. La torpe maniobra de la ministra de Educación Mercedes Cabrera, colgando en YouTube unos días antes un vídeo en el que se felicitaba por una decisión judicial que todavía no se había adoptado, invita a pensar que existen muchas probabilidades de que el Ejecutivo ya hubiera intervenido y que los dos días de deliberaciones fueran más una maniobra propagandística que un serio debate. La separación de poderes es uno de los pilares básicos de cualquier régimen democrático que se denomine liberal y en España no deja de ser una utopía cada vez más lejana.

Los jueces no explican cómo se puede impedir que los legisladores no impongan una moral a los alumnos sin que los padres no puedan hacer nada más que lamentarse. De hecho, ya es una realidad que la educación pública tiene muchos ingredientes que terminan adoctrinando a infantes y adolescentes, incluso en colegios privados. El problema radica en que el sistema ya está viciado desde su origen. Los contenidos no deberían ser elegidos y controlados por los poderes públicos, sino por los padres y los centros docentes, en tanto ellos proporcionan un servicio que debe adaptarse a la demanda. Los que consideren que el Estado debe asegurar la educación de nuestras nuevas generaciones, deberían percatarse de que éste debe limitarse a no impedir la libertad de empresa, pues la educación es un servicio y no un derecho.

Por otra parte, la fuerza con la que ciertos colectivos se han opuesto a una asignatura liberticida como EpC es a la vez esperanzadora y deprimente. Es esperanzadora porque pone de manifiesto que en cuatro años y medio de Gobierno socialista la sociedad civil ha sabido generar instituciones y grupos de presión que luchan por lo que consideran legítimo y acorde a sus intereses, luchando contra el poder de un Estado que, tras una transición de la dictadura a la democracia, vuelve a infiltrarse en ciertos espacios que aparentemente pretendía abandonar. Pero es deprimente, en tanto muchos de estos grupos no saben analizar y ver cuál es el origen de este mal y no les importa que existan asignaturas como EpC o instituciones como la educación pública siempre que sirvan a sus intereses.

Pero lo más preocupante de todo no es lo que ahora está pasando, sino lo que dentro de unas décadas, cuando estos alumnos que ahora se han formado en EpC y cuyos padres en muchos casos ha renunciado a su deber de formar la moral de sus hijos, lleguen a ocupar cargos públicos, cargos con poder sobre la vida de los demás. En ese momento veremos si EpC ha tenido éxito o al final ha sido más ruido que nueces. Esperemos que en ese momento no haya un grupo de estadistas demasiado numeroso que considere, al igual de José Blanco, que explicar cómo se pone un preservativo es algo acorde a no sé qué valores. Con la filosofía de la chancleta hemos topado.

¿Gratis total?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Un narcótico con el que pretendía acallar las crecientes críticas entre una población que no entendía la necesidad de regalar su dinero a los bancos mientras ellos atravesaban serias penurias económicas.

La idea de Solbes era sencilla: vamos a comprarles a los bancos activos de calidad que el mercado esté infravalorando por la crisis y luego, cuando se inicie la recuperación, los volveremos a vender a un precio incluso superior. Sería como si el Gobierno adquiriera acciones de Telefónica a 13 euros y luego las revendiera a 20. ¿Coste? Ninguno. Es más, pingües ganancias a la vista.

El problema estaba en que no parecía muy lógico que el Estado les comprara a los bancos sus activos de calidad para dejar sus balances llenos de basura. ¿Se imaginan una liposucción destinada a arrancar los músculos y a dejar la grasa en el cuerpo del paciente? Poco verosímil, más bien cabía pensar que nos estaban vendiendo la moto: el Estado utilizaba nuestro dinero para comprarles a los bancos la peor parte de sus balances y, mientras se comportaba como un Madoff de pacotilla, nos juraba que se estaba convirtiendo en el nuevo Warren Buffett.

En Estados Unidos la mascarada de Paulson siguió un curso similar: Bush y su secretario del Tesoro repetían una y otra vez que el contribuyente no sufriría ningún desfalco en sus cuentas mientras los banqueros llenaban sus bolsillos y los de sus accionistas repartiendo dividendos con el dinero que se les había entregado.

Pero por lo visto, la salud de los bancos se encuentra tan deteriorada –y cada vez más– que ni siquiera estos timos están sirviendo para reanimarles. Como agujeros negros, no paran de engullir los fondos de los contribuyentes sin que se logre evitar su quiebra, sino sólo retrasarla.

En este contexto, Obama, que en política económica no es más que una versión progre friendly de Bush, ya ha decidido ir más lejos: la situación es tan crítica que hay que echar abajo cualquier barrera al intervencionismo estatal. Así, ya no piensan vendernos el camelo de que sólo adquieren activos de calidad con problemas transitorios, sino que incluso hablan de crear un "banco malo" que les compre a los bancos privados todos sus activos tóxicos. Una especie de estercolero público que pague la basura de los bancos a precios de oro. Se cree que así estos últimos podrán recapitalizarse, volverán a conceder créditos y la economía se reactivará.

Lo mismo parece opinar Joaquín Almunia, comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, casualmente desde nuestro país. Será que España está a la cabeza del estercolero europeo en el que los bancos –y especialmente las politizadas cajas– ya advierten que será el año de la insolvencia bancaria.

Me temo que ahora ya nadie podrá sostener que el rescate de los bancos nos saldrá gratis total; el propio Almunia se ve forzado a reconocer "riesgos para los contribuyentes". Y es que no se trata de estar comprando acciones de Telefónica a 13 para venderlas a 20, sino de adquirir acciones de Terra a 100 para venderlas a 2.

No entienden nada y, lo que es peor, nos arrastran a todos con su ignorancia. En estos momentos todos los agentes económicos están reconstruyendo sus posiciones de liquidez, incluyendo los bancos. De ahí que no exista ningún automatismo entre bancos saneados y expansión del crédito, simplemente porque durante las crisis la demanda de crédito de todos los agentes se desploma.

Es cierto que los bancos deben recapitalizarse antes de iniciar la recuperación; pero también deben sanearse familias y empresas, reduciendo sus pasivos y aumentando sus activos más líquidos. Comprar activos inflados a costa de familias y empresas no sanea el conjunto de la sociedad, sino que socializa las pérdidas en lugar de concentrarlas en los agentes responsables de ellas. Y si la situación patrimonial de familias y empresas todavía se agrava más con los mayores impuestos futuros que serán necesarios para financiar este desaguisado, difícilmente volverán a pedir crédito por muy sólidos que sean nuestros bancos.

Nuestros políticos parecen haber optado por salvar a los bancos a costa de hundir a la economía. Sólo conciben dos alternativas: la fascista (conservar la dirección privada de bancos y concentrar sus activos tóxicos en un banco malo) y la comunista (nacionalizar los bancos). Que dejen de despilfarrar ya el dinero de los contribuyentes y empiecen a aplicar una receta más liberal: bajar impuestos, adelgazar el Estado y dejar quebrar a aquellos bancos que estén de basura hasta las cejas.

Objeción

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Todos los que nos oponemos a la asignatura, todos los padres que han interpuesto su conciencia ante la ley que la impone, todos los que han acudido a los tribunales para defender la libertad de educar a sus hijos, adoptan esa actitud rebelde porque, precisamente, no han amoldado sus conciencias, cuando aún eran tiernas, por el torno de Educación para la Ciudadanía.

¿Se lo imaginan? Forges sí. Una caterva de siervos siempre dispuestos a acatar las sabias indicaciones del Estado, a hacer propios los valores que les inculque. A renunciar a sus propios objetivos y ocupar ese vacío con los de nuestros gobernantes; sabios, bondadosos, fuertes. ¿Qué familia podrá compararse, en su pequeñez, con la encabezada por el pater estatal, con todos nosotros como hermanos? ¿Quién hablará de economía de mercado, de libertad personal, de autonomía, cuando todos hayan entendido que el egoísmo no tiene lugar en la sociedad del futuro? ¿Cómo albergar la odiosa pretensión de inculcar a los hijos unas ideas propias? Si para entonces ya no será necesario, ni posible, tenerlas.

¿Qué tendrá el diario El País que acoge a los progrefascistas a docenas? Será el tránsito desde el poder al poder entre el franquismo y el antifranquismo de varios de sus prohombres.

Parece, a la espera de contar con el texto del fallo del Supremo, que el tribunal no reconoce la objeción de conciencia porque ésta no está recogida por la Constitución. Pero si la conciencia de los individuos es anterior a la Constitución. Es nuestra y no hay ley que nos la pueda arrebatar. Tenemos derecho a ignorar al Estado cuando dicta normas que recaen sobre nuestra persona, nuestra familia y nuestra propiedad y que no se ajustan a nuestra conciencia, y eso va tanto por EpC como por la propia Constitución.

Es esta una lucha formidable entre la libertad y la imposición, entre la sociedad, autónoma y auténtica, y el Estado. Si se gana esta batalla, si una familia puede negarse a que sus hijos pasen por una asignatura impuesta desde el Gobierno, todo el edificio de la educación estatal estará en entredicho. El movimiento de objeción de conciencia ante la mili acabó con la conscripción por la fuerza de los hechos. Tiene que ocurrir lo mismo con la educación.

Además, ¿hay mejor educación para la ciudadanía que el ejercicio de la desobediencia civil?

Sanidad nacionalsocialista

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

A Soria, como ya le ocurrió a Salgado, se le llena la boca con ideas como la protección pública de la salud pero le indigna que algunos gobiernos autonómicos decidan ofrecer vacunas que no ofrece el Estado. Como buen socialista, al ministro le incomoda la existencia de sanidad privada y lo que él considera "posturas para privatizar la sanidad" en esas dos comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular. Ojalá tuviera razón cuando dice que Madrid y Valencia están llevando a cabo una privatización de este modelo. Desafortunadamente no parece que ese sea el caso.

También se equivoca –o nos quiere equivocar– con su visión de la responsabilidad y la gestión pública de los servicios de salud. Según Soria, "los sectores públicos son los que tienen que tomar las decisiones sobre la salud ya que son los responsables". No se da cuenta el ministro que la responsabilidad es un concepto que sólo puede aplicarse a aquellas personas que soportan los costes y disfrutan los beneficios de sus acciones. Los sectores públicos no pueden ser responsables a la hora de gestionar la sanidad porque usan los recursos que han obtenido mediante coacción del ciudadano español. Donde no hay propiedad privada no puede haber responsabilidad. Podemos pensar que los sectores públicos son paternalistas o dictadores benevolentes, pero no responsables.

El ministro se lía todavía más al afirmar que privatizar la sanidad significa pasar la deuda a nuestros hijos. Es justo al revés. En una empresa privada, sea de sanidad o de cualquier otro sector, el dueño no puede pasar su deuda a nadie que no quiera aceptarla. Es precisamente la ineficiente sanidad socializada que tanto gusta al ministro la que escurre el bulto de su exagerado coste debajo de la alfombra de la deuda pública a través de la cual el estado coge dinero de prestamistas actuales a cambio de prometer esquilmar mañana, mediante mayores impuestos, a los niños de hoy.

Soria afirma que el Sistema Nacional de Salud es un gran generador de empleo estable y de calidad. Que sea el primer empleador del estado con más de un millón de empleados no dice mucho si el sistema está desperdiciando su valor. Y lo de la calidad que se lo cuenten a los miles de médicos que huyen de España por las pésimas condiciones salariales y laborales o a los numerosos médicos que se han quedado en España y luchan por tratar al paciente como una persona –a la que poder dedicarle cinco minutos– y no como una pieza estropeada de un mecano social.

Pero lo más interesante es ver que los socialistas siguen erre que erre con la mitología de la gratuidad y la solidaridad del sistema de salud estatal. En palabras del ministro, el sistema nacional de corte socialista "da cobertura universal, es gratuito, libre, público, y está basado en los impuestos que de forma solidaria pagamos todos". Que sea universal no dice si todos querían tener esa cobertura ni si la calidad es buena. Se da la circunstancia de que a los funcionarios, el espectro más socialista de la sociedad española, se les pregunta todos los años si con sus impuestos quieren financiar y acceder a la sanidad pública o a la privada. Y año tras año entre el 83% y el 87% elige la privada. Parece que a juicio de los funcionarios tan buena no es la sanidad pública. Además, que el sistema esté basado en los impuestos contradice que sea gratuito, libre y solidario. Pero todos estos argumentos no cambiarán la postura de nuestro ministro que antes de ver una sanidad descentralizada y privada prefiere una nacionalsocialista.

Como progres en Semana Santa

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Ya vimos el calificativo que merecían a una escritora señera todos aquellos que no acudimos a gritar asesino a Aznar, un exabrupto zafio que retrata muy bien la tolerancia que suele utilizar la izquierda en sus debates filosóficos.

Pero a pesar de la farfolla argumental con que adorna su discurso, la izquierda no se ha manifestado jamás contra la injusticia, la opresión o la tiranía como fenómenos intrínsecamente nocivos para la convivencia. Lo ha hecho, lo hace y lo hará, únicamente, si los autores de la villanía están incluidos en su catálogo particular de enemigos de la humanidad, a saber: el capitalismo, Norteamérica o Israel. Fuera de este trinomio el progresismo no se considera interpelado a pronunciarse.

En el caso concreto de la dictadura cubana, los progres no sólo no protestan contra la vileza de un régimen que mantiene en la miseria a todo un país y a miles de ciudadanos sufriendo tortura y cárcel por manifestar sus discrepancias contra el partido comunista, sino que les parece muy bien este estado de cosas a juzgar por el entusiasmo con que tratan la figura de Fidel Castro. Hombre, a veces introducen algún matiz en sus felaciones intelectuales pidiendo un poquito de democracia y tal, pero el último documento del expediente es una condena absoluta a los Estados Unidos de Norteamérica como causantes de la miseria cubana. Es decir, que los cientos de presos políticos de la isla por el hecho de tener un fax clandestino lo son por culpa de Bush, y si usted opina algo distinto es porque es un fanático protofascista intoxicado por los medios de la derecha.

Este domingo se retratarán todos ellos de nuevo con su ausencia institucional en la concentración a favor de la libertad para Cuba en el cincuenta aniversario de la implantación de la tiranía familiar de los Castro. No es descartable que algunos destacados progresistas aparezcan por la Puerta del Sol para cubrir una cuota exótica de pluralidad. Pero no se engañen. Entre la libertad y el socialismo todos y cada uno de ellos defenderán lo segundo. "Socialismo para los cubanos y libertad para mí" es su divisa. Y capitalismo, todo el que pueda y un poco más. Quien acepte lecciones de moral de estos personajes debería hacérselo mirar por un buen psiquiatra.

Llo apollo la qultura

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

No sólo por el hecho de que sea una campaña destinada, una vez más, a defender los intereses económicos de unos sectores privados muy determinados con el dinero del resto de los ciudadanos (no muy distinto, en realidad, al hecho de que el ministro César Antonio Molina utilice una emisora pública, Radio Nacional de España, para promocionar su último libro). Tampoco es suficiente con que se trate de una campaña llena de medias verdades, lo que siempre implica algo de mentira.

No, también quedan en ridículo y se empecinan en el error. No les basta con premiar un testimonio (si bien en el sitio web denominan a este apartado "testimoniales", palabra que significa otra cosa) falso plagado con faltas de ortografía (¡Biba la qultura!) con el que unos internautas se estaban riendo de ellos. Es que se empecinan en el error y días después de que la metedura de pata se haya publicado en gran cantidad de sitios, no han retirado el testimonial de marras. Tras dar muchas vueltas al asunto, tan sólo se me ha ocurrido una explicación un poco racional: ¡es bastante probable que muchas de las otras aportaciones de los internautas sean igual de falsas, pero producidas por ellos mismos!

Una cosa es tener a un pobre hombre picando mensajes inventados y otra darle un premio. Para una "autentica" que se encuentran, tenían que premiarla. Esta teoría me ha surgido tras leer unas pocas decenas de testimoniales. El estilo de la redacción es, con algunas excepciones, sorprendentemente monótono y los infinitos ataques a las más elementales normas ortográficas son muy similares en casi todos los mensajes. Hay uno que llama especialmente la atención. En él, el autor dice que le encanta leer. Sin embargo, no debe fijarse mucho. En tan sólo cinco líneas contiene seis faltas de ortografía.

Si mi teoría resulta falsa, el panorama debería ser todavía más desolador para Zesar Hantonio Molyna y su equipo; al igual que para Heduardo Vautista y el resto de jefazos de las entidades de gestión. Eso significaría que aquellos que se tragan los mensajes victimistas del autodenominado "mundo de la cultura" son por lo general personas con poca cultura, puesto que apenas saben escribir en su propio idioma. Y eso es todavía peor que uno o dos empleados que se inventan mensajes y los escriben mal.

Si así se quedan contentos lo escribo: "Llo apollo la qultura y la pirateria es mu mála y ase muchó dañó". Ahora quiten esa campaña, por favor.

Justificación neoclásica de la intervención pública

Escrito por Daniel Ballesteros en . Publicado en Análisis diario.

La Economía es la ciencia que estudia los medios más eficientes de satisfacer unos fines humanos ilimitados empleando unos recursos escasos en relación con ellos. En consecuencia, no persigue juzgar la bondad de unos fines y medios adoptados por los individuos en virtud de sus preferencias personales, sólo indica si hay medios más eficientes de alcanzar tales fines empleando para ellos un conocimiento compuesto por axiomas autoevidentes, conocimientos individuales y experiencias históricas.

Cuando un individuo de profesión economista juzga deseable o indeseable algún tipo de medio o fin humano lo puede hacer empleando para ello bien sus propias ideas morales, que son sus ideas sobre lo bueno y lo malo, sobre lo que es preferible para sí y para los demás; u observando de forma estricta las leyes de la Economía. Cuando dicha moral individual ignora las leyes económicas y se institucionaliza ya sea por imposición de un líder o por presión colectiva, antes o después se ocasiona gravísimos perjuicios a los seres humanos, con lo que dichas medidas bienintencionadas pasan a ser dañinas y, a la luz de sus frutos, objetivamente inmorales.

Dadas estas circunstancias y con el objeto de conciliar la moral individual con la Economía se pueden hacer dos cosas: o bien muta la moral individual o bien mutan las leyes económicas. Esta última opción es imposible, pero se puede aparentar que dichas leyes avalan dicha moral mediante el empleo de modelos de estudio académico cuyas premisas son falsas.

Así, la escuela neoclásica de economía establece que una intervención pública está justificada siempre que exista un fallo de mercado, entendiendo por tal una ineficiente asignación de determinados bienes y servicios. La eficiencia es entendida aquí no como el cociente (output/input) de bienes y servicios, sino como el cociente entre bienestar individual y gasto individual. Por lo tanto la ineficiencia puede venir dada ya por la insuficiente generación de bienestar individual de una compra respecto a un ideal preconcebido, ya por la incapacidad de realizar tal gasto.

Se considera que existen tres circunstancias que empeoran dicho cociente –perjudican la eficiencia– respecto a un mercado considerado más o menos estándar: insuficiente competencia (monopolísticos y oligopolísticos), externalidades negativas y asimetrías de información. El objeto de la intervención pública sería inducir al mercado libre a adquirir características consideradas deseables para incrementar dicho cociente:

1. Mercados de competencia imperfecta

En realidad un economista no puede juzgar si el nivel de competencia que existe en un mercado determinado es mejor o peor, todo lo que le enseña la Economía es que un mayor nivel de competencia a menudo se traduce en una mejor asignación de recursos, no que una mejor asignación de recursos pueda ser obtenida mediante un incremento de la competencia en un mercado. La extensión de esta idea errónea ha llevado a considerar mejores aquellos mercados con un elevado número de competidores y, en consecuencia, defectuosos aquellos mercados con un número reducido de participantes, si bien se considera beneficiosa la existencia de ciertos monopolios denominados naturales y tolerable la de aquellos otorgados por patentes.

Otro problema radical de esta perspectiva reside en la diferente amplitud con que se puede definir el bien o servicio de cuyo mercado estamos hablando, de modo que un mercado puede ser de competencia perfecta y a la vez ser considerado monopolio. Este hecho ha dado lugar a la elaboración de la contradictio in terminis que es el concepto de competencia monopolística.

2. Externalidades, información asimétrica y bienes públicos

Una externalidad es el efecto positivo o negativo de la acción de un agente sobre otro ya sea en su propia persona o en sus propiedades. Son relevantes en Economía por cuanto las negativas afectan a otros sin estar asociadas, a menudo, a una compensación a la parte perjudicada, reduciéndose así la eficiencia de la economía (no suelen despertar igual interés las positivas precisamente porque se supone que una compensación reduciría la eficiencia de la economía).

Sin embargo aunque toda externalidad negativa suponga un perjuicio mayor o menor, no todas constituyen una lesión al derecho a la vida, la libertad y propiedad de los individuos o, en Economía, de los agentes implicados en un intercambio y por tanto no se deduce que cuando se da una externalidad negativa el Estado deba intervenir en forma alguna.

Un caso particular es aquel en que la externalidad se realiza sobre activos sin propietario. Bajo tal circunstancia el fallo no es del mercado, puesto que aquí falta uno de los agentes que debiera estar implicado en el intercambio.

Por último, un bien público es definido en la escuela neoclásica como todo bien cuyo consumo es no excluyente y no presenta rivalidad, como presuntos ejemplos tenemos la luz de un faro, las calles o la música callejera; en resumen, fuentes de externalidades positivas que pueden beneficiar a muchos que no realizan un pago a cambio. Ahora bien, ni la música callejera ha sido declarada bien público ni los faros, considerados entre otros por Pigou, Arrow y Samuelson como un ejemplo paradigmático de bien público, tienen que ser necesariamente financiados por el Estado, y el ejemplo histórico lo tenemos tan cerca como en Gran Bretaña, habiendo sido analizado de forma muy crítica hacia esos economistas por Coase. Por otro lado ni los correos, ni las autopistas ni la producción eléctrica tienen características de bien público, y las calles tampoco son un bien público puesto que quien acondiciona su comercio puede muy bien acondicionar su calle, algo que a día de hoy sucede con frecuencia en ciertas áreas comerciales.

Justicia con MS-DOS, Hacienda a la última

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Los famosos 20 millones parecen mucho dinero, pero si tenemos en cuenta que también se va a gastar 30 millones en propaganda el Plan E, pues no parece tanto. El dinero destinado a justicia siempre es insuficiente por la razón que gran parte del dinero estatal se va a otras partidas que siempre son más absurdas.

Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente se gasta más de 250 millones de euros en convenios. También ha destinado 115 millones de euros al medio natural de la propiedad privada. En la legislatura anterior, el gobierno de ZP condonó casi 2.000 millones de euros de deuda a países extranjeros (la de nuestras hipotecas, no). Este año regalará a Cuba 2 millones de euros. Se ha gastado casi 8 millones de euros en la cúpula de un edificio. En 2008, regaló 35 millones de euros a México para que arreglara la bahía de Acapulco. Se gastará 200 millones de euros al año durante cinco años, en total 1.000 millones de euros, en algo tan abstracto e inútil como la seguridad alimentaria. Los gobiernos llevan décadas tirando dinero en estos conceptos y jamás han servido de nada. Al final se lo acaban quedando los corruptos gobiernos del lugar. Occidente lava así su conciencia, regala el dinero del pagador de impuestos a dictadores.

El encargado de financiar el poder judicial es el Estado y representa tradicionalmente una de sus funciones básicas o mínimas del Estado. En economía, tenemos un importante concepto llamado coste de oportunidad. Es el auténtico coste. Se define como el gasto o inversión que se realiza en detrimento de otras inversiones o gastos alternativos que podemos realizar. Sólo tengo dinero para una hamburguesa o un helado y tengo hambre, ¿qué comeré? Lo que más me satisfaga. A esto le llamamos beneficio o utilidad.

Esta necesidad de elegir la aplican las personas, las empresas y, por supuesto, el Estado. Los políticos tienen una dotación de recursos, dinero que nos han sacado a nosotros. Como es lógico, siempre lo gastarán en aquello que les aporte más beneficio –dinerario o no– y utilidad. ¿Por qué el Gobierno gasta más dinero en publicidad, obras sociales, premios, sueldos a actores y demás, que en justicia o seguridad? Porque le aportan mayores beneficios, es decir, más votos. El Gobierno compra a los electores y lobbies para que le elijan o al menos no se quejen.

Todo el mundo sabe que la justicia en España es un desastre. Muchas denuncias no se ponen porque sabemos que tardarán años en solucionarse. Como la gente está acostumbrada a este pésimo funcionamiento, el Gobierno no destina dinero alguno. Para los políticos, invertir en justicia es tirar el dinero. Esta es la primera razón por la que el Gobierno jamás se interesará en la justicia. La gente da por hecho que no tiene solución.

La segunda es que, aunque lo haga, jamás conseguirá mejorarla por la propia dinámica política. Recordemos lo que ocurrió con la ley de mujeres maltratadas, aprobada tras una fuerte presión promovida por el propio Gobierno para paliar los maltratos en España. Cuando se empezó a aplicar, los jueces se quejaron alegando que acabaría por saturar del todo algunos juzgados. Pero el Gobierno, en lugar de hacer una buena reforma de la ley actual, incrustó este parche porque así ganaría votos instantáneamente. La justicia fue la más perjudicada.

Algo más grave ocurrió con la penalización de las infracciones de tráfico. En esos momentos algunos lobbies presionaron al Gobierno para que metiera en la cárcel a los que iban deprisa con sus coches. El Gobierno, para callarlos y quedar bien ante sus votantes, introdujo otro parche a la ley. Los jueces se quejaron mucho ya que afirmaron que esto paralizaría casos más importantes como las denuncias por robo, violación o agresión. No importaba eso; había que comprar votos.

La tercera y última razón por la que el Gobierno jamás arreglará la justicia, es la que en economía austriaca llamamos "teoría de la imposibilidad del cálculo económico socialista". Un órgano económico director, como el Estado, no tiene la suficiente información como igualar la oferta con la demanda por la sencilla razón que desconoce las inquietudes de la demanda. Al no existir competencia ni precios de mercado, no hay referencias ni luchas entre empresas en las que unas ofrezcan más servicios, agilidad o mejores precios que su competidor. El único oferente está económicamente ciego. De hecho, el oferente se rige por sus necesidades y no por las necesidades de la demanda. Simplemente ignora al cliente. Esa fue la razón por la que cayó la Unión Soviética. En la URSS el precio de las materias primas eran dictadas por un comité. Como no tenían ni idea de a qué precio ponerlas, por las mañanas el camarada de turno se leía el Wall Street Journal y asignaba un precio similar al hierro, níquel, acero, etc.

Con la justicia ocurre lo mismo. El Gobierno no tiene idea de cuántos juzgados ni jueces son necesarios, así que se limita a poner cuotas generales de tantos juzgados por mil habitantes, pero cada zona es diferente y los procesos son diferentes en cada lugar, así como los tipos de delitos. El Gobierno actúa a ciegas al no existir un proceso de mercado o competencia. Haga lo que haga, jamás podrá hacer una justicia eficiente. Por el contrario, la justicia de arbitraje privada da soluciones rápidas. Es lógico que cada vez más, los ciudadanos se apunten a esta alternativa que va creciendo año tras año. Según el INE, aumentó un 30% en el primer trimestre del 2008 sólo en temas mercantiles.

Con tantos problemas e incapacidad evidente de la política, es fácil entender por qué algunos juzgados funcionan con MS-DOS mientras en Hacienda usan complicados algoritmos basados en sistemas expertos e inteligencia artificial y tienen ordenadores capaces de procesar 12.000 declaraciones al día y Hacienda almacena 3.500 millones de datos en formato electrónico del sufrido pagador de impuestos. Algo que contrasta mucho con las cero denuncias que pueden procesar los ordenadores de justicia o el clásico soporte de carpeta de papel vieja, amarilla y llena de polvo que usa. La justicia no da votos, regalar decenas de millones de euros a algún dictador con la excusa humanitaria, sí.

Seis historias

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Una noticia, escrita para El País por Maruja Ruiz del Árbol, se titulaba “El aborto reduce el síndrome de Down” y precisaba que “El número de nacidos con la anomalía se reduce un 30 por ciento”. Éxito.

La segunda: Abortar es delito en España. Pero hay varios supuestos que despenalizan la práctica de acabar con la vida del no nacido. Muchos de los que han “suspendido” la amniocentesis, ocho de cada diez, en concreto, no ven este mundo. El número de abortos no deja de aumentar en nuestro país, y Zapatero prepara el terreno para que esta práctica deje de ser un delito para ser un derecho.

Tres con esta: La eugenesia se ha contaminado de connotaciones muy negativas. Y todo porque unos socialistas que eran también nacionalistas, aquellos que asolaron Europa en los 30’ y 40’, la practicaron a modo, con el objetivo de mejorar la raza. Y perdieron una guerra. Ya saben que la historia la escriben los vencedores, de modo que de haberla ganado acaso serían hoy vistos como unos precursores.

Cuatro: No lo eran, ya que la eugenesia fue una ideología paralela, y que encandiló a los nacional socialistas como lo hizo con otros. Es bien sabido que era uno de los dogmas de fe de la progresía mundial. John Maynard Keynes, el intelectual más decisivo del siglo XX, era partidario. La perfección del hombre se relacionaba con la de la raza, una idea que no podía repugnar al progresismo.

Es nuestra quinta historia una que se desarrolla en India y Suecia. Este país ha visto nacer al único matrimonio de dos premios Nobel, los Myrdal, que tenían en su vitrina los galardones de Economía y de la Paz, y que encarnan como ninguna otra pareja el progresismo del pasado siglo. Con su inspiración se impuso en Suecia un programa de esterilización forzosa que inhabilitó a 62.888 mujeres entre 1935 y 1975. Cuarenta años esterilizando al margen de su voluntad a personas por razones como “debilidad mental” o por ser “mezclada racialmente”, o “gitana”. O por ser “Imbécil”. Como el progresismo, aplicado al propio pueblo, puede resultar un poco duro, nuestro matrimonio, con el apoyo de otros intelectuales como Garret Hardin, logró aplicarlo de forma masiva a la India. El progresismo puede llegar muy, muy lejos.

La sexta y última historia habla de un progresista, como Hardin y los Myrdal. Habla del aborto. Habla del síndrome de Down y habla de eugenesia. Y habla de España y de dar oportunidades a las personas. La sexta historia habla de Izaskun Buelta, que este lunes le pidió trabajo al presidente y apoyo a las personas con trisomía 21, como ella. Zapatero le cogió su vitae y lo hará llegar a buen sitio. Le ayudará a que tenga una oportunidad más en la vida. Los padres de Izaskun también quisieron para ella todas las oportunidades. Pero Zapatero quiere facilitarles a todos los padres los medios necesarios para cercenar la vida de todas las Izaskun. Y todo ello, en nombre del progreso. Él, que es el epítome del progresismo del tercer milenio que nos aflige.

Yo tengo una pregunta para Zapatero. Pero prefiero no hacersela.