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La ingenuidad socialista

Se pavonean los socialistas de pro en sus respuestas airosas y réplicas jocosas frente a planteamientos esgrimidos humildemente por algún incauto liberal. Se mofan recurriendo a variopintas argucias acuñadas desde hace décadas (cuando no siglos) que tratan, en todo momento, de desprestigiar los "fantásticos" (por fantasiosos) argumentos del defensor de la libertad individual.

Ellos, los socialistas, se creen racionales; los auténticos científicos o al menos amparados por la Ciencia, con mayúscula. Tachan de ingenuos a los liberales por su dogmatismo recalcitrante en la defensa de ideas y principios a todas luces superados. Eso dicen los defensores de la intervención y el dirigismo, esa es su propaganda y su cornucopia de respuestas pretendidamente infranqueables.

La mano invisible de Smith: vaya bagatela. ¿Cómo puede creerse en semejante entelequia? De sinergia tachan el estudio de los órdenes espontáneos, se ríen hasta caerse de la silla de la teórica superioridad del mercado libre frente a la organización socialista. Ellos son los racionales. Los pobrecitos liberales, meros ilusos aferrados a ideas antiguas.

Cuando uno empieza y el resto le sigue, resulta harto complicado detener la risotada. En sus caras, henchidas mejillas, aire displicente, se percibe la arrogancia perfectamente retratada por F.A. Hayek. Los hechos poco les importan, ellos no miran al pasado, su confianza es total, por no decir ciega, en las posibilidades de la mente humana, esa Razón divinizada, en la ordenación deliberada de las piezas del puzle, proporcionando resultados que, apabullando con su retórica, afirman imposibles en ese ensueño que llamamos Mercado.

Defienden la existencia de un órgano todo poderoso, constituido con acierto, encargado hasta del último respiro. Estiman que los medios bastan, y si no, se inventan. Confían en que con lo que se sabe y, altas dosis de "ciencia", la planificación no es que sea posible, sino que resulta excelente.

Mercado, ese ser, ese espíritu del bosque al que rinden pleitesía los liberales. Vaya atajo de ingenuos. ¿Cómo podría algo que ni se ve ni se toca ajustar y coordinar la sociedad mejor que el gran hombre, el hombre sabio? Es aquí cuando advertimos la inversión de la idea. ¿Acaso no son ellos los ingenuos?

Claro, todo esto leído por un liberal, parece obvio. Se supone que para serlo debe entenderse eso de la función empresarial, el proceso social dinámico, que el conocimiento relevante es de tipo tácito, está disperso entre todos nosotros, no puede articularse sin perder gran parte de su contenido y se interpreta siempre de forma subjetiva. Estas verdades no son científicas, según los socialistas: son autos de fe o algo por el estilo. También saben los liberales de pro que el orden social es espontáneo, nada más alejado de la estructura organizacional; de tipo complejo, donde interactúan millones de agentes e intervienen infinidad de factores. Si juntamos lo uno con lo otro, ¿qué nos queda?

La respuesta es obvia, aunque por desgracia, no todo el mundo la acepta con naturalidad, o siquiera la entiende. El mercado no ajusta ni coordina; no tiene voluntad, no es un ente animado. El mercado es un proceso de interacción de individuos, seres humanos, que actúan, crean y descubren información, se dan cuenta de oportunidades de ganancia, de posibles ajustes. Proceden, y si aciertan, logran su pretensión inicial beneficiando a otros que no conocen ni conocerán; sin quererlo, por el simple hecho de participar en un proceso social dinámico.

Son ingenuos los socialistas, y no los liberales, creyendo que su venerado órgano de planificación, copado por mentes preclaras, muchas, pocas, da igual el tamaño del ejército de funcionarios y servidores públicos, será capaz de percatarse de los desajustes, todos ellos, interpretar las señales necesarias (previamente anuladas por la intervención) y lanzarse con acierto y, buena puntería, a tomar la decisión correcta, a todas luces oportuna.

Lo ingenuo es creer o soñar con algo que es imposible: la omnisciencia de la mente humana. Ellos sí se aferran a lo inverosímil, con la arrogancia del iluminado y la nimiedad del niño. Lo suyo sí es fe en lo que no pueden ver, en lo que, a pesar de la experiencia, se niegan a comprender. ¡Vaya con los socialistas!

El asalto a la World Wide Web

Miremos donde miremos en las estadísticas que tanto gustan a historiadores y economistas, los indicadores son de éxito espectacular: número de servidores conectados, número de usuarios, servicios disponibles, dinero invertido, bienes intercambiados… todos ellos revelan crecimientos sin parangón posible con otros sectores económicos.

En este mercado libre y anárquico, lo único que cuenta para hacer dinero es el servicio al cliente. Son ellos los que ponen y quitan reyes sin cortapisa en el mundo de la WWW. Y lo hacen de un día para otro. Google sabe que el día que se relaje, será sobrepasado tan fácilmente por sus rivales, como en su momento él hizo con Yahoo y otros buscadores. E-bay, Amazon o Facebook, por nombrar algunos iconos, están sujetos a una similar presión por la competencia, lo que les lleva a una continua búsqueda de la mejora en el servicio a sus clientes.

Tan exigente es el proceso selectivo que los agentes triunfadores (siempre temporalmente) ponen contra las cuerdas a sectores económicos tradicionales que hasta hace poco parecían consolidados: que se lo digan a la prensa escrita, a las televisiones, las agencias de viaje o los bancos. La revolución de la libertad de internet no tiene diques y alcanza más allá de su mundo virtual.

Pero contra este mundo, libre y anárquico (esto es, ajeno al poder público, no confundir con desordenado), se alzan los enemigos de la libertad, los Estados. Desde hace tiempo, están buscando cómo asaltar este reducto, esta aldea gala en el medio de su imperio.

Crecen las excusas y justificaciones para intervenir: el spamming o el phishing, la seguridad de las redes, la protección de "derechos" intelectuales, el P2P, la neutralidad de redes, la fiabilidad de la información, las conductas anticompetitivas, la protección de menores… El asalto se trata de consumar, no sólo desde los clásicos enemigos de la libertad, sino también desde gobiernos e instituciones democráticas, como Estados Unidos, Francia, la Unión Europea o España. Y este año 2009 podría ser decisivo, según las intenciones declaradas de algunos de estos agentes.

No hay duda de que los Estados van a seguir acumulando excusas y buscando oportunidades. Son maestros en asaltar nuestros reductos de libertad y hacerse con su control. Fueron capaces incluso de hacerlo con la banca y ya notamos en nuestras espaldas sus efectos con las crisis económicas.

Si consiguen su propósito en internet, cegarán esta fuente de riqueza y libertad y habrán puesto fin al último Eldorado. Pero tienen un talón de Aquiles: necesitan nuestra complicidad, pasiva o activa. El Estado solo puede incrementar su poder si la opinión pública lo consiente, nos enseña Hans-Herman Hoppe.

Seamos pues conscientes desde este momento de la amenaza y no caigamos en la tentación de jalear los intentos del Estados en alguna de sus iniciativas sobre internet, por mucho que nos digan que es por nuestro bien.

Estado S. A.

La Constitución del país es el contrato que nos vincula al Estado y nos reconoce como titulares de la empresa. Todos tenemos derecho a elegir el Consejo de Administración y a su presidente mediante sufragio. Cualquier persona puede llegar a presidente si consigue el apoyo de una mayoría de accionistas. Si no nos gusta cómo los gobernantes conducen la empresa, podemos despedirlos y escoger a otros. En el mercado político los partidos compiten por nuestro favor e intentan satisfacer "la demanda" de los votantes. La naturaleza y los incentivos del Estado, en definitiva, son similares a los de una corporación. Si los liberales mostramos tanta simpatía por la empresa como organización, ¿por qué somos tan hostiles al Estado?

Porque el Estado y la empresa que opera en el mercado, una vez despojamos la analogía de sofismos, no se parecen en nada.

El Estado obtiene sus fondos por la fuerza a través de impuestos, la empresa se financia con aportaciones voluntarias de inversores y consumidores. Si no nos satisface el servicio que nos proporciona una empresa podemos dejar de comprarlo o irnos a la competencia. Si no nos gusta el servicio que nos ofrece el Estado tenemos que pagar igualmente (a menudo estamos incluso obligados a consumirlo), y no hay competencia a la que recurrir porque el Estado es un monopolio territorial. En el mercado podemos cambiar de proveedor de internet o de compañía de gas con una llamada. Si queremos cambiar de policía, tener una justicia más eficiente o pagar menos impuestos por estos servicios, tenemos que hacer las maletas y mudarnos a otro país. Como en el extranjero los Estados tampoco son empresas, emigrar raramente compensa.

El Estado responde ante electores que votan cada cuatro años, mientras que una empresa responde ante consumidores que votan cada día con su dinero. La democracia del mercado es bastante más directa. Si no nos gusta un producto, acudimos inmediatamente a la competencia, pero si no nos gusta un Gobierno tenemos que esperar a las próximas elecciones y con toda probabilidad lo reemplazará el mismo perro con distinto collar. Las empresas compiten por cuota de mercado, los partidos políticos compiten por cuota de poder. Las empresas pueden lucrarse atendiendo a las minorías y sólo sirven a los consumidores que reclaman sus servicios. Los partidos políticos apelan a las mayorías, al votante medio, y el vencedor ejerce su poder sobre todos los ciudadanos aunque no lo hayan pedido.

En el "contrato" con el Estado no figuran nombres ni firmas y no hay ninguna cláusula que especifique que por el hecho de votar "sí" en un referéndum estamos renunciando a nuestros derechos. Si la Constitución fuera un contrato serio tampoco vincularía a los que votaron en contra ni a las posteriores generaciones que nunca han votado. Una empresa que extendiera contratos de esta clase sería el hazmerreír de los tribunales. La empresa y sus estatutos son de libre adscripción, el Estado y su Constitución son de obediencia obligada.

Los burócratas no arriesgan sus propios recursos sino los recursos que forzosamente extraen a los contribuyentes. Como la irresponsabilidad y la ineficacia les salen gratis, no tienen incentivos para ser responsables ni eficientes. Los empresarios en el mercado, en cambio, arriesgan sus propios recursos o los de otros inversores y su fortuna depende de lo bien o mal que ofrezcan el servicio. Los políticos pueden prometer lo imposible y engañar impunemente a los votantes. Cuanto más prometen, más entusiasmo generan. La empresa tiene una imagen y una reputación que cuidar, su marca no caduca a los cuatro años y un escándalo puede costarle muchos clientes y llevarle a la bancarrota.

La subsistencia del Estado no depende de las aportaciones voluntarias de nadie, luego no sabemos cuánto dinero está la gente dispuesta a pagar por lo que recibe. El hecho de que tengan que amenazarnos con embargos y cárcel para pagar impuestos, y que los que pueden volver a pagar contratan servicios privados, nos da una pista de la calidad de los servicios públicos y de cuánto nos desvivimos por ellos. Cuando un programa estatal fracasa, los burócratas siempre piden más dinero. Cuando una empresa dispensa un pésimo servicio, buscamos alternativas acudiendo a la competencia, obligándola a renovarse o a desaparecer del mercado.

Una empresa se guía por el test de la rentabilidad. Si es muy rentable significa que ofrece a los consumidores algo que éstos valoran mucho más de lo que cuesta producirlo. Si no es rentable significa que despilfarra recursos y acaba en bancarrota. El Estado no está sujeto a ningún test de rentabilidad, no es premiado con beneficios si sirve bien a la gente, ni castigado con pérdidas cuando despilfarran recursos. Teniendo en cuenta que el Estado carece de incentivos para economizar recursos y sus ingresos pueden ser tan altos como la tuerca de Hacienda lo permita, el despilfarro está asegurado.

Si de verdad soy un accionista del Estado, que me dejen vender la acción.

¿Quién cobra primero?

Uno de los aspectos más decepcionantes de la administración de justicia estatal es su incapacidad para garantizar el cumplimiento de los contratos en un plazo razonable. Cuando un acreedor acude a los tribunales para conseguir el pago forzoso de una deuda, comienza un largo calvario que pone de manifiesto la incompetencia de un sistema atrofiado, sometido a reglas contradictorias, en el que el fin último de impartir justicia (dar a cada uno lo suyo) queda laminado por el paso del tiempo.

A efectos explicativos, voy a despreciar el hecho de que las pretensiones de los individuos que acuden a los tribunales sean completamente legítimas y los frecuentes desaciertos de las decisiones jurisdiccionales. Tomaré como referencia el caso típico de quién reclama una deuda dineraria que los tribunales reconocen en sentencia o un árbitro en un laudo e, incluso, el caso de quien pretende ejecutar un título (letras de cambio, cheques, pagarés, etc.). Estos presupuestos conducen a examinar la fase crítica de la ejecución forzosa singular que implica, a su vez, el embargo de bienes y derechos cuya realización resarza al acreedor de la deuda reconocida.

Dentro de este procedimiento ejecutivo judicial, muchas veces los particulares se encuentran con que la casi única posibilidad que tienen de hacer efectivo su crédito reside en conocer los bienes y las rentas de su deudor. Tras no pocas vacilaciones y trabas legislativas, el artículo 590 LEC asentó la vía para que obtuvieran una orden judicial de averiguación patrimonial a través de la administración tributaria y la seguridad social.

No obstante, los jueces no se toman demasiado en serio sus propias órdenes. Con frecuencia, aunque se localicen cuentas bancarias como resultado de la información patrimonial, se niegan a inquirir a los bancos y demás entidades financieras sobre la "casualidad" de que el deudor la haya cancelado con anterioridad a la recepción de la orden de retención. Un más que probable alzamiento de bienes, que se comete con la cooperación de los bancos, puede malograr impunemente las expectativas de un acreedor por la desidia o la asombrosa falta de perspicacia de jueces y fiscales.

Con directa influencia sobre ese panorama, pocas veces se señala que el sistema procesal está diseñado para privilegiar las reclamaciones del Estado cuando entran en puja con las planteadas por los particulares. El primero cuenta con una información patrimonial detallada de todos los contribuyentes. Si éstos no la proporcionan directamente porque incumplen las obligaciones fiscales formales, el Estado suple la omisión con la labor de sus agentes –incluyendo a funcionarios como los notarios y registradores–, de los bancos, las aseguradoras y, en general, todas las empresas que están obligadas a realizar "retenciones en la fuente". A continuación se ha dotado de un procedimiento de ejecución forzosa que le exime de acudir a los juzgados para hacer efectivas las deudas que previamente ha determinado por sí y ante sí –aunque esos actos sean revisables por los tribunales, bajo la condición de pagar primero, para después recurrir. Es una de las manifestaciones de lo que los administrativistas denominan "autotutela administrativa".

De esta manera, tanto las administraciones tributarias como la seguridad social pueden ordenar el embargo de bienes de sus deudores sin necesidad de solicitar autorización judicial, salvo en los casos que sus agentes quieran irrumpir en un domicilio particular. Por si esto fuera poco, la agencia estatal de la administración tributaria y sus epígonos autonómicos han ampliado sus funciones a la recaudación de deudas no tributarias (léase multas de todo tipo) y, mediante la suscripción de "convenios", gestionan la vía de apremio para recaudar cualquier "deuda de derecho público" de los ayuntamientos.

Es cierto que el poco conocido tribunal de conflictos de jurisdicción ha sostenido de forma reiterada que, en caso de concurrencia de embargos, la jurisdicción corresponde al órgano judicial o administrativo que se adelantó a trabar el embargo sobre los mismos bienes. Pero esa equidad queda hueca si nos percatamos de que solo el Estado (y, en menor medida, los bancos) tiene la radiografía de los bienes y las fuentes de ingresos de los individuos y medios expeditivos para succionarlos.

De este modo, podemos concluir que, a pesar de su funcionamiento burocrático, el Estado cobra primero. Su propia irresponsabilidad y voracidad va a reducir a mínimos históricos su recaudación coactiva durante esta recesión/depresión, pero aquí tenemos cómo, en un tiempo dramático de impagos entre particulares, sus tentáculos están preparados para atrapar los exiguos recursos que les queden para cobrar impuestos y multas y, de paso, horadar la escasa eficiencia del poder judicial en este orden civil.

Obama allana el terreno a las renovables

Decía Mises que toda intervención del Gobierno generaba nuevas intervenciones dirigidas a tratar de corregir los fallos de las anteriores. Y en este caso no puede ser más cierto. Dentro de dos semanas, Obama presentará en el Congreso una de sus iniciativas estrella en política económica: su plan de inversión en energías renovables para crear empleo.

El propio Obama reconoció hace pocos días que su proyecto está inspirado en España, donde viene aplicándose aproximadamente desde el año 2000. Pues bien, siendo así, es posible que el presidente de Estados Unidos ya sepa cuáles han sido las nefastas consecuencias que ha tenido para nuestro país y esté tratando de ocultarlas ante los congresistas.

Dado que las energías renovables son mucho menos eficientes que las fuentes tradicionales, el precio de la electricidad en España debería haber aumentado correspondientemente a partir del año 2000. Sin embargo, el Gobierno impidó, por "motivos sociales", que el precio de la electricidad, fijado por tarifa, se incrementara lo suficiente como para compensar a las eléctricas el sobrecoste productivo de las renovables. Este desfase entre el precio al que se vende la electricidad y el precio al que en teoría lo suministrarían para rentabilizar su inversión es lo que ha dado lugar a buena parte del célebre "déficit tarifario" en España.

Este déficit tarifario, sin embargo, no es una suma que vayan a perder las eléctricas (ya que en ese caso dejarían de operar en España) sino una cuantía que el Gobierno les asegura que recuperarán en el futuro. ¿Cómo? Pues mediante subidas futuras del precio de la electricidad. Dicho de otra manera, el Ejecutivo limita ahora el precio que pagamos para subírnoslo sobreproporcionalmente en los años venideros.

¿Y cuánto deberían subírnoslo para compensar el déficit tarifario que en buena medida han generado las subvenciones a las renovables? Según la Comisión Nacional de la Energía, un 31%. Cuestión distinta es que el Gobierno, por los mismos motivos populistas que no los elevó en el año 2000, no esté dispuesto a incrementar en esa proporción los precios y tenga que recurrir a otras vías (por ejemplo, pagarles a las eléctricas el déficit tarifario con cargo al presupuesto).

Dicho de otra manera, el sistema eléctrico que quiere copiar Obama para Estados Unidos implicaría una subida de alrededor del 30% del precio de la electricidad en su país. ¿Y quiénes serían los sectores más afectados por este aumento? Pues, entre otros, las acerías, empresas muy intensivas en el uso de la electricidad. De hecho, Acerinox se deslocalizó de España a Sudáfrica y Estados Unidos, entre otros motivos, por la imposibilidad que tenía nuestro país de garantizarle a largo plazo un precio competitivo de la electricidad.

Y aquí es donde entra la propuesta de Obama de incrementar los aranceles sobre la importación de acero. Si implanta su plan de energías renovables, resulta previsible que ante los elevados costes de producción, las acerías tiendan a deslocalizarse a otros países con menores precios de la electricidad para seguir exportando su acero a Estados Unidos. Pero claro, si los aranceles sobre el acero se incrementan, sólo podrán venderlo si no salen del país.

Al final, la propuesta de Obama no evitará la destrucción de empleo en la economía, ya que o bien sólo reducirá los márgenes de beneficios de las acerías o, más posiblemente, encarecerá dos factores productivos básicos de la industria estadounidense: la electricidad y el acero. Un error absoluto que sólo agravará todavía más la depresión. Con la excusa de crear puestos de trabajo, destruirá muchos otros en el resto de la economía.

Por cierto, y como nota al margen, uno de los argumentos que están empleando los demócratas para nacionalizar la industria del automóvil es promover su reconversión hacia los automóviles eléctricos. ¿En qué sentido se cree Obama que estimulará las ventas de estos coches si les encarece dos inputs tan básicos como el acero y la electricidad? ¿O es que vamos a subvencionar su precio para que los sobrecostes se los vuelvan a tragar las pocas industrias rentables que vayan quedando?

Parásitos

Sin embargo, también se emplea para referirse a toda "persona que vive a costa ajena", aprovechándose así del trabajo de los demás. Pues bien, los políticos de toda y clase y condición dependen para sobrevivir, única y exclusivamente, de los recursos que genera la sociedad.

Papá Estado es el aparato burocrático, altamente perfeccionado, en el que tales parásitos habitan y desarrollan su labor con el fin de satisfacer unos determinados intereses, los suyos. Así, dependen del organigrama estatal, entendido éste como toda forma de administración pública. La cuestión es que dicha estructura precisa, a su vez, acaparar recursos ajenos, ya sea riqueza (impuestos) o fuerza laboral (nacionalización económica) para subsistir.

En este particular contexto se desarrolla la histórica pugna Estado versus Mercado, en donde la clase gobernante trata de incrementar su poder a costa de la libertad y propiedad privada del resto de individuos. A lo largo del tiempo, esta relación siempre se ha mantenido de un modo inversamente proporcional. Es decir, a más Estado (o mayor poder político) menos mercado, y viceversa. No por casualidad, el totalitarismo se alza como un modelo en el que impera la anulación plena del individuo. De ahí precisamente que la sociedad prospere a pesar de los políticos y nunca gracias a ellos, tal y como pretenden hacernos creer algunos.

Ahora bien, la virulencia y apetito que muestran estos organismos varía en función de las ideologías que profesen. Los parásitos más intrusivos y devastadores para la salud del anfitrión que los alberga son aquellos que creen firmemente en la función que desempeña el Estado en favor de un concepto etéreo e inexistente denominado "interés general". Es sin duda el caso de todos aquellos políticos que, con independencia de las siglas, abogan por un Estado fuerte y protector para tener bajo cuerda a su mayor enemigo, el mercado.

Por el contrario, los auténticos liberales priman siempre y sin excepción la libertad individual frente a los poderes coactivos del Estado. Es decir, la defensa y desarrollo de los derechos naturales (vida, libertad y propiedad) bajo un Estado mínimo. Por desgracia, vivimos tiempos convulsos en donde los líderes de las principales potencias del planeta están aprovechando la gravísima crisis económica que ellos mismos generaron gracias a la banca central, para extender su función parasitaria sin cortapisas ni ambages de ningún tipo.

Ni siquiera Estados Unidos es ajeno a tal peligro tras el creciente intervencionismo público que sufre el país desde hace varias legislaturas. En la actualidad, el sueño americano que vislumbraron los Padres Fundadores corre el riesgo de desintegrarse por completo bajo la suicida estrategia anticrisis implantada por Bush, Paulson y Greenspan, y que ahora pretende incluso intensificar Obama, Geithner y Bernanke. Y detrás vienen los demás. Japón, Alemania, Francia y, por supuesto, España, entre muchos otros gobiernos, ya que insisten en rescatar a determinados sectores a costa de empobrecer a todos sus ciudadanos.

Por suerte, algunos empresarios españoles parecen despertar ahora del letargo y alzan su voz en contra de nuestros gobernantes con fuerza y meridiana claridad. El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Arturo Virosque, harto del engaño, ha sido el primer valiente de este país en decir verdades como puños. La situación es "de una gravedad absoluta, como no se había conocido nada igual y nuestros políticos aún se están riendo, aún salen con la sonrisa puesta". ¡Pim!. "Hablo mucho con los empresarios y ya no creen en los políticos porque son todos unos embusteros". ¡Pam! "No han hecho nada. Lo sabían todo desde hace dos años y lo han ocultado". ¡Pum!

"Los jubilados dejarán de cobrar la pensión en 2012" y después "los españoles tendremos que emigrar, saldremos de España en patera". Victoria por KO. Desconozco las recetas económicas que propone Virosque, pero coincido en el diagnóstico. Reacciones de este tipo, análisis realistas como el del profesor Velarde e indignación manifiesta como la mostrada por algún empresario ante el mismísimo Zapatero constituyen, precisamente, la masa crítica que precisa este país para comenzar a afrontar de verdad los graves problemas que se avecinan. No esperen más, puesto que si la cacerolada argentina llega a España, me temo que ya será demasiado tarde para reaccionar. No permitan que los parásitos que habitan este país acaben con el anfitrión.

¿Habríamos estado mejor sin el euro?

Hemos podido oír reiteradamente que si España no hubiese entrado en el euro la expansión crediticia que provocó el Banco Central Europeo habría tenido una incidencia mucho menor, de modo que las hipotecas habrían sido mucho más caras y la burbuja inmobiliaria, menos voluminosa. El argumento es sugerente, pero existen serias dudas para pensar que las cosas habrían discurrido de ese modo.

En primer lugar, porque Inglaterra está fuera del euro y, sin embargo, ha tenido una burbuja inmobiliaria similar a la española, que ha terminado por hacer quebrar a su sistema bancario. En segundo lugar y sobre todo, por la génesis de la propia crisis.

Recordemos que ésta surge de una estrategia financiera insostenible pero muy rentable mientras dura: endeudarse a corto plazo (pagando bajos tipos de interés) y prestar a largo (cobrando tipos altos). Se trata de un comportamiento muy imprudente, ya que los bancos tienen que refinanciar su deuda con una periodicidad casi diaria (al tiempo que sólo recuperan su inversión al cabo de los años) pero suficientemente rentable como para que todos se lancen a ella (sobre todo si el banco central es quien les va refinanciando la deuda).

Una modalidad particular de esta estrategia financiera insostenible consiste en endeudarse en países con tipos de interés bajos y prestar en aquellos donde sean altos. En la jerga financiera se la conoce como carry-trade, y muchos españoles estarán familiarizados con uno de los productos bancarios más típicos a los que da lugar, la hipoteca multidivisa. El carry-trade permite al deudor pagar tipos bajos, pero tiene el problema de que su deuda está concertada en moneda extrajera. ¿Qué significa esto? Que para pagar sus deudas debe convertir la moneda en la que ha invertido su dinero en la moneda en que tiene contraídas las deudas. El riesgo es muy grande en caso de que la moneda en la que ha invertido se deprecie, ya que entonces el coste real de la deuda se dispara.

En tiempos de expansión crediticia global y concertada, tanto los tipos de interés como los de cambio suelen exhibir una cierta estabilidad, de modo que la operación parece ser mucho menos arriesgada de lo que realmente es. Sin embargo, en tiempos de crisis y de liquidación de posiciones, el valor de las divisas (que no es más que un subproducto de la salud de su sistema bancario y de su Estado) oscila mucho, de modo que el riesgo del carry-trade aumenta y comienza a deshacerse. Pero fijémonos que para deshacer el carry-trarde hay que comprar la divisa en la que nos habíamos endeudado (de modo que su precio sube) y vender en la que habíamos invertido (con lo que su precio cae), y esto mueve a las divisas en la posición opuesta a la que necesitan quienes han realizado el carry-trade.
 

En esta crisis, de momento, ha habido dos casos muy conocidos de carry-trade fallidos. El más célebre ha sido Islandia, cuyos bancos se endeudaron en yenes japoneses (ya que los tipos de interés estaban en el 0,5%) para invertirlo en coronas islandesas o en libras británicas (cuyos tipos estaban por encima del 5%). En cuanto la corona y la libra se depreciaron frente al yen, los bancos islandeses quebraron. El Gobierno intentó rescatarlos, pero los pasivos bancarios sólo en moneda extranjera eran tan numerosos (seis veces el PIB islandés) que sólo sirvió para que también él se declarara en quiebra técnica. A partir de ahí, la corona se devaluó prácticamente un 50% frente a la mayoría de monedas (lo que todavía agravó más la situación de los bancos, endeudados en yenes y con activos en una corona por los suelos), e Islandia se vio aislada del comercio internacional: un país fundamentalmente importador que no era capaz de acceder a los recursos más básicos debido a que ningún exportador aceptaba su moneda.

El segundo ejemplo de carry-trade, que por el momento no ha desembocado en una catástrofe similar, es el de los países centroeuropeos, especialmente Hungría. Al igual que Islandia, estos países se endeudaron a los bajos tipos de interés de la Zona Euro o de Suiza. Los bancos austriacos fueron quienes les prestaron hipotecas en euros o en francos suizos a unos tipos bajos, pese a que los centroeuropeos cobraban sus salarios y rentas en sus respectivas monedas nacionales. Cuando éstas se depreciaron (especialmente frente al franco suizo, ya que el Banco Central Europeo prestó 5.000 millones de euros a Hungría), el coste de sus hipotecas se disparó, de modo que los bancos austriacos vieron repuntar sus impagos… y amenazada su supervivencia (para que nos hagamos una idea: Croacia debía a los bancos austriacos el 60% de su PIB, y Hungría y Eslovaquia el 40). La crisis cambiaria no ha llegado tan lejos como en Islandia, pero todavía representa una amenaza.

A la luz de estos antecedentes, resulta dudoso que los bancos españoles no hubiesen podido colocar igualmente sus cédulas hipotecarias de la misma manera que lo han hecho durante los años anteriores, simplemente nominándolas en euros (estrategia islandesa) o bien ofreciendo hipotecas multidivisas a los españoles (estrategia centroeuropea). En cualquiera de los dos casos, la burbuja inmobiliaria se habría reproducido de manera similar.

Pensar que en esta época de abundancia ilimitada de liquidez los inversores extranjeros habrían sido contrarios a invertir en España por estar fuera de la Zona Euro resulta poco probable: al fin y al cabo, los bancos americanos y europeos prestaron dinero a deudores subprime, esto es, potencialmente insolventes. ¿Acaso no lo habrían hecho a los españoles?

Y, en todo caso, aunque la burbuja inmobiliaria hubiese resultado mucho menor, las ventajas de esa circunstancia probablemente se habrían visto compensadas por los inconvenientes de tener la mayor parte de nuestra deuda nominada en moneda extranjera (es decir, conservar la peseta y habernos endeudado en euros). Ahora mismo la peseta se estaría devaluando a marchas forzadas, incrementando así el coste real de nuestra deuda y arruinando toda la economía interna. Recordemos que somos un país importador y muy dependiente energéticamente; una devaluación sólo supone incrementar nuestros costes en una cuantía que no compensa un incremento transitorio de las exportaciones.

En definitiva, España ha sufrido las consecuencias del arbitraje de tipos de interés estando dentro del euro; fuera de él, probablemente deberíamos añadir a estos perjuicios el de los arbitrajes cambiarios. Un cóctel demasiado explosivo para cualquier Gobierno, y especialmente para el nuestro.

Al final, volvemos a lo mismo. Con el patrón oro todo este desaguisado no habría sucedido, ya que el metal monetario por excelencia proporciona precisamente estabilidad en la estructura de los tipos de interés y de cambio. El remedio ideal para lo que algunos llaman "la tormenta perfecta".

¿Un virus para Mac?

Lo primero que hay que aclarar es que tendemos a definir como virus al llamado malware, que comprende tanto virus como troyanos y gusanos. Todos ellos son programas creados para expandirse sin permiso y hacer cosas malas, de ahí lo de malware. Sin embargo, la forma de propagarse es bien distinta. Los primeros en darse a conocer fueron los virus y recibieron ese nombre por su parecido con sus homólogos biológicos. Estos programas se adhieren a aplicaciones que tenemos en nuestro ordenador o en disquetes y CDs y se ejecutan cuando el usuario arranca el programa en el que se han infiltrado, momento que suelen aprovechar para infectar otros ficheros.

Los gusanos, en cambio, no necesitan modificar ningún fichero para funcionar, porque se alojan en la memoria del ordenador. Generalmente se propagan sin necesidad de que el usuario haga nada. Los virus, en cambio, requieren que se ejecute el fichero infectado. Eso permite que los primeros se propaguen mucho más rápidamente, de modo que la mayoría de las infecciones que afectan a millones de equipos, como el Blaster, suelen ser gusanos.

Los troyanos, por otro lado, son programas que engañan al usuario haciéndole creer que son algo útil o interesante para que así lo ejecute. Emplean eso que se ha definido de forma tan cursi como "ingeniería social". A no ser que sean muy convincentes, y que al ejecutarse funcionen como un gusano –que es lo que sucedió con el famoso ILoveYou– es difícil que se propaguen mucho. Sin embargo, al contrario de lo que pasa con los anteriores tipos de malware, en los que cuenta mucho el diseño del sistema operativo para frenar su expansión, no hay manera informática de impedir que funcionen. Depende de la educación del usuario.

Mac OS X es una variante de Unix y, como tal, está mucho mejor preparada que Windows para enfrentarse a virus y gusanos. Además, aunque creciente, su base de usuarios sigue siendo menor que la del sistema operativo de Microsoft, de modo que es un objetivo menos deseable para los creadores de malware. Pero ningún sistema operativo está a salvo de troyanos y, por tanto, de vez en cuando aparecerá alguno para Mac. En este caso, estaba escondido dentro de una copia pirata de iWork y a los pocos días ha aparecido una variante en otra copia descargable por internet de Photoshop CS4.

Los usuarios de Mac deberían empezar a plantearse el uso de algún sistema antivirus. Por suerte, es de esperar que nunca sean tan grandes ni coman tantos recursos como sus homólogos en Windows. No les debería hacer falta.

Lo que Krugman no entiende

Los clásicos tenían muy claro que antes de consumir había que producir; no se podía disponer de aquello que todavía no existía. Keynes, sin embargo, le dio la vuelta a la ecuación: si no consumimos lo suficiente, la sociedad dejará de producir, con lo que aun consumiremos menos en el futuro. Ambas fuerzas se realimentarían negativamente hasta provocar la quiebra de todo el sistema económico.

Para evitar semejante Apocalipsis, el economista británico propuso que fuera el Estado quien obligara a la sociedad a consumir. Si el consumo privado cae, el Estado sólo tiene que incrementar el gasto público para compensar el descenso. De esta manera, el nivel de empleo y las expectativas de futuro se estabilizarían y el sector privado volverá a invertir, a consumir y a contratar.

Los problemas de este argumento son múltiples y han sido suficientemente analizados por los economistas de la escuela austriaca. Básicamente, una caída del consumo no implica un descenso del gasto productivo en la economía, ya que menos consumo significa más ahorro y más ahorro permite una inversión más barata. Por tanto, el desempleo no tiene por qué incrementarse con los descensos del consumo; habrá menos trabajadores en las industrias que produzcan bienes de consumo pero más en las que fabriquen bienes de capital (como la maquinaria, la I+D o los pozos de petróleo).

¿Por qué hay crisis entonces? Las crisis son períodos en los que el crecimiento económico artificial de los años anteriores (auspiciado por la expansión crediticia de los bancos centrales) no puede proseguir. Determinados sectores, alimentados por el crédito barato, se han desarrollado en exceso frente a otros que apenas han crecido. Son períodos en los que hay que podar esos excesos y relanzar aquellos bienes de los que teníamos carencias. Por ejemplo, España ha producido durante años una cantidad absurdamente elevada de viviendas, mientras que desatendía su industria exportadora (de ahí que tengamos uno de los déficits exteriores más elevados del mundo). Nuestra recuperación necesariamente pasa por una reconversión industrial desde la construcción hacia la exportación.

Para financiar esa reconversión, sin embargo, necesitamos, primero, que el precio de las viviendas caiga –para que quiebren las empresas que hayan de quebrar y para que podamos reutilizar los inmuebles vacíos en los nuevos procesos productivos– y, segundo, inversión fresca, esto es, ahorro nuevo que nos permita financiar la reconversión. Pero este ahorro sólo puede proceder de una restricción de nuestro consumo interno; por eso es preferible que sea el Estado quien adelgace su tamaño, esto es, reduzca el gasto público y baje los impuestos.

La solución adoptada por los herederos intelectuales de Keynes, como Paul Krugman, discurre por la dirección contraria. En lugar de permitir que el ahorro aumente para financiar la reconversión, proponen que el Estado se endeude masivamente para rescatar a varios de los sectores que deberían quebrar (como la banca, los automóviles o las constructoras) y para crear empleos en cualesquiera otros sectores.

En su carta a Obama, Krugman propone estas dos políticas esquizofrénicas: por un lado, incrementar hasta límites insospechados el gasto y la deuda pública; por otro, rescatar y nacionalizar la banca para que vuelva a conceder préstamos al sector privado.Pero fijémonos en cuáles serían las disparatas consecuencias de este plan.

El incremento del gasto público captaría grandes sumas de ahorro privado que ya no estarían disponibles para la inversión. Es cierto que ahora mismo la incertidumbre lleva a muchos empresarios y capitalistas a paralizar sus inversiones; sin embargo, conforme sigan cayendo los precios de los bienes de capital (como la vivienda o las acciones) el riesgo de la inversión va reduciéndose. ¿Compraría un piso de 100 metros cuadrados en Madrid por 100.000 euros? Si el precio de los inmuebles cayera tanto, muy probablemente los inversores se lanzarían a adquirirlos, ya que su precio sería lo suficiente barato como para que no comportara grandes riesgos.

Ahora bien, si Obama despilfarra en proyectos públicos el ahorro que tienen atesorado los inversores, aun cuando el precio del piso se reduzca a 100.000 euros, nadie tendrá dinero con el que adquirirlo (pues lo estará empleando Obama), con lo que los precios caerán todavía más.

Y aquí entramos en contradicción con la segunda gran propuesta de Krugman: recapitalizar y nacionalizar la banca de Estados Unidos para que vuelvan a prestar. Hoy los bancos están restringiendo el crédito porque están quebrados y no tienen ni la liquidez ni la solvencia suficiente para concederlo. ¿Y por qué están quebrados? Por haberse endeudado para adquirir activos a precios inflados (por ejemplo, conceder hipotecas para comprar viviendas muy sobrevaloradas).

Si Obama se gasta los ahorros de los estadounidenses y del resto del mundo en obras públicas, provocará que los precios de los activos todavía caigan más (dependiendo de cómo gaste el dinero empezarán a caer desde el principio o, en cambio, más a largo plazo cuando corte la financiación al proyecto). Por tanto, los activos de los bancos seguirán sufriendo recortes de precios, agravando su situación de insolvencia. Por mucho que se los recapitalice con fondos públicos, si los activos que tienen en cartera siguen depreciándose, serán incapaces de volver a extender el crédito.

Caeríamos así en un círculo vicioso donde el Estado tendría que endeudarse cada vez más para compensar continuamente las pérdidas de los bancos que, en su mayor parte, les estaría ocasionando él mismo. Pero la capacidad de endeudamiento del Estado no es ilimitada y Estados Unidos podría dar el paso definitivo que lo llevara hacia el colapso: desde la deflación de activos a la hiperinflación de la moneda. Parece que las crisis abonan el terreno no sólo para el empobrecimiento económico sino también intelectual.

Barack H. Lincoln

Está estudiando, en concreto, su política económica como guía para la crisis que nos aflige. Que Dios nos asista. Pues, si bien George W. Bush ha sido un presidente muy malo para la economía, Obama puede llegar a serlo mucho peor.

Lincoln tenía una visión muy clara de lo que quería, y es lo que Henry Clay había llamado "sistema americano", basado en tres ejes: las inversiones públicas (el intervencionismo), el inflacionismo (que se manifestó en la creación de un sistema bancario nacional) y el proteccionismo a ultranza. Las condiciones de mediados del XIX y comienzos del XXI son muy distintas, pero lo que no tiene por qué cambiar es la ambición de la clase dirigente de acaparar un poder creciente y la inspiración de los intereses creados, de los grupos que ganan al amparo de ese poder. En Obama, ese deseo ilimitado de ganar poder se une al desprecio de la Constitución como límite del mismo y la concepción del poder como instrumento para el cambio social. Súmenle a ello ese especioso adanismo de pretender que no había nada anterior a él y la insistencia, tan propio de los totalitarios, en un futuro completamente nuevo y esplendoroso.

Bush ha destacado por ser un intervencionista y empeorar la ya de por sí compleja, pesada y costosísima regulación de aquel país. Barack Obama, si se inspira en Lincoln, será aún más intervencionista. Lincoln impuso la primera tarifa aduanera de larga duración con fines proteccionistas. Ir al proteccionismo en plena crisis nos llevaría exactamente a la política de otro de los ídolos de Obama: Franklin D. Roosevelt, que acentuó la crisis del 29 cercenando el comercio internacional. Y el inflacionismo, que es lo que nos ha llevado a esta crisis, será a su vez la política que adopte el nuevo presidente.

Con Lincoln tuvieron lugar por primera vez en aquel país dos instituciones que han mermado su libertad: el impuesto sobre la renta y el reclutamiento obligatorio (la conscripción). El hombre de confianza de Obama, Ralph Emmanuel, ha propuesto un reclutamiento obligatorio, pero no con fines militares, sino civiles. El ciudadano, visto como un peón para la política del Gobierno. Y, claro es, Lincoln es el presidente que más ha hecho por centralizar el poder en Washington y por minar los derechos de los estados, todo ello en nombre de la unidad. Esa unidad que es parte esencial del discurso de Obama.

Corren malos tiempos para la libertad en el país que hizo de ella su religión.