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Excesos del sistema autonómico

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

El diseño constitucional del sistema autonómico de España es intrínsecamente perverso, por más que la mayoría de medios de comunicación que difunden la propaganda del régimen venden la falacia de que la descentralización es siempre beneficiosa porque acerca servicios públicos al ciudadano.

Otro mito, también falso, atribuye nuestro grado de desarrollo a una supuesta vertebración territorial lograda por el autonomismo cuando, en realidad, el crecimiento económico de España ha sido impulsado por el esfuerzo emprendedor de sus ciudadanos, por la inversión en infraestructuras con los fondos estructurales y de cohesión de la Unión Europea y, tal y como muestran las tablas estadísticas de Eurosat, por el libre comercio con otros países europeos.

1. Exceso de gasto público

La aprobación de la Constitución Española de 1978 inició un proceso radical de reforma del sector público que ha incrementado el tamaño del Estado en España. Anteriormente el gasto público estaba situado por debajo del 25% del PIB (año 1978), mientras que, como consecuencia de la multiplicidad de centros de poder, ahora el gasto público supera el 38,8% (año 2008), según fuentes de Eurosat, aunque otros datos permiten elevar el tamaño estatal por encima del 45%.

Efectivamente, el informe sobre política autonómica del MAP muestra como el presupuesto consolidado de gasto público alcanzó el 45% del PIB en el año 2006 (un total de 438.632,28 millones de euros) y, si no se adoptan urgentes políticas de recorte presupuestario, es previsible que las políticas keynesianas que erróneamente se están aplicando para intentar reactivar la economía disparen por encima del 50% del PIB el porcentaje de la economía gestionado directamente por el Estado.

De hecho, la expansión pública se ha producido por el lado de las autonomías ya que prácticamente han duplicado su tamaño en apenas dos décadas hasta alcanzar el 46,8 % del gasto presupuestario de las administraciones públicas (año 2006).

Hoy en día, las entidades locales (municipios, diputaciones, cabildos,…) alcanzan un 26,7% del tamaño del Estado y la desvertebración territorial ha sido tan radical que el gobierno central representa sólo un 26,5% (año 2006) de los gastos del sector público. Y entrando en detalles, después de contabilizar las transferencias de capital, la administración central sólo consumió el 30,8% del gasto de personal, el 15,6% de la provisión de bienes y el 29,2% de la inversión real.

2. Exceso de función pública

Durante la democracia se ha cuadriplicado el número de servidores públicos, pasando de cerca de 660.000 funcionarios en 1978 hasta más de 2,6 millones en el año 2008.

Según el boletín estadístico del MAP, quedan poco más de 550.000 funcionarios trabajando en el Estado central y, la mitad de ellos pertenecen a la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Ministerio del Interior y a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, los 17 gobiernos regionales proporcionaban empleo fijo a 1.417.354 funcionarios en julio de 2008, lo que quizás constituya el mayor obstáculo para limitar las enormes arbitrariedades del estado autonómico.

3. Exceso de centros de decisión y de legislación positiva

La famosa frase del "café para todos" ha degenerado en 17 centros de decisión cerrados, endogámicos e incapaces de trabajar en equipo, que han aumentado de forma cancerosa el gasto, la burocracia y las normativas regionales.

Con exceso de derecho positivo, las autoridades autonómicas se inmiscuyen en todas las iniciativas privadas, mediante normativas, leyes y estatutos marcadamente inconstitucionales. La legislación autonómica se está llevando hasta sus últimos extremos, creando situaciones de coerción sobre la propiedad privada, de prohibición de la rotulación de negocios en castellano o, de imposición del uso y la educación en el idioma regional.

La inacción del gobierno central, la politización de la judicatura y el sospechoso silencio del Tribunal Constitucional durante dos años permiten que se legislen y financien políticas nacionalistas que pretenden guiar la voluntad de la población.

Desde hace años, se están rebasando las competencias, dando lugar a legislación sobre actividades tan pintorescas como el etiquetado de productos, el comportamiento durante las jornadas de pesca en ríos o, los dispendios en selecciones deportivas y en embajadas y consulados regionales.

4. Exceso de financiación

Como resultado de la ley electoral predemocrática que padecemos y, pagando sus facturas todos los contribuyentes españoles, no cesa el proceso de centrifugación de competencias y la dilapidación de los ingresos públicos en los nuevos reinos de taifas.

La nueva ley de financiación autonómica que, previsiblemente, se aprobará durante el año 2009 elevará la cuota de participación de las Comunidades Autónomas en la recaudación tributaria, pasando a ingresar el 50% de IRPF (antes 33%), el 50% de IVA (antes 35%) y el 58% de los impuestos especiales (ahora un 40%).

Hayek demostró como los excesos de la sociedad planificada conducen a un régimen totalitario. Un mayor flujo de caja para financiar las políticas autonómicas significará un mayor impulso a las utopías colectivistas que buscan el desarrollo de nuevas mini-naciones.

Desgraciadamente, también configuran "dictaduras de proximidad" que atropellan los derechos de los ciudadanos no-nacionalistas con sus políticas secesionistas; empleando el idioma y la cultura para incrementar aún más el dinero y el poder gestionado por la casta política, ya que así logran perpetuar sus prebendas y cargos durante décadas.

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Más ideas sobre la supuesta crisis del capitalismo

Escrito por leon.gomez@universidadeuropea.es en . Publicado en Análisis diario.

En los últimos días de diciembre asistí a un interesante coloquio en la sede del IESE de Madrid, dentro del llamado Foro Interdisciplinar Rafael Termes. Intervenían dos ponentes bien conocidos: Pedro Schwartz y José Luis Feito, moderados por el director de esta institución, Juan José Toribio, bajo el siguiente título: "¿Hay que refundar el capitalismo?"

La mayor parte de las preguntas estuvieron relacionadas con la crisis financiera, sus causas y posibles consecuencias; pero es un tema que me interesa menos, a pesar de que se abordó con especial calidad técnica, tanto por los ponentes como por su moderador (economista del Banco de España y presidente ejecutivo del FMI). Me interesaban más otras reflexiones, como la que proponía Feito sobre lo absurdo que resulta especular sobre la refundación del capitalismo, toda vez que nadie lo "fundó" en ningún momento conocido. Siguiendo un argumento hayekiano, explicaba muy bien que la organización económica que nosotros llamamos "capitalismo" es una de esas instituciones de las que se dota la sociedad humana después de un largo proceso de prueba, búsqueda y ajuste espontáneo. Sabemos que un sistema de mercados abiertos es el que mejor se adapta a la naturaleza del hombre; y conocemos desgraciadamente muy bien que las utopías planificadoras solo traen con ellas hambre, pobreza y pérdida de libertad. Lo cual no significa que nuestras economías de mercado sean perfectas, ya que sin duda es necesario corregir defectos o evitar malas prácticas.

También siguió un discurso desmitificador el profesor Schwartz, explicando que durante los dos últimos siglos ha habido muchas otras "crisis" del capitalismo, más o menos largas (existe una precisa medición econométrica sobre los tiempos de duración), de las que se ha salido también con mayor o menor agilidad. Pero, en cierta medida, hay que recordar que un componente esencial del sistema capitalista son precisamente estas crisis, que lo depuran, lo renuevan, e incluso a veces le permiten avanzar más rápido. Yo tampoco soy un experto en ciclos económicos (habría que recordar las ideas de Schumpeter; o que precisamente a Hayek le dieron un premio Nobel por sus estudios en este campo), pero si algo nos enseña la Historia es que el desarrollo humano es zigzagueante (Vico habló con enorme lucidez del corso e ricorso).

Dicho lo cual, me permito introducir algunas reflexiones personales sobre la situación económica actual. Yo creo que sí hay una crisis profunda, complicada y generalmente poco atendida: se trata de una crisis moral. Precisamente de la Moral que explicaba Adam Smith en su cátedra de Glasgow. Si algo tenían claro los filósofos y economistas de la Ilustración es que la naturaleza humana debe respetar unas leyes o principios básicos de comportamiento, y que existe una objetiva diferencia entre lo bueno y lo malo. Probablemente se equivocaron en la fundamentación de esos principios (lo cual estamos todavía pagando), pero sin duda criticarían con fuerza todos los comportamientos inmorales que estamos (tristemente) acostumbrados a ver en el mundo de las finanzas o la política. Robar, mentir, engañar no tiene nada que ver con ese "capitalismo" supuestamente "fundado" por aquellos pioneros del liberalismo.

Así pues, las recomendaciones que propongo son fáciles de comprender, pero más complicadas de llevar a la práctica. Es patente que una civilización en la que se respeten esos principios morales sin duda alcanzará unos mayores niveles de riqueza y solidaridad. Pero no como imposición de ninguna autoridad, sino como convencimiento personal de cada uno de sus miembros. Es la opción interior de cada individuo por un buen comportamiento lo que puede salvar nuestra sociedad de su decadencia moral. Aunque también es cierto que los gobiernos, los medios de comunicación o la Justicia podrían ayudar en este sentido: persiguiendo con diligencia conductas ilegales, fomentando la ejemplaridad como virtud cívica, evitando la reverencia social hacia el tramposo, o simplemente exigiendo que el ladrón devuelva lo que ha robado. Yo personalmente reniego de un sistema de mercado en el que el fraude económico resulte rentable y además bien visto: busquen ustedes en los escritos de los "fundadores del capitalismo" y encontrarán justamente lo que escribo.

Alguna consideración final más optimista, aprovechando que se inicia el año centenario del Mutatione monetae de nuestro Juan de Mariana. Pues recomiendo una vez más leer a aquellos maestros salmantinos que hablaron con gran perspicacia de una organización económica basada en los requisitos morales de la Justicia y el Derecho. Cuando Mariana criticaba las alteraciones en el contenido metálico de las monedas, o Azpilcueta explicaba por qué se producía la inflación al incrementarse la cantidad de plata proveniente de América, sentaron las bases de unos principios de organización económica que suponían previamente –y ante todo– otros principios de comportamiento moral sin los cuales (creían ellos y me temo que el tiempo les está dando la razón) los primeros no podrían subsistir. En este sentido, tal vez sí podríamos hablar de la necesidad de una "refundación" del sistema capitalista…

Aparecen las subprime españolas

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

De poco servía explicar, en aquellos momentos de borrachera generalizada, que la morosidad es muy volátil y que sube como la espuma ante los cambios negativos de ciclo. Las burbujas inducidas por la política monetaria flexible de "dinero barato" acaban en grandes reventones cuando se verifica que la gente ha invertido los recursos en sectores que no eran prioritarios para la sociedad debido, precisamente, a que los tipos de interés artificialmente reducidos por los bancos centrales inducen a pensar lo contrario. Ahí queda la historia del ladrillo español para atestiguar el desaguisado que los políticos son capaces de organizar a través de la manipulación del tipo de interés.

Cuando resultara evidente que no existían recursos reales para sostener tanta inversión en vivienda, el castillo de naipes se tambalearía. Pero a mediados de 2007, el futuro se veía más bien de color rosa. En junio el secretario general de la Asociación Española de la Banca (AEB), Pedro Pablo Villasante, afirmaba con rotundidad que la subida de los tipos de interés no tendrían gran impacto en la morosidad, que hasta marzo de ese año había alcanzado en los bancos el 0,62%, cercano al mínimo histórico. Sin embargo, con la subida de los tipos muchos negocios empezaron a ser ruinosos y la morosidad se disparó. Así, a finales de año pasado, la morosidad de los créditos alcanzó en España el 3,18%, la cifra más elevada desde hacía 11 años.

Esa media esconde una importante diferencia según se trate de bancos o cajas de ahorro. Los primeros tienen un ratio de mora del 2,6% mientras que en las segundas es del 3,6%. Así, los bancos han triplicado su tasa de morosidad mientras que las cajas la han cuadriplicado. La diferencia entre bancos y cajas es lo suficientemente significativa como para buscarle una explicación. Y resulta de perogrullo decir que la explicación se encuentra en que los créditos concedidos por las cajas fueron menos selectivos o tenían más riesgo de impago que los de la banca. Si la función principal de la banca es reconocer el crédito que tienen los particulares y las empresas para concedérselo con cargo a los ahorros de otros ciudadanos, resulta evidente que las cajas están cumpliendo peor su función que los bancos.

Detrás de estas diferencias se esconde la chapucera mano –a veces visible, otras invisible– del poder político. Si bien es cierto que todo el sector está fuertemente intervenido, lo de las cajas de ahorro es el no va más; son unas instituciones financieras que están controladas por el poder político local o regional y que utiliza su capacidad de crear crédito y concederlo a discreción para que éste mantenga el control sobre determinados sectores, para que los amigos del partido de turno expandan sus empresas o para conceder hipotecas a quienes no tienen crédito. Estas últimas son las hipotecas subprime españolas que tanto daño están haciendo a las familias y a la economía española. Cuando hace un año el presidente Rodríguez afirmaba que España se salvaría de la crisis porque no tenía hipotecas basura, hablaba desde un vertedero hipotecario creado por las cajas de ahorro.

Y George Bush volvió a la Casa Blanca

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

No se ve tanto entusiasmo desde que llegó al poder el primer presidente demócrata, el gran Andrew Jackson, que estuvo a punto de perecer el día de su toma de posesión, arrollado por una masa entusiasta. Desde Lincoln el nuevo presidente tiene un cerco de seguridad en derredor que le protege de cualquier incidente. Los periodistas de todo el mundo, con un entusiasmo mal disimulado, dan cuenta del evento y cifran el futuro de la humanidad en frases cortas e impactantes.

Pero ninguno da con el titular del día: "Barack Obama continuará el legado de George W. Bush". Cabría pensar que los periodistas huimos de titular con obviedades, aún a costa de evitar la noticia, como sería el caso. Pero no. Me da que la noticia del día pasará desapercibida, y es precisamente ésa, que una marea de gente celebra un cambio, cuando lo que tendrá lugar es esencialmente la perfección de la esencia de la Administración Bush II: el encumbramiento del poder sin límites, la erosión de la mejor y más antigua democracia, el entierro de los Padres Fundadores y de su excelsa y frágil creación.

Su lucha contra el terrorismo le ha colocado en la posición de ser él instrumento del terrorismo. La Patriot Act le otorga el poder de espiar a ciudadanos estadounidenses sin orden judicial, basándose simplemente en la sospecha. Si el sospechoso es el ciudadano y no el poder, ¿podemos decir que vivimos en una democracia? Bush ha asentado, hasta donde ha podido, el principio de que el presidente de los Estados Unidos está por encima de las ramas legislativa y judicial. Ni siquiera la Constitución es freno para su poder, ya que como dejó claro en una "declaración firmada" aneja a la ley que le prohibía torturar a los meros sospechosos de terrorismo, "los presidentes no tienen porqué adherirse a las declaraciones de inconstitucionalidad de Congreso, o las decisiones de la Corte Suprema". Su paso por Washington ha supuesto un nuevo aldabonazo a los derechos de los Estados frente al Gobierno federal.

Obama no será distinto. Para él, la Constitución es algo vivo, cambiante, y fruto de las circunstancias del momento, como el texto de 1790 lo fue del suyo, de modo que la Constitución americana, tal como la conocemos, es papel mojado. Él se ve como un instrumento de cambio de la sociedad, igual que Bush, y el poder de Washington, la herramienta más adecuada. Eso sí, mientras Obama apuntala el edificio de poder erigido por Bush, los periodistas están preocupados por saber en qué mes cerrará Guantánamo. Con esta prensa, el nuevo Bush lo va a tener muy fácil.

Todas las vidas valen lo mismo

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

La reciente incursión de Israel en Gaza se está cobrando cientos de vidas inocentes. Israel apela a su derecho a defenderse de las agresiones de Hamas, cuyos cohetes han matado a 18 civiles israelíes en los últimos años, y asegura que su ejército hace todo lo posible por evitar la muerte de palestinos inocentes que se ven envueltos en la batalla. Pero los "daños colaterales" arrojan un saldo de 30 civiles palestinos muertos por cada civil israelí víctima de los cohetes Qassam. Si la justicia de una guerra se mide por las consecuencias que tiene sobre los inocentes a los dos lados de la frontera, la ofensiva israelí es injusta aunque la motiven intenciones más nobles.

La campaña israelí no es desproporcionada porque el ejército hebreo aproveche su superioridad tecnológica para abatir centenares de militantes de Hamas y sufra solo una docena de bajas propias, sino porque causa más daño del que intenta evitar. Nos estamos metiendo en el pantanoso terreno del utilitarismo y el baile de números, pero mejor eso que la "ética" del todo vale (aunque podríamos ser más estrictos). Desde este punto de vista, el balance de la ofensiva es negativo si la suma de todas las víctimas inocentes es superior al volumen de víctimas estimado que la ofensiva habría evitado. Es imposible calcular lo segundo (tampoco está claro que una estimación de una muerte que aún no ha ocurrido deba contar igual que una muerte real e irrevocable), no obstante cuesta creer que la incursión en Gaza vaya a evitar la muerte de centenares de ciudadanos en los próximos años. Hacer algo puede que sea mejor que no hacer nada, pero no si ese "algo" es un ataque a gran escala que produce semejante volumen de muerte y destrucción (en la práctica puede que también tenga efectos adversos para la seguridad de Israel, pero éste es otro tema).

Una posible objeción a este planteamiento es sostener que la vida de un civil palestino vale menos que la de un israelí. Desde luego esto es así para el Gobierno israelí, que tiene un "mandato" de sus ciudadanos y su poder depende de la opinión pública de los votantes, no de los palestinos. También es así para muchos israelíes, que naturalmente ponen la vida de sus familiares, amigos y vecinos por encima de la vida de palestinos anónimos al otro lado de la frontera. Pero aunque este punto de vista sea comprensible es también sesgado. Están otorgando más valor a las vidas israelíes porque tienen un interés (sentimental, emocional, electoral etc.) en ello. Desde un punto de vista ético todas las personas inocentes tienen exactamente el mismo derecho a la vida, ya sean israelíes o palestinos. Es lógico que el Gobierno israelí no actúe reconociendo a los palestinos el mismo derecho a la vida que a los israelíes, pero debería si atendiera a los principios de justicia y ése es el estándar por el que tendríamos que juzgar sus acciones.

Es verdad que el ejército israelí se toma molestias (y riesgos) para evitar la muerte de civiles palestinos. Lanzan panfletos por aire sobre la población advirtiendo de un inminente ataque, interfieren la emisión televisiva o envían mensajes por móvil para pedir que evacuen la zona, seleccionan objetivos militares y abandonan ciertas operaciones si hay civiles de por medio, permiten la entrada de ambulancias y ayuda humanitaria para asistir a los heridos. Los terroristas, además, se lo ponen difícil escudándose en civiles o refugiándose en hospitales y mezquitas. ¿No prueba lo anterior que Israel sí está asignando a las vidas palestinas el mismo valor que a los israelíes? ¿Qué más puede hacer el ejército hebreo para evitar la muerte de civiles en combate?

Que Israel valore las vidas de los civiles palestinos más de lo que otros Estados en guerra valoran la vida de los civiles del bando contrario (o incluso más que el propio Hamas) no significa que dé a las vidas palestinas el mismo peso que a las vidas israelíes. A la hora de juzgar si Israel trata a los palestinos inocentes como iguales o podría actuar de otro modo cabe preguntarse: ¿cómo actuaría Israel si Hamas se parapetara dentro del territorio nacional y los palestinos civiles fueran ciudadanos israelíes? Las autoridades españolas no bombardean bloques de pisos, arrasan barrios residenciales ni causan daños colaterales cuando intentan capturar a los etarras. El Gobierno no podría asimilar daños colaterales españoles. Si ETA, en cambio, se ubicara en una región extranjera sin siquiera Estado oficial, las autoridades españolas tendrían menos escrúpulos a la hora de eliminar objetivos.

Puede argüirse que precisamente el hecho de ubicarse fuera del territorio nacional hace más difícil una actuación quirúrgica como la que lleva a cabo la policía, pero estoy convencido de que si los palestinos fueran ciudadanos israelíes y solo pudiera intervenir el ejército, el alto mando tomaría más precauciones e incluso se abortarían determinadas campañas por temor a producir demasiadas víctimas israelíes.

Consideremos esta situación desde otro ángulo. El Irgún fue un grupo armado judío previo a la creación del Estado de Israel que llegó a atacar objetivos civiles británicos y árabes. Fue tachado de terrorista y repudiado por el grueso de la sociedad judía. ¿Acaso no hubieran protestado los judíos si el ejército británico o los palestinos hubieran dado caza a Irgún matando a centenares de civiles judíos? ¿No tenían los británicos y los palestinos "derecho a defenderse", aunque ello provocara ingentes "daños colaterales"? En este escenario invertido los judíos se rebelarían y calificarían de "desproporcionado" un ataque masivo contra Irgún si fuera a ocasiones numerosas muertes civiles judías.

La reflexión sobre el valor de la vida de israelíes y palestinos tiene una ramificación que también debería llamar la atención a los estatistas que consideran desproporcionadas las acciones de Israel. Tienen razón cuando señalan que Israel implícitamente minusvalora las vidas de los palestinos, sin embargo incurren en el mismo vicio al defender un Estado del Bienestar nacional. Si para el Gobierno israelí la vida de un palestino vale menos que la de un israelí porque pone la defensa del segundo por encima de la vida del primero, para un socialista la vida (o el bienestar) de un congoleño vale menos que el de un compatriota español, porque defiende la Seguridad Social, educación y sanidad gratuita, ayudas públicas etc. sólo para el ciudadano español. Para el congoleño a lo sumo defiende el 0.7%. De modo que el mismo etnocentrismo que practica el Estado israelí es el que practica el Estado español en todas sus políticas de "bienestar". Si todas las personas valen lo mismo, los progresistas deberían dejarse de localismos y apoyar un Estado del Bienestar internacional. Eso o el desmantelamiento del Estado del Bienestar y la apertura de fronteras.

Israel, por su parte, debería ser más reticente y selectivo en el uso de la fuerza. El derecho a la auto-defensa de los israelíes no justifica la muerte de centenares de palestinos inocentes.

Hacer videojuegos sin murciar

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Y lo hace además en un sector que recibe fondos públicos de la Unión Europea y que ahora se ha subido al carro de los que quieren chupar del bote de las subvenciones que da el Gobierno español.

La Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (Adese) se dedica a pedir subvenciones para mejorar todavía más las cuentas de las compañías de un sector que pasa por un momento realmente bueno. Sin embargo, una empresa del ramo ha encontrado una forma ingeniosa de buscar financiación que no implica meter la mano en la cuenta corriente de los ciudadanos. Mientras los de la patronal pretenden murciar a los contribuyentes con la complicidad del Ejecutivo, la murciana Newsoft se ha lanzado a vender a través de su web participaciones relativamente baratas que dan derecho a recibir una fracción de sus beneficios durante una década.

En una época como la actual, en la que todos tratan de conseguir que los Estados les den parte del dinero que le quitan a los ciudadanos, noticias así son muy positivas. En realidad no tiene nada de escandaloso que los de Adese pretendan lucrarse de un sistema basado en el expolio sistemático de los sufridos pagadores de impuestos. Tienen la misma legitimidad (en realidad, ninguna) para hacerlo, ellos o la industria del porno, que la banca o el sector cinematográfico. Ahora bien, que no deba provocar más escándalo que en otros casos no significa que posea legitimidad alguna.

Donde sí hay legitimidad es en la estrategia de la compañía murciana que no murcia. No pretende quedarse con el dinero que otros no le entreguen libremente. Quien decida dárselo lo hará por propia voluntad, asumiendo un riesgo pero con posibilidad de ganancias (algo que no existe en el caso de las subvenciones). Tan sólo por eso, por no querer quedarse con lo que no es suyo cuando la patronal del sector sí lo desea, merece destacarse. En tiempos de intervencionismo creciente, elegir el camino de la libertad es digno de mención.

Escuchemos a los altermundistas

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Fracasadas las recetas neoliberales, culpables de la crisis, Iñaki propone que escuchemos con mucha atención a este improvisado panel de expertos y pide a los políticos que tengan muy en cuenta las ideícas de la tropa, si es que de verdad tienen voluntad de acabar con los problemas que afectan a un número cada vez mayor de ciudadanos (y ciudadanas).

La iniciativa es pertinente porque nunca está de más conocer de primera mano el modelo social de los autoproclamados defensores de La Tierra, el medio ambiente, los desfavorecidos y, por extensión, el género humano. Además, estoy seguro de que los progresistas acomodados, como Gabilondo y los artistas de la ceja, pondrán en práctica inmediatamente en su vida privada todos los consejos de estos líderes revolucionarios, que buscan acabar con el capitalismo de una vez.

Los invitados a esta sección han ofrecido a lo largo de esta semana al espectador de Cuatro (porque probablemente había en ese momento un solo espectador, es decir, yo) sus recetas para acabar con la crisis económica y, lo que es más importante, para que no vuelva a ocurrir jamás nada parecido. Como buenos marxistas, empiezan con un error monumental y, a partir de ahí, sólo van empeorando. Entre otros conceptos más sofisticados como imponer una tasa mundial a las transacciones económicas, dice, por ejemplo, que el planeta no es capaz de proveer de alimentos y energía a una masa de población creciente o que el desarrollo económico constante es un imposible metafísico, por tanto lo que procede es abandonar el desarrollo urbano, acabar con las grandes ciudades y volver todos a la vida rural prácticamente en régimen de autoabastecimiento (en ese momento aparece un señor pastoreando unas vacas muy simpáticas). O sea, volver al Paleolítico, cuando el hombre estaba hermanado con la naturaleza, respetaba sus ciclos, viajaba en carretas de bueyes y construía chozas con sus excrementos.

Los multimillonarios de izquierdas deben estar pensando a estas horas muy seriamente abandonar todas sus riquezas y volverse al terruño a practicar el trueque con sus vecinos utilizando los frutos del trabajo manual… aunque no es seguro. Algunos probablemente sospechen que haciéndoles caso a los altermundistas vamos todos a vivir mucho peor (sobre todo ellos) y que, en efecto, no habrá más crisis pero tan sólo porque esa será la situación natural de nuestra existencia. O sea, como el Real Madrid de Calderón. Aunque quizás no tanto.

Racismo, xenofobia, colectivismo

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

La actual situación de crisis económica, con unas tasas de desempleo que crecen a gran velocidad y cuando la idea más extendida es que la situación va a seguir empeorando, supone un nuevo escenario para un país en el que vive una cantidad de extranjeros inimaginable para casi nadie hace pocos años. Con una creciente cifra de parados, los riesgos de que los inmigrantes se conviertan en el chivo expiatorio para muchos y que surja un movimiento de extrema derecha fuerte es una posibilidad que no se puede descartar en España.

Aunque existen racismos y xenofobias de raíces culturales, estos tienen una menor incidencia por sí solos que los que tienen su origen en cuestiones económicas. El odio de raíz económica más o menos extendido a las personas de otras razas o procedentes de otros países (en España el racismo suele ir unido a la xenofobia debido a que la única minoría étnica existente hasta hace poco era la gitana) surge de la un análisis incorrecto de la realidad. Así, la existencia simultánea de desempleo y de una mayor presencia de extranjeros en un país se suele interpretar como una relación causa-efecto. Y aunque ambos fenómenos se dan a la vez en el momento actual, no se produce el primero por culpa del segundo.

En este escenario, y en situaciones donde la concepción grupal de la sociedad sigue estando muy extendida, se establece una "lucha por los recursos" (puesto de trabajo, beneficios sociales en los casos de Estado del bienestar y otros) que no se percibe como legítima competencia entre individuos. Al contrario, se extiende con rapidez la idea de que se trata de "ellos" (los extranjeros, los rumanos, los negros, los árabes…) contra "nosotros" (los españoles, los blancos…). Gran cantidad de personas pasan a culpar así a los inmigrantes de la pérdida de su empleo, o del hecho de no conseguir uno nuevo, o incluso de que su sueldo sea bajo. Para quienes razonan de esta manera, tan sólo el considerado su igual (español, o incluso catalán o andaluz, y blanco) está legitimado a competir con ellos.

Desde el Gobierno se favorece, posiblemente de forma inconsciente, esta percepción de diversas maneras. La más destacable en la actualidad es la campaña de puesta en marcha para dar a conocer el Plan de Retorno Voluntario. En Madrid, por ejemplo, han puesto una gran cantidad de anuncios muy visibles. De esta manera se transmite a los españoles de que existe un exceso de inmigrantes en el país y que es necesario que se marchen. Puede incluso que uno de los objetivos de esta publicidad tan visible para cualquiera sea precisamente tratar de transmitir a los españoles la idea de que desde el Ejecutivo están haciendo algo para disminuir la cantidad de extranjeros residentes en el país, porque para que éstos se enteraran hubiera bastado con limitar la campaña a los medios de comunicación existentes para inmigrantes y se hubiera llegado de igual manera al supuesto público objetivo.

Esta visión global es la que favorece la extensión del racismo y la xenofobia, así como que ambos odios puedan ser los desencadenantes de episodios violentos. Es más fácil odiar a alguien a quien se percibe como miembro de un grupo distinto al considerado como propio que a una persona a la que se le valora como tal. De hecho, el error de una parte de las organizaciones que se dedican a luchar contra estos fenómenos es su insistencia en defender los derechos o la libertad de "colectivos" y no seres humanos percibidos de manera individualizada.

Si de verdad se quiere combatir de forma efectiva, cosa que no dudamos, esos fenómenos tan terribles, hay que empezar por eliminar del lenguaje cualquier carga grupal. Para cualquier persona es más fácil sentir empatía por alguien que es percibido como un ser humano y, por lo tanto, como un igual, que por aquellos a los que sólo se les ve como miembros de un grupo considerado ajeno. Es imposible amar a gran parte de la Humanidad, pero es muy fácil odiarla. Basta con pensar en ella en términos colectivos.

No crea en el Gobierno

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Según un diario de Reino Unido, la gente ha dejado de tener fe en Dios para sustituirlo por extraterrestres, fantasmas y el poder de los médiums. En España seguimos el mismo el camino. Según un sondeo del diario Público, cada vez creemos menos en la religión católica y más en médiums, extraterrestres y fantasmas.

Esta predisposición a tener fe en cualquier cosa se puede volver muy dañina cuando la trasladamos del mundo místico al político y económico.

Las medidas económicas que han tomado España, Estados Unidos, Alemania y demás países para solucionar la crisis, sólo pueden tener devotos entre aquellos que creen en la magia o en algo más absurdo, la eficiencia del Gobierno. Las medidas contradicen totalmente la férrea teoría económica. El último video publicitario del Ejecutivo nos muestra un trabajador de la construcción feliz porque el Estado le ofrece puestos de trabajo, y esto nos beneficia a los ciudadanos porque "nos arreglan el pueblo". ¿Es el momento de arreglar pueblos, edificios o parques? Piense en su economía doméstica. Si usted sufre una crisis económica, lo último que va a hacer es decorar su casa. Estas cosas se realizan cuando hay dinero. Si usted pasa por un mal momento, lo primero que hará será reducir costes y exprimir cada céntimo para sacarle la mayor productividad posible. La macroeconomía no funciona diferente a una economía doméstica. El gran secreto a voces para solucionar una crisis consiste en reducción de costes y aumento de la productividad. Esto sólo puede significar dar más libertad económica a todos los actores de la sociedad eliminando impuestos a empresas y particulares, disminuyendo el gasto público y eliminando la legislación laboral, las barreras al libre comercio o los funcionarios. Despilfarrar el dinero ajeno en cosas que no demanda la sociedad, nunca ha enriquecido a nadie.

Esto nos lleva a otro gran contrasentido de la eficiencia pública. Ya sabrá que el dinero que dilapida el Gobierno es nuestro. Si en épocas de crisis los políticos nos descapitalizan para gastarse nuestro dinero en cosas que no compraríamos por nosotros mismos, ¿dónde está el beneficio general? Simplemente no lo hay. El Gobierno no invierte, tal y como proclama en sus videos de promoción, sino que sólo se dedica a pagar favores a los votantes, actores, grupos de presión, amigos, etc. Si nos sacan el dinero y lo gastan en cosas que nadie está dispuesta a pagar de su propio bolsillo (cosas que están fuera de mercado), sólo conseguimos pérdidas netas totales.

Aquí llegamos a la tercera característica de la "inversión estatal", el Gobierno siempre es ineficiente. ¿Qué se está haciendo realmente con todo este dinero que nos está robando el Estado? A principios de diciembre, el PSOE destinó 8.000 millones de euros al Fondo de Inversión Local. Casi el 40% de ese monto ya se ha gastado. ¿Sabe en qué? En un circuito de automodelismo, otro de motocross, pistas de Scalextric, un caro parque infantil en Málaga al que nadie va, otro de monopatines… ¡Qué rápido se marcha el dinero cuando lo destruye el Estado! Desde luego, no puede decirse que aprovechen hasta el último céntimo con una mínima eficiencia.

Pero eso no es todo. En el último mes, el Ejecutivo se ha gastado 64 millones de euros de nuestro bolsillo en adquirir bombillas. Recibirá dos en febrero; nunca un par de bombillas le salieron tan caras. Defensa dilapida 700.000 euros en publicidad para el "diálogo entre civilizaciones". El Gobierno quema 26 millones de dólares para querellarse contra la empresa del Prestige. El Ministerio de Vivienda fusila 70.000 euros en una campaña de publicidad puntual. Esto último es bastante curioso porque el 70% de las personas que se acogen a esta campaña no cobran.

A todo esto, Zapatro envía a De la Vega y su séquito a la India. ¿Para qué? ¿Cuánto ha costado esto? Da igual, más publicidad. Rubalcaba ha empleado más de 3,5 millones de euros en arreglar la valla de Ceuta y Melilla. ¿Es de oro? El alcalde de un pueblo ha considerado que si no se gasta 18.000 euros en un fichador digital el mundo dejará de dar vueltas. La alcaldesa de Valencia ha aprobado un plan de austeridad que significa aumentar el gasto en un 40% —360.000 euros de más— en coches y telefonía móvil. Leire Pajín cree que si no regala 3.700 millones de euros a cualquier país que se lo pida, no es nadie. La DGT quiere despilfarrar 12 millones de euros en los anuncios de siempre. Para variar, los políticos de Cataluña apuestan por lo más surrealista: 7.000 euros en financiar un sindicato que no existe. Si eso lo hubiese hecho una empresa privada o usted para desgravarlo en su declaración, le habrían multado. En fin, la lista es demasiado larga y deprimente.

Mientras tanto, en el mundo real, cada uno de nosotros perdió el año pasado 615 euros de poder adquisitivo según FUNCAS. Cada día que pasa supone encontrarse con 2.000 parados más, y aunque el IPC baje, los alimentos suben más que el índice. El presidente del Gobierno es un mentiroso compulsivo que ya ha incumplido más de 20 compromisos electorales. Para colmo, no hay día en el que algún diario internacional no nos deje a la altura de África. Lo peor, es que no les falta razón.

Sí. La gente está ansiosa por creer en algo. Para el bien de todos, que crean en cosas que no nos dañen, como en Dios, Papa Noel, los X-Men, los marcianos o el Mago Merlín. Enfréntese a la realidad, los políticos sólo nos darán bellos eslóganes de prosperidad y paz. Las duras consecuencias serán más pobreza y frustración. Vea este duro vídeo para comprobar los efectos de la ineficiencia y las falsas promesas del Gobierno.

Tres malas ideas

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Curiosa comparecencia que si atendiéramos a sus pronósticos de octubre nunca debería haberse producido. Al fin y al cabo, la crisis financiera debía estar finiquitada en dos meses porque Trichet parecía estar nadando en una abundancia de billetes, algo así como el Tío Gilito del dinero fiduciario.

Desde que lanzara estas predicciones, vaya por dónde, el paro se ha incrementado en 300.000 personas cuando el año anterior lo hizo en 80.000. No está mal para una crisis finiquitada. Claro que Corbacho podía estar refiriéndose a que la que se solucionaría sería la crisis "financiera" (es decir, a la de los bancos, las bolsas, las aseguradoras…) que es distinta, según él, de la crisis de la "economía real"; algo así como Wall Street frente al Main Street en los Estados Unidos.

Las previsiones del ministro, sin embargo, tampoco parecen haberse cumplido aun en este supuesto restrictivo: ayer las bolsas de todo el mundo sufrieron uno de los mayores batacazos desde noviembre por los temores a que la crisis de los bancos siga agravándose, como ilustran las dificultades por las que atraviesa Bank of America (nota: este era el banco al que en septiembre los infalibles gurús económicos consideraban el gran beneficiado por la crisis tras haber comprado Merrill Lynch; olvidaron que tirar dinero bueno sobre dinero malo nunca fue una inversión prodigiosa).

Pues bien, Corbacho está utilizando ese mismo ojo clínico para confeccionar su respuesta al desempleo que está sufriendo España. ¿Su receta? Dificultar el despido, subir el salario mínimo e incrementar las ayudas a los parados. Probablemente, si colocáramos al frente de Trabajo a un mono lanzando dardos sobre una serie de propuestas aleatorias para combatir el desempleo, tendríamos más éxito que con Corbacho.

Primero, dificultar los ERE es sólo una manera de destruir una empresa. Si ésta necesita despedir a, digamos, 2.000 trabajadores para seguir ganando dinero (y por tanto poder seguir pagando su salario a los empleados a los que no despide), dificultárselo sólo hará que vaya descapitalizándose y en el futuro tenga que echar aun a más gente. Es más, la economía no se recuperará mientras ciertos sectores hipertrofiados (como la construcción o ciertos servicios) no reduzcan su tamaño para permitir que otros sectores mucho menos desarrollados (como el exportador) aparezcan. Pongámonos en el caso extremo: el Gobierno prohíbe despedir a cualquier trabajador. ¿Qué sucedería? Básicamente que España seguiría produciendo en torno a 800.000 viviendas anuales. ¿Las necesitamos? No. ¿Las pueden vender las promotoras a precios que compensen sus costes? No. Por tanto, ¿cuál es el propósito de consolidar estructuras productivas caducas?

Segundo, el salario mínimo (SMI) o es inútil o genera paro. Quien cobre un salario de 2.000 euros mensuales no se verá afectado por el hecho de que eleven el SMI a 1.000 euros, pero quien percibe 700 euros, pasará a engrosar la cola del INEM. Ningún trabajador puede cobrar más del valor que genera para la empresa; por tanto, incrementando el salario mínimo estamos excluyendo del mercado a aquellos que no sean capaces de generar al menos un valor equivalente al SMI: básicamente, trabajadores poco cualificados, como pueden serlo muchos inmigrantes.

Y tercero, las ayudas al desempleo las pagan el resto de trabajadores de su salario. Lo que significa que parte de la riqueza que se crea hoy la consumen, sin contrapartida, gente que no la está generando. Podemos considerar que esto es algo dignísimo (y en muchos casos, así es), pero me temo que para ese tipo de transacciones ya existen los centros de caridad. El problema de institucionalizar la redistribución coactiva de la renta es que los recursos que se destinan a las ayudas a los parados no pueden dirigirse a otros usos, por ejemplo a invertir en nuevas empresas que den ocupación a parte de esos desempleados (que pasarían, a su vez, a crear riqueza en lugar de consumirla). Cuando el INEM ya tiene un serio problema de déficit en sus cuentas no parece que lo más sensato sea agravar todavía más ese déficit, esto es, no parece que sea lógico que el Estado emita deuda para gastos corrientes, succionando parte de los ahorros que necesitamos para invertir en la recuperación económica.

No sé si el Gobierno es consciente de las tropelías que está llevando a cabo o si, por el contrario, son unos completos ignorantes que esperan que les salve la papeleta una recuperación económica internacional que cada vez se retrasa más. En cualquier caso, somos los ciudadanos los que sufrimos su pésima política económica. Una razón más por la que el Estado no debería arrogarse ninguna competencia en esta materia.