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Barreras legales al trabajo

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los activos más importantes que tiene el ser humano es su capacidad de trabajar. Aunque una persona no tenga ningún capital previo, esto no supone un inconveniente que le impida obtener recursos, ya que puede vender su trabajo a alguien que lo quiera.

Además de constituir un factor esencial para la supervivencia del ser humano, el trabajo tiene otras vertientes, como elemento de enriquecimiento, socialización o incluso de autorrealización.

Por tanto el trabajo se puede considerar como una herramienta que nos permite defender y asegurar nuestros derechos fundamentales, es decir, vida, propiedad y libertad. Para vivir o bien compramos a otras personas los elementos necesarios para el sustento y cobijo, para lo cual necesitaremos entregar una cierta cantidad de dinero que obtendremos mediante el trabajo, o bien trabajamos para nosotros mismos para proveernos de lo anterior. Otro factor a tener en cuenta del trabajo es que nos permite crear un derecho de propiedad nuevo, ya que somos dueño del trabajo creado, ya sea para emplearlo para nosotros mismos o para intercambiarlo por otras propiedades. Finalmente el trabajo es una expresión más de nuestra libertad, ya que podemos aplicarlo a aquello que consideremos conveniente, y otras personas son libres de aceptar intercambiar el fruto de nuestro trabajo por otros bienes.

Es por todo ello que el trabajo se vuelve algo imprescindible para el hombre, ya que es una parte esencial de su humanidad. Es éste el motivo por el que una situación de desempleo se puede convertir en todo un drama a nivel personal, ya que si ésta se ha impuesto, se estaría cometiendo una violación de los derechos fundamentales de la persona.

La idea de impedir a alguien trabajar puede resultar extraña, ya que con la excepción de los penados en determinadas legislaciones, nadie debería ser privado de trabajar. No obstante, esta prohibición puede establecerse por medios indirectos y como consecuencia de medidas que no van buscando ese efecto. Así, por ejemplo, una prohibición de explotación de un monte concreto tendría como efecto que no se puedan realizar labores en el mismo, tales como la recolección de leña o el pastoreo. Si las personas que realizaban dicho trabajo carecían de otro tipo de experiencia y no existen terrenos similares en los que realizarlo, pueden quedar condenadas a perder su empleo.

La única barrera que puede impedir a las personas ejercitar su trabajo es de origen legal, ya sea prohibiéndola directamente, elevando los requisitos necesarios para ella, o subiendo los costes de ejecución de manera que haga imposible su ejecución de manera rentable. Además pueden imponerse requisitos adicionales que si bien no impidan la ejecución de dicho trabajo, lo compliquen sobremanera, haciendo que mucha gente desista.

En tiempos de crisis económica generalizada como los que estamos atravesando, en los que la tasa de desempleo se eleva a un ritmo vertiginoso, debido a que determinados sectores que habían demandado gran cantidad de mano de obra han dejado de hacerlo, debería buscarse todas estas barreras legales de manera que se eliminen todas aquellas que no sean estrictamente necesarias, para facilitar el derecho que tiene cada persona a trabajar. La cifra de desempleados no es simplemente una estadística; tras este dato se encuentran personas, muchas de las cuales desean trabajar pero no pueden hacerlo por barreras artificiales de origen legal. Cuando éste es el origen de su situación no se puede hablar de una mera situación desafortunada, sino de un atropello a sus derechos fundamentales.

Un mordisco a la manzana

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

No reclaman subidas de pensiones ni del salario mínimo, no piden el 0,7% del PIB para los países pobres, ni que deroguen el canon digital. Sólo piden que dejen a las empresas vender sus productos en libertad.

El aparatito en cuestión es el iPhone, de la empresa Apple, sobradamente conocido. Al parecer, Apple ha dejado de comercializarlo en Francia, junto al iPod y todos los productos de la marca. Y los franceses están indignados. Ya no podrán comprar, aunque lo deseen, los admirados dispositivos de la manzana. Y todo gracias a los que se dicen protectores del mercado y de la competencia.

Por supuesto, nada de lo anterior es real. Es sólo la creación de una imaginación calenturienta. ¿A quién se le puede ocurrir que unos ciudadanos salgan a la calle a defender a una empresa privada? Y encima en Francia, venga ya. Todos sabemos que las únicas manifestaciones relacionadas con las empresas son las huelgas para evitar la explotación de los trabajadores.

Y, sin embargo, quizá algún día llegue a pasar. Porque hay decisiones que son indignantes, y aún más porque se hacen en pretendida defensa del ciudadano-consumidor. Es el reciente caso de una resolución de la autoridad de competencia francesa, en la que se suprime de forma cautelar la exclusividad en la comercialización del iPhone que habían pactado libremente Orange y Apple.

¿Por qué se irrumpe de esta forma en el derecho de las partes a contratar? Pues no hay básicamente ninguna razón, ya que el propio análisis descarta la existencia de posición dominante en el mercado afectado. Lo único que queda claro es que Apple es una empresa de éxito, y que sus productos se venden como churros. Así que los funcionarios defensores del mercado deciden limitar la duración del acuerdo. Pues eso: que sean las autoridades administrativas las que nos fijen las duraciones de los contratos, las condiciones, los precios y, por qué no, con quién podemos contratar. Seguro que un funcionario sabe mejor que Apple y Orange cómo satisfacer las necesidades del consumidor francés, que lo único que buscaban era que todos los franceses que lo desearan tuvieran un iPhone.

La autoridad de competencia francesa se merece que Apple deje de vender sus productos en Francia. Pero no va a pasar, de momento. El día que ocurra tal vez la gente se dé cuenta de que son los emprendedores quienes realmente, de verdad, están interesados en satisfacer las necesidades de sus conciudadanos; y no los funcionarios que se dedican a ponerles palos en las ruedas.

Canten conmigo en anticipación: "APPLE, SÍ; CONSEIL DE LA CONCURRENCE, FUERA".

Catastrofismo liberal

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Artículos en prensa.

Tanto Rand como Hayek se equivocaron: el Estado del Bienestar es sostenible y no está claro que avancemos hacia una sociedad considerablemente más represiva. Los tiempos de la tiranía evidente han quedado atrás y ahora nos enfrentamos a un enemigo menos liberticida pero mejor camuflado y a la postre más difícil de combatir.

Escuchando las opiniones de algunos liberales, cualquiera diría que estamos a dos pasos del Gulag o del Apocalipsis. Hace poco asistía a una jornada de conferencias liberales en Londres y conversando con unos compañeros belgas, inteligentes y leídos todos, me di cuenta de que era el único del grupo que no pensaba que estábamos al borde del totalitarismo. Parecían creer a pies juntillas que la Unión Europea degeneraría en una nueva URSS en cuestión de pocas décadas, el Reino Unido caería bajo el yugo de un socialismo rancio y de oídas decían que la España de ZP acabaría convirtiéndose en poco menos que una dictadura. Es normal que luego la gente que no está ideológicamente comprometida escuche con incredulidad estas opiniones catastrofistas y concluya que los liberales vivimos en un mundo distinto al suyo.

De todos modos, ni siquiera nosotros mismos damos fe al dramatismo que predicamos. Si nos lo creyéramos estaríamos haciendo las maletas y aprendiendo inglés o chino para emigrar a América o Asia antes de que alzaran otro telón de acero. O empezaríamos a retirar capital o a transferirlo antes de la nacionalización. O estaríamos acumulando un buen arsenal, construyendo un refugio y planificando nuestra resistencia armada al totalitarismo inminente. Como mínimo estaríamos viendo las noticias todo el día, no hablaríamos de otra cosa en la mesa y viviríamos en perpetua ansiedad, pero en lugar de eso vemos el fútbol, hablamos de las próximas vacaciones y dormimos como un tronco. Podemos dejarnos llevar por el pesimismo y parafrasear a Rand y a Hayek, pero en el fondo sabemos que estamos exagerando y que las cosas no van a empeorar tanto.

Es cierto que el tamaño del Estado ha crecido mucho en el último siglo, pero lleva varias décadas medio estancado por debajo del 50% del PIB. La razón es que desde la perspectiva de quienes gobiernan y se nutren del Estado, el intervencionismo tiene rendimientos decrecientes a partir de cierto punto. El mejor Estado no es el que más poder tiene, sino el que maximiza la renta y el status de sus burócratas y cooperantes. Un gravamen del 40% sobre la renta genera más ingresos que un gravamen del 95%, que por ser tan alto desincentiva casi totalmente la creación de riqueza. Regulando la economía, el Gobierno puede ejercer poder y al mismo tiempo alardear de haber fomentado el progreso. Si nacionaliza la economía entera no hay progreso del que reclamar autoría y el poder que toca ejercer (mucho más feo) es el de la guillotina para contener a las masas furiosas.

Los intervencionistas de ahora, más pragmáticos que los de antes, han aprendido que no hay que matar a la gallina de los huevos de oro. Como no entienden muy bien cómo pone la gallina esos huevos, a menudo escañan demasiado al animal y tiene que venir una Thatcher o un Reagan a depurar excesos. Pero estos no llevan a cabo ninguna contra-revolución, se limitan a podar un Estado del Bienestar hipertrofiado para devolverlo a sus sólidas bases.

Algunos proponen la siguiente analogía al referirse al crecimiento paulatino del Estado: si pones una rana en agua hirviendo saltará fuera de la olla enseguida, pero dicen que si la pones en agua fría y luego calientas el agua lentamente la rana no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Así, en lugar de imponer la dictadura proletaria de la noche a la mañana, el Estado va extendiendo lentamente sus tentáculos de forma que la población se va adaptando poco a poco y nunca percibe el abuso en su totalidad. Es cierto que por esta vía gradual el intervencionismo puede llegar más lejos, pero la comparación tiene sus límites: no somos una rana. Creo que nos daremos cuenta antes de que el agua empiece a hervir.

Hay quien considera que el catastrofismo es necesario para que la ciudadanía permanezca vigilante. Sólo si la gente se siente lo bastante amenazada e indignada se movilizará para hacer frente al intervencionismo. Si nos limitamos a acusar de "catastrofista" a todo el que grita que hay peligro caeremos en el conformismo y será más probable que la catástrofe ocurra. Más vale pecar de exagerado que de conformista. Pero la diferencia entre la exageración y la demagogia es difusa, y el drama aliena a potenciales adeptos con más sentido de la realidad.

Asumámoslo, el Estado del Bienestar no evoluciona necesariamente hacia el totalitarismo, pero no hace falta esperar a que lo haga para darle estopa. Aunque la lucha por la libertad en el contexto de una sociedad intervenida parece menos romántica que la resistencia contra la tiranía absoluta, no deja de ser una empresa meritoria, justa y necesaria.

Segundo Trimestre 2008

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Archivo de publicaciones.

El segundo trimestre de 2008 vino indudablemente marco por la evolución del precio de las materias primas. Los problemas derivados de la restricción crediticia fueron olvidados temporalmente para centrarse en las nefastas consecuencias que acarreaba la escalada de las commodities. 


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Certeza de la ley y derecho natural

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los elementos esenciales en un sistema de justicia coherente con la libertad es que la ley sea cierta, segura, es decir, que los individuos tengan la seguridad de que tiene un grado de permanencia y cognoscibilidad suficientes como para poder hacer previsiones de acción respecto de ella y para que las acciones efectuadas no se vean alteradas por haberse modificado aquella en el transcurso de un periodo de tiempo estimablemente breve, o por ser tan oscura que no sea posible saber a qué atenerse respecto a ella.

Para salvaguardar este rasgo que hace justa una ley, es necesario, decían en la antigua Atenas, que ésta sea una ley escrita. Buscaban así contrarrestar el capricho legislativo de los enemigos del orden justo, tiranos y demagogos. Ahora bien, ¿evita este requisito por sí mismo los males derivados de la incertidumbre de la ley? Cabe decir que no, y los mismos griegos fueron conscientes de la trampa en que se incurría cuando la ley, aunque escrita, se modificaba al albur del capricho del legislador amparado en la supuesta certeza de lo escrito. Es posible, y de hecho harto frecuente, que las leyes escritas sean tan cambiantes que no sea posible tenerlas por ciertas.

Esto es lo que ocurre hoy donde la escritura de la ley es uno de los rasgos que aparentan confirmar su certeza pero que queda muy lejos de confirmarlo en realidad.

La contradicción con leyes anteriores puede ser menospreciada por el apoyo de quien ostenta la legitimidad de hacer leyes. Es así que en los actuales sistemas legales, basados en la legislación, los órganos legislativos, soberanos y legítimos, sitúan la supuesta seguridad jurídica sobre la publicidad (escrita), la autosuficiencia (vinculante) y la inexcusabilidad del cumplimiento de las leyes, pero modifican la naturaleza de éstas por actos que pueden ser calificados como de voluntarismo legislativo, cuyos fundamentos son valores morales no expresos y que, por eso mismo, son más peligrosos.

Por eso es que la certeza no puede, no debe, asentarse, en un marco de derecho positivo y de profusión estatutaria, en la mera escritura de la ley. Podemos, siguiendo a Leoni, considerar otro concepto de certeza de la ley. Se trata del basado en el esquema general del derecho civil romano con "una serie de principios gradualmente desarrollados y refinados por una jurisprudencia que se extiende durante muchos siglos con escasa interferencia de los cuerpos legislativos" tal y como afirmó el jurista inglés W.W. Buckland.

En este punto, Bruno Leoni condensó una magnífica aportación a la visión liberal de lo jurídico. Se trata de la diferencia entre certeza a corto y a largo plazo. Para ello Leoni contrapone la certeza griega a corto plazo, a la certeza auténtica o a largo plazo. Parece claro que una ley escrita y, por ende, conocida por todos, no es necesariamente una ley cierta si el legislador la modifica con frecuencia. Frente a esto el concepto romano es diferente y podemos calificar a la ley romana como más cierta que ésta. Lo es si nos atenemos a los rasgos que hacen que el entramado jurisprudencial romano hizo de éste un modelo de seguridad jurídica:

  1. La interpretación de los jurisconsultos estaba basada en la interpretación de normas antiguas para cuya reforma no estaban legitimados.
  2. La ley no estaba, pues, sometida a cambios súbitos e imprevisibles por lo que hacía posible previsiones a largo plazo por parte de los individuos y grupos y facilitaba la función empresarial en general y el intercambio económico en particular.
  3. Ningún estatuto o propuesta de ley proveniente de los poderes públicos podía vulnerar fácilmente la ley no escrita, tradicional e interpretada jurisprudencialmente.

Por consiguiente se plantean dos tipos de certeza. Una basada en la escritura, claridad y publicidad de la ley cuyo punto débil es la escasa importancia que, por la mera escritura, tiene su permanencia en el tiempo.

La otra es la certeza basada en la permanencia, certeza a largo plazo, la cual se asegura mediante un sistema de leyes formadas por la larga interacción de individuos y grupos y por la respetuosa función jurisprudencial que tiene vedada la invención de normas ex novo y ex profeso, fruto de un activismo reformista.

Es cierto, sin duda, que el principio de certeza a largo plazo es superior al que podemos denominar "griego". Es correcto, igualmente, afirmar que esta certeza auténtica se asienta en un sistema legal de tipo jurisprudencial.

A pesar de todo ello existe un defecto posible no contemplado por Leoni en la afirmación de que el derecho jurisprudencial y consuetudinario es, por sí mismo, garante de la libertad. Lo cierto es que, por ser fruto de la múltiple interacción de individuos y grupos, las instituciones jurídicas pueden no resultar siempre respetuosas con el individuo y con la libertad. El mero respeto a la tradición no garantiza, asimismo, que la evolución no asiente pautas y leyes contrarias a la libertad. La propia, digamos, metodología consuetudinaria, fruto de un consenso social intergeneracional, ayuda a que no se produzca esta degeneración pero no garantiza suficientemente su ausencia y puede, mal entendida, legitimar tanto leyes contrarias a la libertad como la intromisión del derecho estatutario, legislado, en la sociedad.

Falta, pues, en esta defensa la existencia de unos referentes considerados atemporales y absolutos para que la certeza a largo plazo lo sea de manera consistente. Esta existencia no puede ser aportada por la mera y semiinconsciente fuerza evolutiva fruto de una supuesta cuasi-racional interacción social sino que ha de estar presente en los individuos y en los juristas en forma de valores atemporales, de vigencia eterna y, por ende, absolutos. El iusnaturalismo "humilde" viene aquí a complementar la labor de los juristas y la certeza de la ley.

El consenso en favor de leyes básicas sacralizadas y consideradas eternas es un componente esencial en la tradición y en la costumbre. Traduciendo a otros términos esta sacralización, hay que hablar de la existencia de unos derechos naturales eternos que son los únicos capaces de alimentar la consistencia del derecho jurisprudencial, aportándole las guías imprescindibles para su permanencia.

Pero las leyes naturales también son necesarias por la naturaleza general que presentan, imprescindible para que, además de ser permanentes, resulte imposible que dichas leyes puedan ser aplicadas ex profeso a individuos o grupos prefijados. Este requisito, que debemos a Hayek, resulta, a pesar de éste mismo, perfectamente acorde con una ley natural humilde, básica y sencilla. Entendemos estos rasgos en el sentido de que dicha ley natural no pueda ser utilizada al modo constructivista para reformar y modelar la ley tradicional y la sociedad entra, es decir, que habría de excluir la imposición coactiva de la misma.

Es así, que unos principios sacralizados como inalterables, descubiertos mediante mecanismos mixtos de racionalidad, estudio jurídico de la tradición y constitución en misterios o tabúes inatacables, son necesarios para que el sistema consuetudinario y jurisprudencial sea, a su vez, un sistema seguro de libertad.

SGAE y CNT

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

No cejan, ni desaprovechan ocasión alguna para tapar las críticas contra ellos. El último episodio tiene que ver con la CNT. He de reconocer que tengo una simpatía enorme por la CNT, ya que comparto sus objetivos anti estatistas, aunque recurra para ello a las ideas más abrumadoramente falsas.

El anarquismo de la CNT no podía dejar inmune a una rémora del Estado, a uno de sus tentáculos más poderosos, como es la SGAE. Y le dedicó un breve apunte con el simpático título “Por la desaparición de la SGAE, a las barricadas”, y que es una defensa valiente de la libertad de expresión de un portal, alasbarricadas.org, al que la sociedad de autores quiere sangrar 6.000 euros del ala, por haber atentado contra el derecho al honor de Ramoncín. Creo que le llamaron el “rey del pollo frito” o algo por el estilo. Y, claro, aquello no lo podía permitir.

La razón de ser de la SGAE parece consistir en tapar bocas. Las de algunos de sus socios, que parece feroz a la hora de ingerir dinero. La de algunos políticos, que no pondrán jamás en duda las cuentas de esta sociedad. Unas cuentas que se merecerían una campaña como la de los autobuses ateos: “Probablemente las cuentas auditadas de la SGAE no existen. Que Teddy Bautista deje de preocuparse y disfrute de la vida”. El Tribunal de Cuentas, que acaba de juzgar a Julián Muñoz, no ha movido un dedo por conocer las cuentas de la SGAE, que vive de los impuestos. Y de un impuesto especial, creado para ella y otras sociedades de gestión, y que se llama canon digital. Los políticos podrían decir algo al respecto, pero la SGAE sabe como hacerles enmudecer.

Y, por último, están sus críticos, a los que incluso espía. A ellos les quiere callar la boca a golpe de denuncias. Eso sí, tiene que toparse con algún juez que no se haya leído la Constitución, una especie de juez de la LOGSE, o uno de esos que quiere crear Bermejo a dedo. ¿Lo lograrán?

Plan I: Insumisión fiscal

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, el citado proyecto consiste, en realidad, en un ambicioso paquete de medidas destinado al Endeudamiento público, el Expolio fiscal, el Exceso Económico Errático o el Empobrecimiento social, como acertadamente lo han descrito algunos de los lectores de Libertad Digital. Basta con observar una sola vez el vídeo-anuncio del jefe del Ejecutivo para percatarse de inmediato del Engaño masivo que esconde su discurso.

La intención política de Zapatero es muy clara: transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante la "grave crisis económica" que, ahora sí (cuando ya no queda más remedio que admitirlo), atraviesa España. ¡Calma y sosiego!, enfatiza el presidente. El Estado está para ayudar y nos salvará de la ruina. Pero, llegados a este punto, la pregunta clave del ya famoso Plan E resulta evidente. ¿Cómo?

Nuevamente Zapatero, gran conocedor de los asuntos económicos y financieros, nos lo explica con meridiana transparencia: "Más inversión pública", dice; "ayudas a las familias y empresas"; "protección social", reitera; "apoyo financiero a bancos y cajas para garantizar los depósitos de lo ciudadanos"; "aumentando los recursos para la dependencia" y para el "acceso a la vivienda" explica; subiendo las "pensiones" y el "salario mínimo interprofesional", así como "otras" medidas que serán aprobadas por el Gobierno en los próximos meses.

¿Traducción? Más gasto público y más gasto público ¿Y después? Aún mucho más gasto público. Vaya, ¿y cómo pretende financiar el Ejecutivo tal despilfarro de recursos? La sinceridad que en esta ocasión, y de un modo excepcional, adopta Zapatero me deja incrédulo, sin palabras. El presidente solicita la "colaboración de todos". "Todos tendremos que hacer esfuerzos y sacrificios", advierte. Tras esta petición, el presidente concluye su vídeo con un mensaje de "agradecimiento", como no podía ser menos.

Y es que, el Plan E del Gobierno consiste en Esquilmar nuestros bolsillos para sufragar su ambicioso proyecto anticrisis, que incluye por ahora 82 medidas económicas y que, pese a no estar todas en vigor, ya ha abierto un agujero en las cuentas públicas superior al 3% del PIB nacional y, de hecho, amenaza con degradar en breve la calidad de la deuda pública española.

En apenas 12 meses, el Ejecutivo ha dilapidado más de 50.000 millones de euros, y ahora nos dice, sin entrever atisbo alguno de rubor, que la factura será mucho mayor en el futuro y que por eso precisa de nuestra ayuda. La "colaboración" de los contribuyentes, y de los hijos de los actuales trabajadores de este país –y, posiblemente, incluso de los nietos– para tratar de salir del atolladero en el que estamos inmersos.

Hasta ahora, Zapatero nunca se había parecido tanto al inmortal cómico Groucho Marx quien, al grito de "¡más madera! ¡más madera!", trataba de insuflar desesperadamente ánimo a sus hermanos con el fin de salvar una locomotora desbocada y sin control que se dirigía sin remedio hacia el precipicio. Por desgracia, la actual situación tiene de todo menos gracia. El drama económico de España apenas acaba de dar comienzo, y la sobrealimentación del motor productivo a base de gasto público y endeudamiento masivo, tal y como pretende el Gobierno, tan sólo agravará aún más la situación.

El suicidio colectivo está en marcha, y es evidente que nuestra clase dirigente no puede o no quiere verlo. Pues bien, ante el Plan E de Zapatero, yo contrapongo un Plan I, de Insumisión fiscal, para tratar de evitar que el ilegítimo robo gubernamental siga su curso sin oposición alguna. El Estado se alimenta y vive exclusivamente de impuestos captados coactivamente a la ciudadanía, bajo la amenaza de sanción, multa e, incluso, cárcel. Y España se enfrenta ahora al mayor programa de gasto público de su historia reciente, sin tener en cuenta las nefastas lecciones que la historia se ha encargado de imponer a aquellos países en donde el descontrol fiscal y presupuestario mediante la concesión masiva de subvenciones y ayudas ha triunfado. Es el caso de Japón, es el caso de Argentina, Venezuela, Bolivia, Ecuador o Zimbabwe, por poner tan sólo algunos ejemplos recientes.

La insumisión fiscal está legitimada. El Gobierno va a por nuestro dinero, a por el salario que con tanto esfuerzo se ganan día a día millones de trabajadores en este país. Zapatero, con la ayuda de su brazo fiscal, Hacienda, quiere meter la mano hasta el fondo de nuestros bolsillos, ya sea vía impuestos, aumento de multas o deuda pública. Quien pueda, que coja su dinero y corra porque el Estado precisa, ahora más que nunca, recursos, y será implacable en su tarea. El Plan E, no sólo no servirá de nada para paliar la crisis, sino que además impondrá una losa a los españoles, cuya factura amenaza con batir todos los récords.

Ante el Plan E, abogo por el Plan I. El problema es que los Estados son concientes de ello y, no por casualidad, han declarado la guerra a los paraísos fiscales, sus grandes enemigos. Pese a todo, conservo la esperanza. No obstante, David logró vencer a Goliat.

El tonto del Facebook

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Y es que este nuevo PP búlgaro, tan irremediablemente atraído hacia internet merced al interés indudable que tuvo siempre González Pons en la red de redes, parece sentirse incómodo en este nuevo medio que no conoce. En caso contrario sería inexplicable que ahora les haya dado por tomar como una "poderosa ventaja" que Feijóo tenga más amigos en Facebook que Touriño.

Con los avances tecnológicos, sean los que sean, siempre llegan los fanáticos que creen que nada de lo que se ha inventado antes merece la pena ante el nuevo (rellene la línea de puntos) y que es imposible vivir sin el nuevo (escriba aquí su novedad preferida). Así, como no podía ser de otra manera, han surgido toda una serie de tontos del Facebook, que parecen considerar que sin estar en la red social no eres nadie y que nada excepto Facebook tiene ninguna utilidad.

Hay que poner todo en su justa medida. Tomemos como ejemplo la blogosfera y su éxito más reciente, el caso Víctor Gago. Fueron bloggers como Elentir, Prevost o Alejandro Campoy quienes se hicieron eco en primer lugar de la denuncia de Carmen Martínez Castro y los que llevaron a algunos medios convencionales a hacerse eco y pronunciarse, aunque en algunos casos fuera para hacer el ridículo. Pero la blogosfera, de por sí, no puede lograr que una información dé el salto y aparezca en las televisiones o se discuta en las radios. Y quién sabe si la situación cambiará alguna vez, pero ahora mismo seguimos viviendo una realidad en la que aquello que no sale en la tele no existe. Resulta natural, por tanto, que Rajoy no se sienta excesivamente obligado a exigirle a su jefa de prensa que retire la denuncia contra Gago.

Tampoco es que Facebook o los blogs carezcan de utilidad, pero no es cuestión de exagerar su importancia. Pocas cosas me parecen más ridículas que esa carrera por ser el que más amigos tiene en esta red social, o el que más followers tiene en Twitter. Si ya encima se usa como argumento político ni te cuento. Reclutar amigos en Facebook puede tener utilidad si se quiere emplear esos contactos para algo como, no sé, hacer campaña política en su entorno más cercano. Si no, su único uso práctico es que se burlen de ti por tomarlo como si fuera una encuesta del CIS. Con toda la razón.

El Gobierno nos vuelve a camelar

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Cómo retrasa la quiebra? Bueno, primero hay que entender qué significa que una empresa quiebre. Toda compañía (desde las de los autónomos a las grandes multinacionales) puede organizar su situación patrimonial en dos partidas contables: activo y pasivo. El activo no es más que el uso que hemos dado a nuestro dinero (¿en qué hemos invertido? Inmuebles, máquinas, software, inventario…), y el pasivo nos indica de dónde procede este dinero. Grosso modo, el dinero puede proceder de dos fuentes: de nosotros (y de nuestros socios) o del resto del mundo.

Si los fondos con los que constituimos una empresa son nuestros, ésta puede seguir funcionando hasta que se nos acabe el dinero o hasta que nos cansemos de trabajar. Pero si proceden del resto del mundo (es decir, si hemos pedido prestado), entonces tenemos un problema, porque tenemos que devolver lo que nos han prestado.

El dinero hemos aportado nosotros es lo que se denomina fondos propios o capital, y los fondos ajenos son lo que nos han prestado. Obviamente, en el momento de constituir una empresa el activo siempre es igual a la suma de los fondos propios y los ajenos (el dinero que hemos invertido siempre tiene una procedencia). ¿Y qué sucede más adelante, conforme la empresa entra en funcionamiento? ¿Se mantiene la igualdad?

Pues sí. Cuando una empresa gana dinero con sus actividades, primero comienza pagando parte de sus deudas (si las tiene) y luego decide si quiere reinvertir (comprando más activos) o repartir dinero entre sus propietarios (por ejemplo, vía dividendos). En los dos primeros casos el capital se incrementa (se tiene derecho a una mayor cantidad del activo), y en el tercero todo queda igual, ya que el dinero no se usa dentro de la compañía (no hay variaciones de activo ni de pasivo).

¿Y qué pasa con las pérdidas? Cuando una empresa pierde dinero significa que alguna de las partidas de su activo se ha reducido (por ejemplo, hemos vendido las mercancías por un valor inferior al que nos costó fabricarlas), por tanto también debe reducir alguna de las de su pasivo. ¿Cuál? Las deudas, los fondos ajenos, no pueden minorarse, así que sólo quedan los fondos propios. Las pérdidas, por tanto, repercuten sobre el capital, que es algo así como el colchón que tienen los acreedores para cobrar. Si el capital desaparece y la empresa sigue perdiendo dinero, le tocará ponerse a reducir fondos ajenos; es decir, que algún acreedor se quedará sin cobrar. Entonces (cuando el activo se reduce tanto que hace desaparecer los fondos propios) decimos que una empresa está quebrada y que se inicia un concurso de acreedores, que no es más que un procedimiento para ordenar y redistribuir el pago de los créditos.

Una modalidad de pérdida muy en boga en estos tiempos consiste en la caída del valor de los activos. Imaginemos que me prestan 1.000 euros a un año y compro 10 acciones de Terra a 100 euros la unidad. Unos meses después, sin embargo, el precio de las mismas cae a 2 euros. Obviamente, aunque yo no venda, tengo unas pérdidas latentes muy grandes, que debería reconocer para no engañar a mis acreedores. ¿Qué sentido tiene que diga que las acciones de Terra valen 100 euros cuando se han depreciado un 98%?

En contabilidad, esto se conoce como principio de prudencia: reconocer las pérdidas cuando se producen y las ganancias sólo cuando se han realizado. De esta manera se evita que las burbujas relacionadas con el precio de los activos distorsionen la situación patrimonial de una compañía.

En España, una modalidad de inversión muy frecuente durante los últimos años ha sido la inmobiliaria. Los constructores y promotores adquirieron grandes cantidades de suelo para edificar viviendas que esperaban vender con plusvalías al cabo de los años. Ahora, sin embargo, tienen un problema: no sólo no pueden vender (lo que podría suponer un problema de liquidez), sino que la vivienda y el suelo están perdiendo valor a marchas forzadas. Aplicando el principio de prudencia, deberían reconocer que su activo (las viviendas y el suelo) se ha depreciado y, entonces, reducir en correspondencia los fondos propios. Pero si hicieran esto la mayoría de constructores y promotores quebraría.

Y es aquí donde entra la reforma del Gobierno. Cuando la reducción del valor del activo tiene que provocar la quiebra de una empresa, se concede esa exención de reconocer la depreciación en los dos años siguientes. Dicho de otra manera, la empresa seguirá funcionando aun cuando sus activos no le permitan pagar todas sus obligaciones. El argumento empleado es que cuando la crisis económica termine los activos se revalorizarán, así que no puede permitirse que empresas rentables quiebren porque sean incapaces de recapitalizarse con la restricción crediticia actual.

Pero, como en tantos otros asuntos, el Gobierno está camelando a la población: ni los activos inmobiliarios van a revalorizarse, ni las dificultades para la recapitalización son tan insalvables como las pintan. Primero, los inmuebles siguen sobrevalorados un 33% en España. Por tanto, todo parece indicar que estos activos seguirán depreciándose en el futuro, lo que prjudicará más aún a los acreedores, que verán que el pastel que tienen para repartirse se ha reducido. Y segundo, estas empresas podrían recapitalizarse en sede de concurso si los acreedores estuvieran dispuestos a convertir su deuda en acciones; y estarían dispuestos a hacerlo si esperaran que los activos inmobiliarios subirán de valor en el futuro. Pero no parece que sea el caso.

Dicho de otra manera, la medida del Gobierno ataca los intereses de los acreedores y beneficia a los accionistas de las inmobiliarias, precisamente los primeros que deberían pagar por sus errores.

Pero es que además esta decisión tiene otro damnificado: la sociedad española en su conjunto. La crisis no se superará hasta que, entre otras cosas, el precio de los inmuebles se ajuste. Pero si se frenan las quiebras y liquidaciones de empresas, los precios no se ajustarán y el estancamiento se prolongará innecesariamente.

Al final, por tanto, se trata de una concesión estatal de privilegios a los accionistas de promotoras y constructoras, en claro perjuicio del resto de la sociedad. Una práctica que no sólo se está repitiendo hasta la saciedad en los últimos meses (los rescates de los banqueros o los planes de estímulo no son más que redistribuciones forzosas de la renta desde los agentes económicos eficientes pero desorganizados a los agentes económicos ineficientes y organizaos), sino que es la causa última de la crisis actual.

Las crisis económicas y el desempleo

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Las inyecciones de nuevo dinero en la economía resultado de políticas monetarias expansivas conducidas por los bancos centrales son las verdaderas causantes del aumento masivo del desempleo en tiempos de crisis, y no un error de los animal spirits de los empresarios como pensaba Keynes.

Como ya señalamos, el nuevo dinero introducido por los mercados crediticios lleva a los tipos de interés por debajo de su nivel natural. Por un lado, esto desincentiva a los consumidores a ahorrar y, por otro, hace que las empresas emprendan nuevos proyectos de capital que parecen atractivos y rentables. En el momento en que el banco central reduce las inyecciones para no caer en inflaciones descontroladas, los tipos de interés se ajustan hacia arriba. En este momento los empresarios se dan cuenta que sus proyectos no son rentables, es decir, que han invertido mal los recursos. Deben liquidar sus proyectos, lo cual implica despedir a trabajadores. Por tanto, son los gobiernos y los bancos centrales los que han provocado este nivel de desempleo masivo al hacer que los empresarios reciban señales falsas debido a la expansión crediticia iniciada por el sistema bancario sin respaldo de ahorro voluntario.

Llegados a este punto, los trabajadores que se dedicaban a producir en las empresas más alejadas del consumo tendrán que ser recolocados en las empresas más próximas al mismo. Mientras esta recolocación de trabajadores y recursos no se produzca, la crisis no cesará. Cualquier otro intento de los gobiernos, los sindicatos y muchas empresas para evitar un descenso de los salarios y los precios nominales sólo llevará a incrementar todavía más el desempleo y a paralizar más la economía.

Los gobiernos deberían dejar de emprender proyectos de gasto público, ya que impiden que los trabajadores recolocarse en proyectos verdaderamente demandados por la sociedad. En este sentido, hay que eliminar la idea económica keynesiana de que "el Estado debe estimular el trabajo en tiempos de crisis aunque sea cavando zanjas para luego volverlas a tapar", ya que no se trata de producir por producir, sino de que la producción sea de utilidad para la demanda.

Si lo que se desea realmente es disminuir el número de desempleados, la solución pasa por reducir el gasto público, reducir los impuestos, reducir la deuda pública, y flexibilizar los mercados laborales (es decir, que estén libres de coacciones estatales y sindicales) para que no sean tan rígidos como actualmente. Sólo de esta manera se puede favorecer la imprescindible movilidad laboral que llevará a descender el número de desempleados y a superar esta dolorosa crisis.