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Cuando la prensa mata

Lo cierto es que la realidad es en parte modelada por los medios de comunicación, cuando no creada por ellos, mientras que en otras ocasiones los medios sí desprecian lo que ocurre, por muy relevante que sea.

Tomen como ejemplo el conflicto entre Israel, rompeolas de la civilización, y el Medievo con Kalashnikov a que se enfrenta. En cuanto el segundero apura los últimos instantes de la tregua entre Israel y Palestina, Hamas redobló el lanzamiento de misiles contra Israel desde Gaza, que nunca se detuvieron. Lograron unos cuantos objetivos. Varios judíos muertos. Niños rotos en mil pedazos. Familias destrozadas para siempre. ¿Y los medios de comunicación? Mirando para otro lado.

Israel, que conoce bien a sus enemigos, llevaba meses preparándose para la respuesta a este ataque de los terroristas palestinos. De nuevo los niños y las familias saltando por los aires, solo que ahora los medios de comunicación, los mismos que despreciaron los ataques que causaron la respuesta israelí, muestran las duras imágenes de la guerra y titulan con sensiblería, apuntando a un único causante. No, no es Hamas, sino Israel.

Hamas se mezcla con la población civil porque sabe que a Israel esos “escudos humanos” no le detienen en sus respuestas. Pero lo hace también por otro motivo. Sabe bien cuál es el comportamiento de la prensa occidental. Sabe que mostrará los cadáveres de los niños palestinos y que acusará a Israel. Si los medios denunciasen el uso criminal que Hamas hace de su propio pueblo, renunciaría a llevarle a la muerte para utilizar sus cadáveres como propaganda. Es decir, que Hamas lleva a esas familias a morir, y los medios de comunicación son cómplices. Es más, cooperadores necesarios de esas muertes.

Pero la prensa es eficaz en eso de quitarse muertos de encima.

¿Por qué crece tanto el paro en España?

En Estados Unidos, por ejemplo, los analistas y los poderes públicos tiemblan con sólo pensar que el desempleo pueda alcanzar el 10%. Por desgracia, España ya ha superado con creces dicha barrera, y se encamina sin remedio a tasas próximas del 20% en 2010, en caso de que se mantenga el actual ritmo de destrucción de empleo.

¿Cómo es posible que el paro aumente tanto en España si la recesión afecta por igual a la mayoría de países? Más allá de las deficiencias que presenta la estructura productiva nacional, caracterizada por un sector inmobiliario sobredimensionado y un elevadísimo déficit exterior, el aumento del desempleo se debe, sobre todo, a la excesiva rigidez del mercado laboral. Es decir, a las enormes dificultades que tienen los empresarios para contratar y despedir libremente a los trabajadores. Ésta y no otra es la causa de nuestros problemas… Pasados, presentes y futuros.

En primer lugar, hay que tener muy en cuenta que tan sólo el sector privado –en forma de autónomos, pymes, empresas o grandes multinacionales– es capaz de generar trabajo. Los funcionarios y toda actividad desarrollada por la Administración Pública quedan excluidos por completo de este ámbito. El poder político jamás podrá crear empleo en términos reales, ya que se nutre y sobrevive gracias a la captación coactiva de recursos ajenos. Es decir, no crea riqueza sino que la destruye, perjudicando a los demás (ciudadanos y empresas).

Por otro lado, la rigidez laboral, causa y razón del paro en España, se define como el conjunto de normas, leyes y regulaciones que dificultan, de uno u otro modo, la ocupación de trabajadores y la creación de empresas. Así, es el sector público, en ningún caso el privado, el único responsable de la falta de flexibilidad laboral.

Dicho esto, volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué crece tanto el paro en España en comparación con otros países? Por desgracia, el mercado laboral español es uno de los más rígidos del mundo. En concreto, España ocupa el puesto 160 del ranking mundial en este ámbito, según el último informe Doing Business, índice que mide la facilidad para hacer negocios en un total de 181 países. Es decir, ocupamos los puestos de cola, superando por un escaso margen a economías tan desarrolladas como Bolivia, Paraguay, Panamá, Congo o Sierra Leona. Estados Unidos está el puesto número uno, mientras que Venezuela cierra la lista, en el 181, como el país con mayores trabas a la hora de contratar y despedir personal.

Aissa es una diseñadora exitosa, titular de una empresa que exporta telas tradicionales tejidas a mano a exclusivas marcas internacionales. La demanda va en aumento, hasta el punto en que Aissa necesitaría cuadruplicar la producción para cumplirla. Eso implicaría contratar a más trabajadores, lo que parece muy arriesgado. ¿Qué ocurriría si cae la demanda? Sería muy difícil reducir la plantilla de nuevo. "Los trabajadores me pueden demandar y decir que los he despedido ilegalmente", explica Aissa. "Hay que darles una carta y ahí empieza un largo proceso".

Es posible que muchos empresarios españoles se identifiquen a la perfección con Aissa. Y no andan desencaminados. Sin embargo, este caso, recogido en el informe, hace alusión a una empresaria senagalesa. Senegal ocupa el puesto 165 del ranking de flexibilidad laboral, España el 160, lo cual demuestra que nuestro mercado de trabajo está a la altura de países subdesarrollados. Los más pobres del planeta. No por casualidad, la región del África subsahariana es la que presenta las mayores trabas del mundo para hacer negocios.

Si profundizamos en los datos relativos a España, el panorama resulta desolador. Nuestra economía presenta un índice de dificultad de contratación de 78 puntos, siendo 0 el mínimo (Estados Unidos) y 100 el máximo (Venezuela, por ejemplo), triplicando el índice medio de la OCDE (25,7 puntos). La inflexibilidad de horarios se eleva a 60 puntos, mientras que en Estados Unidos es nuevamente 0 y en la OCDE 42,2 puntos de media. La dificultad del despido se eleva a 30 puntos, frente a los 26,3 de las primeras potencias económicas. El índice de rigidez laboral es de 56 puntos (0 en Estados Unidos), mientras que el coste del despido se eleva a 56 salarios semanales, el doble que la OCDE (25,8).

Como consecuencia, España ocupa, además, el puesto 140 del ranking mundial en el índice de facilidad para abrir nuevos negocios. Nuevamente, a la cola del planeta. Y es que, tal y como demuestra el informe, las economías con regulaciones laborales más rígidas presentan menos aperturas de empresas. Aissa, al igual que cualquier empresario español, se lo pensará muy mucho a la hora de contratar más trabajadores o abrir un nuevo negocio debido a las voluminosas cargas administrativas que tendrá que soportar.

Por ello, el paro en España supera ya el 13%, y seguirá en aumento. Esta tasa casi duplica la media de la UE, al tiempo que en Estados Unidos apenas roza el 7%, la más alta desde 1994. Ojalá los españoles disfrutaran de un desempleo similar. Las alarmas ya han saltado en la primera potencia mundial ante la posibilidad de que el paro se dispare hasta el 10%. Por el contrario, hasta el momento, todo indica que la luz roja no se activará en España hasta que superemos el umbral mágico del 20%. ¡Qué poca vergüenza la de nuestra clase política!

EasyJet no existe

Para ellos, nada puede sustituir el tener a alguien delante con el que hablar y a quien preguntar, la confianza de saber que hay una persona de carne y hueso que se está ocupando de ti.

Creo que ese sentimiento se irá desvaneciendo poco a poco y todos iremos confiando más y más en internet para hacer cada vez más cosas. Sin embargo, sí es cierto que en momentos determinados se echa en falta poder hablar con una persona cara a cara; en concreto cuando hay un problema.

Se lo explico con un ejemplo, sucedido hace unos meses. El vuelo de regreso de un viaje a Londres con EasyJet, compañía aérea pionera en el uso de internet para la venta de billetes, fue cancelado, y los empleados del aeropuerto nos aseguraron que, de acuerdo con la normativa europea, la compañía nos pagaría 250 euros. Teníamos la opción de comprar otro billete de otra compañía para volver ese día o regresar al día siguiente con ellos.

Desgraciadamente, al día siguiente nos enteramos por otro pasajero de que no nos iban a pagar nada. Resulta que en la letra pequeña de la normativa se indica que cuando la cancelación es por cierto tipo de causas la compañía no tiene obligación de indemnizar; los mismos empleados que el día anterior nos aseguraban que EasyJet nos pagaría, ahora nos decían no saber nada: eran de una subcontrata y repetían lo que les comunicaban "desde arriba". Ningún poder de decisión, ninguna responsabilidad; EasyJey no existía ni daba la cara, la reclamación que pudiéramos hacer debía realizarse "a través de la web".

No sé si el problema es porque los españoles somos así o es algo más general, pero creo que por aquí a nadie le satisface eso de protestar a una compañía vía web. Es probable que el resultado de una queja, cualquiera que sea el canal, fuera exactamente el mismo –en nuestro caso, no nos dieron casi ni la hora–, pero la cara de tonto que se te queda cuando ni siquiera puedes protestarle a alguien real es mucho más, digamos, expresiva.

Habrá mucha gente que nunca tenga un problema contratando servicios y comprando bienes por internet a empresas con sede en la Conchinchina, pero creo que lo más habitual es que según empleemos más esta vía, más probable resulte que nos pase alguna vez a todos. Y si llega ese momento y no podemos hablar con nadie cara a cara, nos sentiremos frustrados y nos lo pensaremos dos veces la próxima ocasión. Sin duda, lo más frecuente será simplemente escoger otra empresa, a ver si tenemos más suerte, como corresponde a un sistema de competencia y libre mercado. Pero si un buen número de compañías hace lo mismo, los usuarios se sentirán desengañados con todo lo que tenga que ver con internet. Y no creo que queramos eso.

La pandemia de los acuerdos preferenciales

Los gobiernos han hallado un instrumento idóneo para planificar a su gusto el comercio internacional con la excusa de que las interminables rondas multilaterales del GATT-OMC no son eficaces para abrir los mercados. Se trata de los acuerdos preferenciales (PTAs, en inglés), generalmente bilaterales. Su proliferación se ha intensificado desde la década de los noventa.

Por definición, los PTAs discriminan a otros países. Con ellos los Estados crean una suerte de "clubes privados" de intercambio comercial, con beneficios y obligaciones reservados a sus miembros exclusivos. Invocan el libre comercio, pero no son más que puro diseño estatal de por dónde y de qué manera deben transcurrir los movimientos comerciales y de inversión de sus respectivos nacionales, en perjuicio de quienes no son parte de dichos acuerdos. Conducen a la fragmentación de los mercados y distorsionan el comercio mundial. Los responsables políticos tienen incluso la caradura de llamarlos acuerdos de libre comercio (FTAs, en inglés).

Con estas intromisiones se produce, entre otros efectos, lo que el economista Jacob Viner llamó desviación comercial (1950) en virtud de la cual un proveedor exterior eficiente puede ser (y generalmente es) sustituido por otro menos eficiente debido a las preferencias políticas otorgadas a este último.

Teniendo en cuenta que el 90% del comercial internacional es llevado a cabo por el 30% de los países de la OMC, no sorprende que los más activos patrocinadores de esta nueva forma de proteccionismo camuflado sean los gobiernos de los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y los BRIC (aquellos que más pueden perder en una negociación multilateral y los que cuentan a sus espaldas con intereses y grupos de presión más poderosos). No obstante cada país y cada bloque comercial tienen su particular batería de PTAs. Actualmente se estima que más de la mitad del tráfico del comercio mundial se realiza en régimen preferencial.

Cada PTA está constituido por una maraña de interminables cláusulas farragosas que no sólo condicionan el comercio transfronterizo, sino que protegen industrias locales o productos "sensibles" (léase "políticamente sensibles"). Asimismo hay exclusiones para numerosos productos, especialmente los agrarios. Estos acuerdos se van renovando cada cierto número de años. De esta forma los burócratas complican considerablemente el entorno comercial creando una extensa madeja de reglas, normas técnicas, certificados de origen, estándares laborales, de patentes y medioambientales que sufren estoicamente miles de empresas en sus operaciones diarias de importación/exportación. La complejidad administrativa no crea riqueza alguna (más bien incrementa los costes de transacción) pero da poder a funcionarios y consultores que creen que el comercio es un juego de suma cero.

Con el total de los PTAs vigentes (en torno a unos 400) se está formando en el comercio actual una malla de relaciones preferenciales a modo de "tazón de espaguetis" que están erosionando, cual termitas, los fundamentos del comercio internacional no discriminatorio que se pretendió con la creación del GATT, tal y como nos lo recuerda Jagdish Baghwati. Irónicamente esta vía ya se contemplaba en el propio tratado fundacional con su evasivo artículo 24. No debemos extrañarnos; el GATT, luego transformado en OMC (1995), es una organización de representantes estatales y, por tanto, contrarios todos ellos a cualquier orden espontáneo de carácter evolutivo y proclives a crear más problemas que soluciones prácticas.

Como alternativa menos mala a los PTAs bilaterales, se nos dice, están los acuerdos regionales que tienden a la integración económica de áreas cada vez mayores: las zonas de libre comercio (NAFTA; CAFTA, ASEAN etc.) y, si incorporan una tarifa externa común, las uniones aduaneras (UE, MERCOSUR, etc.) pero no dejan de ser meros acuerdos o áreas preferenciales (esta vez multiestatales) que excluyen los intercambios libres con terceros.

Está claro que mediante los PTAs los gobernantes de cada país, faltos de la información necesaria para atender las verdaderas preferencias de los miles de millones de consumidores repartidos por el orbe, dirigen arrogantemente los flujos comerciales hacia sus propias preferencias y las de sus cabilderos para impedir que la vivificante competencia extranjera se introduzca libremente en cada "corral nacional".

El libre comercio no precisa de tratados; todo lo que requiere es remover (unilateral o multilateralmente) las barreras artificiales al comercio. El propósito del librecambismo no es mantener puestos de trabajos sino aumentar la división internacional del trabajo, amén de generar riqueza y bienestar humano allá donde se despliega. Tan sencillo y tan grandioso como eso.

¿Necesitamos a este PP?

El PP. Su todavía jefa de comunicación. Carmen Martínez Castro. Ella se ha querellado contra Víctor Gago porque él ha contado lo que le dijeron sus fuentes: que ella se sirvió de los medios de comunicación para minar la imagen de José María Aznar, ya saben, ese apestado de Génova.

Valiente, la todavía jefa de comunicación. ¿Quién coño es ese Víctor Gago? Colaborador de Libertad Digital, el refugio de los neocones, hombre para la prensa de Hazte Oír, ese puñado de meapilas activistas. Una presa fácil. ¿Va a salir la prensa de izquierdas en su defensa? ¿Los actores y artistas? ¿Teddy Bautista? Nah. Le defenderá la propia Libertad Digital, que es un caso perdido, los liberalotes de Red Liberal y cuatro más. Si, total, ya sabemos que la grey centroderechista nos votará. ¿Qué otra cosa puede hacer, ante la avalancha del zapaterismo?

Valiente, la todavía jefa de comunicación, con quien puede serlo. Porque frente a esa prensa que le reconoce el derecho a presentarse a las elecciones, pero le niega el derecho a ganarlas, frente a quienes apuran su ingenio, mucho o poco, para insultarles, ante quienes les insultan y les atacan, ante ellos, todo es centrismo genuflexo. ¿Libertad de expresión? ¡Quiá! La de Víctor Gago, a los tribunales. Es una pulsión censora, pero cobarde.

¿Es el PP de la todavía jefa de comunicación el partido que defenderá nuestras libertades? Esa es la pregunta. Rajoy, el todavía Rajoy, está demasiado ocupado en hacer cábalas con la crisis y en limpiar su partido de cualquier resto de las ideas de Aznar como para hacer suya una defensa de la libertad.

Sí hay una alternativa a Zapatero que es alternativa al PP. Se llama Rosa Díez. Ha creado un discurso con ramas podridas, pero con el tronco enraizado en nuestros derechos y nuestras libertades. Si las cosas siguen como hoy, ¿para qué necesitamos un PP?

Normas, propiedad y contratos

El derecho de propiedad de una persona sobre un objeto significa que el dueño controla legítimamente ese recurso, que tiene el derecho a decidir qué hacer o no hacer con ello sin intromisiones violentas de otras personas. La propiedad es el ámbito de control legítimo de cada individuo, y tiene como límite la propiedad formalmente equivalente de los demás seres humanos: el propietario decide, los no propietarios no. Los derechos de propiedad bien definidos constituyen una partición del conjunto de las posibles entidades respecto a las cuales puede existir algún conflicto sobre su utilización: todas las entidades de usos potencialmente conflictivos tienen un solo propietario (no hay entidades sin propietario y no hay entidades con más de un propietario). Si el propietario es una persona individual, la propiedad sobre sus posesiones es plena o completa; si el propietario es un conjunto de personas, la propiedad es compartida.

El derecho de propiedad, el derecho a decidir sobre la realización de acciones con los objetos poseídos, es la norma fundamental de una sociedad libre, la regla básica por defecto, pero no es la única norma relevante posible. El derecho de propiedad puede considerarse como una metanorma (una norma de alto nivel de abstracción que indica cómo construir o generar otras normas más concretas): el propietario decide las reglas de uso de sus posesiones, expresadas mediante obligaciones o prohibiciones, que pueden ser absolutas (incondicionadas) o dependientes de alguna condición.

El derecho de propiedad es la norma primitiva a partir de la cual se generan otras normas derivadas. Es una norma abstracta universal, simétrica y funcional: se aplica por igual a todas las personas y sirve para la convivencia en sociedad. A partir de esta norma universal (y sus instanciaciones en individuos y objetos concretos) es posible construir normas particulares mediante contratos entre personas.

Un solo propietario puede establecer de forma unilateral normas de uso sobre su propiedad que sus invitados deben cumplir en dicho ámbito. También es posible establecer normas de forma bilateral o multilateral si un conjunto de propietarios establecen acuerdos sobre restricciones mutuas respecto a sus conductas y sus propiedades; estas restricciones pueden ser simétricas (si todos se obligan a lo mismo o se prohíben lo mismo) o asimétricas (se negocian unas restricciones para unos a cambio de otras limitaciones diferentes para otros).

En un lenguaje normativo adecuado es necesario referirse de forma completa a agentes, acciones y medios de acción. El derecho de propiedad parece referirse solamente a personas (dueños) y posesiones (objetos como medios de acción) ignorando las acciones, pero está implícito que la propiedad significa que el dueño puede hacer lo que quiera (actuar conforme a su voluntad) con sus posesiones (en el ámbito de su propiedad, sin agredir la propiedad ajena). La propiedad enfatiza la relación entre la persona y las cosas poseídas; la libertad enfatiza la relación entre la persona y sus acciones.

Los derechos de propiedad pueden transferirse plenamente y de forma definitiva (una compraventa) pero también pueden modificarse de forma parcial mediante acuerdos contractuales en los que dos o más partes pactan algo respecto a sus posesiones. Los contratos legítimos se basan en derechos de propiedad legítimos: pueden mencionar a otras personas o entidades, pero sólo generan derechos y obligaciones para las partes contratantes. Los contratos son compromisos formales exigibles mediante el uso de la fuerza (lo cual es comprendido y aceptado voluntaria y libremente por las partes contratantes porque en eso consiste un contrato, no es una promesa informal o una mera declaración de intenciones no exigible). Los contratos generan de forma recíproca derechos positivos (a exigir lo pactado a la otra parte) y deberes (a cumplir con lo acordado).

Las compraventas son actos generalmente simples, puntuales y directos; son mucho más interesantes y complejos los contratos que se extienden en el tiempo y que se refieren a acciones de los contratantes en función de diversas cláusulas o condiciones. Aunque la propiedad es la norma fundamental de una ética de la libertad, es un error considerar que los contratos son simplemente transferencias completas de derechos de propiedad y que el único delito posible es el robo; en una sociedad compleja pueden ser mucho más importantes los problemas de incumplimientos contractuales.

Gracias por estos maravillosos años…

Ya era hora. Gracias a los políticos y su infinita preocupación por el bienestar del pueblo, a su abnegación y su indudable capacidad gestora, los españoles (y los americanos y los europeos y los argentinos hace varias décadas) hemos vivido como ricos. En su conmovedor y loable afán por mejorar nuestra vida, por hacernos felices, por satisfacer nuestras necesidades, deseos y exigencias, la clase política española (y europea y americana…) no ha reparado en minucias para darnos al pueblo todo lo que nos merecemos.

Así, en primer lugar, los bancos centrales, preocupados por nuestro bienestar, nos han dado dinero barato, duros a peseta. Aquí empieza todo. Hemos podido comprarnos casas de 500.000 euros, viajar a Santo Domingo de vacaciones en vez de a Gandía, conducir impresionantes cochazos, BMWs, Audis, pantallas de plasma…

Y no sólo nos han dado duros a peseta a nosotros, sino a los gobiernos, tanto centrales como autonómicos y municipales. ¿Y los servicios sociales que gracias a este dinero regalado se nos ofrecían, se no regalaban? Educación gratuita desde el jardín de infancia a la universidad, sanidad gratuita y universal con los mejores especialistas y los mejores medios.

En cultura los españoles nos merecíamos lo mejor. Desde el más pequeño pueblo, donde gracias a subvenciones autonómicas o estatales se construía un impresionante auditorio donde se impartían clases ,por supuesto subvencionadas, para que todos los niños y adultos tuvieran la oportunidad de tocar el piano , aprender taichí o practicar capoeira, hasta en las grandes ciudades donde los alcaldes, volcados con el bienestar de su pueblo ,nos construían infraestructuras increíbles diseñadas por los más prestigiosos arquitectos , monumentos maravillosos, organizaban Expos, grandes premios de Fórmula 1, e incluso no reparaban en gastos por conseguir la organización de Olimpiadas.

El paro no era un problema. Y si alguien decidía no dar golpe, el Estado rápidamente cubría sus necesidades. Y los trabajos eran estupendos. Por supuesto, millones de funcionarios en el sector público. En el sector privado, también fuertemente subvencionado, y con un dinero regalado, hemos sido asesores financieros, constructores, pilotos, profesores de tenis, publicistas, cineastas… Los trabajos peor considerados, los más duros y peor pagados no eran para nosotros. Con el dinero que nos han regalado los bancos centrales, hemos podido disfrutar de asistentas ecuatorianas, jardineros bolivianos, camareros rumanos, jornaleros magrebíes y albañiles polacos.

Y nos han cosido zapatillas en China, montado televisores en Malasia y fabricado chips en Taiwán. Y hemos comprado petróleo con estos euros para mover nuestros cochazos, para viajar a bajo coste por todo el mundo.

Realmente han sido unos años maravillosos, una auténtica Edad de Oro; hemos vivido los mejores años de nuestras vidas. Realmente hemos disfrutado de un nivel de vida que hace años sólo estaba al alcance de los ricos. Y llevados por nuestra soberbia, por ese dinero fácil que se creaba de la nada, incluso hemos decidido que íbamos a controlar el clima que hará dentro de cien años

Pero, ¡ay!, ahora nos toca pagar la cuenta. Y no les quepa duda de que la pagaremos, con dificultades, en algunos casos con muchas dificultades, pero acabaremos pagando; si no nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos. Y siempre podremos contar con el afán protector, desinteresado y solidario de los políticos que buscarán las mejores fórmulas para mejorar, incrementar y defender nuestro bienestar.

Melchor, Gaspar, Baltasar… y Bibiana

Aunque parezca que las tradiciones de una confesión religiosa determinada no son algo sustancial para el proyecto revolucionario de los socialistas posmodernos, el asunto tiene su importancia puesto que la principal misión de los socialistas cuando gobiernan es precisamente ejercer de reyes magos, trayendo regalos a los que se portan bien según el canon marxista y carbón contaminante a los rebeldes irrecuperables.

La ministra de Igualdad, de hecho, ha acabado este año repartiendo subvenciones en función de las aptitudes y vocación de quienes las solicitaron, aunque sea a costa del procedimiento administrativo y de un elemental sentido de la equidad.

En primer lugar hay que destacar la inmoralidad de regalar dinero público a entidades particulares, sea cual sea el objetivo perseguido con ese trasvase de fondos. La socialdemocracia es así un combate permanente entre los grupos organizados contra el común de los contribuyentes, en el que los primeros salen siempre ganando sin que la sociedad en su conjunto reciba ningún beneficio a cambio. ¿Alguien piensa seriamente que regalando subvenciones se va a acabar con el asesinato de mujeres a manos de sus "parejas"? Si es así, sólo tiene que echar un vistazo a las estadísticas de violencia doméstica, cuyas cifras no dejan de aumentar año tras año, casi al mismo ritmo que el montante anual de dinero público dedicado a la materia.

Pero la realidad no es algo que interpele la conciencia de los socialistas, porque lo suyo es la farfolla ideológica en pos de un ideal, tan abstracto que siempre resultará imposible determinar si se ha alcanzado o no. En el caso de la igualdad, el PSOE y sus voceros se limitan a ofrecer a los contribuyentes los datos del dinero invertido en "programas", "acciones" y "campañas" de toda índole, organizadas, eso sí, por la miríada de organizaciones-sanguijuela próximas al partido, expertas en detectar dónde hay una arteria presupuestaria lista para succionar.

Las mujeres siguen muriendo asesinadas, pero ni siquiera a los votantes parece importarles. Lo sustantivo es que tenemos un Gobierno que lucha por ellas y hasta ha creado un ministerio de Igualdad. Y todos contentos, especialmente las asociaciones de mujeres progresistas, que están viviendo unas navidades de dulce gracias a la epifanía laica organizada por la camarada Aído.

Tampoco parece muy disgustado el PP, que en lugar de impugnar en su totalidad la existencia de ese ministerio y el latrocinio constante hacia nuestros bolsillos bajo el chantaje del igualitarismo, se limita a presentar una batería de preguntas parlamentarias para saber por qué a las asociaciones de mujeres conservadoras no les ha dejado la Reina Bibiana la casita de muñecas que pidieron en su carta. Y aún hay quien se extraña de que sigan por debajo de bibianas y pajines en las encuestas de intención de voto.

Cuba desconectada

Han sido cinco décadas de tiranía comunista, de un régimen totalitario plagado de represión, exilio y propaganda que merece ser contestada. No vamos aquí a hablar sobre el castrismo en general, para eso hay maestros. Pero tan triste aniversario es buena ocasión para repasar cómo la autodenominada Revolución (¿desde cuándo un régimen estancado que se prolonga tanto en el tiempo debería llamarse así?) ha robado a los cubanos otra revolución, que sí es auténtica y liberadora, de la que se disfruta en la mayor parte del resto del mundo: internet.

La aparición de la red ha revolucionado el modo de comunicarse, informarse o incluso de entretenerse, comprar y vender en todo el mundo. Tan sólo hay algunas excepciones y una de ellas es Cuba. Con la excusa de los problemas de infraestructuras, el régimen de los hermanos Castro mantiene desconectados a la inmensa mayoría de los isleños. Internet es un privilegio al alcance de unos pocos que gozan del necesario permiso del Gobierno para poder conectarse, e incluso para la mayor parte de estos se trata de una red capada, con tan sólo una pequeña cantidad de contenidos autorizados a los que poder acceder. Contra esta situación luchó, por desgracia sin éxito, Guillermo Fariñas. Apodado "Coco" por sus amigos, este valiente periodista independiente mantuvo una heroica huelga de hambre para pedir el fin de esta situación. Cuando Luis Margol y yo tuvimos la suerte de conocerlo en La Habana, todavía estaba recuperándose de los estragos que la protesta había causado en su cuerpo.

Es el mundo sin Google. Nada excepcional en un país en el que te miran con asombro cuando, tras preguntarte cuánto tiempo tarda el Estado en autorizarte a poner teléfono en casa, explicas que aquí no hace falta ese trámite para contratar una línea.

El embargo norteamericano es en esta cuestión, como en tantas otras, una excusa del régimen de los hermanos Castro para reprimir la libertad. Por una parte, la conexión a la red no tiene por qué pasar necesariamente a través de Estados Unidos. Por otra, este país ofreció al Gobierno de Cuba tender un cable para asegurarle a la isla un buen acceso a internet. Ofrecimiento que fue rechazado debido a que la Casa Blanca pedía a cambio reformas políticas. Al final, La Habana anunció que se conectará a través de la Venezuela de Hugo Chávez, lo que facilitará el control de los contenidos accesibles desde la mayor de las Antillas.

No quiere el régimen comunista que los cubanos sepan a través de internet cómo es el mundo exterior, pero tampoco quiere que desde la isla nos cuenten por esa vía al resto de la humanidad cómo se vive en ella. Sin embargo, ante esto también hay valientes. Entre ellos está un creciente número de blogueros independientes, que a pesar de las dificultades consigue mantener bitácoras no controladas desde el poder. La más conocida es Generación Y, de Yoani Sánchez, una valerosa habanera que destaca entre las voces de la libertad que desde el interior o desde el exilio tanto molestan al castrismo.

He leído con emoción el bello 1 de enero en La Habana anhelado por Federico Jiménez Losantos. Deseo de corazón que pueda cumplirlo. Yo sueño con uno similar, en el cual aparecen incluso algunos protagonistas compartidos (a pesar de no gozar del privilegio que él tiene de su amistad). Ese día de Año Nuevo estará un poco más cerca cuando Guillermo Fariñas, Yoani Sánchez y tantos otro cubanos puedan leer sin problemas un artículo como éste o escribir al mundo lo que les plazca a través de internet.

Desempleo políticamente correcto

Afortunadamente, en aquella época, el Gobierno no era esclavo de lo políticamente correcto y enmendó su error derogando la ley para ese estado. Según un estudio sobre el impacto de la medida, los Estados Unidos perdieron entre 30.000 y 50.000 puestos de trabajo, aun cuando la ley se dejó de aplicar en 1940. Dicho de otra manera, la FLSA contribuyó activamente a que se prolongara la crisis.

José Luis Rodríguez Zapatero dijo el otro día que el Gobierno se centraría este año en la lucha contra el desempleo. Pero cuando el Estado intenta mejorar algo, termina haciendo el problema mayor. Dicho y hecho, la semana pasada los políticos aumentaron el salario mínimo (SMI) un 4% y todavía siguen pensando en cumplir la promesa electoral del PSOE de acabar la legislatura con un SMI de 800 euros (frente a los 624 actuales).

Se ha de ser muy socialista para no ver que España padece un gran problema con la creación de empleo. La situación empieza a ser desesperante. Tenemos aproximadamente el mismo número de desempleados que Alemania con la mitad de su población. Nuestro país encabeza el ranking de desempleo juvenil, con una tasa de paro de casi el 30% (el segundo es Suecia, con un 22%). Y, cómo no, somos el Estado de la UE donde más ha aumentado el desempleo.

Además, los socialistas han convertido los puestos de trabajos en auténticas trincheras. A finales de 2007, cuando España tenía dos millones de parados y las cosas iban relativamente bien, sólo el 50% de los desempleados tenían alguna opción de volver a encontrar trabajo. Ya se podrá imaginar el lector cómo debe de estar ahora el panorama, cuando acabamos de entrar en recesión.

Todas las leyes contra el empleo van siempre en detrimento del más débil. Si usted es un alto directivo de una multinacional que cobra 7.000 euros al mes, no tiene que preocuparse por el salario mínimo. Siempre podrá encontrar otro empleo. Si, en cambio, usted es un joven con poca experiencia y con escasa cualificación, leyes como el SMI son un importante obstáculo a su bienestar material.

Uno puede comenzar cobrando poco, porque su productividad sea baja. Pero con el tiempo, el aprendizaje y el trabajo duro, mejorará sus habilidades y conocimientos, accediendo a salarios más elevados o incluso a crear su propia compañía.

No olvidemos que el sueldo de un empleado es un coste para la empresa que está justificado por su productividad. El problema es que la mitad del salario que le corresponde a un trabajador se la queda el Estado. Haga la prueba con esta calculadora de impuestos. Si usted percibe unos 18.000 euros al año brutos –sueldo aproximado de un mileurista– la empresa ha de desembolsar al Estado el 46% de lo que usted cobraría. Es decir, si aboliesen toda tributación sobre los salarios, podría ganar lo mismo reduciendo a la mitad su jornada o percibir ese 46% de más.

Las leyes contra el empleo que aprueba el Gobierno, y muy especialmente el salario mínimo, no sólo dinamitan el bienestar del más desfavorecido, sino que crean discriminación y más delincuencia. En la época del Apartheid, los lobbies y sindicatos favorables a los blancos abogaban por altos salarios mínimos para dejar sin trabajo a los negros, generalmente más pobres y peor cualificados que los blancos de Sudáfrica. La llamada "basura blanca" (blancos de bajo nivel cultural y bajas rentas) tenían unas habilidades y niveles de renta superiores a sus equivalentes negros, por lo tanto, en determinados trabajos eran más productivos. Los sindicatos supremacistas sabían que si aumentaban el coste para las empresas que suponía el salario de sus trabajadores, los negros quedarían fuera del mercado laboral.

Lo mismo ocurrió en Estados Unidos y el salario mínimo consiguió el propósito de los supremacistas. En 1954 (primer año que se empezó a medir oficialmente el paro por razas) el nivel de desempleo entre blancos y negros iba casi a la par. En 1955, la FLSA de la que antes hemos hablado fue revisada y el salario mínimo se incrementó más de un 30%. Esto provocó que el paro entre los negros se disparase. Entre 1954 y 1980, el ratio de desempleo entre los jóvenes negros aumentó un 40%. Si comparamos entre blancos y negros, la diferencia entre los primeros y los segundos creció más de un 200%.

Y si los menos favorecidos no trabajan, ¿qué pueden hacer? Algunos de ellos, delinquir. En España nos vamos a enfrentar a este problema en un futuro cercano. Cada vez tenemos más inmigrantes poco cualificados. Algunos ni siquiera hablan bien el idioma y no conocen nada del país, lo que les sitúa en el nivel más bajo del mercado laboral. Si su precio de mercado es de 400 euros al mes, por ejemplo, y el Gobierno cumple con su promesa de elevar el salario mínimo hasta los 800, ¿qué empresas los van contratar? ¿Y qué otra opción van a tener esos inmigrantes para seguir sobreviviendo? ¿De verdad queremos que la delincuencia en España alcance los niveles de Estados Unidos? Zapatero con su visión surrealista del mundo está contribuyendo a que esto ocurra. La doctrina de lo políticamente correcto es muy cómoda para el gobernante; le hace ganar votos y alabanzas de los medios de comunicación, pero nos sume en una situación de inestabilidad y miseria. La única política laboral aceptable es que el Gobierno desaparezca del mercado de trabajo para siempre. Sólo así se creará riqueza para todos.