Ir al contenido principal

El retorno del fascismo económico

Hace casi dos años, Jose Ignacio del Castillo diseccionaba en esta página las auténticas características del "fascismo", en un ejercicio de rigor intelectual muy oportuno para acotar con precisión el significado de una palabra que se ha convertido en anatema. Durante largos lustros las corrientes de pensamiento dominantes corrieron un tupido velo para soslayar que, en esencia, las políticas económicas fascistas guardaban extraordinarias semejanzas con los planes desarrollados por los gobiernos "progresistas" del presidente Roosevelt (New Deal) y los gobiernos socialdemócratas europeos de la posguerra. Reconocer esas similitudes situaría en una incómoda posición a una retórica habitual entre los socialistas de izquierda, que asimila capitalismo a fascismo sin ningún rubor.

De acuerdo a esa sistematización, un modelo económico fascista contaría con una producción y distribución de bienes planificada a través de la integración en federaciones sectoriales de productores y sindicatos de trabajadores, aunque nominalmente se mantendría la propiedad privada de los medios de producción. Un gobierno fascista recurriría a la inflación para financiar un ingente gasto público, a través de los déficit y una política monetaria expansiva y garantizar de esta manera, supuestamente, el pleno empleo. Se emprenderían políticas sociales de amplio alcance: educación, cultura y deporte públicos, fijación de salarios no referidos a la productividad, seguros sociales, etc. Y, finalmente, el sistema aspiraría a la autarquía, de suerte que el comercio internacional entre particulares dejaría paso a un militarismo expansionista para la obtención de recursos no disponibles en el interior; a una política de sustitución de importaciones o, en su defecto, de trueque, llevado a cabo directamente a nivel intergubernamental.

Pues bien, salvo el último –sin subestimar la influencia que pueden llegar a tener las ideas antiglobalizadoras durante esta depresión en ciernes– el resto de esos postulados se encuentran bastante desarrollados. Va a resultar que después del derrumbe del gigantesco gulag soviético, el fracaso inexorable de las medidas intervencionistas del Estado del bienestar da paso a las regulaciones más compulsivas de los regímenes fascistas, gracias a una casta de políticos y economistas irresponsables.

Si en lo político vemos como se despliega meticulosamente la estrategia posmoderna, los "planes de rescate" de la banca y de incremento del gasto público, acudiendo, de momento, al endeudamiento público más desbocado, albergan asombrosos paralelismos, salvadas las distancias, con las "soluciones" nazi/fascistas a la crisis del 29 del siglo pasado.

Ya Mises y Hayek enunciaron la cuestión clave: el fascismo no es sino una subespecie del socialismo. A pesar de la rivalidad entre los diversos partidos socialistas, todos coinciden en el último objetivo de sustituir la economía libre de mercado por el control totalitario del Estado. Por supuesto que los medios propuestos difieren en el grado de implacabilidad y consistencia con el que se quiere ejecutar el plan. Pero, como resumiera Mises en el prefacio de la segunda edición en alemán de Socialismo, el objetivo es que "los individuos dejan de decidir, comprando o dejando de comprar, lo que se va a producir y en qué cantidad y calidad. De ahora en adelante, el plan de excepción del Gobierno establecerá estas cuestiones. El cuidado paternal del ‘Estado del bienestar’ rebajará a las personas al estado de trabajadores fijos, obligados a cumplir las órdenes de la autoridad planificadora sin cuestionar nada".

Además de presentar análisis profundos sobre las particulares circunstancias actuales, conviene insistir en esta disyuntiva en estos convulsos tiempos que nos ha tocado vivir. Ahora que los cantos de sirena estatistas quieren presentar por enésima vez la tercera vía para salir de una crisis a la que nos han abocado largos años de intervencionismo y de expansión monetaria, no serán suficientes las voces que responsabilicen de la depresión que se nos viene encima a las baterías de medidas impulsadas por los principales gobiernos del mundo.

Es cierto, como ha recordado Jose María Marco recientemente, que "la libertad económica ha sido rara en la historia de la humanidad y siempre, desde que existe, se le han buscado recambios". Esa constatación debe servir para redoblar los esfuerzos para defenderla por su propio mérito y como parte indisociable de la libertad de los seres humanos. Aun con todo, para evitar el desastre debe informarse al gran público de quiénes se benefician de los recortes de la libertad. Al mismo tiempo, las etiquetas adormecedoras que reparte la propaganda del nuevo movimiento neosocialista quedarán descubiertas como máscaras grotescas de un baile de disfraces.

De ahí la importancia de desenmascarar a los impostores, a los que se pliegan a su papel de gerentes de corporaciones afines al Gobierno y a los administradores de bancos que medran con las decisiones discrecionales del poder político, en lugar de centrarse en su imprescindible función de mediación financiera. No es por casualidad que muchas de las coartadas intelectuales de este exacerbado intervencionismo procedan de medios de comunicación privilegiados por el Gobierno.

Se ha llegado muy lejos en las falacias contra el liberalismo y el libre mercado. Prebostes políticos que han contribuido durante largos periodos a laminar su funcionamiento, se permiten responsabilizar de todos los males presentes a un inexistente libre mercado. Como si este estado de cosas no fuera consecuencia de las interferencias coactivas en las decisiones de millones de individuos. En el clímax del dislate, y dentro de lo que parece la contribución cañí a un programa de largo alcance, los iluminados locales proponen implantar en el mundo un corporativismo culminado por un Gobierno único mundial.

¿No es esto fascismo pasado por la túrmix?

Contra la solidaridad interterritorial

Sin embargo, el sudoku carece de solución posible y, además, incumple de forma manifiesta los objetivos que, presuntamente, persigue.

El incremento poblacional de los últimos años, debido en gran medida a la llegada masiva de inmigrantes, y el creciente gasto público en materia sanitaria y educativa hacía acuciante la reforma del actual sistema de financiación, vigente desde 2001. No obstante, las arcas autonómicas presentan un desequilibrio entre gastos propios e ingresos algo superior al 33% de los recursos regionales, según los últimos datos de liquidación tributaria correspondientes a 2006. Es decir, la autonomía fiscal de las CCAA no cubre el coste de las competencias asumidas.

Además, tal dependencia financiera se ha visto acentuada gracias a las nuevas demandas que, una por una, han ido reclamando todas las comunidades autónomas a través de la aprobación de sus respectivas reformas estatutarias. La luz verde que otorgó Zapatero al Estatuto catalán permitió que los Gobiernos regionales se embarcaran en un peligroso juego, consistente en exigir "recursos adicionales" al Estado. Y ello, en base a toda una serie de criterios extravagantes, tales como la existencia de lenguas cooficiales, "déficit en infraestructuras", "deudas históricas", masa forestal e, incluso, "competencia desleal" porque algunas autonomías habían decidido eliminar o rebajar impuestos.

El problema es que los cálculos para determinar el nuevo reparto aún están por determinar, y la negociación se prevé difícil debido, precisamente, a las crecientes demandas económicas y los intereses contrapuestos de las distintas autonomías. Una merienda de negros que amenaza con prolongar la aprobación del nuevo modelo y que hace peligrar el consenso existente hasta ahora en esta materia. Además, salvo sorpresa, es de esperar que el sistema acabe beneficiando a las regiones socialistas en detrimento de las populares.

Sin embargo, más allá de los meros aspectos técnicos que propone Solbes, el sistema en sí adolece de un problema mucho mayor. La financiación autonómica se basa en un principio de solidaridad que, con el paso de los años, ha demostrado ser un fracaso absoluto. El Estado cuenta con la potestad de redistribuir la riqueza no sólo entre ciudadanos sino también entre territorios. Para ello, emplea toda su capacidad coactiva para robar a unos y beneficiar de forma arbitraria a otros mediante la recaudación fiscal.

En este sentido, Madrid es la comunidad autónoma que más aporta al conjunto del Estado, con una media de 12.304 millones de euros durante el periodo comprendido entre 1991 y 2005, duplicando la contribución de Cataluña (6.934 millones), segunda autonomía que más aporta al sistema de solidaridad. En concreto, cada madrileño destina al resto de Comunidades Autónomas 2.300 euros más de lo que recibe del Estado, según un estudio sobre balanzas fiscales elaborado por la Fundación BBVA.

Pese a todo, la comunidad que preside Esperanza Aguirre presenta el PIB per capita más elevado de España, junto a los territorios forales del País Vasco y Navarra. En concreto, la riqueza media de los madrileños y vascos supera en un 37% la media comunitaria (UE-27), según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por el contrario, la comunidades más beneficiadas, en teoría, en el reparto de recursos se mantienen a la cola del ranking. La pretendida solidaridad interterritorial en nada ha mejorado la economía de estas regiones. Así, Extremadura es la única comunidad autónoma que mantiene un índice inferior al 75%. Mientras, Andalucía y Castilla-La Mancha presentan un PIB por habitante por debajo de la media europea en un 18% y un 17%, respectivamente. Dichas regiones, todas ellas socialistas, están a la altura de países tan desarrollados como Estonia, Eslovenia o Eslovaquia, según Eurostat. ¡Todo un logro después de casi 30 años de solidaridad!

El actual sistema autonómico constituye, pues, uno de los ejemplos más evidentes sobre la ineficacia del Estado de Bienestar y la ilegitimidad de la Administración Pública a la hora de redistribuir de forma arbitraria los recursos fiscales procedentes de individuos y empresas. Más allá de los sudokus de Solbes, el espíritu del sistema es el que ha de ser reformado.

Recesión, ninguna novedad

De hecho, sería bueno plantearse si España no lleva ya varios años en decadencia económica; construir, por ejemplo, 800.000 viviendas en 2006 no nos hizo más ricos, sino mucho más pobres. La recesión que estamos padeciendo es sólo una consecuencia de ese despilfarro en los recursos económicos que se produjo en los últimos años. Un despertar de un sueño de abundancia y prosperidad que nunca fue real, sino una simple ilusión propiciada por la montaña de deuda que las familias y las empresas españolas han venido acumulando.

Dicho de otra manera, llevamos un lustro gastando como ricos, pero sin haber llegado a serlo. Hemos apilado cientos de miles de viviendas que creíamos un activo sólido que siempre aumentaba de valor, para descubrir que su precio dependía en última instancia de que se mantuviera una burbuja especulativa.

Sin duda, la descripción de semejante panorama abre muchas dudas sobre la conveniencia de mantener una economía de mercado: ¿Acaso la libertad de la que gozamos no nos ha abocado a esta crisis? ¿Acaso todos los agentes de la economía no se han comportado de una manera absolutamente irracional, depositando su fe en el ladrillo? Pues no. Desde luego, ésa será la conclusión a la que quieran llegar muchos intervencionistas, pero tiene poco que ver con la realidad.

Los españoles se equivocaron porque el sistema financiero los incentivó a que se equivocaran; y el sistema financiero es uno de los mercados más intervenidos, regulados y poco libres que existen. Empezando por que una autoridad central trata de orientar los tipos de interés (como si de un comité de planificación socialista se tratara) y terminando por que los bancos son unos agentes privilegiados a quienes no se aplica ni la suspensión de pagos ni el proceso de quiebra. Pero es que además, iniciada la crisis, ¿a qué hemos asistido más que a una intervención masiva y generalizada por parte del Gobierno? Difícilmente podrá culparse al libre mercado de la gravedad de una situación en la que el Estado está adquiriendo un papel preponderante, ya sea impidiendo la liberalización del mercado de trabajo, aprobando planes de estímulo económico o rescatando a empresas quebradas.

Las perspectivas para 2009 no son mucho mejores que las del 2008 que acabamos de abandonar. Especialmente, porque no parece que ninguna de las reformas que necesita la economía española vayan a implementarse; a saber, liberalizar el mercado de factores productivos y reducir los impuestos, el gasto y la deuda pública.

Nos metimos en crisis porque el sistema bancario –comandado por el Banco Central Europeo– nos arrastró a ella. Y nos perpetuaremos en la crisis porque el Gobierno camina en la dirección opuesta a la que necesitamos. Que hayamos entrado en recesión es sólo una anécdota estadística entre los problemas reales que sufre nuestra economía: unos sectores productivos completamente desequilibrados a los que el Estado les impide ajustarse.

Historia de un pequeño agricultor chino

Los números son reveladores. En 1978, el país más poblado del mundo sólo aportaba un 1,8 por ciento de la riqueza mundial. Hoy es un 6 por ciento. En estas tres décadas ha sacado de la pobreza a 200 millones de personas, la mitad de la población europea. El fenómeno de China es de tal calado, que comprender bien las razones que le permiten crecer de forma tan acelerada y sostenida es muy importante.

Por eso me ha llamado la atención un reciente artículo escrito para McKinsey Quaterly. Yasheng Huang, tras haber escudriñado lo que recogen los organismos central y regionales, observa que el gran cambio de aquella economía no lo ha operado el diseño controlado del aparato central, sino que fueron "experimentos locales con la liberalización financiera y la propiedad privada" los que allanaron la mayor parte del camino al mercado. Han sido "los derechos de propiedad y la empresarialidad privada los estímulos dominantes del alto crecimiento y los bajos niveles de pobreza".

Hay una China rural aún sumida en el comunismo, pero la historia que cuenta Huang tiene todo el sentido. El régimen ha concentrado sus esfuerzos allí donde la riqueza está más concentrada y localizada: en las ciudades, que crecen al albur del comercio internacional. El campo, orillado por el régimen, está también más a salvo de la dependencia y el intervencionismo estatal.

Cita como ejemplo Wenzhou, una provincia eminentemente rural y anegada de miseria, que inició su propio camino a la liberalización financiera en 1982, cuando introdujo instituciones tan básicas como el préstamo privado o un tipo de interés de mercado. El Gobierno local se esforzó, a su vez, por proteger la propiedad privada, dentro de lo que era posible. El resultado fue la emergencia de numerosas empresas creadas por asociaciones de pequeños agricultores que constituyeron el plancton del crecimiento chino.

Los críticos y no pocos defensores del capitalismo, como Ayn Rand, creen que los peces gordos son lo característico de una economía libre. Pero son las pequeñas contribuciones del conjunto de la sociedad, lo que constituye siempre el grueso de la aportación a la riqueza. Por eso, el desplome de unos cuantos gigantes, que muchos ven con fruición como símbolo de la definitiva caída del capitalismo, no tiene, ni de lejos, la importancia que se le achaca. El capitalismo es el sistema económico del hombre común.

La mentalidad en el desarrollo y sus consecuencias

En el anterior artículo comentamos críticamente algunos sofismas que existen en el tema del desarrollo económico, y cuál es el enfoque teórico predominante (perspectiva de la función de producción). Lo contrapusimos con un enfoque que creemos es más adecuado: poniendo al ser humano y su innata creatividad empresarial en el centro del estudio (función empresarial), y analizar las interrelaciones que se producen entre éstos (instituciones), tanto en el ámbito pacífico del mercado en forma de transacciones voluntarias, como en el ámbito coercitivo del estado, en forma de regulaciones, leyes, etc.

Cabe preguntarse qué hay detrás de esta perspectiva teórica, si hay alguna base filosófica que de alguna manera sustente estos sofismas y los fracasos con los que se han topado los superorganismos de ayuda internacionales desde la Segunda Guerra Mundial.

Detrás de este tipo de planteamientos económicos parece haber una mentalidad determinada que podríamos describir de diversas formas, todas complementarias: la pretensión del conocimiento o la fatal arrogancia (ambas expresiones de Hayek), o una especie de rebelión contra la humildad y modestia que el economista debería mostrar, especialmente en temas como el desarrollo (donde el desconocimiento sobre los órdenes que conforman las sociedades e instituciones objeto de estudio es mayor si cabe), aderezada con la creencia de que la sociedad es algo maleable que puede modificarse al gusto del planificador de turno (ingenieros sociales utópicos), donde los líderes y expertos (e.g. economistas) están en el centro de la historia pretendiendo llevarla por sus derroteros.

Estas descripciones implican el sesgo planificador de los teóricos que siguen este cliché: dado que el economista posee un conocimiento amplio sobre las circunstancias de la economía X, y la sociedad es algo maleable, éste tiene la necesidad (quizá moral) de aconsejar o exigir a los gobiernos de turno que apliquen las medidas intervencionistas que él crea convenientes para impulsar la ‘eficiencia’ del sistema y mejorar la sociedad desde arriba. Como se ve, la cuestión clave no está en las intenciones del economista: las leyes y teorías económicas no se invalidan con las buenas intenciones.

Esta mentalidad, no obstante, ha sido combatida por varios autores, entre los que figuran los economistas austriacos, y otros muy destacados como Peter Bauer, que tuvo que lidiar con los teóricos del desarrollo en una época en la que predominaba la idea de la planificación como vía de escape de la pobreza. Particularmente tuvo que enfrentarse con las ideas monstruosas de Gunnar Myrdal (Premio Nobel…), que proponía una fuerte y poderosa acción gubernamental para transformar radicalmente al hombre y a la sociedad con el fin de que estas sociedades avanzaran económicamente. Un autor más reciente es William Easterly, en concreto en sus discusiones con Jeffrey Sachs. El primero ofrece la alternativa al enfoque de los ‘expertos omniscientes’: una perspectiva evolutiva y del orden espontáneo, la que quiere y busca que el cambio se produzca gradualmente y desde abajo, cambiando primero las bases, no al revés; confiando en los "buscadores" de oportunidades (searchers) y no en los planificadores (planners).

Encontrando paralelismos quizá algo rebuscados, ésta es también la perspectiva de la intrahistoria de la que habló Miguel de Unamuno:

Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de los millones de hombres sin historia que a todas horas del día y en todos los países del globo se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor cotidiana y eterna, esa labor que… echa las bases sobre la que se alzan los islotes de la historia… Sobre la inmensa humanidad silenciosa se levantan los que meten bulla en la historia… Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua… es la sustancia del progreso.

 Y ejemplifica su preciosa narrativa: "No fue la Restauración de 1875 la que reanudó la historia de España; fueron los millones de hombres que siguieron haciendo lo mismo que antes".

Este enfoque, ya sea expuesto y defendido por los economistas austriacos, por Bauer, Easterly o Unamuno, es el que considero más adecuado no sólo para estudiar los fenómenos del desarrollo económico, sino también para ayudar eficazmente a los países más pobres, para que millones de personas puedan salir de la miseria más absoluta. Y fruto de esta mentalidad han surgido proyectos muy interesantes para ayudar a salir adelante a emprendedores de países en los que ejercer la función empresarial es harto dificultoso, así como tratar de ayudar a familias a nivel muy local. Unos ejemplos: GlobalGiving, KIVA, KickStart o The Ember Kenya Grandparents Empowerment Project, amén de proyectos de cooperación que existen al margen de la corrupción y el bombo de organismos burocráticos y ONG’s: proyectos de individuos anónimos de países prósperos que deciden dar un giro copernicano a sus vidas y dedicarse a trabajar para gentes de los países más pobres.

Desde el mundo rico se puede hacer bastante para ayudar a los más desfavorecidos en el mundo, aunque los determinantes del desarrollo deban nacer desde dentro y sin los cambios internos éste sea algo improbable. El camino a seguir, sin embargo, no parece consistir en continuar la senda anterior y aumentar la ayuda externa, sino en apoyar el espíritu empresarial de los más pobres a nivel local para que éste pueda florecer, ayudando a los propios emprendedores y tratando de conseguir que los gobiernos de sus países les dejen libres y garanticen cierta seguridad, y los gobiernos de los nuestros abandonen políticas que no hacen más que perjudicar a los más pobres del mundo, aquellos a los que dicen ayudar (con nuestro dinero).

Globalsocialismo: la gran amenaza del Estado mundial

Del Estado-nación al Estado-global ¿Es factible? Por increíble que parezca ya hay propuestas serias sobre la mesa. En la actualidad, se aboga sin tapujos por la configuración de un organismo supranacional que, dotado de las herramientas coactivas básicas propias del Estado, logre imponer la utopía que ansía todo ente político. La implantación de un Gobierno mundial. El globalsocialismo toma forma.

La eterna lucha entre el individuo y el Estado (entiéndase éste por poder político) parece estar dando un nuevo giro de consecuencias imprevisibles. Durante los últimos meses, los dirigentes políticos y las instancias internacionales insisten en la necesidad de reformar el sistema financiero global, con la excusa de combatir una crisis económica que, curiosamente, ellos mismos han creado. La gran mayoría apuesta por incrementar la regulación existente. Es decir, por fortalecer aún más el papel del Estado en la economía.

Dicha iniciativa comienza a materializarse en propuestas de diversa índole que, sólo de imaginarlas, deberían desatar el terror entre los defensores de la propiedad privada y la libertad individual. Y es que la propuesta de un Gobierno mundial comienza a tomar cuerpo entre las elites políticas de nuestro tiempo, para desgracia y sorpresa de los fundadores del liberalismo.

Si la ONU, el Banco Mundial, el FMI e incluso la UE han sido objetivos frecuentes de nuestras críticas por su denigrante labor al frente de los asuntos de su competencia, imagínense por un momento la instauración de un todopoderoso aparato estatal a nivel mundial. Un auténtico monopolio en el ejercicio de la coacción política que, además, carezca de control alguno por parte de los ciudadanos de este planeta.

¿Imposible? Esto es, precisamente, lo que acaba de proponer de una forma más o menos articulada la nueva Fundación Ideas, perteneciente al PSOE y presidida por el ex ministro de Trabajo Jesús Caldera. El primer documento elaborado por esta institución aboga por crear, a nivel global, los tres pilares básicos sobre los que se sustenta el poder del Estado-nación: el control de los movimientos migratorios, la gestión y recaudación de tributos y la emisión de dinero.

Bajo el título Nuevas ideas para mejorar el funcionamiento de los mercados financieros y la economía mundial, la citada fundación propone eliminar todo atisbo de paraíso fiscal antes de 2015. Desde 2001, la OCDE y el FMI han impuesto a estos refugios duras regulaciones bajo la amenaza de sanciones para que abran sus cuentas a los inspectores de Hacienda de los países desarrollados. No es de extrañar si se tiene en cuenta que estos paraísos concentran casi una cuarta parte de la riqueza mundial.

Sin embargo, la fundación de Caldera, en cuyas filas militan economistas de primera línea, va mucho más allá:”A partir de 2015, los paraísos fiscales quedarían completamente prohibidos, y los Estados que los mantuvieran serían excluidos de todos los organismos financieros internacionales”. Para ello, “a nivel de la UE, se podría aprobar una Directiva sobre intercambio de información bancaria, suprimiendo el secreto bancario y estableciendo medidas severas de aislamiento financiero para los Estados que no quieran colaborar”.

Además, los distintos países deberían eliminar “el reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil; prohibir que las entidades bancarias tengan filiales o sucursales en dichos territorios; y establecer penas agravadas cuando el fraude fiscal se produzca a través de la utilización de paraísos fiscales”. Por el momento, la OCDE ya trabaja en la elaboración de una lista negra de paraísos fiscales en la que se pretende incluir a Suiza en 2009.

La citada fundación también plantea crear un Fondo Monetario Global (FMG) con más competencias que el actual FMI. En concreto, este nuevo organismo “supervisaría el comportamiento de las entidades regulatorias nacionales”, así como a las entidades financieras que superen un determinado tamaño. Además, el FMG “tendría capacidad para proponer medidas de coordinación cambiaria entre las monedas más importantes del mundo”, y se encargaría de regular a las agencias de rating, que “deberían ser públicas, independientes y globales”.

No contentos con eso, los socialistas proponen crear un “Tesoro Europeo” que permita “respuestas coordinadas ante crisis sistémicas y estímulos presupuestarios para proyectos paneuropeos”. Para ello, dicho organismo tendría que financiarse con nuevos “recursos propios” como, por ejemplo, “impuestos de sociedades comunes para las empresas de dimensión europea; el IVA armonizado o impuestos a la contaminación ambiental”. De hecho, incluso, podría emitir “deuda propia”. Una opción que ya está siendo barajada por los principales líderes de la UE.

En esta misma línea, estos supuestos expertos apoyan el nacimiento de un “Supervisor Financiero Europeo” y “aumentar la coordinación mundial entre Bancos Centrales”. Es decir, un nuevo Banco Central Mundial. Por último, estos ladrones instan a los gobiernos del mundo a establecer “suelos impositivos” a nivel mundial.

En concreto, “niveles mínimos comunes de impuestos sobre sociedades y ganancias de capital que eviten la competencia a la baja (de tributos) y garanticen niveles suficientes de recaudación (fiscal)”. Y ello, con el loable fin de “generar expansiones del gasto público mundial” frente a la crisis.

Para terminar de cerrar este círculo ideado al más puro estilo totalitario y fascista, la fundación del PSOE aboga, ni más ni menos, que por una “Organización Mundial de las Migraciones, con el propósito de ordenar y coordinar los movimientos de las personas, en su calidad de trabajadores de un mercado global”.

Todo ello daría como resultado una “gobernanza global” a medida de los políticos para controlar las “finanzas globales”. Dicho de otro modo, las elites que nos gobiernan desean fervientemente la creación de un Estado mundial para tutelar a su antojo y despótico arbitrio la globalización económica que, durante los últimos años, tantos beneficios ha propiciado a los individuos. El nuevo proyecto globalsocialista ya está en marcha… ¡Para echarse a temblar!

Después de Su Majestad

Es que, Majestad, resulta que no todos somos políticos, ni embajadores en Nueva York de cualquier territorio de la catetada autonómica. Ni siquiera directores de cine, o sea que lo de tirar del carro lo tenemos asumido desde que comenzamos a pagar impuestos con dieciséis años, hace ya unos cuantos.

Pero es que además, resulta que el carro nos ha pasado por encima, nos ha triturado todos los huesos y, en muchos casos, ha aplastado nuestra principal fuente de supervivencia, por lo que lo de invitarnos a ponernos de pie y uncirnos a las varas como bueyes resulta francamente, perdón, molesto.

Los que tienen que tirar del carro son los que lo han despeñado, puliéndose de paso todo el dinero que los ciudadanos hemos aportado todos estos años para que no se saliera del camino. Ellos, los políticos principalmente, pero también el resto de manos muertas que suponen una losa implacable sobre nuestra economía, son los que tienen que hacerse cargo de los desperfectos y apretarse el cinturón, aunque sólo sea por esta vez. No sus víctimas, que ya bastante tenemos con haber visto las ruedas pasarnos por encima.

El autónomo que el próximo miércoles, día 31, va a cerrar su negocio, o el trabajador con veinte años de experiencia que se ha quedado en el paro, no tienen por qué tener, además, complejo de culpa por no tirar del carro lo suficiente. Sobre todo cuando están viendo que el dinero de sus impuestos se desvanece en rescates financieros de malos empresarios o bajadas de impuestos a los banqueros y sus familiares hasta segundo grado, que son precisamente los mismos que les niegan el crédito con el que poder subsistir en esta situación y salvar sus negocios, su vivienda o su empleo. Este es el hecho que debiera haber suscitado una paternal amonestación del jefe del Estado, en lugar de su apelación a un esfuerzo que la gente no puede aportar ya, sencillamente porque no les queda nada con qué financiarlo.

Hay una sencilla prueba para conocer si una propuesta va a ser mala para los contribuyentes, y es observar la reacción de los políticos. Si todos aplauden, ya puede usted ir preparando el bolsillo. El PP, además de aplaudir con las orejas, está a favor de que los demás tiremos del carro al que va subida la clase política "un ciento uno por ciento". Encima horteras. Es que se le quitan a uno las ganas de tirar, oiga.

Embarazoso condón

Nunca hasta ahora la citada entidad y sus hermanas (CEDRO, AISGE, Promusicae…) habían actuado con tanta prepotencia, ya que tampoco nunca habían gozado de mayor protección del poder político.

José Luis Rodríguez Zapatero, Carmen Calvo (antes), Cesar Antonio Molina (ahora) y la práctica totalidad de los miembros de los Gabinetes presididos por ZP –con la excepción de un Montilla que cuando estuvo en Industria optó por no tragar del todo con las pretensiones de Bautista y amigos en cuanto al canon digital– han destacado por su defensa de los intereses de la Nomenklatura de la llamada propiedad intelectual. Desde que el vallisoletano con aires de leonés accedió a la presidencia del Gobierno, el Ejecutivo ha hecho suya la causa de la fiera defensa de los denominados derechos de autor, incluso a costa de la cartera y libertades de los ciudadanos.

Tan sólo hay una excepción, un caso en el que los derechos de un autor no parecen importarle al Ejecutivo. No es otro que el del rapero Nach, que ha denunciado que la canción de la campaña Sólo con koko, sólo con condón es un plagio de su rap Efectos Vocales. No vamos a entrar aquí en si dicho plagio existe o no, pero la verdad es que la pieza de Sanidad tiene partes que se parecen de manera sorprendente a algunos versos del cantante en cuestión. Tampoco voy a valorar la publicidad institucional en cuestión (en realidad es más que dudoso que algo así consiga que haya más jóvenes que usen preservativos o que, como pretenden otros, fomente que los adolescentes practiquen más sexo), tan sólo me interesa reseñar la situación irónica con respecto a la propiedad intelectual.

Pudiera ser, tal vez, que cuando la supuesta propiedad intelectual (que, como sabrán los lectores habituales de esta columna, aquí consideramos una ficción injustificada que atenta contra la verdadera propiedad privada) no pertenece a alguien que apoya a ZP, no merece la pena ser tenida en cuenta. Para rematar, el Gobierno no responde y la agencia contratada para la campaña habla de los límites de los derechos de autor. Pese a todo, el Ejecutivo sigue amenazando con leyes "impopulares" destinadas a contentar a la SGAE y cia. No sabemos si en el Consejo de Ministros coronan rollos con bombo o no, pero su defensa de "los autores" ha quedado en una situación embarazosa. Deberían haberse aplicado ese cuento de "sólo con koko, sólo con condón" (el de la honestidad).

Los precios tienen que ajustarse

Según LHA, mis ataques estaban infundados porque el mayor peligro al que nos enfrentamos hoy no es la inflación a la que podría dar lugar la rebaja de tipos, sino la deflación que se está desatando en la economía. Asegura, además, que la experiencia histórica ha demostrado que cuando no se han bajado tipos con rapidez ante una contracción crediticia, el resultado ha sido devastador.

Sin embargo, mi argumento contra las bajadas de tipos de interés que está acometiendo Bernanke no pasa, como parece sugerir LHA, por que eleven el IPC, sino porque son inútiles y, si no lo fueran, serían contraproducentes. Efectivamente, como bien apunta mi colega, el riesgo ahora mismo no es la inflación, sino la deflación (algo que, por otro lado, ya sabían los lectores de Libertad Digital, como mínimo, desde mayo). Durante años, los bancos, instigados por Greenspan y Trichet, acometieron una enorme expansión crediticia endeudándose a corto e invirtiendo a largo. Dicho de otra manera, adquirieron con un gran apalancamiento activos con un valor cada vez más inflado.

Pero cuando los precios de las viviendas y de otros activos comenzaron a caer a mediados de 2007, los agentes económicos se vieron forzados a reducir su endeudamiento. Si yo me hipoteco esperando que el precio de un inmueble suba y, por el contrario, cae, intentaré amortizar mi deuda antes de que sea demasiado tarde. Ése es el proceso deflacionario en el que estamos ahora: todos los agentes quieren reducir su deuda y para ello liquidan sus activos. Y cuando todo el mundo quiere vender algo, su precio se hunde (deflación). Por si fuera poco, si el valor de estos activos se reduce, el valor real de mis deudas se dispara, lo que me puede abocar a la quiebra. Esto es lo que les sucede a los bancos: hasta 2006 se habían apalancado 30 veces sobre su capital y ahora el precio de sus activos se desinfla, con lo que se vuelven incapaces de hacer frente a su enorme deuda.

La receta monetarista pasa por evitar que el precio de los activos siga cayendo. Al fin y al cabo, si su precio subiera, los agentes económicos (como los bancos) no tendrían que reducir su endeudamiento, dejarían de liquidar los activos en masa y el crédito seguiría fluyendo con normalidad hacia la economía. Y una manera –dicen– de evitar que caigan los precios de los activos es abaratando el crédito tanto como sea suficiente para estimular a los bancos a que vuelvan a adquirirlos.

El problema, como digo, es que esta receta sólo puede ser estéril o contraproducente. Los monetaristas –desde Fisher a Friedman– tienen, a mi juicio, una visión muy mecanicista y reduccionista de las relaciones económicas. Para ellos, una rebaja de tipos siempre implica un aumento del crédito, esto es, suponen que en cualquier circunstancia siempre habrá unos agentes económicos dispuestos a prestar y otros dispuestos a endeudarse.

Pero en la coyuntura actual, todo el mundo está tratando de reducir se deuda a marchas forzadas, así que lo prudente no pasa por volver a apalancarse, por mucho que se abarate el crédito. Los bancos, ahora mismo, están limitando al máximo el crédito, porque apenas tienen capital para asumir nuevos impagos futuros. Por mucho que Bernanke ponga los tipos al 0%, no conseguirá ni que los bancos vuelvan a prestar ni que las familias o las empresas vuelvan a endeudarse.

Pero, ¿y si lo consiguiera? ¿No vale la pena intentarlo por si acaso? Pues no. Los precios de los activos tienen que caer a menos que queramos tener una economía moribunda y esclerotizada. Tomemos el caso de España. Las viviendas subieron tanto de precio que en 2006 era rentable construir 800.000 inmuebles anuales. Si su precio no sufre una corrección importante, la economía española seguiría produciendo 800.000 inmuebles más año tras año. ¿Acaso los españoles necesitamos ocho millones de viviendas adicionales por década? Claramente no, sobre todo teniendo el mayor déficit exterior del mundo (dicho de otra manera, si seguimos construyendo viviendas no podremos mantener nuestro nivel de vida actual). ¿Por qué subieron tanto de precio las viviendas? Porque el Banco Central Europeo estimuló una expansión crediticia en toda la zona del euro que afluyó hacia el ladrillo español y disparó sus precios muy por encima de sus fundamentales. Ahora es imprescindible que esos precios caigan para que la construcción pierda peso y lo ganen otras industrias con las que saldar nuestro déficit exterior.

Por tanto, si la política monetaria expansiva de Bernanke (o de Trichet, si le siguiera el juego) lograran evitar los ajustes de precios en los activos (como la vivienda), la estructura productiva actual, claramente insostenible, no se readaptaría para servir a las necesidades de los consumidores.

LHA alude a los casos de Japón en los 90 y de Estados Unidos en los 30 para demostrar que las políticas monetarias contractivas son catastróficas. Sin embargo, a mí me parece que reafirman mis argumentos.

A partir de enero de 1990, la bolsa de Japón comenzó a desinflarse desde su máximo de 38.922 puntos. Es cierto que durante los primeros meses, el Banco de Japón subió los tipos hasta el 6%, pero a partir de agosto de ese año los empezó a bajar de manera continuada hasta que en 1995 llegaron al 0,5%. Desde entonces, los tipos nunca han superado el 0,75%, pero esto no ha logrado que la bolsa (ni el crecimiento económico de Japón) volviera a repuntar. Hoy el Nikkei sigue estancado en torno a los 8.600 puntos. Por tanto, la bajada de tipos ha sido del todo inútil.

Ahora bien, como digo, la reducción de tipos también puede ser contraproducente. A principios de los años 20, Estados Unidos sufrió la mayor deflación de su historia. En junio de 1921, el IPC cayó un 15% en su tasa interanual (en ningún período anual de la Gran Depresión se produjo una caída tan acusada). La enérgica respuesta, sin embargo, del secretario del Tesoro, Andrew Mellon, permitió que apenas en 1922 ya se hubiese superado la crisis. ¿Qué hizo Mellon? En un año redujo los impuestos, el gasto público, la deuda pública y el número de funcionarios a la mitad. La política monetaria jugó un papel menor durante esta crisis, ya que las operaciones de mercado abierto todavía no se habían desarrollado.

Durante los años siguientes (especialmente en 1924 y 1927), sin embargo, el gobernador de la Reserva Federal de Nueva York, Benjamin Strong, (al que Friedman tanto alaba en su Historia Monetaria de Estados Unidos y en su Libertad de Elegir) sí acometió una gran expansión del crédito, lo que condujo a Estados Unidos a la crisis bursátil y bancaria de 1929-1931. Por tanto, aquí tenemos un ejemplo de políticas monetarias expansivas efectivas pero contraproducentes. Por cierto, al contrario de lo que afirma LHA, no fue la deflación lo que nos condujo a la Segunda Guerra Mundial sino, al menos en materia económica, la planificación estatal y la destrucción del comercio internacional que se inició en 1930 con la aprobación del arancel Smoot-Hawley; como digo, la deflación de 1920-1921 fue más profunda y no dio lugar ni a quince años de depresión ni a ninguna guerra. No conviene restringir la historia económica a las interpretaciones que hizo Milton Friedman –por sugerentes que puedan ser–; otros autores, como Benjamin Anderson o Melchior Palyi, de hecho, proporcionan una imagen mucho más fidedigna de lo que sucedió en la Gran Depresión.

El artículo de LHA toca muchos otros palos que me gustaría comentar, pero esto haría mi respuesta excesivamente larga. Simplemente, quiero matizar dos puntos. El primero, es que no puede decirse que Hayek fuera un gran pensador que, no obstante, dejó desatendida la macroeconomía. De hecho, casi toda la obra económica de Hayek (Teoría Monetaria y el Ciclo Económico, Precios y Producción y La Teoría Pura del Capital) y por la que le dieron el Nobel versa sobre la macroeconomía (cómo las expansiones crediticias distorsionan la estructura de capital de la sociedad al no estar financiadas con cargo a ahorro real y esto genera el ciclo económico).

El segundo, es que me parece una visión parcial sostener, en la línea de Eichengreen y otros, que los países que abandonaron antes el patrón oro durante la Gran Depresión también iniciaron su recuperación más pronto. Desde luego, las naciones más endeudadas (como Inglaterra) experimentaron un alivio financiero al impagar sus deudas en oro, pero sólo a costa de arruinar a sus acreedores (como Francia o Alemania). Esto es, los países que abandonaron el oro medraron finiquitando el comercio internacional y agravando la crisis. No creo que sea una actitud digna de encomio; sería como decir que las familias estadounidenses que han impagado sus hipotecas subprime mejoraron su condición financiera antes que las que siguieron pagando religiosamente a los bancos o que Brasil hizo muy bien devaluando el real en 1998. Pero aquí no estamos ponderando ni el daño que los deudores subprime causaron a los bancos estadounidenses ni el que Brasil infligió a Argentina.

En definitiva, en un período de liquidación masiva de activos, bajar tipos no sirve de nada, porque los deudores insolventes no volverán a pedir prestado hasta que se desapalanquen; pero aun cuando el crédito volviera a fluir, sólo retrasaría el ajuste de precios relativos que es imprescindible en estos momentos para dar nuevos bríos a la economía (ni España ni Estados Unidos necesitan millones de viviendas nuevas cada año). En la actualidad sólo estamos pagando los excesos de la borrachera de crédito anterior, la crisis es inevitable y sólo puede aliviarse de una manera: liberalizando la economía y reduciendo el gasto públicos y los impuestos. La política monetaria no servirá para nada bueno.

Azpeitia y el camino de servidumbre

En una sociedad que se puede decir está ya transitando el "camino de servidumbre" al totalitarismo, se pueden aplicar las refinadas reflexiones de Hayek y, especialmente, cuando se observa cómo dentro del nacionalismo "la disposición para realizar actos perversos se convierte en un camino para el ascenso y el poder… no deben tener ideales propios a cuya realización aspiren, ni ideas acerca del bien o del mal que puedan interferir con las intenciones del líder".

Hoy en día, en la España de comienzos del siglo XXI, es prácticamente nula la protección de los derechos de los ciudadanos en muchas regiones. Así podemos observar cómo, en vez de aplicarse el Estado de Derecho y las instituciones, en vez de operar con toda contundencia política, policial y judicial contra los amorales actos administrativos nacionalistas o contra las amenazas, extorsiones, secuestros y asesinatos del entorno nacional-socialista, nuestra casta de políticos prefiere seguir un lento proceso de rendición (negociación), sin percatarse que así se solucionaría en falso el problema debido al espíritu expansivo e insaciable del nacionalismo.

Si la actual inacción política se sostiene en el tiempo, nuestra democracia quedará herida de muerte y tan débil ante los terroristas que su chantaje a las personas de bien se producirá a perpetuidad. Por ello, es esencial aplicar el Estado de Derecho, pues sería un grave error ceder ante la presión terrorista, ya que significaría pagar un precio político a la violencia, mostrando una peligrosa hoja de ruta a las ideologías extremistas.

Más de 250.000 personas del País Vasco han huido hacia otras regiones de España para poder vivir sin estar permanentemente amenazados. Pero muchos otros ciudadanos soportan a diario la presión nacional-socialista, aprietan los dientes, luchan y resisten sobre el terreno. La violencia de los independentistas nacionalistas es implacable con ellos y se ejerce tanto en forma de actos administrativos de mandatarios intervencionistas como en actos terroristas contra sus negocios, familias y vidas.

Visto desde la distancia nos olvidamos de que el miedo y las sospechas atenazan a la población en aquellas regiones donde arraiga el terror nacionalista en actos tan cotidianos como caminar por la calle, estudiar en el colegio o la universidad, trabajar o, simplemente, realizar la compra. Es por ello que los ciudadanos con menor fuerza moral acaban cediendo a la coerción, optan por un silencio cómplice frente al colectivo totalitario y eligen arrastrar su vida sin libertad frente a los nacionalistas. Y, al no aplicarse correctamente el Estado de Derecho y las leyes, los peores acaban apoyando impunemente los atentados terroristas y las prebendas del nacionalismo separatista.

Sin duda, Hayek es absolutamente descriptivo al analizar cómo un colectivo totalitario alcanza el poder en un municipio, en una región o en una nación:

Todo lo que se necesitaba para dar a un grupo un poder abrumador era llevar algo más lejos el mismo principio, buscar la fuerza, no en los votos seguros de masas ingentes, en ocasionales elecciones, sino en el apoyo absoluto y sin reservas de un cuerpo menor, pero perfectamente organizado. La probabilidad de imponer un régimen totalitario a un pueblo entero recae en el líder que primero reúna en derredor suyo un grupo dispuesto voluntariamente a someterse a aquella disciplina totalitaria que luego impondrá por la fuerza al resto.

Hemos tenido un ejemplo reciente en la localidad de Azpeitiacon el asesinato de Ignacio Uría, justo antes de producirse el 30 aniversario de la Constitución Española de 1978, ya que permite retratar la grave enfermedad moral que provoca el sometimiento a la violencia sostenida en el tiempo. En la cafetería a donde se dirigía para su partida habitual, el tapete siguió sobre la mesa y los jugadores que lo esperaban no suspendieron la sesión, ni siquiera quedaron compungidos y apesadumbrados, simplemente miraron hacia otro lado y buscaron otro jugador que lo sustituyese, con una frialdad que refleja la renuncia moral que aqueja a una sociedad que ha descendido a los infiernos de la servidumbre al terrorismo y al colectivo nacionalista.

La inacción del Estado central, la propaganda y el control de los medios de información, así como la presión y el desgaste moral del nacionalismo han permitido que el ayuntamiento de Azpeitia esté gobernado por ANV (Acción Nacionalista Vasca); a pesar de ser un partido político ilegalizado y disuelto por el Tribunal Supremo por su "relación de sucesión o continuación" con el entorno nacional-socialista del País Vasco y por "constituir la candidatura" del grupo de asesinos terroristas ETA (Euskadi Ta Askatasuna), de ideología nacionalista y marxista-leninista.

Hayek se preguntaba por qué los peores se colocan a la cabeza de la sociedad, cómo ascienden políticamente las gentes con los principios intelectuales y morales más bajos, cómo las personas más dóciles y crédulas, sin firmes convicciones propias, se dejan embaucar por la utopía y por el nuevo sistema de valores morales colectivistas, repetido por la propaganda totalitaria. Y nos previene contra el hábil demagogo que busca un enemigo común en el "judío", el "kulak" o el "español", para aglutinar en torno suyo el odio tribal y captar la visceralidad más primitiva del colectivo. Y acierta de pleno cuando considera que existe una "tendencia universal de la política colectivista a volverse nacionalista… al servicio de un grupo limitado,… como alguna especie de particularismo, sea nacionalismo, racismo o clasismo".

Al funeral por la víctima del terrorismo asistieron los principales líderes de esa casta política que, ante los constantes ataques de terroristas y de políticos nacionalistas, no defiende con contundencia los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley.

El silencio amoral de los ciudadanos de Azpeitia es sólo un síntoma de la grave enfermedad moral que padece nuestra sociedad. Y la renuncia moral del Gobierno y de los partidos de la oposición, con la única excepción de una diputada, retratan un régimen político corrupto que sólo piensa en medrar electoralmente, en mantener cargos y en intentar aparentar la moral y la dignidad que perdieron en el momento que dejaron de aplicarse la Constitución y las leyes que deben garantizar los derechos y la libertad de los ciudadanos no nacionalistas en muchas regiones de España.

Leer más