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Los efectos relajantes del Tute

Como siempre, a pesar de que los pistoleros asesinaron a su amigo a plena luz del día y a las puertas de un restaurante concurrido, nadie vio nada, ni las caras de los asesinos, ni la matrícula del coche en que huyeron. Nada. Todos estaban demasiado concentrados en la mano de cartas, actitud habitual cuando se oyen disparos y un amigo cae reventado a unos pocos metros de distancia. La fotografía que mostró el periódico El Mundo al día siguiente del asesinato es la perfecta radiografía de una sociedad que lleva cuarenta años jugando al tute, mientras una parte de sus vecinos va siendo asesinada meticulosamente en un ambiente de impunidad moral, que es mucho peor que la de tipo legal.

Y si alguien organiza una protesta, las ursulinas del nacionalismo llamado –vaya usted a saber por qué– democrático elaboran un documento lo suficientemente ambiguo para poder dar cabida a los argumentos de quienes dan por buena la situación, siempre que los que caigan sean "los otros". Porque no hay agallas para denunciar directamente a la ETA sin incluir oscuras referencias a la existencia de un conflicto que conviene resolver por procedimientos políticos, como si después de casi mil seres humanos asesinados a sangre fría, civiles, mujeres y niños incluidos, no hubiera quedado suficientemente claro cuál es el objetivo político de los terroristas.

Siempre la equidistancia. Como la del amigo de la víctima que al día siguiente llamó en directo a un programa de Telemadrid para decir que los de la ETA son criminales, pero Franco también (¿?) y acusar de franquista a una de las periodistas presentes en la tertulia. Esa fue la reflexión que le sugirió el cuerpo de su amigo ensangrentado por los disparos no precisamente de Franco. A esta gente les molesta la presencia de ETA, pero también la de la Guardia Civil y otras "fuerzas represoras" del Estado español. Quieren que desaparezca el terrorismo, una vez recogida la cosecha de nueces ensangrentadas, pero a cambio de hacer realidad su delirio de una Euskal Herría independiente que jamás existió. A los excarlistones burgueses del PNV parece no importarles que el proyecto político de los radicales vascos, los que empuñan las pistolas a riesgo de pasar veinte años en la cárcel, sea la creación de una república marxista-leninista. Ante todo la autodeterminación. Después ya se verá.

Con su actitud corren el riesgo de que el proceso se invierta y que un día el resto de España decida autodeterminarse de una región cuya mayoría de habitantes, por acción u omisión, apoya el proyecto soberanista de Ibarreche y Otegui. Ya han obligado a exiliarse a casi el veinte por ciento de la población, así que cada vez irá siendo más fácil tomar una decisión histórica como esa, que colmaría los deseos de los que, cuando un vecino cae reventado de un disparo a unos metros de distancia, sufren una ceguera y sordera temporales que les impide denunciar al autor.

A lo peor llega el día en que, por mayoría aplastante, el resto de España se autodetermina de "los vascos y vascas", para que disfruten de su nueva realidad nacional dirigida por pistoleros sin escrúpulos bajo los principios del marxismo-leninismo más ortodoxo. Y a seguir jugando al Tute.

Necedades sobre la libertad y el Estado

"La recesión –ya no hay duda– proviene del descontrol del sistema financiero norteamericano, que se ha desenvuelto hasta ahora en un marco de desregulación prácticamente absoluta". No afirma que él no tenga dudas, sino que no las hay, o sea que nadie las tiene, con lo cual demuestra que no sigue el debate académico con ninguna profundidad; y desconoce las abundantes regulaciones (miles de páginas) sobre un sistema cuya principal materia prima, el dinero, está nacionalizada.

"La concesión irracional de hipotecas a prestatarios insolventes que eran titulizadas y entregadas al tráfico financiero contaminó todo el sistema". ¿Y quién promovió o incluso coaccionó legalmente para que se concedieran esas hipotecas? ¿Por qué no menciona la Ley de Reinversión Comunitaria? ¿Por qué crecieron tanto las titulaciones? ¿Le suenan las regulaciones sobre capital y las reglas contables de las normas de Basilea?

Habla de un "fraude dolosamente tolerado" que "ha arruinado la confianza de los agentes económicos" y "perturbado toda la economía occidental". Si ha habido fraude y dolo, que los estafados reclamen por la vía legal, pero tendrán que demostrar que fueron engañados, lo cual quizás no sea el caso. El sistema intervencionista actual fomenta que la gente piense que el Estado está vigilando atentamente, por lo cual no hay que preocuparse demasiado. La confianza carece de bases sólidas, ya que políticos, burócratas y tecnócratas carecen del conocimiento y de los incentivos necesarios para regular de forma adecuada y respetuosa con la libertad de los ciudadanos.

Como contraste, Papell pretende que "la solvencia del sistema financiero europeo está asegurada gracias a un marco regulatorio y de supervisión estricto" y a los "Fondos de Garantía de Depósito". Claro, como todo iba bien en Europa aquí no hay habido ninguna intervención pública a favor de los bancos, ¿verdad? ¿Y sabrá este hombre lo que significa el riesgo moral que generan las garantías estatales o es que cree que no es relevante en este ámbito?

"Tal libertinaje financiero ha sido, en parte, consecuencia de las políticas neocon, proclives al total descontrol de los mercados, que por sí solos serían capaces supuestamente de autorregularse y de generar una gran riqueza, conforme a la exacerbación de la teoría clásica de la mano invisible". Un viejo truco: cuando quieras denigrar la libertad, llámala libertinaje. Papell menciona el total descontrol de los mercados como si fuera algo que hubiera ocurrido realmente, lo cual es patentemente falso; y además insinúa que los mercados libres no se autorregulan, lo cual indica que desconoce por completo qué significan el derecho de propiedad y los contratos como generadores de normas y cómo surgen de forma espontánea órdenes emergentes.

Está tan despistado que asegura que la derecha neoconservadora ha propiciado el "deslizamiento hacia el Estado mínimo en política interna". Esto es como afirmar que quien por casualidad rema hacia el oeste en una barca en el Retiro se está deslizando hacia Nueva York (los minarquistas deben de estar a punto de ver cumplidos sus ideales o carcajeándose por las esquinas ante comentarios tan ridículos).

Su crítica a los neocons es tan pobre que se limita a asegurar que eran mentirosos, fanáticos y obcecados. Bush caca, Obama bueno. "La responsabilidad del caos pertenece al modelo de capitalismo desreglamentado y basado exclusivamente en la tecnología y el espíritu empresarial que implementó Bush, desterrando no sólo por completo las viejas ideas del pacto social –el New Deal– de Roosevelt sino también los avances teóricos de Galbraith, admirador del británico Keynes". También recomienda a Stiglitz, sólo le falta Krugman para tener a todos los necios liberticidas juntos.

En realidad Bush ha hecho crecer tanto el Estado que el Partido Republicano da vergüenza ajena cuando afirma que defiende el Gobierno limitado. Ojalá la retórica de Bush se hubiera correspondido con su acción política real, pero la ideología del New Deal y el keynesianismo han estado desgraciadamente muy vivas todo este tiempo, no han resucitado ahora de repente.

"Ocioso es decir que Obama representa la racionalidad política en la gestión de la espontaneidad económica". Quizás se refiera al ocio como entretenimiento, ficción y esas cosillas; con unos toques de grandilocuencia porque "no será una revolución pero sí la supeditación de la economía al humanismo y a la política". La economía, esa ciencia o actividad inhumana… El colectivismo de la política, siempre por encima de la libertad individual.

Para Papell ha fracasado "el modelo ultraliberal" y "la experiencia acumulada en esta adversa coyuntura provocará un saludable movimiento pendular que centrará el liberalismo": para los fóbicos a la libertad, cualquier cosa que se le parezca de lejos es "ultra". Ellos son los moderados, los que por un lado reconocen sin sonrojarse que "son sobre todo los individuos libres los forjadores de su propio destino" pero que rápidamente lo estropean defendiendo vacuidades ridículas como que "el Estado debe ejercer un ineludible papel civilizador". Han leído bien, pero esto no es todo, porque insiste en la "reconstrucción de la idea del Estado como depurado y sutil instrumento civilizador que resume el concepto de lo público como construcción racional colectiva que estimula y derrama lubricante sobre las circulaciones sociales". El Estado no sólo civiliza, sino que además es sutil y depurado y demás boberías solemnes. Se queda uno pasmado ante esta filosofía política.

Parece que se trata de garantizar "sólidos servicios públicos", "igualdad de oportunidades" y "marcos regulatorios y supervisores en aquellas actividades que los requieren porque de su buen funcionamiento depende el bienestar colectivo". Con mencionar la igualdad, el bien común y el servicio público, se pretende superioridad moral, se aparenta sensatez: todo queda justificado y no hace falta analizar en profundidad qué hay detrás de tanta palabrería y demagogia.

Al menos no pretende llegar al socialismo total: "no se trata, es obvio, de suplantar al mercado ni de hacer al Estado protagonista de la iniciativa económica". ¿Cómo que es obvio? Para muchos socialdemócratas no lo es; pero aquí hay tal cacao de ideas que se pretende que la socialdemocracia y la democracia liberal son prácticamente la misma cosa. "Mercado, hasta donde sea posible; Estado, hasta donde sea necesario": lástima que Papell no sea especialmente hábil, ni en la teoría ni en la historia, al analizar las posibilidades del mercado y la necesidad del Estado.

La naturaleza humana

Los seres humanos son seres vivos, agentes autónomos autopoyéticos, resultado de la evolución biológica (genética) y cultural (memética): son criaturas de dos replicantes, los genes y los memes. El ser humano es un animal sensible, emocional, racional, social y cultural, con un ciclo vital: nace, se desarrolla, se reproduce eventualmente y muere.

El ser humano controla su propia conducta como un sistema cibernético complejo, procesando información mediante ciclos de realimentación de percepción, pensamiento y acción: percibe mediante sus sentidos y actúa a escala macroscópica mediante diversos efectores (especialmente las manos y el aparato fonador) dirigidos por el sistema nervioso mediante programas de diversos tipos: reacciones automáticas, hábitos repetitivos y acciones intencionales.

El ser humano necesita un entorno o hábitat adecuado (condiciones ambientales en ciertos rangos), y debe protegerse de las agresiones y alimentarse para mantenerse, crecer y reproducirse. La capacidad de acción humana le permite modificar su entorno (la materia inerte y otros seres vivos) para adecuarlo a sus necesidades y preferencias.

La reproducción humana es sexual (macho y hembra con diferencias psicológicas y fisiológicas por sus distintas estrategias reproductivas) y familiar (progenitores e hijos): las crías nacen desvalidas (altriciales) y necesitan muchos cuidados hasta alcanzar la madurez.

Los humanos son hipersociales, suelen vivir en grupos (familia, tribu, sociedad extensa) que incrementan su capacidad de acción (la unión hace la fuerza, especialmente en la caza y la guerra), disminuyen los riesgos debidos a la variabilidad de las circunstancias individuales (ayuda mutua), y permiten la especialización, la división del trabajo y el intercambio.

La capacidad cognitiva (percepción, memoria, imaginación y racionalidad limitadas y falibles, parciales, locales) permite al individuo captar, sistematizar y utilizar información y conocimiento sobre la realidad. La voluntad y las emociones guían su conducta y establecen sus preferencias (sensaciones, afectividad, empatía, sentimientos, moralidad). Los afectos y los sentimientos morales (emociones innatas referidas fundamentalmente a otras personas) son especialmente importantes para la convivencia en sociedad, la cual requiere voluntad de integración (amor, deseo de pertenencia) y normas orientadoras del comportamiento. La capacidad emocional es limitada y parcial: se suele querer más a los más próximos.

La mente es la descripción funcional, abstracta y de alto nivel de la actividad computacional de bajo nivel del cerebro, su sustrato físico, que opera como procesador de información y coordinador de la conducta. La mente humana no es algo homogéneo, indivisible o de esencia inmutable: es una sociedad dinámica resultado de múltiples asociaciones complejas de una gran cantidad de agentes especializados, mecanismos o procesos más simples y menos inteligentes, operando en serie y en paralelo, interactuando de forma coordinada, a diferentes niveles de una estructura muy compleja. Su actuación conjunta da origen a las propiedades abstractas emergentes de la inteligencia.

La mente humana utiliza datos observacionales y modelos representativos de la realidad para intentar predecir el curso de los acontecimientos que pueden afectar al individuo y para explorar las consecuencias previsibles de diversas conductas alternativas (reflexión, simulación virtual antes de la acción real).

El ser humano es autoconsciente: se representa a sí mismo de forma reflexiva en su modelo de la realidad y puede observar parte de su propia actividad mental. La consciencia es una importante pero pequeña parte integradora, supervisora y narradora de la sociedad de la mente, mayoritariamente inconsciente.

La mente humana posee muchas habilidades y tendencias instintivas innatas (elementos más estables, rígidos y universales). El ser humano también puede aprender (por experiencia propia o por observación o comunicación con otros); tiene una especial capacidad de imitación que permite la difusión de cultura (contenidos mentales más variables y plásticos); tiene curiosidad y puede innovar y ser creativo (recombinar elementos preexistentes e imaginar nuevos fines y medios); puede automatizar conductas desarrollando hábitos individuales y sociales (rutinas, instituciones).

Las entidades del entorno más importantes para un ser humano son los demás seres humanos (por oportunidades de beneficio o riesgo de daños). La psicología intuitiva y la habilidad lingüística permiten la interacción social coordinada (cooperación y competencia). Cada ser humano cognitivamente competente posee una psicología intuitiva o teoría instintiva de la mente que le permite entender formalmente a otros seres humanos como agentes intencionales con deseos, propósitos y personalidades peculiares. Los seres humanos se comunican mediante lenguaje gestual y verbal; el lenguaje sirve como herramienta de manipulación y como medio de transmisión y almacenamiento de información.

El ser humano actúa como agente intencional (planifica, es proactivo y no sólo reactivo) para conseguir fines subjetivamente valorados utilizando medios escasos (decide, elige, asume costes, optimiza, economiza para obtener más por menos), con posibilidad de error y consecuencias no previstas o no deseadas, y en situaciones de riesgo e incertidumbre. Un agente intencional diseña mentalmente un plan de actuación basado en sus deseos y su conocimiento de la realidad (relación entre estados del mundo y operaciones sobre la realidad); el plan es una estructura de acciones intermedias a partir de un estado inicial cuya ejecución conduce a un estado final futuro deseado; los medios utilizados son bienes naturales, bienes de capital (herramientas previamente producidas), el tiempo y la propia capacidad de trabajo del ser humano. La capacidad de acción humana se incrementa si dispone de más y mejores herramientas (acumulación de capital) y conocimiento acerca de la realidad (tanto generalidades teóricas como concreciones empíricas).

Los seres humanos pueden apropiarse de forma exclusiva de ciertos bienes económicos y compartir otros, y pueden cooperar y competir de forma pacífica para beneficio mutuo o agredirse de forma violenta, destructiva (luchar, guerrear, robar, esclavizar, parasitar); establecen entre sí relaciones de diversos tipos (pertenencia o exclusión, solidaridad, altruismo, igualdad o desigualdad, autoridad y obediencia, dominación, intercambios voluntarios directos o indirectos). Los seres humanos pueden no sólo actuar conforme a las reglas dictadas por sus sentimientos morales íntimos: las normas sociales pueden explicitarse mediante el lenguaje, constituir tradiciones transmitidas o formalizarse en órdenes (obligaciones y prohibiciones), pactos o contratos.

Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen rasgos comunes, pero cada individuo se desarrolla históricamente de forma única e irrepetible en detalle. Cada persona tiene algunos genes y memes comunes y otros diferentes, acumula experiencias y recuerdos particulares en circunstancias diversas (condiciones iniciales y de contorno); cada ser humano tiene potencialmente diferentes capacidades, conocimientos, creencias, opiniones, gustos y preferencias (en rangos más o menos extensos o limitados), que pueden cambiar de forma dinámica (a mayor o menor velocidad).

Algunas funcionalidades instintivas de la mente humana son resultado de adaptaciones a condiciones primitivas, muy diferentes de las actuales en una sociedad extensa, donde pueden ser innecesarias, problemáticas o incluso perjudiciales. Algunos memes sobreviven porque son populares o útiles aunque no sean ciertos: algunas ideas atractivas pueden ser falacias contrarias a la supervivencia de sus portadores; también existen ideas que pueden ser utilizadas como armas para manipular o engañar a otros.

La intencionalidad y la comunicación son funciones tan importantes que sus agentes mentales responsables son hiperactivos, sistemáticamente producen explicaciones con propósitos, finalidades, sentidos, significados, a menudo en ámbitos inadecuados donde estos conceptos no son aplicables.

Los seres humanos no son ni todos completamente iguales (sin diversidad ni subjetividad) ni todos completamente diferentes (no existe la naturaleza humana). La mente humana no es una hoja en blanco completamente moldeable por el entorno social, pero no es tampoco el resultado de un programa genético rígido completamente insensible a influencias ambientales. La mente humana es compleja, no contiene únicamente un procesador universal de propósito general. El humano primitivo menos civilizado y socializado no es un buen salvaje feliz.

La consciencia no es un misterio espiritual o sobrenatural inexplicable; el ser humano no es un espíritu encarnado, con un alma inmaterial e inmortal que controla la maquinaria física del cuerpo y responsable del libre albedrío. El ser humano no está incompleto sin la divinidad. Las creencias religiosas son ficciones cognitivamente naturales y socialmente útiles (unificadoras del grupo, promotoras del altruismo), manifestaciones culturales especialmente importantes para muchas personas, resultado de la capacidad de imaginación desconectada del análisis crítico riguroso de la realidad. La trascendencia humana no está en la superstición de lo sobrenatural sino en la reproducción a través de hijos e ideas.

De sencillo a ingobernable

Wertham la definió originalmente como "el placer de sentir fantasías sádicas al ver cómo alguien es castigado una y otra vez mientras quien provoca el castigo, permanece inmune".

Entre las personas de la calle, este sentimiento sádico es anecdótico, pero entre los políticos es una auténtica epidemia. Si bien, todo hay que decirlo, no es su única enfermedad mental. Los expertos declaran que entre el 1% y 2% de la población mundial es un psicópata en potencia, pero cuando el estudio se concentra en los políticos, este índice se eleva al 5% y 10%. ¿Acaso alguien lo dudaba?

Los políticos de Cataluña han vuelto a dar testimonio de hasta qué punto les encanta destrozar la vida de las personas a las que someten con sus leyes absurdas. En medio de una crisis económica de magnitudes históricas (el paro y las quiebras empresariales crecen a ritmos jamás vistos, pulverizando el poder adquisitivo de los ciudadanos) el Tripartito ha encontrado dos problemas de solución inaplazable. Uno, que los padres adoptivos tengan la obligación de decírselo a sus hijos y dos, que las bolsas de plástico del super son peor que Hitler y, por tanto, hay que poner coto a su proliferación.

En este segundo caso, el complejo de Superman de nuestros mandatarios se ha superado a sí mismo. De momento no las prohibirán, eso ya vendrá más tarde. El Tripartito ha decidido limitar su distribución gratuita en comercios —se está hablando de un impuesto de 20 céntimos— y crear una "comisión de trabajo sobre bolsas". Prohibirlas resultaba demasiado fácil y no proporcionaba ningún rendimiento económico. Así que la solución pasa finalmente por gastar más dinero del pagador de impuestos y de paso colocar a algún que otro amigote en la susodicha comisión. Probablemente también sufraguen con miles de euros algunos informes sobre bolsas de plástico que nadie va a leer. Podemos recordar, por ejemplo, los 12.000 euros que desembolsó la Generalitat por un informe bajado de internet, los dos portales web que costaron más de 295.000 euros y no funcionaron o el dinero gastado en el estudio sobre brujos y brujas (12.000 euros), sobre la almeja brillante (casi 28.000 euros) o sobre la colocación de libros en las bibliotecas públicas de Girona (24.000 euros), entre muchos más.

Estos casos no son aislados. A diario podemos encontrar en la prensa algún tipo de abuso del Tripartito sobre sus ciudadanos. Esto nos ha de hacer reflexionar sobre algunas cosas. Por duro que les resulte a los políticos, si las cosas funcionan, no se han de complicar con leyes ni impuestos. Los gobiernos no tienen ninguna autoridad moral sobre la vida del ciudadano. Nadie va a morir por que unos padres no le digan a su hijo si es adoptado; y que grupos de presión ecologistas hayan concienciado —léase, lavado el cerebro— a algunos true believers sobre que las bolsas de plástico son peor que el uranio radiactivo, no implica que los poderosos tengan que eliminar a productores, distribuidores, empresarios y trabajadores del plástico para calmar sus conciencias y llenar sus bolsillos. Este sádico complejo de superioridad política sólo crea Estados tiránicos y perdedores netos: los ciudadanos y la economía privada. Es la gente quien ha de elegir libremente si quiere usar un cesto o una bolsa de plástico para trasladar la comida del super a su casa.

Esta solidaridad a punta de pistola es una violación a los derechos individuales del hombre. La solidaridad por ley es un absurdo que sólo da lugar a una sociedad atemorizada y a la pobreza intelectual y material. Lo único que saben hacer los políticos es convertir las cosas sencillas en auténticos problemas. Si ya en los asuntos más simples, los burócratas se comportan como verdaderos sociópatas, ¿cómo podemos esperar que nos arreglen la vida?

Al Papa que vas

Claro, eso de que vaya un político a quejarse al Papa de que haya un periodista que le critica con insistencia puede parecer un poquito fuera de lugar. Al fin y al cabo, ¿no es misión de los periodistas criticar a los políticos? ¿No le va a éstos en el cargo aguantar el chaparrón? Que la emisora es propiedad de la Conferencia Episcopal. ¿Es que es tan mala la idea que la Iglesia de amparo a un cacho de libertad de expresión?

Y, sobre todo, ¿Qué diablos le puede importar al Papa la intolerancia de Gallardón a la crítica?

Si todavía creen que el Papa tiene asuntos más importantes en que pensar que las miserias de un político de lo más mundano, es que no están en la mente de nuestro hombre. Federico Jiménez Losantos puede meterse con quien le dé la real gana. Pero es que se está metiendo ¡con él! Que se trata de él, señores, no de cualquier mindundi como los que pueblan este apretado mundo a millones. Además, si él le ha concedido su tiempo a Benedicto XVI, lo menos que puede esperarse del Santo Padre es un poco de atención. Y es obvio que, en cuanto le exponga los hechos, si es que Ratzinger tiene un mínimo de sentido de la justicia, aunque sea por ósmosis tras la audiencia, sentirá un profundo sentimiento de injusticia y actuará en consecuencia despidiendo al periodista. A la mente de Gallardón le hace falta un buen amueblado.

La traición es una tara de fábrica de los humanos, como hay otras. Judas es uno de los grandes personajes de la historia, pero no hace falta ir lejos para desgarrarnos, mucho o poco, por una lealtad quebrada. Ahora bien, en ocasiones no es necesario más de uno para que haya traición. A veces una y la misma persona es el traicionado y el traidor. Albero Ruiz Gallardón es víctima y malhechor, todo al tiempo, al haber permitido que uno de sus grandes pecados, acaso el capitán de todos los suyos, le haya llevado al ridículo. Él, que cuida como un recién enamorado, como un idólatra devoto, su propia imagen.

El pecado es la soberbia, no hará falta que se diga. Una soberbia desmedida, incontrolable y rebelde, que le aparta de su camino incluso a sus colaboradores; o a los nuestros. Una soberbia que le lleva a verse como instrumento de grandes proyectos que le granjearán el admirado y justo recuerdo de los historiadores de los siglos por venir. La soberbia le ha hecho pensar que la cabeza de la Iglesia podía tener entre sus preocupaciones sus querellas con la libertad de expresión.

Rouco Varela le ha salvado, con una piedad que el alcalde de Madrid no tiene por sí mismo, se hacer un ridículo mayúsculo, fenomenal, gallardoniano.

Preservar por la fuerza

En efecto, varias empresas de gran perfidia e inconmensurable ambición estaban conspirando a nuestras espaldas con la inconfensable intención de abusar de nosotros, de hacernos padecer tormentos sin límites, de extraernos hasta la última gota de sangre. Sólo Dios sabe qué malvados planes estaban pergeñando para ello. Pero, al final, los intrépidos vigilantes del mercado, supongo que con gran riesgo para su integridad, han conseguido impedir la alianza.

Me refiero, claro está, a Yahoo, Google y Microsoft. Estas tres empresas llevaban haciendo combinaciones y permutaciones durante todo el año para ver cómo aliarse en el proceloso mundo de internet. Los últimos intentos correspondían a Google y Yahoo, tras un primer movimiento de Microsoft. Pero todo ha sido en vano: las constantes "preocupaciones" mostradas por las autoridades de la competencia ante estos movimientos las han llevado a desechar cualquier intento de colaboración, por lo menos durante un tiempo.

Lo único que queda por explicar es cómo esos "mafiosos", producto de esa jungla en que se ha convertido últimamente el libre mercado gracias a la falta de regulación, hubieran podido explotarnos. ¿Acaso nos habrían encadenado "virtualmente" a sus páginas web? ¿Tal vez nos habrían torturado con melodías de tonos al entrar en las mismas? ¿O algo mucho más sutil, no sé, fotos de políticos contando chistes?

Seguro que con el acuerdo que negociaban buscaban ganar más dinero, nadie lo puede dudar. Pero, en un mercado libre, esto sólo se puede conseguir con más y mejor servicio para el individuo. Porque, a menos que esté equivocado, aunque se unieran todos los Yahoos, Googles y Microsofts del mundo, serían incapaces de obligarnos a gastar un solo euro en sus servicios, ni a nosotros ni a los posibles anunciantes o quien quiera que se pensara perjudicado por la situación.

¿Cómo pueden volverse las "malas" de la película unas empresas si están donde están precisamente porque nos han prestado unos servicios estupendos y han hecho mejorar nuestra calidad de vida? Si ellos, que tan bien han realizado su trabajo, pensaban que uniéndose lo podían hacer mejor, ¿hay alguien legitimado para ponerlo en duda? Repito, sólo haciéndolo mejor podrían ganar más dinero.

La cuestión queda para la Comisión Europea y para las demás autoridades de competencia "preocupadas" por los posibles efectos de estos acuerdos. Todas ellas, organismos ajenos al mercado, a la competencia y al servicio a los individuos pero que –estas sí– sobreviven con nuestro dinero, lo queramos o no.

Obviamente, de la verdadera conspiración aún no estamos a salvo.

A salvo de la conspiración

Las motivaciones detrás de los planes de inmersión lingüística en Cataluña, sin embargo, son menos viles y más convencionales de lo que muchos de sus críticos conceden. El matiz no hace que esta política sea menos injusta, pero sí es importante de cara a articular un discurso que conecte con las inquietudes de la mayoría de catalanes y tenga más influencia. Si no representamos fielmente sus razones es más fácil que nuestros argumentos sean rechazados de antemano y tildados (inocente o interesadamente) de "anti-catalanes".

La mayoría de catalanes que apoyan la normalización lingüística no quiere desterrar el castellano o acabar con el bilingüismo, sino proteger una lengua y una cultura que perciben amenazada. Sin duda hay quien desea lo primero (algunos ni siquiera lo ocultan), pero en general las políticas lingüísticas son entendidas como una ayuda a la lengua débil, una lengua que sin la protección de la Administración podría ser completamente desplazada por el castellano en el largo plazo. La política de inmersión lingüística es, en este sentido, como cualquier otra medida proteccionista encaminada a defender algo en detrimento de las elecciones de los individuos. En este caso es la lengua, en otros, la agricultura europea o el cine español.

Un mismo nacionalismo puede manifestarse de formas distintas dependiendo de las circunstancias. Si la lengua catalana fuera hablada por 400 millones de personas en el mundo y tuviera el peso (mediático o económico) que tiene el castellano en Cataluña, probablemente muchos catalanes no sentirían la necesidad de protegerla. De hecho, probablemente si el castellano corriera el riesgo de sucumbir ante otra lengua con el paso de unas cuantas generaciones, muchos españoles sin convicciones liberales abogarían por políticas de inmersión lingüística en ayuda del castellano.

La idea de que el catalán compite en inferioridad de condiciones con el castellano está arraigada en Cataluña, y en mi opinión no es ningún disparate. La mitad de la población catalana es castellano-hablante, en los medios predomina el castellano con diferencia, en el cine, en la empresa, en la literatura o entre la comunidad inmigrante. Los catalano-hablantes suelen adoptar de forma automática el castellano cuando algún miembro del grupo es castellano-hablante. Pocas veces sucede lo contrario –aunque los catalano-hablantes sean mayoría en el grupo– y esta situación tiende a multiplicar las relaciones en castellano. Yo soy catalano-hablante y utilizado el castellano con gente catalano-hablante porque cuando nos conocimos nos dirigimos mutuamente en castellano. Es raro encontrar ejemplos de castellano-hablantes que hablan entre ellos en catalán.

Toni Soler declaraba recientemente que hay castellano-hablantes que encuentran conflictivo que su hijo no pueda ser escolarizado en castellano y que hay catalano-hablantes que encuentren conflictivo pedir "un tallat" y que no les entiendan. Varios comentaristas han criticado que Soler concediera la misma importancia a las dos situaciones, pero yo interpreto de otra forma su analogía: si no te entienden al pedir "un tallat" (aunque aquí está exagerando) significa que la persona no ha aprendido el catalán, y esa falta de integración molesta a muchos porque sólo se produce en una dirección y a la larga favorece al castellano en detrimento del catalán. El conflicto es que la falta de integración puede llevar a la extinción del catalán.

Al fin y al cabo, el castellano tiene una ventaja evidente sobre el catalán: es más útil. La lengua es un vehículo de comunicación y tiene lo que se denomina "efectos red". Cuantos más individuos hablan una lengua, más atractivo resulta para los demás sumarse a ésta, y en la medida en que se incorporan nuevos hablantes, aún más es más interesante para el resto adherirse. Y así sucesivamente en un flujo de realimentaciones positivas que a menudo fortalecen la posición de las lenguas más extendidas y debilitan la posición de las que lo están menos.

Pero lo que importa no es la lengua sino sus usuarios. En un escenario sin intervenciones, el grupo lingüístico mayor desplaza a las otras lenguas si los hablantes de estas últimas se trasladan voluntariamente al primero para beneficiarse de su mayor alcance. Los proponentes de las políticas lingüísticas, como sucede con todas las medidas proteccionistas, al invocar una actuación compensatoria y equilibradora por parte del Estado pretenden "compensar" y "equilibrar" las elecciones de los individuos. Están apelando al Estado para imponer las preferencias de unos sobre otros.

La lengua debe emanciparse del Estado para que evolucione espontáneamente hacia donde quieran llevarla sus usuarios. Para ello no basta con que el Estado sea "neutral" dentro de la Administración y de los servicios públicos. Lo mismo que la religión sólo puede separarse del Estado si las iglesias son privadas, el Estado sólo puede separarse completamente de la cultura y la lengua si devuelve los espacios y servicios públicos a la sociedad civil. En el ínterin, lo mejor será permitir la diversidad y libertad de elección en los espacios públicos, por ejemplo en la enseñanza.

No sé si el catalán sin la protección del Estado tendería a quedar arrinconado y acabaría por extinguirse. Es posible, aunque no está claro después de todo a lo que ha sobrevivido. Pero si ocurriera así sería porque sus hablantes han preferido adherirse a otras lenguas y no se han esforzado lo suficiente en preservarla. Recurrir a la imposición lingüística no es "esforzarse" sino hacer que otros asuman el coste de tus preferencias. En su día mis padres me escolarizaron en castellano porque hablábamos catalán en casa y pensaron que así consolidaría mi bilingüismo. Hoy esta opción está prohibida. Esta discriminación legal es demasiado seria como para hacer un sketch en Polònia.

Balance (provisional) de las leyes de excepción feministas

Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, durante el pasado año 2007 murieron en España 1148 personas por causa de homicidio o asesinato. De esa relación luctuosa, setenta y cuatro fueron mujeres etiquetadas como víctimas de la violencia de sus parejas o antiguas parejas.

Sirvan esas cifras sobre la criminalidad como punto de partida para situar cuantitativamente lo que, de otra forma, se presenta de manera insistente en los medios políticos y de comunicación como una lacra que causa el pánico de la sociedad. A despecho de esa cobertura, los ciudadanos españoles distan clamorosamente de compartir esa percepción. Así lo han apuntado los resultados de una reciente encuesta publicada por el CIS, según la cual el 95 por ciento de los ciudadanos conoce el problema de la violencia de género a través de los medios de comunicación y el 2,7 por ciento lo consideran un problema "grave".

Sea como fuere, transcurridos varios años desde que la espiral de reformas legislativas comenzada con la ley de 2003 que introdujo la orden de protección –agravada con la disparatada ley de medidas de protección integral contra la violencia de género del año siguiente– cabe preguntarse si los medios legales y materiales desplegados por los poderes públicos durante ese tiempo están justificados y contrastarlo con los objetivos que sus propios promotores se trazaron.

El problema de la "violencia doméstica", se peroraba, debía abordarse desde una perspectiva integral para abordar sus múltiples aspectos. La respuesta de la sociedad (léase "del Estado") había adolecido hasta ese momento de parcialidad, ya que el fenómeno debía afrontarse con medidas penales, sociales (apoyo económico, psicológico a las víctimas, etc.). Los legisladores no consideraron que la defensa de las víctimas de los malos tratos –una violencia dispersa ubicada por lo general en ámbitos muy íntimos– tenga que partir principalmente de las propias afectadas –autodefensa– y de la ayuda de sus familiares y amigos.

De cualquier modo, el principal puntal de la primera Ley consistió en centralizar la adopción de todas las medidas protectoras (penales y civiles) en los juzgados de instrucción penal. Previa denuncia, los jueces de esta clase otorgarían, tras una breve audiencia, una orden de protección "integral" a las víctimas de delitos o faltas contra su vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o su seguridad. El contenido de esa resolución añadía a las medidas cautelares penales otras, aunque de duración limitada, cuya adopción correspondía a los tribunales civiles en los procesos matrimoniales. Por ejemplo, la atribución del uso de la vivienda familiar, la determinación del régimen de visitas de los hijos o la prestación de alimentos. Asimismo, la obligación para el juez de comunicar esa orden de protección a los servicios sociales de las distintas administraciones, convertiría a la denunciante en potencial receptora de subsidios y prestaciones públicas.

Un riesgo inherente al ofrecimiento de una protección judicial idéntica para casos tan distintos, consiste en que la tramitación burocrática de los casos más numerosos y menos graves obstaculiza la persecución efectiva de los más graves y menos frecuentes. Desde otra perspectiva, en situaciones de ruptura de una pareja concurre el riesgo moral de una utilización torticera de la denuncia falsa para conseguir la posición de ventaja que se anuncia a la víctima real en los procesos matrimoniales. La ausencia, en muchos casos, de testigos ajenos a la relación afectiva y la propia dinámica del sistema judicial español garantiza la práctica impunidad de esas conductas.

Unos datos del observatorio de violencia doméstica corroboran esas hipótesis. De los 21.002 casos tramitados en el último trimestre de 2007 por los juzgados de violencia sobre la mujer, la mitad fueron archivados por sobreseimiento, sin que llegaran a juzgarse. No existen, sin embargo, datos publicados sobre procedimientos penales por denuncias falsas derivadas de esos casos.

Así las cosas, a finales de 2004, las Cortes dominadas por el gobierno neosocialista aprobaron la citada ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. En su defensa se esgrimió que no solo constituía el remedio integral para atajar los homicidios de mujeres, sino un instrumento para cambiar la mentalidad machista que supuestamente es la causante de esas muertes. Tal cual.

A grandes rasgos, esta nueva intervención introdujo unos juzgados de excepción (llamados de "violencia sobre la mujer") a los que se atribuyó las competencias vistas de los juzgados de instrucción, ampliadas a la decisión definitiva de las cuestiones civiles. El procedimiento penal sin garantías para los denunciados se mantuvo y se añadió al código penal un delito especial que solo puede cometer un hombre sobre una mujer o "personas vulnerables". Ese nuevo delito consiste en causar "por cualquier medio o procedimiento" menoscabo psíquico o lesión no definida como delito en otro apartado del código penal. El Tribunal Constitucional español (STC 59/2008) ha convalidado ese aspecto de la ley con el argumento de que la distinción punitiva es razonable. Pero ello sólo pone de manifiesto que se puede tergiversar el sentido del principio de igualdad ante la Ley si se asume la teoría de que la histórica dominación "machista" justifica la penalización de unas conductas tan arbitrariamente definidas en función del sexo de su autor. Al mismo tiempo se crearon nuevos órganos administrativos encargados del seguimiento de estas cuestiones y se programaron planes educativos que inculquen la bondad de la discriminación positiva.

El paso del tiempo ha revelado que las razones que sirvieron originalmente para aprobar estas leyes de excepción son secundarias para este proyecto de ingeniería social que se proclama autosuficiente. El hecho de que las promesas de acabar con la violencia doméstica se vean desmentidas por el incremento de las muertes causadas en ese ámbito no amilana a los entusiastas promotores de ese estado de excepción. Antes al contrario, voces disidentes dentro de la judicatura, más o menos atinadas, son objeto de linchamiento mediático y se les amenaza con expedientes disciplinarios. Mientras tanto, los funcionarios judiciales denuncian que los juzgados especiales se encuentran desbordados y los policías que faltan medios materiales y humanos para atender la avalancha de órdenes de protección.

La SGAE me discrimina

Asistimos en la actualidad a la mayor operación de gasto público de la historia. Una política de despilfarro que tiene por objetivo auxiliar a determinados sectores de la economía, ya sean constructores, fabricantes de automóviles o banqueros. Así, el Gobierno de EEUU ha comprometido cerca del 60% de su PIB nacional en un amplio paquete de medidas para tratar de mantener a flote su deteriorado sistema financiero.

En el caso de España, ese porcentaje se eleva hasta el 30% del PIB, si añadimos el último plan aprobado por el Gobierno para intentar reactivar la economía. El caso de China también resulta paradigmático, ya que pretende inyectar, por el momento, casi 3 billones de dólares en 2009, que tendrán como destino un colosal proyecto de obras públicas y sociales.

Todo ello, insisto, bajo el pretexto de salvarnos de la recesión global y, por lo tanto, auxiliar a los ciudadanos y empresas de la crisis financiera y económica que se cierne sobre un creciente número de países. El Estado salvador reaparece en nuestras vidas para protegernos. Sin embargo, pese a que el ropaje haya cambiado, la esencia de este tipo de políticas estatales permanece invariable con el paso del tiempo. Los resultado serán, pues, igualmente nefastos.

El incremento del gasto público para animar el consumo y salvar a determinados sectores productivos no solucionará el problema. Tan sólo lo agravará. Y es que, ¿de dónde sacan los distintos gobiernos tal exhuberancia de recursos? Efectivamente, han acertado: el dinero del Estado procede única y exclusivamente de sus bolsillos.

Es decir, el Gobierno roba primero a los contribuyentes bajo el pretexto de poder ayudarles posteriormente. ¿Acaso no resulta contradictorio? ¿Es que los políticos gozan de un instinto divino para administrar mejor que usted el fruto de su trabajo? La cumbre de Washington supuso el pistoletazo de salida para poner en marcha toda una serie de políticas coordinadas basadas en la expansión del gasto público.

Hasta cierto punto, el Estado se ha lanzado a sustituir las funciones que únicamente pueden ser desempeñadas por el mercado (interacción social entre individuos). Los bancos centrales y los departamentos del Tesoro se han convertido, prácticamente, en los únicos prestamistas existentes a los que acuden los bancos comerciales. Asimismo, el Gobierno pretende crear puestos de trabajo mediante la licitación de obra pública, la concesión de avales, créditos blandos o subvenciones a la industria del automóvil, el sector inmobiliario o el sector energético (renovables), entre muchos otros.

Y todo ello, haciendo uso del dinero presente (impuestos) o futuro (deuda pública) de los ciudadanos. ¿Todavía no se han percatado de la factura? En el caso de España, la política tributaria se come casi el 40% de los ingresos que generan los trabajadores. La presión fiscal ascendió hasta el 37,2% del PIB nacional en 2007 (por encima de la media de las 30 economías más desarrolladas del plantea), es decir, casi 400.000 millones de euros.

En el caso de las empresas el robo es, si cabe, mayor. Las compañías españolas destinan el 60,2% de sus beneficios a cumplir con el fisco. España ocupa el tercer puesto en el ranking de carga fiscal en este ámbito de los países industrializados, según un reciente estudio del Banco Mundial elaborado en colaboración con PricewaterhouseCoopers.

Con este nivel de presión tributaria, el contribuyente medio dedica entre cuatro y cinco meses a trabajar en exclusiva para Hacienda. Y es que, los servicios sociales no son gratuitos, pese a la opinión general. Los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales ascenderán a algo más de 104.000 millones de euros en 2008; los del IRPF sumaron 72.000 millones en 2007, los del Impuesto de Sociedades casi 49.000, y el conjunto de impuestos indirectos supuso unos 79.000 millones de euros.

Una ingente cantidad de dinero que es gestionado en exclusiva por la Administración Pública, previa recaudación fiscal y bajo la amenaza de multa, sanción e, incluso, cárcel. Sin embargo, pese a la crisis económica ningún partido político ha abogado por una bajada general de impuestos que sea drástica y sustancial. La falta de liquidez, la carencia de ahorro y las crecientes deudas llenan cada día las portadas de todos los medios de comunicación. Sin embargo, pese a las graves dificultades económicas ningún político está dispuesto a aliviar la pesada carga fiscal que pesa sobre las espaldas de los contribuyentes.

¿Falta liquidez? Tan sólo habría que reducir los impuestos a la mitad, con la consiguiente restricción del gasto público, para que la liberación de recursos disponibles comience de inmediato a surtir efecto. Por desgracia, y puesto que subir los tributos en período de crisis está muy mal visto entre los votantes, el Gobierno se encargará de pasar la abultada factura del rescate económico a nuestros hijos e, incluso, nietos. ¡Valiente ayuda la que nos presta el Estado! Tan sólo conservo la esperanza de que en algún momento alguien se sume al grito de "con mis impuestos, ¡no!".

Con mis impuestos, ¡no!

En su enésimo plan para salvar la economía y su imagen, Zapatero ha hablado sobre la necesidad de que en estos momentos el Estado dé un paso adelante y tome las riendas de la economía. Los inversores privados están desconcertados, por lo que sólo la decidida acción del Gobierno puede dar estabilidad al país.

Es cierto que, en general, los inversores están sometidos a una cierta parálisis; y no es para menos: en un año, el valor de sus activos patrimoniales ha caído aproximadamente un 50%, sin que el de sus deudas se haya visto reducido en la misma medida. Dicho de otra manera: los empresarios no pueden refinanciar sus deudas a corto plazo, al disminuir el valor sus garantías, y como el aumento de la carga financiera les lleva a reducir costes, caen la producción y los niveles de empleo. Por su parte, los nuevos parados, agobiados por las deudas, restringen su consumo, con lo cual agravan aún más la situación de los empresarios.

Malas condiciones, pues, para asumir riesgos. Antes de iniciar nuevos proyectos debería, como mínimo, sanear mi situación financiera. Debería reducir mis gastos para poder liquidar las deudas y sólo entonces plantearme el volver a elevar mi nivel de consumo y contraer nuevas deudas con las que emprender nuevos proyectos empresariales.

Una manera bastante eficiente de saldar viejas deudas pasa por vender a bajos precios parte de mi patrimonio. Si, por ejemplo, tengo una hipoteca sobre mi segunda vivienda, enajeno este inmueble –en las condiciones actuales, a un precio bastante inferior al de hace unos años– y con los ingresos amortizo parte de la deuda (con lo que reduzco la cuota mensual a la que debo hacer frente con mis ingresos corrientes). El mismo consejo vale para reducir una deuda empresarial.

Esto no sólo permite reducir parte de las deudas, sino que además disminuye el precio de los bienes de capital y facilita la iniciación de nuevos proyectos empresariales. Plantéeselo así: si el bajo de un edificio cuesta un millón de euros, montar una peluquería puede no ser demasiado rentable; en cambio, si su precio cae a 50.000 euros, probablemente encuentre muchas formas de rentabilizar la inversión.

La enajenación de los activos permite reducir la deuda que ata a los empresarios a sus malas decisiones pasadas y disminuir los precios inflados de los bienes de capital que les nublaba la rentabilidad de sus planes de inversión futuros. Por tanto, no conviene dificultar este proceso de reestructuración empresarial: los precios de la vivienda tienen que bajar, muchos salarios tienen que caer y muchas empresas tienen que quebrar.

¿Y cómo facilitar y acelerar este crítico proceso de ajuste? Por un lado, con ahorro. Cuanto más ahorro haya, más rápidamente se dará salida a los activos en venta y más se reducirán las deudas que lastran las decisiones de los agentes. Asimismo, una mayor cantidad de ahorro permitirá financiar de manera sólida y adecuada los nuevos proyectos empresariales, a unos tipos de interés bajos. Por otro, mediante la liberalización del mercado de los factores productivos. Si, por ejemplo, fuese ilegal (o muy costoso) vender casas, el proceso de ajuste anteriormente descrito no tendría lugar. Por tanto, hay que evitar las regulaciones redundantes que pretenden retrasar las transacciones. Uno de los mercados más intervenidos es el laboral. Es complejo readaptar las condiciones de un trabajador (salario y funciones), y despedirlo es muy caro, de modo que, en lugar de reducir los sueldos, los empresarios optan por los despidos y evitan las recontrataciones de personal, para así no tener que hacer frente en el futuro a nuevos y onerosos despidos.

Pues bien, el plan de Zapatero, que sigue la idea keynesiana de que es necesario gastar tanto como se pueda en tiempo de crisis, sigue la peor dirección posible. El Gobierno empleará 11.000 millones de euros de los españoles para financiar proyectos variopintos, relacionados, por ejemplo, con las infraestructuras, la automoción y la hostelería.

Dicho de otra manera: si los españoles necesitan ahorrar para superar la crisis, Zapatero les forzará a despilfarrar 11.000 millones, que ya no podrán ser utilizados en la adquisición de activos de los agentes que desean reducir su deuda. No sólo eso, dado que esos 11.000 millones se financiarán con cargo al déficit público, los españoles no reduciremos nuestra deuda, sino que la veremos coactivamente incrementada.

Además, parte de ese dinero afluirá a sectores que deben reestructurarse profundamente (esto es, vender a bajo precio sus activos), como el de la automoción, el de la hostelería o el de la construcción. Pese a que los consumidores (nacionales y, sobre todo, extranjeros) no quieran sus productos a los altos precios actuales, la inyección de capital de Zapatero les permitirá sobrevivir durante más tiempo, con lo cual retrasará las enajenaciones pertinentes, los ajustes de precios y, por tanto, el inicio de la recuperación.

Mientras este plan absurdo se pone sobre el tapete, las imprescindibles reformas laboral y energética son sistemáticamente olvidadas, como si no fueran asunto del Gobierno. Pero las dramáticas consecuencias de esta irresponsable pasividad siguen lastrando nuestra economía: el paro aumenta a un ritmo vertiginoso y el déficit exterior sigue desbocado por nuestra dependencia energética.

Así pues, la economía española, lejos de ajustarse, sigue siendo una máquina agarrotada cuyo funcionamiento se está intentado forzar a base de golpes y patadas. El Gobierno no sólo bloquea el reajuste de sus piezas, sino que además le está chupando el combustible.

Sin flexibilidad y sin ahorro, la economía española está condenada a padecer una depresión formidable. Y es que cuando Keynes entra por la puerta, la perspectiva de recuperación sale escopeteada por la ventana.