El PSOE contra la libertad
Ambas causaron ciertos niveles de malestar en el mundo internauta español, pero por distintos motivos. La disposición por la que más se atacó a la primera de ellas se incluyó en la segunda sin que generara tanto malestar y además de forma más sangrante: nos referimos a la posibilidad de que alguna autoridad no judicial pueda ordenar el cierre de una página web.
El debate que se produjo en relación con la ley aprobada por los socialistas y sus socios parlamentarios se centró, sin embargo, en torno al canon digital. Un debate que además se acrecentó por culpa de la diputada del PP Beatriz Rodríguez-Salmones cuando dijo que la posición en contra del mismo por parte de los senadores de su partido se había debido a una equivocación a la hora de votar. Esto no era cierto, puesto que los populares ya habían votado con anterioridad en el mismo sentido en la Cámara Alta y terminaron votando de la misma manera en el Congreso.
Además de empeorar la imagen de su grupo al mostrar una falta de unidad profunda, Rodríguez Salmones hizo dos grandes favores al PSOE al permitir, por una parte, que muchos medios de izquierdas se centraran en la posición del PP y así no tuvieran que hablar del voto socialista y de IU y, por otra, crear una cortina de humo sobre una cuestión todavía más grave existente en la LISI. Esta norma permite lo que los populares eliminaron de la LSSI antes de aprobarla, y por lo que senadores socialistas como Félix Lavilla habían protestado con contundencia: que autoridades no judiciales puedan cerrar páginas web. Ahora el PP ha intentado que también se elimine esta liberticida potestad concedida a organismos administrativos.
Lo ha hecho en el Senado mediante una proposición de Ley para modificar la norma de manera que tan sólo un juez pudiera ordenar este tipo de medidas. Ha sido rechazada gracias a la oposición de los socialistas. Estos senadores del PSOE han mostrado un gran desprecio por la libertad de expresión y un cinismo profundo. Lavilla, que sigue en el Senado, y sus compañeros de grupo deben explicar a los ciudadanos por qué un recorte de la libertad es malo si está contemplado en un proyecto del PP –aunque después se elimine en la norma que se aprueba– y no lo es cuando la ley es aprobada por el PSOE. Y puestos a dar explicaciones, también deberían hacerlo todos esos ciberactivistas y periodistas de izquierdas que protestaron contra la LSSI y callan ante este atropello perpetrado por Zapatero y los suyos.
El apasionante mundo del tunning
Aznar se construyó una pista en La Moncloa, los ayuntamientos del PP construyeron varios miles más para que los contribuyentes jugaran los sábados a políticos y las raquetas de paddle tenían que reponerse a diario en las secciones de deportes de las grandes superficies.
Los progresistas van más a lo bestia, aunque forzoso es reconocer que en lo tocante al ejercicio físico demuestran mayor inteligencia que sus rivales políticos. En lugar de desriñonarse corriendo estúpidamente detrás de una pelota que rebota hasta en la pared trasera de la pista y te puede golpear traicioneramente hasta en el mismísimo centro de la retaguardia, ellos prefieren el tunning, que es algo como más del pueblo.
Pero como en todo hay clases, los políticos progresistas no cogen un utilitario desvencijado para convertirlo en un lamborghini cateto, con un tigre dibujado en el capó y unos altavoces como los que lleva en sus giras Pink Floyd, para que los otros conductores escuchen cómodamente a ochocientos metros a la redonda el último éxito de Camela. Los dirigentes progresistas, como Gallardón, prefieren tunear lo que tienen más a mano, que es el coche oficial. Benach, a la sazón presidente del parlamento catalán, se ha hecho colocar en su supercochazo unas pocholadas de lo más útil para alguien cuya producción intelectual no se detiene ni cuando hace el trayecto desde su casa al lugar de trabajo. Ahora dice que va a retirar los artefactos instalados, pero quizás sería mejor que lo dejara estar, porque retirar los accesorios probablemente cueste bastante más que la instalación y los cacharros propiamente dichos. Touriño en cambio, más sedentario, ha decidido tunear su residencia, en cuyo salón seguramente habrá instalado un buen par de subwoofers, que es lo que según el Neng de Castefa no debe faltar en ningún habitáculo moderno.
Preguntado José Blanco por el particular, afirma que se trata de pura demagogia y que, en todo caso, los políticos españoles ganan mucho menos que sus colegas europeos. Sólo él debe saber qué coño tiene que ver una cosa con otra, porque la comparación no es pertinente. Lo correcto, si a eso vamos, sería cotejar el sueldo actual de, por ejemplo, el mismo José Blanco y Benach, con lo que percibirían si no se dedicaran a la política. Un estudiante de primero de derecho y un barrendero de la bonita ciudad de Reus, seguramente ganan algo menos que un diputado con un alto cargo orgánico en un partido nacional y un presidente de un parlamento autonómico. ¿Están ambos dispuestos a ejercer su vocación política cobrando lo mismo que en la vida civil? Esta es la pregunta que deberían responder en lugar de dar lecciones de moral a los contribuyentes haciéndose pasar por víctimas.
Laureano López Rodó tenía una grabadora en casa en la que dictaba cartas por las noches para adelantar trabajo en el ministerio. Cuando fue cesado, con los follones del traslado, la grabadora se quedó en su casa, por lo que avisó al ministerio de que enviaran a alguien a recogerla. Como quiera que, pese a su insistencia, nadie venía a retirarla, él mismo se presentó una mañana a devolverla, exigiendo el oportuno recibo. El hombre más poderoso de la España del desarrollo se jubiló poco más que como cualquier otro funcionario. En la actualidad, al concejal de urbanismo de la aldea más recóndita de nuestra piel de toro le bastan dos años en el cargo para retirarse a vivir de las rentas.
Ya sé que desde el 78 está prohibido hablar de los políticos del franquismo, salvo para tacharlos de asesinos y corruptos. Pero la realidad en cuanto al decoro de los hombres públicos de antes y ahora es precisamente la que ejemplifican los casos de López Rodó y Ernest Benach. Y al que le moleste…
Amor a la ignorancia económica
Según él "los mercados han demostrado que son incapaces de autorregularse". O sus conocimientos de epistemología son escasos o tiene un curioso concepto de lo que es una demostración: del hecho de que los actuales mercados financieros tengan serios problemas deduce que un mercado libre no puede generar sus propias normas protectoras y necesita una tutela exterior.
Pero es que los mercados financieros ni son ni han sido prácticamente nunca ejemplos de libertad: están fuertemente intervenidos, presentan riesgo moral y son sistemáticamente confundidos por señales falaces emitidas por los arbitrarios designios de los banqueros centrales (determinación estatal de los tipos de interés a través de la emisión de moneda de curso legal); pero es más popular repetir tontamente el topicazo de que no están regulados, tan asumido por tantos que lo ignoran casi todo del sector bancario.
Marina amablemente concede que no hay que "eliminar el mercado", pero "no se le puede dejar solo" porque "abandonado a su propio dinamismo se destruiría". "El poder económico, como los demás poderes, no tiene sistemas internos de frenada. Es bulímico. Por eso existen las leyes antimonopolio y de defensa de la competencia, y por esa razón se consideró que el trabajo no se podía considerar como una mercancía más". El mercado incluso podría volverse "suicida" o "asesino" "si no se somete a normas éticas".
Todas estas necedades muestran que Marina no entiende los mercados, que están basados en normas éticas fundamentales como el derecho de propiedad (dos no intercambian si uno no quiere, o principio de no agresión) y el cumplimiento estricto de los contratos libremente pactados (que pueden dar origen a tantas reglas y limitaciones adicionales como los participantes deseen).
Los falaces mitos de la necesidad de intervención sobre los mercados para evitar monopolios y garantizar la competencia se basan en teorías irreales profundamente erróneas que pueden engañar a incautos y neófitos varios pero no a economistas serios; incluir la excepcionalidad del trabajo parece señalar que uno se ha tragado todos los cuentos comunistas y sindicalistas acerca de la explotación del pobre empleado por los desaprensivos empresarios y capitalistas.
Los mercados libres son órdenes espontáneos emergentes que resultan de las interacciones entre múltiples individuos persiguiendo sus objetivos particulares dentro de un marco institucional ético y jurídico. Son órdenes limitados e imperfectos que permiten la coordinación social; no garantizan los aciertos, pero tienden a premiarlos y a castigar los errores. Son órdenes complejos adaptativos muy resistentes si se les deja funcionar, pero son sensibles a los patosos intentos de arrogantes ingenieros sociales de "regularlos" de forma coactiva desde el Gobierno. Curiosamente estos promotores de la regulación jurídica no suelen entrar en detalles acerca de cuáles deben ser los contenidos concretos de esa normativa que pretenden imponer a todos los demás ciudadanos; quizás porque ni siquiera se han molestado en pensarlo un poco en profundidad (ya lo hará algún "experto" o tecnócrata) o porque intuyen que sería posible para algún economista competente mostrar las indeseables consecuencias no intencionadas de sus propuestas; como efectivamente ya habían hecho los economistas de la escuela Austriaca con respecto a todas las intervenciones y regulaciones estatales que han sido las causas fundamentales de esta crisis.
Crisis, pensamiento económico y futuro
La historia del pensamiento económico se reescribe en cada generación.Mark Blaug en Teoría Económica en Retrospección
La crisis económica actual, además de todo el daño que está causando y va a causar irremediablemente, está dando muchísimo que hablar, generando divisiones y debates muy interesantes entre distintas corrientes teóricas del pensamiento económico, surgiendo, como consecuencia, muy diferentes recetas para suavizar o solucionar la presente situación.
Es muy probable que estemos en un momento histórico muy importante en lo que se refiere a la batalla de las ideas en el mundo económico, donde varios paradigmas teóricos compiten entre sí. Tal y como sucediera en la década de los 30 con las discusiones acerca de las causas de la Gran Depresión y las medidas para salir de ella entre, principalmente las de Keynes y Hayek, podemos estar en un momento crítico para el futuro del pensamiento económico.
En aquella ocasión fueron las ideas de Keynes las que ganaron el debate sobre las del austriaco, independientemente de quién tuviera razón. Esto pudo producirse por varias razones. En primer lugar, en esos años de aguda crisis lo más probable es que la gente prefiriera oír la visión de Keynes, que ofrecía soluciones fáciles y mágicas a corto plazo (un fantástico ejemplo de medidas a las que Hazlitt dedicó su lección) frente a un Hayek que sonaba muy pesimista. En segundo lugar podríamos considerar la posible falta de astucia a la hora de vender sus ideas tanto al público como en el mismo debate contra Keynes, además de la incomprensión y falta de claridad que podía despertar en sus colegas, causadas no solo por la dificultad de sus obras sino también por la ignorancia de éstos hacia la teoría del capital austriaca, punto fundamental que faltaba en Keynes y, dicho sea de paso, en los economistas mainstream actuales. En tercer lugar, las propuestas del británico daban manga ancha a los aspirantes a planificadores para llevar a cabo sus experimentos sociales. No en vano, Keynes llegó a escribir que su teoría general "se adaptaría con más facilidad a las condiciones que se dan en un estado totalitario que […] bajo condiciones de libre competencia y laissez-faire".
En el contexto actual, y siendo simplistas, podríamos clasificar las explicaciones teóricas acerca de la crisis en dos grandes grupos: los que creen, como Samuelson, que ha sido causada por el laissez-faire yanki y su simpatía hacia la desregulación bancaria y financiera (algo difícil de creer si se tiene en cuenta que EE.UU. está a años luz de algo parecido al laissez-faire) y los que piensan que ha sido todo lo contrario, es decir, causada por el intervencionismo en varias de sus manifestaciones.
Los primeros llaman a enterrar definitivamente el legado de liberales como Friedman y Hayek (fue Samuelson quien los puso en el mismo saco) y a introducir mayores regulaciones, mayor poder a autoridades públicas para supervisar, poner coto a la avaricia de los inversores y asegurar la transparencia del sistema financiero. En el plano más geopolítico, se hacen llamamientos a realizar planes de acción coordinados entre América, Europa y Asia. Dicho de otra manera, estamos vislumbrando peligrosamente los próximos pasos de gigante hacia un mayor poder estatal, quizás (aunque pueda sonar algo conspiranoico) poniendo unos cimientos más del futuro Gobierno mundial que algunos desean.
Esto último concuerda perfectamente con la teoría del Ratchet Effect de Robert Higgs, que se podría resumir en que las crisis, ya sean depresiones económicas como especialmente guerras, son el mejor aliado del crecimiento del Gobierno, tanto en su tamaño como en su alcance, debido a la gran capacidad de los gobernantes de aprovechar al máximo la la docilidad, el miedo y la incertidumbre de los ciudadanos en situaciones de crisis, prometiéndoles la falsa seguridad que ofrece el Estado a cambio de su libertad. Sin embargo, esto último no se suele mencionar y la alternativa de una mayor planificación se plantea como la única: "¡Tenemos que hacer algo!", claman los socialistas de medio mundo.
Muchas de las propuestas de los intervencionistas dan miedo. Pero el que nos adentremos unos grandes pasos más en el camino de servidumbre no es inevitable. Las crisis también pueden ser, aunque desgraciadamente pocas veces lo son, propicias para realizar reformas ambiciosas, como lo sería la necesaria reforma del sistema monetario y bancario. O para propiciar las primeras luces de un cambio de paradigma teórico. Y es que el aprender las correctas lecciones de la crisis actual puede tener implicaciones críticas para el futuro desarrollo del pensamiento económico, pero sobre todo y mucho más importante, para el presente y futuro bienestar y libertad de millones de personas, no solo en el mundo desarrollado, sino también en el Tercer Mundo.
Recordemos, para finalizar, las sabias palabras de Mises: "Todo se resuelve por la interpretación y explicación de los hechos, por las ideas y teorías […] Sólo las ideas pueden vencer a las ideas, y sólo las ideas del Capitalismo y del Liberalismo pueden vencer al Socialismo."
Rajoy, el rojo
España se enfrenta a la mayor crisis económica de los últimos 40 años. La destrucción de empleo, el creciente desequilibrio presupuestario y la intensa recesión económica acaban de dar comienzo y, por desgracia, contamos con un Gobierno que, además de mirar para otro lado, amenaza con subir los impuestos y disparar la deuda pública. Sin embargo, lo más preocupante es que carecemos de una oposición capacitada para afrontar el duro ajuste que sufrirán millones de españoles.
Resulta sorprendente y, sobre todo, triste, observar la escasa capacidad que muestra el Partido Popular a la hora de proponer alternativas realmente eficaces para atenuar los efectos de la crisis que se nos viene encima. Es indudable la desconfianza que inspira a todo liberal un Gobierno socialista al frente de una situación de estas características. Pero lo peor es que, hoy por hoy, no existe una alternativa real con el suficiente arrojo y valentía como para liderar desde el ámbito político los grandes retos y desafíos a los que se tendrá que enfrentar la economía nacional durante los próximos años.
Por citar tan sólo algunos ejemplos, España es uno de los países más vulnerables a la restricción de crédito internacional (credit crunch). Además, la banca del país y, sobre todo, las cajas de ahorro, precisarán recapitalizar sus balances conforme vaya aumentando la morosidad hasta niveles récord, debido a la elevada exposición de sus balances al desplome de la burbuja inmobiliaria. Por si ello fuera poco, nuestro mercado laboral es uno de los más rígidos del planeta, con lo que el incremento del paro está asegurado a medio plazo.
Nuestra alta necesidad de financiación exterior (déficit por cuenta corriente) y la escasa productividad e innovación propia de nuestra estructura productiva, junto al elevadísimo endeudamiento de empresas, familias, y ahora también Administraciones Públicas, colocan a España en una posición mucho más delicada que otros países de nuestro entorno.
Pese a ello, las medidas propuestas por el principal partido de la oposición, la formación de "centro reformista" que lidera Mariano Rajoy, no arrojan ninguna esperanza en cuanto a la aprobación de las reformas estructurales que, con gran urgencia, precisaría la economía del país para evitar, en la medida de lo posible, la sangría que está a punto de acontecer. Y es que, España, al igual que Estados Unidos, corre el riesgo de sufrir, no sólo una dura y prolongada recesión (al menos 12 meses, con tasas de crecimiento negativas), sino un largo estancamiento económico al estilo de Japón. Es decir, 10 años con avances del PIB próximos a cero.
¿Y qué hace el PP mientras tanto? Criticar la gestión del Gobierno, lo cual nunca está de más, pero ¿dónde está la alternativa? El PP acaba de proponer como medida estrella limitar el aumento del gasto público a poco más del 1,4% del PIB en los Presupuestos Generales del Estado para 2009. Un ahorro próximo a los 2.000 millones de euros respecto al proyecto presentado por el ministro Solbes.
En un momento en el que los distintos gobiernos aplican inmensos rescates financieros e industriales de cientos de miles de millones de euros a cargo de los bolsillos de los contribuyentes, un ahorro presupuestario de 2.000 millones para las arcas públicas resulta, como mínimo, irrisorio, por no decir vergonzoso. Ni una palabra sobre la acuciante necesidad de reformar el mercado laboral para proceder a su total y completa liberalización, ni una reforma sustancial de la política fiscal con el fin de atraer capital extranjero y facilitar la creación de empresas y, por supuesto, no apostar en voz alta por la energía nuclear con el fin de reducir nuestra elevada dependencia energética.
Aunque eso sí. Ni una sola crítica oficial al paradigma del cambio climático no vaya a ser que los populares pierdan algún voto entre sus amplias filas ecologistas, ¿verdad? Siempre he considerado que en tiempos de crisis, como el actual, también surgen importantes oportunidades, no sólo a nivel económico sino también político. Pero el PP parece no enterarse, y prefiere esconderse bajo el abrigo de lo políticamente correcto.
Desde mi punto de vista, el inicio del fin del PP, tuvo lugar cuando el Gobierno de José María Aznar decidió dar marcha atrás al denominado decretazo que, lejos de cumplir los ideales puramente liberales, al menos apostaba por flexibilizar el pétreo ámbito laboral español.
Ha llegado, pues, el momento de posicionarse con claridad. Resulta más necesario que nunca apostar firmemente, y con convicción (cosa de lo que carecen los líderes populares debido a sus profundos complejos ideológicos), por la energía nuclear, la liberalización total del mercado de trabajo, una reducción histórica y sin precedentes a nivel fiscal (similar a la de Irlanda, aunque sería necesario ir más allá), una drástica disminución del gasto público mediante la privatización de la mayoría de los servicios (incluyendo la educación y la Seguridad Social), entre otras muchas medidas, como la liberalización del suelo y las reformas penales necesarias para garantizar la propiedad privada.
Por supuesto, nada de esto va a ocurrir. Es triste, puesto que asistimos a una nueva oleada de intervencionismo y proteccionismo económico que, en gran medida, amenaza con recuperar estructuras propias de un pasado oscuro y tenebroso, propio de bloques puramente socialistas. Por ello, apostar hoy en día más que nunca por el libre mercado, e, incluso, por qué no, por la instauración de un paraíso fiscal en la Península, dotaría a nuestro país de una ventaja competitiva respecto al ámbito internacional única en la historia de nuestra joven democracia. Sin embargo, mientras Rajoy, el centrista rojo, lidere la oposición, España seguirá careciendo de una alternativa política real capaz de facilitar la vida a los ciudadanos y la actividad económica a las empresas de este país.
2009 y el sector internet
Los dos son referentes en lo que se refiere a marketing en España, y más cuando hablamos de marketing online. Rodríguez Zapatero lleva menos de un año en el cargo, pero tiene gran experiencia en el sector internet; antes de Google estuvo en Yahoo! como Director General en España y como Vicepresidente en Europa. Por su parte Martí trabaja en Vueling desde su fundación y es uno de los cuatro máximos directivos que tiene esta joven compañía aérea. En su día, Rodríguez Zapatero trató de convencer a clientes para que inviertan en internet y Martí demostró cómo invertir en internet es rentable si se hace con racionalidad y rodeándose de un buen equipo.
Durante su ponencia, Rodríguez Zapatero habló de los aspectos que para Google son más importantes para el desarrollo de internet y que tanto para los usuarios como para las empresas la experiencia de uso de internet sea la mejor posible. Donde puso realmente el foco es en la oportunidad que tiene el sector internet el próximo año: 2009 va a ser un año de crisis y, según Rodríguez Zapatero, una parte importante de las inversiones de televisión, radio o periódicos pueden pasarse a internet, y algunos anunciantes pueden comprobar que internet es un medio rentable y eficaz, aunque lo descubran por la crisis. Puso un ejemplo representativo de ello, cuando se refirió a la venta de coches, ya que desde hace meses ha descendido entre el 20% y 30% a nivel general en España y eso ha hecho que los concesionarios desciendan su ventas, pero no todos: algunos que operan por internet han aumentado hasta un 40% sus ventas respecto a 2007.
Vicenç Martí expuso el valor de una marca como Vueling, donde su equipo de marketing online está preparado e implicado para afrontar un gran reto: vender todas las plazas de vuelos que tienen disponibles cada día. Ese es el reto de Vueling: vender y vender, no pueden hacer muchas concesiones al branding y para eso el marketing online es perfecto. Cerca del 80% de las ventas de Vueling son a través de su página web, por eso la compañía aérea centra sus esfuerzos en tratar de convertir en venta la mayoría de las inversiones que hace en internet. En Vueling creen en el equipo interno, por eso no dependen de ninguna agencia, y los campos de marketing en buscadores y afiliación son los que más trabajan.
Desde diferentes perspectivas, tanto Javier Rodríguez Zapatero y Vicenç Martí son dos claros ejemplos de cómo el sector internet puede salir reforzado de la crisis del próximo año pero, como bien han remarcado ellos, esto no estará exento de trabajo y de gran inteligencia para exprimir cada céntimo de euro que se invierta en la Red.
Banca y sanidad: “liberalismo” suicida
La tercera vía, entendida como alternativa intermedia entre el libre mercado y el dominio público puro, es una opción condenada al fracaso. Es más, el intento por dar viabilidad e introducir dinamismo en sectores de intervención pública mediante la "privatización" de determinadas facetas del servicio conduce a situaciones en las que la libertad y el liberalismo, como actitud ética y moral, son los destinatarios de todas las críticas, atribuyendo el fracaso de las medidas a la falta de regulación y a la actuación de agentes privados. Veamos dos ejemplos vivos y controvertidos: la banca, en sentido general, y la sanidad, como servicio público financiado a través de impuestos.
La banca pública, donde un monopolista dispensa el dinero de curso forzoso, de tipo fiduciario, pero también es único operador con la potestad de prestar servicios bancarios de todo tipo, se opone al sistema de banca libre. Cuando ésta opera con dinero fiduciario y reserva fraccionaria, de acuerdo con lo defendido por autores como Huerta de Soto, queda indefectiblemente condenada a la implantación de un prestamista de última instancia que proporcione soporte al sistema, de por sí insostenible y generador de ciclos que necesariamente acaban en quiebras generalizadas.
Vemos como la vulneración de los principios generales del Derecho, cuando los bancos disponen sobre los depósitos a la vista en su poder, hace inevitable la aparición de un banco central, a modo de vía intermedia, o tercera vía, distinta de un orden de banca privada en la que sí se respetase la reserva del 100% y el patrón oro.
El sistema de banca pública conviviendo con banca privada aparentemente dota de una falsa viabilidad al presunto mercado financiero, dando la apariencia de dinamismo, favoreciendo expansiones crediticias que siempre terminan en la irremediable intervención. Esta puede adoptar muchas formas, dependiendo de la naturaleza de la crisis, bien sea de liquidez o de solvencia (como la actual). La irrupción pública en bancos privados, adquiriendo activos o recapitalizando la entidad, es una consecuencia del sistema mixto.
En realidad la actuación privada nunca queda libre de regulación y siempre depende de ésta. La nacionalización de la banca o la socialización de las pérdidas, son resultados inherentes al modelo. La indisciplina de los operadores o los intentos de burlar la regulación, no asumiendo costes, caminando hacia el abismo, no son fruto del ligero reducto de libertad entre tanta intervención. Las crisis son endógenas y endémicas al intervencionismo.
Aunque pueda sonar extraño, algo similar sucede con la sanidad. Las consecuencias de terceras vías degradan el mercado y el servicio, siendo injustamente imputadas a la presunta libertad introducida. Dos modelos: sanidad privada, libremente sufragada por los individuos, contratando con empresas que ofertan servicios concretos, a través de seguros o prestaciones contingentes; y sanidad pública, universal, sufragada gracias a la redistribución de la renta previamente incautada a través del sistema fiscal.
La pública está condenada a la ineficiencia y el coste creciente. Lo vemos en la práctica, pero lo comprendemos gracias a la teoría de la tragedia de los bienes comunales, las enseñanzas de la Escuela de Elección Pública y el teorema de la imposibilidad del cálculo económico socialista. Para salvarla, la clase política, consciente de la inviable situación de un servicio totalmente público, en gasto y prestaciones, recurre a la externalización de distintas facetas del mismo, creando un mercado de la salud. Éste queda intervenido y regulado. Se permiten centros privados, no sustitutivos, es decir, sin que el individuo que los prefiera deje de soportar la carga fiscal necesaria para sostener el sistema público de salud. Pagan dos veces. Gracias a ellos se descongestionan en parte los hospitales del Estado.
Se externalizan servicios logísticos, laboratorios, pero también profesionales, que dejan de ser funcionarios. Surgen empresas privadas al cobijo del gasto público ofertando por menor coste lo que venía prestando la administración directamente. Pero el sistema no logra salir a flote. Comienza la privatización de centros y su gestión completa. La tendencia de todo sistema público que pretenda seguir sosteniendo un servicio aceptable (sin disparar el coste del mismo hasta niveles inaceptables e insoportables para una carga fiscal que no asfixie hasta matar al proceso social) es a la privatización íntegra, o casi, de la prestación del servicio de salud.
El resultado hace depender del gasto público a multitud de empresas privadas en relativa competencia por lograr el contrato con la administración. De igual forma se regulan al máximo las condiciones y posibilidades de la actividad. Lo que en un primer momento parece introducir dinamismo y sostenibilidad, termina en un nuevo colapso.
Las empresas viven del presupuesto, se saben necesarias al tiempo que actúan bajo la imposición de la universalidad. Los operadores terminan por corromper sus decisiones y forman grupos de presión para forzar decisiones públicas, bien de aumento del gasto o cambio en la regulación. El servicio prestado mediante esta tercera vía dispara el coste por ciudadano y termina por quebrar la universalidad, expulsando a colectivos en función de unas u otras características.
La privatización que quiso dar viabilidad al sistema acaba en un esperpento insostenible que despilfarra recursos e impide el ejercicio libre de la función empresarial para resolver desajustes evidentes. Las rentas altas escapan del sistema, aun pagando dos veces, mientras que las bajas acaban o sin servicio o con un servicio profundamente deficiente.
Llegados a este punto las voces son casi unánimes en contra de la libertad introducida en el sector, sin apreciar en absoluto las causas endógenas de la propia concepción pública del mismo. Del monopolio se pasa a la liberalización de la prestación, nunca de la financiación y elección del mismo.
Tanto la banca como la sanidad son ejemplo de cómo el dominio soberano ejercido por el Estado en el diseño del mercado o la prestación del servicio, así como la presencia de un órgano de dirección central o del Gobierno mismo, distorsiona señales, contribuye a la indisciplina de los agentes y lo que es peor, genera una red de empresas privadas que viven del expolio o el privilegio. El resultado es evidente.
El derecho natural y la Constitución
Es imprescindible proteger de forma precisa el derecho natural dentro de la Constitución de un país para preservar una sociedad libre, con tutelas judiciales y barreras civiles enérgicas frente a las decisiones arbitrarias de los políticos. Y resulta esencial que se garantice con una separación de poderes "real" y con independencia judicial "verdadera", de modo que se protejan eficientemente los derechos individuales de los ciudadanos.
La concepción iusnaturalista del Derecho debería ser la base legal que guíe una reforma constitucional ya que para la existencia de una sociedad civilizada formada por millones de personas interactuando en libertad, tanto desde una perspectiva creyente como desde un planteamiento agnóstico, se requiere la protección efectiva de una serie de derechos individuales consustanciales al propio ser humano y, por tanto, por encima del derecho positivo que legisle el Parlamento de una nación o de una comunidad autónoma.
Bajo la influencia de la filosofía griega, los juristas romanos afirmaban la existencia de un derecho superior al positivo, común a todos los pueblos y épocas. Paulatinamente, la moral cristiana fue perfeccionando ese concepto durante la Edad Media, estableciendo la necesidad de liberar a la persona de la tutela absorbente del Estado, de modo que un sistema jurídico no fuera sólo la expresión de la voluntad de los gobernantes.
En el siglo XIII, el pensador escolástico Santo Tomás de Aquino estableció la doctrina del derecho natural según la cual la ley natural es universal, inmutable y superior a las leyes de los hombres y, por tanto, existen principios superiores a la voluntad humana. Argumentaba que pertenecían al derecho natural aquellas normas que permitían conservar la vida del hombre y su libertad (se establecía la defensa de lo que la naturaleza enseñó al hombre como la unión de los sexos, la educación de los hijos, la inclinación a conocer la verdad sobre Dios y a vivir en sociedad).
En los siglos XVI y XVII los escolásticos españoles de la Escuela de Salamanca (Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luís de León,…) también fueron iusnaturalistas. Es decir, creían en la existencia de derechos propios del hombre como los derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad o a la igualdad ante la ley, que le corresponden por el mismo hecho de existir como ser humano y, por encima de cualquier legislación de un Estado. En esa misma época, el jurista Hugo Grocio intentó separar el derecho natural de su fundamento religioso y moral, al considerarlo "una regla dictada por la razón" y entender que "existía aunque no hubiera Dios o no se ocupara de los asuntos humanos".
Un planteamiento similar fue realizado por Friedrich A. Hayek desde su agnosticismo dentro de la Escuela Austriaca ya en el siglo XX, planteando la existencia de una lenta evolución socio cultural y una serie de instituciones morales (o patrones de comportamiento adquiridos por la sociedad civilizada) como, entre otros, el respeto por la vida y por la familia, el respeto por la libertad, el respeto por la propiedad, los contratos, el dinero o la banca o el respeto por la igualdad ante la ley. Esas instituciones morales (o patrones de comportamiento adquiridos) son responsables de que se desarrolle la sociedad civilizada y son atacados por los cientismos constructivistas (como el comunismo, el socialismo, el nazismo, el nacionalismo,…) para perseguir utopías políticas que sólo traen hambre, muerte y destrucción.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se publicó la obra Camino de Servidumbre en donde el autor austriaco fue el primero en reflejar claramente el proceso político de restricción de derechos individuales por medio de legislación y actos administrativos que conducen hacia la servidumbre del ciudadano frente al Estado hasta desembocar en el totalitarismo.
Este repaso histórico del derecho natural, sucinto y no exhaustivo, nos permite afirmar que una Constitución es papel mojado en manos de los políticos si no logra instaurar un sistema legal que garantice la separación "real" de poderes, la independencia "efectiva" de los jueces y otros mecanismos legales que protejan de modo espontáneo y automático los derechos inalienables del ser humano.
Es decir, para evitar el totalitarismo es esencial que exista un derecho natural superior a cualquier derecho positivo legislado por un Parlamento nacional o internacional y es imprescindible que una Constitución establezca la tutela judicial efectiva sobre los derechos inmanentes al hombre, simplemente por el hecho de existir como ser humano.
Sólo se conseguirá lo anterior cuando el derecho natural fije los grandes principios y las líneas rectoras de la organización social en una Constitución, protegiendo los derechos individuales de modo inmutable y universal frente a las soluciones políticas que intentan realizar ingeniería social y alienan la naturaleza del derecho con la excusa de adaptarlo a las épocas o de salvar a los pueblos.
Para conseguir lo anterior se precisaría que toda determinación humana quedase sujeta por medio del derecho privado. El derecho público surgido como soporte del Estado con privilegios y potestades frente al derecho privado, faculta a los políticos a realizar leyes y actos administrativos arbitrarios sin un control judicial previo, lo que les autoriza a restringir libertades e imponer decisiones sin el concurso de jueces independientes.
Por tanto, si queremos proteger el derecho natural de la acción depredadora de los políticos, también es esencial que la Administración funcione dentro del ámbito del derecho privado, sin privilegios de ningún tipo y sometida a una constante vigilancia por parte del poder judicial.
En esta época de buenismo intelectual y de relativismo moral, la razón de Estado se impone por encima del pensamiento libre y se predica el ideario estatista entre la población. Todavía existen demasiados políticos que pretenden decidir por nosotros: cuándo debemos nacer, cómo debemos vivir y en qué momento debemos morir. Por ello, se legisla sobre el ámbito de decisión individual de cada persona con la imposición de un idioma, una cultura o una Educación para la Ciudadanía. Y se introduce la familia sin derecho de filiación, el ateísmo rabiosamente antirreligioso, la eugenesia o, incluso, la eutanasia tutelada por médicos de partido.
Pero también existe una vía para cambiar el rumbo intervencionista en nuestras democracias y es la reforma constitucional, realizada justo en el sentido opuesto al adoptado por los actuales líderes intervencionistas "de todos los partidos", como diría el preclaro Friedrich A. Hayek.
Bye, bye, dólar
Y todo ello con comentarios entre el odio y el desprecio por nuestra sociedad racista, compuesta por viejas que leen el rosario, aficionados a los toros y a la tortilla de patatas, familias arrancadas apenas hace una o dos décadas del agro, con sus atávicos reclamos tradicionalistas. Inadaptados a la vida moderna o a la cultura refinada.
Candidatos, a lo sumo, a despertar las sonrisas de los lectores del National Geographic. ¿No sería absolutamente risible? Si tuviésemos la oportunidad de hablar con el periodista ruritano, nos moveríamos entre la necesidad de explicarle un par de cosas y la constatación de que, sea lo que fuere lo que le digamos, está tan imbuído en la ignorancia, tan carcomido por el odio, tan cegado por los prejuicios que no lograremos más que disgustos. La del periodista ruritano es una caricatura.
Pero, en vez de cruel, resulta benévola cuando la comparamos muchas personas que nos cruzamos en la vida personal o en los medios de comunicación, y que son una legión de ignorantes que hablan, ellos sí, con un arsenal de odio y desde un abismo de ignorancia, sobre los Estados Unidos. Cualquiera que se haya tomado un mínimo de interés por conocerlo, que no lo mire abrasado por los peores sentimientos y que no le tenga alergia a los libros de historia, sólo puede reírse de buena gana, si es que sabe vencer la indignación, de todos estos.
Antiamericanismo es el nombre que algunos han puesto a esa combinación única entre el desprecio por desconocimiento, el odio por ideología, todo bien envuelto en toneladas de pereza mental que se encuentra en cada esquina, en cuanto alguien pronuncia el nombre de los Estados Unidos. Su atrevimiento se desmoronaría con un mínimo de interés por conocer aquél país. O con un tenue recuerdo de lo que es el rubor, que sería suficiente para enrojecerles de vergüenza si fueran conscientes de su situación. ¿Es que no hay razones para criticar ciertos aspectos de ese país, de su historia, de su política? Las hay, son incontables y crecen día a día. Yo no hablo de los Estados Unidos. Hablo de cientos de miles de españoles, quizá millones, que han hecho del odio a aquél país parte de su esquema mental. Para mí, este fenómeno sigue siendo un misterio.
Odio por los Estados Unidos
Contrasten esta situación con la de las carreteras, con las que a menudo se suelen comparar las redes de comunicaciones, generalmente con aviesas intenciones nacionalizadoras. Para tener permiso para circular por ellas hay que estudiarse un código específico, aprobar un examen teórico y otro práctico y así obtener una licencia que nos pueden retirar por múltiples razones.
Algunos claman de vez en cuando por implantar una suerte de carnet para navegantes de internet; unos para prohibir el acceso a quienes emplean el mejor sistema para distribuir contenidos creado hasta ahora por el hombre y otros para impedir que la gente entre en internet con pleno desconocimiento de los peligros que le acechan en semejante empresa, desde los virus hasta los correos que te animan a dar tus claves bancarias por ahí. Pero afortunadamente ni unos ni otros han triunfado en su empeño, al menos por ahora.
Sin embargo, tanto en Estados Unidos como en Europa se está avanzando en un campo de difícil vuelta atrás. Porque es muy fácil ceder libertades al poder del Estado, pero muy complicado –a veces casi imposible– volver a recuperarlas después. Se está imponiendo con poco o nulo debate la mal llamada "neutralidad de red", que es la prohibición a los propietarios de las redes de gestionarlas como mejor les parezca, obligando a "tratar por igual a todos los bits", pertenezcan éstos al último single de moda descargado de iTunes o a las instrucciones de un cirujano que está operando a través de la red a un paciente crítico. Y el lobby que está detrás pertenece al gentil Google, el del eslogan bíblico de "no hacer el mal".
El efecto perverso de esta regulación se ve con claridad al examinar el caso español. En nuestro país han invertido en las redes por las que navegamos básicamente dos compañías: Ono y Telefónica. Ambas ofrecen servicios conjuntamente con sus conexiones de datos, principalmente de televisión. De hecho, ha sido la posibilidad de ganar dinero a través de estos servicios el principal motivo por el que nuestras conexiones han ido mejorando con el tiempo. Es lo que se llama un "subsidio cruzado"; se venden varios productos juntos en un pack y algunos de ellos permiten rentabilizar el coste de los otros. El ejemplo clásico sería Las Vegas, donde antaño se podía comer extraordinariamente bien por muy poco dinero o incluso gratis, porque era un servicio que permitía atraer a más jugadores, y era el dinero que perdían en ruletas y tragaperras el que pagaba esos restaurantes. La cosa se acabó, claro, cuando la ciudad se transformó en un destino turístico familiar.
Pues bien, el principal objetivo de los defensores de los inalienables derechos de los bits es impedir que se pueda hacer lo mismo en el ámbito de las telecomunicaciones. Es decir, que las operadoras no puedan ofrecer servicios premium de mayor velocidad para ciertos contenidos, como vídeo o voz, con los que rentabilizar la inversión en nuevas redes de datos. Lo hacen, aseguran, para impedir que las empresas de telecomunicaciones tengan una ventaja "anticompetitiva" en esos aspectos. Lo que lograrán será que dejen de invertir en mejorar nuestras conexiones y ampliar el ancho de banda del que disfrutamos.
¿Y qué gana Google con esto? Muy fácil. Impedir que pueda innovarse dentro de las redes, donde no tienen inversiones ni control alguno, implica que todas las novedades tendrán lugar en los "bordes" de las redes, que es el lugar donde reina. Si, por ejemplo, todo el vídeo transmitido por las redes va lento, a baja resolución y se corta cada dos por tres, YouTube seguirá reinando. Si se permite que pagando un plus se pueda emitir en tiempo real y a alta resolución, Google deberá pagar u ofrecer un servicio de menor calidad. No estamos hablando, por tanto, de defender al pequeño internauta frente a la gran empresa de telecomunicaciones. Estamos hablando de ponerse del lado del gigante de internet frente a los gigantes de las redes. Y en esa pelea prefiero estar con quien no quiere meter al primo de Zumosol, el Estado, a dar los puñetazos por él.
