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La rehabilitación del oro

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

La superstición colectiva, espoleada por economistas como Keynes y Friedman, acusó al oro de facilitar las terribles quiebras bancarias. La historia parecía acreditar que el metal amarillo era una bárbara reliquia que sólo sobrevivía gracias a los bajos instintos del personal. Ya en el s. XIX, se decía, los efectos destructivos del oro eran suficientemente conocidos, debido a las numerosas y recurrentes quiebras de bancos.

La conclusión lógica de este desaguisado era evidente: si queríamos tener un sistema monetario y financiero estable, debíamos prescindir del oro. En su lugar, la moneda de curso legal debían ser los billetes fiduciarios que emitieran los diferentes bancos centrales, especialmente la Reserva Federal. Se suponía que expropiando a los ciudadanos la potestad para decidir qué era dinero y qué podían hacer en cada momento con él entraríamos en una nueva era de prosperidad, sin ciclos económicos y, sobre todo, sin las temidas quiebras bancarias.

Durante los 90 Japón emitió algunas señales de que el niño no era tan bonito como lo pintaban. Sí, con una moneda fiduciaria también era posible que los bancos se volvieran insolventes y que las crisis no se resolvieran con un golpe de mano del banquero central de turno.

Aquélla fue también la década de el Maestro. Greenspan encandiló al mundo con sus tejemanejes. ¿Que la economía se desaceleraba? El Maestro sólo tenía que bajar los tipos de interés, como de hecho hizo en 1991-1992 y 2001-2003. ¿Que la economía generaba burbujas inflacionistas? El Maestro sólo tenía que subir los tipos, como hizo en 1994, 1999-2000 y 2004-2005.

¿Quién podía oponerse a un manejo tan científico y exacto de los flujos monetarios y financieros? Crecimiento e inflación habían dejado de ser parámetros problemáticos con la todopoderosa sabiduría de Greenspan. Incluso el precio del oro se derrumbó en aquellos maravillosos años 90, en una aparente pleitesía al Mesías monetario. La modernidad del dinero fiduciario había terminado por triunfar sobre la antigualla del oro.

Pero parece ser que, en última instancia, lo único que relucía realmente era el oro. Ni se aprendieron correctamente las lecciones de la Gran Depresión ni, mucho menos, se quisieron extraer las pertinentes conclusiones del caso nipón en un momento en que EEUU estaba encandilado por el salto tecnológico de internet. No es casual que durante la actual crisis económica el precio del oro se haya disparado, hasta casi doblar el registrado en 2004.

Pocos economistas están dispuestos a prestar importancia a este hecho enormemente significativo. Si el oro dejó de ser dinero cuando Nixon cerró la ventanilla de Bretton-Woods, si el oro es una bárbara reliquia, si no tiene sentido que los bancos centrales tengan reservas del metal amarillo, ¿por qué los agentes del mercado se afanan en adquirirlo en momentos de crisis financiera? La respuesta rápida, arrogante y habitual es que se trata de un valor refugio. Pero eso no resuelve la incógnita; es más, ¿qué significa eso? Pues exactamente lo que los economistas académicos han querido negar durante décadas: que el oro ha sido y sigue siendo el dinero por excelencia de Occidente, pese a todos los infundios que se han esparcido sobre él.

Entre todos esos infundios destacaba uno que acaba de hundirse definitivamente: ése que decía que sólo el patrón oro abocaba a quiebras bancarias generalizadas. Tras las quiebras de Northern Rock, Bear Stearns, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Wachovia o Washington Mutual, quizá debiera revisarse la idea de que el patrón oro fue el responsable de las quiebras durante la Gran Depresión.

No es cierto que la Fed fuera incapaz en 1930 de evitar el colapso de las entidades de crédito por las ataduras del metal amarillo. Nada habría cambiado en caso de que hubiera tenido libertad para expandir ilimitadamente la cantidad de dinero, ya que, al contrario de lo que dijo Bernanke en 2002, no es cierto que el Gobierno disponga de una imprenta que le permita devaluar el dólar hasta forzar la recuperación económica (a menos que equipare recuperación con hiperinflación y con la destrucción del sistema financiero).

Lo que estos economistas parecen ignorar es que los bancos centrales sólo pueden inyectar en la economía –y transitoriamente– liquidez, pero no capital: la Fed ni crea nuevos puestos de trabajo ni genera ahorro. Cuando, como sucede ahora o como ya sucedió en la Gran Depresión, los bancos se vuelven insolventes (es decir, el valor de sus activos cae por debajo del de sus pasivos), su rescate sólo puede pasar por una redistribución (voluntaria o coactiva) de la riqueza. Alguien debe destinar sus ahorros a recapitalizar el banco asumiendo las pérdidas que arroje en la actualidad.

Durante el último año, Bernanke ha actuado tal y como le hubiera gustado que actuara la Reserva Federal en 1930. Ha hundido los tipos de interés, ha inyectado tanta liquidez como le ha sido posible y ha depreciado el dólar. El fracaso de esta política ha sido patente: los bancos han seguido cayendo en cascada.

De hecho, el Plan Paulson, aprobado la semana pasada por el Congreso, supone la constatación del fracaso definitivo de la Fed. Finalmente, Bernanke ha entendido que la política monetaria no servía de nada (tampoco hubiera servido durante la Gran Depresión), ya que los bancos no necesitaban que la Fed les prestara continuamente dinero, sino que alguien invirtiera nuevo capital en ellos. Ese alguien, para Bernanke y para la burocracia estadounidense, debía ser el Tesoro de EEUU.

Así pues, el corsé del patrón oro no fue el culpable de la Gran Depresión. La Fed habría sido tan incapaz de rescatar a los bancos entonces como lo ha sido ahora. En ambos casos, la responsabilidad de las crisis radica en las malas prácticas financieras (endeudarse a corto plazo e invertir a largo) incentivadas y respaldadas por la banca central.

La virtud del patrón oro es que pone coto a las excesivas expansiones crediticias y reduce así el número y la extensión de las malas inversiones. Es un ancla que liga la economía financiera con la real y limita la formación de casinos en forma de burbujas o derivados financieros. Por eso la crisis actual amenaza ser devastadora. El destierro del oro no supuso un progreso hacia la estabilidad monetaria, sino un suicidio en toda regla de la arquitectura financiera.

Los que durante años han despreciado al oro recurriendo a argumentos pueriles deberían reflexionar sobre su responsabilidad en esta crisis y, quizá, empezar a replantearse su opinión sobre qué papel debería desempeñar el metal amarillo en el sistema monetario que, en unos años, deberá sustituir al actual.

¿Cuánto durará la crisis económica?

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

El declive económico comenzó a percibirse a finales de 2006, momento en el que el mercado inmobiliario nacional empezó a registrar su particular caída tras casi una década de crecimiento exacerbado (debido, entre otros motivos, a la entrada de España en el euro y la consiguiente expansión crediticia que tuvo lugar a partir de entonces).

A ello se sumó a mediados de 2007 el estallido de la crisis subprime en EEUU que, lejos de ser la causa, constituyó el primer efecto visible de la crisis financiera internacional que está teniendo lugar en estos momentos. Desde entonces, la insolvencia bancaria está provocando una falta de liquidez sin precedentes que, como consecuencia, da lugar a una fuerte restricción del crédito a familias y empresas.

La coexistencia de ambos fenómenos, independientes e interconectados al mismo tiempo, está golpeando con gran dureza la economía del país. Además, el elevado endeudamiento privado, junto al incremento de la deuda pública y el desequilibrio presupuestario que tendrá lugar en 2009 y 2010, sitúa a España en peores condiciones que el resto de países de nuestro entorno para afrontar la actual situación. Y ello, pese a que el Gobierno insista en defender unas fortalezas de las que carecemos, con un discurso basado en una confianza del todo irreal.

De este modo, la economía española apenas está experimentando el inicio de la crisis. Estamos en el comienzo, no en el final. Ignoren el mensaje engañoso del Ejecutivo afirmando que la deseada recuperación tendrá lugar a mediados de 2009 ya que, por desgracia para muchos, no será así. Hoy por hoy, la crisis económica está garantizada, como mínimo, hasta 2012. A partir de entonces todo dependerá de la salud en que se encuentre el sistema financiero internacional y de la necesaria corrección del mercado inmobiliario español.

Es decir, la crisis en España se prolongará, al menos, durante cinco años y después todo dependerá de diversos factores, tanto internos (políticas aplicadas hasta el momento) como externos (crisis financiera). El problema consiste en que el país acaba de vivir la mayor burbuja inmobiliaria de la historia, al tiempo que ha explotado la mayor burbuja crediticia internacional desde el crack de 1929. En este sentido, los datos indican que la recuperación del ladrillo, principal motor de crecimiento durante la última década, no tendrá lugar hasta que se diluya el abultado stock de viviendas existente en la actualidad, y que supera los 1,5 millones de pisos.

Si el ritmo de ventas se mantiene en las 300.000 unidades anuales, el mercado de la vivienda en España comenzaría a normalizarse dentro de 5 años. Eso sí, siempre y cuando no se construyese ni un solo edificio más. En este sentido, cabe recordar que la última crisis económica que sufrió el país se prolongó desde 1992 hasta 1997 y en parte la recuperación se debió entonces a la entrada en la UE.

Durante esos años la tasa de paro llegó a situarse muy por encima del 20 por ciento de la población activa. La gravedad de la actual situación radica en que, a pesar de que la crisis acaba de comenzar, la economía española se enfrenta ya al peor ritmo de destrucción de empleo de los últimos 30 años, al tiempo que la debacle inmobiliaria amenaza con superar el brusco ajuste de aquella etapa.

Siendo esta crisis mucho peor que la de entonces, es evidente que la particular travesía por el desierto se prolongará, como mínimo, un lustro. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta otros factores de riesgo que amenazan con prolongar la agonía. Así, la duración de la crisis financiera y la restricción del crédito, el elevado déficit exterior, la apuesta por un sistema energético insostenible centrado en el desarrollo de las energías renovables, la posibilidad real de que el ladrillo español experimente un estancamiento similar al de Japón y todo ello unido a la inexistencia de reformas estructurales de calado por parte del Gobierno para atenuar los efectos de la crisis (sobre todo en materia laboral y fiscal), pintan un escenario pesimista a medio y largo plazo.

Es decir, visto lo visto, ojalá la crisis económica en España dure tan sólo cinco años. Por desgracia, mucho me temo que serán más.

Vista ha muerto, larga vida a XP

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Los probadores dispondrán de una versión alpha (es decir, preliminar, pero que muy preliminar) del nuevo sistema operativo durante este mes de octubre. La fecha prevista para el lanzamiento no está muy clara, pero parece situarse entre finales de 2009 y comienzos de 2010.

Aún así, podría pensarse que eso nos obligará a usar Vista durante un año o dos. Pues no. Microsoft ha decidido extender la licencia de Windows Vista que permite a los fabricantes de ordenadores instalar XP otros seis meses más, hasta julio del año que viene. No sería de extrañar que siguiera ampliando el periodo de expiración de ese tipo de licencia hasta que tenga disponible una alternativa aceptable para sus clientes.

Y es que no parece que la gente esté muy contenta con Vista. En mi caso, es el segundo Windows que tras probarlo termino decidiendo no trabajar con él. El otro fue el infame Windows Me, un sistema que todos aquellos que lo instalaron recuerdan con escalofríos. Pero lo que opine yo, claro está, tampoco debería preocupar en Redmond. Pero sí que, en una encuesta realizada este verano, el 60% de los administradores de sistemas hayan declarado no tener planes de instalar Vista en las redes de las empresas para las que trabajan. Puedo asegurarles de que aquí, en Libertad Digital, tenemos auténtico pánico ante esa perspectiva. Pero hay más. Un 42% de ese grupo mayoritario de administradores que no quieren Vista considerarían migrar a Mac o a Linux antes de tener que actualizarse al último sistema operativo de Microsoft.

Pese a que el Service Pack 1 ha resuelto una parte de los problemas de Vista, no parece que haya sido capaz de cambiar la percepción de los usuarios. Y aunque Microsoft se dedique a hacer anuncios con Seinfeld y Gates de protagonistas, no parece que esa realidad vaya a cambiar mucho. Las razones de ese rechazo son muchas, pero quizá la más importante es que el nuevo Windows da demasiados dolores de cabeza y exige unas máquinas demasiado potentes para lo poco que ofrece a cambio.

En cualquier caso, lo que también ha dejado clara esta debacle, es que ni siquiera una empresa como Microsoft puede hacer lo que quiera y esperar que sus usuarios se lo traguen sin pestañear. El mal llamado "poder de mercado" tiene muchos límites, tantos que resulta más bien ridículo llamarlo "poder". Son nuestras preferencias como consumidores las que al final terminan por imponer las estrategias empresariales de las empresas, por muy grandes que sean. Los responsables de Microsoft estarán cruzando los dedos y rezando todo lo que saben para que Windows 7 sea tan bueno como debería haberlo sido Vista. Su "monopolio" está en juego.

El fascismo educativo en materia lingüística

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

El debate sobre la imposición de las lenguas cooficiales en el sistema educativo español está vigente desde que tuvo lugar la transferencia de las competencias educativas a las comunidades autónomas. A partir de entonces, el uso obligatorio del catalán, el gallego y el euskera se ha ido extendiendo progresivamente en la enseñanza de determinadas regiones, hasta el punto de que un creciente número de familias denuncia la marginación que sufre el castellano en este ámbito, y reclama su derecho a elegir libremente el idioma en el que desean educar a sus hijos.

El problema es que, si bien identifican correctamente la causa que ha originado esta situación, tanto las autoridades políticas como los medios de comunicación fallan estrepitosamente en la solución a aplicar. Es evidente que el auge de los nacionalismos regionales y el ejercicio de su potestad política han terminado por imponer un modelo educativo basado en la marginación del castellano como lengua vehicular. Un sistema que, sin duda, es equiparable al que desarrolló Franco durante su dictadura con respecto a la enseñanza y difusión de las lenguas autóctonas presentes en España desde hace siglos.

El nacionalismo, de toda índole y condición, precisa para su desarrollo de un oponente ideológico al que identificar como enemigo. De ahí, precisamente, la necesidad imperiosa de contar con una serie de rasgos diferenciales sobre los que construir su esencia. En este sentido, la raza, el territorio, la lengua o la religión suelen constituir elementos básicos de la identidad nacionalista. De este modo, tratan de reivindicar su pertenencia a una determinada comunidad (nación) en oposición a otras.

En el caso concreto de España, los gobiernos nacionalistas emplean la imposición de las lenguas autóctonas en sus respectivos territorios para reforzar dicha identidad. Sin embargo, dicha estrategia vulnera el ejercicio de determinados derechos y libertades individuales como, por ejemplo, la libre elección del idioma en el ámbito educativo e, incluso, empresarial. Véase la ley que obliga a los comercios a rotular en catalán o la reciente polémica entre Air Berlin y el Gobierno balear.

Ante tales atropellos, se suele abogar por la búsqueda de un "equilibrio" entre la enseñanza del castellano y el resto de lenguas cooficiales en el seno de la educación pública, o por el ejercicio de un bilingüismo estricto a nivel empresarial. Sin embargo, tales reivindicaciones conllevarían en todo caso un resultado injusto para la libertad de los individuos. Y ello, por el simple hecho de que son impuestas de un modo arbitrario por la autoridad política de turno, ya sea a nivel autonómico o estatal.

Una auténtica política liberal en materia lingüística en ningún caso puede surgir del poder público, sino justo al contrario. Es decir, en su ausencia. Así, son los propios individuos, y no las autoridades, los que deben determinar la extensión y predominio en el uso de una u otra lengua sobre el resto. La solución radica, pues, en la privatización de la enseñanza y no en la instauración de un determinado modelo educativo que, en última instancia, siempre dependerá de una imposición política.

Imagínese por un momento un sistema en el que cada centro pueda establecer libremente tanto el programa educativo como los distintos idiomas en los que impartir las materias. En este caso, muchos colegios optarían por el conocimiento de diversas lenguas. Sobre todo, por aquellas que resulten más útiles para el futuro desarrollo profesional de sus alumnos (castellano e inglés, por ejemplo).

Además, la extensión en la enseñanza de un determinado idioma siempre estaría determinado por la demanda real que manifieste la sociedad, y no por la ideología arbitraria de los distintos partidos. De este modo, las familias y los alumnos podrían elegir libremente entre un amplio abanico de centros y ofertas educativas que mejor se ajusten a sus valores y principios culturales. La clave radica, pues, en la privatización absoluta de la educación y su libertad plena en el establecimiento de itinerarios. Las becas y los cheques escolares podrían suplir, en última instancia, el acceso a la educación privada de las familias con escasos recursos económicos.

Y es que, al igual que en el resto de ámbitos, tan sólo un sistema educativo basado en la libertad de individuos y empresas puede satisfacer de un modo correcto los múltiples y variados intereses que están en juego. Por el contrario, las alternativas que parten del poder público, además de resultar ineficientes, siempre correrían el riesgo de culminar en un modelo fascista en el que la voluntad política termine por anular los derechos inalienables de las personas.

Progrefascismo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Ocurre, desde luego con la hidra fascista, ideología a la vez nueva y antigua (como todas), que vivió sus mejores días en los peores de Europa, para ser derrotada por las armas, por la política y por la historia. En su forma más pura ha quedado para satisfacer los instintos de unos cuantos inadaptados. Pero con el traje progresista (que siempre estuvo en su armario) vive una enésima juventud y en ciertos aspectos es una ideología de masas, un canon político y moral del que muy pocos se zafan. Vivimos la era del progrefascismo.

Fui injusto al llamar fascista a Zapatero. Él no es ningún ideólogo. Zapatero vadea el cenagal ideológico de la izquierda en el que flotan los cuerpos que alimentaron aquella izquierda, los más y los menos nobles, desde la fe en la capacidad transformadora de una razón sin ataduras en la historia o la naturaleza humana al comunismo o, sí, al fascismo. Zapatero se impregna de todo ello como lo hace la propia izquierda. 

El ropaje progresista le da al fascismo un aire de superioridad moral desconocido desde hace siete décadas. No me tengo que ir muy lejos, que para ello soy lector habitual de El País. El sábado publicaba un artículo titulado muy oportunamente Liberalismo, tabaquismo y democracia, pues con esta breve enumeración señalaba las tres cosas contra las que escribía Manuel Arias Maldonado. Recordaba la Ley Antitabaco para dolerse de que España, ya se sabe, es un cachondeo. Esta tierra anarquista e individualista (dicen) no respeta la autoridad. Si nos prohíbe fumar en tal o cual sitio, luego va la gente y hace cada uno de su capa un sayo y la malhadada ley se incumple sin recato. Aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío. Esto se tiene que acabar. ¿Que la ley es ineficaz por tal o cual ambigüedad? Acabemos con todas las ambigüedades: "Desde luego, este decepcionante resultado demuestra que sólo una norma que imponga sin distingos la prohibición absoluta de fumar en cualquier espacio público puede ser eficaz". Prohibición total. A la libertad, ni un resquicio por el que colarse.

Para apuntalar esta propuesta progrefascista, el autor destapa todas las viejas esencias: la condena moral de las costumbres hedonistas de la juventud, la intolerable pretensión de anteponer la necesidad privada al interés general, la pretensión de formar parte del destino manifiesto de la historia frente a los valores "antiguos", la preeminencia de la salud y el medio ambiente, la falta de respeto a la autoridad… una gozada de artículo; no falta nada. Y en la Página cuatro de Opinión de El País.

Cuando Oriana Fallaci recogía la idea de que "hay dos tipos de fascistas: los fascistas y los antifascistas" no estaba tan desencaminada.

Peor el remedio…

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

El plan Paulson apoyado por demócratas y republicanos en contra de la opinión de un 93% de los ciudadanos estadounidenses no es la panacea que venden Bush, Obama y McCain. La crisis de las subprimes no es la de un mercado libre falto de intervención sino todo lo contrario. En efecto, la Community Reinvestment Act de Jimmy Carter por la que los políticos forzaron la existencia de las hipotecas subprime para "facilitar" a todos el acceso a una vivienda, la garantía pública a Fannie y Freddie para que apoyaran ese experimento de ingeniería social y los tipos de interés que la monopolista Reserva Federal mantuvo por los suelos durante 5 años fueron el caldo público de cultivo de la actual crisis.

La tentación de los políticos suele ser tapar las negativas consecuencias de anteriores intervenciones sobre el libre mercado con nuevas intervenciones que desafortunadamente nos dejan nuevos problemas y rara vez solucionan completamente los viejos. En este caso resulta más que dudoso que la compra de activos de mala calidad por valor de 700.000 millones de dólares pueda resolver la crisis subprime y, sin embargo, parece muy probable que el enorme endeudamiento con el que se financiará el plan hunda el valor de la deuda pública norteamericana y del propio dólar. Al final lo previsible es que el ciudadano estadounidense termine pagando a un precio desorbitado las disparatadas políticas intervencionistas de sus políticos, de algunos financieros y de los dirigentes de la FED.

Si el acuerdo tiene poco sentido al otro lado del Atlántico, aquí no tiene ninguno. Y es que nuestra crisis no es la de las hipotecas subprime; es mucho peor. El PER de la vivienda, el ratio que ayuda a medir la sobrevaloración de los precios de los inmuebles indicando los años que es necesario esperar para recuperar la inversión en vivienda, ha llegado aquí a 35 frente a los 23 que alcanzó en EEUU. En España se construían casi un millón de viviendas en el punto álgido de la burbuja mientras que en EEUU, para una población de 300 millones de habitantes, se construían 1,6 millones. En nuestro país se ha producido una enorme distorsión de la estructura productiva de la que sólo nos recuperaremos para crecer de manera sana tras un doloroso reajuste. Las malas inversiones tendrán que ser liquidadas y tendremos que recolocar los factores de producción donde más se los necesita para comenzar un crecimiento armónico.

Además de provocar todos los efectos negativos del Plan Paulson, un plan español similar impediría la imprescindible reestructuración y alentaría a las instituciones rescatadas a continuar con las malas prácticas que inflaron la burbuja. Necesitamos aislar los activos infectados y no esparcirlos contaminando el resto de la economía. Para colmo, un acuerdo político de estas características dirigiría el escaso ahorro que necesitamos para capitalizar los proyectos viables hacia proyectos que no tienen futuro y deben ser liquidados cuanto antes.

Sin embargo, un gran acuerdo entre el líder socialista y el popular podría ayudarnos a hacer más llevadera la travesía por el desierto si girara en torno a otros principios. Ese trato necesariamente requeriría incentivar el maltratado ahorro de los españoles, recortar al máximo el despilfarro público –tratando de bajar impuestos si fuera posible– y flexibilizar el mercado de trabajo y demás factores de producción para que la reestructuración sea más rápida y menos dolorosa. Esperar un trato como este de dos alérgicos al liberalismo es pedirle peras al olmo. Pero la esperanza debe ser lo último que perdamos cuando nos jugamos tanto.

Las hiperinflaciones bajo el oro

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

Aunque suele describirse la hiperinflación como un período de crecimiento de los precios a elevadas tasas, resulta más adecuado definirla como el proceso de desmonetización de un activo por el cual deja de cumplir su función de depósito de valor.

Las enormes subidas de precios asociadas a las hiperinflaciones son sólo una consecuencia de lo anterior: los activos desmonetizados comienzan a desatesorarse masivamente y a intercambiarse por cualesquiera otros activos, especialmente aquellos que conserven mejor el valor.

La hiperinflación, por tanto, equivale a la muerte de la moneda y destruye los patrimonios de quienes tenían saldos líquidos en esa moneda. Esta muerte de la moneda se produce siempre que sus propiedades sufren una degradación tan grande como para incentivar a sus tenedores a que adquieran otros activos que cumplan mejor estas propiedades.

Una de las propiedades más importantes del dinero era su escasez relativa, esto es, que la relación entre el stock atesorado de dinero y su producción anual fuera muy alta. De este modo se evita que se produzcan grandes oscilaciones en el valor del dinero que ponga en riesgo el valor de los patrimonios de sus tenedores.

Ya vimos que el oro era uno de los activos con una proporción stock/flujo más elevada: su stock está integrado por todo el oro extraído de las minas a lo largo de la historia de la humanidad. En principio, este enorme stock ofrece garantías de que el precio del oro no se hundirá por los aumentos anuales de su oferta; sin embargo lo mismo podría decirse del papel moneda: si se limita su emisión anual a una fracción del stock existente, su precio no tendría por qué experimentar grandes variaciones.

No obstante, hay una diferencia esencial entre los incrementos de la cantidad de oro y los incrementos de cantidad de papel moneda: al menos hasta el momento, la primera tiene una vinculación mucho más directa con el proceso productivo que la segunda. La extracción de oro necesita de trabajadores, maquinaria y recursos naturales que deben sustraerse de otros procesos productivos; por el contrario, una vez se dispone del equipo para producir papel moneda, el coste de producir una unidad adicional es prácticamente cero (no digamos ya en el caso de las monedas virtuales cuya existencia depende de una anotación contable).

¿Por qué esto es importante? Básicamente porque el señoriaje (la diferencia entre el valor adicional de una unidad monetaria y su coste marginal) del papel moneda sólo se vuelve negativo sólo cuando se ha destruido el sistema monetario, mientras que bajo el patrón oro el margen de señoriaje se extingue con bastante rapidez.

El incremento sostenido de la cantidad de oro implica que los mineros tendrán que percibir mayores salarios, que la amortización de la maquinaria minera se incrementará y que tendrá que avanzarse hacia las vetas de peor calidad. El coste marginal de producir oro es creciente ante incrementos en la cantidad de oro. En última instancia, el coste de producir una nueva onza de oro será superior a la propia onza, de modo que la explotación minera se cerrará hasta que se produzca un incremento del valor del oro o una caída en los costes (por ejemplo, mediante el hallazgo de vetas más accesibles o con el descubrimiento de tecnología más productiva).

En cambio, en un sistema de papel moneda, el coste marginal de producir un nuevo billete es prácticamente cero. Pueden producirse grandes cantidades adicionales de papel moneda sin necesidad de contratar nuevos trabajadores o adquirir nuevas imprentas. El margen de señoriaje sólo desaparece cuando el valor del papel moneda se acerca a su coste marginal, es decir, cero (lo que implica la desaparición del sistema monetario). Parafraseando a Mises, el señoriaje se agota cuando el valor del billete cae por debajo del valor del papel (Todo lo dicho sobre el papel moneda puede aplicarse, corregido y aumentado, para el caso del dinero virtual).

Las hiperinflaciones bajo el patrón oro, por consiguiente, tienden a abortarse de manera endógena, con o sin la participación del emisor de moneda (al menos, con el sistema productivo actual). Por el contrario, en un régimen de papel moneda la hiperinflación sólo puede detenerse a través de un compromiso claro y creíble del emisor para defender el valor de su billete (los llamados procesos de "estabilización" monetaria).

Por este motivo, el oro es un dinero mucho más seguro frente al riesgo de desmonetización que el papel moneda o el dinero virtual siendo, en este sentido, un mejor dinero.

La crisis no existe para los “zejateros”

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Sólo un ejemplo, por lo demás reciente. En el transcurso de un acto social, el director Antonio del Real invitó a Zapatero y señora al estreno de su última película. El presidente le aseguró que allí estaría si su agenda se lo permitía. Acto seguido, según cuenta el damnificado, dos grandes actrices se acercaron a la pareja presidencial para hacerle saber que se trataba de alguien que no había apoyado las algaradas callejeras de los actores contra Aznar a cuenta de la segunda parte de la Guerra del Golfo. Cuando están en juego las habichuelas, hay que ser un héroe para discrepar de la secta. Y en un negocio estatal, como lo es el cine español en tanto sobrevive gracias a las subvenciones, con más razón aún.

En los "presupuestos más austeros de las últimas décadas", según Solbes, los artistas de la ceja no van a experimentar ninguna reducción en los fondos que anualmente les facilita el Gobierno, todo gobierno, para que asombren al orbe civilizado con sus producciones cinematográficas. Antes al contrario, el cine va a ser una de las pocas industrias que va a aumentar el caudal de dinero proveniente del estado, es decir, de su bolsillo y el mío. Durante la última campaña electoral se hartaron de insultar a la gente de derechas. Ahora ZP les agradece el detalle con el dinero de todos, incluidos los que fuimos el blanco de sus invectivas.

Ochenta y ocho millones de euros es lo que el Ministerio de Cultura va a entregar a los promotores de la campaña de la ceja, para "dar respuesta a la demanda del público que ama una cinematografía que le es propia y en la que se ve reflejado", según el señor ministro. El amor de los españoles por esta cinematografía es últimamente bastante relativo, si uno echa una mirada las cifras de audiencia. En 2007, el cine español perdió casi seis millones de espectadores según cifras del propio ministerio, o sea, que más que amarlo parece que a los españoles nos cae cada vez más gordo. En cuanto a verse reflejado en lo que aparece en la pantalla, el ministro debe referirse a algún sector marginal del progresismo. Desde luego, los creyentes no pueden identificarse con películas como "Los girasoles ciegos", furibundo ataque a la religión católica (que como no podía ser de otra manera, nos representará en la próxima gala de los Oscar) cuya trama se desarrolla en el contexto de la guerra civil, un tema prácticamente inédito en nuestra filmografía progresista, como es bien conocido. Su director, José Luis Cuerda, tuvo que padecer algún trauma de niño por culpa de los curas. Quizás le daban palmetazos en el trasero cuando lo sorprendían atiborrándose de comida en mitad de la clase. Y es que hay afrentas que no se perdonan jamás.

¡Acabemos con iTunes!

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

La peculiar coalición está formada por unos productores musicales sedientos de mayores regalías en Estados Unidos y el Defensor del Consumidor noruego (un tipo nombrado por el rey del país escadinavo para, según dicen, defender a los consumidores de esa nación).

La Asociación Nacional de Editores Musicales (NMPA) ha reclamado que la cantidad que tiene que pagar Apple a sus miembros por cada canción vendida aumente en un 66 por ciento, de 9 a 15 centavos de dólar. Si esto ocurriera, la venta de canciones a 99 centavos dejaría de ser rentable, por lo que la compañía de la manzana ya ha amenazado con cerrar su tienda de música si las autoridades deciden dar la razón a la NMPA. Y es de temer que el poder político actúe como quieren los editores. Quien debe decidir sobre la cuestión es la Copyright Royalty Board (CRB), que anteriormente ya ha demostrado tener poco cariño por internet. Esta institución, adscrita a la Biblioteca del Congreso y formada por tres jueces, decidió el año pasado que a partir de 2010 las tasas que pagan las radios online por derechos de autor se tripliquen, con lo que desembolsarán mucho más que las emisoras tradicionales.

La NMPA argumenta que el beneficio de Apple está en la venta del iPod, por la que ellos no ingresan un céntimo, y que los editores musicales necesitan ganar más ahora. No se plantean que es mejor ganar algo (que dado el volumen de ventas de iTunes no es una cifra pequeña) que no ganar nada debido al cierre de iTunes o a que esta pierda su clientela por subir los precios para que siga siendo rentable, lo que también conduciría a su clausura.

Y es precisamente el iPod lo que abre el frente noruego para iTunes. El Defensor del Consumidor pretende obligar a Apple a que las canciones vendidas a través de su tienda puedan ser escuchadas con reproductores diferentes a los suyos. Si el gigante informático no cede a sus presiones, amenaza con llevarle ante los tribunales. Por supuesto, si esto ocurre y los juzgados dan la razón a ese tipo nombrado por el rey de Noruega, puede haber una reacción en cascada en todos los países de la Unión Europea y no es descartable que las autoridades comunitarias, tan intervencionistas como son, se sacaran de la manga una sanción contra la compañía fundada por Steve Jobs y Stephen Wozniak.

Si una buena parte del negocio de iTunes está en que favorece la venta del iPod, obligar a abrir sus canciones a otros reproductores haría de la venta de música un negocio nada rentable para la compañía, con lo que el cierre en Europa sería algo factible. Algo que no parece plantearse el noruego en cuestión. Un señor que además no da la impresión de haberse enterado de que existen otras tiendas que también venden canciones sueltas, por lo que nadie tiene la necesidad de comprar el producto de Apple.

Tan sólo falta que un grupo de editores musicales y supuestos defensores del consumidor asalten con antorchas la sede de Apple al grito de ¡acabemos con iTunes! Los efectos no serían peores.

Breves notas sobre pobreza y liberalismo

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Una de las acusaciones más recurrentes con las que se ataca al liberalismo y a los defensores del libre mercado es la de que no tiene en cuenta a las personas con menos recursos y más desfavorecidas. Esto es así porque, según argumentan, el funcionamiento de una economía capitalista y libre conduce a grandes desigualdades de rentas, donde una parte de la población vivirá con mucho, y otra al borde de la miseria. Y dado que este resultado no se considera bueno, se justifica la intervención del Estado en múltiples campos, con el objetivo de redistribuir la renta y así favorecer a los más pobres.

Sin embargo, desde el punto de vista liberal, este análisis está lejos de ser válido, por varias razones, y la intervención estatal con fines aparentemente solidarios suele tener efectos contraproducentes. O dicho de otra manera, que éste es un caso particular de la crítica general del intervencionismo, por la cual éste fracasa en cumplir los fines que se propone.

En primer lugar, podemos apuntar a la tendencia histórica de los últimos siglos en Occidente, y de otros muchos países más recientemente, en la que la pobreza se ha reducido drásticamente, y los niveles de vida de toda la población, incluidos los menos favorecidos, han aumentado considerablemente, gracias a la aplicación (parcial, todo sea dicho) de los principios económicos liberales.

En segundo lugar, es muy posible que en estos razonamientos intervencionistas se encuentre implícita la falacia del non sequitur, tan presente en la justificación teórica de la intervención estatal en la teoría de los fallos del mercado. Del hecho de que el Estado realiza funciones importantes para la sociedad, se deduce que sólo el propio Estado puede proveer de esos bienes o servicios. En el caso que nos ocupa, se piensa que si no fuera por las instituciones públicas, nadie se ocuparía de los más necesitados. Sin embargo, sí existen alternativas privadas. Es más, en algunos países (como el caso de Argentina), existían organizaciones privadas que llevaban a cabo tareas de acción social de todo tipo. La labor de estos colectivos fue disminuyendo a medida que la intervención del Estado se entrometió en estos asuntos. Es decir, que normalmente el Estado no es un complemento de las actividades de caridad privada, sino un sustituto, ya que se reducen los incentivos de la gente a preocuparse por los más desafortunados.

Otros ejemplos de alternativas privadas de caridad se pueden encontrar en organizaciones religiosas u otro tipo de entidades que sirven a estos mismos fines.

Y en tercer lugar, cabe preguntarse si realmente los programas gubernamentales y la redistribución reducen la pobreza a largo plazo. Esta pregunta la responde negativamente Howard Baetjer, analizando los planes de la Gran Sociedad de Lyndon Johnson en los 60 y demostrando su gran fracaso. Y es que, como dijo Henry Hazlitt: "la doble pregunta que todo plan para aliviar la pobreza debe responder es: ¿cómo se pueden mitigar las penalidades del fracaso y la desgracia sin desincentivar el esfuerzo y el éxito?".

Por último, y aunque no debería hacer falta decirlo, no es que los liberales estemos en contra de los pobres, obviamente, es que creemos que las medidas intervencionistas hacen más mal que bien a los más desfavorecidos y que, como expone George Reisman, el sistema capitalista de libre mercado es el único sistema económico que lleva a un mayor bienestar material para toda la población.