Ir al contenido principal

Si yo fuera progre, estaría preocupado

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Para el progrerío, tan proclive al análisis de nivel ESO, la actual crisis financiera demuestra la derrota inapelable del liberalismo, promovido por los gobiernos de derechas a uno y otro lado del Atlántico. El Padre Iñaki llegó incluso a comparar, en una de las homilías con que abre su informativo piadoso, los problemas financieros de la bolsa norteamericana con la caída del muro de Berlín. Así como el muro acabó con el comunismo, el derrumbe de Wall Street habría acabado con el liberalismo salvaje. Demos gracias al Señor.

Sin embargo los progres no deberían empezar a tocar las campanas aún, porque lo que se está viniendo abajo es precisamente el sistema que les permite vivir como burgueses sin dar un palo al agua.

Veamos, si el liberalismo es el error, el socialismo, en tanto filosofía que preconiza lo contrario, es la verdad suprema. Ahora bien, ni en uno ni en otro sistema el progre puede mantener su estatus actual. Con un modelo verdaderamente liberal, porque el Estado no robaría a los ciudadanos para financiar a las clases ociosas, y bajo un régimen socialista porque, sencillamente, no existe riqueza que rapiñar. El progre, por tanto, necesita la existencia de un modelo de libre mercado fuertemente intervenido, que es precisamente lo que está entrando en barrena. El peligro que no parecen percibir nuestros progres es que si la gente decide que el modelo actual no es válido, sea cual fuere su sustituto el negocio del progresismo desaparecería de inmediato. No más subvenciones que trincar, no más regulaciones a favor de los lobbys progresistas, no más administraciones elefantiásicas con miles de funcionarios contratados a dedo. Adiós a la financiación estatal de los partidos políticos, fuera liberados sindicales, hasta siempre cineastas del trinque y el no a la guerra…

Así que más vale que no proclamen tan alto que "el sistema se ha derrumbado", no sea que lo haga con todas sus consecuencias y de la noche a la mañana se les acabe el chollo. En los Estados Unidos, más de un noventa por ciento de ciudadanos no están de acuerdo con las medidas intervencionistas de Bush para, supuestamente, solucionar la crisis. Imaginen que el ejemplo se extiende y las clases medias de Europa se declaran hartas de financiar a tanto parásito. Muchos de los que ahora pontifican sobre la maldad intrínseca de la libertad individual no tendrían más remedio que empezar a ganarse la vida honradamente. Hay quien no lo superaría.

Adoctrinamiento escolar

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Con el rimbombante nombre de Educar para crear, el proyecto se ha puesto en marcha en Asturias y pretenden extenderlo al resto de España. Aterra escuchar a una de sus responsables decir que "hemos convertido a los niños en creadores". Si tenemos en cuenta el comportamiento de muchos de los autodenominados "creadores" españoles es para ponerse a temblar. ¿Acaso les están enseñando a insultar a quienes no defienden sus posturas políticas, a criminalizar a todo aquel que no comparta sus puntos de vista sobre propiedad intelectual y a pedir subvenciones sin ton ni son? En realidad no, en lo que les adoctrinan es en el mantenimiento del caduco modelo de negocio que todavía mantiene la industria cultural.

En este lavado de cerebro al que se somete a los estudiantes, no se respeta ni siquiera la copia privada, que está reconocida por la legislación y en la que se justifica el canon digital. Tras las sesiones de adoctrinamiento se les preguntó a los alumnos si les parecen correctas dichas copias, a lo que respondieron que "lo que tendría que ser es todo original" o "cd originales por favor, cd originales". Y todo ello con el apoyo del Gobierno a través del Ministerio de Cultura y en un futuro con el de Educación. Por supuesto, para garantizar el éxito de estas técnicas ideologizadoras, no se conforman con dirigirlas a los adolescentes, sino que ya trabajan también sobre las mentes de los alumnos de primaria.

Cedro, la BSA, NBC, Microsoft y demás entidades privadas implicadas en el proyecto tienen derecho a intentar convencer a todo el mundo de sus planteamientos. Pero lo que resulta escandaloso es que lo hagan con apoyo de una universidad pública y del Gobierno, así como que los colegios ofrezcan a los menores para participar en esas sesiones de adoctrinamiento. Se utilizan los impuestos de los ciudadanos para adoctrinar a los menores y difundir unas ideas que se presentan como verdades absolutas pero que tan sólo responden a unos intereses particulares. La propiedad intelectual dista mucho de ser algo indiscutible. De hecho, los recursos públicos utilizados en este proyecto salen también de las cuentas corrientes de quienes pensamos que la propiedad intelectual es una ficción que supone una restricción de la libertad.

La caída de un imperio

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Aunque esta visión de la larga decadencia del Imperio Romano sigue siendo la más extendida, hubo historiadores y economistas que nos dieron visiones alternativas. Éstos nos dicen que la entrada de bárbaros en las filas romanas fue en todo caso una consecuencia, pero no la razón principal.

Para el economista Ludwig von Mises, la caída del Imperio se debió a la manipulación de la moneda con el objetivo de enriquecer al Estado y un creciente número de leyes que regulaban el mercado. En La acción humana Mises apunta que: "Apelar a la coacción y compulsión para invertir la tendencia hacia la desintegración social era contraproducente ya que la descomposición [del Imperio] precisamente tenía sus orígenes en el recurso a la fuerza y la coacción. Ningún romano fue capaz de comprender que la decadencia del Imperio era consecuencia de la injerencia estatal en los precios y del envilecimiento de la moneda".

Algunas de las medidas esperpénticas que llegaron a usar los emperadores romanos fue el castigo a quien osara abandonar la ciudad, la nacionalización del comercio de grano, la regulación de los precios agrícolas y del sector naviero, el aumento y la creación de nuevos impuestos sobre todo a partir del siglo III d.C. (sobre las herencias, sobre los bienes para sufragar los gastos militares, para la creación de más espectáculos y obras públicas, para la pensión de soldados veteranos…). A esto se sumó un continuo envilecimiento de la moneda para obtener mayores beneficios de "señoraje" (diferencia entre el valor nominal de la moneda y sus costes de fabricación).

La actual crisis financiera tiene su origen en los mismos puntos. La hiperregulación que van sufriendo los países de Occidente desde hace más de 100 años y el total abandono de un sistema monetario sano y transparente como el patrón oro por otro oscuro, manipulado y fraudulento como es el sistema de reserva fraccionaria gubernamental (la privada no tiene por qué ser nociva) está dando sus frutos.

Pasados más de 1.500 años, la historia se vuelve a repetir. No es la única vez, ya ha ocurrido antes. Ahora los dirigentes americanos consideran que la actual crisis no se debe a sus políticas monetarias expansivas, barreras al libre comercio, economía dirigida, cargas impositivas o al continuo envilecimiento de su moneda con inflación crediticia. Para ellos, la solución a la crisis es más de lo mismo. Han construido un plan que si se aprueba tirará el dólar por los suelos y puede crear una inflación impresionante. El rescate se sufragará vía deuda básicamente, que significa más impuestos para el erario americano y sistemas productivos menos eficientes y rentables ya que se desvían al Estado. A esto suman una ola de leyes penalizando las libres transacciones comerciales y financieras y los nuevos soviets reguladores, que necesitarán de más dinero público.

Puede que este sea el fin de Estados Unidos como imperio, o al menos tal y como lo conocemos. Esto no es algo que se vea de forma rápida, pues requiere que pasen muchos años, pero la tendencia que están siguiendo los burócratas americanos es la misma que los emperadores y funcionarios romanos en el siglo III.

De aquí a 1.000 años, tal vez, se atribuya la decadencia del imperio americano, si es que se produce, a la inclusión de soldados extranjeros y mercenarios en su ejército, como por ejemplo los de Blackwater (muchos no son americanos). Es la explicación que ahora se da de la decadencia del Imperio Romano. Si es así, podremos afirmar que el amor del hombre por la represión política y búsqueda de soluciones donde no las hay es preocupantemente patológica. Al menos, nosotros sabremos que la única fuente de las crisis sólo se explica a través del intervencionismo económico, Gobierno omnipotente y el total desprecio hacia la libertad y propiedad privada. En pocas palabras, al triunfo del socialismo y capitalismo de Estado.

Acreedores

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Son muchos los momentos a lo largo de nuestra vida en que utilizamos monedas y billetes de curso legal. Normalmente los empleamos para liquidar nuestras deudas, y, a su vez, los aceptamos cuando son los demás los que tratan de saldar las suyas. Estamos tan acostumbrados a utilizarlos que rara vez nos damos cuenta de lo que representan. Sabemos que, gracias a distintas normativas, tienen una función liberadora en el pago de deudas, aunque rara vez nos paramos a analizar los billetes en sí.

Para determinar su significado, deberíamos acudir al balance de la entidad que los emite, el banco central. En el balance de situación se refleja la situación patrimonial de una empresa, es decir, sus bienes, derechos y obligaciones. Éste aparece dividido en dos secciones, el activo (los bienes y derechos de los que es titular el banco emisor) y el pasivo (el origen de dicho activo). Analizándolo, podemos observar que los billetes emitidos por el banco central aparecen en el pasivo.

El pasivo, a su vez, puede considerarse de dos clases, el pasivo exigible (lo que la empresa debe a sus diversos acreedores) y el neto patrimonial (los recursos propios de la empresa, dicho de otra manera, lo que han desembolsado sus accionistas más los beneficios no repartidos). Puesto que no somos accionistas del banco central, ser tenedores de sus billetes nos transformaría en acreedores. Esta posición podría quedar más clara si acudimos a la leyenda que figuraba, por ejemplo, en los antiguos billetes de peseta, donde se podía leer “El Banco de España pagará al portador … pesetas”.

No obstante, esta posición acreedora se ve matizada por el hecho de que no puede saldarse. De un lado el banco central reconoce que el tenedor de billetes es un acreedor, pero por otro lado, si acude a él para cobrar la deuda, se encuentra con la ironía de que la legislación del país le impide cobrarla.

Si siguiésemos analizando el balance del banco central podríamos obtener otros datos de interés. Normalmente, cuando se concede un préstamo a una empresa se miran dos factores. El primero de ellos sería la capacidad de generar beneficio del prestatario, para asegurarnos de que puede devolver el préstamo, y el segundo sería su patrimonio neto, a fin de poder ejecutar el préstamo en caso de impago. Si analizamos el activo podemos mirar que la composición patrimonial del banco central es muy peculiar, al componerse en su mayoría de billetes (tanto propios como ajenos), y de préstamos concedidos a otros bancos. Apenas una leve fracción del activo se corresponde con bienes reales (fundamentalmente oro).

Por tanto, si quisiéramos cobrar nuestra deuda contra el banco, la normativa legal no lo impidiese, y éste no desease pagar, nos encontraríamos que a la hora de ejecutar el préstamo obtendríamos fundamentalmente billetes que volverían a ratificar nuestra posición acreedora. Es decir, cobraríamos nuestro pagaré con otro pagaré.

El mecanismo por el que se ha llegado a esta situación ha sido largo y gradual. En primer lugar se concedió el monopolio de emisión de monedas y billetes a un único banco bajo la tutela estatal. Posteriormente se obligó a aceptarlos como medio de pago, y, después, se negó la posibilidad de hacer efectiva la posición acreedora del poseedor del billete. Y finalmente se incrementó el número de billetes garantizados, a su vez, con más billetes, con lo que el banco central pasó a convertirse únicamente en una sofisticadísima imprenta.

Por tanto, llegamos a la poco alentadora conclusión de que un billete no es más que un pagaré, pero con las peculiaridades de que no se puede cobrar, de encontrarse respaldado por más pagarés, y con el que únicamente puedo saldar deudas propias endosándolo a otra persona.

El nuevo sector motor de la economía

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Ante el parón del sector de construcción, considerado "motor" por el arrastre que supone de otros sectores al inducir demanda en ellos, la economía española (¿o tal vez el Gobierno?) necesita otro sector que pueda arrastrar inversiones y genere actividad económica que de alguna forma sustituya a la perdida, como si este fuera todo el problema de la crisis en que estamos metidos. Y el señor Sebastián opina que este nuevo maná podría venir de las telecomunicaciones.

La idea no va desencaminada, puesto que en este sector se asiste a una renovación tecnológica continuada, que exige desembolsos constantes de los agentes para disponer de una red con la tecnología adecuada a las necesidades de los consumidores. Además, en el momento actual, muchos los operadores están planteándose el despliegue de fibra óptica para sustituir al tradicional par de cobre, lo que exigirá considerables inversiones en obra pública, aparte de equipos y nuevos terminales.

Sin embargo, al lado de esta voluntad de los operadores, existe la de infinitos reguladores dispuestos a sacar juguillo a estos activos para fines de todo tipo y calado.

Ahí tenemos a la Comisión Europea en primer lugar, apuntándose la Eurotarifa, consistente en la regulación más antigua del mundo: la fijación de precios máximos de venta. En este caso, de los precios de itinerancia para los operadores móviles: los de voz y, por qué no, también los de SMS y los de datos.

Pero es que además está tratando de rebajar brutalmente los precios de los servicios de terminación, lo que podría llevar a estos operadores a buscar alternativas de ingresos indeseadas para todo el mercado, como el ya suscitado pago por recibir llamadas, si quieren justificar su viabilidad ante sus accionistas.

No descansa aquí la Comisión Europea, que también propone en el nuevo marco regulatorio la separación funcional (esto es, la expropiación políticamente correcta) de la red de acceso de aquellos operadores a los que les vaya bien el despliegue de la misma. O sea, quitar el juguetito a los pretendidos motores de la economía, cuando estos consigan que funcione.

El Ministerio del propio señor Sebastián también pone su granito de arena, con la instauración de esa barra libre para determinados clientes que constituye el servicio universal, y que han de pagar entre todos los operadores del pretendido sector motor, cortesía del Gobierno para con los ciudadanos. Ciudadanos a los que, por cierto, nunca se les pregunta si a lo mejor preferirían el regalo en metálico en vez de en especie.

Y, no por último menos relevante, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que lleva con la yenka de la fibra óptica desde enero. Que si se va a imponer obligación a Telefónica, que sí la pongo, que no… y todos los agentes mirando a ver cómo termina el baile. Como si eso importara: a estas alturas parece difícil que alguien pueda tener un mínimo de certidumbre sobre la posición de la CMT en este aspecto. Además, dentro de unos meses cambiará parte del Consejo del regulador, por lo que podrían empezar de nuevo los pasitos p’alante y p’atrás.

Podríamos concluir que el potencial sector motor tendrá que liberarse de sus cadenas antes de poder arrastrar ninguna economía. Pero eso sería hablar solo de la punta del iceberg de la regulación en el sector, que es la que asoma en estas breves líneas. De hecho, lo de las cadenas es infravalorar la situación de los pretendidos agentes motores, que es más parecida a la de esos magos que están encadenados dentro de un cofre blindado sumergido en el mar.

Millón y medio de euros bien vale una identidad catalana

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

 Hace unas semanas publicaba Expansión un artículo sobre el debate que en la Ciudad Condal había existido por causa del millón de euros con el que el Ayuntamiento de la localidad había subvencionado Vicky, Cristina, Barcelona y el medio millón con el que la Generalitat había contribuido a la película. Según se contaba en el periódico salmón, en una sociedad que está enferma de intervencionismo cultural (al igual que ocurre en el resto de España y Europa) no se ponía en duda que ese dinero sustraído de las cuentas corrientes de los ciudadanos a través de impuestos tenía que ir a parar a manos de algún director y alguna productora. La polémica se centraba tan sólo en si era mejor que ese dinero se hubiera entregado a nuevos "creadores" catalanes o si se había hecho lo correcto por la publicidad que Woody Allen iba a hacer de la urbe de la Sagrada Familia.

En cualquier caso, tras el robo a los ciudadanos el botín fue entregado a Allen y Mediapro (coproductora de la película). Pero claro, nada es gratis y el director tuvo que pagar un precio. En el guión original los protagonistas llegaba a la Ciudad Condal para mejorar sus conocimientos de cocina, pero las administraciones que tan "generosamente" entregaban un dinero que no es suyo sugirieron un cambio. La chica pasó a aterrizar en Barcelona para estudiar "identidad catalana". Dicho y hecho, por obra y gracia de un millón y medio de euros la tal Vicky dejó de lado las cazuelas y se ciñó una barretina. Y mientras tanto, los ciudadanos a campear el temporal de la crisis económica.

Este es un buen ejemplo de para qué sirven las instituciones culturales de las administraciones públicas. Están para premiar a los fieles (en este caso al propietario de Mediapro) y para utilizar el dinero de los ciudadanos en hacer propaganda de la ideología y los intereses de quienes están en el poder. Otra utilidad, vinculada con la anterior, es la creación de una clase parasitaria que vive de las subvenciones públicas o, al menos, tiene en ellas una parte importante de sus ingresos. Sus componentes, que pueden ser tanto millonarios al estilo Allen o Almodóvar como perfectos desconocidos en busca de una futura fama y dinero, no dudan en plegarse a los deseos de los poderosos (ya sea a través de sus obras, ya sea a través de declaraciones públicas de apoyo a unos políticos determinados o contra sus rivales).

Unos y otros, políticos y subvencionados, dicen actuar en nombre de la cultura y por mejorar la imagen del país (o ciudad o región, eso es lo de menos) por el mundo. Pero es mera fachada. Ya lo dejó bien claro Thomas Sowell: "la política es conseguir que tus intereses egoístas parezcan intereses nacionales". Y cuando las administraciones públicas meten su mano en asuntos culturales es todavía más torticero, puesto que pretenden ocultar que en realidad sus objetivos son plenamente políticos. De hecho, el caso de Vicky, Cristina, Barcelona no es una excepción. Resulta especialmente burda la manipulación, pero entra dentro de la norma imperante en cualquier lugar y bajo cualquier Gobierno.

Millón y medio de euros bien vale una identidad catalana, pero también otra cosa muy diferente, si es lo que desea el político de turno.

No, tampoco compraremos música en tarjetas

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Así que han llegado a un acuerdo con SanDisk para poner en marcha el nuevo formato slotMusic, que consiste en tarjetas MicroSD de un 1Gb con un álbum grabado en MP3 a 320kbps y la posibilidad de incluir otro tipo de contenidos, como los vídeos, las letras de las canciones, etc. Las canciones se podrán copiar a cualquier dispositivo sin restricciones técnicas y la tarjeta podrá aprovecharse para cualquier otro uso. Se venderán acompañados de un pequeño adaptador USB para poder ser empleadas directamente en los ordenadores, además de en los reproductores MP3 y móviles que dispongan de una ranura de expansión compatible con este formato. Los gigantes estadounidenses de la distribución Wal-Mart y Best Buy las venderán en sus almacenes a finales de año.

Entiendo que a SanDisk le interese el acuerdo. Supone para la empresa una notable ampliación del mercado disponible para sus tarjetas de memoria, un sector en el que es uno de los principales jugadores. Además, sus excelentes reproductores MP3 Sansa (como el Fuze del que soy orgulloso propietario, o el e270 que tuve que comprar en Estados Unidos) soportan el formato MicroSD desde siempre. Pero, ¿qué ganan las discográficas? Pues, según ellas, que cierto público joven que no se ha comprado un CD en su vida y que emplea su teléfono móvil para escuchar música se decida a entrar en una tienda de una puñetera vez.

Al contrario que otros, yo no creo que el mercado potencial sea tan pequeño. No hay más que ir en el metro o tener sobrinos para darse cuenta de ello. Además, es el tipo de público que a las discográficas les conviene enganchar, porque es joven y tiene muchos años por delante para comprar música. Cierto es que el reproductor MP3 más vendido, el de Apple, no tiene ranura de expansión donde enchufarle una tarjeta MicroSD, y que la mayoría de los móviles carecen de ella, pero cada vez es más frecuente encontrársela, y desde luego hay muchos más aparatos compatibles con este formato que los que había cuando lanzaron el CD. No, el problema no es ese, sino que para ese mercado potencial –y recalco lo de potencial– al que quieren enganchar no tiene ningún sentido hacer algo tan incómodo como ir a una tienda física a por música cuando la puede descargar de internet. Incluso si les da por pagar, es mucho más probable que lo hagan en iTunes o tiendas online similares, a las que muchos pueden conectarse incluso directamente desde el propio teléfono móvil.

Parece claro que las discográficas siguen empeñadas en permanecer en el negocio de vender cachos de plástico en tiendas. Es cierto que hay un cierto número de consumidores que siguen enganchados a los discos físicos, pero son principalmente aquellos que empezaron a comprar música antes de que internet y las descargas se hicieran populares, es decir, los mismos que no usan sus móviles para escucharla. No sólo seguirán bajando en número, sino que no parece que vayan a ser los más receptivos a este nuevo formato. Al final, acabarán comprando discos en slotMusic quienes tuvieran pensado comprar una tarjeta MicroSD de todos modos y, ya que están, ¿por qué no coger una que venga con música?

Se entiende que las discográficas quieran resistirse a abandonar el modelo de negocio que ha dado sentido a su existencia durante su relativamente corta vida. Pero ni siquiera lo mucho que presionan para lograr una legislación que pare las agujas del reloj ni las muchas demandas que ponen contra sus usuarios lograrán evitar lo inevitable.

El Supercrash del 2007

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

El Gobierno de EEUU se ha lanzado al rescate de la banca norteamericana, en un intento desesperado por evitar un colapso sistémico, tras aprobar la mayor intervención gubernamental en este ámbito desde el crack de 1929.

Dicha medida evidencia que las inyecciones masivas de liquidez efectuadas por los bancos centrales no han servido absolutamente de nada para salvar de la bancarrota a un sector que, debido a la arbitraria e irresponsable bajada de tipos de interés aplicada por las autoridades monetarias, se ha lanzado a la ejecución de una estrategia financiera suicida. A saber, endeudarse a corto plazo para invertir a largo en proyectos cuya rentabilidad se ha demostrado inviable. Es el caso del mercado inmobiliario e hipotecario estadounidense que, tras el pinchazo de la gran burbuja, ha terminado por depreciar y convertir en ilíquidos los activos crediticios respaldados en el ladrillo.

¿Y ahora qué? El mega-rescate gubernamental servirá de poco. Más bien resultará contraproducente, puesto que acentuará en gran medida los problemas económicos de la primera potencia mundial. El pasado miércoles los inversores de todo el mundo asistieron incrédulos a la quiebra de un modelo. El pánico se apoderó de las bolsas, tras el rescate de la aseguradora AIG y la quiebra del histórico banco de inversión Lehman Brothers.

Durante aquella jornada y la siguiente, los valores de las entidades bancarias más importantes del planeta se hundieron en bolsa hasta tal extremo que, por momentos, estuvo a punto de producirse la caída en cadena de un importante número de entidades. Ante tal amenaza, las autoridades estadounidenses se apresuraron a anunciar su plan de salvamento, cuyo objetivo consistirá en adquirir toda la deuda de baja calidad (activos ilíquidos y sobrevalorados) que se han acumulado en los balances bancarios durante los últimos años de éxtasis crediticio.

De este modo, el Gobierno de EEUU ha decidido transferir las abultadas pérdidas financieras al bolsillo de los contribuyentes norteamericanos, ante la incapacidad material de la Reserva Federal (Fed) para seguir reflotando entidades en quiebra, tal y como advirtió el propio presidente de la autoridad monetaria semanas antes, Ben Bernanke.

Y es que, en realidad, el plan gubernamental se encamina hacia el rescate de la propia Reserva, puesto que su balance terminó por convertirse en un basurero de última instancia en el que depositar los deshechos financieros de las entidades crediticias desde que aconteció el estallido de la crisis subprime en el verano de 2007. Ahora serán los contribuyentes norteamericanos los obligados a asumir la pesada losa de la insolvencia bancaria.

Pues bien. El coste del aplaudido plan no alcanzará los 700.000 millones de dólares anunciados por el secretario del Tesoro y nuevo dictador financiero estadounidense, Henry Paulson. Ni mucho menos. El coste será astronómico. En realidad, estamos hablando de billones de dólares. Tan sólo el rescate de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac amenaza con triplicar a corto plazo el déficit presupuestario del país y duplicar la deuda pública. La factura del conjunto de pérdidas que ha acumulado el sistema será colosal… Inasumible para las cuentas públicas estadounidenses. El coste de las ayudas financieras anunciadas por el Gobierno hasta el momento asciende ya a 1,8 billones de dólares. Para que se hagan una idea, el déficit fiscal previsto para 2008 era de 500.000 millones.

Así, de producirse dicho mega-rescate en los términos que están siendo negociados, la economía de EEUU se verá abocada a padecer la II Gran Depresión de su historia, con los efectos colaterales que ello provocará a nivel mundial. Y es que la factura tendrá que ser sufragada por la actual generación de estadounidenses, sus hijos e, incluso, sus nietos.

El Supercrash ha dado comienzo. Las quiebras bancarias ya han tenido lugar. De hecho, el propio Gobierno ha tenido que acudir en ayuda de la mismísima Reserva Federal. Ahora tan sólo queda saber si el conjunto de la economía estadounidense, tras el decreto que pretende imponer la Administración Bush, podrá saldar la mayor deuda de su historia, empleando para ello un uso ilícito del ahorro de los ciudadanos y el beneficio de las empresas.

De no ser así (lo cual me temo), el valor del dólar, divisa de referencia internacional, se hundirá en el fango. Asistiremos entonces al nacimiento de un nuevo sistema monetario y, por lo tanto, económico a nivel global. La clave del problema aquí es que, dado que muchos ignorantes insisten en culpar al liberalismo de todos los males actuales, la ciudadanía se mostrará dispuesta a ceder mayores cuotas de poder a las autoridades gubernamentales.

Es decir, depositarán su confianza en los principales culpables de la mayor crisis del último siglo, las autoridades monetarias y políticas. El capitalismo de Estado que se pretende instaurar en estos momentos amenaza con desencadenar una mayor restricción de los derechos individuales y libertades económicas. Atentos, pues, a los que a partir de ahora se autoproclamen en salvadores y defensores de nuestros intereses, ya que serán éstos, y no otros, los responsables últimos de nuestras calamidades futuras. Lo peor está por llegar.

¿Hace falta más regulación?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Incluso entre los neoconservadores se ha extendido la explicación de que el colapso financiero se ha debido a una regulación insuficiente, tal y como demuestra la propuesta –formulada en abril– del secretario del Tesoro de EEUU, Henry Paulson, para reformar el sistema nacional de supervisión.

Los liberales, en cambio y en principio, deberíamos defender la autorregulación de los bancos y un margen de actuación aun mayor para los banqueros. "El mercado solucionará todas las dificultades". El problema de esta descripción es que es absolutamente simplista. El mercado no es más que la interacción de los distintos derechos de propiedad, y los derechos de propiedad no son más que un haz de facultades y poderes que ostenta una persona (propietario) sobre un objeto (dominio).

Sugerir que el liberalismo favorece la ausencia de regulación equivale a afirmar que defiende la indefinición de los derechos de propiedad y del mercado. La cuestión no es tanto si el derecho de propiedad debe tener algún contenido (obviamente, sí), sino de qué tipo ha de ser (lo que, a su vez, es una cuestión distinta a la de si el monopolio jurisdiccional del Estado es un requisito imprescindible para la producción de normas jurídicas). Es aquí donde el liberalismo, desde una doble perspectiva ética y económica, tiene mucho que decir.

Lo gracioso de la letanía izquierdista de que hace-falta-más-regulación es que quienes la entonan no terminan de especificar. ¿Hay que regular los tipos de interés? ¿Hay que supervisar la calidad de cada crédito bancario? ¿Hay que prohibir determinados volúmenes de endeudamiento? ¿Hay que poner límites a la exposición al riesgo de los inversores? ¿Hay que prohibirles vender al descubierto? ¿Hay que prohibir los derivados? ¿Hay que revisar las normas de contabilidad para dotar a los balances de los bancos de más fidelidad? Etcétera. Pero, sobre todo, muy pocos explican cuál sería el cometido de cada una de las regulaciones a la hora de evitar las crisis económicas.

Por ejemplo, ¿tiene realmente sentido limitar en abstracto la exposición al riesgo? Esta cuestión, tan simple y de respuesta en apariencia positiva, resulta muy complicada. En primer lugar, porque el riesgo es un factor bastante subjetivo: durante años las hipotecas han sido consideradas un activo poco arriesgado, porque contaban con una garantía real; en segundo, porque el problema no está en que un inversor se arriesgue mucho con su dinero, sino en cómo financia su actividad. El riesgo es un elemento esencial en el desarrollo económico, y limitarlo burocráticamente sería nocivo men extremo (¿sería necesario prohibir los fondos de capital riesgo?).

Los liberales no deben dejarse llevar por los cantos de sirena que reclaman un mayor celo regulador ni por quienes abogan ciegamente la defensa del perverso statu quo.

Lo cierto es que no necesitamos más regulación, en un sector absolutamente regulado, sino mejor regulación, lo que en la práctica implicaría, muy probablemente, la eliminación de cientos de normas superfluas, la modificación de varias de las existentes y la creación de alguna nueva.

La ética y la ciencia económica nos proporcionan las herramientas analíticas necesarias a la hora de reformar la arquitectura financiera actual. Lo esencial es volver a poner en valor la prudencia bancaria, que lleva décadas deteriorándose debido a la creencia de que liberalización equivale a imprudencia empresarial protegida por el Gobierno y el Banco Central.

La prudencia bancaria y mercantil exige, en primer término, que la estructura de inversión guarde una correspondencia con la de financiación. Esto, básicamente, significa que hay que evitar los endeudamientos a corto plazo para financiar inversiones a largo o muy arriesgadas.

Económicamente, sabemos que la crisis actual tiene su origen en este doble arbitraje de tipos de interés (endeudarse a corto e invertir a largo) y riesgos. Desde un punto de vista ético, no parece muy respetuoso con la propiedad ajena que los bancos destinen los fondos de los ciudadanos a propósitos para los que no les han sido confiados. Por ejemplo: no tiene mucho sentido que los 100.000 euros que he depositado en una entidad pero que quiero tener disponibles siempre que lo necesite (para girar cheques, realizar transferencias o pedir desembolsos) sean invertidos en un proyecto de lucha contra el cáncer que, si tiene éxito, permitirá su recuperación dentro de diez años.

En la práctica, la interdicción del arbitraje de riesgos debería pasar por varias regulaciones concretas, como el incremento de los márgenes de apalancamiento o el aumento de los fondos propios necesarios sobre el activo inmovilizado. De hecho, este último punto ilustra perfectamente por qué no es necesario más regulación, sino una de mejor calidad. La relación entre los fondos propios y el activo ya está regulada por el tratado internacional Basilea II, que estipula que los bancos cuenten con ocho céntimos de fondos propios por cada euro que hayan invertido (o, dicho de otra manera, que las inversiones no se financien, en general, con más de un 92% de deuda).

Basilea II es una regulación fallida en toda regla. Exigir un 8% de fondos propios a la hora de invertir en préstamos hipotecarios o empresariales es absolutamente insuficiente, a menos que el 92% de deuda tenga un vencimiento aún mayor que el activo. Sólo con que el banco incurra en una morosidad del 8% (muy frecuente en tiempos de crisis) tendría la quiebra asegurada.

La izquierda nos dirá que hace falta redoblar el número de tratados y controlar hasta los aspectos más concretos de cada transacción. Pero muchas de esas regulaciones están en el origen de la crisis. Por ejemplo, la Community Reinvestment Act forzó a los bancos a conceder hipotecas a los individuos más pobres de cada comunidad; les prohibía prestar sólo a personas ricas y, en definitiva, solventes. La finalidad era que todos los individuos tuvieran acceso a una vivienda, y el resultado fueron las hipotecas subprime.

Por consiguiente, lo que hace falta es sustituir las regulaciones malas por otras que tengan sentido desde un punto de vista ético y económico.

Las regulaciones que incentivan la recurrencia de las crisis económicas están en la base del sistema bancario y financiero vigente. Un sistema que ningún izquierdista quiere sustituir: en primer lugar, porque fueron ellos los que, tras décadas de propaganda y mala doctrina económica, lograron imponerlo; en segundo, porque proporciona al Estado un mecanismo sencillo y barato de expoliar al contribuyente (vía inflación), y a los bancos centrales de manipular la economía.

Si los bancos pueden incurrir en niveles brutales de apalancamiento a corto plazo sin verse abocados a una quiebra inmediata por la iliquidez de sus inversiones a largo plazo es porque pueden refinanciarse a corto pero de manera permanente en unos mercados interbancarios donde los bancos centrales intervienen casi diariamente para proporcionar liquidez (es decir, para convertir en euros presentes activos que vencen a muy largo plazo). A su vez, las intervenciones de los bancos centrales en los mercados interbancarios tienen éxito porque son emisores monopolísticos de una divisa de curso legal sobre la que no existe obligación de paridad de valor ni, mucho menos, de convertibilidad.

No voy a negar que regulaciones auxiliares como las que he descrito antes sean necesarias, pero la regulación básica que causa la crisis es ésta: un prolongado comportamiento de arbitraje de plazos y riesgos de los bancos que sólo resulta posible por la monetización de sus activos por parte de unos bancos centrales que gozan del monopolio de la emisión de una moneda de curso legal inconvertible. Añadir cientos de regulaciones (buenas, malas y regulares) y conservar este desastroso esquema financiero será del todo inútil.

Por otro lado, la necesidad de abandonar estas malas normas no significa que deba ni pueda hacerse de la noche a la mañana: habrá que arbitrar transiciones lo menos severas posibles para facilitar el cambio. Pero creer que se puede parchear un sistema intrínsecamente corrupto es simplemente de locos.

Política exterior y defensa nacional

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

Cada parte o región del planeta está gobernada por una organización estatal, y dado que esta situación no parece que vaya a cambiar en un futuro cercano, la cuestión de las relaciones interestatales (políticas exteriores) toma importancia. Concretamente, nos interesaría dar respuesta a la pregunta de si existe algún criterio liberal para valorar una determinada política exterior.

El objetivo liberal es el de reducir al mínimo el grado de coacción ejercido por el Estado sobre las personas concretas, ya sean nacionales o extranjeras. Para cumplir este objetivo, el principal elemento de una política exterior liberal debe ser la neutralidad o no-intervención. Ningún país puede pretender gobernar y dirigir el mundo o una de sus partes. Su soberanía no puede traspasar sus fronteras. Las intervenciones de unos países sobre otros están injustificadas.

Un motivo que aleja claramente al liberalismo del intervencionismo militar es que al apostar por este último, el Gobierno incrementa la posibilidad de entrar en guerra y fomenta la hostilidad de los países intervenidos. Esto es lo que ha provocado el Gobierno estadounidense en mayor o menor medida al aplicar sanciones económicas; al intervenir y tomar partido en conflictos; al estacionar tropas en decenas de países; y, sobre todo, al tratar de vigilar y "hacer un mundo mejor, libre y democrático" para todas las naciones, convirtiéndose así en una especie de super-estado que busca ejercer y detentar el monopolio de la fuerza sobre todas las regiones del planeta. Con su activismo intrusivo interior y exterior, no deja de poner en peligro la vida de sus ciudadanos. Los presidentes de los Estados Unidos harían bien en escuchar y seguir las ideas de Ron Paul, no-intervencionista convencido, al que muchos consideran el "descendiente directo" de los Padres Fundadores (George Washington y Thomas Jefferson apostaban claramente por el no-intervencionismo unido con la libertad para comerciar y el libre intercambio cultural).

Otro efecto nefasto del intervencionismo militar es la violación sistemática y creciente de derechos individuales y la expansión de la organización estatal. Es decir, la tiranía interior. Se supone que la principal función de los estados es protegernos. Sin embargo, observamos continuamente que no sólo son incapaces de prevenir ataques terroristas sino que, además, utilizan las crisis para ampliar e incrementar su poder a expensas de las libertades y propiedades de sus ciudadanos/súbditos. No dudan en explotar las crisis a fin de proporcionar una poderosa justificación para sus irresponsables acciones políticas, legales, militares y fiscales. Toda guerra es la ocasión más propicia para un Estado para aumentar y ampliar la agresión fiscal contra el propio pueblo. La guerra es, sin duda, el alimento del Estado (Randolph Bourne), ya que gracias a ella los estados incrementan su poder absoluto sobre la economía y la sociedad.

Lo cual no significa que la política exterior liberal sea pacifista. El axioma principal de la teoría liberal propugna que nadie puede agredir la vida o propiedades de otra persona. No defiende el derecho a usar la violencia contra un no-agresor, pero sí el derecho a protegerse de una agresión. La política exterior liberal tampoco es aislacionista. El aislacionismo ciertamente es no-intervencionista, pero implica también el proteccionismo económico nacional. Este elemento es evidentemente contrario a lo defendido por los liberales, que apuestan por unir a las personas de los distintos países del planeta mediante el libre comercio.

Pese a que los casos concretos pueden ser difíciles de evaluar por la falta de información y por su complejidad, la evaluación de una política exterior debería basarse y tener en cuenta los siguientes aspectos:

  1. Seguridad. En qué medida las acciones de un gobierno protegen o ponen en peligro la seguridad de sus ciudadanos.
  2. Libertades individuales. La capacidad de los gobiernos de proveer seguridad sin violar los derechos individuales de sus ciudadanos.
  3. Apertura y prosperidad económica. En qué medida los gobiernos favorecen o dificultan con sus acciones la armonía, la cooperación y la amistad entre los ciudadanos del país y la gente de otras naciones. Los gobiernos deberían reducir los impuestos, el gasto militar y fomentar el libre comercio con otras naciones.