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¿Por qué llaman liberalismo al “capitalismo de Estado”?

¿Cree que Vail era un liberal por ser un gran empresario? Más bien fue un precursor del capitalismo de Estado, economía del fascismo o socialismo para ricos; una ideología que años después triunfaría en la Italia de Mussolini y en los Estados Unidos de Roosevelt. Como estamos viendo estos días, los gobiernos, desde Bush hasta Zapatero, están reforzando otra vez esta unión entre el Estado y las grandes empresas con sus rescates y ayudas.

La mediocridad intelectual de muchos periodistas está confundiendo los términos, llamando liberalismo a un sistema que es en realidad su opuesto. Comprueben si no la ignorancia patente de Alfredo Abián e Iñaki Gabilondo. Estas voces, de forma populista, asocian empresarios con liberales y economía norteamericana con liberalismo. La verdad es que es difícil encontrar un empresario liberal, y más si pertenece a una gran compañía o las representa.

Por ejemplo, fíjense en Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El empresario se quedó a gusto diciendo que "se puede poner un paréntesis a la economía libre de mercado" para que el Estado le salve el cuello. ¿Cree que un liberal diría una salvajada así? Díaz Ferrán es una persona que ha forjado su fortuna a través del amiguismo con los políticos. En su línea, ahora busca establecer relaciones con el Gobierno actual, algo que también hizo con el Gobierno Aznar. Al igual que hiciera Vail, su interés no es que ni el mercado ni la sociedad sean libres de la coacción del Gobierno, sino forrarse a costa del pagador de impuestos.

También oímos que el cierre de algunas empresas norteamericanas y los rescates de otras son un símbolo del fracaso del liberalismo. ¿De qué liberalismo hablan? La realidad es que pocos países son tan intervencionistas como Estados Unidos en el mercado financiero. Tienen un órgano regulador por cada mercado y, a diferencia de los españoles (afortunadamente para nosotros), tienen un nivel de hiperactividad casi enfermizo.

De hecho, las operaciones financieras de los bancos quebrados fueron autorizadas por el Gobierno o incluso creadas e impulsadas por este. Fannie Mae, por ejemplo, nació por iniciativa de Franklin Delano Roosevelt durante la Gran Depresión para que no se hundiera el sector de la vivienda. Es la misma excusa que emplea ahora Zapatero para su plan de rescates y ayudas (como todos ya sabíamos, su mentalidad va 80 años atrasada). El Gobierno americano creó empresas de este tipo a través de la Government Sponsored Enterprise (GSE) cuya función es expandir el crédito hacia sectores estratégicos con precios por debajo al valor de mercado. A poco que se piense, la medida parece bastante más socialista que liberal.

Fue el GSE quien creó en Estados Unidos el mercado secundario de hipotecas, ese que ahora parece ser la raíz de todo mal. En 2001 el entonces presidente de la Congressional Budget Office, Dan L. Crippen, dijo que "la deuda y titulación de hipotecas del GSE es más valorada por los inversores que los activos similares del sector privado por la garantía que ofrece el Gobierno". La clavó. El Gobierno creó esos activos basura y gracias a esa confianza expandió este tipo de negocio a la economía mundial, que ha explotado varios años después como bombas de relojería. Sus empresas han sido las primeras en hundirse, arrastrando al resto.

Fannie y Freddie, además, tenían un trato especial: recibían líneas de financiación del Tesoro americano. ¡Fíjense qué casualidad: es lo que pide el lobby de la CEOE y Zapatero está haciendo con los créditos del ICO a los constructores! Por si aún le queda alguna duda que el sistema norteamericano no tiene nada que ver con el liberalismo, Fannie y Freddie tenían todo su negocio totalmente supervisado y regulado: volumen de préstamos, cantidades mínimas de capital, activos totales que podían adquirir, etc. ¿Un sector dominado por el Estado de esta forma se le puede llamar liberal? No es un fallo de mercado, sino de Estado y de una forma más amplia del sistema establecido: el capitalismo de Estado.

Todo este lío ideológico se debe a que mucha gente considera liberales a escuelas que realmente no lo son o fundamentan la economía en errores intelectuales básicos. De hecho, la única escuela económica que realmente ha luchado activamente contra el capitalismo de Estado es la Escuela Austriaca. Ésta considera que un sistema no se puede considerar capitalista en el momento que el Gobierno interviene en los factores productivos. Todo sistema donde el Gobierno aplica su extorsión a la economía privada es socialista en un grado u otro.

Esto no significa necesariamente que la Escuela Austriaca tenga una línea de pensamiento anarquista. Ludwing von Mises, por ejemplo, en su libro Burocracia consideraba la justicia, la seguridad nacional y ciudadana factores que estaban fuera de la capacidad de los medios de producción privados.

La solución no es que el Estado tome más fuerza de la que ya tiene, tal y como pretende el establishment empresarial y mediático. A ellos les iría bien, ya que sacarían más dinero a nuestra costa. Como hemos visto, esto es curar al borracho dándole más alcohol. La única solución es abolir el capitalismo de Estado y este socialismo para ricos. Si no hay ningún mal en que cierre la charcutería de la esquina por sus desorbitados precios, o que las tiendas de ropa realicen descuentos de hasta el 70% en sus productos, ¿por qué ha de serlo que las grandes empresas financieras e inmobiliarias lo hagan también? Evitar mediante la intervención estatal este proceso de liquidación y abaratamiento de precios nos obliga a pagar las pérdidas de las empresas "salvadas" para que sobrevivan o puedan vender sus productos y servicios más caros. Y encima es la manera perfecta de incrementar las probabilidades que en el futuro nos estalle otra crisis.

La mili fue un invento de la Revolución francesa

Los monarcas europeos vieron con profunda preocupación los sucesos que se iban precipitando durante la Revolución francesa, pero algunos historiadores faltan a la verdad cuando afirman que iniciaron la agresión bélica contra los ejércitos revolucionarios. Las monarquías europeas, pese a haber mostrado un interés por la suerte de Luis XVI y su familia reflejado en una vaporosa declaración en Pillnitz (fruto de las presiones de la alta nobleza francesa exiliada), no deseaban una guerra directa con Francia. A decir verdad, no les desagradó en absoluto ver cómo se debilitaba el poder francés.

El 20 de abril de 1792, por el contrario, la Asamblea legislativa francesa declara la guerra al recién llegado al trono Francisco II, rey de Bohemia y Hungría (y posteriormente emperador de Austria con el nombre de Francisco I). Todos los diputados revolucionarios (fuesen, girondinos, fuldenses, jacobinos o los del valle), pese a sus múltiples diferencias, estaban de acuerdo en una cosa: en atacar alguna monarquía extranjera no muy poderosa para presionar a Luis XVI a tomar partido por la revolución. Se iniciaron, por tanto, las hostilidades bélicas por motivos meramente internos que servirían, además, de propaganda de la causa (la exportación de la revolución para liberar a los pueblos). El 28 de abril las tropas francesas de Rochambeau invadían Bélgica. Si los dirigentes de la Revolución pensaron que sería una intervención corta, se equivocaron. Con dicha agresión, Francia entraría en un conflicto con el resto de Europa de forma casi ininterrumpida durante veintitrés años que sólo cesó con la derrota de Waterloo y la posterior ocupación del país.

Debido a la extensión y prolongación de estas guerras, los dirigentes de la Convención republicana acabaron por declarar que la patria estaba en peligro y reclamaron poderes extraordinarios concentrados en el Comité de Salvación pública. Se decretaron, entre otras muchas medidas coercitivas, una serie de levas masivas (mediante sorteo) en repetidas ocasiones (febrero y agosto de 1793) para dotar de carne fresca a los ejércitos revolucionarios. La población no siempre respondió a estos llamamientos con el ardor patriótico que cabía esperar, pues hubo muchos desertores, desaparecidos, automutilados e, incluso, rebeldes que se sublevaron frente a tales medidas (en Pitou, Bretaña, Normandía y La Vendée). Además, como buena parte de los afectados eran campesinos, los fisiócratas vieron en ello un modo perverso de empobrecer la economía del país.

Habiendo sido abandonado el recurso a las milicias, propias del Antiguo Régimen, las levas supusieron el medio más eficaz para dotar de nuevos reemplazos al ejército republicano, pero fueron un verdadero dolor de cabeza para las autoridades político-militares. Durante el Directorio, el general y diputado Jean-Baptiste Jourdan propondría a la cámara legislativa un modelo de reclutamiento totalmente novedoso hasta entonces: el servicio militar obligatorio y universal (sistema de conscripción) para todos los varones entre los 20 y 25 años por un período de cinco años.

Finalmente se aprobó dicha propuesta con el nombre de Ley Jourdan-Delbrel el 5 de septiembre de 1798. Su artículo primero establecía que "todo francés es un soldado y se debe a la defensa de la patria". Con ello se acabó con el angustioso azar de los sorteos, con el escaqueo mediante pago y con los mercenarios. Se cumplía así el sueño de Maquiavelo y de Rousseau, que detestaban los ejércitos profesionales y veían en los ejércitos compuestos sólo de ciudadanos la forma moralmente más elevada de defender una sociedad.

Con este invento de la Revolución francesa se democratizaron las obligaciones militares y se cimentaron las bases de la Grande Armée de la que Napoleón supo aprovecharse sobradamente. Con su "nación en armas" puesta en marcha organizó el mayor ejército jamás visto antes en Europa e infligió notables derrotas a los sorprendidos ejércitos de los antiguos regímenes. Durante el Imperio del corso más de dos millones y medio de franceses fueron reclutados. Las guerras napoleónicas produjeron enormes daños y se llevaron por delante alrededor de un millón de almas en todos los campos de batalla; más de la mitad eran ciudadanos "libres" franceses.

Las guerras limitadas de los ejércitos relativamente pequeños del Antiguo Régimen dieron paso –con la conscripción y el posterior nacionalismo interventor del Estado moderno– a las guerras ilimitadas que, en lo sucesivo, se desplegarían con toda su crudeza. Se despejaba el camino para la aparición posterior de la guerra total en la historia. El arte de la guerra devino un asunto de la nación entera.

También recibimos otras herencias de la Revolución francesa que marcarían a fuego nuestra Edad Contemporánea, a saber: la asamblea legislativa con poderes omnímodos, control de precios (leyes de Máximum) y posterior legislación contra especuladores, la descristianización y laicidad impuesta a golpe de bayoneta, una peculiar forma de emisión descontrolada de dinero fiat de curso forzoso contra bienes confiscados (los assignats), la politización de la sociedad civil mediante la labor capilar de unos proto-partidos políticos (clubes), la intensa centralización administrativa, la educación pública y laica mediante catecismos de las virtudes republicanas, la ideología igualitaria, la progresividad en materia fiscal, el control de la prensa, la prohibición de asociaciones profesionales y otros cuerpos intermedios entre el individuo y el Estado, la idolatría a la naturaleza y, en fin, el endiosamiento del Estado.

Los totalitarismos contemporáneos tampoco quedaron huérfanos de lecciones que sacar de la Revolución francesa: un comité central llegaría a asumir todos los poderes, se crearon tribunales revolucionarios políticos, se instauró un control absoluto sobre la población mediante unos comités municipales de vigilancia asistidos por guardias de secciones repartidos por todo el país, se suspendieron todo tipo de garantías procesales, se cometieron crímenes de Estado, se aprobó una ley de sospechosos para perseguir a los ideológicamente contrarios a la revolución que permitió asesinar legalmente a millares de personas con la "igualitaria" guillotina, llevar a cabo encarcelamientos preventivos masivos y deportaciones a ultramar. Se perpetró también un genocidio ("populicidio" lo llamarían entonces) en la región de La Vendée aún negado hoy por muchos historiadores.

La Revolución francesa cambió el régimen de gobierno pero no lo limitó; fue cualquier cosa menos una revolución liberal.

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El precio de la nacionalización bancaria

El precio de la nacionalización bancaria es desorbitado, y la factura será sufragada íntegramente por los contribuyentes estadounidenses a través de sus impuestos futuros y una inflación galopante que vendrá generada por el hundimiento del dólar. Es decir, depreciación monetaria.

Primero fue Bear Stearns. La Fed auspició entonces la compra del banco de inversión por parte de JPMorgan aportando como garantía 30.000 millones de dólares para hacer frente a la exposición a la deuda estructurada de baja calidad que mantenía dicha entidad. Poco después, en julio, el Gobierno de EEUU asumió el control de IndyMac, en lo que fue calificado como el "segundo fracaso bancario más importante de la historia", según los reguladores de la Oficina de Supervisión de Entidades de Ahorro y Préstamo (OTS) de EEUU, tras la caída del Continental Illinois Bank en 1984.

En este caso, las autoridades federales asumieron el control de unos activos del todo ilíquidos por valor de 32.000 millones de dólares. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. La reciente quiebra de los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac supondrá un coste inasumible para las cuentas públicas norteamericanas. Según los cálculos del Gobierno, el auxilio a ambas entidades supondrá unos 25.000 millones de dólares a los contribuyentes.

No se dejen engañar. En realidad, el desembolso se aproximará al billón de dólares a corto plazo. Además, las principales compañías hipotecarias de EEUU acumulan una deuda superior a los 5 billones. Como resultado. El déficit público estadounidense (próximo a los 400.000 millones de dólares en 2008) corre el riesgo de triplicarse en los próximos ejercicios, al tiempo que dicho rescate multiplicará por dos el monto total de la deuda pública que ha generado el Gobierno de EEUU.

El penúltimo capítulo de la crisis de solvencia financiera lo acabamos de presenciar tras la caída de la aseguradora más importante del mundo, AIG. La factura, en este caso, asciende a 85.000 millones de dólares. Hagan ustedes mismos las cuentas. ¿Rescatará la Fed a los cientos de bancos que se verán abocados a la quiebra en EEUU? La respuesta es no. El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, anunció recientemente que las autoridades no podrían salvar a todas las víctimas bancarias que se cobrará el tsunami financiero que está en marcha.

La razón estriba en que un auxilio de tal magnitud desembocaría en una crisis sistémica de gran magnitud. Es decir, la quiebra del actual sistema monetario internacional tal y como lo conocemos hoy en día. La negativa del Gobierno a salvar de la quema a Lehman Brothers constituye la prueba.

Sin embargo, el mal ya está hecho. El hundimiento del dólar es inevitable y, como consecuencia, la viabilidad del sistema basado en la impresión de papel moneda (dinero fiduciario), sin el respaldo de un valor real como el patrón oro, está en riesgo. No será hoy ni mañana, pero será. La depreciación del billete verde, que sirve de referencia para el resto de monedas, está en marcha y la calidad de la deuda estadounidense en entredicho.

La estrategia de socializar las pérdidas bancarias no es ninguna solución, sino uno de los principales problemas a los que se enfrenta el actual mercado financiero mundial. Sí hay alternativa a la nacionalización. Tal y como exponeAlex Barron, del Agency Trading Group, "lo que ha hecho el Gobierno es un mayor acercamiento hacia el socialismo ya que ha impedido que funcione el libre mercado. Lo que necesitamos no es conservar, sino restructurar. Esto significa permitir que los inversores que asumieron el riesgo de invertir en Fannie y Freddie a cambio de una remuneración absorban las pérdidas y no los contribuyentes". Es decir, que los acreedores se conviertan en accionistas de las entidades en quiebra.

Privatizar y que el libre mercado actúe. La nacionalización es una medida socialista y, como tal, está condenada al más absoluto fracaso. Y, por cierto, la actual crisis financiera en ningún caso ha sido provocada por las políticas liberales, tal y como pretenden hacer creer los amigos del intervencionismo público. El principal culpable son los bancos centrales, instituciones socialistas por antonomasia, gracias a su intervención arbitraria en los tipos de interés. De hecho, el sector financiero y bancario es, precisamente, uno de los mercados más regulados e intervenidos del mundo, a través de innumerables leyes y normativas gubernamentales, así que, por favor, no me cuenten milongas.

Crisis e internet

Desde hace meses llevo preguntando a compañeros del sector si creían que la crisis que se cernía sobre nuestro país llegaría a afectar de alguna u otra manera a internet, y en concreto a las inversiones publicitarias en el medio digital. La mayoría han mantenido un discurso optimista, y siempre me han comentado que nuestro sector iba a ir a contracorriente de los demás, y que serían las inversiones en radio, televisión y prensa escrita las que se resentirían.

Los dos argumentos principales para mantener este discurso han sido los siguientes: la inversión en Internet todavía tiene un gran potencial de crecimiento porque sigue siendo en términos absolutos muy inferior a la de los demás medios, en concreto, según Infoadex, el 6% de la inversión publicitaria en medios convencionales en 2007. La segunda razón es que internet es el medio perfecto para asegurar el retorno de la inversión publicitaria, sobre todo cuando en apartados de marketing en buscadores.

Los anunciantes se están comportando de dos modos bien distintos: algunos están reduciendo drásticamente su inversión publicitaria en términos globales y otros están derivando toda o parte de la misma de medios como televisión, radio o periódicos a internet. En el primer caso están los principales anunciantes del país, que son empresas muy ligadas al consumo como bancos, empresas de telecomunicaciones o energéticas, que tradicionalmente han destinado parte de su inversión en internet, pero nunca se han parado a medir su efectividad y, por lo tanto, reducen o eliminan su inversión al igual que en los otros medios. En el segundo están aquellas empresas que aún siendo conscientes de la crisis en la que nos encontramos quieren seguir vendiendo sus productos, pero necesitan optimizar más que antes el presupuesto, y el único medio donde se puede medir la efectividad de la inversión publicitaria es internet.

Infoadex, que realiza el control y análisis de la publicidad en España desde hace más de 30 años, ha revelado en su último informe que internet es el único medio, junto a los canales temáticos de televisión, en el que ha crecido la inversión publicitaria, mientras que en el resto de medios ha descendido. Durante el primer semestre de 2008 los ingresos por publicidad en internet han aumentado un 28% respecto al mismo período del año pasado. Aún así es un aumento menor del que estaba pronosticado a principios de año, que los estudios situaban en torno al 50%.

Por lo tanto, la crisis también se nota en la inversión publicitaria en internet, que no crece lo que debería, pero aún así crece y por lo menos hace desaparecer los fantasmas de principios de 2000 para nuestro sector. Lo bueno de esta crisis es que el anunciante está valorando cada vez más los soportes y canales que le aportan un retorno de la inversión (buscadores, redes sociales, etc.), y está desechando las soluciones y formatos publicitarios heredados de otros medios, como pueden ser los banners.

La economía liberal en la universidad: E pur è buona

Corría el año 1844, cuando el Comité Mimerel propuso destituir a los profesores de Economía Política y suspender sus cátedras en Francia. Mimerel era un empresario textil, líder de la patronal de entonces y un intervencionista converso. Defendió la libertad comercial hasta que se dio cuenta de que su negocio era más próspero al amparo del paraguas proteccionista, a golpe de privilegio, y por solidaridad decidió que toda la industria francesa debía ser protegida como medio de aumentar su “riqueza” (al menos la aparente). Una de sus batallas fue la mantenida contra los profesores liberales de su país Jean-Baptiste Say, Blanqui, Rossi y Garnier, quienes defendían el librecambio contra viento y marea.

Como no podía ser menos, uno de los activistas defensores del mantenimiento de las cátedras de Economía Política fue Frédéric Bastiat, en concreto, en su artículo Guerre aux chaires d’économie politique (Guerra a las cátedras de Economía Política). En esta publicación, cargada del sarcasmo acostumbrado, Bastiat ofrece una serie de supuestos argumentos de los proteccionistas para acabar con la enseñanza de la economía en Francia excepto si se adoctrinaba a los universitarios en la “santa” doctrina intervencionista.

Explica Bastiat emulando a sus oponentes cómo los hombres estamos dotados de una tendencia a vivir de los demás y despojar al prójimo de sus bienes y su trabajo, y que los tres principales medios para conseguirlo han sido la guerra, la esclavitud y, finalmente, la protección. Por tanto es una locura acabar con estas tres instituciones, y luchar contra ellas ha traído más mal que bien. Pero de todas ellas, la alternativa de la protección es la mejor, entre otras cosas porque el nombre confunde, esconde lo pernicioso de esa práctica.

Se pregunta (siempre sarcásticamente, como si fuera miembro del Comité Mimerel), para qué sirven los sabios sino para “hacer” ciencia, y en consecuencia, qué impide a los científicos inventar una teoría económica a medida para ellos, los proteccionistas. Y sugiere que los economistas liberales se arrodillen como hizo Galileo, y declaren públicamente que la libertad no vale nada, aunque al levantarse murmuren E pur è buona.

Y, dado que se define la economía como la ciencia que enseña al trabajador a conservar lo que le pertenece, lo mejor sería proscribir y eliminar las cátedras de economía que aún subsistan, para evitar las funestas consecuencias de la libertad comercial.

Leyendo estos párrafos, con la inauguración del curso académico a la vuelta de la esquina, no puedo evitar traer a nuestros días las reflexiones de Bastiat y preguntarme cuál es el estado de nuestra enseñanza universitaria de economía. No será una sorpresa para nadie si digo que está como todo lo demás, hecho un desastre.

Lo que enseñamos en las facultades de economía y administración de empresas son básicamente teorías keynesianas obsoletas y un poco de monetarismo para tener algo que haga de diana. Se enseña la justificación económica de la socialdemocracia, y las maravillas del Estado del Bienestar. Como en los cómics de Astérix hay un pequeño grupito que se resiste, a pesar de ser bastante heterogéneo, y que se centra en explicar por qué las teorías keynesianas son una falacia, por qué la Escuela de Salamanca es tan rica, por qué la Escuela Austriaca de Economía a pesar de ser heterodoxia ofrece mucho más que las demás escuelas a la ciencia económica, y qué explica que la libertad económica es el único camino para salir de la pobreza de manera sólida (no con “tiritas” de quita y pon, como son las medidas estatales).

Pero, en general, y desde los manuales infectos de Economía de Bachillerato, lo que se enseña es lo que defendía el Comité Mimerel, las ideas que denostaba Bastiat y que tanto daño han hecho en el pasado siglo XX. No es de extrañar que ante la crisis actual, la solución keynesiana es la que a muchos estudiantes les parece “la natural”, a pesar de ser al revés, como Juan Ramón Rallo y otros autores se empeñan en seguir demostrando. Ni es sorprendente que en la remodelación de los planes de estudios que se implementará en pocos años, el tufillo político cuente mucho más que la racionalidad. Efectivamente se puede hacer una pseudo-ciencia a medida del político, de cualquier político. Se puede demostrar “científicamente” que el Sol gira alrededor de la Tierra, y no al revés, y que si inyectas dinero en la economía la gente tiene más para gastar y la economía “mejora”. Se ha olvidado eso de que la economía enseña al trabajador a conservar o a hacer lo que quiera con lo que le pertenece, hemos delegado la capacidad de decidir sobre lo individual en unos gobernantes que han dinamitado el sistema educativo para ganar votantes. El precio es la poca calidad del trabajador del mañana, la inmadurez de la población adulta del futuro, y la degradación a que nos conduce esta ciudadanía en actitud permanente de brazos caídos.

Si Bastiat levantara la cabeza…

Cuando es más fácil piratear que comprar

Diseñado por el creador de Sim City y Los Sims, ha nacido con la aureola de ser el "simulador total", pues con él podremos diseñar una criatura con todas sus características biológicas y controlar su historia desde la evolución de la especie a partir de una bacteria hasta el momento en que alcanza el espacio. En verano se publicó el editor de criaturas y los usuarios crearon 3 millones de especies distintas a la espera de poder emplearlas en Spore cuando saliera al mercado. En suma, que todo apuntaba a que era un lanzamiento muy esperado por los aficionados a este tipo de juegos.

Pero hete aquí que los primeros compradores se encontraron con que el juego era un infierno… pero no porque estuviera mal hecho o no fuese entretenido, sino porque las protecciones incluidas para intentar reducir la piratería son tan incómodas para el comprador que les resulta más conveniente bajárselo por BitTorrent aunque dispongan de una copia por la que han pagado sus 50 dólares. La copia original ha de ser activada por internet al instalarlo, algo que sólo se puede hacer tres veces, y si te pasas has de llamar a la compañía demostrando que realmente has comprado el juego. Hay que estar conectado a internet obligatoriamente, porque cada cierto tiempo el juego "llama" a casa para asegurarse de que es legal. Además, incluye la clásica protección que obliga a tener el juego en el lector de DVD para que funcione.

La reacción de los usuarios ha sido inundar de puntuaciones negativas la página del videojuego en Amazon. Y es que no parece de recibo que sea más cómodo instalarte la versión pirata que la comprada en la tienda. Ni tampoco que pagues por poseer un juego y lo que te ofrezcan a cambio sea más bien un alquiler limitado. Porque quien tenga una copia original sólo podrá jugar mientras EA tenga a bien ofrecer el servicio telefónico de activación, o ellos guarden el ticket de compra. En caso contrario, Spore se convertirá en una caja bonita. Y 50 dólares son muchos dólares para una caja que tampoco es que la haya diseñado Armani.

Quizá el problema de Electronic Arts es, en cierto modo, análogo a las discográficas. Hartos de ver cómo su propiedad intelectual circula como Pedro por su casa por las redes P2P, se dedican a poner todos sus esfuerzos en intentar evitarlo, al menos durante las primeras semanas, a la espera de que los piratas profesionales averigüen cómo saltarse las protecciones y ofrezcan copias desprotegidas. Pero como sugirió otra empresa del sector, mucho más pequeña y que viene del mundo de las aplicaciones para Windows con una mirada menos viciada por las costumbres, lo que debería hacer EA es simplemente ignorar a los piratas. Hacer como si no existieran.

Stardock no incluye protecciones anticopia en sus juegos. "La razón por la que no protegemos nuestros juegos contra las copias no es porque seamos unos tipos estupendos. Lo hacemos porque a la gente que realmente compra juegos no le gusta tener que lidiar con los inconvenientes de esa protección. Nuestros clientes hacen las reglas, no los piratas. Los piratas no cuentan", aseguró en su día su consejero delegado en su blog.

Electronic Arts está aprendiendo esa lección a las malas. No se ha decidido a eliminar las protecciones, pero las está limitando bastante en su próximo lanzamiento, Red Alert 3. No está mal, pero quizá debiera ofrecer una versión de Spore menos exigente con quienes han pasado por caja. No parece que castigar a tus clientes sea la mejor manera de incentivar que compren tus juegos.

Y ahora el sueldo de los parlamentarios

Hace unas semanas, ante la polémica referida a la revisión del sueldo de los funcionarios, argumenté en Libertad Digital que, tal como explica la teoría económica, que dicho sueldo es arbitrario y, por tanto, también lo es su revisión. Las razones se basan en que, como el producto de estos funcionarios no es una demanda del mercado, no existe un precio del mercado para los mismos que pueda permitir valorar su sueldo. Y es que, según la teoría económica, el precio de los recursos productivos queda establecido en función de los precios de los productos para los que se utilizan.

Así, si bien ante una subida generalizada en los precios de mercado (fenómeno impropiamente conocido como inflación), cabe esperar una subida en la valoración de los recursos productivos, incluidos los sueldos, este traslado no tiene lugar para el sueldo de los funcionarios, por lo dicho anteriormente.

Dentro del colectivo de funcionarios, entendidos como empleados a sueldo del Estado, esto es, de nuestros impuestos, ocupan un lugar prominente los parlamentarios. A ellos afecta la nueva polémica, puesto que el presidente del Congreso, don José Bono, les ha propuesto "congelar" sus emolumentos para el próximo año, en solidaridad con una sociedad que comienza a sentir las sacudidas de la crisis económica.

Lo más llamativo a poco que se reflexione sobre este asunto es la existencia, en una sociedad libre, de un colectivo que tiene el poder de fijar su propia retribución, con independencia de las fuerzas del mercado. Ya se ha dicho que la retribución de todos los factores, humanos o no, depende de la valoración que de su producción, de su servicio a la sociedad, hagamos el resto de los ciudadanos.

En el caso de la mayoría de los funcionarios, tal retribución no depende de esto, pero tampoco de ellos mismos, sino de otro organismo con capacidad para aprobar el presupuesto de estos gastos. Y subiendo por esta escalera se llega a los parlamentos nacional y autonómicos, y a los ayuntamientos, donde encontramos a una serie de personajes que sí pueden fijar su propio sueldo. Con independencia de todo. ¿No resulta esto un tanto anómalo en una sociedad que se dice libre?

Y, sin embargo, ahí está la discusión. Los parlamentarios condescienden este año a no subirse el sueldo en solidaridad con los que pagamos forzadamente los impuestos que han de financiar dicha subida.

Evidentemente, si tal recaudación no fuera forzada, estos privilegiados tendrían que hacer como todos, poner sus servicios a disposición de la sociedad y sujetarse a la valoración que los ciudadanos, en el mercado, hiciéramos de su trabajo. Mientras tanto, podrán seguir subiéndose el sueldo a su gusto y voluntad; el resto, mantengámonos en la ilusión de que tenemos los mismos derechos. Entre otros, el de cada cuatro años elegir a nuestros propios privilegiados, los queramos o no.

El mito de la pobreza en Estados Unidos

Uno de los momentos estelares de la estupidez progre española tuvo lugar cuando Miguel Bosé explicó, en un programa de televisión, que el país con más pobres del mundo era Estados Unidos. Semejante mito –absurdo para quien no mire la realidad con anteojeras ideológicas– se sustenta en una estadística que sitúa de forma más o menos estable el número de pobres en Estados Unidos entre los 30 y 40 millones de personas.

Desgraciadamente, con números así la propaganda ya está hecha. No hace falta añadir nada. Cualquier respuesta más interesada en la verdad que en la demagogia ya tiene que ser más elaborada y explicar un buen montón de cosas que quien no se preocupe demasiado salir del prejuicio (y son legión) no escuchará jamás.

Así, esta cifra es criticable por muchas razones. Primero porque, siendo una medida de pobreza absoluta –al contrario que en España–, calculada partiendo del dinero que un hogar de tamaño determinado requiere para cubrir las necesidades de comida, techo y ropa de sus miembros, los datos sugieren que está bastante por encima de una “línea de pobreza” real; casi todos los pobres tienen su televisión en color, cerca de la mitad son propietarios de su casa, el 80% tiene aire acondicionado, tres cuartos tienen coche, el 62% tiene televisión por cable, etc. Existen pobres en Estados Unidos, pero son muchos menos que esa cifra algo fantasiosa citada por Miguel Bosé; alrededor de un 2% de los hogares pobres reconoce que en ocasiones no tienen qué comer.

Hay que tener en cuenta que las medidas de ingresos en Estados Unidos excluyen las ayudas gubernamentales y, claro, los posibles cobros en dinero negro. Además, se hacen antes de impuestos. Eso lleva a sobrevalorar lo que ganan los más ricos, que son quienes más pagan al fisco, y despreciar lo que realmente reciben los más pobres.

Pero, sobre todo, lo que estos estudios no tienen en cuenta es el carácter dinámico de la vida. Un empresario próspero que tenga un año malo caerá durante ese ejercicio por debajo de la línea de pobreza, pese a vivir bien. Quienes empiezan de cero, en trabajos mal pagados, pero van ascendiendo en la escala social y económica siempre empezarán su vida laboral por debajo del umbral de la pobreza, pero pueden acabarla perfectamente entre quienes más dinero ganan. Un rentista, aunque viva en Beverly Hills, puede no tener ingresos y ser considerado “pobre”. También un jubilado que recibe una generosa pensión puede ser considerado pobre.

Si dividimos la población en cinco grupos dependiendo de sus ingresos, y seguimos su trayectoria a lo largo del tiempo, nos daremos cuenta de lo absurdo que es tratar la pobreza como un estado permanente. Sólo el 5% de aquellos situados en el 20% de ingresos más bajos en 1975 estaba en la misma situación en 1991. Los demás habían ascendido; de hecho, el 29% había alcanzado el grupo del 20% con los ingresos más altos.

Aún así sigue habiendo quien, pese a reconocer que los datos de pobreza reales son mucho menores, aborrecen la desigualdad existente en el gigante norteamericano. El grupo más rico supera al más pobre en ingresos por un ratio de 15 a 1. Pero si pasamos de evaluar hogares a individuos y fijarnos en cuánto consumen, ese ratio se reduce a 2.1 a 1. El mercado y la globalización –y la innovación que traen consigo– han abaratado casi todos los productos. La diferencia entre quienes más ganan y quienes menos ganan a veces es mera cuestión de tiempo; yo no me compraré ahora un reproductor Bluray, pero seguro que dentro de unos años dispondré de él a una fracción del precio al que lo compraron los ricos.

Evidentemente, tanto aquí como en Estados Unidos hay pobres de verdad, aunque su número no esté bien estudiado. Según la investigación de la Heritage en los datos del censo, las causas de los bajos ingresos de los hogares realmente pobres son que los padres trabajen poco o nada, que sean monoparentales o que están formados por inmigrantes de muy baja capacitación, incluyendo el desconocimiento del inglés. Nada que la mentalidad victimista de la izquierda de aquí o allí no sepa fomentar.

Que lo paguen ellos

Con esta original medida Solbes podría por fin dejar algo con lo que la posteridad le recuerde positivamente antes de que sea definitivamente abjurado por sus fieles. Piénsenlo un instante: el déficit del Estado, que ha alcanzado ya los 10.000 millones de euros, deberían pagarlo quienes eligieron a Zapatero, no todos los españoles en su conjunto. La idea me va gustando más y más a medida que trato de imaginar sus consecuencias. Y no me refiero únicamente al hecho de que a los que, como yo, no votamos a ninguno de estos cantamañanas que se postulan para gobernar nuestras vidas vayamos a quedar libres de toda deuda pública. Aunque, a decir verdad, esa implicación me ayuda verla con ojos golosos.

La consecuencia inmediata sería comprobar cómo el votante se vuelve mucho más cuidadoso a la hora de meter la papeleta en la urna. Porque maldita la gracia que hace el que tu voto a un encantador de serpientes pueda suponer que luego te tires 30 años pagando mensualidades para pagar la renovación de la flota de coches oficiales, los fabulosos aves, las operaciones de cambio de sexo, los pagos por nacimiento de bebés o las magníficas oficinas de la administración pública. El electorado escucharía con atención los discursos y leería los programas, lo que sin duda provocará un fuerte aumento de los ataques de risa así como un importante descenso de la tasa de votantes. Cada nuevo proyecto megalómano y cada nuevo programa social (¿cuál no pretende serlo?) suscitarían reticencias a la hora de votar por nuestros faraones.

Pero dejemos de pensar por el lado de la demanda y atendamos un poco a la oferta. Bajo el marco diseñado magistralmente por el todavía ministro de Economía, ningún político con ganas de dormir en el Palacio de la Moncloa propondría el mantenimiento de televisiones públicas o empresas nacionales de ferrocarril, ni prometería alegremente fiestas públicas, subvenciones al cine o cursos de yoga. El famoso "yo más que tú", típico del Partido Popular cuando se habla de gasto público, desaparecería como por arte de magia y se convertiría en un "yo todavía menos que tú". Por el contrario, los políticos se esforzarían en hacer comprender al electorado que sus proyectos conllevan pocos gastos y ninguna posibilidad de déficit. Tratarían de garantizar un superávit perpetuo y prometerían el reparto de ese superávit en forma de cheques al contribuyente.

Pero las consecuencias van más allá del ámbito político. La misma historia sería reescrita. Los faraones de Egipto serían condenados como tiranos mientras que los reyes hititas pasarían a ser conocidos como grandes hombres de estado que renunciaron a los gastos suntuosos y permitieron a sus súbditos comerciar sin tener que soportar el peso de la deuda pública.

Con esta medida Solbes lograría reescribir la historia, hacer al electorado mucho más responsable y meter a los políticos en cintura. No estaría nada mal para un político que parecía acabado.

Entre dos fuegos

Rajoy quiere que la izquierda, sin dejar de odiarle sincera y abiertamente, le perdone al menos los martes y los jueves. Puede parecer complicado, pero Lassalle confía plenamente en sus dotes para llevar al lector de El País por donde quiera Mariano.

Ese es el sentido, y no otro, de su último artilugio en El País, Afinidades despectivas, que es como la serie Cuéntame: los elementos son verdaderos, pero el relato es falso. Lassalle nos viene a presentar un movimiento conservador estadounidense unitario que es esencialista, moralizante e intolerante, y que ha desembocado en el neoconservadurismo belicista de George Bush. Al parecer están en el ajo Russell Kirk y Eric Voegelin, William Buckley y Leo Strauss. Al parecer no tiene para Lassalle la más mínima importancia que Buckley intentara aunar coherentemente una moral conservadora y tolerante con el liberalismo político y económico, o que lanzara en los últimos años duras críticas a George W. Bush precisamente por su política en Irak y en el propio Estados Unidos. La realidad no tiene aquí tanta importancia. Lo que cuenta es convertir a Leo Strauss en líder de esta panda, en "principal impulsor de la Revolución Conservadora", y valladar contra el liberalismo "relativista" que nos propone y que achaca a Karl R. Popper e Isaiah Berlin.

Pero la llamada Revolución Conservadora, que tiene su primer gran exponente en la fracasada candidatura de Barry Goldwater, debe mucho menos a Leo Strauss que a otros autores que, o bien están tratados de forma torticera, como Buckley, o bien no aparecen en su relato porque su sola presencia lo invalidaría, como Friedrich Hayek, Ayn Rand, Milton Friedman, Frank Meyer o Ludwig von Mises. Los neoconservadores, que pese a su nombre proceden de la izquierda, no se alían con la derecha hasta los 80, cuando la Revolución Conservadora está ya en marcha. Y, dicho sea de paso, deben a Strauss mucho menos de lo que sugiere Lassalle. Todo esto lo ignora el secretario de Estudios del PP no por desconocimiento sino por estrategia, por oportunismo político.

Le han dado cumplida respuesta José María Marco y el GEES mas, al menos en este think tank, con alguna expresión que puede entenderse como de un conservadurismo antiliberal. Nada de ello es necesario. La opción "libertaria" que menciona por oposición José María Marco está muy lejos del liberalismo insustancial de José María Lassalle y que se mueve entre el relativismo y el oportunismo. Y, por otro lado, es compatible con la defensa privada de una moral conservadora, sin caer en la tentación de querer imponerla por medio del Estado. La libertad no me parece una mala idea, y es más que suficiente para oponerse con coherencia y fuerza moral a las pretensiones totalitarias de Zapatero y a su nula política económica. Pero quizá sea un valor demasiado grande para una oposición garbancera.