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No hablen de “poder” judicial

Escrito por Joaquin Santiago en . Publicado en Análisis diario.

El poder judicial no existe como tal. A esta altura en la experiencia histórica y desde que se conformó, puede decirse que el modelo liberal de separación de poderes dentro del Estado ha fracasado. En las facultades de Derecho se afirma la independencia del poder judicial con tanta solemnidad como con debilidad se aborda su argumentación.

La actividad de los órganos del Estado moderno y democrático es unívoca y tiende inexorablemente a fortalecerse. La fuente de autoridad se concentra exclusivamente en el poder ejecutivo –que incluye, por supuesto, todo el aparato administrativo por descentralizado que esté–, que es el que ostenta la verdadera capacidad legislativa y el control férreo de los parlamentos. En un Estado cuyos órganos legislativos y judiciales dependen materialmente del inmenso aparato administrativo controlado por el Gobierno y de sus disposiciones y regulaciones, la división de poderes no es constatable, si es que alguna vez pudo serlo.

En España, el presidente Zapatero y el dirigente opositor, Rajoy, han llegado a un acuerdo para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial –CGPJ-y del Tribunal Constitucional. La renovación es exigible sobre la base del pacto de estado alcanzado con la Constitución y de las posteriores leyes orgánicas cuyos principales artesanos fueron los partidos que ambos dirigen hoy. Lo que subyacía tras la controversia entre socialistas y populares era en definir la capacidad de cada uno de sus partidos de influir en la judicatura sin romper el negocio conjunto, el oligopolio para el control del monopolio judicial.

Fuera de este juego de palabras, pero sin desdecirlo, lo cierto es que el sistema judicial es un apéndice del Estado, cuyo vértice está ocupado por los partidos y sus oligarquías. A los partidos, dependientes del erario público e interesados, por tanto, en aprovecharlo al máximo, les motiva enormemente alcanzar el poder y excluir de él al contrario. Tal hecho se resalta en la opinión pública y en las conversaciones de calle criticándolo como fuente de males y de desunión. Pero lo cierto es que lo que une a los partidos es más que lo que los divide.

Los dos partidos –o aunque fueran más, como ocurría en el escenario del "pentapartido" italiano de los años de la Guerra Fría– cuidan celosamente el sistema de nombramiento de los miembros del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y propenden más al acuerdo que a la divergencia y siempre en orden a mantener su partidista influencia. Los beneficios políticos y la inmunidad que aspiran a obtener de los jueces en diversos asuntos, que sólo a ellos les atañe, les lleva a eso. Se comportan de manera congruente con la estructura de incentivos que origina el actual Leviatán.

Tales incentivos, a grandes rasgos y por orden cronológico son:

  1. Incremento del poder de los gobiernos respondiendo a las demandas de los votantes de mayor intervención y a la oferta abusiva de regulaciones y soluciones políticas que los políticos practican. Estos incentivos de incremento del poder ejecutivo se traducen en una administración sobredimensionada y dotada de enormes recursos aunque no de eficiencia.
  2. Ocupación por parte del Gobierno del poder legislativo. La complejidad de las crecientes funciones del Gobierno ocluye los esfuerzos de los parlamentarios, si es que aún se esfuerzan, para mantener su independencia como legisladores. Las leyes, formalmente sancionadas en el parlamento, son elaboradas por los gobiernos de amplias funciones, únicos dotados de la capacidad para ello merced, precisamente, a su gigantismo. Como consecuencia lógica de ello, los parlamentarios son controlados estrictamente por los partidos.
  3. Ocupación, por consiguiente, del poder judicial por los partidos, con primacía del que gobierna. La teoría, falsa pero repetida en las clases de Derecho Político y Constitucional, acerca del CGPJ y del Tribunal Constitucional, consiste en que al ser nombrado por el Parlamento, es decir, por los representantes elegidos por los votantes, la legitimidad democrática está garantizada y parece que con eso, y como si de un fenómeno místico se tratase, también se asegura su independencia. Nada más evidentemente falso que esta afirmación, tras haber considerado el fenómeno de unificación de todos los poderes iniciales del llamado "Estado liberal" bajo el poder ejecutivo.
  4. Quienes pueden acceder al gobierno, es decir, los partidos, ante la posibilidad de ocupar un poder ejecutivo tan amplio y apetecible, se dan a sí mismos un sistema electoral que supone barreras de entrada suficientes como para reservarse el oligopolio. Instalados así, el riesgo de una derrota electoral no les priva de la expectativa futura de ocupar el poder y de la determinación de hacerlo tan invasivamente como lo hace el vencedor, al que acusa de ello si le toca permanecer en la oposición.

Es esa expectativa de triunfo futuro la que estimula a la oposición, hoy, el PP, en 2001 –año del último acuerdo para el nombramiento del CGPJ–, el PSOE, a consensuar con el gobierno unas reglas de dominio del poder judicial que prevén les beneficiará también. En un oligopolio protegido por la fuerza del Estado los actores propenden al acuerdo colusivo. Y este del reparto del poder entre pocos es algo que no arreglaría la mera apertura del sistema electoral para aumentar el número de partidos en lid. El incentivo para sojuzgar a los jueces sería, en ese caso, el mismo y sería prioritario eliminarlo en una hipotética reforma del sistema.

Otros que quieren chupar del bote

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Y lo hacen en un momento en el que sus resultados no dejan de mejorar mientras que las dificultades de los ciudadanos para llegar a fin de mes son cada vez mayores.

Durante la presentación de unos resultados del sector que sólo pueden ser calificados de excelentes, la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (Adese) ha lamentado la falta de apoyo del Gobierno al sector y ha pedido subvenciones. Para rematar la faena, el presidente de Adese, Alberto González Lorca, ha pedido un marco regulatorio que les favorezca con el argumento de que "ninguna industria se crea por generación espontánea". Esto es cierto, pero la alternativa a dicha "generación espontánea" es la iniciativa privada, no el apoyo del poder político.

Por cierto, que lo que se ha olvidado decir González es que el sector ya puede sacar tajada de los contribuyentes por medio de las subvenciones de la Unión Europea. Los eurócratas tienen a bien regalar a estos señores cantidades que van de los 10.000 a los 100.000 euros por prototipo de videojuego. Y este dinero no se crea por generación espontánea. Surge de las cuentas corrientes de todos los habitantes de la Unión Europea, que los impuestos reducen de forma constante.

Los lamentos de González Lorca son un insulto a los ciudadanos en un momento de grave crisis económica en la que el riesgo de recesión es muy serio. Y más si se tiene en cuenta la evolución del sector. Mientras que cada vez más españoles van al paro y quienes no lo hacen ven como disminuye el poder adquisitivo de sus sueldos, el sector del videojuego creció en un 50% en 2007 y en un 16% en el primer semestre de este año. De hecho, en la misma presentación en la que Adese pide subvenciones, esta asociación anuncia que espera que los resultados del sector mejoren a buen ritmo con independencia de la situación económica.

No les han reconocido como parte del sector cultural, pero ya se portan como si pertenecieran al mismo. Su discurso en el mismo que el de la SGAE, DAMA y similares. Mucho lamento (incluyendo uno por las pérdidas reales o imaginarias causadas por la piratería), reclamación de endurecimiento de las normas contra el intercambio de archivos y solicitud de dinero público (que, insistimos, procede de unos ciudadanos que afrontan una crisis económica grave) para mejorar sus cuentas. El respeto que pudiera sentir por ellos se ha extinguido. Game Over.

El “minelarismo” ya está aquí

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El objetivo más ambicioso es conocer cómo se creó el universo, porque a los científicos no acaba de convencerles el relato de aquel pastor evangelista que incluso llegó a descubrir la fecha en que Yavhé creó el mundo, el cuatro de octubre del cuatro mil doce antes de Cristo (obviamente), aunque no determinara exactamente si fue por la mañana o por la tarde. Quizás tras los experimentos de alta energía llevados a cabo en el LHC los científicos puedan extrapolar los datos y confirmar si fue precisamente en esa fecha o un poco antes, digamos unos doce mil millones de años atrás.

Las primeras pruebas llevadas a cabo están siendo un rotundo éxito, algo que ha puesto de los nervios a los hippychorras del milenarismo New Age, que hasta han denunciado en los tribunales a las instituciones implicadas bajo la acusación de estar poniendo en peligro La Tierra. El verdadero peligro para la vida en la tierra, por el contrario, son precisamente los ecologistas ultraortodoxos y protestones de la Iglesia de la Calentología, cuyas recetas para evitar "la fin del mundo" son el camino más directo para volver a la caverna, dejando a varios miles de millones de seres humanos en el camino.

La recreación a pequeña escala del Big-Bang que está llevando a cabo el CERN en ese laboratorio subterráneo tiene, en efecto, revolucionados a los milenaristas actuales, gente ociosa que afirma que el mundo se va acabar en el solsticio de invierno del 2012, que una raza de reptiles extraterrestres está a punto de volver a la Tierra para dotarnos de una nueva conciencia cósmica, que Bush planeó y ejecutó los atentados de las Torres Gemelas y varios cientos de chorradas similares con que las publicaciones esotéricas y New Age alimentan la psicosis de sus lectores. ¡Si los hay que hasta creen que Rajoy puede ganar unas elecciones! Con eso está dicho todo.

Bush y Zapatero, al saqueo masivo del ciudadano

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Esta rapidez de maniobra (han despertado dos años tarde) es típica de cualquier Gobierno. Todo y así, como ahora ven que el libre mercado no quiere apoyar estos sectores estratégicos, los dictadores de la producción norteamericanos y españoles han decidido que lo haga el pagador de impuestos.

¿De qué nos sirve un sector estratégico cuando sólo está generando pérdidas netas y su existencia significa que nos van a sacar más dinero de nuestro sueldo, rentas y trabajos con el único fin de mantener a personajes que han sido unos auténticos ineptos en la gestión de sus empresas? ¿Cree que estas medidas le ayudarán a usted o a su vecino para afrontar la hipoteca y escalada de precios?

Los rescates y ayudas de los burócratas norteamericanos y españoles a las empresas incompetentes incluyen cosas tan insólitas como apoyar activamente a que el precio de los inmuebles se mantenga o no baje en la medida en que debería. Obligan a pagar hipotecas y casas a gente que no disfruta de ellas vía impuestos y deuda pública y nos impiden ahorrar. Nuestro sueldo ya está gastado antes que lo percibamos a final de mes. Cuando lea su próxima nómina, puede sustituir el apartado "impuestos", por "transferencia obligatoria a un constructor y/o inquilino de VPO que jamás conocerás". Lo que le quede de salario, puede usarlo si le llega al pago de su propia hipoteca.

Dicho de otra forma, Bush y Zapatero han transferido el riesgo que tienen estas empresas al ciudadano. Les dan nuestro dinero para que sigan invirtiendo en cosas que ya no valoramos a los precios actuales. Y dado que nosotros, que vemos disminuir nuestro poder adquisitivo año tras año, no compramos los productos y servicios de estas empresas, ¿no será que el Gobierno está tirando nuestro dinero?

Es curioso ver a conservadores e izquierdistas a la hora de afrontar una crisis, porque los dos actúan igual. Apoyan a las grandes empresas, grupos de presión y votantes cautivos en nombre del bien común. Es el clímax del capitalismo de estado. Si aplicamos este tipo de razonamiento económico a casos históricos, nos saldrían situaciones inverosímiles. Si los romanos hubiesen aplicado este socialismo para ricos, la fabricación de cuadrigas y construcción de acueductos, aún en pleno siglo XXI, serían sectores estratégicos que hay que proteger para cuidar del bien común. Si los dictadores de la producción hacen de empresarios capitalistas orquestando la economía a su gusto con nuestro dinero, ¿cómo esperamos avanzar? ¿Vamos a estar subvencionando la construcción durante mil años? Es un camino sin salida.

Ningún Gobierno tiene ni capacidad ni interés para guiar correctamente la economía. Hemos vuelto al despotismo ilustrado, pero la máxima "todo para el pueblo, pero sin el pueblo" se ha convertido en "todo para las minorías y con el dinero del pueblo". ¿Que se queja usted? ¡Pero como se atreve, que lo hacen por su bien! ¿Es que no ve la televisión?

Quién sabe, quizá lo más sensato fuera que la gente premiara con sus libres decisiones a las empresas eficientes, útiles y que nos satisfacen con nuevos productos y servicios. Eso significaría que todos decidiríamos en qué queremos gastarnos nuestro dinero, un pecado imperdonable para los gobiernos de Bush y Zapatero. Porque si nosotros decidiésemos, ellos no podrían hacerlo por nosotros, y por lo tanto no tendrían poder sobre nuestras vidas. Esa es una idea aterradora para cualquier político. Lo peor de una crisis no son los efectos económicos, que al final acaban superándose. Lo más dañino de las crisis son los efectos que provoca el Gobierno cuando quiere solucionarla.

Privatizar Telemadrid

Escrito por Rafa Fernández Tamames en . Publicado en Análisis diario.

Hace menos de dos meses escribí un comentario titulado Soluciones para la televisión pública, donde exponía modelos intermedios para llegar a la privatización de las televisiones públicas. La pasada semana el PP de Madrid anunció que en su próximo congreso una de sus ponencias propondrá privatizar Telemadrid en cuanto la ley lo permita. El primer pero que se le podría poner a este anuncio es que, pese a que el PP de Madrid no crea que deban existir medios de titularidad pública, menciona también de que son necesarios en casos muy especiales, que no enumeran. La ponencia en cuestión se llama Sociedad y Libertad, y será presentada por Lucía Figar.

Estoy encantado con que Lucía y sus compañeros en el PP de Madrid hayan llegado a la conclusión de que no es necesario que existan medios de titularidad pública, pero tan importante es llegar a esa conclusión como saber cuál va a ser el plan de privatización, una vez que la ley lo permita. Si Telemadrid abre ese camino debería dar ejemplo, ya que habrá muchos que no tengan una opinión definida sobre la privatización de las televisiones públicas y tomarán su caso como el modelo a seguir, tanto en lo bueno como en lo malo.

Por lo tanto, no valen apaños; no se puede realizar una privatización destinada a entregar dos televisiones (Telemadrid y La Otra) y una radio (Onda Madrid) a los primeros amigos del poder que se pongan a tiro. El proceso de privatización no sólo debe ser justo, sino también parecerlo. Existen ya de por sí demasiados enemigos de la libertad como para darles excusas para atacar esta reforma tan necesaria.

Aunque el PP gobierne en Madrid, esta medida no podrá ser aplicada en estos momentos, por que como bien ha dicho Figar, la ley del Tercer Canal impide la privatización de cualquier televisión autonómica. Esperamos que esto no sea una excusa y que cuando el PP tenga la posibilidad de modificar esta ley lo haga, y proponga no sólo la privatización de Telemadrid, sino de todos los medios públicos.

Los derechos de los bits

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

La discusión se inició en Estados Unidos y se extendió a Europa, coincidiendo precisamente con la revisión del marco regulatorio que está realizando la Comisión Europea desde el año pasado. Y acaba de tener un hito con una apretada decisión de la FCC, en la que se obliga a Comcast a cumplir con ella.

¿En qué consiste la neutralidad de red? No es un concepto pacífico, como nunca lo son aquellos términos que llevan en el nombre la trampa. Pero a grandes rasgos se trata de reconocer la igualdad de los bits en sus "derechos" de transmisión por las redes los operadores de telecomunicaciones: que todos los bits sean iguales ante el operador. Dicho de otra forma, que estos no puedan discriminar, dando prioridad a unos sobre otros, entre los bits o contenidos que circulan por su red hacia sus abonados.

Pero es evidente que la igualdad a ultranza de los bits es un poco absurda. Hay bits más importantes que otros bits, por la clase de información que llevan o por la urgencia de la misma, o porque si no llegan de una determinada forma son inútiles. Los operadores siempre han tenido mecanismos para gestionar la red, lo que en definitiva significa priorizar unas comunicaciones frente a otras, para que funcionen de forma adecuada los servicios que se prestan.

Un burdo paralelismo: la igualdad de bits sería como la igualdad de vehículos en nuestras carreteras. Impediría a las ambulancias y bomberos cumplir su función en muchos casos. Las sirenas son el mecanismo de priorización en las vías de tráfico, y a nadie se le ocurriría eliminarlas, mucho menos en aras de un supuesto derecho de los ciudadanos.

Porque, cuando se alcanza el absurdo de los derechos de los bits, es el momento de dar derechos a los ciudadanos. Es cuando la neutralidad de red se disfraza del derecho del ciudadano abonado a recibir todos los contenidos en igualdad de condiciones, con lo que ahora ya la píldora es más fácil de tragar. Los defensores de la neutralidad de red están defendiendo en realidad nuestros derechos.

El otro lado de la moneda es el que siempre tiene un derecho concedido graciosamente: que hay alguien al que tal derecho supone una obligación, lo que seguramente no le hará tanta gracia. En este caso, los posibles sufridores son los operadores de telecomunicaciones, como Comcast, a los que se les pone límite en el uso de su propiedad privada.

De lo que se trata, en definitiva, es de que los operadores de red traten a todos los contenidos por igual, sean suyos o de otros. ¿Quién se beneficia de la situación? ¿El cliente final? No está claro. Más bien los proveedores de contenidos sin red: los Google, Yahoo y compañía que no quieren que los dueños de la red empleen esta propiedad para limitar de alguna forma su llegada (de Google y compañía) al cliente. El viejo truco de lo mío es mío, y lo tuyo, nuestro. Habría que ver qué diría Google si le obligaran a no discriminar entre las páginas indiciadas de su base de datos. ¿En qué orden sacaría los resultados de la búsqueda?

La neutralidad de red no es un debate que corresponda a políticos ni a ciudadanos; solo corresponde a los dueños legítimos de los activos involucrados. Y no quepa duda, estos serán guiados en el debate por las preferencias de los consumidores, sus potenciales clientes. Aquí será cuando los ciudadanos, votando con nuestro dinero, optemos por dar o no derechos a los bits.

Investigación científica e intervención estatal

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

La producción y difusión de ciencia y tecnología dependen del marco institucional adecuado basado en derechos de propiedad, especialización, libre empresa y comercio. Aunque en general ya se acepta que la planificación centralizada del socialismo es letal para el progreso económico, muchos siguen recomendando y defendiendo un sistema científico socialista que en realidad tampoco puede funcionar. Se asume sin apenas discusión que la ciencia necesita y merece intervención pública. Esta idea resulta ser falsa y se basa en argumentos teóricos falaces, aparentemente persuasivos pero que resultan falsos si se analizan críticamente en profundidad y se contrastan con la realidad empírica.

La opinión generalizada respecto a la investigación científica básica es que el Estado debe financiarla (a través de centros de investigación públicos o subvencionando las actividades privadas) porque es un sector estratégico esencial para la competitividad nacional y porque se trata de un bien público (no rivalidad, los beneficiarios adicionales no implican mayores costes; e imposibilidad de exclusión, no se puede excluir a ningún beneficiario), de modo que ninguna empresa privada competitiva la realizaría en cantidad y calidad suficientes porque tendría que asumir todo el coste mientras que otras aprovecharían los resultados.

Se comprueba en la historia que prácticamente todos los avances de la ciencia clásica se produjeron sin ninguna ayuda estatal. Muchas invenciones cruciales han sido resultado de la demanda del mercado: fueron producidas por científicos conectados al mundo comercial (transporte, comunicaciones, vestido, alimentos, armamento, iluminación). Múltiples ejemplos muestran que el mayor poder e intervencionismo estatal está relacionado con menos innovaciones tecnológicas, y a menudo los grandes proyectos científicos estatales terminan en sonoros fracasos. Los datos empíricos muestran que las empresas privadas se encargan de investigar (produciendo tanto ciencia básica como aplicada) en la medida en la que el conocimiento científico es necesario para incrementar la productividad y la competitividad. Además son las empresas, no las naciones, quienes producen y compiten, y es el gasto de la industria privada lo que impulsa el crecimiento económico. Los datos de diversos países muestran que el gasto estatal en ciencia no sólo no estimula el gasto privado sino que incluso tiende a expulsarlo.

No es tan obvio que una empresa pueda fácilmente parasitar el conocimiento científico producido por otras. La ciencia publicada no está disponible gratis: es necesario saber entenderla, asimilarla, aplicarla, seleccionar lo relevante entre la gran cantidad de información disponible. La experiencia científica tiene un coste elevado: una empresa que desee aprovechar la ciencia disponible debe contar con científicos en activo que puedan utilizar lo que ellos mismos y otros han producido. No tiene sentido simplemente copiar lo que hacen otros si no se domina esa materia, si no se sabe escoger e incorporar a un proceso productivo eficiente. Una empresa competitiva puede aprovechar una posición dominante si consigue ser la primera y adelantarse en un determinado ámbito.

Los agentes económicos intentan internalizar los beneficios de su actuación, pero esto no significa que no actúen en absoluto si no lo consiguen de forma completa, si hay beneficiarios que se aprovechan sin pagar por ello. Es posible beneficiar a los demás por generosidad o simplemente como efecto colateral inevitable. Además servir gratuitamente a otros puede incrementar el prestigio de una persona o empresa. En las economías libres abunda el patrocinio privado de muchas actividades.

Los defensores de la ciencia financiada y dirigida por el Estado aseguran que el mundo científico actual es diferente del pasado, que la ciencia actual es muy cara para la financiación privada, y que se ha aprendido a producir ciencia de forma organizada, planificada, centralizada. La ciencia básica ha llegado en muchos ámbitos a una situación problemática: ya se sabe mucho pero es muy caro aprender más (por las energías implicadas o la complejidad de los problemas), y quizás lo fundamental ya se conoce y sólo queda completar los detalles.

A los científicos les gusta investigar y defienden sus preferencias pero suelen ignorar realidades económicas como la subjetividad de las valoraciones y los costes de oportunidad. A menudo se conforman con salarios relativamente modestos (buscan más satisfacer su curiosidad y prestigio intelectual), pero no son pocos y reclaman instrumental muy caro. Pueden ser respaldados por conglomerados empresariales de todos los sectores interesados en recibir contratos estatales que permitan el mantenimiento de su actividad.

Las burocracias estatales son malas directoras del avance científico. Favorecen ciencia oficial establecida, los paradigmas dominantes y los pequeños avances incrementales, no fomentan la variedad y el riesgo que es necesario para alimentar al proceso selectivo de la evolución del conocimiento. La variedad se produce mediante la competencia, no mediante el monopolio, y el Estado es el principal monopolista de la financiación científica. Muchos científicos se convierten en dependientes del favor político, por eso no critican el sistema y se adaptan a vegetar en él.

Los gobernantes utilizan la ciencia para la propaganda política y presentan las enormes cantidades de dinero presupuestadas para la ciencia como si el gasto garantizara el éxito: presumen de lo mucho que se gasta, no de lo mucho que se consigue gastando poco (eficiencia). La ciencia estatal consigue resultados pero de forma ineficiente: no se realiza cálculo económico empresarial porque no hay consumidores que muestren sus preferencias al adquirir el conocimiento ni accionistas pendientes de los resultados de beneficios y pérdidas.

Los gobernantes pueden juzgar que la producción científica de su país es insuficiente, pero esta es una valoración particular que puede resultar arbitraria e incompatible con las auténticas preferencias y capacidades de los ciudadanos. De haber algún tipo de intervención científica por parte del Estado es mejor que sea como consumidor (financiador), pero no como productor. El Gobierno puede influir sobre la cantidad y calidad de científicos incrementando sus salarios, subsidiando la educación y la producción científica y mediante propaganda pública que haga la ciencia más atractiva.

Los innovadores suelen ser individualistas difíciles de dirigir, y muchos descubrimientos se producen por trabajadores independientes que no comparten ideas establecidas que pueden resultar prejuicios que bloquean el avance de lo nuevo y original. Debido a la naturaleza única y objetiva de la realidad las diversas teorías científicas tienden a converger y ser uniformes, pero el acuerdo en ocasiones no es resultado de la aproximación independiente a la misma verdad sino que se produce por presiones de conformidad dentro de grupos de trabajo: los poderosos imponen sus puntos de vista, transmiten sus ideas a los aprendices e intentan desplazar a los críticos. Pensar diferente no es garantía de tener razón, pero tampoco lo es amoldarse sin más a la opinión mayoritaria.

La investigación a gran escala no es necesariamente más eficiente. Los grandes grupos tienen problemas de administración y organización: generan inercias, presiones de conformidad, y dificultades de atribución del éxito. Pretender unificar toda la actividad científica puede ser una pésima idea: puede parecer que la existencia de grupos separados que investigan lo mismo implique que se están desperdiciando recursos, pero en la ciencia es esencial la confirmación independiente de los resultados. Las presuntas sinergias que resultan de la unificación cooperativa no siempre funcionan y la eliminación de la competencia fomenta la pereza y la desidia.

Es difícil encontrar el equilibrio adecuado entre la investigación dirigida a resolver un problema o proporcionar un producto o servicio y la producción y aprovechamiento de resultados no previstos o no intencionados. En algunos trabajos rutinarios en ámbitos conocidos el trabajador sabe lo que el empleador espera de él y el cumplimiento es fácilmente controlable y predecible. Pero esto no se cumple en el ámbito de la creación auténticamente innovadora, y la relación entre el investigador y el financiador puede resultar conflictiva si quien paga impone restricciones o exige resultados inaceptables para el trabajador. En una economía de mercado libre no intervenida los consumidores tienen la última palabra frente a las propuestas de los productores. Pero si a un inventor o creador se le deja completamente libre para hacer lo que quiera, resulta ser el productor quien controla el proceso investigador a expensas de financiadores y consumidores. El balance entre el control gestor y el espíritu innovador puede ser muy difícil.

El sufrimiento como coartada

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Siniestros terribles como el accidente del avión de Spanair en el aeropuerto de Barajas del pasado 20 de agosto despiertan reacciones que van de la natural conmoción a otras más injustificables. Aun partiendo de su naturaleza casual –una conclusión provisional mientras no se esclarezcan las causas– hemos podido comprobar como la mayoría de los medios de comunicación han aprovechado la ocasión para alimentar los numerosos prejuicios y supersticiones contra el capitalismo que se hallan desperdigados en el subconsciente de muchos individuos.

Según una de las insinuaciones vertidas con más éxito, los problemas económicos de la compañía aérea explicarían que hubiera descuidado el mantenimiento o la sustitución del aparato siniestrado. O dicho de otro modo, como la mayoría de las aerolíneas tienen como principal incentivo para transportar pasajeros la obtención de beneficios, pudiera ser que la compañía redujera deliberadamente el coste de sus controles de seguridad para conseguir ese objetivo. Pues bien, incluso si se confirmase una especulación tan gratuita, no podría deducirse que las empresas que se dedican a una actividad conspiran para liquidar la fuente de sus ingresos.

Aparte de la ligereza de los medios de comunicación, se ha repetido una práctica que me causa cada vez más estupor. Se trata de una de las medidas que, de un tiempo a esta parte, los gobiernos u organizaciones satélites adoptan cuando ocurre una tragedia de estas características y que consiste en el envío de un contingente de psicólogos para "ayudar" a los familiares de las víctimas que se acercan al tanatorio, sin que, para empezar, medie una petición de estas personas en ese sentido.

Subyacen, creo, cuestiones muy trascendentes bajo ese aparente gesto de dadivosidad. Por un lado, la idea utópica de que todo sufrimiento subjetivo puede y debe ser suprimido como algo patológico y, por otro, la obscenidad de aprovechar los momentos de máxima pena y sufrimiento de los individuos para intentar moldear sus sentimientos, con la ayuda de los estudiosos –y, por lo tanto, potenciales manipuladores– de la mente humana.

Hasta hace poco la simple ocurrencia de un despliegue de ese tenor hubiera sido tachada de ridícula unánimemente. La intimidad de los familiares en ese trance únicamente se veía alterada por la frecuente destemplanza con la que el personal de los masificados hospitales públicos les comunicaba la noticia fatal de la muerte de una persona allegada. Pero pretender forzar una ayuda emocional no solicitada escapaba de la imaginación del más pintado de los servidores del Estado.

Difuminado de forma general el relativo consuelo que en estas ocasiones las religiones prestaban con la esperanza del reencuentro ultraterrenal con los seres queridos, ahora el nuevo culto oficial del Estado encomienda a sus agentes una especie de cura psicológica rápida de los familiares por la pérdida del ser querido, aparte del ofrecimiento de información que antes asumía el personal administrativo de los tanatorios. Los avances científicos en el campo de la psicología, que han llegado en paralelo a la intromisión en los más íntimos detalles de la vida por parte de los gobernantes, se quieren utilizar para imponer una suerte de felicidad oficial. De ahí a la obligatoria dosis de "soma" del Brave new world (Un mundo feliz) para superar un desagradable bajón emocional solo media un paso.

Desconozco cuáles son las reacciones de las personas a las que se ofrece un psicólogo o una "asistencia psicosocial" en esas circunstancias. El propio impacto de la muerte de un ser irrepetible sobre sus personas cercanas dista mucho de ser uniforme. Ahora y siempre. El amor, el afecto y los sentimientos hacia otras personas varían del mismo modo que sus manifestaciones. Pero aceptar resignadamente que "traten" a un individuo por el desgarro que le puede producir la muerte de un ser querido supone una invasión de su intimidad que invita a ulteriores atropellos de su dignidad como ser humano. Que no nos digan desde el Estado cómo tenemos que reaccionar en tales circunstancias. Que no nos priven de nuestra naturaleza humana para sentir de la manera que queramos.

¿Por qué Google Chrome?

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Dicha iniciativa se desmarca por completo de la actual deriva que ha emprendido la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, en donde las regiones de uno y otro color político pugnan entre sí por llevarse a su plato el mayor trozo de pastel estatal posible. Y es que, mientras la mayoría de las autonomías depositan sus esperanzas en atraer dinero público a sus respectivos territorios a través de subvenciones e inversiones productivas, en base a los criterios de reparto que fije la nueva reforma, Aguirre centra su estrategia en cautivar a compañías y empresarios para que se animen a invertir todavía más en Madrid.

De este modo, la presidenta de la Comunidad se ha vuelto a desmarcar de sus homólogos regionales. No centra sus esfuerzos en un reparto estatal en el que, al fin y al cabo, siempre estará determinado por intereses arbitrarios y partidistas, sino en atraer el mayor número de empresas e inversiones posibles a su región, con el objetivo de crear riqueza y puestos de trabajo. La competitividad se ha convertido en un ámbito clave del sistema autonómico vigente en España, y Aguirre ha sabido verlo, a diferencia del resto.

La ponencia económica que el PP madrileño presentará en su congreso regional va, precisamente, en esta dirección. Dado el creciente número de "barreras" normativas que impone el Estado y las autonomías al libre desarrollo de las actividades económicas, Aguirre pretende garantizar a las empresas la mejor regulación posible. Su "cláusula de normativa autonómica más favorable" permitirá a las empresas beneficiarse de la regulación vigente que mejor responda a sus intereses, sin la necesidad de tener que solicitar nuevas autorizaciones o permisos administrativos para operar en Madrid.

Qué diferencia respecto a otras autonomías, tales como Cataluña, Galicia, Baleares o Andalucía, por citar tan sólo algunos ejemplos. El consejero de Economía de la Generalidad, Antoni Castells, llegó a tildar de "competencia desleal" la política de recortes fiscales emprendida por Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. De hecho, reclamó la intervención del Estado con el fin de imponer un umbral mínimo en materia fiscal, común a todas las regiones, para evitar la deslocalización empresarial que sufre Cataluña desde hace años, ya que las compañías están huyendo en busca de normativas más flexibles.

Una petición muy curiosa la de Castells, quien aboga por un mayor nivel de independencia y autodeterminación para Cataluña, pero que, sin embargo, no duda en acudir al Estado reclamando el establecimiento de un nivel mínimo de impuestos para que la Generalidad no se vea obligada a recortar los suyos. En este sentido, Galicia y Baleares imitan, igualmente, el modelo catalán, imponiendo en sus respectivos territorios restricciones administrativas y obligaciones lingüísticas que en nada favorecen el desarrollo de la actividad empresarial. Basta observar el absurdo conflicto abierto con Air Berlin, en el caso del Gobierno balear, o la denegación del permiso a Pescanova por parte de la Xunta para implantar una de las piscifactorías más avanzadas del mundo en Galicia, arguyendo motivos ecológicos del todo irrelevantes.

Asimismo, Andalucía y Extremadura siguen encabezando la lista de regiones con menor nivel de renta per capita y mayor tasa de paro, pese al ingente volumen de recursos que han percibido a lo largo de estos años gracias al denominado modelo de "solidaridad interterritorial", en el que las autonomías más ricas se dedican a subvencionar a las más pobres. En nada han mejorado su situación económica si se compara ésta en términos relativos con respecto a hace 20 o 30 años.

Aguirre, una vez más, ha demostrado ser la presidenta regional más lista de la clase, adelantándose al resto de sus compañeros. Mientras algunos se copian entre sí en los exámenes para obtener finalmente un suspenso en materia económica, otros se dedican a hacerle la pelota al profesor (en este caso, Zapatero y su ayudante Solbes), con el objetivo de rascar lo máximo posible al Estado y vender el aprobado como un éxito a sus electores. Sin embargo, la presidenta madrileña, aprovechando las debilidades que detecta en el resto de sus homólogos, aspira al sobresaliente, centrando su política en atraer capital, trabajo y empresas a su región. Chapó.

El efecto Aguirre

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Porque hay maquinaciones de los políticos que son para salir a la calle en plan V de Vendetta, a decirles que nosotros somos más y hay cosas por las que no pasamos. La última es el apaño de repartirse el CGPJ. El gobierno de los jueces, pero por lo que se ve no por los jueces, sino por los políticos y para los políticos. Aquí no se deja nada al azar, a la autonomía de las instituciones, al devenir de los acontecimientos según su propio curso. No. Nada debe escapar al control de los políticos. "Dividamos los poderes para poder repartírnoslo mejor", se dicen a escondidas. "Democraticemos las instituciones" dicen desde los atriles, frente a las cámaras, ante los micrófonos. "Venga: ‘Mon’ para mí, ‘tes’ para ti y ‘quieu’ para el otro, que así no habla". Y a comerse su carne muerta, por si a alguien se le ocurre resucitarlo.

En el CGPJ es carnaval todo el año. Los políticos se disfrazan (de jueces) y todas las normas morales están ahí para romperlas. La justicia no está invitada ni para violarla, que este es el templo de la política. Que los socialistas estén en ese juego es de esperar. Son totalitarios y no están dispuestos a permitir, si el coste de impedirlo no es excesivo, que la sociedad funcione al margen de los designios de la política. ¿Y el PP? Aznar llegó al poder prometiendo "regeneración democrática" y salió de él creyéndose mejor que los socialistas porque ellos eran más generosos en el reparto. Ellos sí que son tontos y cobardes. Tontos porque participan de un juego abyecto sin aprovecharse de él al máximo y cobardes porque no tienen la hombría de denunciarlo y ponerse al frente de la manifestación. Y eso con Aznar, no digamos con el PP pactista de Rajoy. Sí, hace falta una "marcha verde" pero no por el Sahara, sino por cuatro o cinco puntos de la capital, para hacerles ver que estamos hartos. Claro, que al final seríamos cuatro gatos, porque son muchos los que hasta disfrutan con el espectáculo.