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Función Pública, declaración patrimonial y auditorías

Actualmente existen más de 2,5 millones de funcionarios incorporados a las Administraciones Públicas lo que representa un 14 % de la población activa de España. Cerca de medio millón pertenecen a la Administración General del Estado y los dos millones restantes han sido incorporados a las Administraciones Autonómicas y a los Entes Locales durante las últimas décadas.

Probablemente muchos ciudadanos sientan necesidad de minimizar o incluso eliminar la función pública de sus vidas frente al tamaño excesivo del Estado y, como consecuencia de ello, el constante incremento de la regulación pública, la gestión pública de parte del ingreso familiar con la exacción de tributos y los actos administrativos con los cuales políticos y funcionarios toman decisiones en aspectos estrictamente privados. En estos momentos el gasto público alcanza más del 38,6% del Producto Interior Bruto según fuentes de Eurosat y, desde el inicio de la democracia en España el 6 de diciembre de 1978, el tamaño del Estado se ha duplicado por medio de la creación de gobiernos y parlamentos regionales y el surgimiento de la nueva Administración Autonómica.

El proceso de descentralización ha centrifugado un exceso de competencias hacia las autoridades regionales, provocando situaciones dramáticas de duplicidad de puestos y de indefensión de los ciudadanos como consecuencia de múltiples legislaciones y de actos administrativos arbitrarios en multitud de áreas de nuestra vida. Dado que parece poco probable que la función pública desaparezca en el futuro cercano y que los funcionarios aplican la legislación vigente, es interesante analizar brevemente como se podría mejorar su gestión.

En aras a mejorar la función pública, en primer lugar, todos los altos cargos de las diferentes Administraciones Públicas deberían realizar una declaración patrimonial al tomar posesión, en donde se indiquen absolutamente todos sus bienes y los de sus familiares más allegados. Esta medida de transparencia de los cargos públicos sólo sería útil acompañada de una nueva institución, similar a una Agencia para la Función Pública que se dedique a realizar auditorías patrimoniales a los funcionarios laborales y de carrera con puestos ejecutivos y, especialmente, a los altos cargos de libre designación.

No menos importantes es la urgente necesidad de que también se realicen auditorías jurídicas, que sean serias y alcancen a todas las unidades administrativas, para asegurar que cada cargo público cumple con la normativa aplicable cuando se tramitan y resuelven los expedientes administrativos. Para implementar con garantías legales las auditorias a los funcionarios, puede ser útil un Tribunal de Investigación de la Función Pública que visualice la presencia judicial e interventora ante los funcionarios y altos cargos y sirva para que, al menos, se lo piensen dos veces cuando reciban presiones para realizar algún tipo de irregularidad administrativa.

En cualquier caso, las actuaciones de ese tribunal especializado deberían ser iniciadas por las denuncias anónimas de los ciudadanos o por la nueva agencia arriba citada, y sus actuaciones deberían requerir el imprescindible concurso de jueces independientes para que se atengan a la ley.

En segundo lugar, existen altos cargos públicos que mantienen sine die en sus puestos, independientemente de los gobiernos que organicen la Administración, por lo que pueden gestionar sus unidades administrativas como si se tratase de cortijos privados. Por ello, los altos cargos y los funcionarios de libre designación de las Administraciones Públicas deberían mantener su cargo sólo hasta alcanzar una limitación máxima de una o dos legislaturas, para limitar una acción ejecutiva continuada que pudiese alimentar redes clientelares de empresarios y grupos de interés.

Pero, sin duda, puestos a posibilitar que la función pública se aproxime a la eficacia del mercado para servir mejor a los ciudadanos, habría que introducir el salario variable en función de objetivos dentro de las Administraciones Públicas para estimular el trabajo de los mejores funcionarios con incentivos por productividad, nocturnidad, peligrosidad o riesgo que permitan mejorar los diversos servicios públicos.

Ya vimos como la relación entre el ciudadano y el Estado sería más justa abordada dentro del Derecho Privado con jueces ejerciendo tutela sobre los derechos individuales de cada persona y evitando los privilegios derivados del Derecho Administrativo.

Pero intentemos ir más allá. Si se debe garantizar previamente el mérito y la capacidad de los funcionarios dentro de un área del conocimiento y en el ámbito de una legislación específica, una vez realizado un concurso oposición, el funcionario debería poder elegir ejercer desde el ámbito público o como profesional privado.

Es decir, si el interesado paga una tasa pública por un determinado servicio público, un funcionario debidamente acreditado mediante un concurso oposición debe poder resolver un expediente conforme a ley o proporcionar fe pública respecto de la seguridad de una determinada actividad desde el Derecho Privado, al igual que se hace ahora con los privilegios del Derecho Público, pero actuando de un modo similar a los notarios en aspectos técnicos, sanitarios, medioambientales, alimentarios, etc.

Si le compensase económica y profesionalmente, mediante su firma, el funcionario público o privado acreditaría el cumplimiento (o no) de una determinada legislación, garantizaría y asumiría frente a terceros la responsabilidad por la seguridad de un equipo, un proceso, una instalación, un sistema, un proyecto o, incluso, la actividad económica concreta de una persona física o jurídica durante un periodo de tiempo determinado.

Evidentemente, con estas breves líneas sólo se pretende esbozar la dirección que pueden adoptar las Administraciones Públicas para disminuir su exceso de tamaño. El planteamiento anterior requiere el concurso de compañías de seguros que prestaran sus servicios a funcionarios privados debidamente acreditados por una titulación y por un concurso oposición que, sin duda, encontrarían el incentivo adecuado para desarrollar su labor en el mercado.

Quizás sería más adecuado emplear la palabra inspectores privados. Pero aquellos que conozcan el funcionamiento de las sociedades de clasificación en la certificación y supervisión de edificios, hospitales, bosques, obras civiles, industrias, barcos, aviones, naves espaciales o centrales nucleares podrán analizar la disminución que podría lograrse en el tamaño del sector público con la constitución de agencias para la prestación de los servicios públicos y, con la posibilidad de convocar concursos públicos que acrediten profesionales con el mérito y la capacidad necesarias para prestar servicios fedatarios desde el ámbito del Derecho Privado.

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Una vergüenza nacional

Antes de intentar arrojar algo de luz sobre el accidente que nos ocupa tengo que reconocer que durante años he sido un forofo de Spanair. Posiblemente uno de los mayores que ha tenido. Allá por los 90, Spanair y Air Europa rompieron el monopolio que Iberia tenía en el tráfico entre la Península y las Islas Canarias. Para quienes hacemos ese trayecto con frecuencia, aquello supuso un soplo de aire fresco y un alivio para nuestras carteras. El precio que ofrecían las dos nuevas compañías era sustancialmente inferior al de Iberia, y el servicio, especialmente el de Spanair, muy superior. Desde la simpatía del personal hasta la calidad de la comida a bordo, pasando por el compromiso con la puntualidad, la diferencia entre la vieja y gigantesca Iberia y la nueva y diminuta Spanair era como la que hay entre la noche y el día.

Desafortunadamente, a mi juicio esa diferencia se ha ido erosionando en los últimos años, y aunque el trato sigue siendo exquisito en la pequeña y bastante cortante en la grande, ya no aprecio aquellas notables diferencias en el servicio. Así que sigo volando con Spanair, pero no con la fidelidad y el entusiasmo de antaño. Sin embargo, las infundadas acusaciones que se han vertido sobre ella desde el momento del accidente hacen que cualquier persona medianamente ecuánime salte del asiento y trate de aportar un poco de sensatez, a la espera de conocer cómo se produjo.

Uno de los bulos más repetidos es que los aviones MD no son seguros pero que se han mantenido en activo debido al afán de lucro de la compañía. Dos días después del accidente, yo mismo pude comprobar cómo unos pasajeros exigían a los empleados de tierra de Spanair que les garantizaran que el aparato que iban a tomar no era uno de ellos. No es de extrañar: los medios han pintado a la familia MD-80 como si fueran tumbas volantes. La realidad es bien distinta. La ratio de accidentes fatales de este modelo es de 0,27 por cada millón de vuelos. A pesar de que todos desearíamos que fuera aún menor, está entre las más bajas de su clase, y, sin ningún género de dudas, entre las más bajas de su época de fabricación. Pero ¿a quién le interesan estos datos, cuando la prensa ya ha señalado con su dedo acusador al culpable, que encima es el mismísimo sistema capitalista? Así, no hay quien se extrañe de que algunos familiares hayan anunciado que van a denunciar a la compañía por el accidente sin siquiera esperar a saber qué lo produjo.

Otra de las ocurrencias de la prensa sensacionalista (en esta ocasión lo ha sido la práctica totalidad): Spanair no es una compañía segura. La realidad, de nuevo, es bien distinta de la ficción periodística. Lo cierto es que esta filial de SAS fue la primera aerolínea española en obtener el certificado IOSA –una auditoría promovida por IATA sobre seguridad operacional–, que renovó en 2007. También hubo medios que insinuaron –o afirmaron directamente– que la crisis económica por la que atraviesa la compañía había desencadenado el accidente. Sin embargo, a día de hoy nadie ha logrado mostrar ni un dato que avale un recorte en los gastos de mantenimiento que pueda implicar un riesgo añadido para la seguridad de los vuelos.

¿Qué provocó el accidente, un error humano o un fallo mecánico? ¿O fue quizá un cúmulo de errores humanos y fallos mecánicos? Admito que no lo sé, pero estoy seguro de que no tardaremos en saberlo con razonable certeza. La prensa, en cambio, sabía desde el primer minuto lo que había pasado. El motor había estallado por un mantenimiento deficiente. Es más, el piloto habría detectado el fallo y regresado, pero la compañía, escasa en medios de mantenimiento y obsesionada con lograr beneficios empresariales, habría despachado la nave y obligado a aquél a volar. El chisme se convirtió en certeza periodística y durante casi 48 horas tuvimos que escuchar esta increíble cantinela, aderezada con cartas sindicales y frases de pasajeros de vuelos retrasados que nada tenían que ver con el accidente. Y esto en un país que visitan decenas de millones de turistas que en su mayoría llegan en avión. Patético.

Sean cuales fueran las causas del accidente, lo que muchos formadores de opinión parecían tener claro desde el primer minuto es que para incrementar la seguridad aérea hay que eliminar el afán de lucro en el sector. Pero resulta que si uno se preocupa por mirar el ranking de siniestralidad de las 90 mayores compañías del mundo en los 20 últimos años se encuentra con que las dos peores son la cubana y la china, seguidas de numerosas empresas nacionales en las que el ánimo de lucro brilla por su ausencia. Por el contrario, las que mejor historial presentan son Delta y Southwest, dos compañías con un enorme ánimo de lucro. De hecho, de las diez aerolíneas más seguras, ocho son norteaméricanas (las acompañan Lufthansa y British Airways).

Pero ya digo que de poco sirven los datos cuando los prejuicios, especialmente los antimercado, se apoderan de manera subyacente del debate. Para los estatistas, la seguridad aérea no se logra gracias al ánimo de lucro y la competencia de las compañías, sino, más bien, a pesar de ello. De ahí que las críticas al ánimo de lucro de Spanair hayan venido acompañadas de la exigencia de que haya más funcionarios y agencias gubernamentales controlando y fiscalizando a las aerolíneas. La recientemente creada Agencia Española de Seguridad Aérea, que no ha arrancado por falta de dotación, es ya, en la mente de los propagandistas estatales, la panacea para la reducción de accidentes. Al mismo tiempo, diversos medios se quejan de que el Ministerio de Fomento subcontrate al grueso de los inspectores en el sector privado a través de Senasa. Parece que nadie ha entrado nunca en un edificio de funcionarios. A mí no me reconfortaría en absoluto que la seguridad aérea dependiera sobre todo de una agencia gubernamental y su burrocracia. Como todas las agencias estatales, la AESA alcanzará su objetivo a un coste muy superior al que pudiera procurar el mercado, o bien costará lo mismo… a costa de incrementar la inseguridad.

En los cien años de historia de la aviación, la seguridad no ha parado de mejorar. Las agencias estatales han desempeñado, por fortuna, un papel secundario en este éxito. Son las compañías aéreas, incluso en el extraño caso de que sólo les interesen los beneficios económicos, las primeras interesadas en tener una excelente reputación en materia de seguridad y un historial lo más inmaculado posible. Las empresas aeronáuticas también han rivalizado por ganarse el favor de sus clientes, las aerolíneas, logrando diseñar y producir aviones cada vez más seguros. Otro factor importante han sido las empresas de seguros, que han ido variando las primas –y, por lo tanto, los costes de las líneas aéreas– a medida que los nuevos dispositivos, las aeronaves y los planes de mantenimiento demostraban ser más fiables. Gracias a estos incentivos, que surgen de la propiedad privada y del mercado, en los primeros años de la aviación comercial con aparatos a reacción los accidentes se redujeron hasta tal punto que las primas de seguro pasaron de representar el 8% del valor del aparato asegurado a menos del 1%.

Una de las pocas cosas ciertas que nos ha contado la prensa española es que Spanair atraviesa, desde antes del accidente, una complicada crisis económica. El año pasado perdió más de 30 millones de euros, y este año dicen que ya ha superado los 50. El pasajero, soberano en este mercado como lo es el cliente en cualquier otro, ha ido dando la espalda a la gestión de la empresa. Si los dueños quieren salvarla de la quiebra, tendrán que dar un vuelco a la situación. En eso parece que estaban cuando tuvo lugar el accidente de Barajas. Como en todo plan de viabilidad, el resultado es incierto; tras el fatal suceso lo es más que nunca. Pero créanme, la demagogia de los periodistas que buscan hacer leña del árbol caído no va a ayudar a superar la crisis de la compañía.

Tampoco puede ayudar a los empleados, y menos aún a los familiares de las víctimas, la comparecencia de una ministra de Fomento que después de cuatro años en el cargo afirma "no saber que el sector de las listas de pasajeros tuviera tanta complicación", en referencia a la polémica sobre el tiempo transcurrido entre el accidente y la difusión de la lista por parte de la compañía. No me extraña que los empleados de Spanair se sientan apaleados y asombrados por la frivolidad, el desorden y la falta de conocimiento de esta señora. En efecto, su desconocimiento del asunto es, como probablemente reconocería ella misma, "mu grande". Pero al menos ella es consciente de sus limitaciones.

En definitiva, el tratamiento del accidente del vuelo JK5022 por parte de la prensa ha sido lamentable. En esta ocasión, el sensacionalismo se ha unido a los prejuicios antimercado de gran parte de la profesión periodística. El caso me recuerda el asunto de la mitología ferroviaria; ya saben: si un tren público descarrila nos hablan de un accidente, pero si la empresa es privada o, peor aún, fruto de una privatización thatcheriana, nos informan de una negligencia fruto del afán de lucro sin esperar a conocer los hechos. Lejos de ayudar a los familiares de las victimas a informarse y sobreponerse, el circo que se ha montado tiene que haberles hecho sentir totalmente confusos y utilizados. Desde aquí les envío mi más sentido pésame por la muerte de sus seres queridos, y mis deseos de que pronto puedan, a pesar de la prensa, conocer las verdaderas causas del siniestro.

Por una internet petrificada

Los argumentos favorables a imponerla por ley parecen encuadrarse en dos grandes tendencias. La primera es la demagógica, la de quienes hacen salir al coco asegurando que nos esperan los mayores males a la vuelta de la esquina si no se impone por ley que las operadoras de telecomunicaciones gestionen sus propiedades como a ellos les parece bien. Por ejemplo, asegurando que cortarán el acceso a Google o Yahoo si éstos no les pagan un extra.

La cruda realidad de que jamás ningún operador lo ha hecho, pese a que las leyes no les imponen el mantenimiento de neutralidad alguna. Y no ha sido así porque sería estúpido y contraproducente para ellas: a sus clientes no les haría ninguna gracia y previsiblemente se largarían a la competencia. El único incumplimiento real de la neutralidad en países como Estados Unidos o España es la medida adoptada por algunos operadores, como Ono en nuestro país, de poner impedimentos técnicos al tráfico P2P. El objetivo: reducir costes y poder ofrecer un servicio más barato y mejor a sus clientes (a los que no emplean la mula o el torrente, claro).

Pues bien, recientemente el organismo regulador estadounidense, el FCC, ha fallado en contra de Comcast por esta práctica en una estrecha votación de tres contra dos. Una victoria para quienes apoyan la imposición de la neutralidad en la red, aunque paupérrima, porque aunque el organismo castiga a la operadora por discriminar "arbitrariamente" entre tipos de tráfico y no informar a sus clientes de sus políticas, reconoce la necesidad de hacer una gestión de su red "razonable" y la posibilidad de imponer limitaciones a los usuarios que más consuman. La reacción de la compañía era esperable, y ha consistido en variar el modo en que restringe el ancho de banda que pueden emplear sus clientes. A partir de ahora, quienes consuman más de 250 gigabytes al mes serán avisados de que se están excediendo un pelín, lo que podría acabar derivando en una cancelación del contrato.

Los mismos que hacen campaña por una red neutral han pasado a poner el grito en el cielo por esta nueva limitación. Aunque 250 gigabytes sea una cifra más que suficiente para las necesidades actuales, incluso si se emplea el P2P, preocupa que en un futuro próximo no dé de sí, especialmente si empieza a popularizarse el vídeo en alta definición. Lo que me lleva al segundo tipo de argumentos favorables a imponer una red neutral, los que ignoran por completo el hecho económico básico de que "no hay comida gratis". Gestionar una red y disponer de las infraestructuras necesarias para que el ancho de banda sea suficiente para los clientes tiene un coste, que al final tendrán que pagar los usuarios de un modo u otro, o la operadora quebrará y se quedarán todos sin servicio. Sin duda, todas las operadoras podrían ofrecer anchos de banda garantizados (es decir, que correspondieran a la cifra que se da como máximo) sin límite mensual de tráfico, pero pocos usuarios estarían dispuestos a pagar la cifra que haría rentable esa oferta. De modo que se buscan las castañas para ofrecer un servicio cuyo coste sea más ajustado que ese ideal al que todos querríamos llegar.

Romper la neutralidad en la red es una de las maneras en que pueden hacerlo. Quizá no sea el mejor, y puede que los límites que ha propuesto Comcast sean una manera más apropiada. En todo caso, debería tener la libertad de escoger la mejor vía, siempre que informe a sus clientes, claro, que es el único cargo contra la empresa que me parece que tiene sentido. Porque sólo con libertad pueden probarse nuevas soluciones, más creativas, para intentar reducir el hueco existente entre las expectativas de los clientes y las duras realidades económicas. Quienes defienden una "red neutral" se fijan sólo en los extremos de la red, en las nuevas aplicaciones que se pueden crear para ella, pero para que éstas funcionen correctamente hace falta también que se innove dentro de las redes, tanto técnica como empresarialmente. Y la mejor manera de lograrlo, o más bien la única, es siendo libres de intentarlo. Coartar esa libertad por medio de la regulación es una vía segura para maniatar a las operadoras y petrificar el desarrollo de internet.

Las vergüenzas de Rajoy

Agárrense, ya que las curvas a partir de ahora serán mucho más pronunciadas, y más de uno se irá por la cuneta. El verano de 2008 será archivado en los anales estadísticos como el peor período estival en materia de empleo de la democracia española. Al menos, por el momento.

El diagnóstico está claro para todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Hasta el propio Gobierno se está viendo obligado a reconocer, en parte, la gravedad de la situación. Llega el momento de los planes de urgencia, de las medidas estrella y de las reuniones de supuestos expertos. Ahora, el Gobierno se apresura a poner en marcha todo un elenco de estrambóticas y superficiales medidas que, por desgracia, de nada servirán para atenuar lo que se avecina.

Las mentiras y la ineficiencia del Ejecutivo socialista, tras insistir en negar la realidad, hablan por sí solas. Sin embargo, la gravedad de la actual coyuntura, más allá de sus efectos, radica en la inexistencia de soluciones por parte del elenco político. En este sentido, la propuesta que acaba de presentar el PP para combatir la crisis no tiene desperdicio.

Su plan consiste en 25 medidas y, curiosamente, algunas de ellas ya han sido contempladas por el Ejecutivo socialista, como la congelación de salarios a altos cargos de la Administración Pública, un plan de ahorro energético en los organismos estatales, que ya fue escenificado por Sebastián y su no corbata, o la eliminación de trámites burocráticos, calcado del plan presentado por Zapatero el pasado mes de julio.

Según dicho planteamiento, el PSOE no lo debe estar haciendo tan mal. De hecho, avanza por la dirección correcta para evitar el descalabro. Por otro lado, las críticas populares se centran en la necesidad de contener el gasto público. En este ámbito, el PP tan sólo se ciñe a la "eliminación de gastos superfluos", tales como propaganda y publicidad institucional. Dos campos de gran peso en el cómputo presupuestario, como todos saben

Además, el PP insiste en limitar el aumento del gasto público al 2 por ciento en los Presupuestos Generales para 2009 pero, al mismo tiempo, Rajoy defiende firmemente el impulso de las partidas sociales (educación y sanidad) y de las inversiones productivas para afrontar la crisis. Es decir, más gasto vía impuestos.

Las diferencias programáticas entre PP y PSOE se reducen así a meros matices. Los planes de ambas formaciones no lograrán atemperar las dificultades económicas y, sobre todo, laborales. De hecho, la cúpula popular está dispuesta a aplicar medidas que, hasta ahora, se podrían encuadrar a la perfección en el elenco del ideario socialita. Sirva como ejemplo la creación de una "Oficina de Información y Seguimiento de Precios", con el objetivo de vigilar al sector de la distribución alimentaria, que, entre otros, es tildado de "inflacionista". Una medida similar fue propuesta por Solbes hace escasas semanas.

Exiguas rebajas fiscales, la congelación de las tarifas eléctricas (a cargo de los contribuyentes y del déficit futuro) y el impulso de la investigación y desarrollo (I+D), sin concretar cómo, completan el documento de las 25 medidas sociopopulares. El problema es que, más allá de las causas políticas que subyacen en dicho acercamiento programático, los españoles siguen careciendo hoy por hoy de una solución real y eficaz para aguantar la tempestad. Y eso que ya han pasado doce meses desde que se comenzaron a materializar las primeras señales de la crisis.

Biopolítica y liberalismo

Tenía razón Peter Singer cuando afirmaba que ser ciego a la realidad de la naturaleza humana es arriesgarse al desastre. Por ese motivo proponía a sus correligionarios izquierdistas la renovación de las premisas, de los medios y de los fines que, constreñidos a esa realidad, pudiera asumir una renaciente izquierda, una izquierda darwinista que, en cualquier caso, debería ser fiel a sus valores tradicionales de defensa de los débiles, pobres y oprimidos.

Hay que recordar que el propio Stalin se encargó de que los darwinistas soviéticos acabaran sus días en el Gulag y que científicos izquierdistas como Gould, Lewontin, Rose y otros no tuvieron empacho en escarnecer a colegas suyos como E.O. Wilson, por el pecado de defender la existencia de una naturaleza humana desde postulados evolucionistas. Así, reivindicando tal condición, Singer liberaría a la izquierda de la carcunda marxista, advirtiendo a los iluminados de que no es posible pasar por encima del ser humano para transformar la sociedad. En lo sucesivo, la izquierda darwinista, según Singer, debería abstenerse de, por supuesto, negar la existencia de dicha naturaleza y de suponerla infinitamente maleable; lo que, en consecuencia, supone abandonar la idea de que todos los conflictos terminarán mediante la revolución o una mejor (y progresista) educación o de que todas las desigualdades son producto de la discriminación y de la opresión.

Pero, entonces, ¿qué queda de la izquierda? La cooperación. La solidaridad. La esperanza de que en el largo plazo nuestra razón "pueda llevarnos más allá de las limitaciones darwinianas convencionales sobre el grado de altruismo que una sociedad puede fomentar". En el tablero de las ideologías la izquierda de Singer se enroca; su darwinismo es oportunista, espera el momento para recuperar fines más ambiciosos. Volver a lo de siempre, tal vez al horror profiláctico de un Mundo Feliz o al que imaginara Houellebecq en Las partículas elementales, un mundo confiado al Gobierno y a la ciencia. Singer:

Por primera vez desde que la vida emergió de la sopa primitiva, hay seres que comprenden cómo han llegado a ser lo que son. Para aquellos que temen sumar el poder del Gobierno y el del estamento científico, esto puede parecer más un peligro que una fuente de libertad. En un futuro distante que apenas podemos vislumbrar, esto puede ser el prerrequisito para una nueva clase de libertad.

Como nos recuerda Larry Arnhart, antes que Singer, un anarquista, Bakunin, advirtió de que la marxista dictadura del proletariado se convertiría en un gobierno despótico, afirmando que quien lo dudara (Marx, por supuesto) desconocía la naturaleza humana.

Precisamente Arnhart ha publicado un extenso artículo en el que desarrolla un marco teórico para una ciencia biopolítica, esto es, una ciencia para el estudio de animales políticos. Como resume Eduardo Robredo en La Revolución Naturalista:

Arnhart propone una metodología pluralista; la historia política evolucionista debe envolver la historia natural [de las especies], la historia cultural [del grupo] y la historia individual [de quienes conforman dicho grupo]. Éste esquema serviría para intentar explicar la historia de la Proclamación de la Emancipación, incluyendo en este caso la historia de la cooperación natural de la especie humana, la historia cultural de la esclavitud en Norteamérica, y la historia individual de Lincoln.

"Si queremos comprender la naturaleza humana de la política", nos dice Arnhart, "debemos entender la unidad de los universales políticos, la diversidad de las culturas políticas y la individualidad de los juicios políticos", tres niveles de estudio que es posible identificar en el comportamiento (político) del ser humano.

Creo que el trabajo de Arnhart ofrece una buena oportunidad para elaborar una defensa del Estado mínimo, una forma de organización social más cercana al anarcocapitalismo que al moderno Estado del Bienestar. Es necesario que, al igual que hizo Singer con la izquierda, se exponga la forma en que el liberalismo del siglo XXI es, de hecho, "compatible" con la naturaleza humana. El socialismo, la izquierda, no es ni será un estrategia evolutiva estable. El liberalismo puede serlo.

La “Constitución material” de Zapatero

Los que amamos, aunque sea para dolernos de ella, nuestra reciente historia, sólo le podemos estar agradecidos. Dentro del último esfuerzo editorial, El Mundo ha preguntado primero al conjunto de los españoles y luego a sus más destacados protagonistas por nuestra ejecutoria en las últimas tres décadas. La última entrevista ha sido con el último en ocupar la tercera magistratura del Estado, la presidencia del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero ha compartido sus posiciones sobre su propio gobierno y los anteriores, sobre el papel del PSOE y del PP (a quien sigue considerando ilegítimo por ser de derechas), sobre el Rey y la Constitución.

Entre todas las respuestas que ha dado ha habido una que a mí me ha llamado especialmente la atención y que, sin embargo, parece haber pasado desapercibida. Quizá sea tan obvia que los lectores han pasado a la siguiente pregunta sin mayor inquietud. Acaso mi perspicacia sobre la importancia de los asuntos me haya vuelto a abandonar como en otras ocasiones. Y, sin embargo, no puedo evitar incrustar esa precisa respuesta dentro de los cuatro años de historia de nuestro país, y temer por los que, en la medida en que la sociedad se lo permita, guíe el Gobierno en La Moncloa.

Esther Esteban, que ha hecho de la entrevista el más puro ejercicio de mayéutica, preguntaba a Rodríguez Zapatero por nuestra Constitución, y el presidente le respondía distinguiendo entre la "Constitución escrita" y una "Constitución material" que sería la precipitación histórica de "las características de nuestro país". Vuelve la idea de la "Constitución histórica", pero no desde los nostálgicos del Antiguo Régimen sino desde el despacho de una persona que, con total honestidad, cree que tiene la misión de cambiar esa "constitución material", esa realidad histórica, sociológica y moral de España, desde el Gobierno. Una vez ha planteado esa dicotomía, achaca a la primera Constitución las materias "jurídicas" y a la segunda, las "políticas". La distinción es artificiosa, pero le permite colocar la política y la Constitución, con todo el Ordenamiento Jurídico que de ella deriva en planos distintos. Y puesto que lo que necesitamos, según él mismo cree, es el cambio, la política tiene, al final, una preeminencia en su pensamiento sobre la Ley. La Ley es sólo una plasmación positiva de un momento histórico, mientras que el Gobierno es quien debe dirigir la corriente histórica para adecuar a esa nueva realidad, a posteriori, el Derecho y la Constitución.

Bien entendido, el de Zapatero es un proyecto de poder. Él cree que los políticos progresistas tienen el derecho y el deber de marcar con los exhorbitantes poderes que tiene el Estado el camino que debe seguir la sociedad. Y las instituciones son un marco provisional sin valor en sí mismas. Son puramente contingentes y han de adecuarse a la revolución permanente, a la corriente histórica que moralmente solo pertenece a la izquierda. Zapatero pastorea la sociedad, a la cual sólo le queda balar alegremente y pastar la hierba que nos encontremos a cada paso. Acaso no sea mala idea recordar que hay una alternativa. Quizá no venga mal traer a la memoria que hay verdades eternas, como decía Jefferson, tales como que cada uno de nosotros tiene ciertos derechos que son inalienables a las personas, y que las Constituciones, en su origen, no eran más que torpes intentos de reconocer nuestros derechos y nuestras libertades. Y que ninguna pretensión de encarnar el futuro y el progreso es suficiente para tratar esos derechos y esas libertades como reaccionarios valores del pasado y para saltar sobre ellos con la pesada maquinaria del Estado. Puede que tengamos que recordar, una vez más, que tenemos el derecho a elegir nuestra vida y que ello incluye, contra los expresos deseos del Gobierno, e derecho a elegir la educación de nuestros hijos. Es posible que sea conveniente recordar todo eso, no sea que Zapatero nos arrolle con su "Constitución material" y su política del poder, desnudo, irredento e irrefrenable.

Un aplauso para Carod

En un auténtico arrebato liberal, Rovira señaló que si se supone que estos fondos han de ayudar al desarrollo de las regiones menos prósperas de España, no pueden dedicarse a incrementar el tamaño del sector público o el número de burrócratas. En efecto, si Extremadura o Andalucía quieren prosperar, difícilmente lo lograrán gastando las ayudas en el lado improductivo de la sociedad. Así sólo logran aumentar el peso de la losa que aplasta el impulso empresarial de andaluces y extremeños. Ya sé que resulta paradójico escuchar estas cosas de la boca de un político de la izquierda más rancia. Pero aún hay más. De acuerdo con nuestro personaje, lo que necesitan estas regiones es invertir en empresas privadas que generen riqueza y empleos sostenibles. Como diría Peter Bauer, todo lo demás es quitar a los pobres de Cataluña para dar a los ricos de regiones más pobres. Provenga de donde provenga, la ayuda al desarrollo no puede usarse en la generación de gastos improductivos.

Pero aún hay más. Carod destacó lo que ningún político se atreve a decir: que “la solidaridad es lo que uno hace libremente”. En definitiva, que la ayuda pública al desarrollo no es un acto de solidaridad, sino un simple robo legalizado. Le faltó indicar, para rizar el rizo, que la verborrea de la redistribución coactiva acaba con la verdadera solidaridad y que posiblemente esto explique que, de entre todos los países desarrollados, España está situada en el segundo puesto por la cola en ayuda voluntaria, esa que sí es un acto de solidaridad. Pero, claro, eso sería pedirle peras al olmo porque, de haberlo hecho, ¿cómo iba luego a defender su proyecto socialista para Cataluña?

Desafortunadamente, mi comunión con Carod no ha duró mucho. Pasó lo que tenía que pasar. Durante el fin de semana Carod se refería a Cataluña como si hablara del coto privado de los nacional socialistas. La libertad volvió a desaparecer del centro de su discurso, y quien no comparte sus ideas no puede opinar. En fin, que por desgracia, este fin de semana las aguas volvieron a su cauce natural.

¿Quién es Sarah Palin?

Obama es un hombre capaz de hacer vibrar con un discurso situado entre el vacío, el éter y la nada, un logro espectacular. Ha rellenado el enorme hueco que dejan sus ideas con la pretensión de que es el hombre que puede cambiar la política en Estados Unidos, un mensaje que suena muy bien después de ocho años de Administración Bush. Sin embargo, para no convertirse en una opción demasiado arriesgada ha elegido como candidato a vicepresidente a un hombre del circuito de la política washingtoniana: Joe Biden. Bien, pues McCain, que en sí mismo tiene algo de outsider, ha elegido a una persona que fue capaz de poner patas arriba la política de su estado.

Para ello se enfrentó a su propio partido, carcomido por la corrupción, el gasto público y las buenas migas con los intereses especiales. El cambio, que en Obama es una bella promesa, lo es de verdad en la experiencia, corta pero significativa, de Sarah Palin.

Pero aún hay más razones que convierten a esta mujer en la mejor de las opciones entre las que podía escoger McCain. Es pro-vida y decidió dar a luz a su quinto hijo a pesar de saber que tenía síndrome de Down. No me achaquen ese "a pesar" a mí; lo usan a diario muchos pequeños Mengueles que se escudan en "los derechos de la mujer" para segar una vida que no quieren cuidar. Además, Sarah Palin es favorable a la libertad de armas, tiene un historial demostrado, como alcaldesa y como gobernadora, de reducción de impuestos, y favorece tanto el control del gasto como la privatización de los servicios públicos, incluida la sanidad.

Es decir, que es una candidata asumible por dos grupos de votantes potenciales que veían con desconfianza a John McCain: la derecha socialmente conservadora y la económicamente liberal. Además, Palin es la primera mujer con opciones reales de convertirse en vicepresidente, y podría ganarse una parte del voto femenino que ha quedado desencantado con la derrota de Hillary ante Obama. "El cambio no viene de Washington; va hacia Washington", dijo ante una enfervorizada masa de militantes Barack Obama nada más ser elegido oficialmente por su partido como candidato a suceder a George W. Bush. Puede que tenga razón, aunque quizá ese cambio no venga del lado demócrata.

Víctimas y transacción de penas

Pocos son los juristas que cuestionan el carácter público del denominado Derecho Penal. Pero que la autoridad o estructura de dominación –esté fijada en la figura del Rey y su corte o en la configuración estatal moderna y contemporánea– sea quien dicte actualmente las normas sancionadoras de determinadas conductas y agresiones a terceros no implica que no pueda ser de otra forma.

La víctima, siguiendo un razonamiento ético liberal, es dueña de la acción de perseguir a quien crea criminal por haber infringido una agresión ilegítima sobre su persona o sus bienes. No hace falta retrotraerse a la Ley del Talión para apreciar el intento jurídico de precisar un techo a la fijación de la pena merecida ante hechos delictivos probados. La víctima acude al magistrado competente en la materia para hallar una resolución favorable que, de cara a la comunidad, le conceda justificación en la ejecución de la pena decidida. El techo o límite, como señala Rothbard en La Ética de la Libertad, debe ajustarse al daño padecido, si bien es cierto que son muchas las circunstancias en las que parece imposible fijar penas "proporcionales" abstrayéndose del caso concreto. Es más, obviando este intento de objetivización, la fijación de penas particulares, aun siguiendo directrices básicas, generaría una situación clara de desproporcionalidad y posible injusticia.

Es controvertida la legitimación procesal en la medida que muchas veces la víctima en sí no sobrevive a la agresión o se ve incapaz de iniciar la acción en su propio nombre decidiendo una vez probada la autoría sobre la pena y la posible transacción con el reo. Que los familiares o afectados puedan emprender la acción se hace indispensable si lo que pretendemos es que ningún delito quede impune, más si cabe cuando estamos hablando de homicidios o lesiones graves. Si no quedase nadie afectado por la pérdida de la vida o la incapacitación de la víctima debe articularse algún mecanismo de persecución del acto punible.

El Rey, antes de conformar la estructura soberana de dominación que hoy llamamos Estado Moderno, se hizo con la potestad de intervenir en todos los casos que rompieran la Paz Real (hoy, orden público). De este modo se trazaba una relación de hechos tenidos como delictivos que sin ser el propio Rey o su corte los afectados, proporcionaban al mismo el dominio de la acción penal y la persecución del crimen. Esos hechos punibles que caen dentro de la órbita de la "Paz Real" quedan de alguna forma expropiados del orden social privado y pasan a ser objeto de intervención por afectar al orden público, siguiendo una definición capciosa.

Las víctimas ven como agresiones contra su persona, sus bienes o su libertad se convierten en delitos públicos sobre los que no puede disponer en absoluto, salvo la pertinente denuncia a la autoridad para que ésta las persiga. Su papel en los sistemas procesales contemporáneos es prácticamente testimonial, de contrapeso a la calificación que el Ministerio Público pueda realizar, pero en definitiva una labor generalmente frustrante. Las penas para estos delitos son fijadas arbitrariamente por el Estado mediante un Código Penal donde se articula un sistema de imputación y sanción donde pueda moverse el juez con cierta discrecionalidad preestablecida.

Las penas no obedecen a la búsqueda de la proporcionalidad ni a la compensación por el daño infringido. El delincuente halla una estructura que le es favorable no ya en las garantías procedimentales y de imputación que obviamente deben presidir toda intervención de una magistratura pública en pos de resolver sobre la autoría de un crimen, sino en cuanto a las penas y su ejecución. La víctima no puede disponer sobre las mismas, tal capacidad es negada por la Autoridad. Sin embargo, ésta, siguiendo objetivos propios y un cálculo de oportunidad que deja fuera cualquier consideración respecto al damnificado, si puede graduar la presión y la petición, incluso, en la práctica, pactar con los delincuentes con cierto margen de maniobra. A todo esto la víctima es obviada y olvidada desde el mismo momento en que denuncia la agresión.

Los actuales códigos penales, así como los sistemas procesales por los que se dirime la condena y el establecimiento de la sanción de los delincuentes, son consecuencia del intervencionismo del Estado sobre la esfera de libertad individual. Su afán por establecer una paz social a cualquier precio ha expulsado a los perjudicados y agredidos de la persecución del delincuente. Quien padece dichos ataques merece, en la medida de lo posible, dirigir la acción contra el responsable. Articular sistemas que favorezcan la seguridad jurídica, garanticen la libertad, la imparcialidad, cierta proporcionalidad y límite, así como una sensación de que la ley se cumple y nadie queda impune cuando comete un delito, no debe estar reñido con el reconocimiento indispensable de los derechos individuales lesionados, que deben, en todo caso, ser el centro de atención y la base del diseño de todo ordenamiento jurídico.

Intervencionismo en los videojuegos

Sin duda muchos se alegrarán, pero la realidad es que resulta un tanto inquietante este reforzamiento del nefasto papel del Estado como agente con la capacidad de decidir qué es cultura y qué no lo es. Y más todavía si tenemos en cuenta los antecedentes de este tipo de políticas. El primer Gobierno del mundo que se otorgó esta potestad fue el del muy autoritario Bismarck. En 1871, el "Canciller de Hierro" creó el Kulturkampf (Impulso cultural).

Se trata de un modelo que después mejoraría Hitler con el primer Ministerio de Cultura, y Lenin con las casas de cultura. El modelo se suaviza algo con la creación del primer ministerio occidental de este tipo por un generalote francés apellidado De Gaulle, quien pone al frente del invento a un André Malraux que había sido la estrella de un "Congreso por la Defensa de la Cultura" organizado por la KGB. Por supuesto, todos los departamentos de este tipo existentes en la actualidad están copiados del galo, que a su vez bebe de los anteriores.

Y si esto ya de por sí es malo, los efectos visibles de la decisión tomada ahora en Alemania también son nocivos para ese país y para todos aquellos en los que se le imite. Ya tenemos un sector más en el que muchas personas vivirán a costa de los ciudadanos. Si consideramos las empresas de videojuegos como parte de la industria cultural, habrá que otorgarle los mismos privilegios que al resto del sector. Y estos pueden ser varios. En España se podría traducir en subvenciones a mansalva, con lo que nacería toda una constelación de creadoras de productos de mala calidad que apenas tendrían ventas, pero vivirían del dinero ajeno salido de los impuestos. O podría dar pie a un precio fijo que los vendedores apenas podrían modificar, como ocurre con los libros. Incluso podrían modificar la Ley de Propiedad Intelectual para incluir a los desarrolladores y editores de videojuegos entre los beneficiarios del canon digital.

No vamos a negar la calidad cultural de algunos videojuegos. Las bandas sonoras, la calidad de los gráficos o las tramas argumentativas de ciertos títulos los convierten en auténticas obras de arte. Pero eso sólo se puede aplicar a algunos. Otros están a años luz de merecer tal consideración. Lo mismo ocurre con los libros, las películas o las canciones. En cualquier caso, en todos estos tipos de obras son los ciudadanos, y nunca los políticos, quienes deben otorgarle, o no, la categoría de cultura. Es una mala noticia que, una vez más, los estados hayan aumentado sus prerrogativas, también en este terreno.