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Cómo decidir la subida de los funcionarios

Como es sabido, la propuesta del Gobierno se sitúa en 2-3% de subida, frente al 5,3% de inflación interanual (medida por el IPC) que hemos tenido en agosto. Todo ello lleva a preguntarse si este mecanismo de revisión salarial es justo, sobre todo en comparación con lo que ocurre en la empresa privada. La respuesta nos la da la teoría económica.

En un mercado libre, una inflación del 5%, esto es, una subida de precios generalizada por esa cantidad (que solo se puede dar por mayor emisión de moneda) se traduciría en el corto plazo y de forma inequívoca en una subida de los salarios por el mismo porcentaje. Esto es así porque el precio de los factores de producción sigue al de los bienes de uso: los beneficios extraordinarios se terminan trasladando a una mayor retribución de los factores debido al proceso competitivo por los recursos.

Como desgraciadamente nuestro mercado real dista de ser libre, esto no sucede en absoluto, y la inflación no se traslada así de automáticamente a los sueldos de los empleados privados.

Pero, ¿qué pasaría con los funcionarios? La actividad de los funcionarios no se guía por el mercado. En estas condiciones, no existe un precio de mercado para el bien de uso que ellos producen. Hay algunos economistas que califican directamente de waste, desperdicio de recursos, esta actividad, precisamente por no estar orientada por las preferencias de los individuos, sino por otros criterios.

Al no existir un precio de mercado para el bien producto de su actividad, no hay forma de determinar su retribución a partir de su producción, como sí ocurre con los empleados en actividades del mercado. Dicho de otra forma, el salario de los funcionarios y demás empleados de la Administración Pública es completamente arbitrario, pues el mercado no valora su producto. Por supuesto, se puede establecer un sueldo a partir de los de aquellos empleados privados que desempeñan actividades que se puedan considerar similares, pero el problema sigue existiendo.

Llegados a este punto, resulta evidente que es imposible que la inflación se traslade por vía del mercado al sueldo de los funcionarios, como sí ocurriría con el de los trabajadores de las empresas (en un mercado libre).

La única forma que tienen los funcionarios de mantener su poder adquisitivo es la movilización, las huelgas a las que periódicamente nos tienen acostumbrados. ¿Anticipo de un otoño caliente?

Chávez, el mayor ladrón del siglo XXI

Partiendo, pues, de esta definición, se puede afirmar sin ningún género de dudas que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se ha convertido en el mayor ladrón de América Latina.

De hecho, posiblemente ostente ya el honorable título de mayor confiscador estatal del siglo XXI. Al menos por el momento y hasta que algún otro dictador socialista, enmascarado bajo el engañoso velo de la democracia populista, aspire a superar las ansias de poder económico y dominación social que viene demostrando el líder robolucionario bolivariano.

Tras la reciente nacionalización de la filial del Banco Santander en Venezuela, Chávez acaba de proceder a las apropiaciones estatales de la cementera mexicana Cemex, la suiza Holcim y la francesa Lafarge. Tras este proceso, Chávez se ha convertido en el dueño y señor de la industria cementera venezolana. De hecho, desde que llegó al poder político, el gorila rojo ha engullido bajo su proyecto de socialización económica los sectores clave de la economía venezolana: petróleo, siderurgia, minería, medios de comunicación, tierras, distribución alimentaria, sanidad, educación…

Nadie escapa al ansia depredadora del líder chavista. Y eso que su propuesta de reforma constitucional fue rechazada en las urnas en el referéndum celebrado el 2 de diciembre de 2007. Un proyecto con el que Chávez pretendía imponer a todos los venezolanos, y a sus aliados comunistas en el continente, su particular modelo económico, basado en la expropiación forzosa de la propiedad privada.

No obstante, la citada reforma pretendía modificar 69 de los 350 artículos de la Constitución venezolana de 1999. Su objetivo consistía en concentrar los poderes del Estado en la figura del presidente y sustituir el "sistema capitalista burgués" por el modelo socialista de producción. La propiedad privada debía quedar postergada a un mero vestigio jurídico, a expensas del "interés social" que dicte el Gobierno chavista.

Sin embargo, pese a que el texto fue rechazado por la mayoría de los votantes, Chávez se ha servido de los poderes discrecionales que le otorgaba la denominada Ley Habilitante para imponer, a golpe de decreto, su sagrada voluntad. ¿Acaso pensaban que la democracia lograría derrotar al Depredator venezolano?

Ya lo advirtió él mismo tras el rechazo de su proyecto en las urnas: "Nos venció la abstención […], por ahora no pudimos". El Gobierno "buscará la manera" de materializar los ejes de la reforma constitucional bolivariana. Dicho y hecho. Apenas 9 meses después de aquellas afirmaciones, Venezuela avanza hacia la instauración del comunismo al ritmo y tiempo que marca la batuta de Chávez.

Según un reciente informe elaborado por los profesores universitarios Victorino Márquez Ferrer (UCAB) y Luis Herrera Orellana (UCV), la citada Ley Habilitante promulgada por Chávez (aprobada en enero de 2007) ha logrado instaurar en el país, al menos, 11 artículos de la fallida reforma constitucional. Mediante la reciente aprobación de numerosos decretos leyes, el líder bolivariano ha logrado ampliar sus esfera de poder, tanto económico como político, tal y como pretendía su particular proyecto.

Así, el artículo 115 de la reforma, rechazado en referéndum establecía cinco tipos de propiedad y privilegiaba la intervención del Estado en la economía. Ahora, el Gobierno puede expropiar igualmente cualquier bien, sin previa declaración de utilidad pública ni control judicial.

El traslado de competencias regionales y locales al Gobierno central, que estaba enunciado en el artículo 156 de la propuesta presidencial, se concreta, entre otras formas, mediante la creación de autoridades regionales nombradas por el Presidente, según refleja el informe. Además, con los decretos leyes sobre seguridad alimentaria y acceso a bienes y servicios, Chávez ha logrado reeditar el artículo 305 de su reforma, que permitía la nacionalización de todo el sector agrícola.

En concreto, los investigadores concluyen que, pese a su derrota en el referéndum, Chávez se ha salido finalmente con la suya: Elimina el libre mercado, amplía el control estatal y expulsa al sector privado de la economía.

Las leyes Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación (22-06-07), de creación del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (28-01-08), de Pesca y Acuicultura (14-03-08), de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, para la Defensa de las personas en el acceso a los Bienes y Servicios, Orgánica de Turismo y para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular (estas últimas cuatro promulgadas el pasado 31 de julio) constituyen ya el nuevo cuerpo constitucional de Venezuela. Por desgracia, el gorila se ha salido con la suya. Mi más sincero pésame y apoyo a los venezolanos.

Zapatero, Centinela de Occidente

Aurora ha vuelto a dar señas sobradas de esa cualidad en sus artículos, y especialmente en el último, que de otro modo jamás se habría llamado Elogio de la inmoralidad

No es una puesta al día de Mandeville, aquél inspirador de Adam Smith, sino un sano ejercicio contra cierto moralismo pegajoso y, en ocasiones, hasta poco edificante. La periodista ha señalado el caso de la reacción de la prensa de la racista Albión contra la selección española por el gesto de simpatía hacia China con una foto en que se rasgaban los ojos. "La gente se ofende por todo", se queja, y con razón.

La raíz de ese mal viene de esa concepción colectivista, y por tanto falsa, de respeto. El individuo no es ya nadie por sí. Sólo se le considera como miembro de tal o cual grupo. Y la política se ha transformado desde el individualismo que conquistó los Derechos del Hombre al colectivismo que ve en el grupo fuente de derechos y sujeto de todo tipo de agravios y vejaciones, reales o imaginarios, pero siempre prestos a pasar por la caja del Estado. Si bien, ¿no habrá tenido que ver algo la izquierda en esta podredumbre de los derechos? En cualquier caso, pertenecer a grupos agraviados es un gran negocio en política y por ello no hay manifestación espontánea de expresión, incluso las más preñadas de simpatía, que no se vean como un agravio culposo. Como una inmoralidad. En estas, condiciones, ¡viva la inmoralidad!

Sigue Aurora en su elogio hasta esculpir la siguiente frase: "Seguramente la culpa de todo la tenga Zapatero, que está viciando la moral de los españoles". "Será, a diferencia de la elegía al doctor Negrín, un brutal ejercicio de ironía", pensará el lector. Y acierta.

Acierta porque, de hecho, no se puede considerar de otro modo. Si algún título reservará la Historia para Zapatero es el de Centinela de Occidente. Perro Cervero de la moral, Zapatero no da resquicio a quien ose comportarse de forma inmoral. Como esto de las buenas y malas costumbres no se puede dejar al libre albedrío de la sociedad, que para algo debe de haberse inventado el Gobierno, qué entre dentro y fuera de la moral que lo decida el elegido. El elegido democráticamente, es decir.

Y aquí están, los neoinquisidores, en una cruzada contra la inmoralidad que no tiene parangón en la historia reciente de España. La ha emprendido contra el tabaco. También contra las hamburguesas, en lo que no es sino el primer paso de una persecución en toda regla contra las grandes tallas. Las pequeñas tienen también su pedigrí de perseguidas, que este es un Gobierno que abomina de los extremos, como todo el mundo sabe. Para Sanidad el vino es una "bebida alcohólica peligrosa". Quién
sabe, incluso los píos rezos que dedica Rajoy a la familia, si se producen extramuros su vivienda, podrían convertirse en inmorales, a ojos del Gobierno.

Eso que ganamos. Si Zapatero cuida de nuestra moralidad, una tarea menos de qué preocuparnos. Pero quizá, sólo quizá, y dicho sea con el permiso de la autoridad, y aunque lo que vaya a decir sea una blasfemia contra la religión progresista, es posible que lo que haga cada uno con su cuerpo y su conciencia no sea asunto del Gobierno.

Nacional socialistas de ayer y hoy

Esas dos últimas palabras me evocan multitud de falsos recuerdos, esos que uno va creando cuando lee historia y quiere ilustrar con imágenes el relato de lo ocurrido. "Espacio vital". Casi recuerdo a Hitler llamando a los alemanes a conquistar el Lebensraum, a tomar control sobre el territorio que les permitiría abastecerse sin necesidad de comerciar pacíficamente con los vecinos. El Espacio vital, némesis del comercio, es la ideología de la guerra.

El Nacional Socialismo, vencido en su terreno favorito, el campo de batalla, reaparece bajo nuevos ropajes y vuelve a infiltrarse en la Historia incluso después de que se considere que ha sido engullida por ella sin dejar más rastro que unas cuantas defecaciones.

El titular sintetiza eficazmente tanto el fondo de la última guerra de Rusia con Georgia como el contenido de la noticia, que es una entrevista a un político de Abjacia, otra región que se quiere desligar de Georgia. "Moscú", dice la noticia, "no puede permitirse la pérdida del control del tránsito del petróleo y de gas que Estados Unidos y Occidente tratan de organizar al margen de ella".

El control público de los recursos es el control político. Y la guerra es un instrumento de la política. El control privado de éstos lleva a la libre colaboración en el mercado por medio de los intercambios. Los recursos en manos del Estado están puestos al servicio de los políticos; los que están en manos de la gente, al servicio de los ciudadanos.

Nacionalista y socialista, la ideología del Espacio vital no ha desaparecido. Sigue calentando los corazones de muchas personas de izquierdas. Quizás no sepan que ello no tiene nada de contradictorio.

Privilegios bananeros

Aunque este acuerdo, que saldaba políticamente las disputas que mantienen ya desde hace 16 años los políticos de estas dos regiones, no formaba parte de la Ronda de Doha, bastó que se anunciara la ruptura de las negociaciones de la ronda para que los europeos promulgaran a los cuatro vientos que no firmarían el trato alcanzado unos días antes para reducir el arancel del plátano de manera progresiva.

La misión era casi imposible. A la burrocracia internacional, a la que no le duele en el bolsillo que no se llegue a un acuerdo comercial que alivie la pobreza, se le pedía llegar a un acuerdo que contentara al mismo tiempo a los productores agrícolas de los países pobres y a los privilegiados lobbistas europeos de la Política Agraria Común.

Doha reventó por la detonación de un cóctel intervencionista de teorías erróneas e intereses de los grupos privilegiados. Por un lado, nuestros políticos defienden total o parcialmente las medidas que los enemigos tratan de imponernos en tiempos de guerra, que no es otra que limitar nuestras importaciones, ya sea mediante sitios, bloqueos, cañones o aranceles. Por el otro, la casta de privilegiados que ha crecido a la sombra de la Política Agraria Común y otras políticas del Estado del malestar europeo, no está dispuesta a perder sus prerrogativas por banalidades como dirigirnos hacia un mundo más justo donde impere la libertad comercial y ayudar así a reducir la pobreza.

Los lobbies europeos, los que nos toman por rehenes y nos exprimen metódicamente para extraernos el jugo día sí, día también, están de enhorabuena. Celebran por todo lo alto que usted y yo no podamos intercambiar en libertad, directa o indirectamente, diversos productos con los necesitados productores de otros países. Un buen ejemplo de estas castas que usan la violencia para impedirnos intercambiar en libertad la encontramos en el sector del plátano. La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias se apresuró a celebrar la ruptura del acuerdo con anuncios a toda página en la prensa de las Islas Afortunadas pidiendo que nunca se dejen entrar libremente las bananas centroamericanas en la Unión Europea.

Aparte de la hipocresía que supone estar todo el tiempo hablando de solidaridad y ayuda al desarrollo para después impedir por la fuerza lo que realmente puede permitir el progreso de los países pobres, estas políticas agreden a casi todos para proteger a unos pocos privilegiados y dejan la imagen de Canarias y de toda España por los suelos. Si hay un sector estratégico para el desarrollo de las sociedades, ese es el comercio libre. No dejemos que sea secuestrado y mutilado por los intereses espurios de políticos, burrócratas y pseudo empresarios.

Del liberalismo al utilitarismo pasando por Hiroshima

El pasado día 6 de agosto fue el 63 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. La decisión de Truman suscita opiniones encontradas y acalorados debates, también en los círculos liberales.

Hay una tendencia a considerar inevitable aquello que ha sucedido, quizás porque cuesta visualizar un futurible y pensamos que si la historia se ha desarrollado de esta manera por alguna buena razón será. En el caso de Hiroshima y Nagasaki, el discurso de la "necesidad" del lanzamiento de las bombas atómicas resuena con fuerza. Pero los hechos no parecen apuntar tan claramente en esa dirección a pesar de todo y, lo más importante, cuando exploramos las posibles alternativas nos damos cuenta de que el liberal tiene que abandonar sus premisas o poner en suspenso sus principios si quiere secundar la "necesidad" de esa decisión.

Consideremos, por ejemplo, el asunto de la rendición incondicional. Los japoneses estaban derrotados desde antes de Hiroshima, no podían causar ningún daño en territorio americano y su rendición era cuestión de tiempo, sobre todo después de que los soviéticos empezaran a avanzar en Manchuria. Japón estaba militar y económicamente exhausto, y buscaba unos términos de rendición "aceptables", que incluyeran el mantenimiento del emperador. Estados Unidos, a través de la Declaración de Postdam, dio a entender implícitamente que el sistema imperial sería desmantelado y el emperador sería juzgado por crímenes de guerra, algo inaceptable para los japoneses.

Llegados a este punto, la pregunta es: ¿valía la defenestración del emperador el precio de lanzar dos bombas atómicas sobre población civil? Una posible respuesta es: "sí, el emperador era como Hitler, ¿deberían haber aceptado los aliados una rendición en la que se mantuviera a Hitler en el poder?" Pero esta clase de respuesta únicamente tiene en cuenta la moralidad de dejar impune a un criminal de guerra, no evalúa los costes y beneficios, no considera los trade-off de una decisión de esta magnitud.

Es verdad que hubiera sido sumamente injusto dejar a Hitler o a Hirohito impunes, ¿pero justifica su impunidad la masacre de decenas de miles de personas? En cualquier otro contexto el trade-off lo hacemos a favor de las víctimas: preferimos dejar impune a un criminal que encerrar a 10 inocentes, y en este sentido somos partidarios de una fuerte presunción de inocencia.

Sea como fuere, la realidad posterior a la rendición hace estéril esta discusión: Estados Unidos acabó respetado al emperador. De hecho trabajó para limpiar su nombre y descargarle de responsabilidad en las atrocidades que cometió el Imperio japonés. En 1975 Hirohito fue recibido en la Casa Blanca por Gerald Ford como un jefe de Estado cualquiera. En 1989 George Bush asistió a su funeral. Si Estados Unidos hubiera manifestado su intención de no tocar al emperador existe la posibilidad de que los japoneses se hubieran rendido.

Hay varias cosas que Estados Unidos podría haber hecho antes de lanzar las bombas y que no hizo. A lo mejor no hubieran alterado la determinación japonesa a continuar la guerra en el contexto de una rendición incondicional. A lo mejor sí. Nunca lo sabremos.

Los japoneses podrían haber sido advertidos de que iban a ser víctimas del arma más mortífera jamás inventada y, tal y como pidieron algunos científicos que participaron en el proyecto atómico, podría haberse mostrado el poder de la bomba en alguna zona deshabitada o evacuada. Tampoco se informó a los japoneses de que la Unión Soviética iba a declarar la guerra a Japón, algo que como señala Ralph Raico hubiera conmocionado a Tokio más que las bombas.

Luego viene la guerra de cifras, donde liberales que de normal rechazan y desprecian los argumentos utilitaristas suscriben alegremente la máxima de que el fin justifica los medios. Matar inocentes se vuelve justo y defendible porque se evita un mal mayor. Las bombas salvaron la vida de aquellos soldados y civiles que hubieran muerto en una invasión por tierra (o sirvieron para atemorizar a los soviéticos y poner freno a sus ambiciones). Dejando a un lado que había informes que pronosticaban una cifra de víctimas bastante inferior al popularizado millón de muertos, la idea de que es lícito matar a Juan porque eso salvará la vida de Miguel es difícil de cuadrar con una ética que acostumbra a condenar las agresiones contra personas, en particular el asesinato de una persona inocente con independencia de la motivación del crimen. Por qué cuando en lugar de Juan y Miguel hablamos de decenas de miles de soldados americanos y civiles japoneses la conclusión es distinta es un misterio.

Muchos liberales que apoyan la decisión de Truman responden a los intervencionistas que la redistribución es injusta porque implica agredir a unos para beneficiar a otros, con independencia de que los beneficiados puedan ser más o que vaya a haber ganancias en "utilidad". Pero tan pronto como hablamos de guerras, o del lanzamiento de las bombas, estos liberales empiezan a usar los mismos argumentos que utilizaban los intervencionistas y que ellos desechaban.

Otro argumento es que para Truman las vidas de los soldados americanos eran lógicamente más valiosas que las vidas de los civiles japoneses. Pero esto no es un argumento, es una descripción de la realidad y de las motivaciones de Truman. Que uno valore más la vida de un familiar suyo que la de un desconocido no significa que el desconocido tenga menos derechos. Podemos poner más ejemplos con Juan y Miguel. Habrá a quien le parezca insólito que juzguemos la decisión de Truman como liberales y no como si fuéramos el propio Truman, pero eso es exactamente lo que hacemos en tantos otros casos: juzgar las acciones de los políticos de acuerdo con unos determinados principios, aunque ellos los ignoren o repudien.

En última instancia, aunque Japón no fuera a rendirse hay otra alternativa a las bombas y a la invasión, y es el dar por terminada la contienda sin más. Coger los bártulos e irse a casa. ¿No es realista? Claramente no lo es. Tampoco lo es defender la privatización de la educación o la prohibición de las drogas. Pero la ausencia de un contexto propicio para la implementación de estas políticas, la ausencia de una mentalidad que aceptara terminar la guerra sin más, no implica que sea una opción indefendible. Japón empezó la guerra y es natural que los agredidos busquen justicia. Pero Japón estaba técnicamente derrotada, no podía infringir ningún daño en territorio americano, y causar la muerte de miles de personas inocentes para juzgar a unos cuantos militares no se acerca a mi idea de justicia. No me importa que esta opinión choque con la convención de que las guerras deben terminarse o de que "los buenos deben ganar". Si no nos preocupa ir a contracorriente en otros temas, no sé por qué tendría que importarnos en este caso.

Miedo a la libertad

Claro, ella quiere traer un funcionario con sueldo fijo (a poder ser bien alto) desde los dieciocho hasta los sesenta años en que acceda a la jubilación anticipada. Toda una vida enganchado a la ubre estatal como un mamoncete es el futuro ideal que este sindicato sueña para cualquier francés que viene al mundo.

Huelga decir que si todos los franceses pensaran como sus líderes sindicales el país galo sería como Cuba o Corea del Norte, donde todo el mundo vive del Estado, y lo de "vivir" es un eufemismo, como demuestra el nivel de vida de la población que disfruta de las mieles del paraíso socialista.

Nada que criticar por tanto en esta campaña de un sindicato francés, que sin duda hará morirse de envidia a nuestros sindicalistas por no habérsele ocurrido antes a ellos. La cultureta socialdemócrata ha conseguido socavar de tal forma los valores esenciales de una sociedad libre que lo que antes se consideraba normal y hasta necesario (pasar unos primeros años de formación en trabajos poco remunerados, sobre todo si no se tiene la adecuada cualificación académica, para ir subiendo posiciones en la escala profesional de acuerdo a la propia valía), ahora es considerado una tragedia.

Los nenes de hoy en día quieren vegetar durante veinticinco años estudiando poco y pasando cursos por decreto, y al día siguiente de licenciarse exigen una vivienda "digna" y un puesto de trabajo indefinido con un buen sueldo cerca de la casa de mamá para que les lave la ropita y les cocine el potaje diario. Y en lugar de sacarles de su error y decirles que la vida es una constante tarea de superación personal y de sacrificio, los políticos y los medios de comunicación, auxiliados en la banda por los sindicatos, les dan la razón y afirman que el hecho de que un chaval comience su carrera profesional cobrando un salario mínimo es una injusticia por la que todos los demás debemos pagar.

Cuando en los ochenta salías de casa a las seis de la mañana, te montabas en un coche de decimocuarta mano y te metías dos horas de carretera infernal para llegar a tiempo al curro, no pensabas que alguien estaba cometiendo un crimen social contigo. Al contrario, te sentías afortunado de hacer encontrado un trabajo fuera del campo. Tal vez fuera porque entonces los padres no educaban a sus hijos como unos resentidos sociales que debían exigir a los demás la satisfacción de sus necesidades. Al contrario, con su ejemplo enseñaban que a través del talento, la disciplina y mucho esfuerzo, un hombre es capaz de alcanzar todas sus aspiraciones. No había ningún mérito adicional en ello. Es la vida, y lo único que hacías era enfrentarte a ella con agallas y optimismo.

Si muchos de los grandes empresarios actuales, en lugar de aceptar trabajos poco remunerados con dieciséis años, se hubieran limitado a exigir "una vivienda digna" y un sueldo acojonante, o se hubieran hecho liberados sindicales, probablemente se habrían jubilado como supervisores de conserjería. Ejemplos los hay a miles, pero eso no se les enseña a los jóvenes, no sea que pierdan el miedo a la libertad y comiencen a confiar en ellos mismos.

Con su pan se lo coman. Ahora bien, como todos los niños que vengan al mundo con mamás como la de esta campaña sindical se conviertan en funcionarios, dirigentes de ONG’s o miembros de grupos de presión subvencionados, no sé quién va a sacar adelante el país. Y no sé a usted, pero a mí ya me empiezan a doler las pelotas de trabajar para tanta gente.

Phising

Los casos más llamativos suelen ser los referidos a cuestiones como enlaces o comentarios de lectores en bitácoras, donde el fallo muchas veces va en contra de la legislación vigente. Pero hay otros. Un ejemplo de ello es la decisión del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Castellón que hace responsables a los bancos de que haya delincuentes que se hacen pasar por dichas entidades para estafar a sus clientes.

El phising es una práctica delictiva por desgracia muy común, y cuya forma más habitual es el envío de correos electrónicos en los que los estafadores se hacen pasar por un banco o caja de ahorros que solicitan al destinatario que entre en una página en concreto para introducir datos como su número de cuenta, contraseñas y otros posibles datos necesarios para poder operar por internet. A pesar de lo común de esta práctica y de lo sospechoso que resulta recibir un mensaje escrito en un mal español (por lo general, aunque no siempre, es así) en el que se pide una información tan sensible, hay personas que pican.

Para ellos el perjuicio es terrible, puesto que sus cuentas corrientes quedan a disposición de desaprensivos amigos del dinero ajeno (y no nos referimos a la Agencia Tributaria, cuya imagen curiosamente también fue utilizada para un caso los aquí comentados). Pero los únicos culpables son los estafadores, no los bancos o las cajas de ahorros. Nadie es responsable de que otros utilicen ilícitamente su imagen con intención de sacar un beneficio perjudicando a un tercero. De hecho, a estas entidades estas estafas les perjudican, pues dañan la confianza de muchos clientes en los servicios bancarios online.

De todos modos es comprensible que los clientes estafados, en este caso lo son de Bancaja, traten de responsabilizar a las cajas y a los bancos por el daño que han sufrido. Pero no lo es que un juez les dé la razón aludiendo a que las entidades no hacen lo suficiente para evitar esta estafa. Es como si pretendiera que un fabricante de electrodomésticos fuera responsable de los daños que a la instalación eléctrica de una casa pueda hacer una lavadora de un tercero vendida como si fuera suya. Por alto que sea el nivel de seguridad que consigan implantar los bancos, siempre habrá fallos causados por la ingenuidad o el descuido de algunos clientes, y la culpa de que haya estafadores que se aprovechen de ello tan sólo es de estos delincuentes.

Que hay bancos y cajas que realizan prácticas poco o nada honestas es indudable. Pero este no es el caso. Además, uno debe valorar a la hora de utilizar estos servicios una cuestión tan importante como es la seguridad. Algunas entidades, por ejemplo, no ejecutan una operación ordenada por internet hasta que el cliente no introduce un código que se le ha enviado a su teléfono móvil. Optar por quien ofrece un extra de seguridad de este tipo es una buena opción, y no culpar a otro de la ingenuidad propia ante unos estafadores que nos han hecho creen que son lo que no son.

Los periódicos de mañana

El movimiento ya ha comenzado. Más de 6.300 periodistas han perdido su trabajo en los EEEU, y todos estos trabajadores estaban empleados en las ediciones impresas; ninguno pertenece a las ediciones online. 28 medios han eliminado más de cien puestos de trabajo y 7 han prescindido de más de 200 personas. El New York Times comunicó en febrero de 2008 que iba a recortar 100 puestos de trabajo, el San Francisco Chronicle anunció en mayo que se desharía del 25% de sus trabajadores para finales del verano y otros medios como el Washington Post, LA Times, Chicago Tribune o el Baltimore Sun también han llevado a cabo despidos.

Ya no son teorías. Los medios online están acabando con los medios impresos. La transformación que están viviendo los medios de comunicación es imparable. Los periódicos además de transformarse de medios off a on están inmersos en un nuevo mercado, ya que no sólo compiten con sus iguales si no con otras empresas como buscadores, portales o agregadores.

Los medios están buscando diferentes fórmulas para adaptarse a la nueva situación: medios como el New York Times han optado por la vía de las adquisiciones, comprando About.com; otros han probado mezclar la venta de publicidad offline y online (que no está funcionando); otros han intentado juntarse y agrupar su tráfico para ofrecer a los anunciantes mayor volumen; y por último otros han decidido vender un paquete que incluye anuncios del periódico con anuncios de buscadores como Google y Yahoo. Son fórmulas, algunas buenas y otras no tanto, pero revelan que los medios se están adaptando a nuevo mercado, un mercado que si a alguien está beneficiando es a los usuarios, a las personas que consumen información.

Se empiezan a escuchar opiniones contrarias a esta transformación que argumentan que estos cambios hacen que los periodistas cobren menos importancia y que los medios online están demasiado volcados a lo que demandan sus usuarios. Muchas de estas opiniones vienen de los propios periodistas, que ven mermada su capacidad de influencia al tener que someterse a las necesidades informativas de los lectores y no a líneas editoriales predeterminadas. Pero están nadando contracorriente. Este nuevo mercado de los medios de comunicación es un ejemplo perfecto para demostrar que los mercados libres tienen a internet como el mejor aliado.

Pobreza para el ciudadano

Lamentablemente, Occidente está dominado por el socialismo y la tiranía de las buenas intenciones que nos llevan al otro extremo. Algo que se agrava con las promesas no cumplidas de todo político. En lo poco que llevamos de legislatura, la Renta Básica de Emancipación sufre retrasos de medio año. Según los últimos datos, no la cobraron ni el 12% de los jóvenes que la solicitaron. Curiosamente, el Gobierno socialista consideró esta cifra un éxito. Algunos cheque-bebé se demoran hasta cuatro meses. Sólo 8 millones de declarantes han recibido los 400 euros del Gobierno, el restante 46% de los contribuyentes no ha visto ni un céntimo.

Con estos ejemplos es lógico que se ataque al Gobierno y al socialismo en términos de eficiencia. La economía privada es más eficiente que la estatal en términos de rendimientos y creación de riqueza, pero muchas veces se desprecia algo mucho más básico, y es la incapacidad crónica de cualquier Gobierno para satisfacer las necesidades del ciudadano.

En España por ejemplo, tenemos un panorama económico más que preocupante. Los productos básicos sufren subidas de dos dígitos, la confianza del consumidor se derrumba, el desempleo sube como un cohete, la morosidad no para de aumentar y somos de los primeros en la UE en desempleo total, juvenil y femenino. ¿Qué hace el Gobierno? El ministro de Industria, Miguel Sebastián, quiere gastarse casi 400 millones de euros en comprar bombillas que además contaminan y repartirlas por lo alto y ancho del país. Esta semana el Estado ha destinado 25 millones de euros a la bahía de Acapulco en México [!]. Como si esto no fuera poco, también el Gobierno quiere cofinanciar el 60º aniversario de los Derechos Humanos de la ONU y destinar más de 10 millones de euros a la lucha contra el SIDA. ¿Toca ahora despilfarrar el dinero en todo esto? ¿Alguien del Gobierno se ha dado cuenta que mucha gente que le votó lo está pasando, y pasará, francamente mal?

Evidentemente un socialista, que parece tener los bolsillos llenos por el desprecio que muestra ante la crisis, considera tal dilapidación de dinero usurpado al ciudadano libre un logro social, pero cualquiera con un mínimo de sentido económico ve claramente que el Gobierno no sólo es ineficiente o que sus acciones nacen de la coerción y la extorsión de los impuestos y leyes arbitrarias, sino que es incapaz de localizar los problemas o carencias reales del hombre para neutralizarlas como oferente alternativo al del libre mercado. La gran ventaja del liberalismo no sólo es que cada uno puede hacer con su vida y propiedad lo que le dé la gana, sino que es capaz de detectar las carencias de la sociedad (demanda) para facilitarlas a través de un precio (oferta). El mercado, a diferencia del Gobierno, siempre cubre las más urgentes de las necesidades. Los políticos en cambio, siempre cubren las más urgentes necesidades de sus gabinetes, ministerios y amigos generando pérdidas netas a la economía del ciudadano.

Ya no es cuestión de liberalismo, sino de sentido común. Cuando más ricos sean el Estado y los políticos, menos recursos poseeremos nosotros para nuestro bienestar y más dinero dispondrán ellos para incrementar su poder y cederlo a causas perdidas. Jamás ningún país ha salido de una crisis con estas recetas económicas, y es que ningún Gobierno tiene la capacidad ni la voluntad de solucionar los problemas reales de la gente.