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Notas sobre economía de la ciencia

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

El conocimiento humano tiene características peculiares en comparación con otros factores de la acción humana respecto a su extinción por consumo, la rivalidad en el consumo y la dificultad de exclusión de beneficiarios.

El conocimiento humano no se gasta con el uso sino que por el contrario en muchos ámbitos el uso perfecciona el conocimiento, lo fija en la memoria de forma más persistente, lo precisa y enriquece.

Algunos bienes económicos presentan rivalidad en el consumo: el consumo de una persona imposibilita (o dificulta en mayor o menor grado) el consumo de otras personas. Las ideas consideradas como patrones inmateriales de información no parecen presentar este problema, ya que el hecho de que una persona utilice una idea no imposibilita que otra persona utilice la misma idea. Pero lo que existe en la realidad y se utiliza como medio para la acción son representaciones concretas de ideas abstractas, las cuales pueden ser relativamente fáciles de copiar pero siempre son escasas en mayor o menor grado: el uso de una copia concreta por una persona excluye su uso por otros.

Algunos bienes económicos presentan dificultades de exclusión de beneficiarios no dispuestos a pagar: el vendedor no puede controlar que sólo los compradores que paguen disfruten de su producto. En ocasiones los generadores de conocimiento intentan beneficiarse del mismo controlando su difusión, exigiendo un pago a los receptores de su información; pero cuando el originador de un mensaje lo comunica transmite una copia del mismo que el receptor puede en principio volver a transmitir a otros sin la colaboración del creador.

Que la copia de ideas sea en general fácil y barata no implica que su utilización y aprovechamiento también lo sea. Algunos memes, especialmente relacionados con el arte y el entretenimiento (canciones, historias), pueden copiarse y disfrutarse con mucha facilidad sin conocimientos especiales. Muchas ideas científicas y tecnológicas son complejas y sofisticadas: disponer de una representación de la información no es suficiente para entenderla y asimilarla, es necesario dominar previamente otras ideas relacionadas con un alto nivel de maestría. Cantidades ingentes de información técnica y científica están disponibles a muy bajo coste pero pocos seres humanos en cada ámbito tienen la formación intelectual y profesional requerida para ser capaces de distinguir los elementos relevantes para sus intereses y aprovecharlos.

Función emprendedora y función empresarial

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los aspectos más etéreos y, al mismo tiempo, más importantes que aporta la teoría económica austriaca es todo lo relacionado con la función de emprendimiento del empresario. Es dicha función la que explica la dinámica de la economía, la que hace que el mundo avance hacia ese equilibrio inalcanzable (salvo para los teóricos neoclásicos).

El emprendedor está alerta ante las oportunidades que se presentan en el mercado. Estas se muestran a través de unas poderosas señales, los precios. Allí donde el emprendedor cree ver un desfase de precios entre los recursos y sus usos, se vislumbra y se puede explotar una oportunidad de negocio. En un entorno de incertidumbre, el emprendedor puede equivocarse en sus presunciones.

Si acierta, la implicación es que ha encontrado un mejor uso para el recurso hasta entonces infravalorado, y el mercado le premia con beneficios que, como bien sabemos, tienen una vida efímera. Si falla, ha malgastado ese recurso, y no le queda más que soportar las pérdidas de su fallida actuación, de forma que el mercado le está diciendo que no el uso del recurso de la forma propuesta era ineficiente.

Siguiendo a Kirzner, y desde un punto de vista de teoría económica, podemos diferenciar entre dos dimensiones del hombre: la de "maximizador" y la de "emprendedor". La primera es capaz de seleccionar los cursos de acción, en el contexto de unos medios determinados, que le aseguran el cumplimiento de tantos objetivos como sea posible. Es como una calculadora humana, capaz de encontrar la solución implícita en un sistema de objetivos y recursos.

La dimensión de emprendedor es la que permite al ser humano la propia percepción del marco de medios y recursos, que constituye el punto de partida para la maximización. Esta es la parte creativa y activa del ser humano, la verdadera parte humana y rica del individuo.

Hay mucha gente que duda de la capacidad de emprendimiento del ser humano. Por supuesto, los más prominentes son la gran masa de economistas neoclásicos, que directamente eliminan esta dimensión de sus modelos económicos. Los seres que pululan por la economía neoclásica, los individuos racionales de estos modelos, han perdido toda su humanidad y se limitan a hacer cálculos a la perfección.

Pero no solo ellos. Después de todo, dicen, mucha gente actúa como ovejas, por mera imitación, y no son capaces de innovar. La prueba puede encontrarse en que hay realmente pocos empresarios, para los que cabría esperar en un mundo lleno de emprendedores, como postula Kirzner.

Y llegamos al punto que me interesa destacar: todo el mundo tiene capacidad de emprendimiento, pero no todo el mundo es capaz de asumir los riesgos de la función empresarial, con sus posibles pérdidas asociadas. Por ello, interesa distinguir entre función emprendedora (entrepreneurship, término usado por los economistas austriacos) y la función empresarial (mediante la que esa idea se lleva a la práctica con el objetivo de obtener beneficios económicos).

La función emprendedora se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida, no solo cuando se trata de ganar dinero. Por ejemplo, si yo sé que el camino por el que voy al trabajo suele estar atascado, mi función emprendedora me puede llevar a intentar una ruta alternativa nueva. Esto es tan innovador como un nuevo servicio de internet, pero no me supone un riesgo apreciable. De la misma forma, en un partido de fútbol en el que constantemente el defensa aborta nuestros regates, trataremos de utilizar otra técnica para sobrepasarle. Una vez más, ejercemos la función emprendedora.

Los ejemplos son innumerables, y sería muy difícil encontrar una persona que no haya utilizado su capacidad emprendedora, no ya en su vida, sino en las últimas 24 horas.

Esta función emprendedora es la que, eventualmente, se puede convertir en función empresarial. Pero para ello son necesarios otras muchas condiciones, externas normalmente al individuo: condiciones culturales, institucionales, de acceso al crédito…

Los españoles no son menos creativos que los americanos, pero a lo mejor están inmersos en una sociedad que obstaculiza la función empresarial. De la misma forma, la incorporación de millones de personas (China, India) a los mercados globales supone la explosión de la capacidad emprendedora y eventualmente de la empresarial, a poco que las condiciones en dichos países lo permitan. Y eso sólo puede traducirse a una mayor eficiencia en la utilización de los recursos para la sociedad.

¿Quiénes fueron?

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

Aunque parezca sorprendente, los agentes del Estado no han respondido una de las preguntas más elementales que cabe formular ante la monstruosa masacre del 11 de marzo de 2004 en Madrid. No podía esperarse que el Tribunal Supremo contestara esa pregunta, dadas sus funciones. Sin embargo, después de conocerse la sentencia que cinco magistrados de su sala de lo penal dictaron el 17 de julio –diez días después de la celebración de la vista– resurge la pregunta crucial que no podrán acallar los disimulos autocomplacientes de la casta político judicial: ¿quiénes fueron?

Es cierto que la resolución judicial tenía que limitarse a dirimir los treinta y un recursos de casación interpuestos contra la sentencia de la audiencia nacional. En la línea marcada por el tribunal de instancia, el Supremo ratifica que sólo tres individuos –Jamal Zougam, Otman el Gnaoui y José Emilio Suárez Trashorras– participaron en los atentados con conocimiento de ello. Aparte de confirmar la absolución de otros tres acusados por la fiscalía de haber inducido los crímenes –Rabei Osman, Hassan el Haski y Youssef Belhad–, el Tribunal Supremo estima los recursos de tres condenados por pertenencia a banda terrorista –Mouhannad Almalah, Abdelilah Fadual Akil y Basel Ghayoun– y los absuelve de todos los cargos, a despecho de las tesis que les atribuían una implicación directa en los atentados.

Ahora bien, el TS apuntala la comisión de los atentados sobre unos mimbres tan sueltos, que ha defenestrado la reconstrucción histórica y la teoría explicativa que subyacía en la sentencia de la Audiencia Nacional. Me pregunto, pues, si esos magistrados no deberían haber anulado la mayor parte de las actuaciones (artículo 240.2 LOPJ), y, en consecuencia, haberlas devuelto al juez instructor para que continuara una investigación que proporcionara un relato de los hechos consistente con lo realmente acontecido. Cuando estos magistrados mutilan la "verdad judicial" hasta reducirla a un rompecabezas tan incompleto y contradictorio, cabe plantearse si, entonces, no tendrían que haber reconsiderado lo poco que admiten como probado, pues precisamente ese conocimiento fragmentario no resiste un contraste con un relato coherente de los hechos.

Dicho de otra forma, la cuestión esencial reside en la imposibilidad de juzgar este sumario definitivamente cuando sus diligencias no han servido para averiguar la identidad de un número mínimo de participantes cuya interrelación explicara la dinámica de lo ocurrido. Tal vez si los magistrados del TS hubieran analizado el asunto de manera menos acelerada, habrían constatado el rotundo fracaso de una instrucción que no sirvió para preparar el juicio oral y quedó totalmente adulterada para el fin que tiene señalado en las leyes procesales. Téngase en cuenta, por ejemplo, que los únicos tres condenados por su participación en los hechos no tenían ninguna relación personal entre sí, según las propias sentencias. Por un lado, se da por supuesta la pertenencia a la trama criminal de los suicidados del piso de Leganés. Pero, por otro lado, se absuelve de participar en los crímenes a un supuesto huido de ese inmueble –Abdelmajid Bouchar–. Un misterioso personaje denominado Jamal Ahmidan "El Chino", a la sazón encontrado muerto en la misma vivienda, habría organizado materialmente el transporte de los explosivos que se utilizaron en los atentados. Sin embargo, quien se presentara en las tesis del fiscal como lugarteniente de ese muñidor resulta absuelto de todos los cargos que se formularon contra él. Desaparecida de la verdad judicial la implicación de Al-Qaeda, sostenida por algunas acusaciones, los magistrados del TS mantienen la "inspiración" islamista de los atentados. Sin embargo, tal apostilla se revela como un marco inane que contradice la ausencia de toda referencia sobre este particular en los condenados musulmanes y que choca frontalmente con el perfil del supuesto suministrador de los mortíferos explosivos. Un sujeto que uniría a su condición de cristiano de dudosa reputación el haber servido de confidente policial al mismo tiempo que cooperaba con los terroristas.

Desde el punto de vista procesal, puede suponerse que el asunto llegará al Tribunal Constitucional español por la vía del recurso de amparo de alguna de las partes del proceso y, probablemente, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

De cualquier modo, aunque se entendiera que la resolución del TS fuera acertada, conviene precisar que la lógica del sistema procesal penal español no impide la investigación y enjuiciamiento de otros aspectos no abordados en este sumario. Un ejemplo de éstos sería la participación como autores, cómplices o encubridores de personas distintas a las ya juzgadas. Por otro lado, la ley también prevé un recurso especial de revisión contra sentencias firmes de los tribunales penales –a salvo de lo pudiera ocurrir en las instancias extrajudiciales indicadas– si, por ejemplo, sobreviniera el conocimiento de hechos nuevos u otras pruebas evidenciasen la inocencia de los condenados. Asimismo, si algún condenado consiguiese una sentencia criminal firme que declarase la falsedad de los documentos o los testimonios que fundamentaron su condena, tendría abierto el camino para instar esa revisión.

Entre las reacciones a dicho fallo, no faltaron escalofriantes apelaciones a dar por cerrado el asunto. En contra de cualquier análisis racional de las sentencias judiciales y de las diligencias sub iudice, nada menos que toda una vicepresidenta llegó a afirmar que la justicia había despejado toda sombra de duda. Un portavoz en el Senado del partido que gobernaba cuando ocurrió la matanza se apresuró a declarar que "hoy por hoy, no hay nada más que investigar sobre el 11-M". En lugar de reclamar a los poderes del Estado que agilicen las investigaciones pendientes en torno al caso, una abrumadora mayoría de los medios de comunicación aplaudieron la última rebaja judicial del número de condenados y el buen funcionamiento de las instituciones (¡!). Debe mencionarse a la COPE, El Mundo y Libertad Digital como las honrosas excepciones a esa degeneración ética circundante.

¿Y a qué viene tanta autocomplacencia, si parece muy verosímil que anden libres muchos implicados en esta muestra del horror y el mal absoluto? Provoca estupefacción que, dado el tiempo transcurrido, las diligencias que el propio instructor segregó del sumario principal, algunas de las cuales tenían como objeto averiguar la procedencia de los explosivos que estallaron en los trenes, no hayan avanzado. Y ello a pesar de que el propio Tribunal Supremo manifiesta su "sorpresa" ante la incineración de los restos de los trenes pocos días después de los atentados, obstaculizando objetivamente un análisis completo de los vestigios que hubieran servido para determinar con total certeza la naturaleza y el origen de todos los empleados para asesinar alevosamente. Durante el juicio oral se pusieron de manifiesto conductas injustificables por parte de aquellos elementos de la policía que asumieron diligencias de investigación, particularmente aquellos encargados de la recogida y la custodia de restos de explosivo en los trenes. Escuchar las evasivas y las declaraciones parciales de numerosos policías durante el juicio, a pesar de que deponían como testigos y que, por las funciones de su cargo, tenían la obligación de contar todos los hechos, circunstancias y datos que hubieran conocido, aunque no se les preguntara por ello, producía repugnancia y alarma. El desarrollo de la prueba pericial para analizar la composición de los explosivos sobre unas muestras ridículas y el enfrentamiento que se produjo entre los peritos hicieron aún más clamorosa la omisión de esa prueba durante la instrucción.

Dentro de ese contexto, no parece sorprendente que una reciente encuesta revele que tres de cada cuatro españoles consideran que no se conoce aún "toda la verdad sobre el 11-M". Pero no es suficiente. Solo una sociedad envilecida por el terror o el cinismo más canallesco puede renunciar a reclamar una investigación que descubra la realidad de lo sucedido. Las dobleces exhibidas durante estos cuatro años no sirven para ocultar la cuestión fundamental: no se conoce la identidad de los individuos implicados en el planeamiento, preparación y ejecución de unos atentados, cuyo primer objetivo fue causar una masacre entre las personas que se trasladaban a la gran ciudad en trenes de cercanías.

Para las víctimas era una mañana cualquiera.

Clásicos Populares

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Fernando no ha adoptado ese tono fúnebre que se gastan en Radio 2, que bien parece que los locutores, en vez de dar paso a una genial creación humana parece que vayan a dar la peor de las noticias. No, Argenta, con su inseparable Araceli, ha hablado con pasión de la música y ha tratado con total naturalidad tanto al oyente como al "viejo peluca" o al "sordo genial".

No es que los nuevos responsables de la empresa pública hayan cambiado de criterio sobre lo que debe ocupar esa franja horaria en la primera cadena pública de radio. Es, simplemente, que Argenta tiene más de 58 años y, en consecuencia, entra en el plan de adelgazamiento de la pública emisora.

La noticia es penosa, como feliz ha sido la noticia diaria de su emisión, y especialmente por un período tan prolongado. No es que esté yo en contra de su plan de despidos, ya que los medios públicos los hacía yo adelgazar hasta cerrarlos por completo.

Pero Clásicos Populares es el gran contraejemplo de la realidad precisamente de estos medios públicos. La razón de ser de ellos es la de voceros del poder de turno. Por un lado se justifica su existencia simplemente uniendo las palabras "servicio público", pero la realidad es que el mismo día en que una ley prohibiese la emisión de contenidos informativos en los medios públicos, iban a anunciar su cierre inmediato. Hay muchos grupos, muy voraces, deseando llevarse los pastizales que Gobierno y Comunidades Autónomas se dejan en sus órganos de propaganda, y si no pudiesen seguir utilizándolos preferirían destinar ese mismo dinero a satisfacer a clientelas políticas.

Los medios públicos imitan a los privados en las fórmulas que dan dinero y se justifican aludiendo a su necesidad de sobrevivir económicamente. Pero ni compitiendo deslealmente con los medios privados ni poniendo al servicio del político de turno millones y millones de euros tienen viabilidas económica los TVE o canal autonómico de turno.

El programa de Argenta, que a nadie molestaba, era una buena excusa para el mantenimiento de la siempre Radio Nacional de España. Se ha esfumado ya, y muchos la echaramos de menos.

No al voto electrónico

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Fernando Herrera se sorprende de la gran cantidad de cosas que podemos hacer y, de hecho, hacemos por vía electrónica, mientras algo en apariencia tan sencillo como votar por internet o telefónicamente nos está vedado. "¿Nos fiamos menos del teléfono para un voto que apenas va a tener influencia en nuestra vida que para una operación con el banco, que nos la puede arruinar?", se pregunta.

Es un argumento muy válido, pero sólo si eliminamos del paisaje el hecho incontrovertible de que el voto ha de ser secreto. Cuando una operación electrónica está asociada a una identidad, se abre la puerta a innumerables mecanismos de control y posibilidades de auditar el proceso, empezando por el hecho de que uno mismo puede acceder a los resultados y mirar qué actos se supone que hemos llevado a cabo electrónicamente, comprobando que se está haciendo todo bien.

Sin embargo, al votar, la opción que hemos elegido se desvincula completamente de nuestra identidad. De hecho, es un requisito obligatorio y es necesario que así sea. Hay que evitar que nuestro voto esté condicionado por lo que puedan pensar de él terceras personas. No es difícil pensar en circunstancias en las que esto resulta clave: desde evitar que el cacique del lugar pueda comprobar que estamos votando por él a que nos fiscalicen los proetarras repartidos por las mesas electorales del País Vasco y Navarra. De hecho, las papeletas deberían estar situadas en cabinas y debería ser obligatorio que todos o llegáramos con el voto traído de casa o lo introdujéramos en el sobre dentro de esas cabinas protegidas por cortinas.

Ese requisito del secreto hace que el voto electrónico, por más que el recuento sea instantáneo, sea mucho más vulnerable al fraude que el emitido con papel. De ahí que sea desaconsejable el proyecto del Gobierno de que los emigrantes españoles en el extranjero voten por internet. Josu Mezo, editor de Malaprensa y conocido detractor del voto electrónico, escribió en 2004, recordando el clima de elecciones como las repetidas a la Asamblea de Madrid o las generales del 14-M, que "gracias a nuestro actual procedimiento de votación y recuento, en ninguna de ellas hubo dudas de que los votos contados eran los votos realmente depositados en las urnas. ¿Podríamos decir lo mismo si el escrutinio lo hubieran hecho ordenadores conectados en red? Creo que la respuesta es obvia. Si implantamos el voto electrónico, más pronto que tarde habrá unas elecciones con un resultado sorprendentemente favorable para el partido en el poder, y muchos ciudadanos de buena fe creerán que ha habido tongo, sin que se sea posible probar lo contrario".

Otra cosa distinta sería emplear la tecnología para facilitar el proceso de voto. Podrían emplearse máquinas en esas cabinas secretas en las que pudiéramos emitir por medio de una pantalla táctil nuestro voto, que se imprimiría inmediatamente para que pudiéramos depositarlo en la tradicional urna. Se ahorraría mucho papel usado para imprimir papeletas de partidos carlistas y demás fauna y las papeletas podrían ser emitidas de tal modo que luego se pudieran escanear electrónicamente de forma sencilla, acelerando el escrutinio pero dejando un rastro de papel verificable que permitiera hacer un recuento. No sé si merecería la pena el gasto, la verdad, pero tampoco que se deba ir más allá si queremos seguir manteniendo la mucha o poca confianza que tengamos en nuestro proceso democrático.

Vamos a contar mentiras

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Sin embargo, España se caracteriza por ser un país que, en general, muestra un escaso interés por mantenerse al tanto de la actualidad económica, tal y como reflejan los datos referidos al consumo de medios de comunicación o páginas web especializados en este ámbito, en comparación con otros países desarrollados.

Por el contrario, en general la población española todavía se informa únicamente a través de la televisión. Un medio que, salvo contadas excepciones, tan sólo suele ofrecer a sus espectadores las declaraciones de los principales partidos políticos, o las meras opiniones de periodistas afines que se dedican a repetir las directrices marcadas desde Ferraz y Génova. Pero, ¿y los análisis en profundidad?, ¿y la exposición de datos capaces de marcar tendencias y aventurar lo que se nos avecina? La mayoría los desconocen.

De ahí, precisamente, la gran irresponsabilidad que ha cometido, y sigue cometiendo, el Gobierno en su intento de ocultar a los ciudadanos la gravedad de la crisis económica que se cierne sobre nuestras cabezas. El Ejecutivo socialista es culpable de mentir a los españoles. Primero, negando la crisis, y ahora atenuando la crudeza de los datos referidos al paro, la inflación o el PIB, entre otros. O, lo que sería aún peor y más preocupante, nuestro Gobierno es del todo incompetente por ignorar la realidad de la situación, ya que una y otra vez ha fallado escandalosamente en sus previsiones macroeconómicas. Y ni siquiera se ha disculpado.

El PSOE se ha empeñado en transmitir un mensaje erróneo a la ciudadanía. Tan sólo es necesario retroceder unos meses en el tiempo, hasta justo antes de las elecciones generales, para percatarse de la gran estafa: "Aquí no pasa nada, y si pasa, no se preocupen porque saldremos de ésta en breve". Sin embargo, la realidad es, por desgracia, muy distinta. España se enfrenta a una crisis larga, dura e intensa, cuyo fin no se vislumbra a medio plazo.

De hecho, la tormenta apenas acaba de dar comienzo, y dejará tras de sí un innumerable reguero de víctimas en este país. Muchos se verán abocados al temido desempleo de larga duración, a la caída de sus inversiones, al impago de sus deudas e incluso al embargo de sus casas. No se engañen. La crisis financiera y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria afectarán con especial virulencia a España debido a su elevado endeudamiento, tanto inmobiliario como exterior. De haber sabido hace un año que esto podía suceder, ¿se habría usted arriesgado a comprar un piso cuyo precio estaba inflado?, ¿se habría gastado sus ahorros en un viaje al Caribe? En definitiva, ¿se habría usted endeudado hasta las cejas? Lo dudo.

Las mentiras del Gobierno en esta materia tienen efectos muy graves sobre la población. Sobre todo para aquellos que están menos informados. Los engaños no solucionan nada. Por ello, recomendaría a los miembros del Ejecutivo que apliquen el principal mandamiento presente en todo manual de autoayuda: reconocer el problema es el primer paso hacia su solución.

Derechos y prohibiciones

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

Resulta paradójico que aquellos que pretenden proteger a la infancia de los males de la sociedad, los que se presentan como paladines de sus derechos más fundamentales, sean los primeros que la usen para intentar implantar su particular modelo moral. Organizaciones de lo más variopinto suelen dirigirse a las autoridades para protestar por múltiples situaciones que afectan a ciertos colectivos. Cualquiera que tenga hijos, sobre todo si estos son aún muy pequeños, es especialmente sensible a las campañas que periódicamente se realizan para adecuar los programas de televisión que se emiten en determinadas horas a ciertos códigos morales. El problema no es que estos códigos sean más o menos conservadores o progresistas, sino que terminen conformando una moral pública que se imponga a aquellos que no la deseen.

No es extraño que este tipo de peticiones tengan buen recibimiento entre las autoridades. El político observa estas quejas como una oportunidad perfecta para legislar, para hacer ingeniería social, en especial aquellas que se adecuan a su ideología o sus objetivos. Las campañas contra el tabaco, contra la anorexia o contra la obesidad son algunos ejemplos de por donde nos hemos movido durante los últimos años. El resultado ha sido una legislación que limita las tallas de la ropa, que impide fumar incluso en recintos privados y que impone una estricta normativa a la fast food. Y toda la propaganda, toda la morralla que acompaña a cada una de estas decisiones políticas va acompañada de justificaciones en forma de derechos (salud, educación, cultura, etc.) que se convierten en pasos previos a la prohibición.

Que nadie piense que mi intención es censurar este tipo de quejas ya sean particulares o colectivas. Los padres pueden y deben pedir a las televisiones que varíen sus contenidos de forma que sus niños puedan encender la televisión sin encontrar situaciones que vayan contra la moral que se pretende transmitir. Desde luego que se puede pedir a los diseñadores de moda que no paseen modelos escuálidas por las pasarelas. También se puede exigir que las hamburgueserías usen ingredientes más sanos, según el baremo de lo políticamente correcto. De la misma manera, empresas, diseñadores y televisiones pueden o no ser sensibles a estas quejas y tomar o no medidas en este sentido. Al fin y al cabo, la clientela les puede ir en ello.

En todo este asunto suele brillar por su ausencia un elemento indispensable: la responsabilidad individual. No es necesario acudir al mandamás para solucionar situaciones comprometidas. Los primeros y únicos que deben evitar que sus hijos vean programas subidos de tono, que jueguen a videojuegos violentos, que coman lo adecuado o que tengan amistades en las que se pueda confiar son los padres y tutores, y nadie más. El hecho de que no siempre sea fácil no es una excusa, es simplemente una justificación de su propia irresponsabilidad. Lo más cómodo es, desde luego, que otro haga el trabajo difícil, y si el elegido es el Estado, entonces debemos estar seguros de algunas cosas, que el objetivo no se terminará de cumplir nunca, que aquellos a los que queremos proteger nunca estarán protegidos, que en el peor de los casos habremos creado una generación de irresponsables que estarán al servicio de los políticos de turno y que el legislador honesto de hoy puede convertirse en inmoral mañana. No dirijamos nuestras quejas hacia los gobiernos porque un día de estos podremos ver como se han prohibido hasta los "Kinder Sorpresa". Todo sea por los niños.

Sí al voto electrónico

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

En cambio, parece mentira lo poco que, en una democracia que se pretende "avanzada" como la nuestra, ha avanzado la posibilidad del voto electrónico. De hecho, en este concreto aspecto, parece que no haya llegado aún la Sociedad de la Información.

Lo cierto es que por internet podemos realizar transacciones de las más importantes que nos imaginemos, en las que está en juego nuestro dinero y patrimonio. Podemos comprar prácticamente de todo, desde una entrada de teatro a una casa; podemos apostar a juegos de azar; podemos realizar cualquier tipo de operación bancaria… si hasta nos podemos arruinar en Bolsa. Y, sin embargo, no podemos votar.

Podemos realizar donaciones, y participar en subastas. Consultar el tiempo, jugar solos o acompañados. Podemos cometer terribles delitos que prefiero no enumerar. Podemos hacer cosas simples o complejas. Hay quien incluso hace la declaración de la renta por internet, ¿alguien puede imaginar una acción más responsable en nuestra sociedad dejada al arbitrio de la red de redes? Y, sin embargo, no podemos votar.

Alguien dirá que no todo el mundo tiene acceso a internet. Pero tampoco parece necesario para emitir un voto. Si hay voluntad, la Sociedad de la Información tiene soluciones que no pasan por la banda ancha. Por ejemplo, se podría votar telefónicamente, desde el teléfono fijo o el móvil. La práctica totalidad de los bancos ofrecen este canal para sus operaciones. Y en estas jugamos con nuestro dinero, ¿por qué no íbamos a poder votar telefónicamente? ¿Nos fiamos menos del teléfono para un voto que apenas va a tener influencia en nuestra vida que para una operación con el banco, que nos la puede arruinar? Y, sin embargo, no podemos votar.

Es curioso que en plena concienciación ecologista a nadie se le ocurra el gran ahorro en términos medioambientales que supondría la generalización del voto electrónico. ¿Cuántos arbolitos hacen falta para imprimir las ingentes cantidades de papeletas que se han de suministrar a los colegios electorales? ¿Y el gasto energético de su transporte, y de las urnas, y de los mismos votantes cuando viven lejos de su colegio electoral? La de tiempo y dinero que podríamos ahorrar para otros menesteres más dignos del Estado del bienestar. Y, sin embargo, no podemos votar.

Parece que la fiesta de la democracia exige inexcusablemente de nuestra presencia física cada cuatro años (con la curiosa excepción del voto por correo, convencional, no electrónico). No importa lo que avance la tecnología o el desperdicio de recursos que ello suponga, los gobiernos no parecen dispuestos a privarse de sus papeletas. Así que podemos declarar y pagar impuestos por vía electrónica, pero no podemos votar… aquí hay gato encerrado, como dice el refrán.

Desde luego, el voto electrónico tiene mi voto, y que sea por última vez presencial.

Laicismo totalitario

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Es un descanso que gran parte del espacio informativo esté ocupado por los Juegos Olímpicos, aunque el hecho de que estén organizados por una brutal dictadura no permite relajarse del todo a quienes tienen algo de conciencia. Las terrazas invaden las aceras y los españoles las playas. El sol nos invita a salir de casa y el calor a refrescarnos con una caña bajo el chorro del aire acondicionado.

El primer día de este chino agosto, cuando hasta el Gobierno estaba pensando en las vacaciones más que en otra cosa, se reunieron Zapatero y Antonio María Rouco Varela en la que es la entrevista más importante de la II legislatura zapateril. En ella, Zapatero le dejó bien claro al presidente de la Conferencia Episcopal que el gran proyecto del Gobierno era la implantación de Educación para la Ciudadanía, que había sido aprobado por la mayoría del Parlamento y que no iban a tolerar una oposición a la ley por parte de la Iglesia. Esos son los términos del Gobierno para la guerra política más importante al menos hasta 2012. No quiere prisioneros en su lucha contra la Iglesia y no parará hasta anularla política y socialmente. Es cuestión de tiempo que prohíba, como acaba de hacer el Gobierno mejicano, el culto público.

La razón por la que se hablaba de separar Estado e Iglesia es porque la Iglesia no puede pretender valerse del Estado para imponer sus criterios morales y su visión de las cosas. El ámbito de la Iglesia es la sociedad civil. Pero, por un lado, dentro de la sociedad tiene todos los derechos que los demás, incluyendo, claro está, el de manifestar públicamente sus creencias y su fe. Y, por otro, igual que no se le debe permitir que se valga del Estado para imponerse, lo mismo ocurre con cualquier otra forma de pensar o ver la vida. Y sin embargo lo que pretende el Gobierno es, precisamente, crear nuevos hombres progresistas moldeando las tiernas mentes de los estudiantes. ¿No se imponen desde el Estado campañas con ideas que no todos compartimos? El Gobierno entiende el laicismo no como el respeto escrupuloso hacia todas las formas de pensamiento sino como la erradicación de la Iglesia de la sociedad civil y la sustitución de su mensaje, BOE en mano, por el evangelio progresista.

Detrás de este laicismo hay una pretensión totalizadora; totalitaria, en realidad. Pretende el Gobierno ordenar qué se puede permitir y qué no dentro del desarrollo de la sociedad civil. Y cree que el respaldo democrático le da licencia para moldear a la sociedad a su antojo. Zapatero se lo ha dejado claro a Rouco: no se echará atrás ni permitirá ninguna oposición a su política, una vez aprobada en el Parlamento. Es el secuestro de la libertad por la democracia.

Los contribuyentes acuden al rescate de las inmobiliarias

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

En un momento de crisis económica como es el actual, muchos ciudadanos contemplan boquiabiertos el desesperado intento del Gobierno por tratar de rescatar a las empresas que se ven abocadas a la quiebra, en concreto aquellas que pertenecen al sector de la construcción. No deberían extrañarse tanto. A poco que conozcan cómo funciona en realidad el negocio inmobiliario en España, se percatarían de inmediato que la corrupción y el pago de favores son los ejes esenciales que dominan las relaciones existentes entres promotores y autoridades locales, autonómicas e, incluso, estatales.

El elevado grado de intervencionismo público que reina en el ámbito urbanístico es la causa esencial de la podredumbre y el mal olor que desprenden los lazos político-inmobiliarios en este país. Y es que, todo proyecto, obra pública, edificio residencial o reforma inmobiliaria ha de pasar, obligatoriamente, por el despacho administrativo de turno. Es decir, por la aprobación de la autoridad política pertinente.

Tras más de diez años de crecimiento exponencial, el negocio del ladrillo en España ha generado suculentos beneficios económicos para ambas partes. Los promotores se han enriquecido hasta niveles exorbitantes gracias a la burbuja inmobiliaria, al tiempo que los ayuntamientos y los gobiernos regionales se frotaban las manos viendo el caudal de ingresos fiscales proveniente de la venta, transmisión y construcción de pisos y suelo (tanto urbano como rural).

Y eso ciñéndonos exclusivamente a la vía legal. Es decir, sin contar los sobres y maletines que se intercambiaban diariamente en el seno de los despachos públicos, a cambio del ansiado permiso o concesión que permitiera la recalificación de un terreno que, hasta ese momento, tan sólo podía emplearse a modo de patatal.

Sin embargo, la fiesta del ladrillo ha llegado a su fin tras el pinchazo de la burbuja crediticia. El sector de la construcción se derrumba a nuestro alrededor. Ante esto, la Administración Pública ha acudido al SOS lanzado por el sector aprobando todo un paquete de medidas destinadas a rescatar a sus socios y amigos. Sin embargo, será usted quien, finalmente, pague la factura de este particular Plan Marshall made in Spain.

En este sentido, la Administración Central prevé inyectar, por el momento, cerca de 25.000 millones de euros (2,5 por ciento del PIB) en el mercado residencial, a través de avales crediticios otorgados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para la concesión de hipotecas destinadas a VPO y préstamos a los promotores de vivienda protegida. A ello, se suman, como mínimo, otros 12.000 millones de euros extra para impulsar obra pública.

Y ello, sin contar los planes específicos de rescate que han puesto en marcha la mayoría de gobiernos regionales. El último caso es el de Castilla-La Mancha. En concreto, la Junta se ha comprometido a comprar el stock de pisos que acumulan las inmobiliarias que no sean vendidas antes de un año. Tal barbaridad se traducirá, sin duda, en un abultado coste para las arcas regionales, cuya cuantificación será difícil de precisar. Cómo no, los principales promotores manchegos aplauden la propuesta. ¿Será casualidad que muchas de estas empresas participan activamente en el accionariado de algunos grupos de comunicación a nivel regional? No sean ustedes mal pensados. La Junta lo hace por el bien de la economía autonómica. La única pega es que, además de tener que cumplir puntualmente con el pago de sus hipotecas, serán los contribuyentes manchegos e, incluso, los hijos de éstos, quienes, finalmente engordarán las cuentas corrientes de los constructores gracias a sus impuestos. Qué poca vergüenza, qué gran despilfarro…