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La quiebra de las cuentas públicas

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Como consecuencia, en pocos meses su balance de resultados refleja un desequilibrio presupuestario (diferencia entre ingresos y gastos) próximo a 2.000 euros anuales (2 por ciento del PIB). De este modo, Rodríguez se ve obligado a ampliar su ya abultada deuda financiera para asumir los pagos comprometidos a contratistas e inquilinos, y que a día de hoy se sitúa en algo menos de 40.000 euros anuales (40 por ciento del PIB). Y todo ello en un contexto de acentuada crisis económica y clara incertidumbre financiera.

A finales de 2008, casi el 14 por ciento de los inquilinos que viven en el citado edificio se quedan en el paro, con lo que dejan de pagar sus respectivos alquileres (impuestos). El contrato de arrendamiento establece que dichas personas tienen derecho a permanecer en sus viviendas de por vida, ya que se trata de un particular alquiler en usufructo que incluso heredarán sus hijos. De esta forma, los gastos que ocasionen deberán ser asumidos, de algún u otro modo, por el resto de inquilinos del edificio, quienes por el momento mantienen sus puestos de trabajo.

Sin embargo, a pesar de la delicada situación que atraviesa su empresa, dicho gestor insiste en mantener, e incluso incrementar, su política de gasto, sin tener en cuenta los riesgos subyacentes que amenazan la viabilidad económica del edificio en cuestión. Y es que, según él, en poco tiempo la situación mejorará, de tal forma que sus inquilinos volverán a encontrar trabajo, y así podrá recuperar las rentas perdidas.

Pero lejos de cumplirse su pronóstico, un año después (2009) la situación tan sólo empeora. El desempleo en la comunidad se dispara hasta cotas próximas al 20 por ciento, de modo que los ingresos procedentes del alquiler de viviendas se desploman respecto al año anterior, hasta el punto de que la facturación de la comunidad disminuye (recesión). A ello se suma el hecho de que la compañía en la que trabaja el señor Rodríguez está asociada a un club, presidido por el señor Barroso, cuyos estatutos establecen un desequilibrio anual máximo del 3 por ciento en el balance de cada entidad asociada (3.000 euros).

Ante este panorama de gastos crecientes e ingresos decrecientes, entidades e inversores comienzan a desconfiar de la solvencia del señor Rodríguez, por lo que endurecen las condiciones del crédito, e incluso comienzan a denegar nueva financiación a la empresa que preside. Las garantías que ofrece para el pago de sus compromisos financieros (emisión de deuda pública) comienzan a perder credibilidad ante la difícil coyuntura que atraviesa la compañía.

¿Qué opciones le quedan al señor Rodríguez antes de que su entidad sea declarada públicamente en quiebra? Tan sólo dos a fin de mantener sus compromisos de gasto: O bien subir el alquiler al resto de inquilinos de la comunidad (elevar impuestos), o bien disparar la deuda de la entidad que preside, pese a su encarecimiento. De este modo, serán los hijos y hasta los nietos de los actuales inquilinos del edificio quienes, finalmente, tendrán que pagar el exceso de gasto adquirido en la actualidad. Y es que el señor Rodríguez no concibe eso de apretarse el cinturón en épocas de crisis.

Zapatero y el Estado como instrumento

Escrito por Juan Morillo en . Publicado en Análisis diario.

En el último congreso del PSOE, Zapatero expuso lo que será su gestión y su política. Embriagado por la aclamación de sus fieles, alcanzó la iluminación total, y en pleno Nirvana soltó las primeras perlas totalitarias que se le pasaron por la cabeza: "el Gobierno es para nosotros el instrumento, el camino" y "el cambio que invocamos va mucho más allá de una mera alternancia en el Gobierno". Cuando todos nos preguntábamos a qué cambio se refería, afirmó que "el cambio es la transformación de la sociedad para que los valores humanos prevalezcan sobre el dinero o el poder. Ese es el cambio del que hablamos." Pues nada, se agradece la aclaración demagógica.

Más allá de las medidas concretas que pretende tomar, lo que me interesa es resaltar su deseo explícito de utilizar el aparato estatal como instrumento y la convicción de que así debe ser.

La idea de que el Estado es un instrumento para transformar económica y socialmente las sociedades es compartida por todos los partidos políticos sin excepción. La única diferencia son los fines que se proponen alcanzar y los beneficiarios de sus políticas.

Se plasma así, el deseo de que las formaciones e instituciones sociales no sólo sean un producto deliberado de la voluntad humana, sino que sean, además, una construcción que el individuo puede moldear, alterar o modificar ilimitadamente a su antojo para satisfacer sus anhelos. En las democracias actuales, por ejemplo, se nos asegura que las medidas deliberadas que emplean las autoridades son para lograr la llamada "justicia social". Es decir, que legitiman la coacción argumentando que las intervenciones son necesarias, benignas, sociales y a favor de los desfavorecidos.

Ciertamente, parece evidente que toda la maquinaria estatal es un instrumento, pero al servicio del poder político de turno. Conviene desmitificar la visión de un poder político carente de fines propios. El Estado es utilizado por el poder político para perseguir y alcanzar sus propios fines. Los políticos actúan praxeológicamente, pero no catalácticamente.

Para ello, los gobiernos buscan la legitimidad necesaria. ¿Cómo? Haciendo creer a la sociedad civil que es ella la que controla al Estado y se gobierna a sí misma, de forma que el Gobierno es un mero mandado/sirviente que ejecuta las órdenes y deseos del pueblo soberano. De ahí los eslóganes que suelen utilizar: "el pueblo es soberano", "juntos avanzamos", "la voluntad común", "hay demanda social de", "juntos podemos", "pacto social", "el pueblo es sabio y ha decidido". De esta forma consiguen que no sepamos dónde acaban ellos y dónde empezamos nosotros. Consiguen identificar sus intereses con los de la población. Sí, sé que recuerda a los antiguos totalitarismos, pero es que la democracia también puede ser totalitaria. Y vivimos en ella.

¿Cómo es posible que esto suceda? Básicamente porque, pese a la visión sentimental que tenemos de ella, en la moderna democracia no se ponen restricciones a los organismos gubernamentales. En la democracia moderna la tripartición clásica del poder se ha quebrado y los gobiernos han traspasado los poderes que las constituciones les habían asignado. Lo cual, dicho sea de paso, no la hace muy liberal, pese a que así la llamen. Hayek se refería a ella como democracia ilimitada, ya que el poder que se le otorga es ilimitado.

La primera consecuencia de una democracia ilimitada es que sus resultados no suelen ser los deseados o aprobados por la mayoría de la sociedad. Otra consecuencia es que el poder político se olvida del interés general para centrarse en ganarse el apoyo de grupos organizados de presión concediéndoles todo tipo de beneficios, que es lo mismo que decir que los gobiernos se centran exclusivamente en alcanzar sus propios fines (mantenerse en el poder), como hemos visto antes.

Si de algo tiene que ser instrumento el Estado es para garantizar el cumplimiento de las reglas independientes de fines (de mera conducta que diría Hayek) y el cumplimiento de los contratos, que es lo que garantiza la convivencia pacífica, la cooperación social y la libertad. Si la existencia del Estado tuviera alguna justificación, sería única y exclusivamente para que utilizase el monopolio de la coacción para realizar estas funciones. Un Estado "sin políticas", un Estado "mínimo". No parece que éste sea el rumbo que vaya a tomar el actual estado del bienestar.

Y esto es, lamentablemente, lo que permite a Zapatero y a los políticos hablar del carácter instrumental del Estado y utilizarlo para invadir todas las esferas de nuestras vidas que deseen. Éste es el principal motivo por el que el socialismo, como comentó Schumpeter en Capitalism, Socialism and Democracy, a pesar de no poder mantener sus promesas y de ser una alternativa peor para la mayoría de la gente que un sistema basado en el libre mercado, está destinado a triunfar.

El negro chantaje tiene los siglos contados

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Su extensión es superior, aunque no en mucho, a la de España. Y sus campos son suelo amable y fértil para ciertos cultivos y sus vastas extensiones el paraíso en la tierra para el ganado. Cuando se veía venir el siglo XX, cuando casi se podía tocar con la punta de los dedos, surgió en aquel Estado un mal tan penoso y tan abundante en aquellas tierras que dio en llamarse “la maldición de Tejas”. Era un mineral líquido, negruzco y harto desagradable que surgía del suelo a nada que lo inquietásemos para civilizarlo un poco: construir una carretera, tender dos vías de hierro que se cortan en el infinito… Era el petróleo, un bien preciadísimo que tenían aquellos ganaderos por condena.

Entonces lo era, pero ahora hemos aprendido a poner al petróleo a nuestro servicio y extraemos de él una capacidad energética extraordinaria. Bien domeñada por la tecnología, que cada año es, además, más diestra, nos permite conocer mundo como nunca, jamás, lo conocieron nuestros antepasados. Su energía nos ha permitido a centenares de millones de personas tener cualquier punto del mundo a nuestro alcance. Y son muchos más los usos industriales que hacemos de él. Tenemos “dependencia del petróleo”, como muchos dicen, pero sólo porque le hemos sabido dar usos que para nosotros son muy valiosos.

Pero ese mal que nosotros hemos convertido en bien ha resultado ser caprichoso en su yacimiento y gran parte de él se acumula bajo suelos en que viven millones de personas sojuzgadas por regímenes autocráticos, teocráticos o dictatoriales, o en sociedades inestables, dadas, además, al uso político de este recurso. Como es una poderosísima fuente de ingresos para el Estado al margen de los ciudadanos, las luchas políticas por su control son brutales. Y como quienes tienen el poder no necesitan de sus ciudadanos para allegar recursos al Estado, sin que por ello renuncien a los impuestos, los ciudadanos pierden capacidad política y por tanto poder de influencia sobre el Estado. Sus derechos no son tan importantes.

Es en este contexto donde se desarrolla el chantaje de que nos habla Pedro Canales en su última crónica. Occidente necesita el petróleo, pero sólo tiene una parte, y es pequeña. El resto está en manos de esos Estados que, en lugar de reconocer el derecho de los ciudadanos del mundo a ocupar y explotar los recursos, los toman ellos para hacer del negro oro un instrumento de chantaje. Cada dólar que sube el barril, ¿no se hace más doloroso? ¿Estamos condenados a pagarlo o a invadir aquellos países con tal de no hacerlo?

La política mira siempre en el corto plazo y ahí caben soluciones de todo tipo, de las cuales la guerra no es, en absoluto la última. Pero la importancia del petróleo en nuestra economía será más y más liviana. Y, sin llegar a desaparecer jamás, como tampoco lo hará el negro combustible, su peso en nuestras vidas está llamado a ser menor con el paso de las décadas.

Esto es así porque sabemos crear más valor por cada unidad de energía, por lo que el porcentaje de la energía en el PIB no deja de ser cada vez menor en las economías desarrolladas. Por otro lado, las áreas con mayor desarrollo están asociadas a la electricidad o el láser, energías que se pueden producir con otras fuentes. Además la lista de fuentes energéticas utilizadas masivamente está aún abierta, a la espera de que el hidrógeno o alguna energía de las llamadas “alternativas” dejen de serlo. Además podemos extraer energía del uranio durante miles de años. Es decir, que las tiranías del petróleo tendrán cada vez menos poder. Eso sí, tendremos que contárselo a los nietos de los nietos de nuestros nietos. O quizá no tengamos que esperar tanto.

Dependientes de Zapatero

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Zapatero va a necesitar mucha "justicia social" para enmascarar su gran plan: comprarle a los archimillonarios promotores todo el suelo que no tiene salida para socializar las pérdidas de quienes se han enriquecido estos últimos años con el negocio inmobiliario. Hace bien, me siguen pareciendo pocos los Cayenne que veo en la carretera.

Su gran plan "social" es una ley para la que, por vez primera, empieza a reconocer que no tiene dinero suficiente. El nombre, eso sí, no puede ser más a propósito: "Ley de Dependencia" se llama, porque esta será, en la medida en que se implante, su verdadera realidad: la dependencia de decenas de millares de familias del dinero que haya en la caja del Estado, que es el que sale de los bolsillos de todos. Por de pronto, el que hay no es suficiente para todas las promesas que ha hecho Zapatero con el dinero de los demás.

La dependencia es un arma en manos del Estado. Recordarán que el pte. González ganó unas elecciones diciéndoles a millones de pensionistas que Aznar les iba a robar las pensiones. La dependencia económica del Gobierno es también una dependencia personal y política. Por eso la mejor política social es la de crear ciudadanos que se valgan por si mismos, que puedan sostenerse con un patrimonio propio creado con años de ahorro y juiciosas inversiones. Una sociedad de propietarios es una sociedad de hombres y mujeres libres.

Una sociedad libre tiene hueco para los pobres. De hecho, es la única en la que tienen una oportunidad real generalizada de escapar a su situación. No ya porque una sociedad libre produzca riqueza para todos; no sólo porque las grandes fortunas se hacen produciendo bienes de consumo masivo, acercando a quienes menos tienen lo que antes era exclusivo de los más ricos. Es que, incluso para quienes no tienen absolutamente nada, una sociedad en libertad es la mejor opción.

Porque la caridad privada no crea dependencia; huye de ella. A lo largo de la historia, a medida que se ha ido acumulando experiencia en este terreno (y la hay desde hace hace cuatro mil años) se ha visto claro que, en la medida de lo posible, la caridad no es una cuestión de dinero, sino de comportamiento. Que lo importante es la persona y su capacidad para salir adelante por sí misma.

Nada que ver con la dependencia que busca el Gobierno de quienes necesitan ayuda.

Colapso judicial, una lacra estatista

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

A raíz de la huelga de funcionarios al servicio de los jueces se ha puesto de manifiesto para el gran público, si es que no lo estaba antes, el colapso que padecen juzgados y tribunales. No es algo nuevo, sino una progresión sin aparente final desde hace décadas. No vamos a profundizar en las reformas legales efectuadas ni en los cambios sociales sufridos en estos años. Simplemente, y no es poco, trataremos de explicar esta penosa situación a la luz del teorema general de imposibilidad del socialismo, teniendo en cuenta las aportaciones de la teoría de la tragedia de los bienes comunales. Para ello seguiremos las ideas expuestas en Justicia sin Estado, de Bruce L. Benson.

Señala el autor que la saturación de tribunales y juzgados no es característico de un país concreto, sino que acontece con similar intensidad en el resto del mundo desarrollado. El poder judicial ha sido absorbido, paulatinamente y de diversa forma, por el Estado moderno, en sus comienzos inserto en un proceso hacia el mercantilismo más atroz y hoy profundamente intervencionista, a pesar del contrastado fracaso del socialismo y la evidente aplicación del teorema que en 1920 publicó Mises como imposibilidad general de la planificación central o el estatismo.

Al estar en manos del Estado, la función de resolver controversias y castigar a los delincuentes con pronunciamientos ejecutivos e irresistibles una vez firmes, queda al margen de las señales que el mercado libre pone a disposición de la producción de cualquier bien o la prestación de cualquier servicio, como es el caso. Sin precios de mercado resulta imposible asignar recursos de forma racional. El despilfarro así como la ineficiencia se hacen inevitables. No es posible practicar un cálculo económico que ayude al actor, en este caso al "poder judicial" (en España, el Estado en su implacable inmensidad), a planificar su curso de acción ajustando sus decisiones a la situación del mercado abierto en la demanda de resoluciones judiciales de diversa naturaleza.

Benson va más allá y toma la tragedia de los bienes comunales como explicación satisfactoria y certera. El exceso en la demanda de los servicios judiciales se debe a la gratuidad, o práctica gratuidad de las mismas. Los costes no son asumidos por el actor procesal, al menos, no en su totalidad. Los particulares contratan con abogados y procuradores como requisito general de postulación. Las costas procesales, en su caso, con el tratamiento legislativo contingente, buscan disuadir al demandante temerario o abusivo, o tratar de expulsar los casos poco seguros o con un gran riesgo de ser perdidos. Aun así, esto no siempre sucede y Benson opina que sin un sistema rígido de "pierde-gana", donde el perdedor carga con todo el coste del proceso, incluida la defensa o representación de la parte contraria, difícilmente los consumidores del servicio judicial asumirán los costes reales, adaptando así su consumo en función de los fines que prevén obtener.

Dada la saturación actual, el coste se mide en función del tiempo hasta la resolución final. El sistema ha conseguido, en su ineficiencia congénita y sin visos de solución, aunar dos elementos: por un lado se atrapa a los legítimos demandantes en un eterno e infernal camino de desesperación procesal; mientras tanto, incentiva a quienes persigan fines espurios calculados incluyendo en la ecuación la ineficiencia misma del procedimiento. El resultado es manifiestamente mejorable…

Los agentes de la intervención, las mentes pensantes que pretenden sostener el sistema a pesar de su imposibilidad contrastada, intentan ajustarlo sin recurrir al libre mercado de servicios judiciales. Dos son las vías de reforma. Por un lado el cambio de las leyes procesales, la reducción de requisitos y trámites, la disminución de garantías consideradas ineficientes, en términos estáticos; en definitiva, un análisis económico del Derecho Procesal que en nada bueno servirá a la libertad y los derechos de propiedad de los ciudadanos.

La segunda vía propuesta y practicada por el voraz Estado es la multiplicación de los recursos a disposición de la prestación del servicio. Ciego, sin precios de mercado, incapaz de afrontar la asignación en base a señales espontáneas y libres que interpretar subjetivamente y tratar de incluir en un plan de acción con visos de alcanzar el beneficio perseguido, sucumbe ante la más desventurada de las soluciones. Más edificios, más jueces, más funcionarios. Las Ciudades de la Justicia proliferan en España, las comunidades autónomas, competentes en instalaciones y gestión de las mismas, entre otras cosas relacionadas con la prestación del servicio, amplían el espacio dedicado, mejoran los medios materiales, pero lo hacen sin ton ni son, en exceso o de menos, despilfarrando o quedándose cortas. Por otro lado el Estado se resiste a ampliar el número de plazas de jueces y magistrados, se pelea con los funcionarios que no comprenden o asumen la descentralización política de 1978 y pretenden idéntica retribución con independencia de la administración pagadora y autónoma. Del mismo modo, el Estado continúa complicando el entramado jurisdiccional, creando juzgados sin apenas asuntos, o con una cantidad ingente de los mismos. En base a la especialización y respondiendo a una legislación movida por la discriminación positiva o la claudicación ante presiones sectoriales, la planta judicial hace aun más difícil el ajuste.

En conclusión, no es la falta de presupuesto lo que colapsa los juzgados e impide a los ciudadanos ver satisfecha su demanda legítima de servicios judiciales. El racionamiento se hace inevitable en la gestión de bienes comunales por la autoridad competente. La discriminación en cuanto al tipo de cuestiones que perseguir con mayor o menor intensidad deja a la ciudadanía en la total indefensión de sus legítimas pretensiones.

Tenemos herramientas suficientes para reconsiderar muchas cosas, devolver al ciudadano lo que es suyo, desechar lo que a todas luces se ha demostrado liberticida e ineficiente, estática y dinámicamente. Abrir el debate es nuestra intención, lo que venga después, ya se verá.

Creyentes pero no practicantes

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Nos dicen: "La copia privada existe desde 1987 y tiene por objeto compensar a los titulares de derechos por el daño que producen las copias que todos nosotros hacemos". No es del todo cierto. Tan sólo es una compensación por las copias privadas, no por aquellas que no entran en dicha categoría, por ejemplo las correspondientes a la piratería. Además, esas supuestas pérdidas son las ocasionadas por no comprar más de un original de una obra para, por ejemplo, escucharla en casa y en el coche. También afirman: "La Ley excluye del pago de la compensación a las ADSL". Verdad, pero que deje de ser así es una vieja demanda de las entidades de gestión. Afortunadamente, aún no se han salido con la suya. El sitio explica que "un equipo de música de salón lleva pagando 0,6 €, es decir, medio café, desde 1994". ¿Y? Por poco dinero que sea, las entidades no tienen un legítimo derecho a él. Pagas por comprar el CD original y has tenido que pagar antes a las entidades para tener la posibilidad de escucharlo.

"En 2006, 145 millones de obras fueron copiadas en DVD y por tanto dejadas de comprar. Su valor en el mercado habría sido de más de 2.000 millones de €". Primero, deberían explicar de dónde sale esa cantidad. Segundo, si entre esas copias están las que no corresponden a la copia privada, no justifican el pago de canon. Y tercero, que alguien se copie una película o un CD no quiere decir que hubiera comprado el original. Continúan: "100 DVD vírgenes, que permiten grabar 100 películas cuyo precio en el mercado sería de 2.000 €, pagan 44 € de compensación con la nueva ley". Esos mismos DVD permiten almacenar muchas cosas que no son películas. Además, si los DVD son recargables, esa cantidad sube de los 44 euros que nos dicen a los 60.

Nos recuerdan que "los ordenadores no pagan canon porque la ley aprobada el año pasado exime de su pago". Pero sí lo hacen algunos de sus componentes, como por ejemplo la grabadora de DVD. A esto añaden que "según el borrador de la Orden Ministerial, la regrabadora de DVD paga 3,15 €". Lo mismo que en el caso del equipo de música. Por poco dinero que sea, es mío, y las entidades de gestión no tiene legítimo derecho sobre él. Además, este dispositivo se puede utilizar para almacenar contenidos que no tienen nada que ver con los derechos de autor.

También afirman: "La cámara de fotos nunca ha pagado canon ni se prevé que lo pague". Cierto. Pero muchas no tienen memoria propia, o tienen poca, y todos utilizamos tarjeras por las que sí se paga, en concreto 30 céntimos por cada una. Por cierto, que mientras aquí se señala que "ni se prevé que lo pague", en el caso de los ordenadores y las ADSL no se dice lo mismo. Continúan: "Un reproductor de DVD de salón pagaba antes 6,61 €, y con la nueva Orden pagará 3,4 €". Una mejora, pero sigue siendo un pago injusto, Aplíquese lo que decía de las cadenas domésticas de música".

Añaden: "10. 200 CD vírgenes que a la mayoría de los consumidores les permiten grabar 24.000 canciones en mp3, cuyo valor en mercado sería de 28.000 €, pagan de canon 34 € con la nueva Ley". O 44 si son regrabables, se debe añadir. Además, aplíquese aquí lo que decíamos de los DVD. Y terminan diciendo: "Es mentira que una familia española vaya a pagar 303 € de canon al año, puesto que si fuese verdad los ingresos de las entidades serían de 3.630 millones de €, mientras que la recaudación es inferior a los 90 millones". Por mucho que esto que dicen sea cierto, las entidades de gestión no tenían legítimo derecho a los 84 millones de euros que recaudaron de canon digital el año pasado, o a los 99 millones de 2006.

Y a estos argumentos hay que sumar otro más contundente: la propiedad intelectual es una farsa.

Respuesta a Copia Privada Sí

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

En este video que está dando la vuelta al mundo se interpela a los asistentes a una conferencia del líder máximo de la Venerable Iglesia de la Calentología sobre la forma en que ponen en práctica los mandatos del Vicario de Gaia en la Tierra. Por ejemplo, en la publicidad del acto se invita a todos los fieles a que utilicen la tracción animal (es decir, que vayan a pie o en bicicleta) o que, en su defecto, usen los medios de transporte público para sus desplazamientos. Hacer largas caminatas y seguir una dieta baja en judías y coliflor son medidas necesarias para disminuir la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero y, de esa forma, impedir que los océanos acaben arrasando nuestras ciudades a corto plazo. Pero los calentólogos de base no hacen ni lo uno ni, por extensión, suponemos que "lo otro".

Como se ve en el vídeo, la mayor parte de los asistentes a la liturgia celebrada por Su Goricidad acude en taxi a pesar de que al otro lado de la calle hay una estación del metro y varias paradas de autobús. Además, ni siquiera le piden al taxista que apague el aire acondicionado para frenar el calentamiento global, en favor de su propio enfriamiento personal.

Por su parte, la Sagrada Familia tampoco se presentó pedaleando en una bicicleta tipo tandem, sino a bordo de una limusina, acompañada a su vez de un cortejo de vehículos de gran cilindrada que permaneció con el motor en marcha y el aire acondicionado conectado el tiempo suficiente para evitar que Tipper Gore (no confundir con Tupper Ware) sufriera los rigores del calentamiento global profetizado por su churri.

Como siempre ha ocurrido con la izquierda a lo largo de la Historia, el coste de su ingeniería social siempre lo pagan los demás. También Gore y su legión de calentólogos se han autofabricado un salvoconducto que les mantiene al margen del flagelo moral que aplican al resto de congéneres. Ellos están luchando por salvar a la humanidad, por lo que el uso habitual del jet privado y el consumo masivo de fuel en su vida cotidiana lo consideran un peaje aceptable. Tengámoslo en cuenta la próxima vez que dudemos entre ir al super en coche o a pie.

La corbata de Sebastián

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

El Gobierno ha presentado, muy ufano, un plan de ahorro energético. El objetivo es utilizar menos energía; adoptar usos y comportamientos, dice el ministro, más “eficaces”, en el sentido de que podamos hacer nuestra vida más o menos igual, pero utilizando menos energía. Poniéndose como ejemplo, se ha quitado la corbata para que su cuerpo no se atosigue con un aire acondicionado que apenas refresca el ambiente. Aunque la capacidad de Miguel Sebastián como líder de masas, capaz con su sola palabra de arrastrar a millones de españoles a su filosofía ahorradora, fuese irresistible, aunque su discurso nos llevase en manada a estudiarnos todo lo que el ministerio quiere que hagamos, el “plan de ahorro energético” de Sebastián está condenado al fracaso.

Porque lo característico de las sociedades progresivas es el uso creciente de energía. Utilizamos más energía, y sobre todo mejor. La energía puede clasificarse en grados de “calidad” en función de su nivel de entropía, es decir, de desorden. El calor es la forma más “degradada” o desordenada, y a medida que desciende su nivel de entropía (que se puede calibrar en cantidad de energía dividido entre la temperatura), a medida que vamos “purificando” la energía, transformándola en formas más ordenadas, como la electricidad o los rayos-x, da lugar a usos que son para nosotros más valiosos. O, más bien, nos abre la posibilidad de hacer usos de la energía a los que antes no podíamos acceder. Y cuanto más “pura” u ordenada es esa energía, más ineficaz es, en el sentido de que hemos tenido que despreciar una cantidad mayor de energía, acaso en forma de calor, en relación con la que utilizamos.

Tal como explican Peter W. Huber y Mark P. Mills en The Bottomless Well, a medida que hemos ido adoptando economías más ricas y complejas, hemos ido utilizando más y más energía y, sobre todo, de un orden mayor. Si en la economía primitiva las fuentes de energía principales eran el sol (en las cosechas), la leña y los animales, con alguna contribución de la que proporcionaban el viento y el caudal de los ríos, el carbón que se quemaba en la máquina de Watt supuso la utilización de un depósito de energía más concentrado y que pronto permitió la producción creciente de una nueva forma de energía (nueva para nuestros usos): la electricidad. El porcentaje de electricidad utilizada por las economías desarrolladas no ha dejado de crecer, y el valor asociado a esos usos lo ha hecho igualmente.

La única salvación debe de estar en la adopción de tecnologías más eficientes, que obtengan iguales o mejores resultados con mucha menos energía. Con la búsqueda permanente de la eficiencia podemos tener el mejor de los mundos: más servicios y más valiosos, con un consumo decreciente de energía. Sólo que no es eso en absoluto lo que ocurre. Como cuentan Huber y Mills, “para reducir el consumo de energía, una tecnología más eficiente tendría que tener más impacto en los mercados que reemplaza que en los nuevos mercados en que se infiltra”; es decir, que “las nuevas tecnologías, más eficientes, sustituyeran a las viejas más rápido que lo que tardamos nosotros en encontrarles nuevos usos”.

Pero lo que ocurre es exactamente el contrario. Al igual que el paso, gracias a las nuevas tecnologías, de la producción artesanal y cara a la producción en masa y barata no reduce el mercado del producto que realiza esa transición, pese a la caída dramática en los precios, la introducción de tecnologías más eficientes permite infinidad de nuevos usos, antes imposibles o prohibitivos. Y su extensión a más y más mercados hace que, pese a la mejora en la eficiencia, el consumo de energía crezca, y no disminuya.

De modo que, o cambia nuestro Gobierno el curso de la historia o la corbata de Sebastián no va a servir de nada.

La factura de la crisis va a cargo del ciudadano

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El PP propone cosas como las que cito textualmente del documento pronunciado ante el parlamento el 21 de julio: afrontar la realidad sin engañar a los españoles, garantizar la independencia y transparencia de los organismos reguladores, respetar el libre mercado y reducir la cotización al fondo de garantía salarial. Incluso ha hecho propuestas tan ridículas como crear una oficina de información y seguimiento de los precios, como si no hubiesen suficiente burócratas haciendo estudios inútiles sobre la evolución de la economía.

No hace falta ser un premio Nobel para formular propuestas de este calibre. El problema es cómo hacerlo sin crear más burocracia, más lobbies y reducir el gasto a la vez haciendo ganar poder adquisitivo al ciudadano. Ante los problemas propios de la política, que ya son los difíciles de resolver, el PP no dice nada. Muy probablemente no lo habrá ni pensado.

El partido de la oposición sólo ha sido claro en dos temas, el gasto público y la reducción de impuestos. En lo referente a los PGE 2009, el PP propone aumentar el gasto un 2% frente al 5% del Gobierno socialista. ¿En plena crisis, y el PP aún quiere aumentar el gasto público? Puede ser una proposición muy políticamente correcta y centrista, pero carece de valor real. Los presupuestos del Estado han de reducirse al menos en dos dígitos, y no incrementarse.

Esto contrasta con otro pilar del PP, reducir impuestos. Concretamente reducirlos en un 20% para las PYMES. ¿Aumento del gasto y reducción de impuestos? Algo así es inviable. Lo que nos viene a decir el PP es que desviarán ciertas partidas innecesarias para colocarlas en otras más urgentes. Desde el punto de vista político, esto no se puede hacer porque surgen quejas de todos los lobbies y sectores estratégicos. El Gobierno siempre acaba cediendo a las minorías chillonas, porque las mayorías, la clase media, no se quejan nunca. Este es el gran filón de financiación de todo Gobierno, la clase media. La explicación más lógica es que el PP hiciese lo que ya realizó con Aznar, bajar algunos impuestos y subir otros. En la era Aznar, a pesar de las bajadas de impuestos que hubo, la presión fiscal aumentó. ¿Qué sentido tienen bajar impuestos de esta forma? En términos netos, es un aumento de impuestos.

No menos absurdas ni falsas son las medidas del Gobierno. Zapatero ha dicho por activa y pasiva que no reducirá los servicios públicos. Sin embargo, los fondos destinados a la ley de la dependencia ya se han reducido un 25%, nada menos que 200 millones de euros. Por otra parte, tenemos intervenciones en el sector privado como la de Corredor, que quiere gastarse 300 millones de euros para la construcción de vivienda protegida (VPO). Esto es lo que se llama socialismo para ricos. Durante todos estos años los constructores se han enriquecido legítimamente en el mercado, y ahora que el mercado se ha cansado de ellos, recurren a papá Estado. Esos 300 millones van a salir de los bolsillos de todos los españoles, tengan VPOs o no. Aquí no hay valor añadido a la producción porque la demanda no exige más viviendas, por eso los precios están bajando, de lo contrario subirían o al menos se mantendrían. Aquí el Gobierno se limitará a hacer transferencias de capital del pagador de impuestos (ciudadano) al consumidor de impuestos (constructores).

No hay político en este país que pueda solucionar o atenuar la crisis que ya tenemos. Sus propuestas son débiles o directamente falsas. Zapatero ha reiterado que no quiere pactar con el PP porque no quiere que los platos rotos los paguen siempre los mismos. No es el PP, sino esta ineficiente clase política, que sólo trabaja para las minorías y obliga a los de siempre (la clase media) a pagar los platos rotos, la cubertería, las reformas… en definitiva, todo.

¿Por qué todo el mundo quiere un iPhone?

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

La telefonía móvil es el invento reciente que mayor y más rápida difusión y aceptación ha tenido entre el público de todo el mundo. Los aparatos que llevamos ahora en el bolsillo eran impensables hace sólo 20 años más allá de las películas de ciencia-ficción. Y no sólo por su tamaño y el despliegue de tecnología del que alardean en unos pocos centímetros cuadrados, sino por el bajísimo precio por el que adquirimos el último modelo de teléfono que, además, sirve de agenda digital, de reproductor de música, de cámara fotográfica y de consola de videojuegos.

El mercado de la movilidad telefónica creció de un modo exponencial durante el segundo lustro de los años 90 y el primero del nuevo siglo para estabilizarse en una feroz competencia por el tamaño, las prestaciones y, ya al final del ciclo, el diseño y la apariencia del interfaz gráfico. Entonces, cuando todos pensábamos que en telefonía móvil estaba todo inventado y los nuevos modelos no harían sino perfeccionar lo ya existente abaratando aun más el precio, ocurrió lo inesperado. Apple, una compañía californiana que hace una década se encontraba al borde de la quiebra, anunció un teléfono que hacía lo que todos los demás, pero con un estilo muy personal y algún que otro chisporrotazo de tecnología nunca visto antes.

Se trataba del iPhone, el teléfono móvil que reinventaba el mismo concepto de teléfono móvil, una suerte de año cero de la nueva tecnología desde el cual empezaría a datarse hacia detrás y hacia delante la historia de esa industria. Dicho así parece un plan pretencioso e irreal, pero sus creadores sabían muy bien lo que se hacían. Tan bien que, un año después de su lanzamiento, quien no tiene aun un iPhone quiere hacerse con uno lo antes posible, aunque sólo sea por probarlo, por tener entre sus manos la leyenda en metal, silicio y cristal de nuestra época.

¿Por qué deseamos tanto un teléfono nuevo, caro y difícil de comprar en un mercado saturado, donde todos tenemos ya un móvil moderno y barato? ¿Por qué todos o casi todos queremos tener un iPhone a pesar de que, para obtenerlo, tengamos que hacer primero cola y después casarnos con la compañía telefónica? El marketing, evidentemente, ha tenido mucho que ver, pero otras marcas también cuentan con competentes departamentos comerciales y no han conseguido lo mismo. El diseño ha influido, pero el iPhone no es el único teléfono bonito del mercado. La tecnología importa, la pantalla multitáctil del iPhone es una virguería de la que disfruta en régimen de monopolio, pero hay muchos modelos que equipan grandes avances tecnológicos exclusivos a un precio inferior.

Nos gusta el iPhone por una mezcla de todo. Nos gusta porque nos lo han vendido bien, nos gusta porque es una preciosidad y nos gusta porque hace cosas que otros no hacen y las hace de un modo muy vistoso. Pero, sobre todo, nos gusta porque todos hablan de él, porque está de moda y porque tiene algo que no se puede ni explicar ni racionalizar. Ese intangible e incuantificable atractivo es el que ha marcado la diferencia. Apple ha sabido capturar el zeitgeist, el espíritu del momento, en algo tan aparentemente prosaico como un teléfono móvil. El consumidor, que no toma siempre decisiones racionales, lo ha entendido a la primera y se ha lanzado a poseerlo demostrando a los teóricos de la economía que dos y dos no siempre suman cuatro, unas veces suman tres y otras, como en el caso del iPhone, suman diez.