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Otra balanza fiscal es posible

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

La UE pretende convertir en presunto culpable (Borau estará contento) de "contrabando digital" a todo aquel que ose salir de un avión llevando consigo un ordenador portátil, un reproductor de mp3 o un teléfono móvil. De prosperar la propuesta del G8, cualquiera que llegue a un aeropuerto se arriesga a que las fuerzas de seguridad le confisquen temporalmente cualquiera de los dispositivos señalados, u otro susceptible de contener archivos "pirateados".

Es cierto que la propuesta es para tratar de localizar a quienes entren, por ejemplo, con una cantidad inusual de soportes que permitan almacenar canciones, películas u otros archivos que tanto preocupan a las SGAE, DAMA, RIAA y similares de todo el mundo. Pero también lo es que, tal como está hecha, cualquiera puede ser parado en el control del aeropuerto y quedarse por un tiempo sin su portátil o su móvil, por ejemplo. Además, a diferencia de otro tipo de controles en el aeropuerto, revisar el contenido de muchos de estos dispositivos supone una intromisión absoluta en la intimidad. Cabe preguntarse, por ejemplo, quién impedirá que las fuerzas de seguridad lean el correo electrónico o revisen la agenda de contactos.

A eso hay que añadir los problemas adicionales a los que se pudiera enfrentar un viajero que viera cómo alguno de estos aparatos o soportes le es retenido. Cualquier persona podría verse privada por un tiempo, aún sin definir, de un elemento de comunicación tan importante como su móvil, o de una herramienta de trabajo como su ordenador. El daño que producido por la imposibilidad de ponerse en contacto con alguien cuyo número tan sólo se tiene guardado en el teléfono, o por no poder contar en una reunión de trabajo con los documentos o la información guardada en el portátil o un DVD puede ser muy grave.

¿Cómo sabrán los encargados de buscar a esos presuntos "contrabandistas digitales" que un CD es una copia "pirata", y no esa "privada" que permite la legislación de muchos países, o que las canciones que contiene un mp3 han sido compradas por Internet? ¿Y cómo distinguirán si unas canciones tienen los derechos de autor tradicionales y no otro tipo de licencia de las denominadas libres? Cuesta mucho creer que todos los aeropuertos dispongan de listados de todas las obras que existen en el mundo según el tipo de licencia a la que se acojan. Eso por no hablar que, en el primer supuesto, es un poco demencial pretender que se viaje con el recibo de todos los discos, películas o canciones sueltas que se han comprado.

La realidad es que, aunque por el momento todo esto es sólo una propuesta, resulta sin embargo muy preocupante. Que los jefes de Estado y Gobierno se planteen estas cosas demuestra hasta qué punto la industria del entretenimiento y las entidades de derecho de autor en todo el mundo han adquirido una influencia desmesurada. Por lo tanto, no resulta descabellado pensar que este tipo de controles aeroportuarios pueden terminar implantándose en todo el mundo.

Mal andamos cuando la defensa de los intereses de cantantes y cineastas se equipara, por ejemplo, con la lucha contra el terrorismo.

De los polvos del “servicio público de televisión”

Escrito por JOSE ANTONIO BAONZA DIAZ en . Publicado en Análisis diario.

“Riñen los ladrones y descúbrense los hurtos a voces”
Refrán castellano

El artículo 10.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, comienza proclamando que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, el cual comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin consideración de fronteras, y sin que las autoridades puedan interferir en ese derecho.

Sin embargo, el estatismo de los políticos europeos –el cual podía considerarse atávico ya en los años 50 del pasado siglo, que fue cuando se promulgó el convenio– frenó las veleidades liberales que podía despertar un enunciado como el anterior. De esta manera, un último inciso aclara que esa libertad no obsta para que los Estados sometan a un régimen jurídico de autorización previa a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión. Como consecuencia de ello, todavía a finales de los años setenta del siglo pasado, los gobiernos europeos del llamado mundo libre tenían sometido el sector audiovisual a un férreo control. De hecho, en la mayoría de ellos un monopolio televisivo gestionado por empresas o agencias estatales se encargaba de transmitir sus contenidos.

Aun con todo, el intervencionismo tiene grados. Y los servidores del Estado que negociaron en 1977 la firma del convenio en nombre del Gobierno de España quisieron dejar claro que el monopolio televisivo estatal surgido durante el franquismo no iba a ser amenazado en el futuro. El tribunal europeo podía interpretar que autorización previa no equivale a aplazar sine die el reconocimiento de un derecho individual a fundar empresas que se dediquen a esa actividad televisiva, invocando su derecho a la libertad de expresión. Si hubiera sido de otro modo, no habrían añadido que el Estado español interpretaría las disposiciones de ese precepto como “compatibles” con el régimen de organización de la radiodifusión y televisión en España.

Entre el momento de la rúbrica y la ratificación del convenio se promulgó la constitución de 1978, cuyo artículo 128.2 proclama que mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

La doctrina administrativista española –siguiendo el campo trillado por teóricos decisionistas franceses e italianos– ya había puesto a disposición del régimen de Franco la “técnica” de considerar la radio y la televisión como servicios públicos. Nótese que dentro de esa lógica ordenancista cabe que la titularidad pública de un servicio no condicione a un gobernante para adjudicar su gestión a una empresa privada mediante una concesión administrativa. Pero esta fórmula podría entenderse como incompatible con un régimen de libertad de empresa y de expresión –intervenida, eso sí– como la implícita en el convenio europeo. Después de todo, se puede deducir de ese texto que corresponde al Estado otorgar licencias a todos aquellos particulares que cumplan una serie de requisitos previamente establecidos, dentro de las limitaciones del espacio radioeléctrico. Con el paso del tiempo, no obstante, el desarrollo tecnológico hizo añicos los pretextos para coartar la libertad con base en la socorrida escasez de ese espacio.

Después de la aprobación de la constitución y los estatutos de autonomía, comenzó una loca carrera entre las comunidades autónomas por fundar televisiones públicas que replicaran en sus respectivos ámbitos al “ente público” por antonomasia: RTVE. En la actualidad, casi todas ellas cuentan con uno o varios canales de televisión. Como era de esperar, visto su modelo, las deudas del juguete favorito de los políticos no tardaron en llegar, ya que los ingresos que obtienen no cubren los gastos de explotación ni, claro está, sirven para amortizar el desembolso que se hizo para su puesta en funcionamiento con cargo a los presupuestos públicos.

Tiempo después, uno de los gobiernos de González Márquez promovió la concesión de tres canales de televisión analógica de ámbito nacional a la gestión privada. Una ley de 1988, que calificó a ese servicio público como esencial, dio la cobertura legal a esa iniciativa. Ya se sabe que los dirigentes socialistas españoles, en algunos aspectos alumnos aventajados del intervencionismo que aprendieron durante el franquismo, han conseguido profundizar esa línea de actuación política proclamándose antifranquistas. Una penúltima intervención legislativa, promovida por el actual Gobierno, amplió a cinco los canales privados de ámbito nacional que se permiten antes del llamado apagón analógico.

Dentro de este contexto, cuando el pasado viernes se conocieron los tres acuerdos de la UEFA con RTVE, la FORTA y Mediapro para adjudicar los derechos de retransmisión de los partidos de fútbol de la liga de campeones europea, durante tres temporadas a partir de la temporada de 2009, comenzó un debate cuyo desenlace podría resultar interesante, si se extrajeran las lecciones adecuadas de la situación.

Privado de uno de sus productos estelares, uno de los grandes grupos beneficiarios del oligopolio legal de esos servicios de televisión se dio cuenta de los perjuicios que causa ese modelo de regulación, basado en la falaz noción de servicio público esencial, del que resultan paganos forzosos los contribuyentes.

Como muy bien dice ahora el periódico del grupo Prisa, el mantenimiento de todas las televisiones públicas genera un despilfarro de recursos que, tarde o temprano, se arrebata a los contribuyentes. Incluso cuando esas empresas públicas no pujan por los codiciados derechos de retransmisión del fútbol, añadiría yo. Ahora bien, vistos los intereses creados, mucho me temo que todo esto quede en una nueva escaramuza entre grupos de comunicación que buscan los favores del Gobierno de turno. Una cortina de humo que esconda la urgencia de desterrar esa ficción de que la televisión sea un servicio público que justifica la gestión directa o indirecta por parte del Estado, en primer lugar.

Despejada esa fantasía, podría iniciarse un verdadero proceso privatizador y liberalizador de ese mercado. Dada la carga que el endeudamiento de las televisiones públicas tiene para los contribuyentes, el siguiente paso debería ser bien su enajenación en subasta pública, al tiempo que se garantizase a los potenciales postores que la adjudicación les permitiría tomar las decisiones empresariales que considerasen oportunas, o bien su liquidación, si las subastas quedaran desiertas. Se perdió la oportunidad –sobre todo allí donde se anunció– de iniciar un proceso privatizador antes de que la aparición de nuevos modos de difusión (internet, TDT, satélite) redujera el atractivo potencial de todos esos activos de titularidad pública. Pero, cuanto más tiempo se tarde, más gravoso será tapar tamaño agujero sin fondo.

La lección de Raúl Castro a la política occidental

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Se imagina que habría pasado si algún político del PP hubiese pronunciado algo semejante? Los periodistas lo habrían tildado de retrógrado, el Gobierno socialista correría para aprobar alguna ley que prohibiese hacer apología del anti-igualitarismo, con su ministra de igualdad Bibiana Aído a la cabeza, y los actores habrían pedido directamente la ilegalización del PP.

Castro ha dado una importante lección a los políticos del mundo que intentan cambiar las cosas con pactos, acuerdos de decenas de países y grandes cantidades de dinero usurpadas al pagador de impuestos: las grandes reformas empiezan por uno mismo y sólo se producen si realmente existe voluntad real. Esta fue una lección que ya vimos en Europa en el siglo XIX con el empresario y político Richard Cobden. El político inglés hizo una proeza tan difícil de imaginar entonces como ahora. Cobden y sus aliados empezaron la abolición unilateral de los derechos arancelarios para expulsar el monopolio de ley que tenían las clases privilegiadas y aristócratas. Sin permiso de nadie y sin grandes pactos internacionales, la apertura del mercado de forma unilateral llevó al Reino Unido a la mayor época de gloria que jamás haya vivido.

Los políticos occidentales de nuestros días han optado por el camino contrario. A diferencia de Cobden y Castro, no quieren hacer las reformas en su casa, sino en la casa del vecino primero. Han creado grandes monstruos burocráticos para conseguir el objetivo contrario al que inicialmente pretendían. Los bancos centrales, cuya misión es la estabilidad de precios y la prudente emisión de moneda, han creado una crisis mundial que nadie puede parar. Organizaciones como el FMI y el BM pretenden socorrer a los países pobres y con problemas, pero no ayudan al bolsillo del ciudadano, sino al de sus Gobiernos, dejando a la gente desamparada. Tal vez el mayor fracaso conocido sea la ONU. Esta organización jamás ha impedido ningún conflicto. Al contrario, sus fuerzas de pacificación son una fuente continua de tráfico de armas, corrupción, violaciones y abusos sexuales. ¿No se creó para todo lo contrario? Un organismo paralelo, la FAO, ha presionado recientemente a los casi 200 países que la componen para que apliquen de una vez las medidas pactadas. ¿Si no lo han conseguido en 60 años, que nos hace pensar que ahora cambiarán? ¿Cómo se van a poner de acuerdo 200 países con intereses tan diferentes y que están dirigidos además por políticos que jamás han destacado por su honradez, prudencia ni mesura?

Raúl Castro podría haber mantenido una línea perfecta con la revolución socialista llamando al victimismo tal y como hacía su hermano quejándose de que todas las penas de Cuba se deben al imperialismo yanqui, o correr a países amigos, como por desgracia España, para pedirles dinero. La decisión del líder cubano está siendo valiente, va en la buena dirección para sus ciudadanos, ya que les da mayor libertad, y parece una reforma sincera, no como la Alianza de Civilizaciones o los macro pactos gubernamentales contra el hambre que se firman con la intención de salir en la prensa y no hacer nada después.

Si Cobden hubiese impulsado el liberalismo a través de alianzas librecambistas como las que pretenden el NAFTA, CAFTA y acuerdos políticos similares, muy probablemente habría disfrutado del mismo éxito que tienen ahora estas alianzas, ninguno. La intención de crear un mundo mejor no se consigue a través de la buena voluntad de los políticos ni con los supuestos consensos a los que llegan. Las reformas empiezan desde dentro, dando entrada de forma radical al capitalismo y a la libertad individual. Esperemos que Cuba no se detenga aquí y llegue a ser un símbolo del capitalismo, es decir, de riqueza, prosperidad y libertad.

De cómo liarla al pasar de minutos a segundos

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

Viene esto a colación de la investigación a que los tres operadores están siendo sometidos por la Comisión Nacional de Competencia debido a la conducta que realizaron al adaptar los precios de sus servicios a la Ley de Mejora de Protección de los Consumidores de 2007, que les exigía cobrar las llamadas por segundos. Hasta ese momento, los operadores eran libres de facturar como lo desearan. Alguno lo hacía por minutos, otro por segundos o por fracciones de minuto. Desde entones, no hay alternativa.

En el momento de la norma, y también en la actualidad, la estructura de precios de las llamadas telefónicas se componía de dos partes: un importe por establecimiento de llamada más otro dependiente de la duración de la misma. Pues bien, estos tres operadores decidieron, como parte de la revisión de sus precios ante la nueva imposición reguladora, subir la parte de establecimiento de llamada de 12 a 15 céntimos de Euro.

Esto es lo que la CNC encuentra como posible atentado contra las normas de competencia. Aparte de la obvia necesidad de la CNC por conseguir algo de notoriedad tras casi un año de existencia, y de la siempre fácil persecución del sector de telefonía móvil, un oligopolio (causado, irónicamente, por las barreras que los propios Gobiernos ponen a la entrada de nuevos operadores basándose en la escasez del espectro), interesa centrarse en la causa de esta actuación.

Y esta no es otra que la intervención del regulador obligando a la facturación por segundos. Que sólo se cobre por lo que se consume. ¿Quién puede estar en desacuerdo con esta afirmación?. Y, sin embargo, quizá esto no sea lo más eficiente, ni por tanto lo más barato, ni, en suma, lo que desea el consumidor.

Cuando alguien se compra una lata de Coca-Cola, igual no quiere beber 33 centilitros del conocido líquido. De la misma forma que seguramente los consumidores de cerveza agradecerían unas latas mayores, aunque sin llegar al doble. Es más, cada uno preferiría poder consumir tantos cl. como le apetezca en cada momento. Pero no es así; el consumidor se ve obligado a comprar algo que no consume. Y, sin embargo, a nadie se le ocurriría exigir que se la cerveza se vendiera por centilitros. Seguramente le costaría tanto al suministrador que nos quedaríamos sin latas de refrescos.

No obstante, estos fabricantes tratan de adaptarse lo mejor posible a las demandas de sus clientes, y eventualmente crean envases más grandes o más pequeños, según lo que perciben como necesario. Mientras nadie les imponga el suministro por cl. podrán hacerlo.

Pero a los operadores móviles les impidieron esta opción. Y tuvieron que adaptarse desde el esquema que cada uno creía mejor para sus clientes y, por ende, para el mercado, al que consideraban el mejor regulador. Lo hicieron como se les ocurrió dentro de las escasas posibilidades que permite la actuación en un mercado competitivo cuando no cambian las preferencias de los consumidores, y para evitar que los intereses de sus accionistas, que tampoco habían variado, se vieran afectados.

Coincidieron en el esquema: no es de extrañar, ya que se les imponía regulatoriamente la misma modificación sobre un mismo producto y sin alteración del mercado. Ahora, ese aparentemente aséptico paso de minutos a segundos, aséptico para un regulador, podría resultar constitutivo de delito para otro. No bastaba con multiplicar por sesenta.

Suicidio y eutanasia

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

El derecho a suicidarnos es una extensión lógica de nuestro derecho de auto-propiedad o derecho a decidir sobre nuestro cuerpo.

Negar el derecho de auto-propiedad (negar que tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo) plantea irresolubles preguntas y absurdas conclusiones a un liberal: ¿Cómo se fundamenta el derecho de propiedad privada sin el derecho de auto-propiedad? ¿Cómo se justifica el derecho a la autodefensa sin el derecho de propiedad sobre nuestro cuerpo? ¿Tenemos derecho a drogarnos, a emborracharnos, a tomar un cigarrillo etc. o tenemos que esperar a que un tercero nos dé permiso? Más interesante aún: si nosotros no tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, ¿quién lo tiene?

Los detractores del derecho al suicidio a menudo argumentan que el suicidio no debe ser permitido por sus graves consecuencias, a saber, su irreversibilidad. Pero lo cierto es que hay numerosas decisiones en la vida que tienen consecuencias irreversibles muy graves. No creo que ello sea un motivo para impedir por ley que la persona tome esas decisiones. ¿Puede arrepentirse en el futuro? Sí. Pero también puede no hacerlo, y de hecho la asunción detrás de la defensa de la libertad individual (al menos por parte de los liberales) es que nosotros sabemos mejor lo que nos conviene que los demás, y en particular mejor que el Estado.

El derecho al suicidio asistido se sigue del derecho al suicidio. La persona que nos asiste a morir es el medio de nuestra voluntad, como podría serlo una pastilla o una pistola. Si tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo también tenemos derecho a decidir cómo queremos quitarnos la vida, a través de qué medios, y terceras personas igualmente tienen derecho a decidir si van a ayudarnos o no.

La diferencia entre quitarle la vida a una persona sin su consentimiento (asesinato) y quitarle la vida con su consentimiento (suicidio asistido) es la misma que hay entre quitarle 50 euros sin su consentimiento (robo) y tomarlos con su consentimiento (donación). El consentimiento con respecto a la propiedad de uno mismo es la clave.

Los que se oponen al derecho asistido por la presencia de una tercera persona, ¿qué argumentarán en un hipotético futuro en el que existan robots que ejecuten nuestras órdenes mentales y sean éstos los que nos ayuden a morir? ¿También alegarán que se ha cometido un asesinato, por parte de una máquina, de una mera herramienta que obedece nuestras órdenes?

Algunos utilizan el ejemplo de Holanda para argumentar en contra de la eutanasia en general, incluido el suicidio asistido con consentimiento expreso del paciente. Pero el ejemplo de Holanda no es en realidad un argumento para prohibir cualquier tipo de eutanasia, voluntaria o no, es en todo caso un argumento para permitir el suicidio asistido y prohibir/perseguir/penalizar duramente la eutanasia involuntaria.

Quienes equiparan eutanasia involuntaria con asesinato lo hacen en base a una asunción que normalmente no explicitan. Es verdad que el paciente no ha expresado su consentimiento, pero ni en un sentido ni en otro. En este tipo de casos el paciente suele estar incapacitado para expresarse. Luego solo podemos asumir, intentar adivinar, cuál hubiera sido su elección. Los detractores de la eutanasia involuntaria asumen sin más que si no existe un consentimiento expreso formalizado el individuo hubiera elegido vivir. ¿Pero es razonable hacer esta asunción en todos y cada uno de los casos en los que no existe consentimiento expreso?

Creo que es válido asumir en general que el paciente quiere vivir si no se ha pronunciado, pero también pienso que hay que dejar la puerta abierta a la posibilidad de que esa asunción quede invalidada en casos particulares si se aportan pruebas o indicios suficientes que sugieren que la persona hubiera preferido morir. Es decir, la carga de la prueba recae en quienes piensan que el paciente hubiera elegido morir, pero no debe estar vedada esa posibilidad.

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¿Trichet o Bernanke?

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Conviene tener presente que un banco central no es más que una entidad emisora de dinero a la que se ha concedido un monopolio territorial. Ahora bien, los bancos centrales no pierden su naturaleza de entidades emisoras por el hecho de disfrutar de un monopolio: sus funciones y pautas de actuación deberían ser las mismas que si no lo ejerciera.

En este sentido, es evidente que la función casi única de un banco emisor es defender el valor de su moneda, para que sus tenedores puedan utilizarla con seguridad como medio de intercambio y depósito de valor. Para ello cuenta a largo plazo con un solo instrumento: sus activos. Cuanto mayor sea la calidad de los activos de un banco de emisión, mayor capacidad tendrá para fijar el valor de su divisa.

Lo mismo sucede con un banco central. Lo único que debería hacer es proteger la paridad adquisitiva de su divisa mediante el uso racional de sus activos. El problema es que la escuela inflacionista-keynesiano-monetarista ha terminado atribuyendo a estas entidades funciones de estabilización de la economía, como por ejemplo la manipulación del valor de la moneda para influir (de alguna forma) en el resto de la actividad productiva.

Bernanke es un caso exagerado de esta escuela: el valor del dólar le resulta prácticamente irrelevante con tal de –eso dice pretender– generar empleo, salvar bancos y restablecer el ciclo de endeudamiento de EEUU. Trichet, en cambio, es un caso atenuado: aunque su prioridad es detener la inflación (defender el valor del euro), no la persigue con demasiado ahínco (Paul Volcker colocó los tipos de interés en el 13,5% para frenar la inflación en EEUU), y no hace ascos a juguetear con un euro estabilizado (mantuvo los tipos al 2% durante dos años).

Por tanto, en principio Trichet estaría más cerca que Bernanke del buen banquero emisor. Sin embargo, uno podría plantearse si realmente es tan importante defender el valor de las divisas aun a costa de cargarse el resto de la economía. Ahora bien, pese a su aparente lógica, ésta sería una disyuntiva falaz.

Los bancos de emisión simplemente emiten un dinero que será más o menos apto para cumplir sus funciones. Puede decirse sin temor a errar que, gracias a ello, la sociedad se vuelve más productiva, pues ahonda en la acumulación de capital y en la división del trabajo. Ahora bien, en ningún caso los bancos de emisión generan riqueza adicional. La manipulación de las emisiones de dinero no crea nuevos bienes de consumo y de capital: como mucho, redistribuye los ya existentes.

La política de Bernanke consiste en tratar de que los tenedores de dólares paguen, mediante la depreciación (inflación) del billete verde, las deudas de los bancos, las aseguradoras y las agencias hipotecarias. Pero aquí no se está generando nueva riqueza ni impulsando el crecimiento: se está destruyendo riqueza en una parte de la sociedad para compensar su previa destrucción en otra; todo ello mediante el misterioso velo monetario.

La Fed ha puesto desde septiembre todos sus activos (que posee para defender el valor del dólar) a disposición del sistema bancario estadounidense. Como no podía ser de otro modo, desde entonces el dólar se ha hundido, lo que ha amplificado los efectos de la subida de las materias primas. Los bancos han logrado un flotador transitorio gracias a que las empresas y las familias de EEUU han venido empobreciéndose.

Esto es una política de corto recorrido. La Fed no va a conseguir evitar una quiebra masiva de deudores, por mucho que abarate el crédito. Un activo impagado (por ejemplo, una hipoteca subprime) tiene un valor tendente a cero, por muy bajos que sean los tipos de interés. La Fed sólo hubiera podido retrasar el impago masivo prolongando la burbuja inmobiliaria, de modo que los hipotecados siguieran refinanciando sus hipotecas con unos precios siempre crecientes.

¿Alguien cree que EEUU necesitaba cada año dos millones de viviendas nuevas? Perpetuar la burbuja inmobiliaria hubiera significado, precisamente, eso. Y es que, como ya hemos indicado antes, la Fed no crea nueva riqueza, como mucho la redistribuye; en este caso, la concentra en los activos inmobiliarios a costa de no producir o invertir en otros bienes.

En cuanto a la política de Trichet, parece dirigirse, en parte, a no manipular la moneda aun cuando tengan lugar las quiebras y liquidaciones que necesita la economía. Quizá esto acelere la recesión, pero de todas formas no la puede evitar.

En España, la deuda cuya amortización dependía exclusivamente de que la burbuja inmobiliaria continuara hinchándose estaba condenada al impago, y con ese inevitable impago también estaban condenados todos los acreedores cuyo capital estuviera invertido en esa deuda. Los tipos de interés bien poco pueden hacer para solucionar esto, simplemente porque España no necesitaba 800.000 viviendas nuevas cada año.

Ahora bien, gracias a que Trichet ha refrenado sus impulsos inflacionistas, el euro no se ha depreciado tanto como el dólar, de modo que el encarecimiento de las materias primas no ha sido tan intenso. En el último año el petróleo ha subido un 100% en dólares, pero sólo un 65% en euros.

Aquellos que se quejan amargamente de que la moderación crediticia que propugna Trichet está acelerando la recesión en España olvidan que el motivo fundamental de la misma no son los tipos de intervención del BCE, sino que el fin de la burbuja inmobiliaria en nuestro país nos impide financiar las importaciones de petróleo mediante la venta de cédulas hipotecarias al extranjero, por lo que los bancos y las empresas se ven forzados a concentrar sus escasos fondos en la financiación de la compra de petróleo. Un incremento del precio del crudo aun mayor por culpa de la depreciación del euro habría agravado mucho más nuestro déficit corriente y, en correspondencia, la restricción crediticia interna necesaria para sufragarlo.

Desde luego, Trichet no es ningún adalid de la libertad monetaria, pero al menos desempeña su papel de banquero emisor monopólico con mucha más cabeza que Bernanke. En EEUU tienen una recesión inminente que se agrava por momentos y un dólar que se ha convertido en el estercolero internacional. En la Zona Euro, si bien nadie nos salvará de una recesión larga y complicada, al menos tenemos una divisa que no se deprecia a tanta velocidad.

Como dijo el lunes Jim Rogers, uno de los mejores inversores del mundo: "[El Gobierno y la Fed] están arruinando la que fue una de las economías más grandes del mundo. Bernanke y Paulson están rescatando a sus amigos de Wall Street, pero hay 300 millones de americanos que van a tener que sufragar todo esto". Elijan ustedes si, además de mancos, quieren ser cojos.

La quiebra del sistema monetario internacional

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

Ambas entidades acumulan una deuda directa próxima a 1,5 billones de dólares. Además, son dueñas o garantes de créditos hipotecarios de diversa índole por un valor superior a los 5 billones de dólares. La factura es, pues, enorme. El plan de rescate anunciado por el secretario del Tesoro, Henry Paulson, pretende inyectar inicialmente a cada entidad unos 15.000 millones de dólares.

Es más, dicho colchón financiero se verá incrementado gracias a la ampliación de las líneas de crédito público, que según se rumorea en el mercado estadounidense, podrían alcanzar los 300.000 millones de dólares para cada compañía. De este modo, la nacionalización de la deuda hipotecaria arroja un balance simplemente devastador para las cuentas públicas de la primera potencia mundial.

La inyección de recursos públicos para paliar las cuantiosas pérdidas de Fannie Mae y Freddie Mac (1,5 billones de dólares) amenaza con disparar el déficit presupuestario a corto plazo, puesto que serán los contribuyentes estadounidenses los que, en última instancia, se encargarán de pagar estas voluminosas pérdidas con sus impuestos. Además, la insolvencia de ambas entidades obligará al Tesoro a garantizar con fondos propios el montante total de la deuda contraída (más de 5 billones de dólares). Es decir, muy probablemente el Gobierno de EEUU se verá obligado a duplicar su deuda pública con el objetivo de evitar la quiebra de dichas compañías.

Como resultado, la economía estadounidense se verá amenazada por dos efectos colaterales de gran magnitud. Por un lado, el envilecimiento del dólar. La caída del billete verde tenderá a incrementarse en el futuro inmediato. Su depreciación, que podría situarse en 1,75 euros al cambio a finales de año, pone en riesgo la estabilidad misma del sistema monetario internacional. De materializarse este escenario, el dólar podría dejar de ser empleado como moneda reserva, e incluso comenzar a ser repudiado como divisa de referencia internacional. En este sentido, la OPEP amenazó recientemente con sustituir el dólar por otro tipo de divisas en la compraventa de crudo, debido precisamente a su imparable depreciación.

Por otro lado, la nacionalización de toda la deuda bancaria de mala calidad sitúa al borde del abismo las ya de por sí deterioradas finanzas públicas de EEUU. El incremento del déficit fiscal, unido a un aumento desproporcionado de la deuda pública estadounidense conllevará, inevitablemente, la degradación crediticia de los bonos del Tesoro. En la actualidad, la deuda de EEUU cuenta con la máxima calificación de riesgo (rating). Sin embargo, tales desequilibrios presupuestarios, de constatarse, asestarán un duro golpe a la credibilidad y solvencia de la deuda norteamericana. Como consecuencia, la economía estadounidense contaría con dificultades añadidas a la hora de poder obtener financiación exterior para afrontar su abultado déficit.

EEUU ha optado por el peor remedio, la socialización de pérdidas, para tratar de curar una grave enfermedad, la burbuja crediticia. A lo largo de los últimos años, la política de bajos tipos de interés puesta en práctica por los bancos centrales ha impulsado la creación de una abultada deuda de mala calidad a través de la expansión del crédito sin la necesaria existencia de ahorro previo.

Ahora, los excesos cometidos están siendo purgados. Sin embargo, tratar de sostener artificialmente todo este conjunto de malas inversiones a través de fondos públicos no sólo no logrará solucionar absolutamente nada (los proyectos insolventes seguirán siendo insolventes), sino que, además, agravará en gran medida los efectos de la crisis económica. Incremento de la inflación, abultado déficit presupuestarios y, sobre todo, la intensa depreciación del dólar serán los daños colaterales de la decisión de Paulson.

Más allá de la inmoralidad que supone, en sí misma, la redistribución de las pérdidas empresariales entre todos los ciudadanos, la política económica aplicada hasta el momento por la Reserva Federal (FED) y el Ejecutivo estadounidense implica, en última instancia, poner en jaque la estabilidad del sistema monetario internacional. Y es que, si el dólar cae, el sistema simplemente se derrumba.

El Gobierno no garantiza nada

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

A todos nos irrita comprobar que, de los chopocientos megabits por segundo de los que dispone teóricamente nuestra conexión, sólo alcanzamos una fracción en su uso real. Todos desearíamos, con mayor intensidad cuanto mayor sea nuestro uso de aplicaciones que hacen un gasto intensivo de ancho de banda, que nuestras conexiones se acercaran más a ese máximo teórico que aparece en las ofertas.

Sin embargo, el anuncio de Sebastián no va a tener ese efecto, por razones tanto económicas como técnicas. Las primeras son las más evidentes. Proveer de servicio de conexión tiene un coste, y mejorarlo para que ofrezca una garantía de la que ahora carece también ha de tenerlo. Lo que deseamos los usuarios, que somos unos listos, es disponer de mayor velocidad al mismo precio que ahora pagamos. Pero eso no es posible. Si realmente obligaran a que todas las conexiones de ADSL multiplicaran el caudal mínimo garantizado, lo que pagaríamos por ellas también se multiplicaría. De modo que las garantías del Ministerio de Industria servirían para que en los anuncios se mencionaran velocidades mucho menores a las actuales con, eso sí, "máximos de" 20, 6 o 3 megas. En definitiva, todo se limitaría a un cambio en la publicidad de las conexiones.

Pero es que, además, hay problemas técnicos que hacen muy difícil garantizar más que una mínima fracción del caudal. La raíz de los mismos reside en que nuestras conexiones son ADSL y funcionan bajo la antigua red telefónica. Quienes nos quejamos de sus defectos no nos damos del todo cuenta de la maravilla tecnológica que es el ADSL. Según las clases de Telemática que me daban a mí en la Facultad, utilizar el par de cobre con el que nos llega la línea a nuestras casas para dar servicio de banda ancha era literalmente imposible. Pero como el ingenio es hijo de la necesidad, ahora todos vemos vídeos de YouTube conectados mediante ADSL a nuestra centralita telefónica. Pero no nos equivoquemos. Aunque sea un prodigio, también es lo que en castellano viejo llamaríamos chapuza. Es estirar una infraestructura vieja para que cumpla funciones para las que no fue diseñada. Y eso tiene un par de consecuencias indeseables.

La primera es que cuanto más lejos esté la centralita, más lenta será la conexión. Eso impone unos límites máximos que no pueden superarse, porque ponerse a hacer más centralitas es pelín caro. La segunda, quizá no tan conocida, es que cuanto más vecinos tengan ADSL, peores serán las conexiones. La razón es que nuestros pares de cobre viajan hasta la centralita enrollados junto a los suyos en una especie de canuto bien gordo en el que los datos que viajan por unos cables producen interferencias en los de los vecinos. Si sólo nosotros tenemos ADSL, perfecto, porque la emisión de nuestro cable no afecta a nadie más. Pero según se vayan utilizando más cables para transmitir datos, más interferencias se producirán entre ellos.

Así las cosas, ¿qué ofertas pueden hacerse que garanticen el 80% del caudal? Pues ofertas muy malas. Otra cosa sería que empezase a desplegarse fibra óptica en el camino que va de la centralita al hogar. Pero eso es muy caro, y requiere de cierta seguridad jurídica que garantice a Telefónica o al operador PericoDeLosPalotes que esa infraestructura es suya y no va a tener que compartirla con otras empresas, acostumbradas a vivir del bote regulatorio. Garantizar eso sí sería tarea del Gobierno, tarea que veo difícil que cumpla. Se les da mejor dar órdenes a los demás, con el único objetivo de salir bien en los papeles.

Un húngaro burgués ante el comunismo

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Sándor Márai fue un importante novelista húngaro y burgués, cuya vida se extendió a lo largo de casi todo el siglo XX, desde 1900 a 1989, unos pocos meses antes de la caída del Muro de Berlín. Su obra reflejaba el mundo de la burguesía de su época, y estaba llena de reflexiones sobre la naturaleza humana, la amistad o el sentido de la vida.

Pero Márai también nos dejó dos volúmenes de memorias: Confesiones de un burgués, que trata sobre el primer tercio de siglo, y ¡Tierra, Tierra!, que fue escrita en los años 70, exiliado en EEUU, donde acabó de un tiro con su vida años más tarde. En esta última el autor narra sus experiencias durante los últimos años que pasó en su tierra natal; años muy convulsos, caracterizados por el final de la guerra y el cambio del régimen nazi al soviético, que experimentó en sus propias carnes. A lo largo de las más de cuatrocientas páginas desfilan brillantes reflexiones sobre su gran y única pasión, la literatura y la lengua húngara (en la que escribió durante toda su vida, a pesar de contar con unos 10 millones de lectores en esa lengua, como el mismo autor afirma), así como sobre la libertad y el comunismo, dejándonos un testimonio interesantísimo de lo que sucedió en esos años.

Buena parte del libro consta de sus observaciones sobre el "hombre soviético", fruto de varias semanas en las que se vio sometido a compartir casa con unos treinta soldados rusos; tiempo que dedicó observarles con detalle. Llegó a conclusiones sumamente interesantes: para él, el ser soviético era algo totalmente desconocido, e incluso llega a decir que tras esa convivencia forzada, "nunca, ni por un solo instante, sentí que tuviéramos algo en común", y que convivían "como si fuésemos animales del mismo redil".

Asimismo, apunta diversas características de esas personas que conoció, que demuestran las terribles consecuencias morales de la coacción sistemática, como las siguientes:

  • La negación de devolver lo prestado y el descaro que tenían al incumplir su palabra: ausencia de costumbre de cumplir con los contratos.
  • El "yermo vacío de sus vidas": ausencia de libertad para llevar a cabo los proyectos vitales de cada uno y la total represión de la conciencia y los comportamientos existentes en el régimen soviético.
  • Las diferencias que existían entre los mayores, que habían sido educados en familia (y de los que dice que "a veces se atisbaba –por detrás de la máscara del bolchevique y del soldado rojo– un fenómeno muy entrañable: el del ser humano ruso") y los jóvenes que habían sido adoctrinados en los campos de educación marxista-leninista: adoctrinamiento estatal y usurpación de la familia como legítimo educador.
  • La aniquilación de todo lo individual (como el reconocimiento y logro personales, incentivos existentes en una economía de mercado), el convertir al individuo en un simple número que es manipulado desde una autoridad central: "el ruso sabe que su persona no importa mucho… sólo importa si es posible utilizar al hombre en cuestión, es decir, el material disponible", llega a decir Márai.

Tampoco faltan ejemplos particulares de la miseria oculta que vivían los soviéticos, como el del soldado ruso que le confiesa al autor, mirando alrededor con cautela: "si yo hablara algún idioma no volvería a Rusia… en mi país no se está bien… Además, no hay libertad. No nos enseñan idiomas porque no quieren que podamos leer libros extranjeros". También cuenta el caso de un prisionero, que habiendo estado encarcelado por húngaros y soviéticos, afirmaba que, a pesar de que los primeros le trataban con crueldad, en su cárcel seguía existiendo como individuo, mientras que con los segundos su individualidad había desaparecido.

Igualmente exquisitas son sus reflexiones sobre el comunismo, algo que no puede existir sin el Terror, "porque un sistema cuyas dimensiones no son humanas sólo puede ser aceptado por la fuerza, con métodos inhumanos"; y aprovecha para criticar la pasividad y aquiescencia de los intelectuales europeos de la época, que "fingían ignorar que un régimen que solo puede sobrevivir si les arrebata a los seres humanos su libertad –la del derecho a la propiedad privada, de empresa, del derecho al trabajo, de expresión, la de escribir…– no puede renunciar a la tiranía porque ésa es la única posibilidad de salvaguardar el poder". También habla del comunismo como una nueva religión represiva, que consiste en la "estatalización o expropiación del alma", consecuencia de coartar la libertad individual al máximo y de abolir la propiedad privada.

Hasta se encuentra una observación que apoyaría ciertas tesis de los anarquistas de mercado acerca del periodo inmediatamente posterior al cerco de Budapest por parte del Ejército Rojo: "Cuando no existían ni el Estado ni la Administración, la gente se las arreglaba bien, por extraño que parezca, basándose en un orden personal e individual. No existía ningún tipo de sistema, pero había un orden personal que funcionaba", orden que se rompió cuando los comunistas trataron de planificar la sociedad húngara, siempre desde el aparato centralizado de Moscú.

Finalmente, harto del sistema soviético que se había implantado en su país, Márai se plantea el exilio. Se sentía asfixiado, como "un dato numérico dentro de una categoría dada", totalmente despojado de la libertad, no solo para escribir sino especialmente para callar libremente, porque comprendió que con su mera presencia estaba justificando la violencia existente, y ese "es el momento en que hay que abandonar el área infectada" y decir no; debía marcharse de Hungría para que no pudieran comprarle como individuo.

Es en el momento en que se pregunta hacia dónde ir, cuando se plantea a sí mismo la siguiente reflexión, que sigue muy vigente en la actualidad: "¿En qué parte de Europa existe un verdadero afán de libertad con todas sus consecuencias? Si la gente desea realmente la libertad, ¿por qué aguantar sin rechistar todo tipo de servidumbre?"

Círculos viciosos de la pobreza

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

No es el caso del “círculo vicioso de la pobreza”, aquella idea, convertida en ortodoxia en las teorías del desarrollo del tercer cuarto de siglo, de que los pobres son pobres porque son pobres. Su renta sólo les da para malvivir y en esas condiciones no hay quien ahorre y acumule capital, resultado y causa a la vez del desarrollo económico.

Al parecer daba igual que la misma existencia de los países ricos, que como los demás fueron pobres en un principio, desmintiese esa idea tan peregrina. La ideología siempre fue más poderosa que la historia y esta no iba a ser una excepción. Si lo que sumía a los países no capitalistas en la pobreza era esa misma pobreza y no que no hubiese llegado ahí el capitalismo, lo que había que hacer es por un lado anegar aquellas economías de ayudas procedentes de los países ricos y por otro asegurarse de que nada cambiase, de que allá, en los países africanos descolonizados, nunca, jamás, llegase el capitalismo que a nosotros, los donantes, nos había hecho prosperar. Y hay muchas personas, por lo demás de lo más inteligente, que se tragó este cuento sin sentido.

Se puede acumular capital desde la pobreza. De ello son testigo las sociedades hoy prósperas y que antes no lo fueron y las familias que, en una sola generación, han hecho añicos ese “círculo vicioso”. Pero aunque no hubiese sido así, ¿qué hace pensar que la solución serían las ayudas? Si hay capital extranjero, basta con abrirle el paso. En principio, incluso para las mentes más obtusas, la transferencia directa de riqueza desde los países opulentos hacia los pobres no debería ser una mala idea. Pero siempre hay algún que otro resistente a aquello de la iniciativa individual.

No. Lo bueno son las ayudas. Las ayudas permiten a los políticos, como José Luis Rodríguez Zapatero, presumir ante sus ciudadanos de lo generosos que son ellos, aunque sea con el dinero ajeno. Esa es la esencia de la política. Pero las ayudas no son necesarias, como demuestran los ejemplos de Gran Bretaña o EEUU. Tampoco son suficientes, como bien saben los que vieron cómo se anegaba la Etiopía de los 80’ de ayudas de todo el mundo, mientras la miseria y el hambre arrasaban año tras año en aquel país.

No son necesarias, tampoco suficientes… al menos serán buenas. Pues tampoco. En primer lugar porque engordan las arcas de los gobiernos, que son los principales causantes de la miseria de sus sociedades. Si además la pobreza se premia con dinero occidental, ¿cómo renunciar a fomentarla, si es fuente segura de ingresos? No tienen ni que hacer publicidad de su gran obra, pues ONGs, medios de comunicación y políticos occidentales se encargarán de enternecer a los ricos bolsillos occidentales mostrándoles la miseria de la que todos, donantes, medios de comunicación, ONGs, políticos de aquí y políticos de allí, son responsables. ¡Qué edificante! Eso sí, un crimen multitudinario convertido en un eficaz limpiador de conciencias. ¿Quién podría haber ideado un entente más perverso? Eso sí que es un círculo vicioso de la pobreza.