Ir al contenido principal

La objetividad de los precios regulados

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Artículos en prensa.

¿Cuál es el problema que ha suscitado este debate? Que lo que unos piensan que vale 5 los otros piensan que vale 2. Me explico. Cuando se hace una llamada a un teléfono móvil desde un teléfono de otra red, por ejemplo, desde el fijo de casa, el operador que nos suministra el servicio telefónico debe pagar al operador móvil una cierta cantidad de dinero por el llamado servicio de terminación en su red.

Ya hace mucho tiempo los reguladores decidieron que el operador podría subir este precio cuanto quisiera gracias a su poder, y que, por tanto, había que fijarlo externamente, no se podía dejar al arbitrio del mercado.

Lo que pasa es que cuando el precio no se deja al arbitrio del mercado, se deja al verdadero arbitrio, al de los gobiernos. Estos, en ausencia de las señales que da la competencia, carecen de criterio alguno para establecerlo, lo que disfrazan acudiendo a complejos sistemas basados en la contabilidad de costes y otros similares, que pretenden objetivos.

Como dichos sistemas son, en cualquier caso, arbitrarios, nos encontramos con que, si hay varios reguladores atendiendo al tema, cada uno opina una cosa distinta, con diferencias tan absurdas como la que se plantea al comienzo de este artículo.

La cosa es más divertida aún. Pues estos reguladores están discutiendo por el precio que deberá tener la terminación móvil… ¡en el año 2011! Bajen a la panadería más cercana y pregunten al dueño, buen conocedor de su negocio, cuánto valdrá el pan en 2011, a ver qué les contesta. Y eso que el pan es más o menos lo que ha sido durante mucho tiempo, mientras que el de las telecomunicaciones es de esos negocios en que la tecnología parece evolucionar continuamente.

Pero ahí es nada: los reguladores, que no han prestado en su vida servicios a nadie, que no han desplegado ninguna red ni han tomado ningún tipo de decisión invirtiendo su dinero, discuten sobre lo que va a pasar de aquí a 2011, y sobre lo que tendrán que pagar unos operadores a otros por estos servicios.

En el fondo, este debate lo que demuestra es que no existen precios objetivos fuera del mercado, y que lo suyo es que estos sean fijados por la interacción de la oferta y la demanda, vamos, por la gente que se está jugando los cuartos en el asunto. Y no por iluminados a los que el tema no les va a costar un duro. A ningún panadero se le ocurriría fijar ahora los precios de su pan para 2011; a un regulador, sí.

La libertad nos hace más “libres”

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario. 1 comentario en La libertad nos hace más “libres”

No hay virtualmente ningún movimiento ideológico que no reclame para sí el concepto de libertad. Los comunistas dicen defender la libertad, lo mismo que los social-demócratas o los liberales. Cada grupo, claro, entiende por "libertad" cosas distintas, pero las diferentes acepciones tienen cierto sustrato común, que es lo que permite a cada uno apelar a las intuiciones éticas de los demás, buscando la sistematización de un principio o la coherencia con una idea básica o un prejuicio que el interlocutor ya tiene interiorizado.

Así, los liberales apelamos, por ejemplo, al celo de la gente por proteger sus posesiones y quedarse con el fruto de su trabajo para defender el concepto de la propiedad privada y el libre intercambio, o animamos a nuestro interlocutor a que extrapole al ámbito público sus opiniones sobre el robo y la coacción privada, o explicamos por qué el sistema capitalista es el único que puede generar la prosperidad social que ellos también ansían.

La libertad tenía en sus inicios un sentido negativo, definía una esfera de no interferencias. La gente era libre cuando podía perseguir sus fines sin interferencias violentas. El progresivo énfasis en la consecución de esos fines corrompió el significado primigenio en favor de una libertad positiva, que define un conjunto de capacidades o posibilidades de acción. La gente es libre cuando puede alcanzar determinados fines, y deja de serlo cuando no es capaz de alcanzarlos, aunque no haya coacción de por medio. La ausencia de coacción ya no equivale a libertad, la libertad es ausencia de coacción y algo más: tener los medios necesarios, materiales o de otra índole, para alcanzar determinados fines.

La libertad positiva, aunque pretenda incorporar la libertad negativa y se presente como una evolución natural de la misma, está lógicamente en contradicción con ésta. Si a una persona deben garantizársele, aparte de una esfera de no interferencias, unos medios, otras personas estarán obligadas a proveérselos, en perjuicio de su propia libertad negativa. La libertad negativa exige a todos lo mismo: abstenerse de utilizar la violencia contra el prójimo. La libertad positiva concede a un grupo derechos sobre el prójimo.

Si quiere defenderse la libertad positiva (el aumento de los medios disponibles para alcanzar fines) sin conculcar la libertad negativa, entonces no es necesario emplear aquel término. Hay otros más indicados para definir un "aumento de los medios para alcanzar nuestros fines", como puede ser el de "riqueza" o "prosperidad". Equiparar riqueza con libertad lleva a conclusiones sin calado ético (como que somos más libres si ganamos la lotería o menos libres si un huracán arrasa nuestra casa), y resta claridad conceptual, pues "libertad" pasa a significar lo contrario de lo que significaba antes. Si los intervencionistas quieren redistribuir e imponer sus preferencias que al menos lo llamen por su nombre.

Esta reflexión no sugiere que a los liberales, proponentes en general de la libertad negativa, no nos preocupa "el aumento de los medios disponibles para alcanzar fines". De hecho una de las principales razones para defender la libertad negativa es que ésta genera las condiciones necesarias para que aquellos medios puedan producirse. Los liberales aborrecemos la libertad positiva en la medida en que se utiliza con afán redistribucionista, violentando la libertad negativa, no en la medida en que se utiliza como sinónimo de mera creación de riqueza.

Will Wilkinson nos pone una trampa a los más ortodoxos. Dice Wilkinson que los liberales equiparamos una reducción de impuestos con un aumento de libertad. Pero un impuesto más bajo no es menos coercitivo que un impuesto más alto. O eres coaccionado o no lo eres. El daño puede ser menor, nuestras oportunidades o posibilidades de actuación habrán aumentado. Entonces, ¿por qué hablamos de un "aumento de nuestra" libertad (negativa) cuando en realidad queremos decir un "aumento de nuestras oportunidades" o de nuestra libertad positiva?

Pero sí existen grados de coerción. Desde luego Wilkinson no dirá que ser violado o secuestrado durante 20 años es igual de coercitivo que recibir una bofetada o sufrir un secuestro de unas horas. Tampoco es igual de coercitivo pagar un 95% de impuestos que pagar un 10%, pues en el primero la coacción abarca casi todas nuestras acciones (trabajamos un 95% del tiempo para el Estado), mientras que en el segundo abarca relativamente pocas. Wilkinson quiere hacernos creer que o bien hablamos de coacción/libertad negativa, o bien hablamos de nivel de oportunidades/libertad positiva. Pero lo cierto es que podemos hablar perfectamente de oportunidades y libertad negativa cuando las oportunidades nos son vedadas por la fuerza. Unos impuestos más bajos suponen un aumento de la libertad negativa con respecto al uso que podemos hacer de nuestro dinero.

El entramado social

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Si bien en apariencia esta huelga se ha cerrado sin demasiadas concesiones políticas, el Gobierno ya tiene pensado acudir a la UE para exigir el establecimiento de un "precio político" subvencionado para el gasóleo.

Parece que en este país todos los ciudadanos tienen el derecho a exigir que el Estado les garantice una prosperidad mínima: nadie puede perder su empleo y nadie puede quebrar. Los trabajadores deben poder acceder, como mínimo, a un suculento subsidio de desempleo, y los empresarios a la ubre del gasto público. Solbes se ha enorgullecido en varias ocasiones de que el desempleo no será problemático, porque la gente seguirá cobrando del erario, y la ministra de Fomento pretende salvar la papeleta a los constructores mediante más obra pública y vivienda de protección oficial.

La corrupción moral e intelectual que ha generado el socialismo y el Estado del Bienestar ha convertido a la ciudadanía en hordas de pedigüeños preocupados por cómo adherir su ruinoso chiringuito al sector público y no en cerrarlo y volver a empezar.

En lugar de reconocer sus errores, corregirlos y tratar de evitarlos en el futuro, los españoles ni siquiera se plantean que se equivocaron.

Que la construcción de vivienda y el transporte de mercancías por carretera hayan dejado de ser actividades lucrativas para muchos empresarios significa precisamente eso: que esos muchos tienen que cerrar y dedicarse a otras tareas. Sin embargo, pocos han sido los que han planteado abiertamente esta posibilidad. El debate sigue centrándose en si en estos momentos de crisis el Estado puede sufragar el mantenimiento de tal o cual sector o carece de los recursos para ello: el ideal no es la reestructuración, sino una conservación barata.

El problema es que las crisis económicas son períodos en los que hay que corregir todas las malas inversiones, en los que el sector productivo debe someterse a cambios de gran calado. Muchos trabajadores se quedarán sin empleo, y muchos empresarios quebrarán. La razón, por trágica que pueda ser, no deja de ser simple: estos individuos se están dedicando a actividades mucho menos necesarias para los consumidores que otras que no están lo suficientemente atendidas. ¿Tenía sentido que cada año se construyeran más de 800.000 viviendas en España, mientras la inversión en materias primas quedaba en segundo plano?

Es hora de solucionar estos desajustes generados por los bancos centrales, y para ello no todo el mundo puede seguir haciendo lo que ha venido haciendo. Hasta 2007 España vivió un crecimiento económico artificial (sufragado en buena medida por los ahorradores asiáticos), así que no puede pretenderse que en tiempos de crisis todo siga igual.

Si por la subida del precio de los carburantes los europeos salen a la calle, cortan carreteras y queman camiones, ¿qué sucederá cuando el desempleo se extienda de manera endémica?, ¿qué pasará cuando la crisis hipotecaría desemboque en embargos masivos de viviendas?, ¿qué ocurrirá cuando los bancos quiebren y no puedan reintegrar los depósitos a la visa?

Con todo, lo más grave no son los perjuicios directos que este incremento de la conflictividad pueda generar. El aumento de la violencia y la erosión de la convivencia social pueden generar vértigo, pero el auténtico riesgo es que se pretenda aplacarlos con concesiones intervencionistas que sólo lograrán perpetuar la crisis y sembrar la semilla de futuros conflictos, de la desintegración del mercado y la sociedad.

Tras varias décadas de adoctrinamiento intervencionista, los ciudadanos se creen acreedores de la protección pública. Y es que incluso los estatistas de corte más liberal habían venido defendiendo la idea de un "colchón mínimo" que proteja ante las contingencias y situaciones económicas más desfavorables. Pero la cuestión, tanto cuando crecíamos como ahora que nos hundimos, sigue siendo el la misma: cuán mínimo debe ser ese colchón para que no acabe conformándose un bucle pobreza-protección-pobreza.

El Estado no debe perpetuar los errores privados que él mismo ha contribuido a generar. Hay que purgar cuanto antes las malas inversiones, y todo obstáculo que se interponga no hará sino prolongar y agravar la crisis. Habrá que ver si Occidente no sucumbe debido a su mentalidad parasitil.

Mentalidad pedigüeña

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

Traducido al cristiano, que se han dado cuenta que por separado no logran hacer el suficiente daño legal como para frenar el intercambio de ficheros protegidos en las redes P2P. Y es que pese a sus esfuerzos no han dejado de sufrir un revés judicial tras otro. Diversas sentencias han dejado ya razonablemente claro que intercambiar archivos protegidos por derechos de autor no es un delito penal, sino sólo un ilícito civil. Lo cual estaría muy bien para ellos, pues podrían empezar a meter demandas exigiendo cantidades desorbitadas de dinero, si no fuera porque las pruebas que necesitan recoger para poder acusar a alguien requieren de la autorización de un juez, que no la dará si no se trata de un delito.

Así lo entendió también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ante una demanda de la industria discográfica española recordó que los proveedores de acceso a internet no tienen la obligación de divulgar datos personales de sus clientes si de lo que se trata es de un procedimiento civil. Y encima los jueces están dictaminando que crear webs compuestas de enlaces para la descarga de canciones y películas tampoco es delito. En resumen, un futuro muy negro para los ludditas de la cultura y el entretenimiento, por más que estén haciendo un uso extenso y seguramente eficaz del terror procesal para reprimir las opiniones contrarias a sus intereses pecuniarios.

Parece evidente que en el corto plazo no tienen ninguna intención de adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías, cambiando su sistema de distribución y comercialización para aprovecharse de internet y las redes P2P. Sin embargo, dado que con las leyes actuales no pueden hacer gran cosa contra sus propios clientes, como está claro que es su intención, ¿qué les queda? Pues, primero, intentando convencer a los proveedores de internet que les conviene ponerse de su parte, porque ganarán más dinero poniéndoles trabas a sus clientes e intentando cobrarles por otro. Y segundo, y más importante, haciendo la presión suficiente para que cambien las leyes e intercambiar música y películas de internet pase a ser considerado delictivo.

Habrá quien piense que no lo van a conseguir, que los políticos no se atreverán. Bueno, piensen lo que quieran, pero tenemos un Gobierno que no ha hecho otra cosa desde que llegó al poder que criminalizar conductas de ciudadanos normales mientras estimaba que los verdaderos delincuentes no debían entrar en la cárcel porque la culpa es de la sociedad y tal, y hay que rehabilitar y tal. Esto no haría sino profundizar en ese modelo de Estado tan zapateril consistente en hacer pedagogía prohibiéndonos conductas que jamás deberían considerarse delictivas. ¿Qué más les da una más? Si ya no tienen oposición.

Nace La Coalición

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

La fijación arbitraria de tipos de interés artificialmente reducidos durante los últimos años ha incentivado la adquisición de un elevado endeudamiento por parte de bancos, empresas y particulares.

En este sentido, el estallido de las hipotecas subprime en EEUU el pasado verano tan sólo constituye la punta del iceberg del particular castillo de naipes que, basado en la concesión del crédito fácil, ahora comienza a derrumbarse. Sin embargo, pese a las evidencias del diagnóstico, los expertos y, en general, los gobiernos de toda clase y condición, culpan nuevamente al libre mercado de la tormenta que ellos mismos han creado.

Pese a que la historia se ha encargado de demostrar una y otra vez que el desarrollo económico y el bienestar social tan sólo es posible bajo el paraguas de una economía de libre mercado, el sector financiero en su conjunto padece una regulación estatal extrema y se mantiene bajo el férreo control que ejercen desde hace décadas los bancos centrales. Un órgano planificador por excelencia que rige el destino del crédito, la moneda y el mercado bursátil del sistema financiero internacional.

El tipo de interés, al igual que la función que ejerce el precio entre la oferta y la demanda, constituye el principal indicador de referencia en el mercado de bienes presentes y futuros. Así, fija el precio que se ha de pagar para obtener hoy un número determinado de dinero con carácter inmediato a cambio de devolver una suma mayor en el futuro.

Sin embargo, el precio del dinero no surge en este caso como consecuencia del libre mercado, basado a su vez en las oscilaciones entre ahorro y crédito, sino que responde a las decisiones políticas de los banqueros centrales. Los bajos tipos de interés, reducidos artificialmente, han impulsado un exceso de liquidez mediante la concesión de préstamos asequibles. La política de los bancos centrales ha reducido la percepción de riesgo que conlleva toda inversión, propiciando un excesivo apalancamiento en proyectos a largo plazo de dudosa solvencia. Los pinchazos de las burbujas inmobiliarias en EEUU, España o en el Japón de los años 90 son un buen ejemplo de ello.

Pero lejos de rectificar, los organismos reguladores del mercado financiero optan ahora por culpar a los agentes que sirvieron de meros transmisores de una política crediticia errática. Las agencias de calificación de riesgos (rating) han terminado por convertirse así en las cabezas de turco de la crisis subprime. No cabe duda de que han cometido errores, tal y como muestra la depreciación de activos que, recientemente, vienen aplicando a emisiones de deuda que hasta ahora contaban con la máxima calidad y garantía crediticia (AAA), pero los auténticos culpables de la situación (esto es, los bancos centrales) permanecen impunes.

Los anuncios de mayor regulación y transparencia financiera avanzan una nueva oleada de intervencionismo gubernamental sobre los mercados financieros. De hecho, el Gobierno de EEUU e, incluso, la UE, barajan incluso la posibilidad de restringir la inversión en el mercado bursátil de materias primas con el fin de atenuar el encarecimiento del petróleo y de los alimentos. Como si la imposición de un determinado precio máximo en ciertos productos lograra su abaratamiento por arte de magia. Pregunten si no al régimen comunista de Cuba o al de Venezuela.

Al igual que acontece con toda enfermedad, un diagnóstico correcto resulta crucial para recuperar la salud perdida. Atentos, pues, a todas aquellas voces que hoy increpan contra el "libre mercado", el "capitalismo salvaje" y el "liberalismo radical", ya que son las excusas bajo las que se esconderán los verdaderos culpables de la crisis económica, tanto de la actual como de las que tengan lugar en años venideros.

Los bancos centrales, culpables

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

La palabra framework combina esos significados de base material y red que le son tan propios. El título no hace al libro y el de Hicks, con ser bueno, no es tampoco la primera de las opciones para aficionado.

Es, precisamente, el carácter de red o de malla de relaciones interpersonales lo que resulta característico de la sociedad libre, es decir, de ese fenómeno que hemos llamado “mercado” cuando nos referimos a ella en su aspecto económico. La división del trabajo se quedaría en un inconexo y desmadejado hatajo de tareas, un absurdo espectáculo, si no fuese porque estas tareas están interconectadas entre sí al servicio de la producción de los bienes de consumo y los servicios que atienden directamente nuestras necesidades.

Esa compleja red multidimensional, en la que no hay más nudos que los que acuerden los que forman parte de ella, es a la vez enormemente poderosa y muy débil. Es poderosa porque, pese no estar al servicio de ningún plan, hace posibles los resultados de lo que sería un plan perfecto. Y es débil porque en cuanto se paraliza un sector de esta malla, cuando se rompen unos cuantos nudos por la razón que fuere, ese delicado, sutil y complejo proceso de coordinación se rompe y la división del trabajo se desmadeja y los consumidores ven cómo la corriente de bienes de consumo ya no sale a su encuentro.

Hemos visto un claro ejemplo en el cierre patronal de los transportistas. Ante la pasividad del Gobierno, al menos en los tres primeros días, los empresarios en huelga han hecho uso del recurso sindical por excelencia, el que le resulta más propio y característico: No son las cuotas, claro está, sino la violencia. Un sector de esa división del trabajo se paraliza y las estanterías, los escaparates, los mostradores de las tiendas, clarean.

Pero, en ausencia de violencia, cuando la sociedad es verdaderamente libre, esa red de intercambios voluntarios es lo suficientemente flexible como para reaccionar tan rápido como es humanamente posible, y al menor coste.

Vamos, que jamás podríamos haber inventado nada tan bueno. Hemos tropezado con el entramado social sin que lo hayamos diseñado o siquiera concebido. A veces, las mejores cosas no son el resultado de un plan.

Con las cosas de comer no se juega

Escrito por Fernando Herrera-González en . Publicado en Análisis diario.

Acabamos de asistir al nacimiento de otro indicador económico agregado, de los que tanto gustan a los economistas. Se trata del IPOD (nada que ver con el cacharrito de Apple), el Índice de Precios en Origen y Destino. Se nos presenta por cortesía de diversas organizaciones de consumidores (la UCE y la CEACCU) al alimón con los grupos que representan a agricultores y ganaderos (COAG).

¿Cuál es el propósito del recién nacido índice? Ni más ni menos que mostrarnos las diferencias que hay entre el precio que tienen determinados alimentos en origen, esto es, el que paga la cadena de distribución al agricultor o ganadero, y el precio en destino, o sea, el que el último distribuidor cobra al cliente final. Evidentemente, de forma directa, esta diferencia nos ilustrará sobre el margen de este precio final que retiene la cadena de distribución.

Como cabe esperar, habida cuenta de las partes interesadas en publicar esta información, la citada diferencia resulta ser escandalosa. Si bien los datos oficiales aún no están publicados, los referidos en la rueda de prensa hablaban de una diferencia media del 483% para los 25 alimentos controlados, siendo extremo el caso de los plátanos, que se pagan en origen a 12 céntimos/kilo y se venden a 1,83 Euros/kilo al consumidor.

Hasta aquí el estudio es perfectamente legítimo, y no deja de añadir transparencia al mercado. Es una forma barata mediante la que posibles emprendedores podrían encontrar nuevas oportunidades de negocio. La preocupación viene después, cuando, como también cabía esperar, las entidades elaboradoras instan al Gobierno a intervenir para que se acabe con la "abusiva especulación" que provoca la injusta formación de precios y de márgenes comerciales.

Y esto es una preocupación porque si, por azar o populismo, el Gobierno cayera en la trampa tendida (y a la que seguro que no faltarán voces que le empujen), entonces sí tendríamos un problema real y cierto: el desabastecimiento de los mercados de alimentos.

Tanto la historia como la teoría económica nos demuestran que si el Gobierno regula los precios o los márgenes de una determinada actividad comercial, provoca la escasez del bien regulado. Esto es fácilmente entendible: al precio que fija libremente el mercado, los productores están dispuestos a ofrecer sus bienes hasta equilibrar oferta y demanda. Pero en el momento en que dicho precio es inferior al de mercado, habrá más cantidad demandada de la que la oferta está dispuesta a proporcionar, por lo que se producirá desabastecimiento.

En la medida en que las actividades de distribución de alimentos están libres de injerencias de la regulación, los precios que se establecen entre cada actividad sucesiva son libres. Si el Gobierno interviene fijando margen, justiprecio o lo que se le ocurra, se reducirá la oferta en estas actividades, trasladándose esta merma por toda la cadena de distribución hasta el consumidor final.

Y sí, puede que el precio para éste sea menor, puede que se consiga reducir el "abusivo" margen comercial que el mercado ha fijado para la cadena de distribución, pero lo que es seguro es que la demanda quedará insatisfecha. Podremos comprar los plátanos más baratos… si los encontramos.

Por eso, hay que pedir un poco de responsabilidad a los grupos de interés que solicitan la intervención en la distribución de alimentos. Está muy bien que informen sobre las diferencias de precios de origen y destino, pero que no vayan más allá, por favor: con las cosas de comer no se juega.

Piratas

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Hay que transmitir muchas ideas con pocas palabras, y esa economía de las palabras fuerza a los hacedores de mensajes políticos a llenar de significados a las palabras o directamente a hacer de ellas un uso torticero. Ese cambio en la política es lo que va de Sagasta a Pepiño Blanco.

¿Cómo, si no, pueden convertirse los atentados de ETA en meros accidentes? Los grupos de presión conocen bien ese mecanismo y lo utilizan profusamente. Así, la violencia doméstica se convierte en "violencia de género" o "violencia machista" o incluso "terrorismo de género", con lo que la mitad de la población tiene en los genes un criminal en potencia. Los empresarios asentados hablan de "competencia desleal" para referirse a todo aquel que ose ofrecer un servicio mejor que ellos o que lo haga a mejor precio. Es decir, a todo el que compita en buena lid.

Son incontables los ejemplos, a cual más indignante. Quizás el que más éxito ha tenido es el de llamar "pirata" a quienes comparten una copia privada, un acto completamente legítimo pero muchos quieren convertir en el enésimo crimen sin víctima. Un pirata es un ladrón marino. Pero aquí no hay mar que valga ni robo ni violencia.

Lo más sorprendente de todo es que quienes más hablan de piratería son los que proponen un canon digital, que es un robo en toda regla; un atraco con todas las de la ley, con o sin pata de palo o parche en el ojo. No iré tan lejos como llamar "piratas" a quienes cobran ese canon, que además luego pasa lo que pasa, pero hay algo que debe quedar claro. Si un grupo recurre a retorcer el significado de las palabras para conseguir sus objetivos (y de paso una cuantiosa fuente de ingresos) es que no tiene siquiera la confianza en que le asisten la razón y el derecho. Será que en el juego de la política, que es el de las palabras, razón y derecho están de más.

Violencia

Escrito por Ángel Martín Oro en . Publicado en Análisis diario.

Violencia es una de las palabras que mejor definirían la situación actual. El parón de cierto sector de los transportistas está causando estragos, afectando al conjunto de la economía española y generando violencia en muchos aspectos.

Ya ha habido un miembro de un piquete muerto tras ser atropellado por otro camionero y un herido en trágicas circunstancias, que sufrió quemaduras importantes por el incendio de su camión, presuntamente provocado por compañeros suyos mientras él dormía. Personas que probablemente tengan comportamientos diarios pacíficos y normales, pero que en circunstancias como éstas, en las que el efecto arrastre de la masa tiene mucha relevancia, manifiestan lo peor de ellas mismas; algo similar a lo que podría ocurrir en los campos de fútbol. Estos hechos serían lo más visible del brote de violencia que estamos padeciendo, pero no los únicos.

En segundo lugar tenemos la violencia que los huelguistas están ejerciendo hacia los que no quieren parar. Como era de esperar en una huelga, no se conforman con no trabajar (perjudicando a otros sectores e individuos no relacionados directamente con ellos) y reivindicar lo que crean oportuno, sino que se dedican a coaccionar ilegítimamente a los que sí quieren trabajar. Y el gobierno, supuesto garante de nuestros derechos y libertades, tardando en reaccionar y mirándolas venir durante los primeros días; una actitud que debería extrañar a muy pocos a estas alturas.

Además, como nos enseñó el fantástico economista francés del siglo XIX Bastiat, debemos mirar más allá de los efectos que se ven a primera vista, y prestar atención a lo que permanece más oculto. Este parón, con todas sus implicaciones, también puede causar sentimientos violentos en parte de la población hacia los transportistas, hayan participado o no de la huelga. Algo que contribuye a caldear el panorama social en tiempos no excesivamente tranquilos.

Por último, habría que tener en cuenta las exigencias de los huelguistas, que como decía Juan Morillo, consisten básicamente en "sacar dinero del bolsillo de los contribuyentes en beneficio de unos pocos privilegiados… socializar las pérdidas y vulnerar derechos". Es decir, piden más violencia y coacción institucionalizadas a través del estado, produciendo más tiranteces y conflictos sociales entre distintos agentes, ya que si el gobierno les concede lo que piden, ¿por qué no protestamos todos? Quizá haya suerte y consigamos algo, siempre a expensas de los demás, pero eso importa poco con tal de conseguir lo que queremos. Y es que así es como funciona el intervencionismo, generando incentivos inadecuados que hacen que unos se beneficien a costa de otros, algo que no sucede mediante el intercambio voluntario característico del sistema de libre mercado. Cuanto mayor sea el peso y tamaño del estado, mayores posibilidades habrá de que un grupo o sector de la sociedad presione al gobierno para conseguir ciertos privilegios por encima del resto de la sociedad.

Mientras tanto, se culpa al "neoliberalismo radical" (estaría bien que nos explicara la vicepresidenta en qué consiste eso exactamente) de los problemas de nuestra economía. Algo totalmente absurdo, pero que no sorprende en absoluto viniendo de quien viene.

Sin embargo, ya no hay razón por la que preocuparse: el Gobierno se ha puesto manos a la obra. Rubalcaba acaba de invitar a los transportistas a salir a trabajar "porque no existe ningún riesgo", y si tienen alguna duda o problema, que llamen a la policía. Y Zapatero advirtió que "el Gobierno tendrá tolerancia cero con cualquier acto de coacción o de violencia". ¿Se refiere también a todos los actos coactivos que realiza el Estado coartando la libertad y los derechos de los individuos? Me temo que no.