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Voces de la libertad

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

La mayor parte de quienes lean esta columna saben de sobra quién es Carlos Alberto Montaner, ese admirable escritor, periodista y activista por la libertad para la isla con quien tengo el privilegio de compartir páginas virtuales.

Además de ser los dos cubanos (uno en el interior, otro en el exilio), ambos comparten el honor de ser objeto de una dura campaña de difamación del régimen comunista y sus palmeros en el resto del mundo. De hecho la última oleada de ataques a la imagen de Montaner desde La Habana tenía como uno de sus objetivos iniciales tratar de desprestigiar a la bloggera, como el propio escritor señala en un reciente artículo. Resulta totalmente surrealista pretender, como hacen los secuaces de los hermanos Castro, que un colaborador de Libertad Digital, el que sea, tiene la capacidad de hacer que El País le otorgue un premio a alguien, en este caso Yoani Sánchez.

En el caso de Montaner, el odio que le tiene el castrismo viene de muy lejos y parece inextinguible, como demuestra que todo lo referido a su persona siga molestándole tanto. Parece que no se esperaban el manifiesto de apoyo firmado inicialmente por ciento cuarenta personas –entre las que figuran personalidades del nivel de Mario y Álvaro Vargas Llosa, Havel, Aznar o Lacalle, y que ya suma más de trescientos firmantes, algunos de la talla de André Glucksmann o Adam Michnik– y que tan mal les ha sentado. Al menos eso es lo que se desprende de la nueva arremetida escrita en Granma por un franco-canadiense entregado al régimen de La Habana.

Lo de Yoani Sánchez es diferente. Les ha empezado a molestar hace poco tiempo. Posiblemente al principio el Gobierno de La Habana no intentara actuar contra ella y permitiera acceder a Generación Y desde la Isla para aparentar un aperturismo que pudieran vender esos medios occidentales siempre tan ansiosos de poder hablar bien de los hermanos Castro. Sin embargo, una vez que la prensa extranjera habló de ella, bloquearon el acceso a la bitácora desde Cuba. Pero no fue suficiente. El País le concedió el Premio Ortega y Gasset, y la respuesta de las autoridades comunistas fue impedirle salir de su país para venir a España a recogerlo.

Pero ni así lograron que se dejara de hablar de ella. Crearon un blog escrito por un supuesto Yohandry (un nombre que trata de llevar a la confusión) para tratar de contrarrestar la influencia de Yoani Sánchez, pero no lograron su objetivo. Por eso inventaron una fantástica y demencial historia de conspiraciones, espías y grandes corporaciones (¡Prisa como un tentáculo de la CIA!) en la que metieron con calzador a Montaner. Es posible que si no encarcelan a la bloggera, tan incómoda para ellos, se deba tan sólo al daño que haría eso a la falsa imagen de aperturismo que trata de mostrar Raúl Castro.

Carlos Alberto Montaner y Yoani Sánchez son dos dignos ejemplos de lo que más odia la dictadura comunista: cubanos que fuera o dentro de la mayor de las Antillas no aceptan que sus compatriotas y ellos mismos no puedan ser libres. Dos auténticas voces de la libertad.

Cuando los camiones se incendian solos

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El chofer que ahora mismo se recupera de graves quemaduras, sufridas mientras dormía en la cabina de su camión en un polígono de la provincia de Alicante, encontrará sin duda un gran alivio espiritual al saber que fue el camión el que se incendió, él solito, y por tanto, sus heridas no son consecuencia del acto vandálico de un "piquete informativo" formado por compañeros de profesión. Pero tras el bálsamo proporcionado por los presentadores del telediario, vendrá la angustia de pensar si acaso no fue él mismo quien, en un rapto de locura transitoria, prendió fuego a la cabina, porque en ese caso se va a ver obligado a dar abundantes explicaciones a su empresa y a los investigadores del seguro.

Ocurre en este caso como en los libros de Historia de la LOGSE cuando relatan el incendio de iglesias y conventos ya en los albores de la Segunda República, paraíso de derechos y libertades, de tolerancia y progreso. "Ardió", es la explicación que suelen ofrecer al lector sus autores, como si todos los sacristanes de las iglesias madrileñas hubieran olvidado el mismo día apagar las velas del retablo de la patrona. "Ardió". Igual que el camión de este trabajador. Con él dentro.

Está mal quemar a una persona para lograr una subvención estatal para el gasóleo o una nueva coacción institucional hacia el resto de ciudadanos para premiar a un grupo organizado, pero peor aún es insultarle de esta manera mientras intenta recuperarse en una habitación de hospital. Cuatro camiones más, aparcados junto al del herido, "ardieron" también esa noche. Espontáneamente, por supuesto. Algún chispazo eléctrico de una bujía defectuosa que, asombrosamente, se produjo con el contacto apagado y el ocupante durmiendo en la cabina.

Los miembros de ese "piquete informativo" seguramente estarán durmiendo a pierna suelta con la satisfacción del deber cumplido. Sorprendente lo que el ser humano puede llegar a degenerar por trincar una subvención.

Desmontando algunos mitos de la democracia pura

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Según diversos historiadores, podríamos ubicar el surgimiento de la democracia en Grecia como sistema político en torno al s. VI a.C. Pero ¿cómo vivían la Política aquellos primeros demócratas de la historia? Existen ciertas evidencias que nos permitirían afirmar que la vida política en Atenas difería en mucho con respecto a sus teóricos ideales y principios.

Si bien la polis clásica se caracterizaba, al menos en teoría, por su unidad, solidaridad y participación, no es menos cierto que contaba también con una ciudadanía sumamente restrictiva. El ámbito de la actividad e intervención públicas afectaba de manera intensa y profunda a la vida de los ciudadanos, puesto que la Asamblea se constituía como órgano soberano supremo, pero ésta incumbía única y exclusivamente a una pequeña proporción de la población total existente en la comunidad. Tan sólo los atenienses varones mayores de 20 años podían optar a la deseada ciudadanía.

Ni las mujeres, ni un gran número de residentes en Atenas, como por ejemplo los extranjeros o inmigrantes, disponían del derecho a participar en los procedimientos formales. Por supuesto, quedaban también excluidos los esclavos, que en la Atenas de Pericles conformaban un elevado porcentaje sobre la población total (al menos tres esclavos por cada dos ciudadanos libres).

Así pues, los ciudadanos no sólo se ocupaban de la Administración, el servicio militar, la formulación de leyes, la Justicia o las ceremonias religiosas, sino que también se encargaban de la supervisión y control de un gran número de personas, las cuales carecían de ciudadanía plena. Es decir, la democracia antigua se convertía así en un sistema de elitismo social, cuya práctica derivaba en una auténtica tiranía de los ciudadanos sobre la mayoría de la población.

Mientras, el ejercicio político, mediante la participación activa y multitudinaria en la Asamblea, dependía en gran medida de las habilidades oratorias de cada uno. Con toda probabilidad, la mayoría de discursos e intervenciones corrían a cargo de un número comparativamente pequeño de dirigentes, los cuales se configuraban como ciudadanos de arraigada reputación, excelente oratoria y liderazgo reconocido por el demos y que, por tanto, dispondrían de un auditorio atento.

Por otro lado, si bien la participación ciudadana en la Administración Pública era excepcionalmente intensa (al menos en Atenas), existen motivos para suponer que tan sólo una minoría bastante reducida asistía de hecho a las reuniones de la Asamblea, ya que los líderes procurarían que sus partidarios acudiesen en su apoyo, con lo que muy probablemente fueran sólo esos grupos de adeptos los que concurrieran de forma asidua a tales sesiones deliberativas. Además, como tales grupos consistían, sobre todo, en coaliciones basadas en parentesco y amistad, es muy probable que no asistiesen los ciudadanos más pobres o peor relacionados.

Al mismo tiempo, tal proceso se caracterizaba, en realidad, por el enfrentamiento existente entre grupos de líderes rivales, la existencia de redes informales de comunicación e intriga, y el surgimiento de facciones abiertamente opuestas que ejercían determinadas presiones para el logro de sus intereses y objetivos. Se trata, pues, de una contienda dura y difícil donde los problemas comunes a menudo quedaban subordinados a ambiciones e intereses personales y sectoriales.

Igualmente, resultacurioso que tanto la Asamblea como el Consejo (otro órgano central de Gobierno) tendieran a estar fundamentalmente dominados por ciudadanos de "alta cuna" o rango social elevado. Una elite de familias ricas y bien posicionadas socialmente que disponían del tiempo suficiente para cultivar sus contactos e influir políticamente en función del particular logro de sus intereses. Además, se originaban con relativa frecuencia batallas políticas de tinte personal que, normalmente, finalizaban con la eliminación física de los oponentes a través del ostracismo o la muerte.

En este sentido, los líderes políticos de las facciones llegaban incluso a apelar al ostracismo por votación en las asambleas para suprimir a sus adversarios por un período de diez años.

Además, el verdadero autogobierno, tal y como era concebido en la democracia ateniense, requería que el ciudadano se dedicara por completo al servicio público. En este sentido, el grado de implicación exigido en política era tan absorbente que llegó incluso a originar profundos desequilibrios y disfunciones en lo que respecta al modo de compaginar vida pública y privada. El ciudadano se entregaba por entero al Estado: le daba su sangre en la guerra y el tiempo en la paz. No tenía libertad siquiera para dejar aparte los negocios públicos para ocuparse de los propios.

Por ello, al tiempo que la democracia se perfeccionaba, más se empobrecían los ciudadanos, creándose así un círculo vicioso en el que para compensar la insuficiente producción de riqueza se hacía necesario confiscar un mayor número de recursos a la población gobernada, con el objetivo de resolver el acuciante problema económico a nivel estructural propio de la polis.

Por último,si bien es cierto que la democracia ateniense disfrutó de períodos relativamente largos de estabilidad política, tal estabilidad se debe probablemente más a su particular historia como victorioso "ente conquistador", y no tanto al funcionamiento interno de su sistema político.

El desarrollo de la democracia ateniense vino posibilitado por el éxito de sus campañas militares, ya que tales victorias suponían importantes beneficios materiales para casi todos los estratos de la ciudadanía de Atenas lo que, sin duda, contribuía a la formación de una base común entre ellos, base que debió de ser bastante sólida mientras los éxitos militares tuvieron vigencia.

La democracia ateniense perduraría así hasta que fue derrotada por el ejército macedonio en el año 322 a.C., y durante un siglo y medio de existencia mantuvo una cierta hegemonía comercial y militar en el Egeo, pero también tuvo que hacer frente a diversas crisis y cruentas reacciones oligárquicas a lo largo del siglo V a.C., la segunda de las cuales, el régimen de los "Treinta Tiranos" (404- 403 a.C.), acarreó el asesinato de no menos de mil quinientos ciudadanos.

Vacas flacas sólo para el sector privado

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Ya sabe, todo por culpa de esa crisis que según Zapatero no existe. Pero evidentemente, el Estado no es el único que se resiente por las consecuencias de esta "desaceleración transitoria ahora más intensa", también sufren las empresas privadas. Comparemos esta situación por separado.

El único fin social que tiene una empresa es obtener beneficios. A diferencia de las obligaciones del Estado, la empresa no ha de mantener la paz ni bienestar social. Las empresas dependen del plebiscito del consumidor. En condiciones de libre mercado no pueden abusar de él porque en caso contrario el cliente se irá a la competencia. Muchas empresas ahora están pasando por un mal momento y no han trasladado los aumentos de costes al cliente hasta que la situación les ha sido insostenible. Uno de los ejemplos que más han estado sonando estas semanas son las compañías aéreas, que han empezado a subir precios ante la imparable subida del crudo. Todo y así, aerolíneas como Iberia ya han anunciado que si su demanda baja mucho, bajará precios, es decir, se comerá más costes aún. Las empresas se amoldan a las necesidades de la gente para que todos, mundo empresarial y sociedad, podamos convivir. Los dos nos necesitamos y los dos nos consentimos mutuamente de forma libre. Pero la relación Estado–ciudadano no es la misma.

Estos días hemos oído la negativa del Gobierno a rebajar los impuestos a los combustibles. Solución que habría sido la más fácil y transparente para todos, tanto para empresarios como para trabajadores y ciudadanos. Las razones que han esgrimido los gobernantes para negarse a la rebaja fiscal han sido básicamente técnicas, pero también económicas. Hace dos semanas ocurrió lo mismo en Francia cuando Nicolás Sarkozy planteó suspender el IVA a los carburantes. Bruselas calificó las declaraciones de "error" y la propuesta se guardó en un cajón.

Con esta crisis estamos viendo que los estados, al no necesitar nuestro plebiscito para nada, se sacan la máscara comportándose como unos tiranos. Curiosamente, los que viven de la economía privada hacen todo lo contrario apretándose el cinturón y así podernos servir. ¿No sería más razonable, en la lógica actual, que fuesen los gobiernos y no las empresas los más comprensivos y flexibles con el ciudadano? Es decir, que recortasen costes, partidas innecesarias y de escaso valor para el ciudadano. En este panorama no tiene demasiado sentido pagar a actores ociosos que viven de cánones privado-estatales, empresas que están fuera del mercado y sólo se alimentan de subvenciones, tiranos de otros países o lobbies. El Gobierno también tendría que hacer una reducción de costes interno como todas las empresas en estado de crisis. Parece haber olvidado todo el mundo que el Estado no es un fin, sino un medio y muy poco eficiente a la luz de los acontecimientos.

Se nos viene encima una situación que está haciendo que nuestro poder adquisitivo se deteriore a una velocidad de vértigo, pero antes prefieren los gobernantes ver una huelga durísima con escasez de alimentos, de combustible, violencia, intentos de asesinato y hasta un muerto que no perder ni un sólo céntimo en recaudación. Nos dicen que no pueden hacer nada por problemas formales y por la enorme burocracia, obligándonos un día detrás de otro a apretarnos el cinturón. Para los políticos las cosas sólo son difíciles e imposibles si repercuten negativamente en los ingresos del Estado. Para ellos no es una cuestión de defender el bien común, sino de mantener y aumentar el dinero y el poder.

Si una empresa se comportase así con sus clientes cerraría a los dos días, epro al Gobierno no le ocurrirá. ¿Cree que le importa lo más mínimo esta situación a los burócratas? ¿Cree que alguien se va a acordar de todo esto en las próximas elecciones de aquí a cuatro años? ¿Qué incentivos tiene el Gobierno en cumplir con sus responsabilidades de proporcionar seguridad y bienestar al ciudadano en un sistema en el que se prima la avaricia gubernamental y ni siquiera hay leyes para castigar la irresponsabilidad política? ¿Es necesario que los gobiernos tengan tanto poder sobre nuestras vidas? Por si alguien lo ha olvidado, son ellos quienes nos han de servir a nosotros, y no al revés.

Cómo evitar el cambio de régimen en España

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Intranquiliza pensar en la instrumentalización política del Tribunal Constitucional para que sus sentencias otorguen una patina de legalidad a cambios legislativos, redactados en contra de los artículos de la Constitución Española de 1978 que protegen los derechos individuales. La irresponsabilidad de los políticos y la maleabilidad de ciertos jueces están sustentando un cambio de régimen político hacia el confederalismo, la nación asociada o el secesionismo radical que surja de la actual deriva nacionalista.

Aunque solemos desconfiar de la justicia por su politización, se podía pensar que el artículo 53 impediría a la máxima instancia judicial en temas constitucionales intervenir sobre los derechos a la vida (artículo 15), a la libertad (artículos 17) y a la igualdad ante la ley (artículo 14).

Sin embargo, precisamente, el último párrafo del apartado primero del artículo 53 permite cualquier atropello de derechos sea certificado legalmente por el Tribunal Constitucional, para gozo de los políticos que legislan leyes intervencionistas en los Parlamentos autonómicos y/o en el Parlamento nacional, para realizar ingeniería social y alcanzar utopías pisoteando los derechos de millones de ciudadanos.

Hace unos meses comentábamos la necesidad de lograr la independencia del Tribunal Constitucional (TC) y se proponía una nueva redacción del artículo 159 de nuestra Constitución Española de 1978 (CE). La falta de independencia del TC se comprueba al observar que, aplicando el apartado primero del actual artículo 159, hasta 8 miembros son elegidos por los políticos del Parlamento y no tienen necesariamente que haber sido jueces de carrera, pudiendo ser abogados, profesores universitarios o, incluso, funcionarios.

Debidamente cocinadas, las sentencias del TC obedecen a los designios de sus amos y dan legalidad oficial a leyes que serían inconstitucionales si las dictaminasen jueces que no debiesen sus cargos a favores pasados, presentes o futuros.

Ingenuamente, no imaginábamos que la plasticidad de los miembros del TC ante las exigencias de los políticos que los han elegido diera lugar a una sentencia favorable a la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género que, permite al Gobierno introducir discriminación "positiva" a favor de la mujer y, con ello, vulnerar claramente el artículo 14, según el cual "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer alguna razón de nacimiento, raza, sexo…".

Con estos antecedentes y con los procedimientos empleados por la presidenta del TC, ya vislumbramos que dicha institución dará visos de legalidad a la reforma encubierta de la Constitución que se introduce por medio de la ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Poco importa que el Consejo General del Poder Judicial haya informado acerca de su inconstitucionalidad, que se opriman los derechos individuales de cientos de miles de ciudadanos no nacionalistas, que haya sido aprobado por una minoría de los catalanes con derecho a voto, que se vaya a iniciar un régimen político confederal o, que se ataque la existencia de España como nación.

Poner freno al secesionismo totalitario va a ser prácticamente imposible con el actual Tribunal Constitucional, ya que no ejercerá la tutela judicial redactada en el artículo 53 para defender los derechos individuales de los ciudadanos no nacionalistas sino para certificar su defunción.

En lo que respecta a la tutela judicial efectiva, una reforma necesaria sería garantizar la independencia de los jueces que alcancen el Tribunal Constitucional (artículo 159), el Tribunal Supremo (artículo 123) y/o el Consejo General del Poder Judicial (artículo 122).

Quizás, en aras a garantizar la independencia judicial respecto del poder legislativo y el poder ejecutivo, los ciudadanos deberían elegir periódicamente los fiscales (artículo 124) y los jueces (artículo 122) que deberían tutelar sus derechos en cada jurisdicción judicial, sin el concurso de instancias superiores. O, como mínimo, deberían elegirse los altos cargos que administrarán los cuerpos de jueces y de fiscales, en vez de hacerlo los políticos del Parlamento.

Y, adicionalmente, el Tribunal Constitucional (artículo 159) tendría más sentido judicial integrado como sala quinta del Tribunal Supremo (artículo 123), encargado de los asuntos constitucionales pero estando formado exclusivamente por jueces de carrera, profesionales y experimentados.

En estos momentos, aunque desearía equivocarme, sólo existe una única posibilidad de proteger eficientemente los derechos y libertades individuales en todas las regiones de España frente a la ofensiva nacionalista.

La primera mitad de la solución, es ardua y compleja, ya que sería convencer a los dirigentes de los principales partidos nacionales sobre las indudables ventajas de un cambio en la ley electoral para que sean favorecidos por la instauración de doble vuelta y circunscripción electoral nacional.

La otra mitad de la solución pasa por lograr que, dicha nueva ley electoral, vaya acompañada de una propuesta de reforma constitucional que proteja los derechos individuales de todos los ciudadanos y corrija las enormes fisuras normativas de nuestra ley básica como, entre otras, el infame Tribunal Constitucional.

Air.CAT

Escrito por Rafa Fernández Tamames en . Publicado en Artículos en prensa.

Por supuesto la "respuesta" de la propaganda nacional-separatista no se ha hecho esperar, asociando a la aerolínea con el régimen nazi.

Este tipo de denuncias relevan a la claras el objetivo central del nacionalismo, privarnos del uso de nuestras libertades tanto a los ciudadanos como a las empresas. Ya es escandaloso que compañías de nuestro país estén obligadas a traducir sus anuncios a un idioma determinado, corriendo encima ellas con los gastos, pero hasta los más miopes deberían ver que no es muy razonable, por decirlo suavemente, que se le pongan trabas en el terreno idiomático a una empresa extranjera que decide invertir en España.

En lo que se refiere a internet los nacional-separatistas tocan en hueso, por ahora. Su primera "hazaña" tuvo lugar en septiembre de 2005, cuando el ICANN, el organismo que regula los dominios de internet, cometió el peligroso precedente de aprobar un nuevo dominio de primer nivel, el .cat. La argumentación oficial de la concesión de esta extensión de dominio es que su destino es la comunidad lingüística y cultural catalana, aunque nadie cuestionó el trasfondo político de esta concesión. Como bien dijo el editorial de Libertad Digital, "la aprobación por parte de la Asociación para a la Asignación de Nombres y Números (ICANN) de este dominio es anacrónico, pues no se corresponde con el espíritu de internet, y constituye un error garrafal". Justo eso, un anacronismo, volver a las cavernas; aunque estemos hablando de internet, el atavismo y el nacionalismo caminan juntos.

Cuando en esas fechas el consejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de la Generalitat, Carles Solá, declaró "la jornada de hoy es un día histórico comparable con aquel en el que se logró el permiso para que la selección catalana de hockey participase en competiciones internacionales", todos confirmamos el trasfondo político de la decisión, y que el acoso y derribo a la que sometió el lobby .CAT a la ICANN durante años no tenía otra intención que la política.

Hoy vemos cómo el director general de una aerolínea denuncia un acoso a sus libertades, y aunque internet sigue siendo un medio libre, los liberticidas nunca se darán por vencidos y nos atacarán sin cuartel. Debemos estar preparados, ya que la red será su próximo objetivo.

La PAC, un virus que se transmuta

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

El alumbramiento de la PAC (1962), buque insignia de la Comunidad europea, vino con una tara inicial: los políticos quisieron proteger al agricultor y ganadero europeos de los fríos (y eficaces) brazos del mercado. Los primeros treinta años de la PAC fueron un verdadero despropósito interventor. Todos tenemos en mente los perniciosos efectos de las subvenciones directas a la producción, los precios de intervención, el barbecho impuesto, las cuotas a la producción, los subsidios a la exportación o los aranceles a la importación.

Las presiones fruto de las rondas del GATT (hoy OMC) y la perspectiva de la incorporación de nuevos miembros allanaron el camino de las diversas reformas de la PAC que se han ido sucediendo. Las más importantes –como la del comisario Ray Mc Sharry (1992), la Agenda 2000 (1999) o la última reforma de 2003 (que se empezó a aplicar en 2006)– han cambiado el modus operandi de la PAC, pero no su filosofía intervencionista.

De esta guisa, los sabios burócratas han eliminado (desacoplado) gradualmente casi todas las ayudas directas a la producción y las han sustituido por un pago único en forma de renta (por hectárea o por subvenciones medias históricas) independientemente de lo producido realmente. Asimismo, mediante el mecanismo denominado modulación, una parte significativa del presupuesto de la PAC se dirige ahora a planes de desarrollo rural.

Como se ve, pese a su lavado de cara, los empresarios agrícolas y ganaderos de Europa siguen rehenes de lo que los funcionarios decidan y proyecten para el campo. Cualquier desarrollo de la función empresarial, introducción de innovaciones o mejora de la competitividad en el sector será problemática. El virus sigue muy presente.

Recientemente la Comisión ha hecho un “chequeo médico” de la situación y ha propuesto nuevas reformas a los 27 Estados miembros, tales como mayores recortes en las ayudas directas todavía existentes, el aumento de la modulación, la supresión paulatina de las cuotas lecheras, el abandono del barbecho obligatorio del 10% de la superficie para el cultivo de cereales o la reducción de las subvenciones a los biocombustibles. Incluso la nueva comisaria del ramo nos ha lanzado recientemente sus “inefables” consejos para no comprar más comida de la debida (hay que tener la faz como el granito).

Por su parte, los diferentes lobbies agroganaderos se han movilizado de inmediato para pedir a sus políticos y al millar de funcionarios que gestionan la PAC que no se precipiten en dichas reformas. Toca a finales de este año la confección del presupuesto de la PAC para el 2013 y con los dineros “de uno” no se juega.

En un contexto actual de encarecimiento mundial de los productos alimenticios, la agricultura europea, además de haber distorsionado el mercado mundial durante décadas, se ha visto completamente impotente para acudir en ayuda efectiva de los más vulnerables (las rigideces de la PAC impiden a nuestros subsidiados productores crear excedentes puntuales). La mala conciencia aflora con propuestas de ayuda a los países afectados. No obstante el ministro francés del Agro, Michel Barnier ha superado a todos en hipocresía al decir, refiriéndose a la crisis alimentaria internacional, que lo que estamos presenciando en el mundo es una consecuencia de “demasiado liberalismo que fomenta la especulación”.

Triunfe o no la ronda de Doha, está claro que el agro-proteccionismo tradicional tiene sus días contados, pese a sus excepciones o prórrogas más o menos significativas. No obstante, la PAC se transmutará. Manejará sus fondos de otra forma. La nueva tendencia será que las ayudas vengan ahora “eco-condicionadas” para promover difusos proyectos (cofinanciados por los Estados) que cumplan con la prolija normativa europea de sostenibilidad medioambiental, salubridad alimenticia, protección de la biodiversidad, mejora en la gestión del agua, bienestar de los animales y lucha contra el cambio climático (ahí es nada).

El ignorar las señales del mercado durante casi medio siglo ha supuesto un condicionante empobrecedor y paralizante para muchos empresarios agrícolas y ganaderos que se han acostumbrado a mirar más al boletín oficial (europeo o nacional) que a las oportunidades de negocio, al consumidor final y, si me apuran, a la climatología. No parece que sea ésta la estrategia más adecuada ante un futuro de alza generalizada de precios de los alimentos.

Cuando se tiene un virus, lo deseable es destruirlo. Los objetivos señalados en el artículo 33,1 del Tratado de Roma se pueden conseguir mucho mejor mediante relaciones comerciales libres y voluntarias entre productores y consumidores, no mediante la planificación política de un bello jardín.

Armas y redes P2P

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

El caso es que ha sido demandado precisamente por emplear su capacidad en desarrollar nuevas redes P2P que, como es natural, han sido empleadas masivamente para la descarga de contenidos protegidos por derechos de autor. Pablo Soto se ha defendido argumentando que Promusicae intentó primero "plantear acciones civiles contra usuarios de redes P2P en España y, tras fracasar ante el Tribunal de Justicia de la UE, ha decidido cargar contra una herramienta de comunicación neutral como es la tecnología P2P". Es decir, que el P2P es una tecnología extraordinariamente efectiva para el intercambio de archivos; esa es su función. Los ficheros que realmente se intercambien mediante P2P son responsabilidad de los usuarios, no de los creadores de la herramienta.

El incordiante Javier Cuchí, compañero en la Asociación de Internautas, se ha sumado a ese argumento, pero poniendo un mal ejemplo. Afirma que Seat no tendría la culpa si empleara su coche, fabricado por esa empresa, para cometer alguna locura, como empotrarlo contra la sede de Microsoft cargado de explosivos. La empresa no puede ser responsable de que hagamos un mal uso, incluso un uso criminal, de sus productos. Sin embargo, argumentarán las discográficas, lo cierto es que en general los coches no se emplean para hacer atentados terroristas y por eso no se le puede hacer responsable al fabricante. En cambio, intercambiar ficheros protegidos no es un uso marginal de las redes P2P, sino el habitual, de modo que en ese caso sí que se puede demandar a los creadores de estas aplicaciones por la millonada que se crea oportuna.

Es el mismo principio bajo el que se rigen quienes defienden la prohibición de la libertad de vender y poseer armas de fuego. Se supone que su principal función es disparar contra otra gente, de modo que debe evitarse que llegue a manos de ciudadanos honrados. En realidad, la función para la que fue creado es disparar: que se haga contra una diana, unas cuantas latas, un ladrón o la víctima de un intento de violación es resultado de las circunstancias y, sobre todo, de la voluntad del dueño. De hecho, la mayor parte de las veces se emplea de forma defensiva y sin ni siquiera llegar a disparar. Pero supongamos que, efectivamente, su principal uso, el habitual, fuera hacer daño a otras personas. ¿Debería eso darnos derecho a pedir responsabilidad a sus fabricantes? Pues no. Sigue siendo un artilugio que puede usarse para bien o para mal, dependiendo de para qué se utilice. Es el usuario el responsable de las consecuencias de sus actos.

Lo mismo sucede con el P2P. Sin embargo, un razonamiento tan sencillo con el que todo el mundo –y seguramente las discográficas también, pese a sus demandas– está de acuerdo, cuando se aplica a las armas de fuego, parece pasar a segundo plano. Sospecho que en realidad la única diferencia es el status quo; estamos acostumbrados a poder usar el eMule pero no a disparar un arma, de modo que nos parece natural que una cosa esté permitida y la otra no. Pero ese no es un argumento defendible. Ni unas ni otras deberían estar prohibidos. Deberíamos evitar que el Estado coarte nuestras libertades mientras no cuente con razones muy poderosas para ello, y aun así.

España sí tiene hipotecas subprime

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Artículos en prensa.

En general, no hay duda de que las entidades de crédito españolas han constituido todo un ejemplo a seguir en cuanto a su modelo de gestión y eficacia en comparación con otros países. Sin embargo, resulta necesario saber distinguir el grano de la paja.

En este sentido, la irresponsable política monetaria de bajada de tipos llevada a cabo por el Banco Central Europeo (BCE) ha posibilitado el surgimiento de una burbuja inmobiliaria a lo largo de los últimos años, cuyo pinchazo amenaza ahora con sacar a la superficie el alto riesgo adquirido por ciertas entidades (sobre todo, pequeñas y medianas cajas de ahorro) a la hora de conceder hipotecas para la compra de pisos.

La posibilidad de obtener dinero barato (bajos tipos de interés), junto a la disparatada revalorización del ladrillo, han fijado en la mente de los españoles la idea de que los pisos nunca bajan y que vivir de alquiler es tirar el dinero. Bajo esta premisa, millones de ciudadanos decidieron emprender la compra de una vivienda a un precio muy alto, que sobrevaloraba el inmueble. Y ello, mediante la contratación de una hipoteca a 25 ó 30 años a tipo variable, pensando además que el Euribor nunca superaría la barrera psicológica del 5 por ciento.

Pero la burbuja, finalmente, estalló. El precio de los pisos baja, las compraventas caen en picado, las promociones se paralizan y el temido Euribor avanza sin remedio hacia el 6 por ciento. Casi tres veces más que el valor mínimo alcanzado en 2003 (apenas un 2 por ciento). Los españoles han despertado de su letargo. Muchos se han endeudado por encima de sus posibilidades, y ahora toca pagar los platos rotos de los excesos cometidos.

No se equivoquen. En España sí hay hipotecas subprime; la diferencia es que no se ha empleado ese término para referirse a los créditos concedidos a personas con un perfil de alto riesgo (gente sin trabajo ni ingresos fijos ni tampoco propiedades). En el caso de España decenas de miles de trabajadores con escasa cualificación, mileuristas ingresos y empleos temporales, así como un creciente número de inmigrantes, se han lanzado al peligroso juego de la inversión inmobiliaria, con el fin de convertirse en propietarios o, incluso, pegar el ansiado pelotazo, animados por el frenesí de precios que experimentaba el mercado de la vivienda nacional.

Y han comprado sin necesidad de ahorrar antes, endeudándose hasta el límite de sus posibilidades y sin pararse a pensar en qué sucedería en el caso de que el Euribor (índice de referencia para la mayoría de hipotecas) iniciara una tendencia alcista, o ante la posibilidad, real hoy para muchos, de quedarse sin trabajo. Los distintos actores implicados en este fenómeno han cometido el mismo error económico de base. A saber, endeudarse a muy corto plazo, sin el necesario ahorro previo.

El progresivo encarecimiento de los costes de financiación, unido a la crisis de liquidez que vive el mercado interbancario y al frenazo en seco de las compraventas de vivienda, está situando en graves dificultades económicas no sólo a promotores e hipotecados de bajo nivel, sino también a aquellas entidades cuyos balances están más expuestos al parón del sector inmobiliario.

Ha llegado el momento de pagar la factura y algunos, simplemente, no podrán. Tarde o temprano, el mercado pone a cada uno en su sitio. Sin duda, algunos perderán, pero otros muchos, tanto particulares como empresas, podrán aprovechar las oportunidades de negocio que se presentarán a partir de ahora.

¿Qué es un neocon?

Escrito por Antonio Golmar en . Publicado en Análisis diario.

La doppiezza intelectual y el sfumato moral son características típicas de políticos profesionales y activistas más interesados en la recolección de votos que en la clarificación de ideas. Por desgracia, estos vicios resultan altamente contagiosos.

El pasado de mes de enero, Albert Esplugas comentaba en un artículo lo que él denominaba los siete pecados liberales. Entre ellos, el anti-izquierdismo instintivo que nubla la razón y nos lleva a defender cualquier cosa que la izquierda critique. Y el contrarianismo, que nos hace tan políticamente incorrectos que a veces nos pasamos de frenada.

Este tipo de corrupción se verifica en aquellos que jalean como liberal todo y a todos los que manifiestan su repugnancia hacia el actual presidente del Gobierno de España o que simplemente se autodefinen como "no socialistas". Como si el afán intervencionista sólo anidara en una parte del espectro político. Conviene no confundir política y politiquería, ambición e impostura. Otra de las falacias de los libero-oportunistas consiste en afirmar que un neocon es simplemente alguien que está a favor de la invasión de Irak.

Existen varias hipótesis sobre el llamado "neoconservadurismo". La más convincente es la que sitúa esta corriente política en la reflexión que en los años sesenta iniciaron Daniel Bell, Irving Kristol y otros acerca de los efectos nocivos de la nueva sociedad de consumo, las vanguardistas artísticas y la cultura pop sobre la familia, la religión y las virtudes cívicas. Les recomiendo The Cultural Contradictions of Capitalism, una de las obras fundacionales del movimiento. Esta idea subyace el tímido conservadurismo social de Reagan y Thatcher y fue popularizada por revistas como The New Criterion, Commentary y The National Review. La colonización neoconservadora ha dado lugar a un equívoco a mi juicio dañino para el liberalismo: el nuevo liberal-conservadurismo que a menudo no tiene de liberal más que el nombre. Intervencionismo económico, prohibicionismo y comunitarismo se hacen pasar por liberalismo en nombre de la oposición a una izquierda cuyos objetivos de control y experimentación social suelen diferir bien poco de la agenda neoconservadora. Así, el conservadurismo compasivo de George W. Bush y sus aliados se saldó con una explosión de gasto público y un déficit del 5% promovidos por el presidente y por un Congreso dominado por los republicanos durante seis de sus ocho años de presidencia.

Antes de esto, la alianza de los neocon con la Christian Coalition, afianzada cuando el astuto reverendo Pat Robertson decidió adoptar una retórica pro-capitalista (sin embargo, sus pupilos Ralph Reed y Grover Norquist, de la organización pantalla American for Tax Reform podrían acabar muy mal) se había cobrado varias víctimas en las filas republicanas. Docenas de candidatos moderadamente libertarios y periodistas e intelectuales que habían desempeñado una importante labor en publicaciones neoconservadoras fueron derrotados en elecciones primarias, despedidos u obligados a abandonar cuando alguien decidió que su negativa a comprometerse con la "agenda cristiana positiva", sus estilos de vida, amistades o gustos artísticos ("alguien que ha escrito un libro así sobre Picasso no puede seguir trabajando aquí") no concordaban con los objetivos de la cruzada.

En la actualidad, este movimiento sufre un gran desprestigio en los EE.UU y ha sido arrinconado en Gran Bretaña. Asimismo, el súbito auge y la estrepitosa caída de los partidos confesionales y la sangrante división del centro-derecha en algunos estados de Europa por la influencia de movimientos político-religiosos norteamericanos demuestra que el modelo es difícilmente exportable al Viejo Continente.

La política española sufre de un curioso jet-lag ideológico que a menudo se traduce en la importación y defensa sin matices de fórmulas fracasadas en todo o en parte. Confiemos en que el proyecto neocon, o al menos su innecesario corolario teoconservador, no sea una de ellas.