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Miembros y miembras

Miren, si no, a Bibiana Aído, la ministra orwelliana del Gobierno, que ha agradecido su compromiso con la igualdad a “los miembros y miembras del Congreso”. Se habían perdido en la memoria los “jóvenes y jóvenas” de la diputada Carmen Romero, “y griega” de nuestro “x”, Cicerón en negativo, que interrumpió el silencio más largo y minucioso de la democracia para darle una patada a la gramática de la que no se ha repuesto.

Pero ¿qué hay más propio del socialismo de la ESO que una miembra? El profesor de Educación para la Ciudadanía explicará que los géneros son roles sociales impuestos por una sociedad patriarcal, completamente aleatorios y arbitrarios. Y el de lengua, si es que esa asignatura no sufre el hachazo que el PSOE le ha propinado a la de Filosofía, se verá obligado a recordar acendradas y eficaces normas de nuestro idioma. Como que no hay que confundir el género y el sexo. O que hay más de dos géneros en español, que al masculino y al femenino le acompañan el neutro, el común, el epiceno y el ambiguo. Que hay palabras que no tienen la suerte de tener género determinado y están a la espera de que se lo otorgue un oportuno artículo, como ocurre con muchas profesiones. Vamos, que con hablar de los “miembros del Congreso” le hubiese bastado a la ministra para referirse a todos ellos, sin distinción de sexo.

Pero como el socialismo es también la lucha contra el mérito, han privado de ese tributo a las mujeres del Gobierno y las han convertido en cuotas, un nuevo éxito de Zapatero contra el machismo, del que la Aído es su máximo ejemplo. ¿Qué más propio que una ministra que no sabe ni hablar y que todo lo hace en nombre de la igualdad?

La Aído se ha puesto a violentar el español como si la Aído estuviese cumpliendo un capricho de ERC contra nuestra lengua. Pero no ha querido llevar su desafuero con todas sus consecuencias contra toda palabra privada de género propio. Jóvenes y jóvenas, miembros y miembras, jueces y juezas. Pero, ¿por qué no hablar de periodistos y periodistas, economistos y economistas, analistos y analistas?

Sí. Esa es la revolución pendiente; la última lucha del socialismo español contra nuestra lengua. ¡Ánimo, Aído!

El mercado y la crisis alimentaria

La desfachatez de los burócratas liberticidas no parece conocer límite. Los liberales, que saben algo de economía, suelen intentar enseñarla con argumentos, no la sermonean como artículo de fe. La sociedad libre y el mercado no intervenido que ésta incluye son la mejor solución institucional posible para los diversos problemas sociales, pero esto no significa que el mercado garantice soluciones para todo, simplemente porque hay problemas irresolubles o que sólo pueden arreglarse de forma parcial o circunstancial dadas las limitaciones humanas. En un mercado libre se aprovecha el conocimiento práctico y disperso de todos los participantes que responden a incentivos adecuados y se relacionan de forma pacífica y voluntaria. Son los tecnócratas quienes pretenden de forma arrogante que ellos saben más que el orden social espontáneo, y no proponen sino que imponen sus "soluciones globales" (por llamarlas de alguna manera) mediante la coacción política.

Hay que tener mucha cara dura para hablar de fallos de mercado respecto de la agricultura, uno de los sectores económicos más intervenidos. Los gobernantes no paran de ponerle trabas (falazmente denominadas "ayudas" o "protecciones") y no sólo escurren el bulto ante los problemas que ellos mismos crean, sino que demonizan cuanto pueden a su chivo expiatorio favorito: el mercado, que es impersonal (no puede defenderse), y además parece controlado por los ricos sin corazón.

La crisis financiera, con sus efectos de especulación y acaparamiento e incremento de precios de las materias primas, no la ha causado el mercado sino el Estado mediante la manipulación monetaria y crediticia. Los biocombustibles son una mala idea subvencionada por el Estado. Los desajustes entre oferta y demanda son normales cuando los agricultores llevan tantos años desconectados de los consumidores y de la competencia y enganchados a las subvenciones. Las restricciones a las exportaciones impuestas por muchos países son un fenómeno político ajeno al comercio libre.

El lugar que les corresponde a la agricultura y a la alimentación lo deben decidir libremente miles de millones de individuos y no unos pocos ungidos. La crisis humanitaria es algo muy serio: los tecnócratas no van a arreglarla pidiendo más poder regulatorio y más medios para sí mismos. Tampoco la ministra Espinosa repitiendo el grandilocuente topicazo de La agricultura, un sector estratégico, criticando la globalización, defendiendo la autarquía y mostrándose orgullosa de la calamitosa Política Agrícola Común europea.

Señor Rajoy, ¿sabe que ha perdido las elecciones?

Todavía queda un congreso popular en 2011, pero o es el de la confirmación y adhesión al que salga ahora del apaño de Valencia o será el de la ruptura, por lo que las elecciones del año 12 se podrían dar por amortizadas. Y la democracia de 1978 quedará para los libros de historia.

Completada la destransición, se llenará el vacío con un régimen nuevo, concebido desde el PSOE. El centro derecha asistirá a todo el proceso dividido entre quienes transigen con el nuevo consenso y los que no están dispuestos a traicionar a la Constitución, a quienes desde el poder y los medios de comunicación se les acusará directamente de no ser democráticos. El centro derecha quedará herido de muerte y se verá forzado a debatirse permanentemente entre trabajar desde el nuevo acuerdo institucional o exigir la recuperación del antiguo, una posición muy débil dialécticamente.

Todo ello es posible, pero sólo posible. El único partido que puede detener el proyecto transformador de España es el PP y para ello debe hacer suyo un programa que se centre en lo esencial, que son las libertades y los derechos de los españoles. Rajoy habla de cambios, de evolucionar, de abrirse a la sociedad. Pero debería dar contenido a esas palabras perfeccionando su liberalismo económico y abriéndose al liberalismo social. ¿Quieren abrirse? Pónganse a la cabeza de la manifestación en la defensa del matrimonio homosexual. Denuncien el neopuritanismo de los socialistas, que quieren prohibirnos fumar, comer hamburguesas, beber vino, comprar ciertos videojuegos… Hagan del no al robo del canon su bandera y de la denuncia de las clases privilegiadas por el presupuesto un hábito.

Pero Rajoy ha tomado otro curso. Alucinado, en un estado crepuscular histérico, habla de la necesidad de pactar con los grupos nacionalistas. Como si hubiese ganado las elecciones. Como si fuera el presidente del Gobierno en minoría y tuviese que remangarse para negociar su programa. Señor Rajoy, no se engañe con los diez millones, que ha perdido usted las elecciones.

A él o a quien salga del próximo congreso no le va a valer de nada hacerse pasar por presidente del Gobierno. Tendrá que asumir que está en la oposición y que tiene que denunciar todos los atropellos a nuestras libertades y a nuestra democracia que cometa el Gobierno y deberá presentar una alternativa basada en las ideas y no en el precio del petróleo. Será que el debate de ideas de que habla Aguirre no es tan descabellado.

A Pinocho no le gustan las nucleares

Pero vayamos por partes. Alguien debería enseñarle a este señor una lección de economía muy elemental: algo puede ser muy costoso y muy rentable al mismo tiempo. Si la energía es demasiado costosa hasta el punto de no dejar beneficios, deje usted que los empresarios hagan sus cuentas y comprueben que no merece la pena invertir en centrales de este tipo. Sin embargo, ZP no permite ese elemental ejercicio de libertad empresarial y advierte a los potenciales empresarios del sector que no podrán instalar nuevos negocios de este tipo. ¿Pero no decían que no existía ningún impedimento legal ni político para construir una central nuclear en España tras la moratoria?

Dicho sea de paso, ¿qué le importará el coste de las centrales nucleares a este señor, si nos ha aburrido durante años con eso de cumplir con Kyoto, "cueste lo que cueste"?

Encima, la realidad parece ser la contraria de las historietas de Zapatero. La energía nuclear es una de las más económicas y rentables, al tiempo que supone una garantía de suministro de la potencia instalada. La industria nuclear tiene beneficios después de soportar, como es lógico, el coste del tratamiento de los residuos y la provisión para el eventual desmantelamiento de la central, a través de sus pagos a la empresa nacional de residuos, ENRESA.

Lo del agua es la monda. A lo mejor el hombre se ha creído que los reactores nucleares convierten el agua en energía. ¡Que no! Que eso no lo hacen ni las hidroeléctricas. Lo que convierten en energía es el uranio y en España, por cierto, tenemos de sobra. El agua se usa para refrigerar y esa agua no se difumina sino que se devuelve al rio del que vino un poco más calentita que antes, eso sí. Pero no lo digamos muy alto no vaya a ser que este señor se crea ahora que el cambio climático lo provocan las nucleares al calentar el agua. La imaginación de ZP no tiene límites. Tampoco me extrañaría que piense que los peces mutantes de Ecologistas en Acción, aquella trola que metieron estos ecolojetas radicales a la prensa cuando afirmaron haber descubierto peces que habían mutado por el agua de una central nuclear, eran de verdad y convierten el agua de los ríos en toneladas de CO2, dejándonos con una pertinaz sequía. No sé, este hombre, de verdad, me supera.

Nuestro Pinocho más internacional podía haber dicho, como admitía antes de ser presidente, que no le gustan las centrales nucleares y no le da la gana de permitirnos disfrutar libremente de una energía barata, sin subvenciones arrebatadas del bolsillo del contribuyente, garantizada y que no emite el famoso CO2 que provoca, según él, el mayor problema al que se enfrenta la humanidad. Pero no, el señorito se nos ha vuelto fino y en vez de reconocer simplemente que ha decido usar su monopolio de la violencia legal para que no hagamos lo que no le gusta, va contando por ahí las conclusiones de sus dos gloriosas tardes de economía y sus fabulosos conocimientos en hidrología nuclear.

Inseguridad alimentaria

Desde luego, el problema de la inseguridad alimentaria es político. Lo ha dicho Jacques Diouf, Director General la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en la apertura de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial que se ha celebrado en Roma.

Se trata del reconocimiento de un error y, claro, la demanda de una solución. El problema se complica extraordinariamente cuando, como señaló Josep Borrell en su intervención, recordamos que la Unión Europea y el resto de países participantes persiguen como mínimo un doble objetivo: "alimentar a un 50% más de seres humanos y reducir un 50% las emisiones de CO2 de aquí a 2050". Es decir, el ubicuo cambio climático, la lucha contra un riesgo incierto, será el lastre con el que habrán de diseñarse las soluciones al problema real de la subida de los precios de los alimentos básicos y su desabastecimiento. Y dado que los principales responsables del incremento antropogénico del CO2 son los países desarrollados, en justicia, "la justicia del carbono", serán éstos los que financien mayoritariamente su solución. Pero no es la única falta para la que debieran hacer penitencia, y es que los países desarrollados, con la Unión Europea y Estados Unidos a la cabeza, gracias a la constante presión de grupos ecologistas, han acumulado un despropósito político-agroalimentario tras otro.

Así, en los años 80 del siglo pasado, los gobiernos de la Europa occidental prácticamente prohibieron el suministro de fertilizantes a África, mientras que el Banco Mundial y fundaciones como la Ford abortaron la mayoría de sus proyectos en el continente, frustrando así el desarrollo de una versión africana de la Revolución Verde. Como dice Paul Collier, desgraciadamente, la agricultura comercial de gran escala no es algo romántico, es decir, no es sostenible según los parámetros ecoestéticos de moda en Occidente. Una moda que los países desarrollados se pueden permitir pero que en África ha significado el estancamiento, cuando no el retroceso, de su agricultura comercial en favor de una producción más humana, poco competitiva y con una productividad que se ve aún más amenazada por el incremento de los precios de los fertilizantes. Una moda que ha llevado a los gobiernos africanos a desestimar el cultivo de transgénicos, dado que la Unión Europea, tan progresista para otras cosas, ha prohibido la importación y exportación de productos genéticamente modificados. Proteccionismo con coartada ecologista, la imposición de una "moral" paternalista y retrógrada de la que los países más pobres son las principales víctimas.

Eso por no hablar de los 100 millones de toneladas de cereales, alimento para 450 millones de personas al año, que se transformarán en biocombustible con un coste adicional de hasta 12.000 millones de dólares en subsidios. Y es que el presunto cambio climático, las políticas para paliar sus efectos apocalípticos y otras lindezas ecologetas son una amenaza real a la productividad del sector primario, ya que detraen tiempo e ingentes recursos económicos que podrían destinarse a la investigación productiva o a la mejora de las infraestructuras.

Pero no todo es culpa de los países desarrollados; el proteccionismo de los países más pobres es una causa muy importante de la subida de los precios de productos como el arroz. Tyler Cowen nos cuenta que pese al incremento estimado de la producción, que según la FAO alcanzará este año el 1,8%, se espera que el comercio internacional se reduzca un 3% el año próximo en países productores como India, Indonesia, Vietnam o China.

Eso sí, nada comparable, denuncia Diouf, a la "contradicción básica" que se observa en "que en 2006 los países de la OCDE hayan provocado la distorsión de los mercados mundiales con 372.000 millones de dólares de subvenciones a sus agriculturas".

Tiene razón el director general de la FAO: "Se trata de una cuestión de prioridades ante las necesidades humanas más esenciales." Lástima que la asignación de los recursos en este tablero dependa de las decisiones que adopten los gobiernos.

90.139 niños podrían haberse salvado

Tan desinteresados son que no suelen cobran ni un euro… más de lo que indica su caché habitual, circunstancia que a los espíritus sensibles nos llena de admiración y gratitud. ¡Qué tíos! Qué manera de sacrificarse por el prójimo.

El Ayuntamiento de Toledo, gobernado por el PSOE, ha tenido el acierto de programar uno de estos conciertos cuya principal protagonista fue la excelente cantante y actriz Ana Belén. Puesto que se trataba de un acto de solidaridad para recaudar fondos con destino al tercer mundo, nada más lógico que abonar la factura de la actuación de Ana Belén con el dinero previsto para la contribución del famoso 0’7 por ciento del PIB. Sacrificio pecuniario que toda institución progresista asume de buen grado, principalmente porque la pasta no procede del solidario bolsillo de los progres (que por lo general no pagan impuestos; "salvar el mundo" no está contemplado en los epígrafes del IRPF), sino de los honrados contribuyentes, en cuyo nombre la izquierda ejerce la solidaridad planetaria descontando el porcentaje necesario para cubrir sus honorarios y otros gastos de gestión.

El propio alcalde de Toledo lo explicó perfectamente, al aclarar que si pagó a la artista con fondos destinados a la solidaridad internacional, fue precisamente porque ese concierto estaba proyectado para recaudar dinero con destino a diversos proyectos de ayuda al tercer mundo. Pero como los contribuyentes toledanos se conoce que son algo fachas, en lugar de abarrotar el recinto pagando un pastón por cada localidad decidieron pasar la velada en casita, viendo una película que, encima, probablemente ni siquiera era española, con lo que la recaudación fue casi tan ridícula como la habitual en un concierto de Ramoncín. Un desastre de inversión la realizada por los socialistas toledanos, a quienes les ha ocurrido como a aquel paisano que vendió el burro para poder comprar paja con que alimentarle.

Los progres nos crean mala conciencia con esas misteriosas estadísticas según las cuales cada segundo que pasa sin que nos rasquemos el bolsillo en la medida en que estos ungidos estiman conveniente ocurre una desgracia en los lugares más remotos que acaba con la vida de muchos seres humanos. Pues bien, tiremos de ese tipo de estadísticas y veamos cuantas vidas humanas ha contribuido a destrozar la desdichada medida de los sociatas toledanos. Las estimaciones más benévolas de la ONU establecen que salvar la vida de un niño en la zona más pobre de Africa cuesta ochenta dólares. La pasta abonada solidariamente por los socialistas a la solidaria Ana Belén, hubiera salvado, por tanto, la vida de 90.139 niños del este africano, que probablemente ahora morirán de inanición. ¿Podrán estos profesionales de la solidaridad con dinero ajeno soportar semejante carga? Usted seguramente no; ellos sí. De hecho, lo más probable es que estén ya preparando el conciertazo solidario del año que viene, con el imprescindible zejatero de cuota en papel estelar. Y es que la solidaridad bien entendida comienza por uno mismo. En el caso de la izquierda, empieza y acaba. Que se lo pregunten a la pobre Ana Belén.

Millones, demandas y dinosaurios

Promusicae, que agrupa a 88 discográficas presentes en España, y las multinacionales Universal, Sony-BMG, Warner y EMI han demandado al programador Pablo Soto Bravo, al que reclaman 13 millones de euros por haber creado diversos programas de intercambio de archivos.

Los demandantes acusan al empresario y programador creador de Omemo, Blubster, Piolet y Manolito de actuar "con evidente ánimo de lucro" y con una "conducta parasitaria". En realidad, lo que buscan es impedir que los usuarios sigan utilizando estos programas y, de paso, asustar a cualquier informático que pretenda crear alguno similar en nuestro país. Es cierto que las redes de pares se usan con mucha frecuencia para descargar archivos con derechos de autor, algo que además en España no es delito si no hay ánimo de lucro. Pero también lo es que otros usuarios los usan para intercambiar archivos con licencias libres o sin derechos de autor de ningún tipo.

En realidad, los programas de intercambio de archivos no son más que herramientas neutras. Lo ilegal o legal está en el tipo de uso que se les dé, no en su creación. La demanda de Promusicae es equivalente a que alguien demande a un fabricante de navajas (que sirven para acuchillar a alguien pero también para pelar una naranja) como cómplice o inductor de asesinato. Y eso en el terreno de la legislación. Si vamos a la justicia o a la ética, estamos ante algo todavía más absurdo. El mero concepto de propiedad intelectual es más que discutible. De hecho en realidad se trata de un atentado contra la propiedad de terceros.

Un atentado que se materializa entre otras cosas en el canon digital, esa "compensación por copia privada" gracias a la cual las entidades de derechos de autor ingresaron el año pasado 84 millones de euros por no hacer nada. Cierto es que la cifra es menor que en 2006, pero no deja de ser una cantidad importante para unas organizaciones que para obtenerlo se han limitado a insultar y criminalizar a quienes les critican. Todo entra dentro del mismo fenómeno. Los grandes actores (Promusicae, SGAE, DAMA, CEDRO…) de un mercado que ha evolucionado a pesos agigantados no saben adaptarse a los nuevos tiempos y pretenden que el mundo se pare. Los dinosaurios no han entendido que ha llegado el tiempo de los mamíferos.

Aranceles a la exportación

A la hora de adquirir bienes de países distintos al de residencia estamos acostumbrados a tener que pagar un impuesto especial llamado arancel. Este tributo recae sobre los bienes provenientes de países extranjeros por el simple hecho de no haber sido fabricado en el nuestro, por lo que soportan un coste extra del que están exentos los nacionales. La justificación que suele emplearse para el empleo de este tributo es que, de alguna manera, protege las empresas nacionales frente a las de otros países. Este argumento suele ser muy contestado, al obviar el hecho de que los consumidores se ven obligados a comprar a un precio superior dichos bienes, con el perjuicio económico que les supone.

No resulta tan conocido otro impuesto sobre las transacciones internacionales que se imponen a los productos que abandonan un país, los llamados aranceles a la exportación. Tradicionalmente era empleado por países con yacimientos petrolíferos, aunque últimamente son más conocidos a raíz de su imposición por parte de países con fuerte producción agrícola. El motivo por el que el legislador suele justificarlos es doble, de un lado evitar el desabastecimiento interno, y de otro amortiguar el traslado de los precios internacionales de dichos bienes al mercado interno.

Aunque a primera vista pueda parecer un objetivo loable, la lógica económica nos indica que este tipo de medidas tiene un efecto contrario, ya que empobrece a los habitantes de dichos países. Una subida del precio mundial de estos productos, en los que tiene ventajas competitivas un país (ya sea por su clima, suelo o por cualquier otro motivo), aumenta el beneficio de sus productores. Este aumento en su beneficio provoca que otras personas se animen a producir dichos bienes, ya que obtendrían un mayor beneficio en dicho sector. Este mayor número de emprendedores trae consigo que también deba aumentar el número de trabajadores dedicados a estas labores. Al existir un aumento en la oferta de empleo el salario de los trabajadores también aumenta, por lo que dicha riqueza también se extiende a los mismos. A su vez, los mayores beneficios provocan una mayor inversión en técnicas de mejora en la obtención de dichos productos, por lo que se logra una mayor producción. Por lo tanto, un mayor precio internacional de dichos bienes tiene un quíntuple incremento, en los beneficios, en el empleo, en los salarios, en las técnicas y en la producción.

Por el contrario, si se gravan estos bienes destinados a la exportación, cae el beneficio de los productores, por lo que aquellos que tienen más dificultades para producir, normalmente los más pobres, dejan de ser rentables y acaban cerrando su negocio. Por lo tanto el efecto es precisamente el contrario, menor beneficio, menor empleo, bajadas de salarios, empleo de técnicas menos avanzadas y una caída en la producción.

Cabría argüir si a pesar de todos estos inconvenientes los habitantes más pobres de estos países se ven beneficiados de alguna manera por la existencia de estos aranceles a las exportaciones. La respuesta es también negativa, ya que tanto el empleo como los salarios disminuyen con este tipo de medidas. Por otro lado, los trabajadores se ven desplazados hacia otros sectores que en los que su país no cuenta con dichas ventajas competitivas, por lo que el valor añadido de su producción es inferior, y por tanto también lo es su retribución.

Por tanto, si se desea realmente ayudar a la parte más pobre de la población, los aranceles a la exportación deben ser eliminados, de manera que gracias a su trabajo y esfuerzo, los ciudadanos de estos países puedan poner en venta aquellos bienes en los que tienen algún tipo de ventaja competitiva, obteniendo un mayor beneficio por ello.

Los intermediarios, chivos expiatorios de los lobbies

El estudio que han realizado nos muestra cómo algunos alimentos multiplican su precio de forma notoria desde que salen de la huerta hasta que llegan al supermercado, en algunos casos hasta más de un 400% según estas organizaciones (COAG, UCE y Ceaccu). Como era de imaginar, han exigido la intervención del Gobierno.

El lobby agrario COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) exige, por ejemplo, que el Estado "fije los precios o márgenes de comercialización cuando se trate de productos de primera necesidad". Pero ¿qué ocurriría si el Gobierno impusiera precios máximos sobre los productos? Lo primero, que nacería otro lobby, el de los intermediarios, que exigiría al Estado subvenciones de compensación. ¿Quién lo pagaría? Exacto, usted, consumiese el producto con el que ellos trabajan o no.

Desde un punto de vista menos político y más económico, veamos las dañinas consecuencias que tiene el intervencionismo en la estructura productiva de la economía. El precio de un producto o servicio no es la suma de sus costes más un margen. Desde que se descubrió el concepto económico de la utilidad marginal en el siglo XIX, los economistas se dieron cuenta que las cosas cuestan aquello que la gente está dispuesta a pagar por ellas. Es desde la escala de preferencias del consumidor que se establecen los precios y no al revés.

El precio orquesta las necesidades reales de la gente –lo que en economía se llama "preferencias reveladas"– con la escasez de la oferta y los diferentes sistemas de elaboración, distribución y comercialización que existe en el mercado, es decir, con el valor de los intermediarios. Si el precio de las cosas está por encima de las más urgentes necesidades de las personas, la estructura productiva se acorta, cierran intermediarios, hasta encontrar un "precio de equilibrio" o concordia entre oferta y demanda.

Si por razones artificiales y ajenas al libre mercado, como pueda ser la intervención coactiva del Gobierno, las relaciones naturales entre oferta y demanda desaparecen, lo único que conseguiremos es escasez y fraude. ¿Qué ha ocurrido últimamente con el agua? El agua no tiene un precio de mercado, está regulado. Las consecuencias han sido severas restricciones en algunos lugares de España y quejas de diversos sectores políticos. ¿Qué ocurre con el suministro de electricidad, que también tiene precios máximos? Apagones continuos y jugosas subvenciones para las empresas productoras y distribuidoras de electricidad que pagamos todos aunque no usemos su producto.

Si usted nació antes de la democracia recordará una muestra de esos fraudes producidos por los precios máximos: la barra de kilo de 800 gramos de pan. El régimen regulaba en aquel momento los "productos de primera necesidad", como ahora exige la COAG. La picaresca se impuso de inmediato: vender pan de kilo que en realidad pesaba 800 gramos. Da igual qué es lo que se quiera regular, lo único que logrará será agudizar el ingenio de los pícaros, aumentar la burocracia y castigar a los empresarios honrados, que a propósito, son la mayoría y no por su bondad, sino porque en el libre mercado el listillo es expulsado por el consumidor. Todo lo contrario a lo que ocurre en el Estado del Bienestar, donde vive a expensas del ciudadano y las subvenciones.

Los lobbies de consumidores y agricultores han demostrado saber muy bien como procurar por su sueldo, pero no demasiados conocimientos ni de teoría económica ni de historia. La supuesta inflación que está disparando los márgenes desde hace tiempo no se debe a lo oscuros intermediarios. Gracias a ellos tenemos alimentos cada día en las tiendas. Si restringimos su negocio por medio de la fuerza de la ley, sólo conseguiremos encontrar comida durante los cinco primeros minutos desde la apertura de los supermercados, tal y como ocurría en la URSS, que precisamente usaba este tipo de regulaciones. Bueno, también podremos ir a las huertas a comprar los tomates o a Canarias para conseguir unos plátanos.

La inflación crediticia ha creado intermediarios artificiales de igual forma que ha ocurrido con la vivienda. La emisión excesiva de dinero –ya sea en billetes, depósitos u otros activos– ha descompensado la estructura productiva creando una ilusión de beneficios que no está respaldada por la producción. Lo que vemos ahora no es más que la continuación de las políticas expansivas de los bancos centrales que se va filtrando por todo el tejido económico. No en vano Nicolás de Oresme, el primer tratadista monetario, apuntó sabiamente en el S. XIV que la excesiva emisión de activos monetarios (la inflación crediticia) siempre conduce a la explotación y tiranía.

Allons enfants de la sharia

Malas noticias al norte de los Pirineos. La República Francesa, ese régimen que presume de laico, ha dado carta de legalidad a uno de los aspectos más retrógrados y machistas de la sharia. Haciendo una pirueta para hacerlo pasar por una aplicación de la legislación civil gala, un tribunal de Lille ha anulado un matrimonio civil por el increíble motivo de que la esposa no llegó virgen a la noche de bodas. La sentencia no lo dice así, claro. El fallo judicial alega que la mujer había mentido a su futuro marido sobre algo esencial, lo que justifica la anulación.

Sin embargo, la supuesta mentira no es la clave. Eso lo dejó claro el padre del marido a la hora de "devolver" a la joven a su familia: "No es virgen. La repudiamos. El matrimonio no es válido". Los tribunales han cedido ante el derecho islámico, que debería (como toda legislación religiosa) estar separado de la legislación civil, máxime cuando en este caso el matrimonio en cuestión no se había celebrado según el rito musulmán sino por lo civil. La denuncia de la presidenta de la asociación Ni Putas Ni Sumisas, formada por francesas musulmanas que no quieren verse sometidas a la sharia, de que se trata de una "fatua contra la libertad de las mujeres" no es del todo cierta debido a que este tipo de dictámenes jurídicos sólo pueden ser emitidos por especialistas en derecho islámico. Pero tiene también su parte de verdad.

No es la primera vez que en Francia se cede a la presión islamista (no resulta creíble el argumento del marido de que él es un musulmán moderado). Algunas piscinas municipales han impuesto horarios separados para hombres y mujeres. Autoridades locales y ministros atacaron sin piedad al filósofo Robert Redeker después de que una fatua le condenara a muerte por denunciar el islamismo en Francia. Son sólo un par de ejemplos. La necesaria separación entre Estado e Iglesia, en especial en cuestiones de derecho, se pierde ante el miedo a la presión de quienes tienen una visión del islam más radical y contraria a la libertad individual.

En el caso de este matrimonio no habría nada que objetar si hubiera un acuerdo previo en el que las partes contemplaran la nulidad en el caso de que ella no llegara virgen a la noche de bodas. Sería igual de retrógrado, pero aceptado de forma libre y sin intromisión de poderes coactivos. De hecho, el Estado debería mantenerse al margen del matrimonio. La Administración no debería inmiscuirse en lo que en realidad debería ser un contrato privado entre dos personas, en el cual las partes ponen las condiciones del mismo. Si esto fuera así, los contrayentes podrían ceñirse si lo desearan a las normas católicas, calvinistas, judías, musulmanas o de la religión que desearan. O podrían, si fuera su deseo, incluir cláusulas que no tuvieran nada que ver con ellas.

Pero los Estados no respetan esa parcela de la libertad de los ciudadanos. Mientras eso sea así, la ley debe ser igual para todos, lo que imposibilita que se ajuste a las normas de una religión concreta.