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Un chiste de belgas

Estos chistes son muy injustos con la población objeto de mofa (al contrario de lo afirmado por cierto amigo porteño, en los vuelos de Iberia no dejaron de poner películas a causa de que los "gallegos se salían a fumar cuando estas terminaban"), pero no dejan de ser perfectamente aplicables a un cierto subconjunto de la misma.

Sin duda alguna, los belgas no son los tontos que presentan los franceses en sus chistes, pero sus editores de periódicos en francés y alemán sí lo son. Además de unos caraduras increíbles. Estos señores no han tenido una idea más brillante que demandar por segunda vez a Google, a la que reclaman una indemnización de 49 millones de euros, por llevarles tráfico a sus ediciones digitales. Bien es cierto que los demandantes no lo expresan de ese mero, sino que acusan a la compañía estadounidense de publicar contenidos suyos tanto en su buscador general como en Google News. Dichos contenidos no son otros que titulares, pequeños sumarios y fotos con el tamaño reducido; en todos los casos enlazando con la fuente en la que se puede leer la noticia o el artículo completos.

Para calcular la cifra de las supuestas "pérdidas" han contado todos sus contenidos enlazadas en el motor de búsqueda general desde 2001 y en el agregador de noticias desde febrero de 2006. El motivo que aluden es que Google se ha negado a negociar con ellos la cantidad que debe pagar después de que la empresa fuera condenada en 2007 por un juez belga ("¿cuántos jueces belgas hacen falta para cambiar una bombilla?") y esta empresa recurriera la sentencia. Tal vez se crean muy listos, puesto que si ganan sacarán un buen pellizco gracias a unas absurdas leyes de propiedad intelectual y el analfabetismo digital de algún togado. Pero no lo son.

Se arriesgan a que Google decida dejar de enlazar con los periódicos miembros de la asociación demandante. Y el precio podría ser muy alto para ellos. En unos años dejarían de recibir una cantidad de visitas nada despreciable, seguramente muy superior a la de los enlaces contados por ellos para presentar la demanda, con las consiguientes pérdidas de ingresos a través de la publicidad. Tal vez sea que cometer excesos en el consumo de mejillones al vapor con patatas fritas tiene como efecto secundario no conocido hasta ahora una disminución de la capacidad de razonar. De otra manera no se explica que no se den cuenta de ello.

¿Por qué los editores belgas de periódicos hacen un hoyo profundo y se meten dentro? Porque en el fondo no son tan tontos.

Pero mira que son pesados

Vaya por delante que a mí los coches deportivos me parecen una horterada (excepto los Ferrari) y los todo-terreno para conducir en ciudad una cosa incomodísima, pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría insultar a sus propietarios por ejercer su derecho a gastarse su dinero en el coche que les plazca. A los ecologistas sí.

No basta con que los impuestos que gravan la adquisición de un coche penalicen al alza a quien osa comprar un vehículo de gran cilindrada. Ahora también tendrá que soportar las broncas callejeras de los calentólogos, empeñados en salvar al mundo aunque para eso haya que abofetear a algún conductor insolidario.

Del jet privado de Al Gore, en cambio, no tienen nada que opinar, y eso que el asustaviejas por antonomasia lo utiliza hasta para ir a la farmacia de la esquina a comprar su dosis mensual de botox. Como escuché decir a uno de sus fieles, a Él se lo perdonamos porque está luchando por salvar a la humanidad. Son las prebendas lógicas del líder de cualquier secta. En unas el gurú se acuesta con las jovencitas adeptas y en esta de la calentología el macho alfa contamina más que dos millones de fieles juntos, pero como lo hacen por la salvación del mundo no sólo se les recrimina su actitud sino que encima se lo agradecen.

Los ecologistas de la rama calentóloga, preponderante dentro del movimiento a escala mundial, se han constituido en "árbitros del clima". No lo digo yo, lo dicen ellos. Y añaden, para los más despistados, que su poder interventor emana de "la autoridad moral que confiere la salud de las personas y las desastrosas consecuencias del cambio climático".

Supongo que cuando no queden conductores que amonestar se dedicarán a disparar a las vacas, cuyas deposiciones expulsan a la atmósfera toneladas de metano, un gas mucho más peligroso que el ingenuo CO2. De hecho una vaca contamina al año lo mismo que un coche que recorra diez mil kilómetros. Tengan cuidado los ganaderos si ven a parecer por la alquería algún grupúsculo de cuarentones con trenzas rastafari y camisetas alternativas. Después de la epidemia de las vacas locas probablemente empiece la de las vacas insolidarias, a las que habrá que sacrificar aunque los propietarios se queden sin sustento. Todo sea por cuidar el planeta. Y la chequera de Al Gore.

El Gobierno fomenta la delincuencia y la xenofobia

En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro anunció "un endurecimiento de las sanciones a empresarios y empleadores que contraten a extranjeros que no se hallen en situación legal en España". Este país tiene más de un millón de inmigrantes ilegales. Estas personas no copan precisamente el segmento de rentas más alto de la sociedad. Sus oficios son ocasionales, rápidos y precarios. Algunos de ellos no conocen nuestro idioma, por lo que han de hacer trabajos muy básicos alejados del sector servicios.

Las labores de los inmigrantes ilegales se agrupan principalmente en el primer motor económico de nuestro país, la construcción. Según el INE, la venta de viviendas ha descendido un 38,6 % en marzo. A estas alturas, todo el mundo sabe cómo está la crisis del ladrillo y lo desfavorablemente que está evolucionando la economía. La inflación se desmadra y está afectando a las empresas, concretamente a las pequeñas, esto es, a la más susceptibles de contratar inmigrantes ilegales debido a sus bajos costes.

Como si esto no fuera suficiente, el ministro Corbacho ha decidido hacer las cosas más difíciles a los más precarios de la sociedad: no sólo prohibirles trabajar por ley, sino también de hecho. ¿Hará la medida de los socialistas que el millón de inmigrantes ilegales vuelvan a sus países de origen? No es nada probable. ¿Tal vez piense el ministro que la "bondad" de la ley hará que se evaporen estas personas? Tampoco es razonable. Póngale imaginación a la situación y piense qué opciones les quedan a estos estigmatizados del Gobierno: la indigencia y el crimen.

No es cuestión tampoco que el Gobierno empiece a regalar nuestro dinero a los inmigrantes; eso sería robar a unos para dar una pequeña parte a otros estimulando la ociosidad y parasitismo. La experiencia nos enseña que este tipo de medidas nunca han funcionado. Lo único que debería hacer el Gobierno es dejar en paz a los inmigrantes y permitir que se ganen la vida honradamente; de ese modo, con el tiempo, aprenderán el idioma, ahorrarán, prosperarán y medrarán. Al Gobierno no tendría que importarle que estos inmigrantes no le paguen nada en concepto de impuestos. Si el Gobierno deja de criminalizar al inmigrante, éste podrá hacer valer su propia capacidad productiva, ayudará al tejido económico del país y sumará progreso para toda la sociedad.

Esta medida también es una muestra de la doble moral de nuestra sociedad. Cuando un empresario veta el trabajo a un negro, a un hispano o alguien proveniente del norte de África le llamamos racista; pero cuando el ministro de Trabajo prohíbe trabajar de iure y de facto a un millón de inmigrantes, al establishment político y mediático sólo se le ocurre decir que es una medida sabia y de progreso. Si Corbacho no deja más salida al inmigrante ilegal que la delincuencia, ¿qué pasará en estos años de crisis? ¿Qué imagen tendrán el ciudadano medio de los inmigrantes cuando aumente aún más la proporción de delincuentes extranjeros respecto a los nacionales? Hace tres años vimos con estupor las revueltas que se produjeron en los barrios inmigrantes de Francia. El Gobierno español, con esta intransigente postura, está importando ese odio racial a nuestro país.

No es el clásico artículo sobre política e internet

Y la mayoría no están alejados de la realidad, porque la red, como en otros ámbitos de la sociedad, tiene una gran importancia a la hora de hacer política en los Estados Unidos. Sí, en los EEUU, pero no tanto en España. Porque, como bien saben los lectores de Libertad Digital, su sistema de partidos dista mucho del nuestro.

Recuerdo cuando a finales de noviembre de 2005 Daniel Ureña, de Mas Consulting, me invitó al seminario internacional de comunicación política y electoral que contaba con interesantes ponentes internacionales, como Alastair Campbell, ex director de comunicación de Tony Blair, o Nicco Melle, webmaster de la campaña de Howard Dean de 2004, entre otros. En el seminario expusieron sus respectivos casos de estudio que se basaban en los sistemas políticos de sus países. En 2005 el nombre de Howard Dean tenía mucha prensa en nuestro país, y Melle explicó ante un público interesado cómo había sido posible que una persona tan poco conocida como Dean hubiera tenido tanta relevancia en las primarias demócratas.

Me resultó muy interesante el seminario y valoro que haya en nuestro país personas como Daniel, que se preocupan por traer personas interesantes que comparten sus experiencias. Pero aparte de lo aprendido, me quedé con un poso amargo: "sería imposible hacerlo en España", no porque no existan profesionales de internet o de la comunicación preparados, sino porque el sistema de partidos políticos lo hace imposible. Un medio como internet, basado en la participación, no puede aportar nada a unas organizaciones que parecen más cortijos de las castas dirigentes que partidos políticos democráticos.

En la crisis que vive actualmente el PP, es posible que las diferentes opiniones y las nuevas plataformas que se han creado en internet puedan llegar a tener influencia, pero lamentablemente muy limitada. Y no influyen como en otros países porque, aunque el éxito de un político dependa del voto de los ciudadanos, su puesto en el partido político no; ni siquiera depende de los afiliados, lo que debería considerarse síntoma de que algo no va bien.

En las pasadas elecciones generales los principales partidos llevaron a sus candidatos a la web 2.0, pero sirvió para muy poco, salvo para que los gabinetes de prensa justificaran su respectiva producción de notas de prensa. Cuando leemos hoy artículos que hablan de Barack Obama, y se habla de internet como uno de sus grandes apoyos, ningún periodista refleja que si los ciudadanos pueden influir a través de internet es porque el sistema es democrático desde la base, y un sistema de libertades siempre se entenderá a la perfección con internet.

Muso on my mind

Cuando el pasado viernes un amigo suyo recordó esta anécdota, le tembló la barbilla. Se levantó por la mañana. Miró por la ventana, se volvió hacia su amigo y le preguntó: "¿No es éste un buen día para morir?" El día anterior habían recibido una amenaza de muerte del gobierno marxista leninista que regía Guatemala, su tierra.

Manuel Ayau, por suerte, salió de aquella, y de muchas más. Inexplicablemente, además de fundar y dirigir la Bolsa de Guatemala (lejos de la garra estatal), creó en los años setenta una universidad liberal y privada: la Francisco Marroquín, un punto de referencia en el mundo de la enseñanza liberal hispanohablante de nuestros días. No dijo el profesor Ayau que entre 1954 y 1982 se sucedieron una serie de gobiernos militares liberticidas en Guatemala que se cobraron unas 80.000 vidas, y que bajo el Gobierno de Ríos Montt, en un solo año, el de 1982, 15.000 guatemaltecos fueron asesinados, unos 70.000 huyeron del país y unos 500.000 ciudadanos se tiraron al monte, huyendo de la represión. Así que tenía motivos para formularse esa pregunta retórica (al fin y al cabo, cualquier día es bueno para morir) ante una amenaza de un Gobierno como el que regía su país.

A pesar de los malos momentos, de las persecuciones y del desánimo, siempre creyó en sus principios liberales. Liberales sin apellidos. Simplemente la defensa de la libertad de cada cual. Muso, como le llaman sus amigos, explicaba con una sencillez aplastante que la solución a la pobreza es la defensa de la vida, de la propiedad privada y de los contratos. Y que para asegurar una buena enseñanza a nuestros niños lo que hay que hacer es defender la vida, la propiedad privada y los contratos. Y para sacar a un país de las garras del marxismo leninismo sin pasar por una dictadura lo que hay que hacer es… efectivamente, defender la vida, la propiedad privada y los contratos. Cuando un hombre con su valor, con su experiencia y su sabiduría lo repite tantas veces, a lo mejor es que hay que hacerle caso.

Lo decía, además, en el homenaje que el Instituto Juan de Mariana le ofreció el pasado viernes en la II Cena de la Libertad. Ese fue el mensaje que nos dejó. Ese, y su nuevo proyecto, la reforma constitucional como instrumento para avanzar hacia una sociedad más libre. Hablaba de él con la ilusión de un principiante, que sabe que tal vez no salga adelante pero, como decimos por aquí, "que nos quiten lo bailao", que algo aprenderá la gente, alguna lección quedará en la mente de alguien.

De todos los amigos guatemaltecos a los que he conocido la pasada semana con ocasión de este merecido homenaje a Manuel Ayau, me quedo con la sonrisa amable, las ganas, la disponibilidad, la predisposición a recibir ideas, mentes, formas de trabajar…. Y la libertad sin apellidos que desprenden todos ellos. Sin apellidos tiránicos que atan a una definición sesgada. Libertad a secas, sin pegatina electoralista, sin número de votos detrás, sin oportunismo ni consigna de partido… simple libertad de pensamiento, expresión, reunión y acción.

Mi reflexión a posteriori es, precisamente, qué nos impide a nosotros, españoles, tan europeos, modernos y demócratas, entender ese concepto de libertad individual, que no admite sectas, ni etiquetas, ni pureza de sangre. Y creo que, probablemente, es la falta de humildad. En algún momento de la conversación con Giancarlo Ibargüen, actual rector de la Universidad Francisco Marroquín, o con el propio Manuel Ayau, pensaba qué pasaría si tratara de explicarles la cantidad de sectas, grupos, grupúsculos, secciones, ramales, caminos de cabras y demás variantes del liberalismo patrio. Imposible. Me sentía completamente incapaz, y la tarea en sí, profundamente ridícula. Como lo es el empeño en ser el auténtico liberal, el más liberal, el liberal de pata negra… ¿defiende usted la vida, la propiedad y los contratos, no como entelequia distante que se aprende en los libros, sino como forma de vida? Entonces podemos hablar.

"Muso no es un milagro. Es la prueba de que la libertad individual funciona." Así lo expresó Carlos Rodríguez Braun en su breve pero intensa y emocionada presentación del Premio Juan de Mariana 2008. La ovación larga y cerrada, con los 170 que compartíamos el Salón Real del Casino de Madrid en pie, sirve como una mínima muestra del respeto y la admiración que merece este hombre. Un ejemplo para cualquier liberal de bien.

Catástrofes y anticapitalismo

Las catástrofes naturales suponen tres enfoques diferentes para los medios de comunicación. El primero, esencialmente emocional, nos muestra la desgracia en sus términos más patéticos. Los heridos, los muertos, los desterrados y hambrientos desfilan delante de nosotros, en una especie de rutina inevitable. El segundo apela a nuestro bolsillo en forma de oleada de solidaridad supuestamente espontánea. ONG’s y organismos gubernamentales nos solicitan dinero para que, en teoría, los afectados sean menos desgraciados. Las cuentas corrientes, los mensajes SMS y otros medios de recaudar dinero se multiplican como hongos después de que la naturaleza muestre su lado menos amable. El tercer enfoque, quizá menos evidente, pero de efectos mucho más persistentes, es que las catástrofes se han convertido por sistema en una excusa aceptable y aceptada para atacar a Occidente y al sistema de libre mercado, a los que directa o indirectamente se culpa de la desgracia de los perjudicados.

Cuando el huracán Katrina asoló la norteamericana ciudad de Nueva Orleáns, los medios, además de mostrarnos las desgracias de sus habitantes, atacaron sin piedad a la administración de George W. Bush, no sin razón, y en general a la sociedad americana, pero sobre todo no dudaron en culpar al capitalismo de la situación sin tener en cuenta que la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, la encargada de "solucionar" el entuerto, fuera de naturaleza estatal o que los diques que terminaron rompiéndose fueran propiedad de la Administración. El caso de Nueva Orleáns fue un chollo para los medios de comunicación, un chollo siniestro si tenemos en cuenta que miles de personas perdieron vidas y propiedades para que los redactores y los jefes destilaran su veneno progresista.

La hipocresía se hace evidente cuando los afectados por las catástrofes tienen la "suerte" de vivir en un país de régimen liberticida. No importa si este es un régimen socialista o una dura dictadura militar desde hace seis décadas o un país, eterno aspirante a potencia económica mundial, que con un poco de maquillaje político y diplomático ha conseguido deslumbrar a miles de millones de incautos, pese a seguir siendo uno de los peores opresores del planeta. Myanmar (antes Birmania) y China, China y Myanmar se han visto afectadas por dos de las peores catástrofes de este año. Cientos de miles de personas han muerto y millones han perdido todo o casi todo, pero nadie ha puesto en duda la naturaleza de sus sistemas políticos o que sean responsables de gran parte las desgracias de los afectados durante y después de las desastres. Apenas algunas noticias despistadas, no vaya a ser que se arruinen las poltronas de unos o las olimpiadas de agosto de los otros.

El caso birmano puede que sea el más sangrante. Las autoridades, temerosas de que los efectos de una catástrofe puedan suponer la caída del régimen, no sólo han maquillado el número de muertos y afectados (78.000 han terminado por a reconocer mientras que la ONU y las ONG’s hablan de una cifra que supera los 130.000 muertos y unos 2,5 millones de afectados), sino que se han negado en redondo a que entre ayuda internacional en el país, hasta el punto de que se han repartido imágenes de camiones que distribuían comida y pertrechos entre los afectados tirándolos desde los vehículos en marcha, al no tener permiso para parar y realizan un reparto más adecuado. Si a los medios de comunicaciones les moviera más los principios que la propaganda, los especiales denunciando al régimen y sus acciones, desde luego en comparativa con el caso estadounidense, hubieran sido legión. Mientras militares y ONU, incluyendo a la líder opositora birmana Ban Ki-moon, llevan semanas negociando cómo y cuánta ayuda va a llegar, miles de birmanos sufren no sólo la ausencia de ayuda, sino la imposibilidad de que los propios afectados se puedan organizar para sacar adelante una situación muy difícil porque la bota militar ha sabido hacer muy bien su trabajo.

Precisamente Ban Ki-moon ha puesto como ejemplo de eficacia al Gobierno chino, que en los últimos días hace frente a un seísmo que de momento y oficialmente ha dejado 62.664 muertos, 358.816 heridos y 23.775 desaparecidos, además de un número de afectados que cifran en 11 millones. China, a diferencia de sus vecinos birmanos, no corría el peligro de que su régimen se tambaleara en unas elecciones evidentemente amañadas, pero con la incertidumbre del efecto del tifón. Sin embargo, sí que debe hacer frente a una campaña de imagen de cara a los Juegos Olímpicos de Pekín que ya fue enfangada por los disturbios del Tíbet y la violenta respuesta china. La política de "transparencia" de los chinos parece impecable, cada día se descubre un nuevo superviviente, cada día aparecen más políticos preocupados por los afectados o se solicita ayuda, en un gesto impensable en un régimen de carácter totalitario, poseedor del secreto de la eterna perfección, y todo ello es recogido por las redacciones occidentales con esmero sin que el régimen chino sufra ni siquiera un poco, sin sembrar una pequeña duda de su papel en la desgracia.

De hecho, si hemos de buscar un culpable en esta situación debemos prestar atención a los constructores, porque señores, la China actual, la que ha permitido, en un gesto de generosidad sin precedentes, que parte del sistema capitalista se asiente en sus tierras, ha sabido descubrir quién es sin duda el criminal. Las autoridades chinas han prometido medidas severas contra cualquier responsable de los edificios estatales de mala calidad, después de la denuncia de miles de padres que han visto como sus hijos morían bajo los escombros de edificios estatales de calidad ínfima. Parece que el hecho de que los constructores dependan de la administración china, regional o central, que sea esta la que en teoría debe supervisar sus construcciones, que la corrupción favorecida por el régimen sea habitual, que se haya mostrado incompetente e incapaz, que cualquier parecido de todo ello con un mercado libre es pura y trágica coincidencia, no es relevante. Como en el caso de Nueva Orleáns, pero con mucho más alcance, el Estado es responsable directo de la desgracia de la gente, pero se lava las manos y el agua se la da una prensa occidental que se dice libre, pero que no duda en sacrificar esa libertad a estos dioses totalitarios.

Un fraude impuesto desde el Gobierno

Los ahorradores acuden atraídos por la promesa de altos intereses. Los fondos que entran se destinan, no a la creación de riqueza, sino a pagar los intereses que se van debiendo a los afiliados. A medida que hay más y más clientes, crece también la cifra de salidas, de pagos que tiene que hacer la compañía.

Este dinero no se puede pagar con los réditos de las inversiones, que no existen, sino con las entradas de nuevos incautos. La bola sólo sigue rodando a medida que se hace más grande; Pero no puede crecer indefinidamente. Cuando flaquea el crecimiento de nuevos clientes, cuando los que ya están se huelen el pastel y no quieren perderlo todo y prefieren salir a tiempo, entonces ya no hay dinero fresco para seguir simulando ser una compañía exitosa y todo se viene abajo. Es lo que le ha ocurrido tanto a Afinsa como a Fórum.

Puede uno mirar a los clientes de estas dos pseudoempresas con esa mezcla de compasión y suficiencia de quien se dice a sí mismo "yo no caería en tales engañifas". Perdonen que me ría, porque usted es víctima precisamente de ese mismo esquema. Claro está que no lo ha elegido, sino que ese sistema fraudulento le ha sido impuesto. Y no por la mafia calabresa, sino por el mismo Estado. Su nombre es Seguridad Social.

Porque funciona exactamente igual, con la diferencia, no pequeña, de que nosotros no podemos ni siquiera desembarazarnos del fraudulento esquema; somos clientes a punta de pistola. La única forma de escapar de la Seguridad Social es mediante su quiebra total, que llegará antes que después, en una década de estas. Las pensiones de hoy se pagan con las cotizaciones de hoy. El que ha estado cotizando durante tres o cuatro décadas no ha ahorrado o acumulado nada; sólo tiene la promesa del Estado de que sangrará al resto de sus conciudadanos, como antes lo hizo con él, para que pueda pagar una pensión. Un sistema privado de pensiones, por el contrario, se basa en el principio del ahorro y la inversión, en la creación de riqueza durante años para que, pasado un tiempo, esa riqueza que es nuestra y de nadie más nos sostenga, nos acompañe en nuestros últimos años; nos permita vivir sin trabajar.

Corbacho, el último de los gestores de ese fraude monumental que es la SS, ha declarado, muy ufano, que se han acumulado para el fondo de reserva otros 4.700 millones de euros, de tal modo que el total superará los 56.000 millones. ¿Estamos salvados? No. Hemos comprado unos minutos.

Hagan juego, señores

Si él ganó las elecciones en marzo de 2004, en abril yo ya veía que se había planteado la destransición, la vuelta a la idea de la ruptura, para instaurar una democracia distinta de la de 1978. Poco a poco ha ido desgranando sus planes, que se plasmarán en su máxima expresión en su intento de hacer de cada uno de nosotros un nuevo hombre socialista. Ese temor ha unido a muchos en torno a la alternativa encarnada por Mariano Rajoy.

Pero la derrota en las urnas ha roto esa coalición unida por una idea de carácter negativo: evitar que Zapatero siguiese adelante con su programa. Rajoy ha sido arrastrado por ese movimiento a adoptar una determinada postura frente al Gobierno, lo que le ha valido más de diez millones de votos. Es un refrendo muy importante, aunque haya sido insuficiente para desbancar a Zapatero del poder. Pero él lo ha tomado como un respaldo a su partido y a su persona. Se siente fuerte; lo suficiente como para sacudirse de encima esos apoyos que él, en su fuero interno, siempre vio como una carga. Por eso hizo esa declaración de independencia frente a ciertos medios, como este. Por eso habla de "su equipo", mientras Zaplana, Acebes y otros van cayendo.

Aparece ahora el verdadero Rajoy. Él tiene muy claro, y puede que no le falte razón, que el PP tiene que pactar con los nacionalistas para volver al poder; por eso hablad de "adaptarse a las cambiantes circunstancias". Pero la estrategia de los nacionalistas está indisolublemente unida a la de Zapatero y son muchos los que no están dispuestos a transigir. Él sugiere que hay deslealtades en su partido, pero la defección ha sido suya, no de María San Gil o José Antonio Ortega Lara.

Ahora se está repartiendo de nuevo el juego. Dentro y fuera del gran partido de centro derecha cada uno está midiendo sus fuerzas, tomando posiciones, haciendo y deshaciendo alianzas para estar en una buena posición cuando dentro de cuatro años se forme una nueva coalición contra Zapatero. La primera ronda del juego, el congreso de junio, tiene las cartas marcadas, por lo que nadie se ha atrevido a dar el paso de presentar una candidatura alternativa. Y eso que incluso una derrota sería una victoria, ya que aún queda un nuevo congreso antes de las elecciones de 2012, pero para dar ese paso hacen falta una ambición, audacia y honradez que hasta ahora no se han reunido en ningún afiliado de peso.

Pero habrá más rondas. El juego no ha hecho más que comenzar y de su resultado depende en gran parte nuestro destino más inmediato. Así de frágiles somos.

Ni con crisis cumplimos Kyoto

A pesar de que con la excusa de salvarnos de la catástrofe climática tanto el Gobierno del PP como el del PSOE han introducido en nuestra sociedad mecanismos de intervención económica que harían las delicias del socialista más radical, las emisiones de CO2 siguen disparadas. El año pasado fueron un 1,8 por ciento superiores al año anterior y nuestro país ya tiene un desfase de 33 puntos porcentuales con su compromiso de Kyoto. Dicho de otro modo, España emite un 52% más de lo que emitía en 1990 a pesar de que el límite de acuerdo con el protocolo de Kyoto sólo le permite incrementar las emisiones un 15%.

La relación entre crecimiento económico y emisiones de CO2 es tan estrecha que si estuviésemos seguros de que existe un calentamiento peligroso para el ser humano cuya causa son esas emisiones, sólo habría dos modos de evitarlo: transformar nuestro sistema productivo o paralizar su crecimiento. La transformación del sistema productivo puede lograrse con la aceleración del proceso de acumulación de capital, con el establecimiento de deducciones fiscales a las empresas que reduzcan sus emisiones o mediante cambios tecnológicos. El mercado puede aprovechar estas tres fórmulas sin necesidad de coacción.

Sin embargo, el protocolo de Kyoto y el resto de medidas aprobadas por nuestro Gobierno consisten en intentos desesperados por detener el crecimiento económico convirtiendo el mercado en un juego de suma cero o planificando en contra del mercado libre el tipo de factores productivos que van a participar en el proceso de producción al margen de que sean considerados o no los más económicos por empresarios y consumidores.

Este año parece que la situación económica está provocando que las emisiones sean, por ahora, menores. El motivo se encuentra sencillamente en la crisis económica y en el elevadísimo precio del petróleo. Pero según José Santamaría, director de World Watch en España, "esto no es suficiente". Después de todo se nos empieza a dar la razón. Haría falta un colapso total de nuestra economía para poder cumplir con el dichoso protocolo. ¿Alguien está dispuesto a pasar por eso para detener las emisiones de CO2 cuando existen alternativas que no atentan contra el libre mercado y los derechos individuales? ¡Yo no!

La desesperanza urbanística de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, nos dio a conocer en la pasada campaña electoral madrileña su propuesta en materia de urbanismo durante un encuentro en el Foro ABC; posteriormente, la reafirmó tras su reelección en la entrevista concedida a Libertad Digital Televisión, realizada por Federico Jiménez Losantos. La propuesta fue la siguiente: limitar, por ley la densidad de edificación en zonas residenciales de nueva construcción poniendo como tope en los futuros desarrollos la construcción de tres plantas más ático. La presidenta de la CAM afirmó que, de esta manera, se eliminará además la especulación.

En esta propuesta existen dos errores intrínsecos. El primero es que la Comunidad de Madrid ya tiene limitada por ley la densidad máxima posible en un suelo por desarrollar, puesto que, como la desastrosa Ley 9/2001 de Suelo de Alberto Ruiz-Gallardón no hizo alusión alguna a dicha densidad, pasa a ser de aplicación el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1976. Ésta dicta como densidad máxima la arbitraria cantidad de 75 viviendas por hectárea. El segundo error es producto de la falta de conocimientos de la señora Aguirre, ya sea porque no ha leído la Ley 9/2001 o no la ha entendido (o, como es lógico, no la ha puesto en práctica nunca en el ejercicio profesional). Esta ley establece unas arbitrarias y exageradas reservas de suelo en cada sector de desarrollo en función de la edificabilidad para infraestructuras, equipamientos y zonas verdes, por tanto resulta casi imposible introducir una edificabilidad superior a 0,6 m2 edificables por m2 de suelo. De esta manera queda delimitada por ley una edificabilidad máxima que, si se distribuye de manera homogénea en el suelo a desarrollar, daría como resultado edificios de planta baja más tres plantas más ático, o planta baja más cuatro plantas más ático (tales tamaños de edificación son curiosamente similares a los propuestos por Aguirre, y a los desastrosos desarrollos urbanísticos construidos durante la década de 1980 en el sur de Madrid, criticados en la Asamblea de Madrid por la señora Aguirre).

Por otro lado, anunciar que con la delimitación de las alturas se va a eliminar la especulación demuestra no entender nada. En primer lugar, porque lo importante no son las alturas sino la cantidad de edificabilidad a realizar en un sector de desarrollo (o lo que es lo mismo, los metros cuadrados de edificación que se pueden construir y que, hoy en día, se encuentran limitados por ley, lo cual tampoco ha servido para nada). Por tanto a un empresario le da exactamente igual hacer 1, 2 ó 300 alturas en su suelo, puesto que lo que le preocupa es cuántos metros cuadrados puede construir. En segundo lugar, la especulación con base en la actividad política, fuente de toda corrupción y de una mayor tendencia inflacionista de los precios, es producto precisamente del sistema actual que, como hemos tratado de explicar, coincide con el propuesto por doña Esperanza.

A esta errónea propuesta la autora le sumó explicaciones como las siguientes: lo que se pretende realizar con esta propuesta es "un urbanismo renovador y más humano", en donde los habitantes "no tengan que residir en moles de hormigón de 12 ó 14 plantas"; "limitar la densidad de población, porque los madrileños quieren ciudades menos densas y más amplias, con más espacios abiertos y con más zonas verdes, quieren que el sol entre todas las mañanas por sus ventanas". Por último, eso sí, se permitirán "rascacielos o edificios emblemáticos" que "enriquezcan el patrimonio arquitectónico y cultural".

En primer lugar, dicha propuesta no tiene nada de urbanismo renovador por lo expuesto anteriormente, y supone una inyección más de intervención pública con la intención de solucionar el problema del urbanismo español, que es corrupto y desastroso precisamente por tratarse de un sistema intervenido de tipo soviético. En cuanto a lo de más humano, no merece comentario por tratarse de populismo barato, impropio de una persona de su talla política. También quiero decirle, señora presidenta, que vivir en edificios de 12 ó 14 plantas no es sinónimo de mala calidad de vida, como demuestran los magníficos nuevos crecimientos urbanos de Dubai, con edificios de más de 40 plantas.

Por otro lado, esperemos que limitar la densidad de población se refiera a crear modelos de ciudad con crecimientos urbanos de baja densidad únicamente (¿o es que pretende empezar a echar gente de la Comunidad de Madrid?). En cualquier caso se presenta el siguiente problema: con un territorio como el de Madrid, en el que una gran parte del suelo se encuentra protegido, y un crecimiento en población como el que está experimentando esta región, ¿qué sucederá cuando se haya urbanizado todo el suelo no protegido con edificios de planta baja más 3? ¿Se añadirán una o dos plantas más a cada edificio o se prohibirá la entrada de más habitantes en Madrid? Ah, claro, se me olvidaba que se permitirán rascacielos o edificios emblemáticos,los cuales, indudablemente, decidirán los especuladores políticos de turno dónde deben ir y qué forma deben tener según sus gustos particulares. Eso sí: nos mostrarán a todos los ciudadanos en una exposición pública el diseño de la nueva intervención urbana que supuestamente enriquece el patrimonio arquitectónico y cultural y, de paso, nos engañarán con esa falacia propia de los urbanistas comunistas (que llevan haciendo lo que les place en España desde el año 1956) del urbanismo participativo y democrático.

Señora presidenta, le informo que la Comunidad Autónoma de Madrid (al igual que el resto de España) posee un sistema urbanístico soviético, en el cual los derechos de desarrollo del suelo se encuentran nacionalizados y la asignación de los usos del suelo se encuentra monopolizada por la administración pública. Así que si quiere verdaderamente hacer algo para solucionar el problema de la corrupción urbanística y la continua corriente inflacionista de los precios de la vivienda, devuelva los derechos de desarrollo del suelo a los propietarios para que pueda existir mercado y éste sirva para coordinar el territorio y las ciudades, y además desmonopolice la asignación de los usos del suelo por parte de la administración pública para eliminar la especulación política. No me cansaré de repetir que es este tipo de especulación inducida por las diferentes formas de intervención pública en el libre uso del suelo el que causa la corrupción y su fomento. Por último, ¿conoce a mucha gente que no quisiera vivir en Nueva York en algún momento de su vida?