Discurso de Manuel Ayau en la Cena de la Libertad del 23-05-2008 durante la recepción del Premio Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad, en el que explica la génesis de la Universidad Francisco Marroquín y su nuevo proyecto: una reforma constitucional en Guatemala.
Carlos Rodríguez Braun entrega el Premio Juan de Mariana 2008 a D. Manuel Ayau, fundador de la Universidad Francisco Marroquín. Lo hace exponiendo una tesis interesante, afirmando que no es un milagro, que la existencia de una universidad privada y liberal en Guatemala es la aplicación de las ideas liberales.
La BBFC era en principio una organización privada encargada de la autorregulación de ambos sectores, algo a lo que nada habría que objetar. Sin embargo, la trampa radica en que el Estado le otorgó en 1984, no podía ser otro año, el monopolio en esta actividad y decretó la obligación de someterse a su dictamen a cualquier título que vaya a ser proyectado en tierras británicas. Dicho de otro modo, es el brazo del poder político para decidir sobre la moral privada. Algo totalmente ilegítimo.
Este terrorífico organismo pretende ahora meter mano en la red. La BBFC pretende tener poder para clasificar los contenidos audiovisuales (incluyendo juegos) de entretenimiento por Internet. Los proveedores sujetos a su regulación estarían obligados a establecer un sistema de bloqueo que impidiera que los menores accedieran a contenidos inadecuados para su edad. Esto, que en principio parece simple, tiene riesgos añadidos. Para que esos sistemas funcionaran de forma adecuada, los proveedores deberían tener constancia de cada persona que se conecta a la red en cada momento, y no sólo del ordenador, como sucedía hasta ahora. De este modo se dañaría todavía más la muy maltrecha intimidad del usuario ante las autoridades a la hora de conectarse a la Red.
Los argumentos que dan los de la BBFC para justificar sus pretensiones son para ponerse a temblar. Dicen que si ellos no lo hacen lo harían sus equivalentes de otros países. Y eso para ellos sería muy grave, puesto que los estadounidenses son más permisivos con los contenidos que muestran violencia y los franceses con el sexo. Conmovedora su preocupación por la salud moral de los niños de Gran Bretaña. Es cierto que, por el momento, lo que piden es que los proveedores se sumen de forma voluntaria. Pero tiempo al tiempo; en cuanto vean que muchos usuarios se pasan a operadoras que no aplican la censura conseguirán que el Parlamento apruebe una ley que haga obligatorio someterse a su dictamen.
Estamos ante un nuevo ataque contra la esfera de lo privado. La única autoridad que debería admitirse a la hora de decidir qué contenidos son aptos para menores y cuáles no son los propios padres. Bien está que las empresas se autorregulen, porque eso no supone más que una suerte de guía sobre cómo actuar, no un poder real. La potestad paterna (o materna) resulta fácil de aplicar en internet. Existen numerosos programas que cualquiera puede descargarse e instalar en su ordenador para filtrar contenidos. Dar poder a otros organismos y autoridades no es más que pretender regular la moral.
Esperemos que España no salgan imitadores de la BBFC que pretendan regular los contenidos a los que se puede y no se puede acceder a través de la Red en nombre de los derechos de la infancia o cualquier excusa torticera. No destruyamos un poco más nuestra libertad en aras de imponer una moral oficial, sea del signo que sea.
Si de algo nos advirtió el gran Frédéric Bastiat fue de la necesidad de tener en cuenta las consecuencias no previstas de las acciones humanas y en particular de las políticas. La experiencia de la ilegalización de la prostitución es instructiva porque muestra claramente los resultados desastrosos de tratar de suprimir una actividad pacífica y voluntaria mediante una ley coactiva (e ilegítima).
1) Abandono institucional: las deja sin derechos ni protección
Éste es el punto más importante. En el anterior artículo comentamos que la prostitución no dejaba de ser una profesión como cualquier otra en la que dos personas efectúan una transacción voluntaria. Ahora habría que añadir que sin instituciones adecuadas una verdadera economía de mercado no es posible (Coase). Lo cual significa que sin el apoyo del Estado de Derecho, la prostitución no puede ejercerse sin inseguridad jurídica y social.
La ilegalización hace que dejen de ser sujetos éticos. No están regulados ni sus derechos ni sus obligaciones. Las prostitutas están desprotegidas y se les puede maltratar. Se les puede secuestrar, pegar, violar, robar y forzar a prostituirse. Están en una situación discriminada y sin derechos. Se ha demostrado que las prohibiciones no acaban con el problema sino que lo único que hacen es empeorar las condiciones de trabajo de las mujeres que seguirán ejerciendo. Trabajan en malas condiciones de seguridad, limpieza, higiene y tranquilidad.
Sabemos que no vivimos en un mundo ideal y que siempre se seguirán produciendo injusticias y abusos aunque se legalice la profesión. Sobre todo conociendo la nula eficacia e ineptitud de quién tiene que protegernos (véase Papá Estado). Pero lo que se debe buscar es lo siguiente: garantizar los derechos a aquellas mujeres que deciden trabajar en la prostitución y limitar los abusos que hoy ejercen sobre ellas en los burdeles.
Una vez legalizada la prostitución, las que quieran continuar en la clandestinidad (para no pagar impuestos) lo harán voluntariamente y bajo su responsabilidad. Deberán asumir los riesgos.
2) La ley no funciona, no consigue lo que se propone (reducir la prostitución)
Es bien conocido que la prostitución es tan antigua como la humanidad. Y todo parece indicar que la humanidad no está para muchos cambios, porque la prostitución sigue siendo demandada enormemente pese a su ilegalización. Atendiendo a la gran cantidad de dinero que mueve, podemos asegurar que el mercado más antiguo de la historia no parece que vaya a desaparecer. Y sin embargo, pese a no violar los derechos de nadie, está ilegalizada.
¿Cómo puede el Estado decidir si se tiene que reducir una determinar profesión? ¿En base a qué? ¿En base a que a los políticos les parece una actividad denigrante? ¿Intrínsecamente perversa? ¿Deshumanizante? Quizá debieran entonces reflexionar un poco sobre su propia profesión.
El objetivo que hay que proponerse no es reducir la prostitución, sino reducir las víctimas del tráfico de blancas y personas. Y eso se consigue legalizando la profesión para establecer claramente la distinción entre prostitución voluntaria (decisión propia) y prostitución coactiva (esclavitud), y persiguiendo fuertemente la segunda.
3) Convierten a gente honesta y pacífica en criminales
La ilegalización produce la estigmatización social y persecución de una trabajadora honesta y pacífica. Muchas veces los bancos son reticentes a concederles préstamos y las aseguradoras prefieren evitarlas. Sufren el menosprecio y la discriminación que todos conocemos.
4) Crea "mercados" en donde la competencia es violenta y no pacífica como en los legales
No están basados en el contrato y la cooperación. Aumenta la violencia y la inseguridad ciudadana.
5) El precio del servicio es mucho mayor en un mercado negro que en un mercado legal competitivo
Todo producto en un mercado negro tiene un precio más alto porque la falta de oferta y falta de competencia provocan la escasez de los servicios que la gente considera indispensables. Llega al mercado una menor cantidad que la demandada. Existe más demanda que oferta y los clientes están dispuestos a pagar un precio más alto por el servicio que se les prohíbe. Además hay que pagar al intermediario clandestino.
6) Los servicios en los mercados ilegales son de una calidad menor que en los mercados legales competitivos
La falta de competencia y de legalidad hace que no haya ni el control ni las exigencias que se darían en un mercado legal.
7) Provoca una delincuencia asociada
Los enormes beneficios del mercado negro incentivan que los criminales violentos entren. Provoca una delincuencia asociada, a menudo muy violenta. Existe un submundo ilegal en el que se da inmigración ilegal, extorsión, tráfico de drogas, falsificación de documentos y delitos económicos que aumentan la delincuencia y la violencia. La legalización ayudaría a luchar contra el resto de actividades.
8) Hace que el sistema de justicia sea más corrupto
La legalización acabaría con un foco importante de corrupción que aumenta en todos los niveles del Estado debido a la gran cantidad de policías, jueces y demás autoridades que han sido comprados, sobornados o extorsionados por las mafias, creando un gran ambiente de desconfianza por parte de la población hacia el sector público en general.
9) El Estado convierte actividades pacíficas en criminales
Este punto es importante. Hay que derogar el artículo 188 del Código Penal, que prohíbe el proxenetismo, es decir, el dedicarse a la prostitución como empresario. Prohíbe que se establezcan relaciones laborales entre prostitutas y empresarios. Impide al empresario establecer tratos comerciales entre la prostituta y otra persona, aun con el consentimiento de las mismas. Hay que derogarlo porque hay que reconocer a la prostitución como profesión. Debe tener los mismos derechos laborales que las demás profesiones.
La prostitución se tendría que poder ejercer de forma autónoma o en contrato con algún empresario. Tienen que tener la posibilidad de establecer sus propios negocios.
10) Provoca un aumento de poder y gasto estatal
Supone un gran recorte de libertades (impuestos, intervenciones, vigilancia) porque una enorme cantidad de recursos van destinados a prohibir y perseguir actividades pacíficas consensuadas en vez de perseguir a los verdaderos criminales y delincuentes.
Hay gente que defiende la legalización sólo por los elevados impuestos que recaudaría el Estado. A mí me parece que ésta sería precisamente una gran razón para no legalizarla. Además está demostrado que incentiva el que muchas prostitutas que ejercen por decisión propia lo hagan en la clandestinidad para no pagar impuestos.
La decisión de Rajoy y su equipo (su equipazo, vaya) de adaptarse al cambio de régimen y gestionar su demolición dentro del consenso era, según vemos ahora, una determinación firme cualquiera que hubiera sido el resultado de las elecciones. Si el PP hubiera ganado estaría actuando exactamente igual que ahora lo hace desde la oposición, sólo que con responsabilidades distintas y varios miles de sorayos pisando moqueta. Esto último es lo único que hubiera podido moderar el estruendo de un partido que se dispone a demoler las bases sobre las que se fundó y en función de las cuales más de diez millones de españoles le otorgaron su confianza.
Ahora se descubre el embeleco, pero el problema fue nuestro, de los votantes y dirigentes regionales ajenos al cotarro de Génova 13, por no haberlo visto a tiempo y actuar en consecuencia.
En esta voladura sistemática sobra gente. Es el "tejido adiposo", que decía Arzallus cuando una parte de la tribu peneuvista se le sublevó. En el caso del PP es también necesario desprenderse de una parte de sus miembros, precisamente los que más admiración popular despiertan por su abnegada batalla contra los enemigos de la libertad. Estos referentes morales, como María San Gil y ahora Ortega Lara (¡Ortega Lara! Mariano, hijo, qué vergüenza) no tienen sitio en una organización cuyo líder ha decidido ponerse al servicio de todo aquello contra lo que han venido luchando desde hace décadas.
Por eso es mucho mejor que Zapatero ganara las elecciones. Así los votantes del PP no tienen que asistir al espectáculo de demolición nacional consensuado con el PSOE, viendo a su líder dirigir la brigada de excavadoras. Desde la oposición el sentimiento es quizás el mismo, pero el sonrojo menor.
Aznar, a estas alturas, debe estar considerando seriamente el amputarse de un tajo el dedo índice con que designó a su sucesor. Qué error, Josemari, qué inmenso error.
Una de las teorías más populares en los libros de texto de economía que justifican las amplísimas intervenciones estatales es la de los fallos del mercado. Éstos, aunque tradicionalmente se han dividido en tres, se pueden identificar siempre que la realidad económica no coincida con el equívocamente llamado modelo de competencia perfecta; es decir, en la gran mayoría de los casos. ¿Incertidumbre, información imperfecta, monopolios, perturbaciones económicas…? Todo puede caber dentro del gran saco de los fallos del mercado, para justificar mayores intervenciones y llenar el estómago insaciable del estado.
Dentro de este gran saco, la teoría de los bienes públicos sostiene que el sector privado será incapaz de proveernos de aquellos bienes cuyo consumo sea conjunto, es decir, que el hecho de que una persona consuma una unidad adicional de un bien o servicio, no hace disminuir el consumo de otra. Por ejemplo, en el caso del alumbrado de las calles, el que aumente el número de transeúntes que se benefician de la luz, no implica que otros se vean perjudicados. Además, estos bienes también suelen presentar la cualidad de que su consumo no se puede excluir. En el ejemplo, no se puede evitar que un transeúnte concreto, que no haya pagado por el alumbrado, disfrute de él. Por estas razones, se dice que estos bienes deben ser provistos de manera coactiva por las administraciones públicas, ya que los agentes privados no lo harían, debido especialmente al problema del gorrón o free-rider.
Obviando las críticas teóricas que se pueden hacer esta teoría, un caso real bastaría para refutar la afirmación de que resulta imposible que instituciones privadas provean adecuadamente de bienes colectivos. El caso que he escogido, dentro de la infinidad de ejemplos que existen, es el de Walt Disney World (WDW). Es un complejo de ocio del tamaño de San Francisco, situado en Florida, que cuenta con parques temáticos, acuáticos, campos de golf, complejos deportivos, numerosos hoteles y tiendas, así como centros de entretenimiento y restaurantes. Lo más destacable, en relación con los párrafos anteriores, es que el sector público ha participado muy poco en este gran proyecto y ha concedido gran autonomía y libertad (como ciertas exenciones legales y regulatorias) a la compañía de Disney para llevar a cabo sus ideas. ¿Y qué hizo la compañía con esta libertad? ¿Contaminar salvajemente, destruir la fauna y la flora a su antojo, establecer la ley de la selva? Pues no, todo lo contrario, y es que destaca la actitud de respeto al medioambiente y de preservación de los espacios naturales en todo el parque. ¿Y qué hay de los bienes públicos? Los provee la misma compañía: bienes públicos de toda variedad desde las calles y el alumbrado hasta sistemas de recogida de basuras, con una tecnología muy innovadora. Han leído bien, se trata de una gran ciudad o comunidad que demuestra que la provisión privada de bienes colectivos es perfectamente viable.
No obstante, WDW es más que una comunidad privada donde hay numerosos bienes colectivos. Fue una excelente visión empresarial del creador Walt Disney (paradigma del self-made man y muestra de la existencia del American Dream), que como buen empresario, se adelantó al resto y ofreció la posibilidad de satisfacer necesidades que él mismo descubrió, siendo un gran ejemplo del ejercicio de la función empresarial austriaca. Su visión consistió en crear una comunidad utópica, un espacio recreativo en el que imperase la armonía, la felicidad y la diversión.
En resumen, podemos llegar a varias conclusiones. En primer lugar, el caso de Walt Disney World y otros parques de la misma compañía, demuestra lo errado de la conclusión principal de la teoría de los bienes públicos, a saber, que la provisión privada de estos bienes es inviable. Por el contrario, es un caso claro de cómo pueden funcionar comunidades privadas, especialmente en relación a los bienes colectivos. En segundo lugar, también se puede ver cómo en un ambiente de mayor libertad y menores regulaciones, en el que el Estado tiene poco que decir, se fomenta la innovación tecnológica y se protege el medioambiente y las zonas salvajes. Por último, la vida de Walt Disney nos ilustra a un gran empresario, que empezando desde muy abajo, y gracias a su constante esfuerzo, dedicación y perspicacia empresarial, consiguió liderar la empresa de entretenimiento más exitosa del siglo XX.
Creo que una buena izquierda es aquélla que siempre piensa en el futuro y no se preocupa mucho de nuestros pecados del pasado.
Con motivo del secuestro y asesinato de una niña en Huelva a principios de año, se desató un gran revuelo sobre los estrepitosos fracasos de la administración de justicia penal en España. De repente, casi todos los comentaristas repararon en que ese crimen atroz podría haberse evitado si la burocracia judicial hubiera funcionado debidamente. Para sorpresa de muchos, se supo que, cuando cometieron presuntamente esos delitos, este individuo tenía que cumplir una pena de prisión por abusar sexualmente de su propia hija menor, pero que la ejecución se había demorado durante años en un juzgado sevillano. Para colmo de males, el mismo individuo comparecía quincenalmente en un juzgado contiguo al anterior, porque así lo había decidido un juez de instrucción que le había imputado un delito similar contra otra niña.
Todo esto ocurría en plena campaña electoral, de manera que los políticos de los dos grandes partidos consideraron que era su obligación opinar sobre el asunto, como si no fueran directos responsables del calamitoso estado de los tribunales. La supuesta obsolescencia y falta de conexión de los programas informáticos con que cuentan los juzgados comenzó a ser una cuestión conocida para el público no especializado. El órgano de gobierno de los jueces abrió un expediente disciplinario al juez de lo penal por su posible falta de diligencia, el Ministerio de Justicia a la secretaria que servía en el mismo y la Junta de Andalucía a los empleados de ese juzgado encargados de la tramitación de la ejecutoria.
Pasada la tormenta inicial, y llegada, al parecer, una época de nuevo consenso, los nuevos portavoces de los grupos parlamentarios socialista y popular coincidieron en señalar que, si ellos se ponen de acuerdo, "modernizarán" la Justicia. Ahora bien, ¿qué entienden por modernización de la justicia? Mi hipótesis es que, aprovechando la situación de marasmo judicial que ellos mismos han generado, los políticos actuales quieren dar un paso más en el proceso de someter al poder judicial a un férreo control del Ejecutivo. Sobre todo en el ámbito que lo convierte en un auténtico contrapeso frente a las arbitrariedades más graves de los gobernantes: el orden penal. Lo demás es secundario para ellos.
El actual modelo de control político del poder judicial nació con la ley orgánica de 1985, auspiciada por el primer Gobierno socialista después de la promulgación de la Constitución de 1978. Contradiciendo las previsiones de ésta al respecto, en una línea de garantizar cierta independencia de la justicia mediante un sistema mixto de elección de su órgano de gobierno frente al régimen autoritario anterior, los socialistas cambiaron el sistema que regía hasta ese momento y optaron por la elección parlamentaria de todos los vocales del consejo general del poder judicial. Téngase en cuenta que ese órgano de gobierno tiene encomendadas funciones como la selección, formación y promoción profesional de los jueces, así como la imposición de sanciones a los mismos por infracciones en el desempeño de sus cargos. A este respecto, no parece necesario extenderse en las luchas que los vocales elegidos desde entonces han librado.
Por otro lado, los legisladores atribuyeron al Ministerio de Justicia la provisión de medios materiales y humanos de los juzgados y el régimen disciplinario directo de los secretarios judiciales y demás personal a su servicio. Si se trataba de perfilar una organización más eficiente, hubiera sido más acertado que la ejecución del presupuesto destinado a la administración de justicia correspondiera al órgano de gobierno de los jueces y que todo el personal a su servicio se pusiera bajo la responsabilidad y la dirección de los jueces y tribunales concretos. Al mismo tiempo que esa organización configuraría un baluarte para la independencia de los jueces, sería más fácil determinar las responsabilidades internas y externas de todos los que sirven en los juzgados.
Paralelamente, los gobiernos socialistas nombraron a individuos destacados por su fidelidad al partido en la Fiscalía General del Estado. Su papel fue crucial para controlar los daños que los famosos escándalos del GAL y de corrupción ocasionaron a los sucesivos gobiernos, siempre según su propia perspectiva.
Antes de su "dulce derrota" de 1996, los socialistas, dirigidos en esa materia por un trío de estrategas postmodernos, impulsaron la aprobación de un nuevo Código Penal y la ley del jurado. La aprobación del primero provocó la revisión de oficio de decenas de miles de sentencias firmes para adecuarlas a su sistema de penas. Esa pauta de asignación de tareas redundantes a la burocracia judicial marcó estilo y se siguió en muchas de las dieciséis reformas aprobadas con posterioridad. Simultáneamente se transfirieron las competencias sobre el personal al servicio de los juzgados y la provisión de sus medios materiales a las comunidades autónomas.
La estancia del PP en el Gobierno no supuso modificaciones sustanciales en la organización de la justicia penal. Antes al contrario, en el año 2001 el último gobierno de Aznar acordó con el PSOE un "pacto por la reforma de la Justicia" cuya traducción legislativa fue la consolidación del modelo de elección parlamentaria de los miembros del órgano de gobierno de los jueces (CGPJ) con leves matices y una desigual reforma procesal que ratificó un procedimiento especial que deja totalmente en manos de la policía la instrucción y la celebración de juicios en el caso de delitos menores.
A todos los anteriores desaguisados contra la justicia, se sumó la ejecución de parte del programa postmoderno socialista durante la pasada legislatura. De sendos plumazos, con el aplauso de una mayoría aterida por la retórica a la sazón desplegada, se liquidó el clásico postulado liberal de la igualdad de todos los individuos ante la Ley. Me refiero a esos dos textos, redactados como si se tratara de proyectos de ingeniería social autosuficientes, llamados por sus promotores ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. La primera de esas leyes ha introducido juzgados de excepción y un procedimiento penal sin garantías para los denunciados. El enjuiciamiento en función del sexo de las personas y la imposición de penas siguiendo el mismo patrón nos retrotrae a tiempos premodernos. La segunda tiene pretensiones de conseguir transversalmente (palabra de moda) la igualdad mediante la ley y rebasa con mucho el objeto de este breve comentario. Su aprobación reciente, sin embargo, no permite todavía analizar el alcance de todos los agravios y conflictos que ambas van a desplegar.
En el medio plazo, otros mecanismos que han contribuido a salvar espacios de libertad en el ámbito de la justicia, dadas las características del caso español, están en el punto de mira de las pretensiones de los socialistas. La primera de ellas es la acción popular en el procedimiento penal, cuyo ejercicio ante los tribunales puso en aprietos a los gobiernos socialistas por los escándalos mencionados anteriormente y podría ponerle al actual en el futuro próximo. En consonancia con ello, una apretada mayoría de magistrados del Tribunal Supremo abrió la vía de denegar la legitimación de la acusación popular para sostener la acción penal en el juicio del proceso abreviado. La segunda es el acceso a la judicatura por medio de oposiciones objetivas, que, en una situación de intensa politización de la justicia, garantiza que el Gobierno no pueda nombrar directamente a los jueces de su gusto. En este sentido, el actual ministro de Justicia anunció el impulso de una reforma del sistema que permitiera a los licenciados con "mejores expedientes académicos" acceder a la carrera judicial sin necesidad de opositar. De cualquier modo, la perla mejor guardada para esa modernización de la Justicia es el apartamiento de los jueces de la instrucción de los procedimientos penales y su atribución al fiscal (recuérdese dependiente del Gobierno). Esa función del fiscal ha sido ensayada sólo en la ley de responsabilidad penal de los menores –con catastróficos efectos no del todo explicados al gran público–, pero su extrapolación se atisba con una subrepticia ampliación del tiempo (entre seis y doce meses) que el fiscal puede dedicar a practicar diligencias preprocesales sin dar cuenta al juez, según una reciente reforma del artículo 5 de su estatuto orgánico.
En conclusión, creo haber demostrado que la evolución del régimen político español posterior a la constitución de 1978 ha laminado las expectativas de conseguir una justicia penal propia de un Estado de Derecho. Utilizando como coartadas los efectos que han surtido anteriores medidas para controlar al poder judicial y una agenda antiliberal, los políticos socialistas, aliados a otros grupos colectivistas, tienen en marcha un programa de ocupación ilimitado de ese poder. La pusilanimidad, o, como parece ahora, la complicidad de una parte de la oposición con ese proyecto puede dejar tambaleantes a los pocos valladares de la libertad y la defensa de los derechos individuales que quedan en España.
El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas e incautaciones arbitrarias será inviolable, y no se expedirán al efecto órdenes que no se apoyen en una causa probable, corroborada mediante juramento o declaración solemne, y describan el lugar que ha de ser registrado y las personas o cosas que deben ser detenidas o embargadas.
La Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, perteneciente al Bill of Rights, garantiza los derechos de los ciudadanos contra ciertos abusos del poder. Todos encontraríamos inadmisible que la Policía pudiera entrar en nuestras casas "porque sí", porque al oficial de turno le ha dado la gana. El reciente caso del sheriff de Coslada es un recordatorio de los riesgos a los que nos enfrentamos de conceder demasiadas facilidades a las fuerzas de seguridad, especialmente en un país como el nuestro en que se les ha otorgado el monopolio de la posesión de armas de fuego.
En Europa, con lo mucho que ladramos por ciertas leyes norteamericanas que pueden suponer abusos sobre ciertos derechos básicos, carecemos de protecciones como esta enmienda constitucional, de modo que resulta mucho más sencillo para los gobernantes imponer violaciones de nuestros derechos y realizar "incautaciones arbitrarias" de nuestras "personas, domicilios, papeles y efectos". La Unión Europea aprobó una directiva en 2005 que exigía a los parlamentos nacionales que implementaran un sistema de retención de datos, algo que, con un nombre así, suena hasta inofensivo. Pero no lo es.
El Reino Unido acaba de volver a poner de actualidad qué significa en realidad. Bajo su plan, la policía dispondrá de una base de datos donde anotarán qué hacemos en internet, que sitios visitas, qué correos enviamos y a quién, qué llamadas hacemos y a qué números. Para entrar en esa base de datos no es necesario haber cometido delito alguno; basta con vivir en las islas o incluso pasar por allí de visita. Las operadoras de telefonía y los proveedores de acceso a internet estarán obligados a dar esos datos a las autoridades, que los almacenarán durante doce meses. Se supone que sólo accederán a ellos cuando un juez lo ordene. Claro. Y el sheriff de Coslada sólo visitaba los establecimientos de la localidad cuando denunciaban un robo.
Estos datos permitirán a las autoridades crear una suerte de perfil digital de cada uno de nosotros. Sin duda, tendrá cierta utilidad a la hora de luchar contra cierto tipo de delincuencia, aunque no parece que sea tanta como para justificar semejante pérdida de nuestros derechos. Fíjense si no el mal uso que se ha dado en la investigación del 11-M a los datos de las llamadas telefónicas realizadas por los condenados y por los muertos de Leganés. Luis del Pino podría escribir un libro entero sólo con las inconsistencias y contradicciones de la investigación referidas a los números, terminales y tarjetas SIM. A la hora de la verdad, resulta dudoso que disponer de los datos de hace doce meses de un sospechoso tenga utilidad ninguna.
Piensen, sobre todo, en manos de qué Gobierno estamos y de quién ostenta ahora mismo los ministerios de Defensa e Interior. ¿Confían en él para almacenar datos personales, que afectan a su intimidad? Yo tampoco. Y sin embargo, el año pasado se aprobó en España la "ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones", que obliga a las empresas a almacenar esos datos y dárselos a las autoridades cuando un juez así lo autorice. Mientras, esos datos personales se almacenan, expuestos a fugas, cotilleos indiscretos y todo tipo de abusos. ¿Se siente más seguro? Yo tampoco.
Entre todos los esquemas de planificación central que los socialistas de todos los partidos han exhibido durante los últimos días destaca el que aboga por el incremento del gasto público en obras públicas e infraestructuras. El dogma keynesiano de que la demanda agregada es insuficiente para absorber toda la población activa parece encontrar cierta aceptación tanto en la izquierda como en la derecha.
Por errónea que sea, esta teoría parece tener un ápice de certeza, debido a la desafortunada analogía que suele establecerse entre la economía y la mecánica. Si el sistema productivo es como una máquina, hará falta inyectar combustible al motor para que se revolucione y ponga en funcionamiento el resto de las piezas (los trabajadores). Desde esta perspectiva, la demanda genera la oferta, no a la inversa.
Sin embargo, no es más que un puro disparate, que oculta las relaciones más elementales que se dan en una economía. Tanto desde un punto de vista financiero como desde una perspectiva real, el incremento de la obra pública no puede ser sino pernicioso para los intereses de los españoles.
La obra pública se financia con los impuestos, y si éstos suben los contibuyentes ven mermada la renta de que disponen para atender al pago de sus deudas (hipotecas, obligaciones empresariales, etcétera). La única manera de limitar el alcance destructor de la crisis pasa por limitar el número de impagos de la deuda española (que en la actualidad es tres veces superior al PIB). Si los acreedores quiebran, el crédito se restringirá aún más y los impagos se multiplicarán, con lo que se hunidrán los valores patrimoniales de familias y empresas (¿cuánto vale un paquete de acciones de una empresa quebrada?). Por este motivo, que el Estado capte una mayor parte de recursos vía impuestos (o vía déficit público) sólo reduce la capacidad de los españoles para atender periódicamente sus obligaciones.
Por otro lado, y como pone de manifiesto la teoría austriaca del ciclo económico, la actual crisis se produce por un desajuste entre las distintas estructuras de bienes de consumo y capital. Durante años, en España y en otros países occidentales se ha estado invirtiendo masivamente en el sector inmobiliario, al tiempo que ha confiado la producción de manufacturas a los países asiáticos, singularmente a China y la India.
Dado que en Occidente se producía demasiada vivienda y en Oriente manufacturas, la única manera de mantener el elevado ritmo de consumo de los países desarrollados era pagando con deuda a China y la India (de ahí los elevadísimos déficit comerciales). Todo esto ha permitido incrementar la riqueza de estos países exportadores tanto en términos de renta per cápita como de capacidad productiva. Y es aquí donde encontramos el cuello de botella que ha disparado el precio de las materias primas agrícolas e industriales.
La expansión crediticia occidental permitió aumentar desproporcionadamente la renta de chinos e indios, que de este modo empezaron a demandar masivamente mejoras en su nivel de vida. Uno de los cambios más trascendentales ha sido la creciente presencia de carne en la dieta de aquéllos, lo que ha obligado a incrementar la cabaña ganadera y la demanda de cereales para alimentar a los animales.
La expansión crediticia facilitó asimismo un extraordinario incremento del capital fijo en China y la India, destinado a producir más manufacturas para Occidente. La mayor dotación de capital fijo requiere ahora de una enorme cantidad de materias primas industriales. Dado que el capital fijo en estas áreas se incrementó muy por encima del capital en otras industrias (como las relacionadas con las materias primas), la oferta no ha seguido a la demanda y los precios de las materias primas se han disparado. Hay un desequilibrio entre determinadas estructuras productivas (capital fijo en manufacturas y capital fijo en materias primas) que debe corregirse mediante reorientaciones de la inversión.
Pero para invertir es necesario ahorrar y canalizar ese ahorro hacia las industrias que son ahora más rentables (materias primas), de modo que se pueda reestablecer una cierta armonía entre sectores productivos. La obra pública, lejos de canalizar los recursos escasos hacia las materias primas, los retiene en la construcción de infraestructuras, mucho menos necesarias que, por ejemplo, el petróleo, los cereales o el cobre.
Después de las brutales y omnipresentes obras públicas que ha padecido España (y especialmente Madrid) durante los últimos años, parece del todo absurdo que los intervencionistas sostengan que hemos entrado en crisis porque no hemos construido los suficientes edificios públicos, monumentos, túneles y carreteras.
Lo que necesitamos ahora es más ahorro, ya sea para amortizar la deuda viva o para invertir en los bienes de capital complementarios (materias primas) que se han quedado atrofiados durante los últimos años. Para ello resulta imprescindible bajar los impuestos, a poder ser en aquellas partidas que incentivan el ahorro; es decir, habría que eliminar la tributación de las ganancias del capital (como en Alemania), e incrementar al 100% las deducciones por reinversión de los beneficios empresariales.
Desde luego, la solución no pasa por echar mano de más deuda y más ladrillo, es decir, de lo que nos ha llevado adonde estamos.
Es posible que la democracia sea, en el contexto actual, el menos malo de los sistemas de gobierno. Eso no significa que no haya una alternativa mejor que pudiera prosperar en otras circunstancias, ni que la democracia desempeñe bien la función principal que normalmente se le atribuye: implementar políticas que beneficien al conjunto de la población. El argumento de que una dictadura produce malas políticas porque los intereses del gobernante y de los gobernados difieren parece sugerir que la solución es hacerlos idénticos, dar el poder al pueblo. Pero los resultados de la democracia se han demostrado igualmente pobres. La paradoja es que la democracia no falla porque de algún modo acabe desoyendo a la gente sino porque hace lo que la gente quiere.
Bryan Caplan desarrolla esta tesis en su último libro, The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies. Según Caplan, la Escuela de la Elección Pública yerra en su caracterización del votante como un individuo racionalmente ignorante. De acuerdo con esta concepción, las personas elegimos no informarnos durante el proceso político porque la probabilidad de que nuestro voto cambie el resultado tiende a cero, y nos beneficiaremos igualmente si los demás se informan y votan. Para los escépticos de la democracia, la ignorancia racional deja vía libre a los grupos de interés (y a los políticos y burócratas), que sí tienen incentivos para informarse y movilizarse porque esperan obtener privilegios y dádivas del Gobierno.
La contra-réplica democratista apela al "milagro de la agregación": como el voto ignorante es aleatorio, en un electorado extenso los votos en un sentido y en otro tienden a compensarse mutuamente, y el voto no aleatorio minoritario (el voto informado) deviene entonces decisivo. Este fenómeno lo observamos en las apuestas, en los mercados financieros o en el comodín del público en el programa "¿Quieres ser millonario?" La respuesta del colectivo agregado tiene una tasa de acierto alta.
Caplan sostiene, sin embargo, que los votantes son peor que ignorantes: son irracionales. Sus errores no son aleatorios, siempre yerran en una misma dirección. El milagro de la agregación no tiene lugar en este modelo, y los grupos de interés solo influyen donde los votantes son indiferentes. Las políticas en una democracia son malas porque el votante está ideológicamente comprometido y comete errores sistemáticos.
Las personas tenemos preferencias sobre nuestras creencias. Valoramos determinadas creencias por sí mismas, nos aferramos a una determinada visión del mundo, sin la cual éste carecería sentido. ¿Por qué a menudo tenemos que hacer un esfuerzo para ser ecuánimes cuando critican nuestras ideas? Porque queremos que nuestras ideas sean ciertas. Los liberales simpatizamos con un argumento anti-estatista aunque sea cuestionable, los ecologistas desdeñan un argumento contra el calentamiento global aunque sea razonable. Si la ignorancia fuera la única causa de error, podríamos corregir cualquier idea equivocada con más información. Pero como señala Caplan, sería milagroso convertir siquiera a la mitad de un grupo de creacionistas al darwinismo por mucha información objetiva sobre genética, fósiles etc. que expusiéramos, o que John Lott pudiera moderar a los cruzados contra la libertad de armas por muy perfectos que fueran sus estudios empíricos. Es cierto que las personas tenemos un vasto afán por conocer, pero muchas veces queremos conocer sin sacrificar nuestra visión del mundo.
Detrás del fracaso de la democracia están las creencias erróneas que las personas tienen sobre economía, y buena parte del estudio de Caplan está dedicado a demostrar empíricamente los sesgos de la gente. El autor tacha de irracionales esas creencias porque se contradicen con el fin de alcanzar un mayor bienestar, que también valoramos. Obviamente la irracionalidad no empieza y acaba a las puertas del colegio electoral. Pero el mercado castiga la irracionalidad, la democracia no: si nos equivocamos en el mercado sólo nosotros pagamos las consecuencias; equivocarse en las urnas casi nos sale gratis, porque la relevancia de nuestro voto tiende a cero. El precio de satisfacer nuestras erróneas creencias es la reducción del bienestar que produce una determinada política descontada por la probabilidad de que nuestro voto sea decisivo. Si una medida proteccionista va a reducir nuestro bienestar en 1000€ y el electorado es de 1000 personas, satisfacer nuestras ansias nacionalistas solo nos cuesta 1€. Decir que los elevados costes de una política nos empujarán a ser más sabios es análogo a afirmar que los perjuicios de la polución nos llevan a conducir menos. Que los niveles de polución sean altos o bajos no depende de nosotros, de modo que conducimos igualmente. Como apunta Caplan, nadie se enfrenta a la elección "conduce menos o padece un cáncer de pulmón" o "reconsidera tus ideas sobre economía o malvive en la pobreza".
Pedir a la democracia buenas políticas es, en definitiva, pedirle peras al olmo. Decir que los fallos de la democracia se solucionan con más democracia es no ver el problema de fondo: el voto de un individuo no es decisivo, lo que hace que el precio que paga por votar sus erróneas creencias sea muy bajo. Este problema es inherente a la democracia.
La democracia, no obstante, tiene otras ventajas. En primer lugar, como señala Tyler Cowen, la democracia es útil para controlar los excesos del gobernante; siempre podemos echar a un déspota al cabo de cuatro años. Pero acaso el principal activo de la democracia sea su condición pacificadora. Todos pueden participar en el sistema, ninguna ideología tiene privilegios legales sobre otra, cualquiera puede alcanzar el poder. En un contexto en el que se valora la igualdad, esta ausencia de discriminación hace que las distintas facciones no sientan agravios ni puedan alegarlos, y dediquen sus esfuerzos a ganar votos en lugar de organizar revueltas. La democracia compra paz social al precio de ofrecer el poder a cualquiera que obtenga más votos. Es un precio alto, pero la paz social también es un bien precioso. Una dictadura o monarquía podría implementar mejores políticas, pero si la oposición es fuerte y tiene ansias de poder solo le queda recurrir a la violencia para hacerse con el Gobierno. La democracia, además, parece estar vinculada a un elevado grado de libertad de expresión y de asociación, así como a otras libertades civiles, como el derecho a un proceso justo, sin las cuales sería difícil crear las circunstancias que hacen posible unas elecciones pacíficas.
En conclusión, lo peor de la democracia es que aplica las políticas que quiere la gente. Lo mejor es que conceder el poder a quien gane unas elecciones promueve la paz social y garantiza ciertas libertades. Lo malo y lo bueno vienen en paquete. Si en el contexto actual es el mejor sistema, entonces vale la pena intentar cambiar el contexto.
