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Las favelas de Thatcher

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La ciudad es uno de los hallazgos más felices de la humanidad, máxima creación de ese vivir enlazados por relaciones voluntarias y abstractas que es característico de las sociedades libres y complejas. La ciudad es el nudo de la división del trabajo, y como ésta es una de las condiciones del desarrollo, ciudad y avance social siempre han ido de la mano.

Nadie lo diría si uno visita los bustíes indios, los katchi abadis de la vecina Pakistán, o las favelas brasileñas. Según los cálculos de Naciones Unidas en 2001, unos 1.000 millones de personas vivían en estos barrios de miseria, y el número se doblaría para 2030. Las políticas seguidas habitualmente por los políticos son los desahucios forzosos y masivos. Es una forma de actuar típica de los políticos, pero que no soluciona nada. Quien se fue a buscarse la vida a un barrio bajo es porque lo necesitaba, de modo que si echan abajo las cuatro miserables paredes en que se ha refugiado, las volverá a construir ahí o en cualquier otro sitio válido.

Hay otro camino; otro sendero, como titularon su seminal libro Enrique Ghersi, Mario Ghibellini, y Hernando de Soto. Ese sendero es el de los derechos de propiedad, y lo ha puesto en marcha el que prometía ser uno de los líderes de la nueva oleada socialista en Iberoamérica: Luiz Inacio Lula da Silva. En una de sus medidas primeras y más señeras, Lula puso en marcha un plan para reconocer derechos de propiedad sobre las favelas.

"Bueno, la diferencia es que ahora habrá un papelito que, simplemente, dice que es suyo", me rebatió un amigo mío a mi entusiasmo por la medida del líder brasileño. La diferencia es un papel, sí, pero también el proceso social que se desencadena con el reconocimiento de ese derecho. ¿Quién invertiría en una casa, por muy miserable que fuese, si no tiene el respaldo del derecho para hacerla suya? ¿Para qué mejorarla si cualquiera más fuerte que yo puede quedársela?

Es más, con todo lo pequeña y miserable que pueda ser una favela, una vez reconocida por el derecho, se puede comprar y vender con seguridad. Adquiere un valor de mercado. Y contra ese valor se puede pedir un crédito al banco, un dinero modesto pero quizás suficiente para hacer mejoras en ella, o para financiar un pequeño negocio; una furgoneta, un local…

Los que sólo se fíen de lo que ven, como Santo Tomás, que acudan al ejemplo de la Gran Bretaña salvada por Margaret Thatcher. Decenas y decenas de miles de trabajadores británicos vivían desde hacía años en unas casas que, a los ojos de todos, eran absolutamente indignas. No costaban apenas nada, un pequeño alquiler a cambio de vivir en estas viviendas, que eran de titularidad pública. Por un poco más de dinero el Gobierno de Thatcher les ofreció la posibilidad de comprarlas. Lo hicieron en masa. Y, como por ensalmo, aquellas casas parecieron revivir, mejoradas y acicaladas por sus nuevos propietarios.

Claro, que también los hay a quienes no les vale ni lo que está ante sus ojos. Esos no tienen remedio.

El error de Telma Ortiz

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Como parece mantener la compostura, le insultan, a ver si un mal gesto les permite sacar esa instantánea que se gane la portada. ¿Tiene derecho a seleccionar en qué portadas puede aparecer y en cuáles no, a evitar que su vida privada sea compartida por millones de españoles?

Ha querido proteger su intimidad haciendo que la juez ordenada a más de medio centenar de medios de comunicación, alguno inexistente, que no publiquen ninguna imagen de la hermana de la Princesa, a excepción de sus comparecencias junto a los Príncipes o la Familia Real. Es decir, lo que quería Telma Ortiz Rocasolano era, ni más ni menos que la vuelta a la censura previa. Últimamente ha habido en España varios grandes intentos de censurar a los medios desde los tribunales y dos vienen de la Familia Real. ¿No falla algo en esa Casa?

La cuestión de fondo no se ha llegado a dilucidar en el fallo. ¿Tenemos un derecho a la intimidad? Si existe, ¿en qué medida se puede exigir su protección frente a la libertad de expresión? ¿Tenemos derecho a impedir que los demás hagan lo que quieran de nuestra imagen?

Se puede pensar que nuestra imagen física es también parte de nosotros y, por tanto, nos pertenece. Así, nosotros decidimos qué uso se puede hacer de ella, si se puede reproducir o no. El hecho de ser una "personalidad pública" no altera ese derecho, ya que si nos pertenece podemos disponer de él como queramos; vendiéndolo en un momento, cediéndolo a continuación y prohibiendo su uso en una ocasión distinta. ¿Acaso una mujer ha perdido el derecho sobre su sexualidad por el hecho de que se haya prostituido? Ese derecho a la imagen propia debería ser protección suficiente y, hasta cierto punto, está recogido en nuestra legislación. Por otro lado, si las calles fuesen privadas, los transeúntes sabrían qué normas tienen que respetar. Como son públicas, los límites de lo que podemos hacer no están claros.

A Telma le hubiese bastado con llevar a los medios que hubiesen violado su derecho a la propia imagen a los tribunales. Si hubiese combinado esa estrategia con unas cuantas conversaciones con los responsables de los medios se habría quedado al margen de los focos. Que haya querido reinstaurar la censura previa demuestra que no tiene las ideas claras y que tampoco cuenta con quien se las aclare.

El gordo y el flaco

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Durante los procesos de creación legislativa, los órganos productores de normas atraen hacia sí una miríada de grupos de presión de todo tipo procedentes en su mayoría de la sociedad civil (empresas, sindicatos, patronales, organizaciones ecologistas, asociaciones de productores, de profesionales o consumidores, agricultores, grupos sociales, ONGs…).

Todo poder legislativo es generalmente ignorante de lo que pretende regular. Necesitan, obviamente, asesoramiento. Es ahí donde los lobbies juegan sus bazas. Se calcula que alrededor de los dos centros de producción legislativa más importantes del mundo, el Congreso americano (Cámara de Representantes y Senado) y la Unión Europea (Comisión, Parlamento y Consejo de Ministros) pululan respectivamente unos 30.000 y 20.000 lobbies de toda laya, cual abejas en un panel de rica miel. Otros legisladores nacionales cuentan con su inseparable recua de lobbies locales.

Detengámonos en los lobbies empresariales. Las empresas y sus asociaciones defienden legítimamente sus particulares intereses y derechos tal y como nos muestra un sano asociacionismo voluntario. Entre otras muchas estrategias, se organizan lobbies para dirigirse a los poderes públicos con el objetivo de que éstos no cometan más tonterías de las necesarias a la hora de legislar. El mal fario sobreviene cuando dichas empresas o agrupaciones de intereses creen que dentro del elenco de sus derechos está también el de recibir un trato legislativo especial o el de protegerse de la competencia sirviéndose del poder coactivo para conseguir rentas al margen del proceso productivo.

Es entonces cuando las empresas, en vez de buscar el favor de sus clientes, poseen otros incentivos muy poderosos para dirigirse a los políticos y sus criaturas legislativas. Ejemplos de lobbies empresariales potentes en Europa son la ERT, EUROPABIO, UNICE, ECIS o AMCHAM. Se sabe, además, que el retiro dorado de cualquier político, si tiene los contactos adecuados, es ser contratado en este tipo de lobbies o asociaciones de peso.

Cuando recordamos lo que Mancur Olson decía de la prevalencia en las acciones colectivas de las minorías organizadas sobre las mayorías desorganizadas o lo que la Escuela de Elección Pública (EEP) enseña acerca del fenómeno de los beneficios concentrados y los costes dispersos, lo sensato sería abogar por una reducción de la injerencia de los poderes públicos sobre la vida de las personas con el fin de evitar ser utilizados por el poder organizado (los menos) para su ventaja a expensas de la mayoría desorganizada (los más).

Sin embargo, los creyentes en la siempre beneficiosa acción estatal opinan de otra forma. Creen que este problema se puede atajar mediante dos tipos de medidas: una sería la de imponer códigos de conducta (privados) y de buen gobierno (público) ignorando, de nuevo, las conclusiones de la mencionada EEP en torno a los incentivos de la clase dirigente y a lo problemático de la romántica consideración de sus acciones carentes de interés personal.

El otro tipo de medida sería la de regular (qué raro) el fenómeno de los lobbies. En esto los EE UU nos llevan ventaja por la influencia que tienen allá en la financiación de las campañas políticas. Durante el mandato del irrefrenable Clinton se aprobó la Lobbying Disclosure Act de 1995, luego modificada por la Legislative Transparency and Accountability Act aprobada por el Senado en 2006 y la Honest Leadership and Open Government Act de 2007. Con dichas regulaciones crecientes se han impuesto a los lobbies, entre muchas otras medidas, un registro obligatorio, unas declaraciones semestrales de los gastos dedicados a esta actividad (lobbying) y por cuenta de quién o quiénes actúan. Los burócratas de la Unión Europea pretenden seguir este mismo camino mediante regulaciones similares a instancias de la Comisión y del Parlamento europeos.

No obstante, pensar que a los lobbies se les puede meter en cintura con este tipo de regulaciones es errar el tiro completamente. Los grupos de presión acudirán allí donde haya poder político concentrado y lograrán colar siempre sus "razonables" propuestas. Además, atrapados como estamos todos en la maraña del sistema actual de permanente legislación, no pueden obrar de forma distinta a como lo hacen (aunque sólo sea para que competidores presentes o futuros no se les adelanten). Con ello se socava la productividad general.

No tenemos solución: el problema nos parece ser únicamente del poder económico, nunca del poder político. Seguimos pensado que lo saludable es poner control a los indeseables "michelines" empresariales al tiempo que nos mostramos a favor del constante engorde de los "famélicos" poderes públicos mediante intrusiones de éstos en nuestras vidas con medidas legislativas y reglamentarias cada vez más numerosas.

Los lobbies, tal y como los conocemos hoy día, desaparecerán en buena medida mediante la drástica reducción del Estado. Pretender menguar el poder de influencia de aquéllos al tiempo que éste se expande (sus facultades legislativas no conocen límites) es como querer soplar y sorber a la vez.

Chikilicuatre no conoce a María San Gil

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Lo contó Jorge Valdano hace muchos años. El Alavés, equipo por el que el futbolista argentino acababa de fichar, disputaba un encuentro de copa contra el Barça de Cruyff. Cada vez que el árbitro paraba el juego, Johann cogía la pelota debajo del brazo y no la soltaba hasta que no terminaba de discutir la jugada del árbitro. Como quiera que la escena se repetía una y otra vez, un joven Valdano se dirigió al árbitro diciéndole: "Oiga, dele un balón a este y denos otro a los demás para que podamos seguir jugando."

– ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó Cruyff dirigiéndose al invitado inoportuno.
–  Jorge Valdano.
–  ¿Cuántos años tienes?
–  Veinte – respondió el argentino, cada vez más azorado.
–  Pues con tu edad, a mí se me trata de usted.

El tal Lasalle, columnista ocasional en ese foro de las libertades que es el diario El País, se pregunta acerca de los méritos de la diputada vasca para pedir que en la ponencia política del PP se defienda claramente la unidad de la nación española. Pues mire, Lasalle, es una señora que ha visto pasar bajo su ventana a varias manifestaciones de batasunos gritando "María San Gil, vas a morir", que ha visto en directo caer asesinado a su compañero de partido Gregorio Ordóñez, que tiene claro, por sufrirlo a diario en primera persona, lo que se puede confiar en el nacionalismo vasco y, para redondear el currículum, acaba de superar un cáncer. O sea, alguien a quien tratar de usted, Lasalle.

Con una biografía semejante, todavía hay quien se extraña de que la diputada vasca abandonara educadamente un foro en el que su presencia era manifiestamente indeseable. En las radios y la prensa oigo y leo que San Gil se ha equivocado y que nunca debió exteriorizar su decepción. De todas formas, añaden, la ponencia política recoge todo lo que María había propuesto. Sí, claro, pero después de dejar al grupo de ideólogos con un palmo de narices, como corresponde a una situación de ese tipo en la que, al menos, hay que defender el decoro personal.

Y es que la banda de chikilicuatres que va a reorganizar el Partido Popular para pegarse en 2012 el mayor trompazo de nuestra historia democrática, necesita que alguien les marque con firmeza el límite que no se puede sobrepasar en materia de principios. En estos casos, encima, los impertinentes acaban agradeciendo el gesto.

Al término de aquel Alavés-Barcelona, Cruyff regaló su camiseta a Valdano y este le dio un abrazo. Desde entonces no ha habido dos entrenadores en España que hayan estado más de acuerdo en cómo se debe jugar al fútbol.

Libertad versus cultura

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Tras haber fracasado en su intento de obligar a las operadoras a entregarle los datos de los usuarios de redes de pares, pretenden ahora que el Gobierno siga en esta materia el pésimo modelo de Nicolas Sarkozy, que no sólo en el tema de las descargas demuestra estar offline. Estos tipos pretenden que, al igual que ha hecho "Sarko", se imponga una norma por la cual las operadoras cancelen las conexiones de aquellos que utilizan las sistemas de intercambio de archivos para descargarse música.

El presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, tiene la desfachatez de justificar su propuesta diciendo que "cortar las libertades siempre es molesto, pero hay que proteger la cultura". El argumento es falaz por los cuatro costados. No es una cuestión de molestia, sino algo bastante más peligroso. Puesto que hace unos meses publicó en El País un artículo titulado Libertad para elegir, me ha venido a la mente una cita del autor del importante libro de economía de igual nombre. Decía Milton Friedman: "Una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad acabará sin igualdad ni libertad". Cambien "igualdad" por "cultura" y la frase sigue siendo totalmente cierta.

Pero no sólo es falaz por eso. También pretende identificar su negocio con la "cultura", cuando son dos cosas diferentes. Pero a ellos no les interesa. La propuesta que hace Promusicae al Gobierno es un claro ejemplo de lo que denunciaba otro importante economista, Thomas Sowell, cuando alertó de que "la política es el arte de conseguir que tus intereses egoístas parezcan intereses nacionales". Promusicae, al igual que DAMA, SGAE o la Academia del Cine, pretenden hacer creer que la defensa de sus intereses particulares (normalmente a costa del dinero o la libertad de los ciudadanos) es responsabilidad del conjunto de la sociedad.

También se ofende Guisasola, como ya lo han hecho otros, por el hecho de que se proteste por el canon digital. Critica que se discuta más sobre la "compensación por copia privada" que sobre "la protección de la cultura". Sobre esto último poco hay que discutir: no merece la pena protegerla de nada ni nadie, puesto que no está en peligro. Lo único que peligra aquí es un modelo de negocio obsoleto y la buena imagen que ciertos sectores no se merecen. Por continuar con las citas, con esta queja el presidente de Promusicae demuestra la veracidad de una sentencia del genial Frédéric Bastiat: "El Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de todos los demás".

No es otra cosa lo que pretenden los Antonio Guisasola, José Luis Borau, Pilar Bardem, Teddy Bautista, Luis Cobos y compañía. Todos ellos quieren que el Estado les proporcione la forma de seguir ganando dinero a costa de la cartera y la libertad de los ciudadanos. Y si estos no dan su consentimiento, se les criminaliza, insulta o desprecia. Todo en nombre de la cultura.

El órdago centralizador y totalitario de Evo

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

No cabe duda de que el referéndum autonomista celebrado el pasado 4 de mayo en la provincia boliviana de Santa Cruz constituye un acto puramente democrático en busca de una libertad política y económica que pretende ser cercenada por el Gobierno Sozionalista de Evo Morales. Ante tal acto de osadía hacia la legítima autoridad del presidente indigenista, el esbirro de Hugo Chávez ha convocado un referéndum revocatorio para el próximo 10 de agosto, de cuyo resultado dependerá la instauración de un poder centralizador en Bolivia o bien la consecución de cierto grado de autonomía y libertad territorial.

Los pueblos latinoamericanos que sufren el yugo del nuevo comunismo populista iniciado por Hugo Chávez en Venezuela intentan reaccionar ante los fines totalitarios de sus respectivos gobiernos. En este sentido, el pueblo venezolano, tras un denodado esfuerzo de movilización y protesta social, logró retrasar, de momento, la aprobación de la reforma constitucional bolivariana. Un texto en el que, más allá de sus pretensiones nacionalizadoras y comunistas en el ámbito económico, establecía la desaparición por ley de cualquier atisbo de poder político paralelo, tanto judicial como legislativo y territorial, capaz de ensombrecer la autoridad del mandatario chavista.

La reciente convocatoria electoral de Santa Cruz es un nuevo ejemplo de lucha y resistencia social ante la falta de libertad individual que quiere imponer el presidente boliviano Evo Morales. Las provincias de Tarija, Beni y Pando serán las próximas en intentarlo. Ante esto, Morales ha reaccionado convocando a su vez un referéndum revocatorio a fin de acallar a través de las urnas cualquier voz crítica o discordante con su discurso homogeneizador y dictatorial.

En esencia, el presidente boliviano ha lanzado un órdago a los poderes autonomistas de su país. En caso de resultar vencedor, Morales contará con la supuesta legitimidad de las urnas para imponer en Bolivia su particular proyecto centralizador y totalitario. Y es que en dicha votación se decide no sólo la implantación de un auténtico sistema autonomista, sino también la propia autoridad del presidente para aplicar hasta sus últimas consecuencias su nueva Constitución política.

Chávez perdió la partida en su día, aunque en ningún caso descarta volver a reanudar el proceso. Al fin y al cabo, el presidente bolivariano, a modo de director de su particular casino, marca las reglas del juego. Ahora, le toca a Bolivia. Su nuevo proyecto constitucional, cocinado al gusto de Evo, no tiene desperdicio.

Su contenido es un océano continuo de despropósitos contra toda clase de libertad, ya sea política, económica e individual. Como siempre, la izquierda ideológica trata de imponer su verdad, su modelo de sociedad, avasallando las preferencias y la libre voluntad de sus ciudadanos. Tan sólo hace falta observar el preámbulo para percatarse de su espíritu totalitario. Tras dejar atrás "el Estado colonial, republicano y neoliberal", Bolivia (entiéndase Morales y sus seguidores) asumen "el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario". Como siempre sucede en la izquierda, la rimbombancia de sus conceptos maquilla en gran medida la vergüenza de sus auténticos despropósitos liberticidas.

Curiosamente recoge el principio básico, al tiempo que liberal, de "la libre determinación de los pueblos". Aunque, por supuesto, en la práctica niega tal derecho. En materia económica, sobra decir que impone un sistema planificado de producción, basado en la nacionalización de todos sus recursos naturales, sobre la base de la tan nombrada y difundida "justicia social". Excusa sobre la cual se cimienta y fortalece todo tipo de intervención pública contemporánea.

No obstante, el texto reza lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva". Eso sí, "siempre que ésta cumpla una función social". Además, "la expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, o cuando la propiedad no cumpla una función social". Así pues, adiós propiedad privada, adiós.

Pero más allá de su economía "colectivista" (es decir, comunista, aunque con sus propios matices), el nuevo Estado boliviano aspira a constituir una democracia "directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, entre otros" En este sentido, "las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo". ¿Les suena?.

Por otra parte, su artículo 28 establece que el ejercicio de todos los derechos políticos se suspenderá en caso de "traición a la patria". Además, pese a instaurar departamentos autónomos a nivel territorial, se trata de una mera formalidad ya que la Asamblea Legislativa Plurinacional (Parlamento) es la "única con facultad de aprobar y sancionar leyes en el territorio boliviano".

Por supuesto, "los alcances, la organización, el funcionamiento, la estructura, las competencias, las atribuciones, la asignación de los recursos económicos financieros y la coordinación del sistema de descentralización y de autonomías se regirán mediante esta Constitución y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización", que se desarrollará una vez aprobado dicho proyecto. Es evidente cuál será el resultado de la citada Ley.

Por si acaso, la Constitución delimita claramente las competencias de los distintos organismos territoriales. En concreto, el Estado se reserva potestad plena en materia de legislación, justicia, fiscalidad, banca, empleo, deuda, comercio exterior, seguridad, producción, recursos naturales, servicios públicos, administración, patrimonio, tierras, y un largo etcétera. De este modo, las funciones autonómicas quedan delimitadas a cuestiones meramente marginales. Además, "toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al Estado".

Es decir, adiós Santa Cruz, adiós. Por desgracia, al igual que con Venezuela, soy pesimista acerca del resultado que obtendrá el órdago lanzado por Evo. Ojalá me equivoque, pero Bolivia está a un paso de ser engullida por el sozionalismo latinoamericano. Hoy y siempre, me siento cruceño.

La doble moral del intervencionismo

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Uno de los pilares en el que descansa el intervencionismo es que los gobiernos han de recaudar el máximo dinero posible en épocas de bonanza para después lanzarlo a las empresas y particulares en situaciones de crisis. ¿Por qué el Gobierno habría de hacer algo así? Porque según la doctrina socialista somos todos idiotas por definición y, por tanto, incapaces de calibrar el riesgo de nuestras acciones, de ahí que no ahorremos y nos revolquemos en el consumismo. En este escenario, el Estado asume la responsabilidad de un falso asegurador forzoso y ahorra por nosotros.

¿Pero qué ocurre cuando viene la crisis y necesitamos nuestro dinero? Que el ministro de Economía nos insulta diciéndonos que tenemos lo que nos merecemos y que se ha gastado el dinero que nos expropió en otros grupos tan "responsables" como los actores o los agricultores que viven de subvenciones permanentes, por no mencionar todo el dinero que van regalando a todo país que se lo pida o al primer lobby políticamente correcto que se les presenta.

Las palabras de Solbes nos muestran de forma meridiana qué es el Estado. Si esta organización omite sus responsabilidades cuando ha de pagar sus deudas, ¿en qué se convierte? Ningún empresario paga impuestos por propia iniciativa; es obligado a hacerlo contra su voluntad igual que los particulares. A cambio de este sacrificio obligado, el Gobierno nos promete seguridad. Cuando no se hace responsable de la supuesta seguridad material que nos prometió, actúa igual que un vulgar ratero o delincuente. La única diferencia es que el delincuente al robarnos no nos dice que lo hace por nuestro bien ni por el de la sociedad.

Esto nos lleva a la reflexión del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. "Qué los jóvenes se hagan empresarios." ¿Qué incentivo tiene una persona joven para convertirse en empresario? Ante el panorama actual, ninguno. Un empresario no sólo ha de enfrentarse a la competencia y las exigencias del consumidor para satisfacerlo, que son las únicas demandas del mercado, sino que ha de luchar día a día contra las numerosas regulaciones de la UE, el Estado, la Comunidad, el Ayuntamiento y los políticos como Ruiz-Gallardón. ¿Qué favor les hace el alcalde a los empresarios prohibiéndoles anunciarse con carteles convencionales o de neón? ¿Y obligando a los trabajadores a ejercer su profesión cuando no quieren? Ante tantas trabas estatales y problemas, mejor recibir un sueldo fijo de Telefónica o hacerse funcionario. Las leyes que intervienen en el mercado sólo premian el hedonismo, la baja productividad y el parasitismo a costa del resto de la sociedad. No es una situación muy sostenible en un mundo globalizado.

¿Quieren los políticos más empresarios? No hace falta inventar la sopa de ajo. Que eliminen barreras estatales, leyes que sólo favorecen a los grupos de presión, burocracia y, sobre todo, impuestos. En definitiva, que reduzcan de forma acusada el peso coactivo del Estado sobre la sociedad civil y el mercado. Entonces no sólo los empresarios crecerán de forma exponencial y los consumidores tendremos más opciones y diversidad comercial, sino que además ya no tendrá ningún sentido que las empresas exijan socializar las pérdidas a nuestra costa porque el Estado no tendrá ninguna capacidad para hacer efectiva una demanda semejante.

¿Por qué el AVE sale tan caro?

Escrito por Fernando Díaz Villanueva en . Publicado en Análisis diario.

En febrero pasado tuvo lugar una de las inauguraciones más esperadas de España: la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. 16 años después de la puesta en marcha del AVE a Sevilla, las dos principales ciudades de España están, por fin, conectadas por un tipo de tren que puede mirar de igual a igual al transporte aéreo. Han hecho falta, eso sí, muchos años de obras y una multimillonaria inversión que ha corrido por entero a cuenta de los presupuestos del Estado. Los modernísimos trenes que sirven en la línea realizan un recorrido de 621 kilómetros en unas dos horas y media, atendiendo, de paso, a ciudades intermedias como Zaragoza o Lérida.

La expectación ha sido tal que durante los últimos años parecía que no existía otra obra pública en España. Sus avances y, sobre todo, las continuas incidencias, han protagonizado infinidad de portadas de prensa y han servido de arma arrojadiza en el Parlamento, sin importar quién estuviese al frente del Gobierno. A lo largo de la próxima década se irán incorporando nuevas líneas, como las del Levante o las del norte, pero si hay algo seguro es que no darán tanto que hablar ni crearán tanta polémica como la Madrid-Barcelona.

Concluida la obra y hechas las fotos de rigor antes de las elecciones de marzo, los españoles han descubierto que el AVE es rápido, cómodo y seguro, sí, pero también caro a rabiar. Si antes el tren no era competitivo por su lentitud, ahora no lo es por su precio. Se puede volar de Madrid a Barcelona por unos 50 euros en una aerolínea regular, por menos incluso si hay tarifas promocionales u ofertas puntuales. La apertura de los cielos europeos había afectado tanto a esta transitada línea –el mayor puente aéreo del mundo– que se contaban por decenas de miles las personas que cada día daban el salto de una ciudad a otra a precios siempre a la baja.

Con el AVE, del que todos esperaban que arruinase el negocio aéreo, los precios en lugar de bajar han subido, y considerablemente. La tarifa básica ronda los 350 euros ida y vuelta, algo más si lo que se pretende tomar es un tren sin paradas y cantidades astronómicas si se aspira a viajar en primera clase. Ofertas, por el contrario, hay pocas, son muy rígidas y sólo se aplican en un número muy reducido de frecuencias. ¿Por qué ha sucedido esto?

En principio el tren de alta velocidad cuenta con muchas ventajas operativas con respecto al avión. Los convoyes pueden alargarse o acortarse, cosa que los aviones no. Circula por una línea dedicada y para en estaciones dedicadas -muchas veces construidas al efecto-, mientras los aviones han de padecer los atascos en Barajas, el congestionado espacio aéreo de Madrid o el sempiterno caos de El Prat. Pero a pesar de ello Renfe, es decir, el Estado, que es quien opera la línea, ha decidido convertir su buque insignia en un producto de lujo, reservado a bolsillos pudientes y enfocado comercialmente al mercado empresarial, el más goloso y por el que tradicionalmente se han peleado las aerolíneas.

Lo ha hecho porque es dueña en régimen de monopolio de una línea que, sin embargo, se ha construido con dinero público. El monopolio tiene su contrapartida. La operadora no puede fijar libremente las tarifas como hacen Iberia o Spanair. Tiene el Gobierno que aprobarlas primero. En nombre, claro, del servicio público y del bien común. El bien común, por lo pronto, pasa por rascarse la cartera si se quiere viajar en AVE, porque el resto de servicios ferroviarios entre Madrid y Barcelona –Alvia y Altaria– han quedado suprimidos desde el día de la inauguración.

El resultado ha sido que el tren de alta velocidad ha quedado para los que pueden permitírselo y el avión para los que viajan de baratillo. Es decir, exactamente lo contrario que antes. Podría hablarse de la famosa ley de las consecuencias no deseadas pero no creo que se dé en este caso. El Gobierno, dueño del tren y, casi, casi de los que van dentro, necesita amortizar la red y suministrar oxígeno a una compañía, la nacional de ferrocarriles, que cuesta un riñón y se ve abocada a operar líneas ruinosas en los más recónditos y despoblados puntos de la geografía española. Entretanto, los que se las veían felicísimas esperando viajar en 2008 a toda velocidad de Atocha a Sants, tienen que seguir pescando por internet gangas aéreas de última hora sin un mal Talgo que echarse a la boca.

La clásica merienda de negros del "bienestar" en la que nada funciona como debiera y en la que, como decía Erhard, unos meten la mano en el bolsillo a los otros. La siguiente pregunta es si una línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona sería económicamente viable para que un emprendedor afrontase el proyecto y, si es así, en cuánto tiempo alcanzaría la rentabilidad. Eso, claro, es materia para otro comentario.

Derecho de propiedad y libertad de empresa

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Observando los países con mayor grado de desarrollo, cualquier persona con cierta capacidad de raciocinio, comprueba cómo sus leyes, usos y costumbres han permitido durante décadas el respeto de ciertas instituciones morales, independientemente del Gobierno circunstancial que legisle en cada momento.

Respecto del desarrollo socioeconómico de cada nación, son esenciales los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos por parte de los ciudadanos y de sus políticos. Con un marco normativo adecuado, la libertad de interacción de miles de empresas y trabajadores permite el libre intercambio de bienes y servicios que impulsan la sociedad hacia las mayores cotas de progreso. Cuando se ataca este ámbito de libertad de las personas, se perjudica la creación de riqueza. Por eso resulta de especial interés analizar el nivel de protección de la propiedad privada y de la libertad de empresa en la legislación española.

En el apartado primero del artículo 33 de la Constitución Española de 1978 (CE) “se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia”. Pero al analizar su segundo apartado, comprobamos como esos derechos no se protegen suficientemente, ya que quedan supeditados al arbitrio político al afirmar que “la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes”. Para rematar la faena de legislación intervencionista, el apartado tercero permite que se pueda privar a un individuo de la propiedad de sus bienes “por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes”.

Con la anterior redacción, la Constitución permite que se perpetúen leyes como la Ley de Expropiación Forzosa (LEF) que fue aprobada el 16 de diciembre de 1954. Gracias a ella, por ejemplo, una Comunidad Autónoma o un Municipio pueden expropiar una propiedad privada por su “interés social” (Art.71 LEF) para desarrollar un proyecto urbanístico que beneficie a los empresarios cercanos al partido en el poder. Más de cuatro quintas partes de las expropiaciones forzosas se realizan aplicando el “procedimiento especial” (Art. 59 LEF) por el que se tramitan administrativamente con carácter de urgencia. El ciudadano sólo puede acudir a los tribunales ordinarios cuando ya esté agotada la vía administrativa y, por tanto, haya sido ejecutada la expropiación.

Por tanto, una reforma del artículo 33 tendría que excluir estos derechos del ámbito del derecho administrativo, así como evitar generalidades que supediten su ejercicio a la “función social”, a la “utilidad pública” o al “interés general”.

Pero si defender el derecho de propiedad es esencial para fomentar la riqueza de las naciones evitando derivas intervencionistas por parte de los políticos, no lo es menos defender la libertad de empresa, que queda reconocida en el artículo 38 de la CE “en el marco de la economía de mercado”. Sin embargo, al igual que el derecho de propiedad, se supedita a la tutela de los políticos “de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”, en vez de quedar bajo tutela exclusivamente judicial. Así pues, resulta necesaria una reforma similar a la planteada con respecto al derecho de propiedad, que evite la intervención estatal en la economía para favorecer a grupos sociales y empresarios cercanos al poder político, con las manidas excusas del “interés general”, la “función social”, la “ayuda al desarrollo” de sectores económicos, el fomento de la “productividad” o, incluso, la “planificación” de la producción.

Pero estas dos propuestas de protección constitucional de ciertos derechos y libertades sólo serán efectivas si existe una adecuada tutela judicial de los mismos, al quedar expresados en el apartado segundo del artículo 53 CE, que quedaría de esta forma:

Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en los artículos 14, 30, 33, 38 y, en la Sección 1ª del Capítulo II, ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Adicionalmente, habría que suprimir el apartado tercero de dicho artículo, dado que ofrece cierta tutela legal al Capítulo III que abarca los artículos 39 a 52 de la Constitución mediante “legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”. Dichos artículos permiten la tutela gubernamental de derechos que quedan ya suficientemente protegidos al garantizar la propiedad privada en el artículo 33 y, la libertad de empresa y el libre intercambio entre los ciudadanos en el artículo 38.

Supongo que, para la actual clase política que redactó la Constitución y ha dado origen a la crisis institucional que padecemos, sería un sacrilegio constitucional suprimir dicho Capítulo III. Sin embargo, muchos ciudadanos nos conformaríamos con una reforma constitucional que permita garantizar en todo el territorio español los derechos de los artículos 14, 33 y 38, de modo que los derechos y libertades individuales quedaran tutelados sólo por jueces en el ámbito del derecho privado y, por ello, deben ser expresamente excluidos del derecho administrativo.

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Informática y la lucha contra el crimen

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Mohamed Atta, el jefe de los terroristas, fue multado en dos ocasiones en sólo un par de semanas en agosto de 2001, en dos lugares situados a una veintena de kilómetros el uno del otro. La primera de las infracciones la cometió en el condado de Broward y se le dio una citación que le obligaba a presentarse en el juzgado, cosa que, oh sorpresa inesperada, no hizo. De modo que se emitió una orden de arresto en su contra.

Poco después, en el condado vecino de Palm Beach, Atta cometía otra infracción de tráfico, pero no era detenido. Broward no había puesto su orden de arresto en ninguna base de datos que pudiera ser consultada por nadie más que por su propia policía local. De modo que el policía de Palm Beach le extendió otra citación y dejó que se marchara. Si la orden de arresto hubiera quedado automáticamente archivada en una base de datos accesible para todos los policías, aunque sólo hubiera sido a los de Florida, que es el estado donde dicha orden tenía validez, Atta hubiera estado entre rejas el 11 de septiembre.

Es algo similar a lo que en España sucede en la Justicia y que permitió al asesino de Mari Luz seguir libre para matar cuando debía haber estado entre rejas. La información salva vidas. Por tanto, si el Ministerio no se esfuerza por informatizar nuestra Justicia o jueces, funcionarios y fiscales oponen resistencia por temor a tener que reciclarse, o simplemente porque no les da la gana, están poniendo nuestras vidas en peligro, las de quienes les pagamos el sueldo, las de quienes justificamos que existan.

Pero aún hay otro paso que puede darse. Existe una disciplina informática llamada data mining, o minería de datos, que permite por medio de análisis de todo tipo encontrar patrones y tendencias interesantes en los datos en bruto. Las empresas lo usan continuamente, por ejemplo para evaluar qué personas tienen mayores probabilidades de responder a una oferta y por qué canal, en lugar de ponerse a llamar por teléfono casi al azar. Existen muchas aplicaciones para cualquier Gobierno como, por ejemplo, averiguar las declaraciones de la renta que tienen toda la pinta de ser fraudulentas para que sean éstas las que investiguen los inspectores.

Por supuesto, también se puede emplear para detectar no sólo terroristas sino todo tipo de criminales. Esto no significa que debamos entrar en una pesadilla orwelliana en la que una persona encontrada sospechosa por un proceso de estas características deba ser inmediatamente detenida e interrogada. No; simplemente se convierte en un candidato digno de ser vigilado con mayor atención. Parece una alternativa mucho menos dañina para nuestras libertades que poner cámaras por las calles y espiar el contenido de nuestras comunicaciones electrónicas.