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El laicismo de Estado de Público

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Análisis diario.

Los diez mandamientos de Público, cuya formulación –dicho sea de paso– es todo un reconocimiento a las raíces cristianas de nuestra cultura, me parece en sí un desafío ideológico bastante más serio que cualquiera que haya hecho Escolar hasta la fecha, que cuando ha intentado cosas similares –véase si no el ridículo que hizo con su propuesta de nacionalización del dinero electrónico, como por otra parte hace siempre que intenta acercarse al mundo de la economía– ha fracasado miserablemente.

Por un lado, explica perfectamente la verdadera razón de por qué Público no tiene editoriales; por mucho que los periodistas progres se pongan estupendos con aquello de separar opinión de información, este texto es un editorial del diario colocado como si fuera un reportaje. Resulta mucho más cómodo; publicar editoriales diarios obliga a disponer de una serie de periodistas o colaboradores dispuestos a escribirlos con suficiente capacidad intelectual y literaria para abordar semejante tarea, algo de lo que evidente carecen. Por otro lado, el texto es un digno ejemplo de propaganda política; carece por completo de profundidad y no da razón alguna de sus tesis, sino que se limita a exponerlas como si fueran verdades evidentes por sí mismas. Sin embargo, están muy lejos de serlo en cuanto se examinan siquiera por encima, como suele suceder; la propaganda no espera imponerse por medio de la razón, sino a base de una repetición machacona.

El primero de los errores es el marco conceptual en el que se mueve. Si suponemos que Público acepta la Constitución y las vías de modificarla, debe respetar que España no es un Estado laico sino aconfesional, y que debe cooperar con las confesiones religiosas, y especialmente con la Iglesia católica. También que en España no hay consenso para modificar la Constitución, y menos en este punto. Pero como son estas discusiones las que mueven los consensos, como nos recuerda el caso del aborto en los 80, y dado que Zapatero y su caballería mediática están plenamente dispuestos a repetir la jugada, conviene analizar este texto breve y superficial como una suerte de confesión de intenciones del progresismo gobernante.

Así, desde el comienzo destaca que, por más que aseguren querer un Estado laico (la separación de Iglesia y Estado), en realidad persiguen un claro laicismo de Estado (la exclusión de la religión católica del ámbito público). El primer mandamiento está dedicado a pedir la prohibición de las escuelas concertadas religiosas. En un verdadero Estado laico, las religiones no tienen privilegios, pero tampoco deben carecer sus integrantes de los derechos que gozan los demás ciudadanos. No hay ninguna razón para que un sindicato o una asociación de izquierdas puedan montar un colegio concertado y no se le permita hacer lo propio a la Iglesia católica. Especialmente cuando, educativamente, logran mejores resultados que los colegios públicos. Parece claro que la proliferación de alternativas es un bien para la enseñanza, a no ser que se considere un bien aún mayor el adoctrinamiento en la ideología sectaria de la izquierda en los centros públicos, que parece ser lo que en el fondo se persigue.

Esto se demuestra también con su segundo mandamiento, en el que su mismo enunciado (“No sermonearás fuera del púlpito”) demuestra un notable afán totalitario en imponer la mordaza a los demás, que no a uno mismo (¿verdad que sería inadmisible un “no ideologizarás fuera del partido”?). Sin duda, sería una opción más respetuosa con la aconfesionalidad del Estado la ausencia de asignatura de Religión, aunque no creo que haya educación completa sin un conocimiento del hecho religioso y su historia, con especial atención a la católica, al igual que en Historia parece lógica una mayor atención a la Historia de España. En cualquier caso, debiera ser una opción, y por una asignatura optativa que hay, que además es mayoritariamente escogida por los padres, no parece una prioridad su eliminación.

A partir de ahí entra en cuatro mandamientos de importancia exclusivamente simbólica; la progresía encuentra inadmisible que existan funerales de Estado, que militares, funcionarios o políticos acudan a las celebraciones religiosas, que existan religiosos en instituciones públicas o incluso que un porcentaje mayoritario de nuestras fiestas sean religiosas o tengan ese origen. Esto último resulta de difícil defensa, pues no se puede ni comparar la importancia que tiene para los españoles las principales festividades religiosas, como la Navidad y la Semana Santa, en comparación con las principales fiestas con el sello de laicidad, como el Primero de Mayo y el Día de la Constitución. Es más, siguiendo esos criterios tan estrictos, no cabría considerar el Primero de Mayo como una fiesta de todos, sino sólo de los sindicalistas, de modo que también habría de ser erradicada de los calendarios. En definitiva, cabe indicar que una sociedad se expresa a través de sus símbolos, y que la sociedad española encuentra natural que muchos de ellos sean católicos porque, qué le vamos a hacer, la historia y la tradición de nuestro país es inseparable de esa religión.

Más sectario aún es el séptimo mandamiento, en el que considera que debe ser la Iglesia la que conserve su patrimonio artístico sin financiación estatal. Podría considerarse un objetivo loable y hasta liberal si se extendiera a otros Bienes de Interés Cultural; hay 15.849 inmuebles así declarados en España. Evidentemente, la mayoría son iglesias, ermitas, conventos, monasterios y catedrales, como corresponde a un país con nuestra tradición, pero también hay muchos edificios civiles, y no pocos son de propiedad privada; hay hasta pueblos enteros así declarados y que disponen de dinero estatal para su conservación, junto con infinidad de restricciones en cuanto a su uso.

En la misma línea va el noveno, que pretende prohibir a la Iglesia el acceso a los medios públicos, es decir, pagados por todos, olvidando que cualquier grupo suficientemente numeroso y por tanto representativo puede hacer lo propio por la misma regulación de las televisiones de titularidad estatal. ¡Hasta protesta Público por la retransmisión de procesiones de Semana Santa! ¿Debemos prohibir también la de eventos deportivos de muy escasa relevancia y seguimiento?

La progresía parece querer prohibir a la Iglesia algo que no se desea impedir a otros grupos no religiosos. Podría resultar sensato y coherente perseguir un tratamiento igualitario. Por ejemplo, prohibir la existencia de medios públicos de comunicación y el uso de dinero público para cuidar el patrimonio artístico –que sería lo liberal– o prohibir el acceso a cualquier grupo privado a esos medios y nacionalizar los bienes de interés cultural de titularidad privada –que sería lo socialista–, pero lo que no parece de recibo es tratar a unos y otros de forma distinta.

Más sensato parece el octavo mandamiento, en el que se pide a la Iglesia que trate con mayor agilidad y transparencia las peticiones de apostasía, aunque algunas de las exigencias asociadas –como la de borrar del libro de bautismo en lugar de anotar “la baja”– resultan un poco ridículas. La Iglesia debería, como han hecho casi todas las instituciones privadas y muchas públicas –con algunas excepciones clamorosas, como la de la Justicia– informatizar este tipo de archivos y facilitar la consulta y cancelación de esos datos. Otra cosa es que este punto tenga mayor importancia que, no sé, el correcto tratamiento que pueda hacer Movistar de nuestros datos. Es más, tiene bastante menos, porque no se nos cobra por permanecer como cristianos en el registro de la parroquia donde fuimos bautizados.

También es razonable la petición de la autofinanciación, que la misma Iglesia y el Concordato reconocen, y que básicamente se ha alcanzado con el nuevo acuerdo –mérito del Gobierno de Zapatero– por el que el Estado ejerce básicamente de recaudador, pero que deja de proveer fondos a la Iglesia de aquellos contribuyentes que no lo deseen. Faltan dos pasos: la devolución del dinero correspondiente de quienes no quieran darlo a la Iglesia católica y, posteriormente, la asunción de esa tarea recaudadora por parte de la propia institución.

Eso sí, dado que vivimos en un Estado providencia en que sindicatos, partidos políticos, artistas diversos y un largo etcétera viven de la subvención pública, cebarse en un acuerdo de este tipo como si fuera una excepción es, de nuevo, un ejemplo de ese laicismo de Estado que pretende excluir la religión de la vida pública, impidiendo a los fieles su participación en ella como auténticos ciudadanos, en lugar de un sano Estado laico como el estadounidense, en el que la religión forma parte del ágora en igualdad de condiciones con otras instituciones, como puedan ser partidos políticos, sindicatos o laboratorios de ideas como el mismo Juan de Mariana. Pero claro, eso sería lo mismo que reconocer las bondades de la igualdad ante la ley, anatema para un diario como Público y una ideología como el progresismo.

Sinrazón en la República Socialista Europea

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Hemos comentado en multitud de ocasiones los falaces supuestos teóricos y la errada teoría que sustentaba la decisión de 2004 de la Comisión de multar a la empresa entonces dirigida por Bill Gates con la cifra hasta entonces record de 400 millones de euros y que, además, le obligaba a ofrecer el Media Player separado del sistema operativo Windows y a dar sus secretos técnico-empresariales a la competencia. No vamos a volver a incidir en lo disparatado del caso ni en la dislocada concepción de competencia sin rivalidad que motivó un acosó que ya dura cuatro años.

Ahora quiero centrarme en el requisito que incluía la decisión de 2004 de acuerdo el cual la venta forzosa a la que Microsoft quedaba obligada tenía que producirse en unos "términos razonables". El problema está en que, como ya demostraran los autores escolásticos del Siglo de Oro en su discusión sobre el precio justo, el valor de las cosas es subjetivo y sólo resulta de la compra-venta voluntaria en el mercado libre. ¿Quién decide el precio razonable en una venta obligatoria? Si lo decide el privilegiado cliente la transacción será doblemente injusta. Si es el regulador quien decide, la economía corre el peligro de parecerse más al modelo fascista que al socialdemócrata que padecemos hoy en día. Así que la única respuesta sensata a esta cuestión creada por el absurdo intervencionismo europeo es que sea el propietario del producto el que ponga el precio.

Pues bien, a pesar de que la mayoría de los "clientes" de la información de Microsoft estaban comprándola sin rechistar (siempre habrá a quien le parezca caro a menos que el precio sea cero), a la Comisión le dio ahora por multar a Microsoft con la que se ha convertido en la nueva cifra más elevada de la historia (899 millones de euros) por vender a un precio que no le satisface plenamente. Si no fuera porque estamos hablando de cosas tan serias como la limitación del orden espontáneo y el librecambismo esto ya sería para mearse de la risa.

La empresa ha decidido, para sorpresa de la CE, recurrir la decisión ante los tribunales. Personalmente no tengo ninguna confianza en la razonabilidad de los veredictos del aparato judicial de esta República Socialista Europea (especialmente en una cuestión como la competencia y el antitrust, en las que la legislación europea deja espacio para la mayor arbitrariedad intervencionista que quepa imaginarse). Sin embargo, hay que celebrar que haya quienes decidan no agachar la cabeza en su camino hacia el matadero empresarial. La única posibilidad de que el monopolio legal que decide qué es competencia deje de estorbar al mercado libre es que los consumidores nos rebelemos ante tanta sinrazón que perjudica a la sociedad en su conjunto.

O libertad o laicismo

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

La llamada "laicidad" es uno de los ejes de la legislatura que acaba de comenzar, si no el aspecto más importante de toda ella. La Iglesia se la juega en este órdago que lanza el Gobierno, con el BOE, la Justicia y los medios de comunicación en su mano. Pero quien realmente se la juega es aquella parte de la sociedad que no se siente incómoda siendo libre, y que incluso aprecia ser todavía dueña de su propia vida. Aquí nos la jugamos todos.

El Gobierno va dejando caer sus intenciones, disfrazando de ecuanimidad y respeto lo que se anuncia como una persecución en toda regla de los mensajes de la Iglesia gracias al uso sibilino y torticero de las palabras propio de la política y que quiere hacerles decir lo contrario de lo que significan. Pero, parte en una declaración aquí, parte allá, van desvelando sus verdaderas intenciones. Zapatero hace tiempo que habla no ya de un "Estado laico", sino de una "sociedad laica", lo que traducido del lenguaje zapateril al castellano significa una sociedad en la que la Iglesia no pueda lanzar mensajes que vayan más allá del ámbito privado, que no contengan ninguna interpretación social o política.

Lean, si no, el programa que el PSOE ha llevado a las elecciones bajo el lema "Motivos para creer":

Los socialistas valoramos la contribución de las confesiones a la deliberación pública en las sociedades democráticas, a su desarrollo ético y cultural, pero dicha contribución debe entenderse siempre subordinada a la soberanía de las instituciones democráticas, al imperio de la ley y, en definitiva, a la voluntad ciudadana mayoritaria.

Es decir, que la Iglesia no podrá lanzar mensajes que sean opuestos a la mayoría que sustente al Gobierno. No cabe una idea más íntimamente socialista que la de someter las opiniones ajenas al dictado del Gobierno cuando lo ocupan ellos. La vieja "doctrina Varela" reaparece con Zapatero. Los socialistas son incapaces de reprimir ese espíritu censor y represor y, refrenado por lo que queda de Constitución, disfrazado por el uso torticero de las palabras, renace en cuanto se sienten con poder. Y ellos se ven, con razón, gobernando al menos hasta 2016.

Muchos, en el ámbito católico, ven demencial la política del Gobierno, pero sólo porque creen que son ellos quienes deben ocupar ese lugar y que debe ser su visión del mundo y del hombre la que debe imponerse desde el Estado, y no la de los socialistas. Y se consideran mejores que Zapatero, cuando aquí resultan moralmente indistinguibles. Se equivocan, porque jamás se volverá a favorecer una cosmovisión cristiana desde el Estado en España. No tienen más remedio que conformarse con la defensa de la libertad frente al Estado que quiere conformar nuestras conciencias, aunque sea con cierta hipocresía, con cierta violencia de los verdaderos pensamientos. Pero en la actualidad el único escudo que tienen frente al Estado es la defensa de la libertad.

Sus derechos, y los de todos, dependen de que lo asimilen.

La amistad y el Estado

Escrito por Antonio Gimeno en . Publicado en Análisis diario.

Adela Cortina insiste, la amistad cívica o civil, a la que Aristóteles dedicara especialmente el capítulo X del Libro Séptimo de la Moral a Eudemo, es la mano intangible, la argamasa con la que los ciudadanos dan consistencia a una vida común. Claro que, cabe preguntarse, como hacía Mises en Teoría e Historia, si Aristóteles habría "aprobado el uso que de sus ideas se ha hecho en épocas posteriores". Y es que para Cortina la civil es la amistad sobre la que se edifica el moderno Estado del Bienestar; las metas comunes que los ciudadanos se comprometen a perseguir por pertenecer a un Estado, tal y como las enumera la catedrática, constituyen la agenda de las modernas burocracias occidentales, agenda que poco tiene que ver, creo yo, con la república que imaginara el Estagirita.

Tal vez, en lugar de a Aristóteles, hubiera resultado más convincente, por actual, recuperar la lógica de la acción colectiva de Mancur Olson y su corolario regulatorio, o, en sentido contrario y por dar mayor protagonismo a la dimensión moral del ciudadano, ya que de moral se trata, recurrir a Herbert Gintis y compañía, antaño marxistas, quienes, oponiéndose a la antropología del Homo economicus, afirman, entre otras cosas, que el moderno Estado del Bienestar es el caso más significativo de redistribución voluntaria de ingresos entre desconocidos, sugiriendo que tal cosa es posible, es decir, que goza de semejante apoyo voluntario (sic) porque se acomoda a normas de reciprocidad profundamente enraizadas en el ser humano.

Se trata de un ataque al Homo economicus que conceptualmente no se distancia mucho del punto de vista estratégico de la propuesta de Huerta de Soto para el desarrollo de una fundamentación ética para la teoría de la libertad:

Son las consideraciones de tipo moral las que mueven el comportamiento reformista de los seres humanos, que en muchas ocasiones están dispuestos a realizar importantes sacrificios para perseguir lo que estiman bueno y justo desde el punto de vista moral, comportamiento que es mucho más difícil de asegurar sobre la base de fríos cálculos de costes y beneficios, que poseen además una virtualidad científica muy dudosa.

La distancia, lógicamente, se hace oceánica en tanto en cuanto Huerta rechaza de plano el concepto de "justicia social", implícito en la exposición de Gintis, por considerarlo, precisamente, "inmoral en tres sentidos distintos" de entre los que destaco uno, el "punto de vista teórico":

Es imposible organizar la sociedad en base al principio de la "justicia social", ya que la coacción sistemática que exige imponer un objetivo de redistribución de la renta imposibilita el libre ejercicio de la función empresarial y, por tanto, la creatividad y coordinación que hacen posible el desarrollo de la civilización

Volviendo al artículo, vemos que se trata de una exhortación a los españoles para que recuperen ese vínculo amistoso, la argamasa civil triturada por la división de la ciudadanía en bandos irreconciliables, como quedó patente durante la endurecida (sic) campaña para las pasadas elecciones generales. Sin embargo, doña Adela no se moja; desde su atalaya moralizante no señala como debiera a los verdaderos responsables, a los auténticos beneficiados del resquebrajamiento del interés común, los políticos, y muy particularmente el presidente del Gobierno en funciones, quien a escasos días de celebrarse las elecciones reconocía cuanto le convenía, precisamente, que la mano intangible que dice la catedrática, se liara a tortas con unos y con otros.

Finalmente habría que recordar a doña Adela que para Aristóteles, en cualquier caso, "el hombre es un ser formado para asociarse con todos aquellos que la naturaleza ha creado de la misma familia que él, y habría para él asociación y justicia, aun cuando el Estado no existiese".

Lo laico y lolailo

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Entre las grandes propuestas incluidas en la agenda socialista, figura, cómo no, atacar definitivamente a la Iglesia Católica, aunque no lo expresen con tanta crudeza debido a su habitual talante. Se trata de llevar a la práctica los deseos de don José Blanco, quien ya anunció en la última campaña electoral que "después del 9 de marzo, ya nada podrá ser igual en las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia Católica", porque, según el estadista gallego, "la Iglesia Católica no hace lo que tendría que hacer", que es seguramente abrir una red de clínicas abortistas, iniciar el proceso de beatificación en vida del doctor Montes y pedir el voto para el PSOE.

Con una crisis galopante, un número cada vez mayor de familias en quiebra técnica, las cifras del paro aumentando, la deriva secesionista del País Vasco y Cataluña a todo tren, la posibilidad de muchos españoles de morir de una apendicitis por estar el cirujano en año sabático para la inmersión en el euskera (o porque se niegue a atenderte en castellano), unas infraestructuras propias de una nación subdesarrollada, una educación pública que produce toneladas de adolescentes analfabetos y fumetas y un sistema judicial colapsado por la inepcia de sus responsables, el Gobierno de Z va a utilizar su tiempo y nuestro dinero en fastidiar a los obispos y, por extensión, a los creyentes católicos, que casualmente somos mayoría si incluimos al propio Pepiño, que vale por diez.

La laicidad que pregonan la vicepresidenta, Pepiño y el Grupo Prisa no es un imperativo constitucional sino un elemento más en la agenda ideológica del socialismo, que si algo sabe reconocer es dónde están sus enemigos. Porque la constitución del 78 no considera el "laicismo" como uno de sus principios rectores. Antes al contrario, exige el respeto de los poderes públicos a todas las creencias, con especial atención a la religión católica por razones históricas, si bien ninguna de ellas podrá tener carácter estatal (art. 16.3). Extraer de ahí la necesidad de realizar una ofensiva laicista para borrar toda huella de las creencias religiosas en la vida pública es un exceso más a los que el gobierno de Zapatero, ese masoncete, nos tiene acostumbrados.

El régimen socialista de Zapatero es la deformación grotesca de la modernidad europea, algo a lo que debemos irnos acostumbrando. Tan sólo la existencia de entidades civiles sólidamente arraigadas (con la Iglesia Católica en lugar destacado) y la firme decisión de los ciudadanos de no permitir al Estado legislar sobre la moral y las creencias privadas pueden propiciar la derrota de esta ofensiva anunciada a bombo y platillo por los chikilicuatres de cuota encaramados al consejo de ministros. Y si hay que llegar a la insumisión fiscal se llega con todas sus consecuencias. A ver si con un susto como ese u otro parecido deciden empezar a resolver los problemas reales de los ciudadanos. Por una vez no estaría mal que hicieran algo de provecho.

Un Gobierno chorizo y chivato

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Un vecino no tiene por qué conocer el estado de las cuentas de otro. Da igual que la Autoridad Garante de la Protección de Datos Personales ordenara que se dejara de dar esa información; el daño estaba hecho. Muchos han podido ver la información y buena parte ya estará disponible en otros sitios web y redes P2P.

Para más desfachatez, el responsable de la publicación, un tal Vincenzo Visco, calificó la medida como "un hecho de transparencia, de democracia". De democrático y transparente no tiene nada. El tener un cargo público no te otorga el derecho a contar las intimidades de los ciudadanos, y dentro de esta categoría se incluye la declaración de la renta. Es un abuso de poder intolerable. Y lo peor es que los ahora expulsados del poder lo saben, como lo demuestra el hecho de que hayan esperado a publicar estos datos después de las elecciones para "evitar polémicas", es decir, perder votos.

Ya no sólo es que el Estado no tenga derecho a ofrecer a cotillas de todo tipo la declaración de la renta de los contribuyentes debido a que pertenece a su intimidad. Además, los politicastros han dado una valiosísima información que puede ser utilizada por todo tipo de delincuentes a la caza y captura de víctimas. Los secuestradores, timadores, ladrones y demás ralea han visto facilitado su trabajo de encontrar a personas con dinero suficiente como para que les merezca más la pena hacerlas objeto de sus fechorías. Como si los ciudadanos no tuvieran suficiente con que el Estado esté robándoles todos los días a través de los impuestos.

Y no sólo eso. Imaginen también la magnífica base de datos que han puesto a disposición de bancos a la caza y captura de potenciales clientes de grandes cuentas o de empresas que ofrecen productos de un precio elevado. Los amigos de la transparencia y la democracia les han ofrecido los datos necesarios para que los machaquen a base de publicidad telefónica, por correo electrónico y otras vías. Miles de personas ya pueden decirle adiós a la tranquilidad. Y encima, seguramente el Estado italiano persiga a las empresas privadas que vendan datos con información similar. Menuda hipocresía.

Lo peor del caso es que, en el caso de que las denuncias contra esta violación de la intimidad prosperen, quienes pagarán la indemnización serán las propias víctimas con sus impuestos. El sueño de los capos mafiosos. Pobres italianos: primero les roban con los impuestos, luego violan su intimidad y posiblemente terminen condenados a pagar por el hecho de que el Estado los haya convertido en víctimas.

Trámites para abrir un negocio

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

Muchas personas, cuando deciden emprender la aventura de iniciar una actividad comercial, se encuentran con innumerables dificultades que previamente no habían considerado. Por muy bien que se hubiese planificado el comienzo de la actividad, siempre parecen surgir inconvenientes que no habían sido tenidos en cuenta en sus inicios. Quienquiera que haya pasado por esta experiencia recordará, sin duda, la fatiga, nerviosismo y angustia que caracterizó el arranque del negocio. Probablemente llegó a plantearse en algún momento si les merecía la pena dedicar tanto tiempo, dinero y esfuerzo para emprender dicha actividad.

Son innumerables los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de iniciar un negocio, como la búsqueda de financiación, el trato con potenciales clientes, el contacto con proveedores de distintos bienes y servicios, la selección del personal, encontrar una ubicación donde llevar a cabo la actividad, madurar el tipo de bien o servicio que se quiere ofrecer, etc. La agenda del emprendedor queda bastante colapsada durante dicho período y las horas de sueño se ven reducidas en muchas ocasiones por la cantidad de tiempo y esfuerzo que demanda la empresa.

Sin embargo, no todos los problemas tienen que ver con la propia actividad de la empresa. Muchas veces, el emprendedor encuentra dificultades, no en los aspectos detallados anteriormente, sino en los requisitos legales que son necesarios cumplir para abrir un negocio. En España son necesarios una media de 47 días para cumplimentar los 10 procedimientos exigidos por la legislación vigente. De entre todos ellos resulta especialmente gravosa en tiempo la obtención de la licencia de apertura, que puede llevar entre 15 días y tres meses. Llama la atención que estas cifras sean muy inferiores en otros países como Australia (2 días y 2 trámites), Canadá (3 días y 2 trámites) o Bélgica (4 días y 3 trámites). No es de extrañar que en la clasificación de facilidad existente para la apertura de un negocio, España ocupe el lugar número 118, hecho que resulta especialmente grave ya que en dicho ranking sólo se tienen en cuenta los trámites generales, y no aquellos que se exigen a determinadas actividades que tienen una legislación específica y unos trámites más costosos en tiempo y dinero.

Dado que los países con mayor facilidad para la apertura de un negocio no destacan precisamente por su inseguridad jurídica ni por tener una economía poco desarrollada, cabría preguntarse por el motivo por el que resulta tan difícil abrir una empresa en nuestro país, ya que dicha carga burocrática tiene efectos negativos sobre la actividad empresarial. Todo el tiempo que los emprendedores tienen que destinar a estos trámites se deja de dedicar al propio negocio, y por tanto se quedan desatendidos clientes, proveedores, procesos productivos o la propia estabilidad financiera de la empresa. Por tanto, el empresario, en el momento de inicio del negocio, que es cuando más tiempo necesita, se ve obligado a destinarlo a actividades extraempresariales. Este hecho resulta especialmente gravoso para los pequeños emprendedores, que no suelen contar con un servicio jurídico propio y para quienes, dada su poca capacidad financiera, acudir a los servicios de una asesoría les supone un coste importante.

Todas estas barreras burocráticas no se traducen únicamente en un mayor trabajo para el emprendedor, sino que puede llevar al desánimo y a que muchas personas no se atrevan siquiera a abrir un negocio. Muchas ideas que podrían haber mejorado la vida de los consumidores quedan en el tintero al no haberse podido llevar nunca a la práctica. También muchos trabajadores han podido quedar sin contratar al no haberse iniciado la actividad o al haber desistido por el desánimo de la burocracia. Por tanto esta carga burocrática tiene su reflejo no sólo en los emprendedores, sino también en consumidores y trabajadores.

Toda esta burocracia, inexistente en otros países, está teniendo efectos perjudiciales sobre el consumo, la actividad económica y el empleo de nuestro país. Por ello resulta importante eliminar estas trabas, especialmente en tiempos como los actuales, en que la crisis existente hace que los emprendedores sean más reticentes a abordar nuevas actividades.

El precio de la cultura

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

El presidente de UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), Alejandro Echevarría, ha declarado que "una industria privada no puede financiar por ley a otra industria privada", refiriéndose a la obligación que tienen las cadenas en gastarse el 5% de sus ingresos brutos anuales en cine español.

Echevarría no es más que el presidente de un lobby y empresario del sector. Sólo cuidará de sus intereses y se aprovechará de los medios políticos cuando le interesen. Por esa razón ha afirmado que la cultura se ha de "financiar con recursos públicos". Menuda gracia, como si nuestro dinero no tuviese mejores destinos que lucrar a los ociosos actores.

El proteccionismo al mundo de la farándula es indefendible. El Estado, al igual que el mercado, discrimina entre "buenos" y "malos". La diferencia entre ambos es que en el mercado el soberano son los millones de consumidores que libremente se gastan su dinero en una película, en otra o en ninguna. Es el acto más democrático que hay. El cineasta que mejor se adapte a los gustos de la gente, más fama y dinero recibirá. Por el contrario, el Estado y sus subvenciones discriminan los contenidos según las decisiones del regulador de turno y de un puñado de oligarcas. Las películas no se realizan para satisfacer a la gente, sino a un pequeño comité del Gobierno que se financia con nuestro dinero.

En este país, son los burócratas quienes escriben los guiones de las películas y documentales con toda su larga lista de requisitos. ¿Defensa de la cultura? Más bien uso partidista de los contenidos y propaganda política pagada con nuestros impuestos.

Fíjese que aquello que el Gobierno quiere impulsar, siempre acaba siendo un caos, un nido de corrupción e ineficiencia. No sólo afecta al mundo de la cultura y cine. Nos han dicho que el Estado ha de tener el monopolio de la justicia. Esto ha provocado que en España existan más de millón y medio de sentencias pendientes, 270.000 de tipo penal. El Estado creó leyes para protegernos de las enfermedades en el trabajo y esto ha creado que seamos uno de los países con más bajas laborales y absentismo de Europa. En nuestro país, más de la mitad de las bajas laborales se deben al estrés. ¿Se pregunta por qué? Porque son las más difíciles de diagnosticar. Si quiere conseguir una, sólo ha de conectarse a internet, estudiar los síntomas y recitarlos delante del doctor de la Seguridad Social. Le dará la baja de forma inmediata.

El Estado también nos quiso garantizar una educación, la suya, y esto ha causado que el aprendizaje de nuestros jóvenes sea cada vez más deplorable, como muestran los informes internacionales. El Gobierno socialista quiso crear empleo estable y digno entre los jóvenes con salarios mínimos y regulaciones. El resultado ha provocado que seamos uno de los pocos países de Europa donde el desempleo en este segmento haya aumentado entre 2006 y 2007, situándolo por encima de la media europea.

Los incentivos que crea el Gobierno no arreglan nada porque no tienen nada que ver con nuestras prioridades ni nuestro bienestar, más bien al revés. El Gobierno sólo obedece a los grupos de presión e intereses de las minorías. Hay quien a esto lo llama democracia. Si el Estado toma nuestro dinero para impulsar la cultura con cánones digitales y leyes proteccionistas sólo conseguirá crear contenidos artísticos a su gusto y conseguirá que nadie vaya al cine. Y es que en última instancia, todo este dinero tirado al pozo sin fondo de la cultura no lo podremos usar para pagar nuestras facturas. ¿Qué derecho tiene el Estado a sacarnos el fruto de nuestro trabajo por la fuerza?

Falsas reformas en Cuba

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Análisis diario.

La maquinaria propagandística del régimen comunista de Cuba funciona a toda máquina bajo el mando de Raúl Castro. El Gobierno totalitario anuncia poco a poco reformas que son recogidas por alborozo por sectores del periodismo occidental, siempre tan atentos a cualquier cosa que les sirva para tratar de lavar la imagen de los dirigentes de la Isla-cárcel. Sin embargo, todo sigue igual en la mayor de las Antillas.

En primer lugar, la sombra del mayor de los Castro Ruz sigue siendo alargada y, contra lo que parecen querer olvidar muchos, no ha renunciado del todo al poder. Fidel sigue al frente del Partido Comunista de Cuba, columna vertebral del sistema, con el cargo de primer secretario. Además, Raúl fue claro en su intervención al asumir la presidencia del país al decir que las principales decisiones deberían tener el beneplácito de su hermano.

Tal vez algo ha cambiado el reparto de poder entre ambos, pero entre los dos siguen rigiendo con mano de hierro, sangre y represión el destino de once millones de cubanos. Pero más importante aún es que un cambio de rostro, aunque el retiro de Fidel Castro hubiera sido total, no significa variación alguna del régimen. El sistema totalitario de partido único, el comunista, sigue vigente y las libertades siguen siendo en la Isla algo tan desconocido como lo eran antes de que el tirano barbudo cambiara el uniforme verde oliva por el chándal.

En cuanto a las reformas concretas, no se tratan más que de mero maquillaje y de un intento de obtener más dinero por parte del Estado. Primero se anunció que los cubanos podrían comprar ordenadores sin necesitar para ello un permiso del Gobierno. Se trata de un cambio vacío de contenido real. Para empezar, estos equipos informáticos deben adquirirse en tiendas en las que hay que pagar con pesos convertibles, una moneda a la que no tienen acceso la mayor parte de los cubanos, que cobran por su trabajo en la conocida como “moneda nacional”, 24 veces menos valiosa que la usada por los turistas. Además, de poco sirve un ordenador si no es posible conectarse a Internet (algo prohibido para los cubanos). Como decía hace unos días la opositora exiliada Bertha Antúnez Peret, en realidad tan sólo sirven como máquinas de escribir modernas.

A los ordenadores les siguieron los teléfonos móviles. También han de pagarse en pesos convertibles, con lo que se repite la dificultad para adquirirlos. Además, su precio es desorbitado para un cubano, en torno a los 600 euros, y el consumo mínimo exigido también es altísimo incluso para los estándares europeos o norteamericanos. Hay que tener en cuenta que, hasta ahora, quien dispusiera del dinero suficiente ya podía adquirir uno de estos aparatos en el mercado negro. Lo que ha hecho el régimen es asegurarse el monopolio en este sector para obtener los beneficios que antes conseguían quienes se atrevían a actuar a sus espaldas. Los cubanos siguen teniendo prohibido vender estos terminales, al igual que los ordenadores y muchos otros productos.

Y sobre el levantamiento de la prohibición a los autóctonos para entrar en hoteles, tampoco cambian mucho las cosas. Hasta ahora, el turista que quisiera subirse a su habitación a un cubano tan sólo tenía que pagar un pequeño soborno al personal que controla las puertas del establecimiento. Los principales beneficiaros de estas medidas serán los extranjeros que viajan al país para practicar turismo sexual y comprar los servicios de “jineteras” y “jineteros”.

Pero existe algo mucho más profundo. Las supuestas mejoras que podrían llegar a suponer estos cambios no suponen una reforma real. No sólo no se establece un mercado libre y sigue vigente el sistema de economía centralizada. Tampoco se avanza en otras libertades. No se podrá hablar de cambios mientras se siga reprimiendo la expresión de opiniones contrarias al Gobierno y varios cientos de presos políticos sigan encerrados en las innumerables prisiones dispersas por toda la Isla-cárcel.

Las propiedades del dinero

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario. 2 comentarios en Las propiedades del dinero

La subjetividad del valor no está reñida con la objetividad de la realidad. Los seres humanos actúan en un entorno físico regido por sus propias leyes y características a las que han de adaptar la búsqueda de sus fines y sus medios. Dicho de otro modo, que el valor sea subjetivo no puede significar que sea del todo arbitrario. Si no queremos morirnos de hambre, valoraremos los alimentos pero no cualquier cosa puede ser un alimento por mucho que nos empeñemos.

Lo mismo sucede con el dinero. Para cumplir con sus dos funciones más importantes (medio de cambio y depósito de valor) necesita poseer una serie de características que hacen a determinados materiales mejor que otros para ser dinero. Que a lo largo de la historia hayan existido distintos sistemas monetarios no significa que todos fueran igual de buenos y útiles: también a lo largo de la historia han existido distintos mecanismos de transporte y ello no pone al caballo al nivel del automóvil.

El dinero no es una convención humana, sino un proceso de descubrimiento empresarial para encontrar el bien que mejor cumple estas funciones. Keynes atacó al oro como una "bárbara reliquia" por creer que la única fuente de valor del dinero era su circulación. Sin embargo, la circulación es una consecuencia de su valor: circula porque es útil y es útil porque tiene unas propiedades óptimas.

Carl Menger fue el gran sistematizador en el estudio de las propiedades del dinero. Por desgracia, más de un siglo después de él nadie ha proseguido y profundizando en el análisis de esta área esencial del conocimiento económico, debido al triunfo del nominalismo monetario y a la confusión acerca de la naturaleza del dinero fiduciario.

En este artículo vamos a tratar de simplificar las propiedades mengerianas del buen dinero, dándoles un perfil más subjetivista y tratando de distinguir si tales propiedades son necesarias para que la función del dinero como medio de cambio o como depósito de valor.

1. Demanda no monetaria previa: Sólo aquellos bienes que tienen un valor de mercado con independencia a su uso monetario pueden aspirar a convertirse en depósitos de valor. La propia transición del trueque al intercambio indirecto requiere que los excedentes productivos se intercambien por bienes de los que sea muy fácil desprenderse sin pérdida de valor. Por consiguiente, el valor no monetario antecede al uso dinerario; Mises explicó este fenómeno mediante su teorema regresivo. Además, la existencia de una intensa demanda alternativa a la monetaria reduce el riesgo de la desmonetización: si un bien sólo se usa como dinero, perderá todo su valor si deja de usarse como tal; en cambio, si tiene otros usos industriales, no.

Debe quedar claro, sin embargo, que la demanda no monetaria previa sólo es un requisito del dinero como depósito de valor. En principio, cabe la existencia de medios de pago sin demanda previa, siempre que guarden una paridad con el patrón monetario (depósito de valor), dando así lugar a sistemas monetarios duales. El caso más conocido es el del papel moneda: en un principio, los billetes consistían en promesas de pago en oro. El billete entró, de este modo, en competencia con las monedas de oro como medio de cambio, pero nunca logró sustituir al metal dorado como depósito de valor.

2. Accesibilidad: El dinero ha de estar accesible para que pueda emerger tanto como depósito de valor o medio de cambio. Si en una isla (o en un planeta) no existe un determinado material es obvio que no podrá utilizarse como dinero, por muy positivas que sean sus restantes propiedades. La concentración geográfica de un material, por consiguiente, no favorece su transición hacia un sistema monetario internacional (especialmente por el desfase temporal en aprovechar las ventajas de red, ya que una vez se hayan acumulado importantes stocks, esto resulta menos problemático). Además, por este mismo motivo, el dinero como medio de cambio (y en menor medida como depósito de valor) también debe ser accesible en cuanto a su facilidad de transporte.

La accesibilidad también debe ser de tipo jurídico, esto es, que no existan restricciones legales a la explotación y comercio de un determinado material. La prohibición de su tenencia o los tipos de cambio forzosos, si bien no logran desmonetizar un tipo de dinero ya existente, si suelen favorecer su exportación y su eliminación de la circulación (Ley de Gresham).

La accesibilidad, desde una perspectiva subjetiva, también comprende la transformación del dinero (un metal bruto en la mina no sirve como tal) y la atesorabilidad (accesibilidad intertemporal), si bien por su importancia los extractamos en los puntos tres y cuatro.

3. Facilidad de transformación: El dinero debe poder estandarizarse en piezas de valor homogéneo para así facilitar las transacciones, constituir una unidad de cuenta en la que expresar el capital y, en su caso, para poder desatesorarlos en pequeñas cantidades. La facilidad de transformación depende de numerosos factores como la ductilidad (conversión de un metal en hilos), maleabilidad (conversión de un metal en láminas), la dureza (resistencia a ser rayado) y tenacidad (resistencia a fracturarse) o la fusibilidad (facilidad para fundirse). Ahora bien, un exceso de facilidad de transformación hace que los materiales no sean aptos para convertirse en dinero, debido a las dificultades que tendría para atesorarlo.

4. Atesorabilidad: La atesorabilidad es una propiedad del dinero como depósito de valor y se refiere tanto a la facilidad con la que un material puede conservar su valor a lo largo del tiempo (atesorabilidad estricta) como a la facultad para extraer pequeñas cantidades del fondo atesorado sin afectar al valor de las restantes (desaterosabilidad).

La atesorabilidad estricta depende de la vida media del material, de que sea difícilmente destructible o, en todo caso, que sea fácil de recomponer, de su resistencia a la corrosión (reduce los costes de la conservación) y de su elevado valor unitario (lo que permite almacenar un gran valor en poco espacio). La desatesorabilidad depende de la divisibilidad del material que, a su vez, puede depender de la facilidad de transformación y del bajo valor unitario (cuanto mayor sea el valor, más elevada y costosa deberá ser la división).

En su momento, el ganado fue utilizado como medio de cambio, pero no como depósito de valor, ya que ni era duradero (el ganado moría) ni, sobre todo, podía desatesorarse una parte de una res sin afectar el valor del resto.

5. Escasez relativa: Consiste en la existencia de una alta relación entre el stock de dinero y flujo anual de producción, de modo que el incremento anual de la cantidad de dinero no altere de manera significativa el stock acumulado y no provoque fuertes oscilaciones de su valor. Se trata de la característica más importante del dinero que sólo puede alcanzarse cuando convergen las anteriores características del dinero como depósito de valor, ya que es entonces cuando la gente está dispuesta y tiene la capacidad para atesorar todo el dinero que se va produciendo a lo largo de la historia (de modo que los aumentos anuales sean porcentualmente menores con respecto al stock).

Un dinero con una baja relación stock/flujo sería un mecanismo muy arriesgado para atesorar la riqueza, ya que un incremento desproporcionado de la producción hundiría el valor del patrimonio personal.

Pese a lo que suele pensarse, la escasez relativa no es una cualidad tan importante del dinero como medio de pago. Si existe un sistema monetario dual, el valor del medio de pago siempre puede definirse con respecto al del depósito de valor, lo cual puede ser costoso, pero infinitamente menos que un hundimiento de los valores patrimoniales (la literatura neoclásica, de manera bastante miope, considera que los "costes de menú" son uno de los mayores problemas de la inflación entendida como aumento de precios, sin prestar demasiada atención las consecuencias de la inflación sobre el dinero atesorado).