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Chávez aprieta el acelerador

De hecho, en las últimas dos semanas el gorila rojo ha expropiado tres productoras de cemento y una importante empresa siderúrgica. A juzgar por sus objetivos, la construcción del socialismo está al caer.

Sin embargo, lejos de acercarle a su ansiado sueño colectivista, estos nuevos robos pueden conducirle al abismo por el que el pueblo indignado suele arrojar a los tiranos. Y es que hasta ahora la vía venezolana hacia el socialismo marchaba relativamente bien para sus dirigentes porque se dedicaban principalmente a expropiar materias primas como el petróleo, para cuya extracción y comercialización no se requieren de grandes dotes de gestión y que suponen una continuada fuente de ingresos. Además, Chávez ha contado con la ayuda de empresas occidentales que se aliaban con él con tal de hacerse con parte del botín. Sin embargo una cosa es expropiar una fuente de energía o una materia prima que luego vendes en el mercado y otra bien distinta es hacerte con una empresa que se dedica a crear productos cambiantes gracias la cooperación de numerosos bienes de capital y que requieren de una compleja gestión siempre alerta a los caprichosos cambios de los consumidores en el mercado.

Lo simpático de esta nueva ola de expropiaciones es que los propietarios de la mayoría de las acciones de la siderúrgica SIDOR se han destacado en los últimos años por defender públicamente la política ultra intervencionista del matrimonio Kirchner en Argentina. Es como si La Rebelión de Atlas estuviese ocurriendo en la realidad y Orren Boyle, el presidente de Associated Steel, hubiese sido expropiado por los politicastros que tanto defendía. Parece que a la familia Rocca, los Boyle del momento, no le ha gustado en esta ocasión el sentido de estas nuevas agresiones contra la propiedad privada. Es lo que tiene jugar con fuego, que uno termina quemándose. A lo mejor esta experiencia le sirve para que se transformen en los Rearden del mañana y déspotas como Chávez dejen de encontrar apoyos en el mundo empresarial.

Kennedy y su diseño de ayuda a Latinoamérica

Nada más llegar al poder, Kennedy anunció un ambicioso proyecto de ayuda a Latinoamérica para empujarla hacia el desarrollo y ver asentarse allí la democracia. Ambos objetivos harían de barrera de contención a la hipnótica (y reciente) revolución castrista que amenazaba con extenderse por el continente como una indeseable mancha de aceite.

Si la doctrina Truman había contado con su plan Marshall para Europa, la doctrina Kennedy contaría entonces con un plan aún mayor para América Latina. Sería un gran proyecto hecho realidad, hijo lejano de la iniciativa imaginada por el presidente del Brasil Kubitschek.

Este plan del gobierno de los Estados Unidos recibió el apoyo del Congreso para destinar durante los años que iban de 1961 a 1970 unos 20.000 millones de dólares (entre subvenciones y préstamos) a proyectos de mejoras sociales y económicas por toda Latinoamérica. Fue bautizado con el grandilocuente nombre de la Alianza para el Progreso. Las relaciones hemisféricas entrarían por fin en una nueva etapa histórica.

Kennedy quiso demostrar que sus palabras iban en serio. Con la aprobación de la Foreign Assistance Act de 1961 se creó una agencia específica –la USAID– para gestionar centralmente toda la ayuda oficial norteamericana ya existente y se contrataron los llamados Peace Corps de técnicos y jóvenes voluntarios estadounidenses deseosos de ayudar al mundo subdesarrollado. Gran parte de los esfuerzos irían a parar a Latinoamérica en coordinación con la Organización de Estados Americanos y el BID. El entusiasmo que suscitó esta Alianza para el Progreso entre los políticos de la zona fue considerable.

Los resultados de los desembolsos masivos de dinero por parte de Estados Unidos hacia Latinoamérica fueron infructuosos, salvo –claro está– para los dirigentes de ambos hemisferios y para las empresas privadas adosadas a ellos. Pasada la década de los sesenta, la renta per cápita de los países receptores de aquellas ayudas resultó ser incluso menor que la de años anteriores. Además, si la intención de Kennedy era también exportar la democracia a sus repúblicas hermanas del sur, la dolorosa realidad mostró que a principios de los años setenta habían proliferado golpes de estado en buena parte de aquellos países.

Los comunistas, cepalistas, chomskistas y demás gente de izquierda criticaron severamente dicha "Alianza" porque suponía una ayuda condicionada y hecha a la medida del vecino imperio. Llevaban razón. Pero se olvidaron señalar el motivo principal del estrepitoso fracaso de este ambicioso programa de ayuda para América Latina, que no era otro que la probada imposibilidad de planificar con éxito el desarrollo de las poblaciones desde la esfera estatal (sea propia o externa) o desde las mastodónticas agencias inter-estatales.

Peter Bauer criticó siempre la ayuda externa por el hecho de atacar sólo los efectos del subdesarrollo, pero no sus verdaderas causas. El proceso sostenido de desarrollo económico de los países subdesarrollados no avanzará, mientras los incentivos, los valores y las instituciones de las poblaciones pobres no cambien, mientras no se supriman los aranceles, las barreras de entrada y las excesivas regulaciones al comercio, mientras no se permita in situ la búsqueda descentralizada del éxito por complacer a los consumidores mediante la libertad económica (no diseñada) que atraiga financiación y más factores de producción de forma natural. No es decisivo qué interés se tome el gestor de la ayuda externa, ni qué monto se alcance o qué carismático sea el político que la lidere.

Hoy siguen existiendo parecidos planes de ayudas al desarrollo por parte de Estados del "primer mundo" y de agencias internacionales del desarrollo. Tienen otros nombres y otros objetivos, pero parten de las mismas ideas estériles del pasado. No dejan de ser, en el mejor de los casos, un cartel de buenas intenciones, tal y como nos recuerda William Easterly.

La ayuda nada tiene que ver con el verdadero desarrollo. Los pobres necesitan más mercados, cuanto más extensos y libres, mejor (lo mismo que los ricos) y les sobran muchos, demasiados, "expertos" y burócratas del desarrollo.

¡Nuestros cineastas amenazan con irse a EEUU!

Parece ser que no teníamos ya suficiente con Teddy Bautista, para el cual 120 millones de euros en concepto de canon digital son una miseria y que, tras años insultado a quienes nos oponemos a dicho sobreprecio, dice abogar ahora por un pacto donde "donde la concertación sustituya a la confrontación"; ni con Luis Cobos, cuya entidad sin animo de lucro disponía 41,5 millones de euros en deuda pública y fondos de inversión; ni con el "galáctico" Jaume Sisa, sobre cuyo apellido evitaremos hacer chistes fáciles, imaginando contubernios; ni con José Luos Borau, afamado inventor de la presunción de culpabilidad; ni con David Bisbal, el gran experto de temas de los que nada sabe; ni con Pau Donés, que no duda en insultar a sus fans. No, no era suficiente; necesitábamos alguien más, como por ejemplo la presidenta de la Academia de Cine.

Ángeles González-Sinde se suma al discurso victimista y al insulto a quienes se oponen al canon. Este jueves ofreció una conferencia de las que merecen ser recordadas por la caradura demostrada y por lo absurdo de los argumentos. Se lamenta la señora de que el ministro Montilla escuchara y tuviera en cuenta a las empresas "importadoras de tecnología". Está claro que la única voz que considera que tenía que haber sido escuchada es la de "más de ocho mil autores" (¿de dónde sacará esa cifra?). Se ve que para González-Sinde lo que opinen los consumidores no cuenta. Será que criticar a los "culturetas" es antipatriota y, por tanto, nadie tiene derecho a hacerlo. Y cómo no se va a lamentar, si lo hace hasta de que su institución "sólo" recibe 101,62 millones de euros anuales del Ministerio de Cultura.

Arremete, como ya hiciera en su día Luis Cobos, contra las empresas proveedoras de internet. Se queja de que en la Ley del Cine estas compañías se hayan "ido de rositas" (se ve que hay que castigarlas por vendernos un servicio que nos permite acceder a la red) y le parece sospechoso que Telefónica (el recurso fácil, personalizar en el operador dominante en el mercado) ofrezca 20 megas de conexión. Dice que son demasiados. Entérese la presidenta de la Academia del Cine que son pocos comparados con los disponibles en otros países. No vamos entrar a fondo aquí en las otras cuestiones sobre las que ha hablado, por salirse de los temas que corresponden a esta sección, pero ahí también se ha lucido. Pretende obligar por ley a que las televisiones gasten más en cine español y, cómo no, arremete contra Hollywood (ya saben, ese lugar maldito con cuyo reconocimiento suspiran todos los actores y directores españoles).

Entérese esta señora (o señorita) de que el problema del cine español no es otro que… el cine español. En líneas generales, que en todo hay excepciones, su calidad deja mucho que desear. Y eso se aplica tanto a actores como directores y guionistas. Aunque consiguieran que nadie se descargara una película gratis de internet, su público seguiría acercándose cada vez más a cero. Y eso no se arregla con el canon, que lo único que hace es rellenar los bolsillos de esas personas que o no saben o no quieren hacer productos que gusten a los consumidores.

Un apunte más. Hemos oído demasiadas declaraciones muy duras en torno al tema del canon por parte de quienes se forran con él en la semana de la investidura de Zapatero y las anteriores. Esto sí resulta sospechoso. Suena a aviso al presidente del Gobierno para que recuerde el apoyo que le dieron durante la campaña electoral y les pague con el dinero de todos los españoles. ¡Manda megas!

¡Manda megas!

El motivo de esta decisión sin precedentes es que los españoles somos reticentes a pagar el canon digital que Z prometió al artisteo en pago de sus favores durante la campaña electoral. Y es que a nuestros artistas no les basta con fagocitar por la jeta el dinero de nuestros bolsillos e insultarnos cuando llegan las elecciones, quieren además que les demos las gracias. Es lo que se desprende de las declaraciones de la presidenta de la academia, Ángeles González Sinde, absolutamente deliciosas, en las que ha desgranado todo un memorial de agravios contra "las gentes de la cultura". A saber:

  1. Los españoles rechazamos el impuesto revolucionario del canon digital porque estamos muy mal informados y además preferimos proteger antes a las empresas tecnológicas que a nuestros creadores. O sea, que sobre tontos, malos.
  2. Por otra parte, no sabe la presidenta a qué viene tanto revuelo, cuando el impuesto va destinado a las empresas y no a los usuarios. Es decir, que según esta señora, atentos señores catedráticos de economía aplicada, el incremento en el coste de un producto repercute en el precio final sólo si el dinero recaudado no va destinado a la izquierda ociosa, en cuyo caso esta ley elemental deja de operar y el coste adicional lo asume íntegramente el empresario de su bolsillo.
  3. Programar películas españolas en la televisión es muy rentable, lo que pasa es que los directivos de las cadenas son masoquistas y prefieren perder dinero a espuertas programando superproducciones norteamericanas.
  4. Las televisiones operan con una concesión del Estado, por lo que debe exigírseles que "compensen al resto de la sociedad"… comprando cine español, claro, aunque los telespectadores cambien inmediatamente de canal cuando un hecho de estas características sucede.
  5. Las subvenciones que pagamos entre todos anualmente al cine español ascienden a unos cien millones de euros (dieciséis mil seiscientos treinta y ocho millones de pesetas), una miseria comparada con la extraordinaria calidad artística de las producciones con que nuestros cineastas nos recompensan, a pesar de que, en nuestra burricie, a casi ninguno de nosotros se nos ocurre últimamente pagar (por segunda vez) en las salas de proyección para deleitarnos con su néctar.

La situación es dramática y la directora de la academia advierte: "Puede haber una fuga de talentos (sic) a Estados Unidos". En Hollywood están ya tomando las medidas pertinentes para que semejante desembarco de genialidad no sature la industria norteamericana, que aunque siempre anda necesitada de creadores españoles probablemente no pueda asumir esta avalancha de un tirón. Por otra parte, ¿imaginan lo que sería de este país si de pronto emigraran al otro lado del charco los inventores del cordón sanitario? Sólo de pensarlo le dan a uno escalofríos, así que aflojemos la faltriquera y pasemos por alto la gilipollez endémica de nuestro cine y los insultos constantes que los "creadores" dedican a quienes no piensan como ellos. Esto es ya un asunto de emergencia nacional.

La sensibilidad del clima

Hace unos días participé en una encuesta telefónica, aparentemente para ayudar a la nueva Endesa a diseñar su imagen corporativa en relación al cambio climático. Al menos buena parte de la batería de preguntas a las que respondí durante quince minutos parecían servir a ese objetivo. Precisamente, la consultora McKinsey publicó en febrero los resultados de una encuesta realizada a más de dos mil ejecutivos de grandes empresas de sectores variopintos, entre ellos el energético, con la intención de saber qué opinaban sobre el tema de marras.

Como era previsible, la principal motivación de estos ejecutivos en lo que a la cruzada por el clima se refiere es la reputación corporativa, aunque no sólo esa, ya que nada menos que un 60% de los entrevistados afirmaron que el cambio climático es bastante o muy importante en el diseño de la estrategia global de su empresa: la ecomanía ha estimulado a las compañías a mejorar su imagen, destacando o destapando una preocupación casi obsesiva por el medio ambiente incluso en sectores con poco o nulo interés crematístico en el asunto. Y es que la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático son ahora activos de la empresa al potenciar su imagen de marca y por lo tanto el valor de su portfolio.

Y eso que desde 2001 las temperaturas globales han mostrado una tendencia bajista que ha pillado por sorpresa al propio IPCC. Una muestra pequeña para afirmar que estamos en el comienzo de un "enfriamiento global" pero al menos suficiente, como señala, Christopher Monckton, para destacar que el presunto calentamiento es más lento de lo que el Panel había previsto.

Más aún, Monckton muestra como el IPCC ha ido corrigiendo hacia la baja el peso del CO2 en sus estimaciones de la "sensibilidad" del clima desde 1995. Esta "sensibilidad" es el cambio de la temperatura superficial debido a la energía que es irradiada de vuelta a la superficie de la Tierra y a la baja tropósfera por el efecto invernadero, cuyo principal causante es el satánico CO2. Sin embargo, pese a que el calentamiento debido directamente al incremento del CO2 se ha estimado hacia la baja, por así decir, la sensibilidad del clima no ha dejado de crecer por el efecto multiplicador de la retroalimentación (feedback) positiva estimada. Concretamente, como dice Monckton, "en 1995, la retroalimentación supuso menos de la mitad de todos los forzamientos [radiativos]; en 2007 más de dos tercios". Lo grave de este asunto, que difícilmente trasciende al público, gerente o no de una gran empresa, es que el informe del IPCC no "llama explícitamente la atención del lector y menos aún justifica la magnitud de de esta ‘inflación de la retroalimentación’."

Más gráfico es Warren Meyer:

Un cínico podría describir las miles de páginas del informe del IPCC como el mago que capta su atención con la mano izquierda para esconder lo que hay en la derecha. Y lo que está escondiendo es que… allí no hay nada. La retroalimentación es el punto sobre el que debería pivotar toda la discusión sobre la drástica reducción del carbono y no hay nada sobre lo que discutir.

Entre tanto seguiremos contestando a las encuestas mientras el mago Gore se saca otro Nobel de la chistera.

La Economía de Giro Uniforme es pobreza

En España, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha manifestado que ampliará sin límite el crédito a las empresas si les falta liquidez y no paran de llover críticas de los grupos de presión a la liberalización de los horarios comerciales en Madrid.

¿Se imagina que el Estado empezara a intervenir en todos los sectores económicos para lograr que nada cambiara? ¿Qué pasaría con los bancos que han hecho una gestión negligente, con las empresas que han sido incapaces de sopesar el riesgo de sus inversiones y con los comerciantes que prefieren vivir de las leyes y subvenciones del Estado que de los designios y necesidades del consumidor? Nada. Recibirían premio la ineptitud, los negocios suicidas, el parasitismo y el cortoplacismo a expensas del pagador de impuestos. La responsabilidad individual desaparece para convertirse en rentismo. Es una situación en la que no hay cambios, las empresas negligentes o que ya no sirven al cliente se mantienen con artificiales mecanismos estatales que a la vez se nutren de la extorsión que ejerce el Gobierno al hombre libre mediante el cobro de impuestos, multas, tasas, etc.

El gran economista Ludwig von Mises llamó a este tipo de situación donde nunca cambia nada Economía de Giro Uniforme. No se trataba de nada real, sino de un supuesto en base al cual, empleando la lógica deductiva, estableció qué condiciones deben darse para que algo así fuera posible Concluyó que la Economía de Giro Uniforme implica necesariamente que el hombre no tiene aspiraciones ni valora el riesgo e implicaría considerar como insolubles preguntas tan básicas como por qué el individuo trabaja, asigna precios a las cosas o valora más el presente que el futuro.

El comunismo y el fascismo fueron los primeros sistemas contemporáneos, porque antes ya había existido otros, que intentaron convertir la economía, y por lo tanto al individuo, en un mecanismo del giro uniforme. Todos los países que han abrazado cualquiera de los sistemas económicos que niegan el cambio y la libertad empresarial y de mercado han acabado muriendo, como la URSS; o han tenido que abrirse para no terminar en la más pura miseria. Incluso Cuba está cediendo.

A pesar que la lógica nos dice claramente que una Economía de Giro Uniforme contradice las bases mismas de la economía política y que, desde el punto de vista histórico, cualquier intento de alcanzar tal estado es un fracaso, los burócratas se están obsesionando otra vez en reimplantar este tipo de socialismo. Si en el siglo XIX alguna confederación de carreteros hubiese instado al Gobierno a rescatarles por su crisis de liquidez, un eufemismo para ocultar que la empresa está en pérdidas debido a su incompetencia, o hubiese exigido prohibir los coches a motor por ir en contra de los sistemas tradicionales tal y como hacen ahora los lobbies comerciales de Madrid, lo máximo que tendríamos ahora serían carretas tiradas por caballos con neumáticos de goma en lugar de seguros y rápidos autos. Si alguna agrupación del sector del vinilo hubiese pedido su rescate frente a la competencia desleal de los casetes, los CD o el MP3, ahora cuando habláramos de "bajar música" nos referiríamos a llevar el disco de la estantería al tocadiscos.

La intervención estatal, y por tanto, la imposición de una Economía de Giro Uniforme, no sólo supone riesgo moral (moral hazard), oportunismo, monopolio, retroceso innovador y económico; también que el Estado usará su poder de coacción contra nosotros para usurparnos nuestro dinero y libertad para financiar su sistema estático y de compra de votos e intereses.

¿Estamos apagando el fuego con gasolina?

La semana pasada tuve ocasión de ver, en un programa de televisión, las declaraciones de una persona que se había arruinado tras haber sido despedida, ya que no pudo hacer frente al préstamo que había contraído para la adquisición de su vivienda. Desafortunadamente, los casos en que una persona no puede hacer frente a los préstamos a los que se ha comprometido previamente no son infrecuentes, y casi todos conocemos algún caso de personas conocidas que han sido embargadas por falta de pago.

A esta triste situación se puede llegar de muchas maneras, pero generalmente es resultado de una valoración muy optimista que se realizó inicialmente de lo que podía deparar el futuro. Esta valoración no deja de ser un hecho subjetivo, basado en las experiencias, percepciones y conocimientos personales de cada persona. Por ello resulta extremadamente difícil averiguar los motivos por lo que dicho cálculo erró.

Tratar de generalizar a la hora de buscar el motivo por el que existen personas que tienen que afrontar una situación tan trágica resulta un tanto arriesgado. Lo que sí parece claro es que existen determinados periodos temporales en los que más personas se ven abocadas a esta triste situación, normalmente coincidiendo con la denominada parte baja del ciclo económico.

Uno de los motivos por los que se pueden realizar estas estimaciones tan alejadas de la realidad pueden deberse a que determinadas circunstancias induzcan a realizar inversiones poco rentables o a sobreestimar los ingresos que se van a obtener en un futuro. Una de las causas se puede encontrar en el interés que se cobraría por la financiación de dichos proyectos. Así, un entorno como el que llevamos viviendo hace unos años, en que el interés al que prestan el dinero los distintos bancos centrales se encuentra muy bajo, conduce a que los bancos financien los préstamos necesarios para acometer distintas inversiones a un coste muy bajo.

Estos bajos costes financieros animan a distintos emprendedores, inversores y particulares a acometer proyectos que en situaciones normales no se plantearían, dada su baja o nula rentabilidad. No obstante, la bajada estos costes estimulan el abordaje de los mismos. Desafortunadamente, los bajos tipos de interés tienen su contrapartida, el envilecimiento de la moneda. Al existir más dinero en circulación, lógicamente el valor de éste se reduce, por lo que los productos que se pretenden adquirir con ésta, se encarecen, apareciendo la inflación. Por tanto, esa bajada de tipos de interés, que presagiaba una reducción de costes del proyecto, se transforma en lo opuesto, ya que todos los demás costes se incrementan, al haberse mermado el valor de la moneda con la que se va a pagar dichos costes. Además, al valer menos la divisa, los compradores potenciales con los que pudiera contar el emprendedor ven mermada su capacidad de compra, por lo que se disminuyen, a su vez, las posibles ventas.

Por lo tanto, el efecto de las bajadas sin fundamento, de los tipos de interés por parte de los bancos centrales son tres. De un lado incentivan el acometimiento de proyectos de inversión de rentabilidad dudosa. Por otro lado, aumenta los costes a largo plazo del proyecto, al hacer aparecer la inflación. Finalmente, disminuyen los posibles ingresos que se puedan obtener, por haberse visto mermados los ingresos y ahorros que tienen los posibles compradores, precisamente por el envilecimiento de la moneda.

Toda esta situación provoca una gran inestabilidad, ya que existen gran cantidad de proyectos, de mínima rentabilidad, cuya estimación de beneficios es irreal, al estar sobrevalorados los ingresos e infravalorados los costes. Cuando finalmente se le pone fin a la inversión al descubrirse la poca, nula o negativa rentabilidad de la misma, la inestabilidad vuelve a incrementarse, ya que la liquidación de dichas inversiones provoca que se ponga fin a los contratos laborales que existían. Estos despidos traen consigo que los trabajadores, que también habían efectuado sus proyectos de inversión particulares, como la adquisición de su vivienda, se vean sin medios con los que hacer frente a los costes financieros. Como la mayoría de las empresas se ven afectadas por el mismo problema, al haber acometido también proyectos de inversión poco rentables, precisamente inducidas por las mismas causas, la búsqueda de nuevo empleo puede convertirse en una tarea ardua.

La política de tipos de intereses artificialmente bajos está provocando el empobrecimiento de gran parte de la población, al haberlos inducido a engaño al animarlos a ejecutar inversiones dudosas a la par que empobrece sus ingresos y ahorros. Por lo tanto, tratar de “reactivar” la economía bajando los tipos de interés equivale a tratar de apagar el fuego con gasolina, fuego precisamente creado al adoptarse anteriormente dicha política. La salida de la crisis no puede pasar por una expansión monetaria, sino por el aseguramiento el valor de la moneda. De esta forma no se estará engañando a la población dando a entender que tiene una riqueza que no es real.

Incompetencia contra la libertad comercial

Los detentadores de privilegios de la antigua regulación ya han protestado amargamente porque se vaya en contra de sus intereses organizados. Para la Confederación General de Pequeñas y Medianas Empresas (COPYME) "se trata de un nuevo paso en contra del comercio tradicional" y es "un ataque al libre mercado". Los grupos de presión no renuncian pacíficamente a sus prebendas, avergonzados por todo el tiempo que han vivido a costa de los demás, sino que practican la huida hacia delante y acusan a los legisladores que intentan acabar con ellas de ir en su contra, lo cual queda muy feo en un político. Y además practican la estrategia de la confusión, argumentando (es un decir) que ellos defienden el libre mercado: como si entendieran en qué consiste y estuvieran acostumbrados a practicarlo.

En una postura típicamente reaccionaria, defienden lo suyo como lo tradicional, lo de siempre, como si no pudiera ni debiera evolucionar y adaptarse a circunstancias nuevas. Creen que la competencia consiste siempre en que haya muchos competidores prácticamente iguales sin que ninguno de ellos sufra pérdidas o fracase: los poderes públicos han de garantizar la supervivencia de sus negocios aunque estos demuestren ser poco competitivos, mediante subvenciones directas o poniendo trabas legales a los triunfadores. No entienden (o prefieren no ver) que el mercado libre es un proceso evolutivo dinámico que explora la diversidad y genera adaptaciones mediante la retención de los más exitosos (en servir a los consumidores) y la expulsión de los marginalmente incompetentes (que no implica que se mueran de hambre sino que lo hagan mejor o se dediquen a otra cosa). La igualdad es ante la ley, no mediante la ley: no se trata de que todos jueguen exactamente en las mismas condiciones (grandes o pequeños, especializados o generalistas), ya que en este caso no se podría comprobar qué sistemas de producción y distribución son más eficientes.

Algunas asociaciones que se autoproclaman falazmente de consumidores también se oponen a la medida. Según Antonio López, portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la franja horaria comercial es "suficiente y la medida sólo beneficia a las grandes superficies y centros comerciales"; duda de que la iniciativa "promueva la competencia, porque lo que en realidad supone es eliminar al pequeño comercio". A mí personalmente como consumidor no me han preguntado si los horarios me parecen suficientes o si me siento beneficiado por la liberalización comercial, así que ¿en nombre de quién habla? Son graciosos los intervencionistas, tan obsesionados con la cooperación colectivista, cuando se empeñan en defender lo que ellos entienden como competencia.

Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, se esfuerza por ser original en hacer el ridículo: cree que de salir adelante este proyecto de ley sería "una invitación al consumo y al despilfarro". Consumidores en contra de ser invitados a consumir, lo que hay que ver. Quizás él tiene tan poco autocontrol que usa todo su tiempo libre para despilfarrar como un ludópata su dinero en los comercios que encuentra abiertos; pero que no proyecte sus fobias particulares sobre el resto de la ciudadanía.

Chulería ministerial y coacción sindical

Parece que por fin se acabó la huelga de los funcionarios de Justicia. Y finaliza con un acuerdo que aparenta tablas y que, por tanto, las partes afectadas pueden vender como victoria propia. Bueno, no todas. Los peor parados, los miles de ciudadanos que se han visto rehenes de unos sindicalistas sin escrúpulos y la chulería de un ministro prepotente, no puede decir que ha salido victoriosa.

El daño generado por esta situación supera con mucho el cuantificable en dinero. A las docenas de miles de personas que han visto retrasarse los juicios a los que tenían que hacer frente, se suman los no menos de miles de ciudadanos que necesitaban para todo tipo de trámites certificados de los distintos registros dependientes de Justicia. ¿Realmente podrá mirar a la cara un sindicalista a una viuda o a sus hijos y explicarles sin sentir vergüenza que no han podido conseguir el certificado de nacimiento o defunción que necesitaban para el seguro por un aumento salarial? Y no sólo es las dificultades que le crea ante la compañía aseguradora, es la frustración generada en una etapa tan difícil como la inmediatamente posterior a la perdida de un marido o un padre. Y supuestos como este, a montones.

Los culpables de la situación no son otros que el propio ministro y los sindicatos. Uno por su chulería. El mismo Mariano Fernández Bermejo que no duda en gastarse 250.000 euros de los contribuyentes en una reforma de un estupendo ático propiedad del Estado, totalmente innecesario al tener el ministro su residencia particular en las afueras de Madrid, se ha cerrado en banda durante demasiado tiempo ante las peticiones de aumento de sueldo para luego concederlas. Pero sus formas dejaban claro que no lo hacía por no incrementar el gasto público, sino porque a chulo no le gana nadie.

Los sindicatos no son mejores. Han utilizado a los ciudadanos como rehenes. Como todo grupo que intenta obtener ventajas o privilegios del Estado, apelaron al bien común. Para tratar de conseguir una inmerecida simpatía de los ciudadanos, argumentaban que el hecho de que se les suba el sueldo a los funcionarios implica una mejora automática en la calidad de su trabajo. Por supuesto, no han explicado en que consiste tan extraña relación causa-efecto. Tal vez porque no existe. Y si existiera, sería una bien irritante: que los funcionarios saben que pueden trabajar más y mejor, pero no lo hacen porque no quieren, pese a haber aceptado al comenzar a trabajar el sueldo que cobraban.

El argumento de que los funcionarios de las comunidades autónomas donde están transferidas las competencias de Justicia cobran más que los que trabajan para el ministerio del ramo es falaz. A idéntica labor no tiene por qué corresponder igual sueldo. Si querían un sueldo mayor deberían haber opositado a las administraciones autonómicas en vez de a la general del Estado. Pero además es peligro, puesto que puede degenerar en un bucle permanente de chantaje utilizando a los ciudadanos como perpetuos rehenes.

Una vez conseguida una cierta equiparación salarial (no completa, pero próxima a lo exigido por los sindicatos), es suficiente con que los funcionarios de una comunidad autónoma se declaren en huelga para conseguir un aumento y salgan victoriosos de su pulso con el gobierno regional. Volverá a producirse la diferencia anterior a la huelga recién terminada. Y ahí puede venir un nuevo paro indefinido hasta una solución similar a la actual. Estamos ante un mal propio de una administración demasiado grande, con funcionarios blindados en exceso y sindicatos con un poder de coacción sin límites.

¿Por qué se equivocaron los bancos?

La reciente propuesta del secretario del Tesoro de EEUU, Henry Paulson, para extender los poderes de la Fed a la supervisión de los mercados financieros apunta precisamente en este sentido: la crisis se ha producido por una falta de control público sobre las decisiones privadas. Si la propuesta de Paulson sale adelante, la Fed pasará a controlar no sólo los bancos comerciales, como ocurría hasta la fecha, sino los bancos de inversión y los hedge funds, entre otros operadores del mercado.

Pese a este notable incremento de sus competencias, el presidente de la Fed, Ben Bernanke, no está del todo satisfecho: "Se trata de un primer paso muy interesante". Atención, Bernanke advierte: ha sido el primero, pero no el último.

Existe una tendencia irrefrenable en las autoridades públicas a atribuir todos los problemas al libre mercado, sin siquiera pararse a analizar cuáles son las causas últimas de todo este marasmo.

Decía Walter Bagehot, el gran teórico de la banca central, que los bancos comerciales debían rechazar una inversión siempre que existiera "alguna duda" sobre la misma. Décadas más tarde, el padre de la inversión de valor, Benjamin Graham, desarrollaba esta misma idea y concluía que los inversores de renta fija debían depositar su dinero en aquellos activos financieros cuyo riesgo de impago fuera mínimo incluso en períodos de crisis económica. Graham quitaba importancia a que las inversiones de renta fija estuvieran respaldadas por algún tipo de garantía, como las hipotecas. Lo importante es que el deudor sea solvente y próspero, ya que las garantías frecuentemente pierden su valor durante las crisis.

Parece claro que los actuales banqueros de EEUU no atendieron a las recomendaciones de Bagehot y Graham e iniciaron una absurda orgía crediticia. Las hipotecas subprime no representaban a sus ojos un problema porque si el hipotecado dejaba de pagar, siempre podrían enajenar el inmueble; esto es, actuaron justo al revés de como aconsejaba Graham.

Pero ¿por qué los banqueros se comportaron tan imprudentemente? La responsabilidad puede buscarse en dos ámbitos: el teórico y el práctico.

La ciencia económica se ha visto contaminada durante décadas por teorías neoclásicas incompletas e irreales. Los economistas ortodoxos carecen de una teoría del dinero y del ciclo económico consistente, por lo que van dando tumbos cortoplacistas sin dirección alguna. En plena burbuja inmobiliaria, por ejemplo, se dejaron llevar por la corriente mayoritaria y predijeron que el precio de la vivienda jamás caería. David Lereah, economista jefe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de EEUU, predijo en 2006 que el precio de la vivienda había alcanzado un nuevo high plateau y nunca más descendería. Con estos mimbres teóricos no es de extrañar que los bancos decidieran conceder hipotecas masivamente: el cobro estaba garantizado por unos precios que no dejarían de subir.

Si la profesión económica hubiese tenido un mayor conocimiento de la teoría austriaca del ciclo económico, sus errores habrían sido mucho menores. Jesús Huerta de Soto describe como fases típicas de todo boom artificial el alza de los precios de los bienes de capital (en este caso la vivienda), la captación de trabajadores y la aparición de importantes beneficios contables en este sector. Es decir, exactamente lo que ha ocurrido en España: subida de los precios de la vivienda, beneficios extraordinarios en la construcción y contratación masiva de trabajadores en esta industria.

Pero el propio Huerta describe asimismo las fases típicas que indefectiblemente siguen al boom: caídas de precios, pérdidas extraordinarias y desempleo; esto es, lo que estamos padeciendo ahora mismo en EEUU y en España. Probablemente los bancos habrían sido menos generosos a la hora de prestar dinero a troche y moche si sus analistas hubiesen conocido la Escuela Austriaca y no se hubiesen dejado engañar por los cantos de sirena y las torres de marfil neoclásicas.

Pero la responsabilidad de la crisis no sólo recae en el ámbito teórico, también en el práctico; en concreto, en la organización de nuestro sistema monetario. Es curioso cómo políticos, reguladores y economistas se escandalizan ante el excesivo riesgo que han asumido los bancos, cuando la Reserva Federal les estuvo prestando dinero al 1% durante más de un año, sin que ningún funcionario pusiera el grito en el cielo.

Exactamente, ¿qué pretendía la Reserva Federal que hicieran los bancos comerciales con esa explosión de crédito barato creado de la nada? Cualquier proyecto que los bancos comerciales hubiesen financiado agotando los fondos que proporcionaba la Fed habría resultado igualmente catastrófico. La burbuja inmobiliaria la creó la Reserva Federal a través de los bancos comerciales, no los bancos comerciales abusando de las buenas intenciones de ésta.

Aun hoy, los mismos que critican la voraz especulación y reclaman una mayor regulación que supervise cada inversión privada se dedican a lloriquear para que el Banco Central Europeo recorte los tipos de interés, con el único objetivo de realimentar así la burbuja. Con un sistema monetario basado en el patrón oro, la expansión crediticia habría tenido mucho menos recorrido: si los bancos centrales hubiesen reducido los tipos al 1% se habrían quedado enseguida sin reservas de oro, lo que les habría obligado a subirlos.

La crisis no es consecuencia de la falta de regulación, sino de unas doctrinas económicas profundamente erróneas que han dado a luz un sistema monetario corrupto. El aumento de las regulaciones no remediará las crisis si ese sistema y esas ideas sigan en pie, pero sí recortará las libertades de todos los inversores. Como siempre, el Estado provoca las crisis económicas y sociales para luego justificar su expansión. Es hora de poner fin a esta trágica tendencia secular.