Ir al contenido principal

Cuando la irresponsabilidad sale a cuenta

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Por esta razón las personas han de ser responsables de sus actos. Si bebemos mucho alcohol, sabemos que al día siguiente tendremos resaca. Si conducimos imprudentemente, corremos el riesgo de tener un accidente. Si engañamos a un amigo, corremos el riesgo de perder su amistad. Algo tan básico y que hasta un niño sabe sin necesidad de que nadie se lo explique, parece que no lo entiendan esos burócratas que están por encima del bien y del mal.

Los gobernantes, cuando abordan la cosa económica, se comportan de forma completamente contraria a la que dicta el sentido común. Esta semana hemos visto dos ejemplos. Uno ha tenido lugar en Estados Unidos, donde la Reserva Federal ha vuelto a inundar el mercado de dinero para salvar al malogrado sistema bancario, lo que está sumiendo al dólar en las más profundas simas y provocará un nivel de inflación que el país difícilmente va a poder asumir. El otro caso lo tenemos bien cerca; el nuevo Gobierno ha creído conveniente salvar del desastre al sector inmobiliario con gasto público, es decir, con nuestro dinero.

Cuando una empresa empieza a acumular deudas o costes en lugar de beneficios significa que ha realizado una gestión irresponsable o que ya no tiene el favor del que hasta entonces había sido su público. Expresado de otra forma, por las causas que sea, lo ha hecho mal. Cuando alguien hace algo mal es de sentido común que tome esta responsabilidad e intente solucionarla como mejor pueda. Lo que no tiene justificación alguna es que con falsas excusas sobre el bien común llame a la puerta de papá Estado, de aquel que tiene el monopolio de la fuerza, y le exija que le solucione el problema. Cuando algo así ocurre, a quien hace una mala gestión empresarial se le da patente de corso para ser un irresponsable, ya que traspasa sus costes a la sociedad, convirtiéndose en beneficiario neto de su buena gestión inicial sin asumir ningún coste por su poca visión empresarial posterior.

Esta situación se da una y otra vez en el sector financiero desde el siglo XX debido al excesivo proteccionismo de los bancos centrales. Como se suele decir, la banca es experta en individualizar los beneficios y socializar las pérdidas. En realidad no es culpa de la banca, sino de los banqueros centrales, que son quienes han impuesto este sistema. Ahora, este capitalismo de Estado se está extendiendo a al sector de la construcción. Posiblemente será muy popular que el Gobierno empiece a hacer centenares de miles de viviendas de protección oficial, pero esta medida no ayudará a la economía porque el mercado necesita reajustarse; además, restará recursos a otros proyectos productivos que la demanda necesita, lo que creará déficits en otros servicios, y será financiada por medio de la fuerza con el dinero de millones de familias que ya tienen una vivienda y las pasan canutas a fin de mes.

Nuestros burócratas han lanzado el mensaje, en plena crisis del sector inmobiliario, que el mejor negocio ahora es crear una empresa de construcción para que así estos empresarios con patente de corso puedan repartirse el botín que los burócratas nos han sacado y seguirán sacándonos. Si los precios están muy altos, ¿no es lógico que bajen y que estos empresarios se dediquen a cosas que la sociedad demanda de forma más urgente en términos de precio?

Aún hay gente que achaca todo esto al "capitalismo salvaje", cuando los principales causantes de esta economía de la irresponsabilidad (lo que podemos llamar moral hazard) son el Gobierno y las políticas expansionistas de los bancos centrales. Como ha dicho recientemente el conocido inversor Jim Rogers, esto no es capitalismo, sino socialismo para ricos.

Estamos en crisis… ¿y ahora qué?

Escrito por Juan José Mora Villalón en . Publicado en Análisis diario.

En los últimos meses resulta difícil adquirir algún diario en que no aparezca reproducida la palabra crisis. La inflación está en niveles que no se veían hacía años, las previsiones de crecimiento del PIB cada día son menos halagüeñas, el sector financiero está preocupado por la solvencia de sus deudores, el número de viviendas cuya construcción se ha iniciado decrece si se compara con respecto a años anteriores, el nivel de desempleo aumenta y la subida media salarial parece que se situará por debajo de la inflación.

En efecto, ninguna de las previsiones anteriores resulta esperanzadora, y parece indicado señalar que nos encontramos ante el inicio de una crisis económica que puede ser más o menos pronunciada, y con una duración que nadie parece aventurar con mucha seguridad.

Ante esta situación cabría plantearse la pregunta de qué rumbo tomar. La respuesta será distinta para cada persona, pero lo que está claro es que consumidores, empresarios y administraciones públicas tendrán que prepararse para esta eventualidad, para responder a un entorno de desempleo, inflación y pérdida de rentabilidad de determinadas inversiones.

Como individuos habrá personas que estén preocupados por la posibilidad de que sus salarios reales decrezcan, o que incluso se queden sin trabajo. Es por estas razones por lo que estas personas buscarán reducir su nivel de gastos, para responder a estas contingencias, adquiriendo menos bienes o servicios o buscando aquellos más baratos.

Ante estas nuevas demandas de los consumidores, los empresarios se encuentran frente a un doble reto. De un lado habrá quien descubra nuevas oportunidades de negocios a la hora de satisfacer a clientes que buscan adquirir bienes y servicios más baratos. Otros verán como disminuyen sus ventas por este entorno adverso. En ambos casos, se hace imprescindible adaptar la empresa, de una manera rápida, a este nuevo entorno, lo que implica, por lo general, una reducción de costes, para ofrecer lo que demanda el consumidor, productos más baratos.

Una vez detectados los principales problemas a los que se van a enfrentar tanto los consumidores como los empresarios a la hora de satisfacer las necesidades de los anteriores en un entorno de crisis, los gobernantes deberían actuar en consecuencia. Para ello debería tener en cuenta la existencia de un factor común en ambos, la necesidad de reducir los costes. En este sentido las administraciones públicas son un factor esencial en la formación de costes, ya que su actividad genera un coste común para ambos, los impuestos. Al igual que consumidores y empresarios se tienen que adaptar a un nivel de ingresos inferiores, reduciendo para ello sus costes, la administración pública debería emprender su propio proceso de reforma con el mismo objetivo, reducir costes. Ello le permitiría prepararse para una menor recaudación impositiva fruto de una peor situación económica, y, sobre todo, facilitar la adaptación de consumidores y empresas reduciendo su carga impositiva.

Otra medida que pueden tomar las administraciones públicas es eliminar la existencia de costes indirectos, derivados de legislaciones innecesariamente complicadas o con exigencias no requeridas por el mercado. Estas complejidades legales elevan tanto los costes como los tiempos de respuesta de las empresas, y acaban también afectando a los propios consumidores que ven como los bienes demandados son más caros y tienen características que ellos no han demandado y por las que tienen que pagar un precio adicional.

Por último las administraciones también influyen en el acceso a las fuentes de financiación por parte de empresarios y consumidores. Si los gobernantes realizan una reducción impositiva, sin adaptar sus costes, tendrá que buscar financiación ajena, vía deuda pública. En este caso, individuos, empresas y administraciones públicas competirían en los mercados en búsqueda de financiación, elevándose los costes de la misma.

Si el legislador opta por simplificar su burocracia y normativa, por bajar los impuestos y por acometer su propio proceso de reducción de costes de manera que no se acuda a la deuda pública, sin duda alguna la salida de la crisis estará más cerca para consumidores y empresarios. En caso contrario, si se busca “corregir” la demanda con medidas keynesianas elevando el gasto público, los impuestos e introduciendo nuevas complejidades burocráticas, empresas y consumidores verán como la crisis se acentúa, al tener costes y períodos de adaptación superiores, y una mayor dificultad para acudir a los mercados financieros.

Contra la vivienda de protección oficial

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Análisis diario.

El Observatorio de Coyuntura Económica publicó la semana pasada un informe en el que calcula que la vivienda está sobrevalorada en un 40% en España. Este precio inflado por las políticas crediticias del Banco Central tendrá que corregirse en el futuro a través de dos vías: aumentos del alquiler o rebajas de los precios de adquisición de la vivienda.

En cualquier caso, la caída del precio de la vivienda en torno al 20% parece inevitable. Las consecuencias de este desplome van a ir, sin embargo, más allá que una minoración de la riqueza familiar y la quiebra de algunas constructoras, sino que pueden atentar directamente contra la solvencia de numerosos bancos y cajas de ahorros.

Sólo la deuda hipotecaria representa en España más del 75% del PIB. Actualmente, la tasa de morosidad hipotecaria sólo alcanza el 0,8%; no obstante, en EEUU ya se ha situado en el 5,85%. Si ello sucediera en nuestro país (algo nada improbable a la vista de la evolución del paro), la banca se vería obligada a embargar viviendas por importe de 45.000 millones de euros, lo que no sólo añadiría más presión deflacionista a los inmuebles, sino que la banca incurriría en fuertes pérdidas (ya que no recuperaría el valor de sus préstamos ejecutando los colaterales) y, con ella, sus depositantes.

Ante este preocupante escenario, convendría facilitar una transición suave en el que los precios de los inmuebles no se desplomaran. En caso contrario, la contracción crediticia y todo lo que ello implica (recesión, desempleo, morosidad y quiebras bancarias) será mucho más severa de lo necesario.

Una de las medidas más urgentes a la hora de no acelerar la deflación de la vivienda es detener todas las obras de viviendas de protección oficial. Zapatero ha prometido construir 150.000 viviendas anuales, lo que debe ponerse en relación con la oferta privada que se prevé para los próximos ejercicios.

En 2007 los visados de obra nueva residencial cayeron un 24%, desde 911.000 a 690.000, pero si sólo nos fijamos en los segundos semestres de 2006 y 2007, la caída aun fue más brusca: desde 413.000 a 275.000, un 42%. En otras palabras, la construcción de viviendas se ha hundido en el segundo trimestre de 2007, lo que hace prever que para 2008 los nuevos inmuebles iniciados no superarán los 300.000.

Dicho de otro modo, Zapatero pretende incrementar la oferta privada de vivienda en, al menos, un 50% durante los próximos años. En un escenario de deflación de precios de vivienda, el incremento de la oferta de vivienda sólo ejercerá más presión bajista sobre la misma, con el consiguiente riesgo bancario que ello implica.

Pero además, semejante incremento de la vivienda de protección oficial (VPO) sólo logrará distorsionar el mercado de la construcción durante años. La teoría austriaca de los precios describe a la perfección como son los precios de los bienes de consumo los que determinan los costes de producción y no al revés. La caída abrupta de la demanda de vivienda está provocando una congelación y una caída de los precios que hace que numerosas promociones dejen de ser rentables a los costes actuales (suelo, materiales, mano de obra…).

De este modo, la caída de la demanda de vivienda debería generar una caída de demanda de factores productivos, lo que terminaría reduciendo sus precios y, al final del ajuste, restableciendo un margen de rentabilidad entre el precio de venta de la vivienda y sus costes de producción.

Es precisamente cuando este margen vuelva a aparecer y a consolidarse cuando la crisis del mercado inmobiliario habrá tocado a su fin y cuando la construcción de viviendas volverá a iniciarse.

Sin embargo, la VPO impide todo este proceso. Si bien favorece la caída de los precios de venta, al mismo tiempo sostiene la demanda de factores productivos, de modo que su coste no se reduce (o no se reduce tanto como sería necesario). Dado que el sector público no se preocupa de la rentabilidad de la vivienda (margen entre precio de venta y costes) el proceso de construcción pública puede continuar indefinidamente con márgenes negativos.

Si ello sucediera, la construcción privada de vivienda no se reiniciaría, con lo que este sector económico quedaría en manos del Estado. La demagogia antiliberal estaría servida: la empresa privada es incapaz de producir los bienes que la gente necesita, sólo el Estado está cumpliendo con esa tarea.

Las crisis económicas (quiebras y desempleo) son un contexto propicio para que las semillas intervencionistas florezcan: desajustes generalizados que claman por una recta planificación centralizada.

La VPO favorece al mismo tiempo el recrudecimiento de la crisis y los pretextos para estrangular el mercado. De ahí que resulte muy importante detener este despropósito y denunciarlo antes de que las consignas socialistas comiencen a multiplicarse.

El sueño de una web igual para todos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Y no es sólo por la manía que los informáticos le solemos tener a las empresas dominantes del sector, primero a IBM y ahora a Microsoft, sino porque el navegador de la empresa de Redmond nos hace la vida muy difícil, obligándonos con frecuencia a hacer dos versiones de la web: una para Explorer y otra para todos los demás navegadores.

La web funciona porque existen unos estándares que definen los lenguajes informáticos con que se define el contenido y la forma de presentarlo, principalmente HTML y CSS. Eso permite que distintos fabricantes puedan crear sus propios navegadores y lograr que sus usuarios vean la web esencialmente igual que los de otros. El problema surge cuando un navegador, que además es el más utilizado por ser el incluido en Windows, no respeta esos estándares. Si Internet Explorer fuera utilizado por, digamos, un 5% de los internautas, la mayoría de los diseñadores web simplemente lo ignorarían, forzando a sus usuarios a pasarse a la competencia y a Microsoft a respetar mejor los estándares para lograr que volvieran. Pero como no es así, los que nos dedicamos a esto de la web tenemos que forzar las páginas para que se vean bien en Explorer, y les aseguro que no es una tarea agradable.

Sin embargo, Microsoft acaba de publicar la primera versión preliminar de Explorer 8, con la novedad de que será la primera versión que por defecto visualice las páginas respetando los estándares web más o menos a rajatabla. No sabemos qué hay detrás de esta decisión, si la amenaza de una posible persecución en Bruselas tras la denuncia de Opera o simplemente el temor a perder la primacía ante un Firefox que, aunque aún minoritario, no hace más que crecer a costa del navegador de Microsoft. Pero sean por los motivos que sean, será un motivo de alborozo para toda la comunidad que trabaja para que se vean las páginas lo mejor posible.

Hay una pequeña organización, The Web Standards Project, nacida para estimular este proceso de creciente respeto por los estándares. Su obra más conocida son sus test Acid, que miden el respeto de un navegador concreto por ellos. El más conocido es el Acid 2, que debería mostrar una carita sonriente, pero que por el momento sólo superan Safari y Opera y más o menos Firefox. Pues bien, tanto Firefox 3 como Explorer 8 prometen pasarlo, y así lo demuestran sus versiones beta. De modo que ya han creado otro test, el Acid 3, que se centra más en el soporte de Javascript, que es el lenguaje de programación que permite que funcionen aplicaciones web como Gmail. Por ahora no lo supera absolutamente nadie. Pero bueno, todo llegará.

El caso es que parece que en un futuro quizá no tan lejano se podrán llegar a hacer sitios web que se vean igual en todos los navegadores importantes, cosa que no se puede hacer desde… este… vale, no se ha podido hacer nunca. El mayor obstáculo será que los usuarios de Explorer son con diferencia los más reacios a cambiar de navegador, de modo que el proceso será mucho más lento de lo que debiera. Pero al menos vamos por buen camino, que ya era hora.

La compensación lingüística

Escrito por Juan Ramón Rallo en . Publicado en Artículos en prensa.

El comunismo y el nacionalismo colectivista se han sentido perfectamente representados en la figura de ZP, que ha logrado convertir el voto a IU y a Esquerra en una especie de frikada transgresora para la izquierda elitista, que no quiere aparentar que sigue a las masas. Pero, por lo demás, existe un fuerte solapamiento en las agendas de todos estos partidos, que pasan por someter totalmente el individuo y las asociaciones privadas al poder político. En buena medida, el nacionalismo ya ha logrado allí donde gobierna subordinar la identidad y la libertad de cada individuo a una cultura cuyo contenido queda cristalizado por la discrecionalidad del Gobierno autonómico de turno.

Los nacionalistas asocian la liberalización lingüística con una agresión no sólo al vasco o al catalán, sino a los vascos o a los catalanes. Cuando Rajoy criticó que se sancionara a un catalán por rotular su comercio sólo en español estaba, a ojos del nacionalismo, persiguiendo tanto al pueblo catalán como al destino histórico de éste, que ha de autorrealizarse, excepción cultural mediante, como paso previo a la independencia. Zapatero entendió perfectamente este punto, por eso aprobó que se multara al comerciante que rotulara sólo en castellano. Al fin y al cabo, en su opinión, la coacción resulta necesaria para compensar la discriminación y persecución del catalán en décadas pasadas.

La penetración política y social del argumento de la compensación lingüística es un ejemplo claro de cómo la retórica nacionalista ha logrado sustituir como sujeto de derecho al individuo por  una concepción abstracta de la lengua. Muchos liberales suelen replicar que la lengua es un instrumento al servicio de los individuos, y no al revés. Sin embargo, esta afirmación ya supone una cesión peligrosa al discurso nacionalista. La lengua no es una realidad objetiva y universal, sino un código concreto y particular que es recibido por los individuos y que evoluciona con ellos.

Cuando se habla de que hay que proteger el catalán y restaurar su estatus de lengua mayoritaria hay que preguntarse, primero, qué catalán quiere restaurarse y, segundo, qué se entiende por ámbito mayoritario.

En cuanto a lo primero, el Gobierno catalán ha decidido conceder el monopolio lingüístico al pompeufabrense Institut d’Estudis Catalans. Se trata de una decisión tan arbitraria como la contraria, pero que pretende vestirse con aires de cientificidad para legitimar la implantación compulsiva.

Las lenguas no nacen del diseño académico; las academias sólo recopilan códigos de comunicación históricos y, en todo caso, realizan propuestas para facilitar la comunicación. Los estándares lingüísticos (al igual que los comerciales, los tecnológicos o los monetarios) no deberían imponerse a la sociedad, sino que deberían competir entre ellos, para que se sepa cuáles son más útiles y eficientes en cada momento. Al fin y al cabo, escapa al conocimiento humano las innumerables circunstancias personales y sociales que influyen en ese resultado, así como los efectos disruptivos que podría provocar.

En cuanto a qué debe entenderse por ámbito mayoritario, no queda claro cuál es la herramienta que nos permita verificar su consecución. ¿El tiempo? ¿La importancia relativa de cada uso? Si el castellano se empleara en exclusiva en los lugares públicos y el catalán en exclusiva en el ámbito familiar, ¿cuál de los dos usos sería mayoritario en términos agregados? Si el catalán se utilizara en todos los ámbitos públicos y familiares y el castellano en los consejos de administración y las juntas de accionistas, ¿sería mayoritario el primero, aunque el grueso de la riqueza de Cataluña se moviera a través del castellano?

Al final, la ausencia de un criterio objetivo para medir qué lengua es más usada sólo puede llevar al nacionalismo a aspirar a la erradicación completa del castellano para compensar la discriminación histórica del catalán: sólo así la confrontación artificial que existe entre ambas lenguas llegará a su fin, y la identidad y la libertad del pueblo catalán quedará a salvo.

Pero esta compensación de agravios históricos, a la que aludió Zapatero para justificar el uso de la fuerza y la hostilidad lingüística hacia el castellano, no es más que otro criterio vacío y desnudo, como el emperador en el cuento de Andersen.

La discriminación del catalán no fue, en todo caso, un ataque contra una lengua, sino contra la libertad de unos individuos concretos que querían utilizar una lengua. En la medida en que la gente va adaptándose al entorno, es perfectamente posible que una política de marginación lingüística tenga como efecto que la lengua marginada caiga en desuso, tanto entre aquellos que pretendían utilizarla en el pasado como, sobre todo, entre las nuevas generaciones.

Llegados a este punto, la cuestión es: ¿basta con poner fin a la represión lingüística, o hay que articular otra represión de signo contrario para compensar la registrada en el pasado? El nacionalismo antiliberal lo tiene claro: las lenguas tienen derechos propios que justifican la concesión de privilegios compensatorios aun cuando atenten contra la libertad de los individuos.

Sin embargo, las sociedades no son una masa que pueda moldearse al gusto de un planificador central. Las injusticias pasadas no pueden solucionarse con nuevas injusticias. Es absurdo pretender que la represión de la libertad de los ciudadanos de hoy repara la represión de la libertad de los ciudadanos de ayer. Es absurdo creer que hoy debe reprimirse a individuo para compensarle por la represión que sufrió en el pasado.

La política estatal con respecto a una lengua debería consistir, simplemente, en permitir cualquier manifestación, sin persecuciones ni discriminaciones. Si existen individuos preocupados por el uso y la difusión de una lengua, tan sólo tienen que montar campañas publicitarias y culturales destinadas a fomentarla. Si ni siquiera de este modo consiguen que su número de hablantes se incremente, o bien son unos inútiles integrales o bien los destinatarios de la campaña no desean volver a utilizarla. Ninguno de los dos casos justificaría el uso de la violencia estatal para reimplantarla.

La teoría de la compensación lingüística no es más que una excrecencia de una concepción holista de la sociedad, de la cultura y de la lengua que pretende reforzar el intervencionismo del Estado a costa de la libertad de los individuos y de la cultura y las lenguas que evolucionan de manera espontánea.

No es casualidad que el PSOE haya asumido sin dificultades este discurso: existe una suerte de atracción entre los distintos pretextos que sirven para justificar el intervencionismo. La hostilidad lingüística no es distinta a la racial, la económica, la sexual, que han sido aprovechadas por la izquierda de medio mundo para implantar sistemas públicos de segregación social y de dependencia estatal.

Se trata, en definitiva, de sustituir mediante la coacción y el clientelismo instituciones privadas y espontáneas, como la lengua, el dinero o la familia, por otras planificadas y dimanantes del Estado, para así consolidar las posiciones de la casta política.

William Buckley, creador de un movimiento

Escrito por José Carlos en . Publicado en Análisis diario.

Estos días varios comentaristas estadounidenses se han acordado del historiador de las ideas Lionel Trilling, quien en 1950 dijo que no había una tradición conservadora americana y que la propia de los Estados Unidos era progresista (liberal en el espurio sentido que le dan allí a esta hermosa palabra). El motivo de ese recuerdo no es que haya salido allí una antología del disparate, sino que ha exhalado su último suspiro uno de los recreadores del movimiento conservador estadounidense. A William Buckley Jr. le interrumpió la muerte en su despacho, “como no podía ser de otro modo”, según apunta más de uno de sus amigos, el pasado 27 de febrero.

La afirmación de Trilling, heroica por lo que supone de esfuerzo en torcer la historia de aquél país, seguramente sería vista por quienes la leyeron entonces como un lugar común. El conservadurismo, aunque resurgiendo desde hacía un lustro, era entonces una tradición perdida, abandonada. Uno de los, ahora sí, verdaderos héroes que recogieron el ideal de libertad para transmitirlo a varias generaciones fue Buckley; Bill, como gustaba de hacerse llamar.

La lucha contra el progresismo omnipresente en universidades y medios de comunicación tenía muchos flancos y el cultural no era el último de ellos. Por eso tiene lógica que su primer libro, y el que lo lanzó a la fama (God and Man at Yale, de 1951), en que criticaba a su alma mater por su lejanía sideral del libre mercado y del cristianismo. Pero este y todos los flancos de combate ideológico y moral contra la izquierda tenían que lanzarse desde una publicación a la vez lo suficientemente coherente como para dar forma a un movimiento, pero dentro de ello tan abierta como fuese posible. Buckley lo vio así, sin duda, y fruto de esa idea es la National Review, nacida en 1955, cobijo de liberales, conservadores y anticomunistas. La excepción está constituida por los randianos, dolidos con una feroz crítica de Whittaker Chambers a la obra magna de la novelista de adopción neoyorkina.

En los 60 los esfuerzos, dispersos y abigarrados, de volver a situar en el centro del debate político la libertad, los derechos de la persona y la propiedad, los valores tradicionales y la lucha contra el comunismo fuera y el socialismo en casa, comenzaron a dar sus frutos. Se estaba creando un auténtico movimiento, jamás unívoco, pero por primera vez consciente de sí mismo. Buckley, además de escribir novelas, millares de artículos y libros de no ficción (35 en su prolífica carrera) o dirigir la National Review y presentar un talk show, Firing Line, durante millar y medio de emisiones, hizo de aglutinador en gran medida de las personas que dedicaban sus esfuerzos a las ideas que él compartía. Y puso en marcha algún proyecto, como el Young Americans for Freedom o la American Conservative Union.

No fue un pensador original, aunque sí brillante. No creó escuela, pero sí un movimiento. Tenía talento literario y un reconocido dominio del inglés. Bien es cierto que su anticomunismo fue más poderoso que su apego a la libertad en demasiadas ocasiones, como denunció en su momento Rothbard.

Con todo, creo que debemos estarle agradecidos. Fue un gran empresario de las ideas y en gran medida contribuyó al progreso del liberalismo. En los últimos años no se dejó arrastrar por la marea neoconservadora y denunció el supuesto conservadurismo de George W. Bush, el último presidente que conoció en la Casa Blanca. David Boaz se pregunta, con motivo de su fin, si es también el del movimiento conservador en Estados Unidos. Creo que exagera y que, pese a la crisis que parece vivir en este momento, hay que reconocer que hoy es una fuerza ideológica poderosa, que fija parte de los términos en que se desenvuelve la política. Y en parte se lo debemos a Bill Buckley. Descanse en paz.

El poder y las normas

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Trasladémonos a febrero de 1983. Mes y medio antes acababa de tomar el poder el primer Gobierno socialista de la democracia. Había cierto recelo hacia la clase empresarial y no creían que el indudable atractivo de Felipe González fuera suficiente para metérsela en el bolsillo.

De modo que tomaron una medida de legalidad más que dudosa, pero que dejaba claro quién mandaba aquí. Fue un acto de poder, ya que no de autoridad. El mensaje era obvio y llegó al último rincón de la clase empresarial. Fuera bromas. Usted ya sabe con quién está hablando.

La situación no es exactamente la misma con Endesa, ya que para cuando llegó Zapatero al poder no existía ese recelo mutuo. Pero no quiere ello decir que el Gobierno no quisiera hacer valer su mensaje de que nadie se le puede enfrentar desde la empresa sin consecuencias. Un editorial de un diario afín se refería a E.On hablándole de "el daño que les puede causar" el Gobierno.

Desde entonces hasta ahora hemos tenido una clase empresarial con una valentía y un arrojo por demostrar, limpios como una patena por no haberse tenido que emplear en la batalla. Una virtud que se le supone, como al soldado, pero que no llega a dar la última batalla. Como las eternas promesas del deporte.

No es que no haya excepciones, claro está. Pero lo cierto es que la independencia es un bello ideal cuando la ley que te protege puede cambiar en cualquier momento, a merced de los humores del Ejecutivo. Si un cambio en las subvenciones puede descuadrar el mejor balance, si el cambio más sutil en la prolija regulación puede hundirte o encumbrarte, si la única regularidad de las normas fiscales es el cambio, hay que poner una vela al consumidor y otra al Gobierno.

Quizás aquella idea de que imperen normas abstractas, iguales y predecibles no sea tan mala.

Cuatro años de lucha

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Todos hemos podido ver que Zapatero ha dignificado a un grupo criminal a la categoría de representante político, al sentarse a negociar con ETA. Todos hemos sido testigos de la imprudente confianza del Gobierno en la marcha de la economía, negándose a hacer las reformas necesarias. Todos sabemos que el PSOE quiere adoctrinarnos desde las urnas y expulsar a una parte de la sociedad española de la vida pública.

En estos cuatro años el Gobierno intentará cerrar la COPE, cambiará las relaciones del Estado con la Iglesia e introducirá nueva legislación para lograr una "sociedad laica", como dice Zapatero. No una separación entre Estado e Iglesia, sino la proscripción pública de la institución bimilenaria. Compartirá mesa de negociación con los asesinos de Isaías Carrasco. Y comparecerá a la renovación en 2012 con una economía saliendo a duras penas de la ola antipatriótica en forma de paro y recesión de los próximos años y con un nuevo atentado terrorista que marque el resultado final.

No importa. La España de hoy no es la de hace cuatro años. Esa media España que no se resiste a ser atropellada está reaccionando. Es consciente de sus derechos y libertades y está dispuesta a defenderlos hasta el final. El mejor legado de los ocho u doce años de socialismo desde el poder será la estructuración de un entramado de asociaciones, instituciones y grupos sociales activos, exigentes y conscientes.

Hagan lo que hagan el Partido Popular o Unión Progreso y Democracia, parte de la sociedad española está ya pensando en que tienen por delante cuatro años de lucha contra la imposición, contra el adoctrinamiento, contra el cambio institucional con los terroristas como agentes y una parte de los españoles como un bulto sospechoso.

Por lo que a mí se refiere, renuevo el voto de Alexis de Toqueville: "Creo que en cualquier época habría adorado la libertad; pero en los tiempos que corren me inclino a adorarla."

El affaire Liechtenstein y la defensa de la libertad

Escrito por María Blanco en . Publicado en Análisis diario.

La Unión Europea anda revuelta. Frau Merkel ha dado la señal de alarma y todos los gobiernos se apresuran a armarse contra la plaga que apolilla su poder: el fraude fiscal. ¿Quién ha sido el culpable de esta alarma colectiva? Otro Estado: el principado de Liechtenstein.

El origen se remonta a la noticia aparecida en algunos medios que explicaba que el Gobierno alemán ha pagado a un estafador profesional a cambio de información bancaria robada a un Estado vecino: Liechtenstein. Al parecer Frau Merkel no entiende la indignación del principado de ese país. Tanto el príncipe Hans-Adam II, como el heredero, su hijo Alois, se han apresurado a salir en defensa de la libertad de sus 35.000 ciudadanos. Para ambos, robar información es ilegal. Para nuestra legislación también, como dejaba claro la semana pasada Expansión: "La Ley Orgánica del Poder Judicial dice claramente que ‘no surtirán efectos las pruebas obtenidas de forma ilícita, vulnerando derechos y libertades fundamentales’."

La evasión de impuestos en Alemania es importante, como lo es en los demás países involucrados (Francia, Suiza, España, Nueva Zelanda, Italia, Canadá, Reino Unido, Australia y Estados Unidos). La transmisión de la información ha sido inmediata, hay que ponerse manos a la obra y denigrar a quien se atreve a desafiar la injerencia del Gobierno alemán en las instituciones que están fuera de su alcance. No sorprende esa actitud airada de un Gobierno que puede acceder a los datos bancarios de sus ciudadanos (sin autorización previa de un juez) y además, puede hacerlo sin que el incauto súbdito sepa en qué momento le van a fisgar las cuentas. Tampoco sorprende que la gente se lleve sus dineros fuera de Alemania si tenemos en cuenta que, de acuerdo con el informe de la Fundación Heritage, el impuesto sobre la renta tiene un tipo máximo de 45% (más un 5,5% en concepto de "carga solidaria extra" que lo eleva al 47,5%) y que el tipo impositivo efectivo en el impuesto de sociedades puede rondar el 39%. Hay que añadir el IVA que oscila entre el 13 y el 20%. Mientras la recaudación supone un 34,7% del Producto Interior Bruto, el gasto del Gobierno representa un 46,9% del PIB. ¿Cómo no van a querer los ahorradores sacar el dinero ganado honradamente fuera de sus fronteras?

Sin embargo, tanto Frau Merkel como el resto de los dirigentes de los países afectados, han puesto el grito en el cielo reclamando que la Unión Europea tome medidas, cambie sus normas… ¡que haga algo! Y es que la propia Merkel no puede evitar el coladero de gente que decide llevarse sus ahorros antes de que se lo quite el Gobierno.

Como declaró el príncipe heredero, Alois de Liechtenstein, el pasado 19 de febrero en rueda de prensa, la Unión Europea ya tiene sus mecanismos de colaboración para luchar contra el fraude, y su principado ha firmado y cumple esos acuerdos. No solamente eso, es que Liechtenstein dispone de una policía específica para prevenir los delitos financieros desde antes que la propia Alemania. Pero, además, el príncipe heredero plantea cuestiones espinosas que Alemania no ha contestado. Como, por ejemplo, si un Estado "amigo" puede violar las leyes de otro Estado "amigo" (e incluso sus propias leyes) para conseguir datos y si un Estado puede acusar a sus ciudadanos antes de que un juez haya dictado sentencia. Pero, además, deja claro que Alemania no puede saltarse el derecho internacional por más líder europeo que quiera ser. Sobre todo cuando ese liderazgo cuestiona the rule of law de otro Estado.

Este término, mal traducido al castellano, como explica Pedro Schwartz en su libro En busca de Montesquieu, no significa estado de derecho sino soberanía de la ley. La diferencia está en que no basta con que un mandato adopte forma de ley para que impere en un Estado, esa ley ha de cumplir unos requisitos (ser universal, etc.). Las necesidades fiscales de un Gobierno sobredimensionado, por más que estén recogidas en una ley, no pueden imponerse, y menos a otro Estado tan soberano como el primero y con sus propias leyes. Y mucho más, tal y como apunta el príncipe Alois, cuando se trata de uno de los Estados más pequeños de Europa (apenas 160 km2) y las maneras de los mandatarios alemanes son de grandullón de patio del colegio.

Por supuesto que los opositores coetáneos se han unido a las voces de quienes tratan de ensombrecer la imagen de la familia real de Liechtenstein con el único argumento de la falta de vehemencia habitual de Alois, lo que demostraría sin lugar a dudas que ha sido el padre quien le ha instado a excederse y que todo ello pone de manifiesto la dependencia paterna. Estas críticas tan cogidas por los pelos y carentes de sustancia no hacen sino darle más relevancia al papel de las declaraciones en defensa de la libertad del príncipe heredero.

Por otro lado, las declaraciones de los súbditos anónimos contradicen este aluvión de críticas y presentan a una población encantada de tener un cabeza de Estado que defienda su independencia frente a las grandes potencias vecinas y, sobre todo, su libertad.

El famoso proceso no sirvió de nada

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Después de una legislatura humillando a las víctimas del terrorismo y haciendo concesiones políticas a la ETA (la presencia de su brazo político en las instituciones es tal vez la principal) seguimos donde estábamos, sólo que en peor situación.

Hoy la democracia española es mucho más débil que hace cuatro años, cuando el PSOE llegó al poder. No sólo porque los terroristas han demostrado que se puede humillar a un Gobierno que se sienta a negociar políticamente con ellos, sino porque hay algunas situaciones que no tienen marcha atrás. El dinero que el brazo político de la ETA ha obtenido gracias a su presencia en los órganos democráticos del País Vasco, procedente del bolsillo de los ciudadanos, incluido el ex concejal asesinado y sus familiares, no va a ser jamás devuelto, y ya sabemos en qué proporción se reparten los fondos en el entramado terrorista.

Pero con ser especialmente vergonzosa, no es esta la peor consecuencia de la política de Zapatero a lo largo de la legislatura. Lo más dramático es que se ha acostumbrado a parte de los ciudadanos a pensar que para solucionar el problema del terrorismo vale la pena intentar cualquier estrategia. Porque no es cierto. La única política que puede acabar con el terrorismo sin graves consecuencias para la nación es el de la máxima firmeza del Estado dentro, exclusivamente, de los cauces legales.

Hacer que la ETA cese en su actividad criminal es fácil: basta con concederle todo aquello que pide. Zapatero ha intentado en estos cuatro años un ejercicio equilibrista de prometer concesiones tensando al máximo la Constitución y las leyes, mientras se intentaba dar una apariencia de que se estaba salvaguardando lo sustancial para no perder a una parte de sus votantes que aún defiende la unidad de la nación española. Al final, ni la ETA ha desistido de sus objetivos ni esa parte noble del voto socialista tiene motivos para sentirse orgullosa de su presidente.

En las declaraciones inmediatamente posteriores al atentado, Zapatero ha declarado que "el Gobierno perseguirá con el Estado de Derecho a los terroristas, a quienes les prestan apoyo y avalan y justifican sus acciones con toda la determinación y los medios perseverando a favor de las vidas y la libertad de todos los españoles". Exactamente lo mismo que viene defendiendo Rajoy estos cuatro años. O sea, que tanta humillación a las víctimas y tantos ataques a la oposición no han servido para nada más que debilitarnos como nación unida.

Ni el PSOE ni Zapatero son responsables en absoluto de la muerte de Isaías Carrasco. Los culpables son únicamente los terroristas. Sin embargo el PSOE debería reconocer su error de estos cuatro años y hacer una pública declaración de que en la lucha contra la ETA jamás se apartará del camino trazado por Zapatero con esa frase. Sería un buen homenaje a la memoria del ex concejal asesinado, aunque tachen al PSOE de electoralista estando a menos de cuarenta y ocho horas de las elecciones. Nuestros mártires lo merecen.