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Patente de corso digital

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

Parece ser que las autoridades alemanas han pagado la nada despreciable cifra de cinco millones de dólares por la información obtenida por unas personas que se "colaron" en los sistemas del banco LGT de Liechteinstein en 2002 y robaron información sobre los clientes de la entidad. La administración británica no ha sido tan generosa como la germana, pero también ha apoquinado una buena recompensa por los datos obtenidos de manera ilegal: 700.000 dólares.

Seguramente, los datos obtenidos por ambas administraciones tributarias permitan llevar a cabo inspecciones a ciudadanos de sus países que se traduzcan en ingresos para las arcas públicas superiores a las cifras pagadas a los delincuentes. Se paga a delincuentes con impuestos de los ciudadanos para poder sustraerles todavía más a estos. Al fin y al cabo, si la evasión fiscal existe es en buena medida a lo abusivo de los impuestos en un país. Desconocemos, eso sí, la legalidad del uso de la información obtenida de esta manera por las autoridades tributarias de ambos países.

Es común al derecho del mundo occidental que la información obtenida de manera ilegal no puede ser usada como prueba en un proceso judicial, claro que en este caso estamos ante inspecciones de Hacienda. Y, por desgracia, a las autoridades tributarias se les suele poner menos trabas legales en su acción que a las fuerzas de seguridad. De todos modos, Londres y Berlín han pagado por una información obtenida mediante un delito. Si un ciudadano compra algo que sabe que ha sido robado está violando la ley, pero se ve que si lo hace el Gobierno eso no importa.

En su afán recaudatorio, las autoridades británicas y alemanas han dado incentivos a la delincuencia cibernética. Han enseñado que ciertas actividades ilegales no sólo no van a ser perseguidas, sino premiadas con toneladas de dinero público. Estos dos países europeos han dado el primer paso para la creación de unas modernas patentes de corso en las que vulgares delincuentes se transforman en corsarios cibernéticos al sueldo de los estados. Ya tenemos dos gobiernos europeos como protectores y promotores de la delincuencia cibernética. Esperemos que no cunda el ejemplo.

El empresario percibido (o no) por el pensamiento económico

Escrito por Francisco Moreno en . Publicado en Análisis diario.

Es destacable que el pensamiento económico occidental no haya valorado en sus justos términos hasta hace relativamente poco el papel fundamental del empresario dentro de los procesos de mercado. Los teóricos de la economía analizaron históricamente de manera pormenorizada los tres factores productivos tradicionales (trabajo, tierra y capital) y relegaron, en términos generales, el factor catalizador de los mismos (el emprendedor).

Los clásicos ingleses no supieron distinguir claramente su figura de la del capitalista (en aquellos tiempos normalmente entremezclados). Los clásicos franceses fueron otra cosa. Richard Cantillon, irlandés afrancesado, mercader y banquero, supo ver que la actividad del entrepreneur suponía la realización de pagos ciertos frente a beneficios futuros inciertos. El lionés J. B. Say, fabricante de hilos de algodón gratamente sorprendido por los avances tecnológicos de la industria frente a la agricultura, amplió la visión del sujeto emprendedor. Según Say, si a los factores de producción tradicionales les correspondían sus respectivas retribuciones, a saber, salario (trabajo), renta (tierra) e interés (capital), al empresario debiera corresponderle una suerte de renta completamente distinta de las anteriores en forma de beneficio ya que era el que asumía el riesgo y la organización de la producción (independientemente de que fuera o no capitalista). Turgot completó este panorama con el acertado análisis del coste de oportunidad en las decisiones empresariales.

Estos avances teóricos sobre la figura del empresario sufrieron regresiones posteriores. La visión marxista, muy influida por los clásicos –y pesimistas– ingleses, obsesionada por el capital y la imaginaria plusvalía, fue incapaz de distinguir la función del dueño de los medios de producción (capitalista) de la del empresario propiamente dicho. Los neoclásicos, por su parte, a pesar de su acertada descripción del gestor de negocios, debido a su pretensión matemática por el equilibrio general (estático) y a su teoría de la decisión (maximización), impidieron finalmente la comprensión de la motivación real del emprendedor para actuar.

Esta carencia, nimia a primera vista, tuvo consecuencias devastadoras en la comprensión de la sociedad y de los procesos de mercado. Sólo unos pocos lograron recoger el testigo de Cantillon-Turgot-Say y profundizar felizmente en la figura empresarial.

Así, en los Estados Unidos de la época dorada de desarrollo de finales del siglo XIX, despuntaron en el análisis de la función empresarial dos economistas valiosos: Francis Amasa Walker y John Bates Clark. El primero observó que el empresario con talento se las ingenia para mejorar la productividad unitaria y, por tanto, sus beneficios no eran un sobrecargo al precio sino que se generaban mediante reducción de costes (desplazando, de paso, al empresario ineficiente). El segundo relacionó el beneficio empresarial con la introducción de perfeccionamientos tecnológicos, comerciales u organizativos en el proceso económico.

Por aquellas mismas fechas en Europa surgió la portentosa escuela marginalista austríaca que, a pesar de sus muchas y decisivas aportaciones a la economía (entre otras, dejar tocada argumentalmente la entonces recién estrenada visión marxista de la economía), tanto su fundador como la primera generación de marginalistas no consiguieron mejorar la comprensión de la figura empresarial ya realizada por los clásicos franceses.

Hubo que esperar a los escritos de Hayek en torno al conocimiento y la competencia en las sociedades abiertas (1937 y 1945) y, sobre todo, a la publicación de La acción humana de Mises (1949) para que se produjera un avance definitivo en el análisis de la acción empresarial. A mediados de los setenta, Kirzner enriquecería aún más estas indagaciones.

Otra regresión, y siguiendo la tradición británica, fueron las abras de Keynes, en las que los empresarios no tenían ningún papel relevante. De hecho, al no conceder racionalidad a las actividades del entrepreneur y reducirlas a los supuestos "espíritus animales" que impulsan a ciertas personas a buscar ganancias, se invitaba a los planificadores centrales para manipular a placer la demanda agregada y otros mecanismos de intervención económica.

Tras las revelaciones teóricas de los modernos economistas austríacos supimos que el mercado contiene un vastísimo volumen de información imposible de gestionar centralizadamente y que está en permanente desequilibrio (sintiéndolo mucho por los modelos neoclásicos). Que la fuerza que mueve y coordina el mercado radica precisamente en el sujeto-empresario (actor) que persigue su lucro guiado por las inestimables fuentes de información que son los precios. Que dicho emprendedor, anticipando demandas u oportunidades de negocio inadvertidas por los demás en un entorno de rivalidad dinámica, realiza ajustes, llena los vacíos con conocimiento práctico y aproxima recursos a bienes o servicios demandados con más urgencia por las personas.

La Escuela austríaca, centrada en el individuo y en sus capacidades creativas, nos explica que el empresario no recibe en verdad salario de nadie sino que busca el premio (en forma de beneficio puro) por sus aportaciones inestimables a la sociedad cada vez que acierta a la hora de servir a sus semejantes en un entorno competitivo (el gestor de un monopolio legal no es, propiamente dicho, un empresario).

Comprender esto es de suma importancia. Cuando los gobiernos intervienen artificialmente en el mercado se está generando una serie de falsas informaciones que extravían las vitales decisiones empresariales; las que coordinan los desequilibrios del mercado y permiten el progreso. Su crucial función social deja así de cumplirse en detrimento de todos. Esta es la lección esencial de los grandes teóricos de economía sobre la figura del empresario.

El mito del pleno empleo

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

Los socialistas afirman que tal hito es posible aumentando el gasto público. Los escépticos afirman que, con la actual situación económica, es imposible conseguir el objetivo de pleno empleo o crear dos millones de empleos netos, lo que significa crear muchos más en términos brutos. La verdad es que no tiene nada de imposible. Aunque el presidente del Gobierno quiera diseñar una especie de New Deal, al final recurrirá a cualquier estrategia para conseguir su promesa. Zapatero podría llegar al pleno empleo mañana mismo si quisiera, sólo ha de coger a todos los desempleados y darles un trabajo aunque éste no tenga utilidad alguna para la comunidad.

Imagínese que al Gobierno se le ocurre la fabulosa idea de coger a todos los desempleados de España para enviarlos a picar piedra a cambio de un salario o los contratase para hacer zanjas y luego taparlas. Sin duda, eso es un trabajo, ¿pero qué utilidad aporta a la comunidad? Ninguna: no es más que destrucción de capital humano y dinerario. El trabajo ha de ir siempre ligado a la productividad y la utilidad. Y eso sólo puede conseguirse con la vieja fórmula de que los ingresos superen los costes generándose beneficios, es decir, el método del libre mercado, de la creatividad empresarial y los acuerdos voluntarios. En el momento que un puesto de trabajo sólo genera costes, que es la fórmula de Zapatero, no sólo no sirve para nada, sino que nos resta algo de bienestar a todos.

El trabajo en la fórmula estatal socialista deja de convertirse en una fuente riqueza para transformarse en transferencias obligatorias de una parte de la sociedad a la otra, generando pérdidas totales netas. Allí donde los costes superarán los beneficios, el trabajo sólo es una subvención obligatoria a trabajadores y empresarios, que paga la mayor parte de la sociedad a un grupo reducido y privilegiado vía impuestos o emisión de deuda.

La figura de la creatividad empresarial y la competencia desaparecen en este escenario ya que el propio Estado se autoproclama el gran dictador de la producción imponiendo en qué sectores ha de avanzar el país y en cuáles no. Si el Gobierno drena del mercado de trabajo valiosos recursos humanos y de capital, ya sea dirigiendo la economía a través de empresas privadas o con puestos públicos, sin conseguir beneficios por ello, los proyectos realmente productivos no podrán acometerse, lo que es sumamente peligroso en un mercado globalizado como el actual. De hecho, la visión laboral de Zapatero no es más que una economía planificada del mismo tipo que la soviética, donde siempre había pleno empleo, pero las personas vivían en la miseria.

El arbitrario concepto de pleno empleo sólo se puede conseguir dejando a particulares y empresas que decidan por sí mismas. Si el Gobierno no se interpone, el empresario siempre atenderá la más urgente de las necesidades de la demanda modificando continuamente la estructura productiva, promoviendo la competencia, el trabajo productivo y no parasitario, y abandonando aquellos proyectos que ya no interesan al consumidor. Y lo que es más interesante, creando beneficios totales netos y voluntarios sin que una parte de la sociedad se vea forzada a subvencionar a la otra.

Frenar el secesionismo totalitario vía artículo 155

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Recientemente hemos comprobado la irresponsabilidad estratégica de las grandes potencias occidentales como Alemania, Francia, Italia, Inglaterra o EE.UU. en los asuntos internacionales otorgando validez a la declaración unilateral de independencia de Kosovo respecto de Serbia, pese a ser contraria a la legalidad internacional. Hay que recordar que el apartado 7 de la Declaración de Principios del Derecho Internacional prohíbe recurrir a la autodeterminación para "desmembrar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes". Tampoco debe olvidarse que el secesionismo de la región de Kosovo no ha sido aceptado por Serbia ni ha recibido la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Probablemente sea acertada la predicción de Rusia, al considerar que la decisión de Kosovo en contra de la legalidad internacional sienta un grave precedente que desestabilizará muchas regiones del planeta con minorías secesionistas.

En España, como era de prever, los partidos nacionalistas ya han aprovechado para intentar realizar analogías imposibles con las autonomías derivadas de la Constitución Española de 1978 (CE).

Aunque, salvo honrosas excepciones, no se está nombrando durante la presente campaña electoral, el horizonte temporal del secesionismo siembra enorme incertidumbre sobre el futuro de nuestra nación. Existe un Estatuto de Autonomía que otorga categoría de nación a Cataluña y se ha convocado un referéndum de autodeterminación secesionista en Vascongadas para el próximo 25 de octubre. Ambas acciones intentan llevar a término una política de hechos consumados, como en Kosovo. Pero van en contra del derecho internacional y son claramente inconstitucionales, diga lo que diga el nada independiente y extremadamente politizado Tribunal Constitucional.

Es conocida la estrategia nacionalista de dejar que unos muevan el árbol de la democracia, para que los otros recojan las nueces de la independencia. Y es permanente su acoso a las principales instituciones del país, derivado de la falta de sensatez de muchos políticos, y de las fisuras y deficiencias normativas de la Constitución.

Con la alianza firmada en el Pacto del Tinell entre el partido socialista y los partidos nacionalistas radicales para la formación de mayorías de gobierno en connivencia con los mismos, legislatura tras legislatura, se está desmembrando la estructura territorial de España.

La centrifugación de competencias hacia los gobiernos autonómicos está agrandando el tamaño del Estado y disparando la corrupción local en las diversas regiones de España para que, un día sí y al otro también, los independentistas realicen políticas, actos y hechos concretos, en contra de los derechos y libertades de los ciudadanos no nacionalistas.

Toda persona de bien razonará que es preciso detener la diáspora de personas que huyen hacia territorios en donde puedan vivir normalmente sin el acoso abertzale, catalanista o galleguista. Observará como muchos ciudadanos ven pisoteados sus derechos con inmersiones lingüísticas y educativas, distorsión de la historia común, desigualdad ante la ley, barreras comerciales, y acoso y presión constantes hacia aquellos no sometidos al régimen nacionalista. Y solicitará que es urgente parar el actual proceso de ruptura del modelo de Estado para poder garantizar la convivencia pacífica en el medio y largo plazo en España.

Actualmente la redacción del artículo 155 de la Constitución Española permite al Gobierno "adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma a cumplir con las obligaciones derivadas de la Constitución u otras leyes". Hasta el momento ningún presidente ha tenido a bien aplicarlo aunque, el próximo mes de octubre, pero el referéndum de autodeterminación independentista, ilegalmente convocado por el lendakari Ibarretxe, podría ser una buena oportunidad para que un Gobierno sensato y valiente mostrara los límites marcados por la Constitución.

Sin embargo, en mi opinión, el artículo 155 también debe ser reformado para ayudar al Gobierno en la toma de decisiones a adoptar en caso de incumplimiento por parte de una Comunidad Autónoma de las obligaciones constitucionales. Al menos, se deberían expresar medidas concretas, sin miedo a que el Estado pueda suspender un Estatuto de Autonomía y deba asumir temporalmente las competencias autonómicas, cuando la legislación y las acciones de los políticos de la Comunidad Autónoma actúen de forma que atente gravemente a los derechos y libertades individuales o el interés general de España.

Serviría de ayuda para adoptar la decisión, citar en el mismo tanto la aplicación por el Gobierno del artículo 116, que legisla los estados de alarma, excepción y sitio, como la convocatoria de un referéndum entre todos los ciudadanos españoles que introduce el artículo 92.

Nuevamente, pese al carácter cainita que nos caracteriza a los españoles y al deseo de eliminar el Estado de algunos lectores anarquistas, tengo a bien exponer un esbozo inicial de cómo estimo debe realizarse una reforma del artículo 155, de modo que pueda ser empleado por el Gobierno frente a derivas secesionistas totalitarias en territorios autónomos, para poder proteger eficientemente los derechos y libertades de los ciudadanos en todas las regiones de España:

Artículo 155 (propuesta)

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente a los derechos y libertades individuales dentro de su territorio, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno deberá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas y, en caso de ser necesario, podrá aplicar el artículo 116.

3. Para la ejecución de las medidas previstas en los apartados anteriores, en caso de ser necesario, el Gobierno también podrá suspender la aplicación del Estatuto de Autonomía y asumir todas las competencias del mismo durante un periodo no superior a cuatro años. La suspensión de la aplicación del Estatuto de Autonomía deberá ser ratificada en referéndum por todos los ciudadanos del país, conforme al artículo 92, antes de transcurrido un año.

4. Transcurrido el tiempo de suspensión del apartado anterior, se aplicará el Estatuto de Autonomía, se restituirán las competencias y se convocarán elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma afectada.

Es difícil pero esencial solventar internamente la problemática secesionista en España sin intervención alguna de la hipócrita comunidad internacional, de la cual nada bueno nos podemos esperar, como han vuelto a demostrar algunas naciones "amigas" de la Unión Europea, permitiendo la secesión de Kosovo respecto de Serbia, aun siendo contraria al derecho internacional y abriendo heridas étnicas que difícilmente cerrarán.

¿Sin casa? Ni falta que hace

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

En primer lugar quiero dejar constancia de que estoy convencido de que la gran mayoría de ellos sí podrá hacerlo en algún momento. Pero, en cualquier caso, también quiero dejar claro que si no lo hacen no pasa absolutamente nada. Sé que en esta España amante del ladrillo en propiedad, cerril y obtusa en las finanzas personales, se identifica mayoritariamente a la vivienda con el patrimonio. Pero en absoluto son lo mismo y cualquiera puede tener una vida próspera y feliz sin necesidad de firmar el último plazo de una hipoteca.

Esto es relativamente sencillo: invertir es convertir la renta en riqueza. Y durante la mayor parte de nuestra vida nos dedicamos a trabajar para obtener una renta. Lo suyo es ir detrayendo una parte de ésta para convertirla en riqueza, en un patrimonio con que afrontar los últimos años de nuestra vida con plena seguridad económica. La vivienda es una opción, claro está. Pero no es la única ni necesariamente la mejor. Veamos.

Por un lado el servicio que nos presta una vivienda en propiedad, el hecho de poder vivir en ella, nos lo daría igualmente el alquiler. Y por otro hay otras formas de crear un patrimonio, como la inversión en Bolsa a largo plazo o en fondos de inversión o de pensiones. Una persona podría vivir alquilado toda su vida y ganarse la seguridad económica destinando lo que no le cuesta una hipoteca a invertir en empresas, ya sea comprando acciones en Bolsa, ya en fondos de todo tipo. Cuando compramos una casa adquirimos un servicio (poder vivir en ella) y creamos un patrimonio. Hacemos esas dos cosas. Pero podemos hacerlas por separado.

Cómo se puede crear un patrimonio personal y las ventajas que éste puede tener para cada uno de nosotros y para el conjunto de los españoles quedará para otro artículo, pero por lo que se a vivir en una casa, el alquiler ofrece una flexibilidad única, que permite adaptarnos más fácilmente a nuestros gustos o hace más barato cambiar de lugar buscando mejores oportunidades profesionales y económicas. Perdemos mucho dinero por no querer o no poder movernos de donde vivimos.

Si usted nunca compra una casa, nada le impide ser plenamente feliz y tener una vida próspera y plena de satisfacciones.

Profesores franceses contra la libertad

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Pero todo esto sólo funciona, claro, cuando la sociedad no se inventa "derechos" y "libertades" que bien poco tienen de tales y cuyo objetivo es simplemente coartar las verdaderamente esenciales, como la de expresión. Eso es lo que acaba de suceder, cómo no, en nuestra vecina Francia, esa supuesta patria de los derechos humanos que en la práctica funciona como una dictadura de burócratas graduados en la Escuela Nacional de Administración y de sindicalistas, como demostrara Philippe Nemo.

A finales de enero nació una página web llamada Note2be, en la que los usuarios podían puntuar a sus profesores y hablar sobre ellos en un foro. Fíjense qué cosa más sencilla y más tonta. Sin embargo, los sindicatos no podían tolerar que quedaran expuestas a la luz las vergüenzas de sus miembros, así que han planteado y ganado una batalla legal para evitarlo. El juez les ha dado la razón con el peregrino argumento de que "el ejercicio de la libertad de información y expresión tiene como límite que no se atente contra las libertades docentes". Es decir, nos inventamos un engendro denominado "libertades docentes", que supongo que significa que nadie tiene derecho a fiscalizar si el dinero público que cobran los profesores está bien empleado o si habría que darles una patada en el culo, y ese engendro nos sirve para prohibir la libertad de expresión. Pues eso, y no otra cosa, es poder puntuar a los profesores y discutir sobre ellos. Libertad de expresión, pura y simple.

Al ministro de Educación le parece muy bien que se anteponga "la vida privada" a la libertad de expresión. El problema es que el desempeño profesional de alguien es cualquier cosa menos vida privada, sobre todo si ese alguien resulta ser funcionario público, al que pagan a la fuerza todos los franceses. Si no puede existir libertad sin responsabilidad, los profesores no pueden tener la libertad de impartir la clase como les dé la gana sin enfrentarse a las consecuencias si lo hacen mal. Dado que Francia es un país aún más esclerotizado que España, entre esas consecuencias no estará, desgraciadamente, la posibilidad de ser despedido. Pero debería estar al menos la de ser criticado por quienes lo sufren.

Sin duda, un sitio web donde se permite el anonimato a la hora de censurar a los profesores es proclive a ciertos abusos. Pero son esos abusos los que, en un momento dado, pueden perseguirse, no el derecho a exponer una opinión sobre el desempeño profesional de un docente. El juez, sin embargo, no lo ha visto así, convirtiéndose de esta manera en una pieza más del engranaje que hace de Francia, y de buena parte de Europa, un lugar donde hablar de derechos humanos es hablar de los privilegios que unos grupos de presión han logrado a costa de los demás ciudadanos.

Malos tiempos para las renovables, buenos para el negocio

Escrito por Alberto Illán Oviedo en . Publicado en Análisis diario.

No está siendo un buen año para Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. A los problemas originados por el intento de EDF, la eléctrica francesa de capital público, de controlar a la española, hay que unir los mejorables resultados financieros de Iberdrola Renovables. El resultado bruto de explotación durante 2007 disminuyó un 7,7%, hasta los 777,3 millones de euros, mientras que el beneficio neto de explotación se redujo un 10,9%, hasta los 432,7 millones y el beneficio neto fue de 117,5 millones de euros, lo que supone un descenso del 38% respecto al ejercicio anterior. Desde el uno de enero y hasta final de febrero, los accionistas de Iberdrola Renovables han perdido uno de cada cuatro euros que invirtieron en el capital de la empresa y desde que empezó a cotizar el 12 de diciembre de 2007 a 5,3 euros, la perdida ha sido de 1,2 euros, un 22,64%.

A la hora buscar explicaciones de la disminución del beneficio, los analistas se han centrado en tres razones, los menores precios de la energía en el mercado mayorista español, la escasa producción eólica en nuestro país, en especial durante los últimos tres meses del año, y los efectos del tipo de cambio. En este sentido debemos recordar que Iberdrola tiene una presencia significativa, aunque no mayoritaria, en el volumen del negocio en Estados Unidos y Latinoamérica y el dólar no pasa buenos momentos gracias a las artes del presidente de la FED, Ben Bernanke.

Pese a las cifras, las perspectivas de negocio para el futuro son bastante halagüeñas si nos atenemos a los números presentados por la compañía. En 2007, la potencia instalada total alcanzó los 7.704 megavatios lo que representa un incremento del 74% respecto a 2006. De esta capacidad, 7.362 megavatios corresponden a parques eólicos y 342 megavatios a centrales minihidráulicas. Iberdrola Renovables tiene actualmente una potencia en construcción de 1.373 megavatios y cerró 2007 con una cartera de proyectos de más de 42.000 megavatios.

El sector de las energías renovables es uno de los más mimados por las ansias intervencionistas de los políticos de todo signo y condición. Tanto el PSOE como el PP (puntos 607, 746, 1.135, 1.162, 1.497, 1.504, 1.505, 1.515, de su programa electoral) han optado por apoyar las energías renovables y potenciar su uso durante los próximos cuatro años. ¿Acaso no resulta paradójico que un sector que recibe tanta ayuda institucional no termine aparentemente de despegar?

Las energías renovables son un negocio para estas empresas porque sus resultados no dependen directamente de la producción de energía, y de su venta, sino de la naturaleza de su negocio, que es recompensado independientemente de su eficiencia. Una parte importante de sus ingresos viene de las arcas del Estado y mientras este flujo de dinero que parte del contribuyente y consumidor y termina en las empresas pasando por las administraciones públicas, continúe, este tipo de compañías tendrán un futuro pese a las malas perspectivas técnicas. Y este es un punto importante porque no muchos lo perciben así debido a la propaganda: el dinero de los contribuyentes termina en las cuentas de resultados de empresas como Iberdrola Renovables o Acciona, que han convertido las energías alternativas en una importante fuente de recursos financieros, dinero que los ciudadanos podrían dedicar a otros usos que le sean más útiles, incluido, desde luego, la apuesta por las empresas de energías renovables.

Las empresas implantan sus parques eólicos independientemente de si estos van o no a producir energía y por esta acción son premiados por el Estado que se encarga de controlar y regular desde el emplazamiento de la planta hasta cuánto va a generar y cómo. Las perspectivas son buenas porque el mercado de precios, que no funciona bajo los principios del libre mercado, apunta al alza y porque los partidos políticos con posibilidades de gobernar han apostado por mantener una política que favorece a unos pocos a costa de muchos (los objetivos de energías renovables en el pool solo se pueden obtener ofreciendo generosas subvenciones y precios regulados que supongan ingresos suficientes y condiciones financieras atractivas), todo ello, desde luego, con el disfraz de la sostenibilidad y la protección medioambiental.

Para las empresas de renovables, la ausencia de viento es una circunstancia temporal que no tiene porque estropear demasiado unas cuentas que no dependen necesariamente de una gestión acertada y eficiente. De hecho, no deja de ser contradictorio que los parques eólicos no produzcan energía, no sólo cuando el viento no sopla, sino cuando sopla demasiado. Las energías renovables no responden a los criterios de disponibilidad que debería tener la generación eléctrica para garantizar que la oferta cubra la demanda.

Y es ahí donde las energías renovables, dejando aparte el problema de sus "infladas" tarifas, tienen su punto débil. Si un anticiclón se planta encima de la Península, el viento desaparece y como consecuencia, los aerogeneradores no funcionan, pero la demanda de consumo sigue ahí. Algo similar sucede con la energía solar, que si hay nubes no funciona; o la energía hidráulica, que si hay sequía no se puede turbinar, como sucede actualmente con muchas plantas, en especial en Cataluña.

Es en este contexto donde cabe preguntarse por la fiabilidad del sistema eléctrico español y su apuesta por las energías renovables. Aún obviando los problemas de precios, está claro que no se puede confiar en ellas para garantizar el suministro ya que no garantizan la potencia necesaria de forma continua y basta ver los informes del gestor de la red, REE, para darse cuenta que su principal problema no es otro que su incapacidad para asegurar las necesidades instantáneas. Y es aquí donde entraría el debate nuclear.

La eficiencia y la reducción de la contaminación puede conseguirse a través del I+D de las empresas y por la presión de los usuarios que buscan ahorro y un medio ambiente más limpio, y estas investigaciones y avances no tienen porque ir regidas por donde indique el poder político, sino por donde los procesos sean más útiles para todos, para empresas, para usuarios y sobre todo, para el contribuyente que al fin y al cabo paga los desmanes de unos y los negocios del otros.

Microsoft y la competencia

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Diez años lleva contra la empresa de Gates y en octubre, tras sucesivos palos en forma de sanciones crecientes, ésta decidió rendirse y compartir su creación con un conjunto de rémoras. Pero como no lo ha hecho en la medida, en la forma y por el precio exigidos por la CE, y como la voracidad recaudadora de ésta no parece conocer el rubor, esta semana se ha producido una nueva sanción, de 899 millones de euros, a la que seguramente seguirán otras.

Más allá del desaforado apetito de las administraciones por lo ajeno, en este caso se ventilan dos concepciones de en qué consiste la competencia. La primera, en línea con la economía neoclásica, entiende que es una situación en que hay un gran número de oferentes con escasa diferencia entre ellos y sin un actor predominante. Como quiera que la realidad no es, precisamente, el punto fuerte de los modelos neoclásicos y los desmiente a cada ocasión, la respuesta habitual consiste en decir que lo que está mal no es la teoría sino la práctica. Y al grito de "te voy a dar yo a ti competencia", recomienda que sean las administraciones quienes hagan bueno el modelo, aunque sea pistola en cinto.

La otra no presupone un resultado final, porque entre otras cosas no ve la competencia, ni el mercado, como una situación, sino como un proceso. Un proceso de descubrimiento, como lo describió Hayek; un proceso abierto que no sólo no necesita intervención del Estado para funcionar, sino que tiene como condición sine qua non que el único papel del Estado sea proteger la propiedad y la libertad.

No podemos saber de antemano cuál será la forma óptima del mercado, el número de oferentes adecuado o su tamaño. Por eso resulta conveniente confiar en la verdadera competencia y esperar que la rivalidad y el deseo de generar nuevos beneficios expulsen a las empresas que no sirvan al consumidor. Claro, que la CE tendría menos tarea que hacer.

¿Quieres libertad? ¡Pues a pagar!

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Los impuestos son la base de la libertad y, ya puestos, la base de nuestros derechos. Y para rematar la faena nos dice que "no hay propiedad privada sin impuestos, ni contratos sin impuestos, ni préstamos sin impuestos".

Laporta, que acusa a los liberales de utilizar una "estúpida lógica", no se ha parado a pensar que si no existe la propiedad privada sin impuestos, ¿sobre qué iban a recaer los impuestos? ¿Había impuestos antes de la propiedad privada? Este catedrático de Filosofía del Derecho se ha ganado el puesto con una idea absolutamente revolucionaria: existían las cargas fiscales sobre la nada. En el origen fue el Estado y creó las libertades y los derechos, cabe pensar que en siete días. Y los demás utilizamos una "estúpida lógica".

Pero es que defender que la libertad, que es ausencia de coacción, depende de los impuestos, que son la esencia de la coacción, exige sin duda un gran esfuerzo. ¿De veras no tenemos derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la creación de riqueza, al intercambio, si antes no ha venido el Estado a sacarnos los cuartos? Los impuestos ¿son anteriores a los derechos de la persona? No lo son y no hay Laporta que pueda negarlo.

Pero luego están los "derechos positivos", es decir, los "derechos" a recibir una serie de servicios (educación, sanidad…) provistos por el Estado. Es claro que si no hay impuestos no hay colegios u hospitales pagados por el Estado, porque éste no crea riqueza: nos la quita primero y luego la gestiona. Pero es obvio que aunque no hubiese ingresos públicos siempre habrá colegios u hospitales, como demuestra el hecho de que muchos españoles, incluso después de haber cumplido con Hacienda, desprecien los colegios y hospitales públicos y estén dispuestos a pagar una segunda vez buscando lo que ofrecen los empresarios privados.

Es cierto que el mercado necesita al Derecho como base, pero el Derecho no lo inventó el Estado ni lo necesita para desarrollarse, como demuestra el origen consuetudinario del derecho mercantil. O del Derecho Romano. Pero hay más: cualquiera que esté en el mundo sabrá que los gastos públicos dedicados a mantener el Estado de Derecho (jueces, policía y demás) son una pequeña fracción del total. Está claro que podemos rebajar los impuestos hasta dejarlos en la décima parte, o menos, si sólo se dedican a proteger la propiedad y la vida en libertad. Y cada rebaja de impuestos es una mejora en nuestra libertad.

¿De verdad es tan complicado de entender?