Desde 2005, el Banco de España ha vendido 7,78 millones de onzas de oro, el 46% de sus reservas, operación defendida por el ministro de Economía al considerar que el oro ya no era un activo rentable que pudiera jugar el papel de elemento de reserva.
La URSS era, justo antes de la conflagración mundial, la novia más deseada de los políticos del momento… y se dejó querer. Frente a la política expansionista de Hitler por la Europa de los años treinta, Gran Bretaña y Francia habían intentado negociar con Stalin desde el año 1938 una política de alianzas y de mutua seguridad.
La firma de los acuerdos de Munich en septiembre de 1938 vino a trastocar este escenario. Se selló una política de apaciguamiento de las democracias occidentales con Hitler, el cualhizo pasar hábilmente su neopangermanismo por un ropaje anticomunista. Esto pilló a los soviéticos con el paso cambiado, ante la desagradable perspectiva de enfrentarse en solitario a la voracidad nazi. Stalin inició, en consecuencia, una nueva y rápida orientación diplomática. Sustituyó a su ministro de Exteriores, Maxim Litvinov, judío y partidario de la seguridad colectiva, por Molotov, quien entabló de forma inmediata negociaciones con Ribbentrop, su homólogo en el III Reich. Fueron finalmente los nazis los que suscribieron las codiciadas alianzas con Moscú al ofrecerle mucho más que las timoratas democracias.
El primer pacto nazi-soviético de 23 de agosto de 1939 era un acuerdo por el que formalmente se comprometían a consultarse y abstenerse de cualquier agresión mutua. En el Protocolo anexo secreto (el verdaderamente jugoso) se establecía la hegemonía de la URSS sobre los Estados Bálticos (Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania) y se acordaba una posible supresión del Estado polaco si los acontecimientos futuros así lo aconsejaban. También se reservaba la parte norte de Lituania a Alemania y el derecho de la URSS a hincar el diente a la Besarabia rumana. Estos acuerdos fueron el inicio de una intensa alianza estratégica entre ambos regímenes totalitarios que duraría veintidós meses y no un escueto pacto de no-agresión como nos quiere hacer creer la historiografía clásica.
La consecuencia inmediata de este pacto y su protocolo secreto fue la invasión conjunta en septiembre de 1939 de Polonia por parte de Alemania y la URSS. Los nazis la invadieron el 1 de septiembre de 1939 y las tropas soviéticas entraron en suelo polaco sólo unos días más tarde, el 17 de septiembre (estableciéndose la mutua frontera en el río Bug). A Alemania se le declaró la guerra por parte de Gran Bretaña y de Francia el 3 de septiembre de 1939 y a la URSS, más adelante, tan sólo se la expulsó de la Sociedad de Naciones a finales de 1939.
El 16 de septiembre de 1939, justo un día antes de entrar las tropas de Stalin en Polonia, se firmó un armisticio del conflicto abierto por los territorios fronterizos entre la Manchuria japonesa y la URSS que le permitió a esta última embarcarse en la conquista compartida nazi-soviética de Polonia (y las posteriores de los países bálticos) sin peligro de que se le abriera un flanco por la retaguardia.
El segundo pacto de amistad nazi-soviético de 28 de septiembre de 1939 levantaba acta de defunción del Estado polaco y se manifestaban muy buenos propósitos de paz futura para la región, pero enmendaba el pacto del mes anterior en otros tres protocolos secretos y criminales. En consecuencia, la Unión soviética llevó a cabo la ocupación de Ucrania y Bielorrusia occidentales (2 nov. 1939) e inició el ataque armado contra Finlandia (30 nov. 1939).
El 11 de febrero de 1940 se firmó también un amplio acuerdo comercial (que volvería a repetirse el 10 de enero de 1941) para reforzar sus lazos de amistad y cooperación entre ambos regímenes liberticidas que estaban encantados de haberse conocido. Gracias al suministro ingente de petróleo, alimentos y materias primas vendidos por los soviéticos al poder nazi (a cambio de maquinaria y armas) hizo posible que la Blitzkrieg nazi hacia el oeste se llevara a cabo de manera fulminante mediante la invasión de Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia (de abril a junio de 1940). Los comunistas internos de estos países abogaron por desertar de sus respectivos ejércitos y no oponerse al avance nazi para acabar con las degeneradas democracias occidentales (eso unía mucho).
Luego la URSS quiso puntual y simétricamente cobrarse: vino la ocupación pura y dura de Estonia, Letonia, Lituania (que se convirtieron finalmente en repúblicas socialistas y soviéticas) y la apropiación rusa de la Besarabia y la Bukovina (todo ello en junio de 1940).
El 27 de septiembre de 1940 Alemania, Italia y Japón firmaron el pacto Tripartito frente a una posible intervención de los EEUU en la guerra. La Unión Soviética, ante los jugosos réditos que estaba sacando a los pactos con los nazis, quiso no perderse esta nueva colusión mafiosa de reparto del mundo a escala ya planetaria y tanteó su entrada en el mismo. Molotov acudió con esa intención en noviembre a Berlín, si bien su oferta fue rechazada. En junio de 1941, Hitler iba a ordenar su particular Wehrmacht sobre suelo ruso. Pero para entonces el astuto Stalin ya había firmado un pacto de no-agresión con Japón.
En efecto, el 13 de abril de 1941 se había rubricado un pacto de neutralidad entre la Unión soviética y Japón que abortaba la posibilidad de hacer una pinza a la URSS cuando dos meses más tarde, se ordenó la invasión nazi de la Unión soviética, y que hubiese sido una pesadilla para Stalin y sus generales. Japón, para alivio de los soviéticos, resultó ser un estricto cumplidor de dicho pacto de no-agresión durante toda la contienda mundial.
Tras la derrota alemana y finalizada la Conferencia de Potsdam, entre sendos lanzamientos de bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, la Unión soviética declaró finalmente la guerra a Japón el 8 de agosto de 1945. Stalin, sin apenas bajas en ese frente oriental, sacó aún tajada de la victoria aliada a costa de las posesiones niponas (la Mongolia exterior, el sur de la isla Sajalin y las islas Kuriles). Fue otra extensión más del dominio soviético por el mundo. Lo que no pudo conseguir Stalin en su intento de adhesión al pacto Tripartito de las potencias del Eje, lo consiguió sobradamente de los (otros) Aliados.
Al final, menos mal que la URSS "salvó" a Europa del fascismo. Si no llega a ser por las (verdaderas) tropas Aliadas, el ejército liberador soviético hubiera llegado hasta el Atlántico y nos hubiera, de paso, salvado también del capitalismo y de sus burguesas libertades.
Voy a hablarle de dos tribus. La primera es la de los Yanomami, una etnia americana que habita una parte del Amazonas, principalmente en Venezuela. La otra tribu es la de Nueva York. Del orden de diez millones de habitantes acogen un constante flujo de inmigrantes y visitantes, ven la llegada de las primeras tecnologías en cuanto nacen, comen en cocinas de todo el mundo y pueden acceder a una variedad de bienes inabarcable, inaprensible a la mente humana. Los neoyorkinos trabajan para empresas que sirven, a su vez, a todo el orbe.
Si, para comparar su riqueza, nos vamos al indicador de su renta media anual, resulta que los neoyorkinos, con 36.000 dólares al año, generan una renta 400 veces mayor a la de los Yanomami (90). Pero ¿reflejan esos cuatro centenares la relación de riqueza que hay entre esos dos mundos?
Los Yanomami, como los cuervos, no distinguen más que entre uno, dos y muchos. Nosotros tenemos un sistema numérico idealmente completo. Pero los de la selva americana tampoco necesitan mayor complicación. Beinhocker explica entonces un concepto que le permite acercarse a la idea de complejidad que quiere transmitir, y que es el número de tipos diferenciados de bienes, SKU, por sus siglas en inglés.
Los Yanomami tendrán, entre los bienes a que pueden acceder, a varios centenares. Probablemente alcancen el millar. ¿Y Nueva York? “Utilizando varias fuentes distintas, yo estimo grosso modo que ronda el orden de 10 elevado a 10”, es decir, diez millones de millones de millones. Unas mil veces más el número de especies sobre la Tierra. La relación de riqueza, así medida, entre las dos tribus, no es ya de uno a cuatrocientos, sino de uno a 10.000 billones, o de ese orden.
En verdad la cifra de SKUs en una sociedad avanzada es inconmensurable, por sus dimensiones. Pero da una idea de la relación entre riqueza y complejidad.
Esta semana ocurrió lo que tenía que terminar ocurriendo. Los sindicatos europeos, asustados por la deslocalización de empresas producto del racionamiento y mercado de derechos de emisiones, han pedido a Bruselas que se introduzcan aranceles sobre las mercancías de aquellos países que no respeten Kioto. Esta idea, por cierto, ya la había sugerido hace apenas un par de meses el supuesto liberal Nicolás Sarkozy.
No está claro qué quiere decir eso de no respetar Kioto. Si significa no cumplir los compromisos adquiridos, y esta parece la interpretación más sensata, no hay prácticamente país en la tierra que lo haga y, por lo tanto, habrá que elevar aranceles frente a la práctica totalidad de ellos, incluidos casi todos los europeos.
Otra opción es que para la Confederación Europea de Sindicatos no respetarlo signifique no racionar gases CO2. Esta es la única interpretación que tendría sentido de cara a evitar las temidas deslocalizaciones. Sin embargo, en este caso habría que imponer barreras comerciales a casi todos los países pobres del planeta, dificultando aún más sus posibilidades de desarrollo. Claro que no creo que a los sindicatos les importe un comino este efecto de su propuesta.
Por último, cabe la posibilidad de que este lobby sindical se esté refiriendo con eso de no respetar el protocolo a no haberlo ratificado. En ese caso la efectividad frente a las deslocalizaciones sería muy limitada porque hay muchas naciones que lo han ratificado por el simple hecho de que no se tenían que comprometer a racionar nada, como ocurre con muchos países pobres en –rápido– desarrollo. Además, la Unión Europea tendría que explicar por qué Kioto es mejor solución frente al cambio climático que la apuesta por la innovación tecnológica o por el desarrollo de sumideros que desarrolla la coalición de países Asia-Pacífico y otros países que no han ratificado Kioto. ¿Por qué los que optan por otras soluciones deben ser castigados? Se da la circunstancia de que la tasa de incremento anual de gases efecto invernadero en Europa desde el año 2000 es tres veces superior a la de Estados Unidos que optó por no ratificar Kioto y seguir esas políticas alternativas. Si lo que hubiese detrás de la propuesta sindical fuera un genuino intento de proteger un clima supuestamente amenazado por las emisiones humanas de CO2, ¿no debería de ser EEUU el que impusiera aranceles a países como España?
El entuerto de Kioto se complica cada día que pasa. Es un ejemplo más de lo que Ludwig von Mises llamó la dinámica del intervencionismo. Cada intervención requiere, si no se elimina, de nuevas intervenciones que traten –infructuosamente– de tapar los efectos perversos e imprevistos de la anterior intervención.
Los liberales también tenemos nuestros vicios. La mayoría son extensibles a los demás movimientos ideológicos, pero adquieren en el caso del liberalismo una forma específica. Son vicios de los que he participado (al menos cuando no tenía consciencia de ellos) y que, aun hoy, resultan esporádicamente tentadores. Son vicios de distinta condición, que dañan la causa del liberalismo en varios frentes y que están tan vigentes como arraigados en la naturaleza humana, lo cual sugiere que no es fácil erradicarlos. El primer paso, de todos modos, es identificarlos.
1. Furia. Tratamos a los socialistas, sobre todo a los que defienden sus ideas con la misma pasión que nosotros, como si fueran enemigos en el campo de batalla. Les atribuimos sentimientos viles y descargamos sobre ellos insultos y desprecios. Esta actitud de "hooligan" no contribuye a difundir las ideas liberales. Si los tratamos como enemigos se comportarán como tales, y el liberalismo no se materializará cuando la mitad del país se imponga a la otra, sino cuando la sociedad en general haga suyos esos principios. Si esta actitud de "hooligan" atrae a tantos como aliena, el resultado es un clima ideológico más radicalizado, no más liberal.
2. Guerracivilismo. Los liberales no solo cabemos en un autobús, además intentamos tirar a nuestros compañeros por la ventanilla. Parece que nos interese más etiquetar a la gente que debatir sobre sus ideas. El anonimato de internet convierte en una agresiva pelea una discusión que se resolvería amigablemente en un café. La falta de comprensión y el "hooliganismo" (Furia) tampoco ayudan. Como señala Roderick Long en referencia a las tensiones entre el Mises Institute y el Cato Institute, "cada bando tiende a exagerar los defectos de la otra parte y a minimizar sus propios defectos". Da igual que cada uno crea que su bando es la víctima y es el otro el que exagera, la moraleja es que debemos hacer un esfuerzo de empatía y evitar caer en la descalificación gratuita. Red Liberal es la prueba de que la coexistencia es posible entre liberales de muy distinto pelaje, y de que su fricción puede ser fuente de jugosos debates. Este Instituto tiene una composición más radical pero alberga también varias tendencias y opiniones diversas sin que corra la sangre. Que cundan estos ejemplos.
3. Dramatismo. Nos gusta exagerar. Leyendo algunos comentarios cualquiera diría que estamos a dos pasos del Gulag o que el mundo se acaba mañana. Es bueno distanciarse de vez en cuando, salir al "exterior" de este mundo liberal en el que nos recluimos y observar la realidad con más perspectiva. Nos daremos cuenta de que las cosas van tirando, y en muchos casos van mejor que antes. No es cuestión de conformarse pero tampoco hay que dramatizar más de la cuenta. Gente que viene "de fuera", con la mente abierta, y lee nuestras exaltadas y catastrofistas opiniones puede pensar que vivimos en un mundo distinto al suyo.
4. Impaciencia. El triunfo de la libertad es un proyecto a largo plazo y la impaciencia puede llevarnos a perseguir estrategias cortoplacistas improductivas. Si esperamos cambios inmediatos lo único que conseguiremos es frustrarnos. Hay que aprender a convivir con aquello que estamos combatiendo. Un optimismo largoplacista y nuestra pequeña aportación a una estrategia igualmente largoplacista es lo más productivo, tanto desde el punto de vista de nuestra tranquilidad personal como desde el punto de vista de lo que es necesario para que una sociedad libre emerja algún día.
5. Fe. O esperanza, en la política y en los políticos. Vemos políticos liberales en cada esquina. Merkel era liberal, Sarkozy era liberal. Parece que hay una revolución reaganiana cerca que nunca llega (la revolución que tampoco fue, por cierto). La necesidad genera ilusiones. Es la otra cara de la moneda del Dramatismo y es en buena medida un producto de la Impaciencia. Esta fe o esperanza no es inocua: depositamos confianza en un sistema y en unos políticos que ganan legitimidad a expensas de nuestro desengaño.
6. Anti-izquierdismo. Cuando es instintivo. Con frecuencia rechazamos de forma mecánica ciertas posiciones por estar asociadas a la izquierda (la Furia nubla nuestra razón). Basta que la izquierda las abuchee para que las veamos con buenos ojos (Bush, la guerra, el PP, las multinacionales), y basta que la izquierda las apoye para que las critiquemos (independentismo, calentamiento global, inmigración, multiculturalismo). Debemos definir nuestras posiciones autónomamente, atendiendo a nuestros principios, no como reacción a la izquierda. Este vicio es similar a otro que destacaba Donald Boudreaux: el contrarianismo. Hasta cierto punto es una virtud, porque nos hace receptivos a nuevas ideas, pero a veces queremos ser tan políticamente incorrectos que nos pasamos de frenada.
7. Dogmatismo. No todo empieza y acaba con La ética de la libertad. Rothbard es a menudo un punto de partida más que un punto de llegada. En el otro extremo, algunos quieren continuamente reinventar la rueda en lugar de hacer los deberes examinando lo que han escrito otros autores sobre un tema determinado. También hay vida más allá de la escuela austriaca, no toda la escuela neoclásica cae en el simplismo que a veces le atribuimos (aunque las malas lenguas dirán que eso es por las influencias austriacas…). El radicalismo, por lo demás, no es necesariamente una muestra de dogmatismo, puede ser el resultado de una exploración racional e informada. También se puede ser dogmáticamente anti-radical. En cualquier caso, el dogmatismo es un obstáculo en la búsqueda de la verdad y pone en duda nuestra honestidad intelectual.
El que esté libre de culpa que tire la primera piedra. ¿Se os ocurren más vicios liberales?
Pero es que además el espacio es muy bueno. Si Libertad Digital Televisión es una de las pocas razones que justifican encender el televisor, "Reeducación para la ciudadanía" es motivo suficiente para invertir media hora de tu vida frente a la pantalla.
La elección del Protágoras de Platón para iniciar esta andadura televisiva no pudo ser más acertada. El sabio de Abdera, en el diálogo platónico que lleva su nombre, pretende enseñar una especie de "educación para la ciudadanía" a los hijos del rico Calias (cobrando una pasta, por supuesto), algo ante lo que Platón, por boca de Sócrates, se muestra sorprendido, consciente de que nadie puede enseñar a otro a ser ciudadano ni, mucho menos, cobrar por ello. Siglos más tarde, Santo Tomás repetiría los argumentos para criticar la vulgarización de la fe y el adoctrinamiento catequético con abandono de la teología.
Y en este estado de la cuestión transcurrieron casi veintiséis siglos de Historia… hasta que llegó José Antonio Marina para enmendarle la plana al griego y al aquinaetense, ese par de metomentodos. Para Marina, uno de los principales ideólogos de la asignatura zapaterista, es imprescindible que el estado enseñe a los niños la virtud ciudadana, como Protágoras pretendía hacer con los hijos de Calias. La justificación para esta manipulación de las conciencias infantiles es terrible. Dice Marina: "¿Tienen razón los padres que reclaman su derecho a educar moralmente a sus hijos? Sin duda. Y si todos los hicieran con una maravillosa eficacia, la escuela podría dedicarse a otra cosa".
Cualquier persona con un mínimo apego a su libertad y a su derecho a formar a sus hijos debería espantarse ante semejante panorama. De hecho así está ocurriendo, a tenor de la negativa de muchos padres a que sus hijos sean sometidos a estas sesiones de adoctrinamiento preparadas por el gobierno. Pero nos faltaba un Platón que explicara a los protágoras contemporáneos que lo suyo no es educación, sino tiranía. Ahora ya lo tenemos. No tiene las espaldas tan anchas como el ateniense y su melena difícilmente podría calificarse de leonina, pero nadie es perfecto. Es una lástima que Albiac no tenga televisor en casa. Le gustaría mucho el programa.
Las últimas declaraciones de Mariano Rajoy, a propósito de la exclusión de Alberto Ruiz Gallardón de las listas para las elecciones al Congreso, manifestando que él sólo depende de la gente de la calle, me han recordado vagamente lo que Benjamin Franklin proclamó ante la Convención Constitucional de manera mucho más solemne, como requería la ocasión, "en los gobiernos libres los gobernantes son los sirvientes, y las gentes (el pueblo) sus superiores y soberanos". Cierto es que Rajoy no es presidente del Gobierno ni un empleado del Estado. Sin embargo, en su condición de político y candidato, se postula como futurible para la administración de nuestros preciosos derechos, lo que le convierte, al menos interinamente, en sirviente de sus potenciales votantes. Desgraciadamente esta sumisión se olvida o, lo que es peor, se invierte indefectiblemente una vez que el político llega al poder. Delegamos el propio a cambio de derechos positivos cuyo ámbito se estira o encoge al albur de fines mucho más elevados como el bienestar social, la Alianza de Civilizaciones, la "lucha" contra el cambio climático o una igualdad impostada: ciudadanos por un día, nos convertimos en súbditos hasta que el político vuelve a necesitarnos en las siguientes elecciones.
Para las de marzo apenas quedan dos meses.
"La mirada positiva" ha sido el leitmotiv de estos cuatro años de Gobierno socialista. El eslogan de campaña que ha escogido Zapatero se entiende como un anhelo, el deseo vehemente de cerrar página y, como en mayo de 2007, mirar adelante. Siempre adelante. Decían David Horowitz y Peter Collier, en Destructive Generation, que el verdadero genio del radicalismo es su constante recreación y reaparición en nuevas formas; el progresismo en sentido lato. Zapatero es su caricatura. Jesús Caldera ha esbozado los tres ejes en los que se articulará el programa electoral del PSOE, la "propuesta de proyecto" que han consensuado más de mil personas "con un profundo conocimiento de la realidad española". Bienestar social, centrado en la consecución del pleno empleo; modernización para, entre otros retos, plantarle cara al cambio climático; y convivencia. Como se ve tres sólidos ejes para sostener un castillo de naipes.
Ya vimos en noviembre que entre las "ideas claras" del PP escaseaban las propuestas de tinte liberal, al contrario. Los ejes básicos del programa político de los populares están ahora "centrados en nuestro futuro", imagino que se trata de un deliberado juego de palabras que resume el deseo de concordia que quiere ofrecer Mariano Rajoy; desde luego con él, si de él depende, seguro que es posible. Como señalaba Manuel, buena parte de las propuestas del PP para los años venideros son un remedo de las recetas progresistas, entre las que, no obstante, cabe destacar positivamente la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial o la del Ministerio Fiscal; la creación de un carta de Transparencia con el Ciudadano, con la que conoceremos un poco mejor en qué se gastan nuestro dinero; la reforma del Código Penal, todavía muy blanda, por concretar qué pasa con las penas (¿por qué no una segunda enmienda?); la reducción del Impuesto de Sociedades; o una nueva ley de Educación. Esta magra enumeración, que podrá ampliarse (poco) no rescata al PP del marasmo progresista, digamos, no-liberal en el que está inmerso, pero dado lo movido del terreno y que no existe un limbo terrenal en el que criar a nuestros hijos me parece de lejos la opción menos mala.
Dicen los que conocen la política que en España votamos "en contra de". Supongo que así es, aunque en esta ocasión no votaré en contra del PSOE, sino de mis principios y es que hay propuestas del PP que provocan autentico bochorno, como la creación de un Ministerio de la Familia, la política exterior, la del fomento de la cultura o la energética que, por ejemplo, nada dice de la energía nuclear.
Un programa que, en definitiva, no esconde su vocación intervencionista.
El primer síntoma importante, que ha sido el primer detonante de las bajas bursátiles europeas de esta semana, fue el índice ZEW, indicador que mide la confianza de los inversores alemanes principalmente. Según la publicación del instituto alemán, el índice ha llegado a cotas que no veíamos desde 1993. Dato pésimo. Un día después, la Reserva Federal publicaba el libro Beige, que da a conocer algunas de las condiciones económicas de los Estados Unidos. Los datos eran del mes de diciembre y no pintaban demasiado bien, ya que mostraban cierta contracción de la demanda y tensiones en la inflación subyacente, esto es, la relativa a la alimentación y la energía. El 24 de este mes se publica el índice IFO que intenta medir el “clima empresarial” alemán y no da la impresión que vaya a salir muy bien tampoco, principalmente debido a la debilidad del dólar que también nos afecta.
A todo esto, tenemos al BCE, presidido por Jean-Claude Trichet, que no sabe si mantener los tipos de interés, subirlos o bajarlos. Ahora está esperando a las subidas salariales en Alemania. Ya ve, la cuota de nuestra hipoteca depende de lo que los empresarios alemanes hagan con el sueldo de sus trabajadores.
Los ciclos se parecen a las modas, van y vienen. La gran diferencia es que las modas nos pueden gustar o no, pero no por eso nos van a arruinar. Los ciclos económicos, cuando son gestionados por los burócratas de los bancos centrales, sí. Parece que vamos de cabeza a la misma situación que ya tuvimos en los años 70, estancamiento más inflación. ¿Es que en estos 40 años los altos funcionarios del Gobierno, de los bancos centrales y entes reguladores no han aprendido nada? Evidentemente, no. Sólo han sustituido la imprenta de billetes por las subastas e inyecciones de liquidez. Constantemente, el presidente del BCE amenaza con subir tipos y lleva más de cinco meses, ¡casi medio año ya!, inyectando toneladas de dinero al merado. ¿Pero cómo se entiende tal contradicción? ¿Cómo se entiende también que la M3 aún esté creciendo a ritmo de dos dígitos y el BCE no haga absolutamente nada salvo amenazar a los empresarios para que no suban los sueldos? No se puede ser más cínico.
Entretanto, en España somos la caricatura de la crisis. Si las bolsas europeas bajan, aquí bajamos más, el número de sociedades mercantiles creadas, se desploma; la producción industrial también se hunde según los últimos datos del INE, las afiliaciones a la Seguridad Social está a niveles de 1996, los precios amenazan con dispararse aún más y la prensa internacional, con razón, nos da un hachazo día sí, día también; lo que no va muy bien para atraer inversores extranjeros.
Pero un punto de lucidez al menos. Esta semana hemos visto rejuvenecer a Alan Greenspan, antiguo presidente de la FED que vuelve a sus orígenes y ahora, que ya no depende de la gracia ni sueldo de los políticos, vuelve a defender la mejor medida anti-inflación, anti-recesión y anti-burócratas: el patrón oro. Lástima que se haya dado cuenta ahora. Demasiado tarde.
Una de las discusiones que con más frecuencia se suele producir en el terreno de los establecimientos comerciales es la conveniencia o no de liberalizar su horario de prestación de servicios. De un lado se encontrarían los partidarios de eliminar cualquier restricción de tipo temporal que exista para su actividad pública. En el extremo opuesto se situarían los que piden que el Estado regule el tiempo que puede abrir cada comercio, de tal manera que esté prohibido abrir en determinados momentos.
Los que defienden las restricciones al horario de apertura aducen la indefensión que padecen los pequeños comercios frente a las denominadas grandes superficies. Según ellos, el pequeño comerciante partiría de una situación más desfavorable para competir, y si no se restringe de alguna manera las posibilidades del gran comerciante, las pequeñas tiendas acabarían por desaparecer. Por ello sería necesario que los horarios estuviesen perfectamente regulados por la administración, de tal manera que no sobrepasasen de manera ostensible la jornada de trabajo habitual. Para ello suelen pedir limitaciones de dos tipos: en el número de horas que se puede abrir a la semana, y en los días de apertura (generalmente obligando a cerrar los domingos y determinados festivos).
Los partidarios de la total libertad de horarios aducen que beneficia al consumidor, ya que éste puede comprar en el momento que mejor le viene, ya que muchas veces su horario habitual de trabajo coincide con el horario habitual de apertura de los comercios. De esta forma, si los comercios se encontrasen abiertos en otros horarios, podrían atender mejor a sus clientes.
La restricción de horarios comerciales no deja de ser una medida arcaica que resulta ser totalmente ineficaz en mercados en los que, cada vez más, van teniendo importancia distintos canales, como la venta a distancia e Internet. Además de que forzar a compradores y vendedores a realizar sus operaciones en el momento en que el legislador juzga conveniente, y no en el que a ambas partes acuerden, no deja de ser una restricción considerable en la libertad individual.
Si se quiere proteger al pequeño comerciante habría que preguntarse los motivos por los que se juzga necesaria tal medida. En una situación de libertad de horarios es precisamente el pequeño comerciante el que podría actuar con mayor flexibilidad. Esto se debe a que la mayor parte de pequeñas tiendas suelen ser de tipo familiar, y en ese caso, el apoyo de otros miembros de la familia le puede dotar al negocio de una flexibilidad superior al de las empresas de tamaño superior. Además, la cercanía de la cúpula de empresa al cliente le otorga una mayor velocidad de respuesta frente a las exigencias y cambios de gusto de la clientela.
No obstante, sí que es cierto que los pequeños comerciantes se encuentran con inconvenientes superiores que no tienen los de tamaño superior, y son los obstáculos de índole legal. Este tipo de traba se puede percibir en diversas operaciones, como por ejemplo, la contratación de personal a tiempo parcial. En una gran superficie si se desease aumentar en un 10% la plantilla, la operación no plantearía mayor problema, ya que dado su gran volumen de personal, este aumento se traduciría en la contratación de personal a jornada completa. No obstante, en el caso del pequeño comercio, realizar esta operación le supone recurrir a personal que trabaje a tiempo parcial, dada su reducida dimensión. Sin embargo, sus costes salariales no se van a incrementar en un la misma proporción que en la gran empresa, dado que la legislación laboral, con sus distintas cargas y gravámenes, penaliza la contratación de personal a tiempo parcial. Así, si el pequeño comercio desea incrementar su plantilla para permanecer abierto un mayor número de horas, se encontrará con una desventaja competitiva de índole legal que elevará sus costes por encima de la gran empresa.
Estas barreras no sólo se limitan al campo laboral, sino que existen en diversas áreas. De nuevo, para la compañía de gran tamaño superarlas no le supone un gran esfuerzo, ya que se puede permitir contar un departamento legal que analice todos estos requerimientos. Sin embargo un pequeño comercio no cuenta con un departamento legal, por lo que su capacidad competitiva se ve mermada.
A la hora de promocionar el pequeño comercio la respuesta no debería ser limitar la competencia, lo que siempre beneficia a las personas que ya están establecidas en el mercado, sino permitirle usar sus principales ventajas competitivas, la flexibilidad y la capacidad de adaptación a las necesidades del cliente, sin que el marco legal las limite. De esta manera competir con todas sus armas, respetando la libertad de compradores y vendedores.
Con antecedentes en el Derecho Internacional consuetudinario que fue perfilándose a finales del siglo XIX y la I Guerra Mundial, el concepto de "crimen de lesa humanidad" o contra la humanidad se manifestó por primera vez de forma consistente en la Carta del Tribunal Militar Internacional que constituyeron las potencias vencedoras de la II Guerra Mundial para perseguir y juzgar a los principales criminales de guerra del Eje en Europa, adoptada en Londres el 8 de agosto de 1945.
Esa Carta, anexa a un acuerdo entre esas cuatro potencias –incluida la no menos criminal Unión Soviética– estableció la lista de delitos y las reglas procesales que regirían el Juicio de Nuremberg contra los veinticuatro jerarcas alemanes capturados al terminar la contienda. Los acusados afrontaron los cargos, previamente identificados como delitos internacionales en la Carta, de crímenes contra la paz, de guerra, contra la humanidad y de conspiración para cometer esos crímenes durante la guerra. En su mayoría fueron condenados, pero hubo notables absoluciones.
La evolución posterior del concepto de delito de lesa humanidad en Derecho Internacional desvinculó la acción criminal de su comisión durante el transcurso de un conflicto bélico, de manera que se atisbó la máxima de que pueden calificarse como delitos de ese tipo hechos que se produzcan al margen de una guerra. Así, por ejemplo, los tribunales que el Consejo de Seguridad de la ONU constituyó para perseguir y juzgar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y Ruanda impusieron multitud de sentencias (como la dictada por el TIY en el caso contra Kunarac, Kovac y Vukovic) que actualizaron el concepto de crimen de lesa humanidad en ese sentido.
Dentro de esa evolución, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998, ratificado por España en el año 2002, enumeró una lista de delitos, entre ellos el asesinato, los cuales vendrían a constituir un crimen de lesa humanidad (artículo 7) "cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población y con conocimiento de dicho ataque". Sobre toda esta labor codificadora subyace la idea de que determinados crímenes revisten tal gravedad que merecen la consideración de delitos contra el derecho internacional humanitario.
Si bien la constitución de ese tribunal penal internacional permanente ha sido muy discutida, lo cierto es que el Reino de España se vinculó formalmente a ese convenio internacional, que entró en vigor el 1 de julio de 2002, y es un Estado parte. Por otro lado, según otras normas de ese Estatuto, la competencia del tribunal internacional, con sede en La Haya, es supletoria de la que puedan ejercer las jurisdicciones nacionales sobre las personas acusadas de participar en los crímenes graves previstos en el Estatuto.
A la vista de ese marco jurídico, resulta sorprendente que durante la tramitación del primer proceso por los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, culminado con la sentencia de 31 de octubre de 2007 de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, nadie planteara la posibilidad de calificar como delitos de lesa humanidad cada uno de los subyacentes 191 asesinatos consumados, los 1851 intentados y los dos abortos que resultaron de los ataques múltiples a los cuatro trenes donde aquellas personas indefensas viajaban aquella mañana aciaga.
Bien es cierto que el tribunal quedó constreñido, hasta cierto punto, por la instrucción previa y las calificaciones que las partes en el proceso introdujeron. El cónyuge de la señora Beni se encargó, durante la lectura parcial de la sentencia, de aclarar que la misma se dictaba sobre esas bases y las pruebas aportadas en el juicio oral. Lógicamente, esa premisa no excluye que los hechos acaecidos pudieran ser completados en otros procedimientos penales que se sigan contra otras personas por su participación en los mismos. Tampoco cabe descartar una revisión fáctica de esa sentencia cuando se resuelvan los recursos de casación ante el Tribunal Supremo.
Sea como fuere, esa omisión calificadora resulta aun más chocante si reparamos en que el relato de hechos probados de esa sentencia parte de que "los ocupantes del piso de Leganés" y algunos de los acusados musulmanes –con independencia de que solo dos de ellos fueron condenados como partícipes en los asesinatos– "son miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista que, por lo que ahora interesa, mediante el uso de la violencia en todas sus manifestaciones, pretenden derrocar los regímenes democráticos y eliminar la cultura de tradición cristiano-occidental sustituyéndolos por un Estado islámico bajo el imperio de la sharia o ley islámica en su interpretación más radical, extrema y minoritaria". Un presupuesto que, sumado a la masacre, habría justificado incluso acusaciones por crímenes de guerra y contra la paz.
Cualesquiera que fueran los participantes en la comisión de esa masacre, sostengo la tesis de que los hechos reúnen las notas principales que el derecho internacional humanitario ha asentado para atribuirles esa calificación:
Un estricto defensor del positivismo jurídico podría argüir que el artículo 607 bis del Código Penal, que introdujo expresamente en derecho interno el delito de lesa humanidad, no entró en vigor hasta el 1 de octubre de 2004. Sin embargo, como se ha indicado más arriba, España ya había ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional que describe claramente ese delito en el momento que se produjeron los atentados. Más aún, la sentencia de la sección tercera de la Audiencia Nacional, de 29 de abril de 2005 condenó al ciudadano argentino Adolfo Scilingo por un delito de lesa humanidad por unos hechos cometidos en Argentina a lo largo de los años 70 del pasado siglo, con el argumento, frente a la objeción de la irretroactividad de las normas penales desfavorables, de que el precepto citado incorporó en nuestro Derecho una norma preexistente de Derecho internacional público imperativo con validez obligatoria frente a todos.
Las incógnitas en el caso del 11-M son muchas y muy inquietantes. Pero, en todo caso llama la atención que la jurisdicción española –auxiliada por las distintas profesiones jurídicas– que se ha mostrado en la sede de la Audiencia Nacional tan voluntariosa para emprender la persecución de delitos de esta naturaleza allende nuestras fronteras, so capa del principio de jurisdicción universal, se convierta en un órgano diletante a la hora apreciar que esos hechos, ocurridos en el territorio de su competencia natural, podrían merecer una calificación especial como delitos de lesa humanidad.
¿Y qué añadiría al caso del 11-M toda esta disertación sobre la naturaleza de los asesinatos perpetrados? Pues que, si partimos de la base de que nos enfrentamos a otros tantos delitos de lesa humanidad, los participantes que hubieran eludido la acción de la justicia hasta ahora no podrían invocar el ridículo plazo de prescripción de veinte años previsto en el Código Penal (artículo 131.1) para la extinción de la responsabilidad penal en lo que les reste de vida. Los delitos contra el derecho internacional humanitario no prescriben. Ahí es nada.
