Ir al contenido principal

American gangster

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

No quiere depender de otros proveedores, se modo que se desplaza al sureste asiático a adquirir la mercancía, que transporta a los EEUU gracias al tráfago militar desde Vietnam. Una vez en el Harlem, Frank explica que "yo soy dueño de mi propia empresa y vendo un producto que es mejor que el de la competencia, a un precio más bajo que el de la competencia".

La película ilustra cómo funciona la competencia y el verdadero carácter de quienes quieren controlarla. Frank desplaza del mercado a los otros oferentes, y en nombre de éstos le habla un mafioso italiano, Tosca, que le dice: "sabes que el precio que pagas por un galón de leche no representa su verdadero coste de producción. Está controlado. Fijado". Pero no es así. El precio se descubre en el libre juego del mercado, un proceso abierto y que se desvirtúa si se intenta controlar. Y no está marcado por los costes, sino por la concurrencia de compradores y vendedores en competencia. Por eso Lucas le responde: "fijo el precio que considero justo".

Tosca da entonces en el clavo. "Tus clientes están contentos, pero ¿qué hay de tus colegas? No estás pensando en ellos". Es aquí, de toda la conversación, cuando aparece el verdadero gangster, el que habla de precios justos, de pensar en el resto de oferentes antes que en los clientes, el que considera controlar, fijar el precio de los bienes al margen del libre juego del mercado.

Es posible que sus alegaciones al precio justo no conmuevan el corazón de Frank Lucas, de modo que Tosca le hace una mención a la posible reacción del resto de los productores, con graves consecuencias sobre su integridad. American Gangster, así, con mayúsculas, debiera ser el título de infinidad de historias, y no sólo la de la heroína en el Harlem de la era Woodstock.

Comentarios contra la proporcionalidad en la defensa

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Análisis diario.

Uno de los grandes temas en los que ha avanzado el liberalismo en el siglo XX ha sido en el campo de la ética política. Murray Rothbard dio una vuelta a todo lo que estaba establecido hasta el momento. La nueva revolución teórica trajo casos como la teoría del castigo y restitución que el autor traslada, en parte, a la defensa. Tanto en el caso del castigo como en el de la defensa, la teoría libertaria más aceptada hoy día es la proporcionalidad. Este es un esbozo de un ensayo mucho más detallado que publicaré sobre este tema donde veremos las contradicciones de la proporcionalidad en la defensa tal y como propuso Juan Morillo en su artículo Sobre la proporcionalidad en la defensa. Aquí sólo nos encargamos de la defensa, no pretendemos abarcar otro tema como el de la pena (castigo y restitución/retribución). Queda claro, pues, que no nos importa en absoluto ahora la pena, sino sólo esbozar rápidamente una teoría sobre la defensa sin paliativos.

Las críticas básicas a la proporcionalidad en la defensa son: a) la subjetividad del valor; b) la inamovilidad de los derechos del hombre que actúa (vida, libertad y propiedad privada); c) el trato de la información asimétrica ante la incertidumbre de la agresión/defensa; d) los derechos del agresor y e) la visión utilitarista con el que algunos teóricos libertarios han tratado la defensa personal.

El primer caso, el de la subjetividad, está excelentemente explicado por Juan Morillo en su artículo y por razones de espacio no lo repetiremos. El segundo punto, la inamovilidad de los derechos del hombre, significa que no hay ninguna jerarquía entre lo que algunos autores, tomado de los clásicos, han llamado derechos inalienables (Randy Barnett, George Smith, etc.), esto es: vida, libertad y propiedad privada. No vamos a entrar en si realmente son inalienables o no, sino que todos gozan de igual importancia y cualquier intento por establecer una jerarquía sólo nace de los juicios de valor de cada uno (ver Teoría e Historia de Ludwig von Mises, página 71 en adelante). Algunos han intentado demostrar que la vida es más importante que el resto de derechos esgrimiendo que, sin ésta, no podrían seguir el resto. Independientemente que el argumento se basa en una concepción no praxeológica, sigue siendo un non sequitur (falacia lógica). Suponiendo que la vida sea el primer derecho, no sigue de aquí que tenga ser el más importante. Si así fuese, la Iglesia no tendría mártires, los hombres bomba de Oriente Medio serían una invención o excusa de los medios de comunicación y Gobierno americano para masacrar países o los soldados no irían a la guerra. Dar prioridad a un derecho respecto al otro, es arbitrario y contingente como vemos. De otra forma, también ha apuntado lo mismo Juan Morillo.

Algunos teóricos no han considerado esta igualdad de derechos cayendo en errores. El primero fue Rothbard cuando en su capítulo dedicado a la defensa personal, en su libro La Ética de la Libertad, muestra el ejemplo de un comerciante que mata a un niño gamberro por robarle un chicle. Sorprendentemente, el autor confunde castigo con defensa y así lo relata: "¿debemos seguir hasta sus últimas consecuencias a los libertarios que afirman que a un tendero le asiste el derecho a matar a un muchacho en castigo por haberse apoderado de un chicle?" (cursivas mías). No es una cuestión que la vida sea más importante que la propiedad (lo que es un mero juicio de valor), es que el castigo está fuera de la órbita de la defensa. La defensa sólo pretende, desde el punto de vista legal libertario, evitar un daño a la vida, libertad o propiedad de una persona. En este caso el agresor a la propiedad ha vulnerado un derecho de una persona, pero de ahí no deriva que el tendero o comerciante lo castigue matándolo.

Cualquier hombre ha de tener la libertad de defender sus derechos básicos sin paliativos o a recuperarlos si le son arrebatados y así lo considera prudente con los medios que mejor le convengan o disponga. Si alguien nos roba, tenemos derecho, inmediatamente, a evitar y/o recuperar nuestra propiedad sin necesidad que una "autoridad" nos lo solucione a posteriori, ya que no tenemos tal garantía. Así que si un ladrón nos roba y huye, tenemos el derecho natural de recuperar nuestra propiedad usando los medios de los que dispongamos ya que el criminal, actuando contra nosotros, pierde absolutamente todos sus privilegios como ser humano igual que podemos defendernos sin límite contra una bestia salvaje si nos ataca.

En realidad ya hay países donde la proporcionalidad en la defensa ha sido eliminada o marginada en una tendencia muy reciente y que parece global. Concretamente, nos referimos al Reino Unido, algunos estados de los Estados Unidos (Colorado, Florida, Luisiana, etc.), Bélgica, Italia y Nueva Zelanda, que lo tiene en revisión. Las nuevas leyes de estos países tienen en común que dan libertad a la víctima a defenderse libremente en sus domicilios. Incluso más, algunos han expandido la defensa sin límite al vehículo privado, es el caso famoso de Luisiana con la ley de 2006 Shoot the Carjacker. Desgraciadamente no tenemos espacio para detallar las características de cada país, pero sólo apuntaré que sorprende que en el Reino Unido la ley especifique que la víctima "puede usar cualquier medio para defender su hogar de un intruso". Recuerda poderosamente la concepción de defensa personal de John Locke en Segundo Tratado Sobre el Gobierno Civil y su "Estado de Guerra" (Cap. 3; pág. 19; párrafo 18). De hecho, toda la oposición a la proporcionalidad en la defensa nace de Locke (salvando algunos defectos, que ahora tampoco podemos apuntar). Como vemos, la ley inglesa no da margen a la proporcionalidad en la defensa.

Como suele ocurrir en estos casos, en todos los países hubo activistas a favor y en contra de las nuevas leyes. En Reino Unido los diarios, por ejemplo, fueron activos defensores en algunos casos y en Estados Unidos, organizaciones como la Fundación Brady alarmó diciendo que tales leyes sólo causarían más asesinatos, muchos de ellos injustos como el caso del comerciante que se divierte matando niños. Nada de eso ha ocurrido hasta ahora, lo que ha provocado la simpatía aún mayor del ciudadano por la defensa sin paliativos.

De forma muy breve trataremos de responder al resto de puntos: imposibilidad de optimizar la información asimétrica ni comprender la incertidumbre, los derechos del agresor y la visión utilitarista (puntos C, D y E respectivamente antes apuntados).

No se puede optimizar la información ni establecer una jerarquía de valores en la incertidumbre ante situaciones que, además, impiden pensar con claridad. Si alguien entra en nuestra casa no sabemos cuán fuerte es, si es un ex–soldado albano-kosovar con experiencia, si va fuertemente armado o no, etc. Muchos soldados han muerto en países extranjeros por considerar inofensivos a niños que ocultaban un arma. También han muerto policías ante delincuentes que no parecían peligrosos, e indefensos hombres bomba se han hecho estallar en un autobús. Dar igualdad de derechos, o diferencias de grado tanto a víctima como agresor es una sinrazón derivada de la visión del arquitecto social, de la élite. Nadie, ni teórico, ni legislador ni gobernante nos puede imponer cómo defendernos y menos aún exigir que controlemos una situación que por su propia naturaleza es incontrolable. Las agresiones físicas, excluyendo la violación, suelen durar pocos segundos, y en estos segundos la vida, libertad o propiedad de un inocente puede estar en peligro. Quien agrede los derechos de un inocente, pierde todos los derechos. La pena puede ser proporcional, pero la defensa no (siempre y cuando no se transforme en castigo o venganza, lo que entraría en otro terreno).

La proporcionalidad en la defensa es una copia o extrapolación poco cuidada de la proporcionalidad en la pena que pierde su validez en el caso de la defensa por sus características especiales. Una élite no nos puede decir, como apunta Paco Capella, que "el agresor muerto ya no puede trabajar para compensar a la víctima [si nos defendemos del ataque de forma ilegítima]". La justicia es un medio para llegar a un fin, no un fin en sí mismo. La única razón de su existencia es que sirva para defender los derechos del hombre libre y honrado, no que le fiscalice y menos aún que le exija, por imperativo legal, cosas que no puede cumplir, como actuar de "forma sensata". La insensatez es la agresión, no la defensa. Los insensatos son minoría en una sociedad (libertaria) que sólo evalúa la responsabilidad individual. La justicia, desde un punto de vista libertario, tampoco puede ser positivista ni utilitarista. El agresor no ha de pagar o compensar a la sociedad o a la víctima como primera exigencia legal si sus derechos peligran antes. Nadie está autorizado a someter al hombre libre (ni juez, ni políticos, ni ninguna élite) con la excusa de hacer una sociedad armónica, que en realidad es inasumible. El socialismo nos ha dado una muestra evidente de lo que ocurre cuando alguien así lo intenta. Si perdemos nuestros derechos en pro del "sistema", la sociedad, justicia del diseñador social, bien común o como queramos llamarlo, perderemos nuestra autonomía, individualismo y seguridad.

Por el pleno empleo en Andalucía

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Es seguro que un Gobierno de Rajoy no será tan desastroso como el de Zapatero, por supuesto, y considero razonable que Rajoy se transmute en un centro posibilista y tolerable a la izquierda tolerante (que tampoco hay tanta) por pura necesidad electoral.

No negaré que, como me aseguran, Rajoy sea el Merlín de los tiempos políticos, el gurú de los mensajes electorales, el zahorí del votante español. Yo mismo no me considero muy bueno en la adivinación electoral, y de hecho pensé hasta el último minuto que los españoles votarían mayoritariamente al Gobierno atacado por el terrorismo. Claro, que entonces me tendría que haber dedicado a la necromancia, y no me refiero a los 191 cadáveres calientes, sino al alma de los españoles.

Pero hay cosas que sí sé. Sé que la misión de ganar elecciones para el PP la tiene Mariano Rajoy y no yo. Sé que, como periodista, mi compromiso está con la verdad y, en mi caso, con la libertad. Y sé que todo mi deseo está en hacer a los demás partícipes de mis valores, algo de lo que estoy seguro, pues basta con no desvirtuarlos mucho con la palabra para que sean enormemente atractivos.

Cómo negar que haya políticos cuyo principal ánimo sean los intereses, rectamente entendidos, de los ciudadanos. Pero aunque sólo sea porque para algunos no lo es, aunque sólo fuere porque pueden confundir nuestros intereses con su ejercicio de poder, aunque únicamente fuese porque alguien tiene que hacerlo, los medios de comunicación tienen que mirar a los políticos con el único afán de recordarles, permanentemente, que hay una parte de la sociedad que no se deja atropellar.

Este es el juego de la cuerda. Si ganamos nosotros tendrán que ser los políticos quienes se acerquen a nuestras ideas. Si son nuestras ideas las que ceden, entonces los que no tengan remedio seremos nosotros.

El juego de la cuerda

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Puestos a prometer empleos Chaves pensó, como lo haría cualquier político en este país, que lo mejor sería garantizar el pleno empleo para Andalucía. En cualquier otro lugar del mundo el político en cuestión se plantearía el ligero inconveniente que supone haber realizado esa promesa con anterioridad cosechando fracaso tras fracaso. Pero Spain is different y Andalucía más aún.

Hace diez años se cumplió el plazo que dio Chaves para la consecución del pleno empleo en toda España siendo ministro de Trabajo socialista y los habían estado esperando sólo encontraron nuevas promesas. Ahora vuelve a prometer más de lo mismo y nos cuenta que el gran momento ocurrirá entre 2013 y 2015. Asombroso, ¿verdad? Pues habrá muchos que se queden esperando a esa fecha. El mundo imaginario de los politicastros se sustenta en dos pilares fundamentales. Por un lado la nefasta realidad de la educación pública ayuda a difundir los bulos y las falacias económicas que venden quienes quieren aferrarse al poder. Esto, por desgracia, no es un endemismo andaluz ni español. Por otro lado, en nuestro país la esfera de lo estatal y lo subvencionado parece haber succionado el resto de la sociedad civil dejando pocas áreas fuera de la larga mano del Gobierno de turno.

Vayamos por partes. La idea de que los políticos pueden realizar grandes gestas económicas por el bien de la sociedad es tan falsa como antigua es su refutación. Los individuos son los que mejor saben cuáles son sus sueños, la importancia que le dan y la mejor manera de gastar los menguantes euros que han ganado con su trabajo. Ningún político o comité de burrócratas será jamás capaz de superar los resultados que manan de las relaciones libres entre individuos. No es que sean tontos, es que son unos estúpidos arrogantes que creen saber mejor que los propios interesados cómo gobernar sus vidas. Lograr pleno empleo no tiene ningún misterio. Basta con un decreto ministerial. Lo que ya resulta más complicado es lograr que todo el mundo trabaje en la producción de cosas útiles. Las grandes gestas económicas las consiguen los individuos a pesar de quienes les gobiernan. Lo mejor que puede hacer el Gobierno para observar cómo los individuos se procuran empleo y todo tipo de bienes en tiempo record es dejar de estorbar.

Sin embargo, la falacia de la omnipotencia gubernamental cuela una y otra vez en España. No importa que, como en el caso de Chaves, el mismo político haya demostrado una y otra vez su manifiesta incapacidad a la hora de gestionar cualquier cosa que no sea su cuenta corriente. Pero es que cuando más de la mitad de la población acude diariamente al abrevadero del dinero público y los impuestos de quienes se dedican a producir para el resto son gastados en grandes altavoces y pantallas mediáticas, es comprensible que la gente crea en todo tipo promesas delirantes. Andalucía lo que necesita son menos promesas, menos intervencionismo gubernamental y más libertad. Bajo esas circunstancias los andaluces lograrían el pleno empleo. No sé cuándo, pero seguro que mucho antes de 2013.

¡La Iglesia católica no es socialista!

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

Cuando mandan ellos, en cambio, la única legitimidad es la que emana de las urnas y las decisiones del parlamento han de ser acatada sin rechistar. En definitiva, la democracia sólo vale si mandan "los nuestros" o, como dice Peces Barba, cuando lo hacen "los buenos".

Es un buen síntoma que los líderes del PSOE, encabezados por Pepiño, se hayan cabreado de esa manera ante el encuentro de familias cristianas organizado por la archidiócesis de Madrid. Si hubieran emitido una nota de prensa agradeciendo a la Iglesia el detalle, como católico que soy me hubiera empezado a preocupar en serio.

El berrinche del secretario de organización del PSOE le ha llevado a plantearse seriamente la posibilidad de borrarse de la religión católica. El tío está dispuesto a buscar en su cartera el carné de católico (seguramente con cuota mensual) y romperlo públicamente en señal de desagravio a Z, su líder espiritual. En el cielo la noticia ha provocado un terremoto y no es descartable que Dios mismo se aparezca en mitad del telediario de Lorenzo Milá para pedirle disculpas al insigne gallego y suplicarle que no abandone el rebaño. Es lo mínimo que merece alguien cuya devoción cristiana le ha llevado a afirmar públicamente que las medidas sociales del Gobierno socialista están inspiradas en las Sagradas Escrituras. No he encontrado todavía el versículo en que Dios revela a su pueblo que asesinar a bebés no nacidos es una actividad recomendable de cara a la salvación, pero si lo dice el señor Blanco tiene que estar ahí por alguna parte. Sólo es cuestión de buscar con cuidado.

No obstante, si la política de los socialistas sigue el mandato divino, el hecho de que el Papa se dirigiera al millón de heresiarcas como muestra de apoyo tiene que tener alguna consecuencia. No es descartable que Bermejinsky solicite al Estado Vaticano la extradición de su jefe para procesarlo por antidemócrata, mera posibilidad ante la que nuestro juez estrella habrá experimentado una sublime erección intelectual.

El problema de los socialistas con la Iglesia católica es que el sector de la curia que les apoya tiene una capacidad de convocatoria perfectamente descriptible. Los curitas cañón de San Carlos Borromeo, por ejemplo, no pasan de concentrar a unas pocas docenas de ateos rodeando a Bono y Zerolo, para abrevar en un cesto de bizcochos y meterse un lingotazo de kalimocho a modo de comunión. Rouco, en cambio, pega un sotanazo y mete a un millón de personas en el centro de Madrid. Ahí les duele. O sea que bien.e

Libertad para Fouad y Kareem

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

El saudí Fuad al-Farhan también ha sido arrestado, aunque todavía está pendiente de juicio, esta vez por escribir sobre presos políticos y la necesidad de reformas en el mayor de los países de la Península Arábiga. También en este caso se ha puesto en marcha una acción online para pedir su libertad.

No olvido, por supuesto, a las docenas de periodistas online y ciberdisidentes detenidos en varios países más. También a ellos les dedico este primer artículo que escribo en 2008. Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, 2007 se cerró con un total de 61 en prisión. El listado de RSF no recoge a Fouad al-Fahran, tal vez debido a lo cercano en el tiempo de su detención. China es, una vez más, la mayor cárcel del mundo para quienes se oponen a través de Internet a los sistemas dictatoriales, con un total de 51 encarcelados. Este es el dato más llamativo, pero hay otro que debería llamar la atención.

Con la excepción de Bielorrusia, todos los países que mantienen a ciberdisidentes en prisión son comunistas o musulmanes. En el primer grupo, además de China –que siempre tiene el dudoso honor de encabezar esta lista–, está Vietnam. Su régimen es el segundo en el que hay más personas en la cárcel debido a sus actividades en Internet, un total de ocho. El resto son Irán (con dos), Egipto, Jordania, Libia y Siria (un encarcelado en cada uno de estos países). El motivo por el cual en estos lugares se encarcela a quienes se atreven a criticar al Gobierno a través de la Red no es la religión, sino la naturaleza autoritaria o totalitaria de sus sistemas políticos.

Entre ellos están dos estados vistos con malos ojos por la mayor parte de la comunidad internacional, como el sirio o el iraní. Pero hay otros que cuentan con el visto bueno de casi todo el mundo. El caso de la Libia de Gadafi (cuya extravagante gira europea tras su "rehabilitación" ante los gobiernos democráticos ha sido un éxito) o aliados de Occidente como Egipto y Jordania (cuyos sistemas son dictaduras disfrazadas de algo parecido a democracias formales). Si hay que presionar a los primeros para que avancen hacia el respeto a los derechos de las personas, con estos últimos es especialmente urgente. El silencio ante lo que ocurre en estos países no sólo es inmoral sino que, además, ayuda al crecimiento de un integrismo islámico que acusa a los "cruzados" de apoyar a las dictaduras.

Occidente debe reaccionar ante las violaciones de los derechos más fundamentales de cada persona, como es la libertad de expresión, en internet y fuera de ella. No debe guardar un silencio que lo convierte en cómplice. La denuncia debe ser clara. En internet y fuera de ella. ¡Libertad para Fouad, Kareem y los otros 60 ciberdisidentes detenidos!

Defensa y proporcionalidad

Escrito por Francisco Capella en . Publicado en Análisis diario.

No tiene nada de ilógico hablar de proporcionalidad en la defensa: es un concepto perfectamente consistente, no contradictorio y con mucho sentido. El derecho a defenderse de una agresión criminal tiene límites y no queda determinado solamente por lo que la víctima considere oportuno según su inmediata valoración de la situación. Legitimar la defensa proporcionada significa modular de forma inteligente el uso de la fuerza y no implica justificar el crimen ni facilitarle las cosas al agresor. La proporcionalidad no deja a la víctima indefensa o en una posición de inferioridad frente al criminal. Proporcionalidad no es lo mismo que igualdad: el agresor sabe que la víctima tiene derecho a usar más fuerza que él con una constante de proporcionalidad adecuada (obviamente mayor que la unidad). Es perfectamente legítimo utilizar armas en defensa propia, siempre y cuando su uso se adecue a la situación de modo que no causen daños desproporcionados: no es lo mismo inmovilizar, aturdir, herir o matar. No es necesario esperar a que la amenaza inminente, clara y letal se lleve a cabo, ya que entonces no sería defensa y sería demasiado tarde. Si existe una amenaza física clara de muerte, aunque aún no haya habido ningún daño, es perfectamente legítima la defensa a muerte.

El principio de la proporcionalidad es consustancial a la justicia (y a la defensa justa o legítima) e imprescindible para que ésta no sea arbitraria. El criterio de proporcionalidad en la defensa recuerda que de lo que se trata es de repeler la agresión, y nada más, según su potencialidad y gravedad. No es necesario ni adecuado el mismo uso de la fuerza para un hurto menor que para un riesgo vital; no es lo mismo que te ataque alguien muy débil o alguien muy fuerte; no es lo mismo que el agresor se rinda (o huya) en seguida o que el agresor incremente su amenaza y muestre que no va a ceder.

Afirmar que un criminal pierde sus derechos al cometer un delito es muy impreciso: es necesario aclarar qué derechos pierde y en qué medida; no parece muy sensato pretender que se pierden absolutamente todos los derechos (incluso a la vida) por delitos menores (pequeños hurtos). Una teoría ética que simplemente insista en que la propiedad es inviolable en cualquier circunstancia es incompleta: es necesario especificar con la máxima precisión posible (quizás sea poca) qué es legítimo hacer cuando la propiedad está siendo o ha sido agredida, y no vale simplemente afirmar que cualquier cosa.

La proporcionalidad en la defensa no se basa en ninguna ordenación jerárquica de las posesiones de una persona en función de su valor (las valoraciones son subjetivas y dinámicas); lo que implica es una cierta relación de simetría entre las acciones agresoras y las defensivas de modo que se evite la arbitrariedad. No es que unas cosas sean objetivamente más importantes que otras (aunque en general sí lo son, la integridad física o incluso la propia vida no son siempre más valiosos que los objetos impersonales o que otros posibles valores), sino que tienen diferente naturaleza. No se trata de que la persona no pueda decidir qué valora más o menos y que el criminal o los demás lo hagan por él. Mi derecho de propiedad sobre mis posesiones no implica que mis cosas no puedan ser valoradas por los demás, sino que sus valoraciones, sean cuales sean, no les dan derecho a apropiarse de ellas. Lo que importa no son la valoraciones de los demás sino sus acciones y sus consecuencias; no se puede exigir a nadie que no valore algo o que lo valore de determinada manera. Una persona no es más virtuosa por matar a un ladrón si resulta que valora más sus posesiones que la vida del delincuente: es absurdo pretender que mi acción es legítima si mato a un ladrón porque me importa poco su vida.

Una parte esencial de la inteligencia argumentativa consiste en distinguir diferencias relevantes. Los criminales que no respetan el derecho de propiedad ajeno pueden cometer diversos tipos de agresiones, con violencia física o sin ella. Algunos ladrones evitan a los dueños y huyen si son descubiertos; otros agreden directamente a sus víctimas para que les entreguen su riqueza (o para otros crímenes como secuestros o violaciones). No es lo mismo un hurto (se pierden objetos materiales, en general sustituibles) que un ataque físico contra la persona (se pierde la integridad física, quizás no reparable, o incluso la vida, totalmente irreversible). Los criminales son responsables de las situaciones que crean, pero éstas son muy variadas y no parece adecuado responder que todo vale contra cualquier delito. No es ni malicioso, ni simplista, ni irreal investigar las diferencias y cómo tratarlas. Lo que no es muy inteligente es no diferenciarlas y tratarlas a todas igual.

Una víctima se defiende para poner fin a una agresión que se desarrolla en el tiempo y puede cambiar: si el agresor abandona su intento, la defensa ya no tiene sentido; si el agresor agrava su amenaza, se responde con más fuerza. La víctima decide qué nivel de defensa usar siempre que este no sea excesivo: puede renunciar a defenderse (no es una obligación), hacerlo al máximo permitido por su derecho legítimo, pero no puede exceder ese límite porque al hacerlo se convierte en agresor. Es totalmente inadecuado pretender que la víctima puede legítimamente defenderse como le plazca, independientemente de la naturaleza de la agresión, porque luego en la práctica el que se defiende usará su sentido común y no se excederá sino que actuará según sus valoraciones subjetivas. Esto equivale a pretender que las normas objetivas son innecesarias porque la gente sabe cómo comportarse: si un derecho se concede, se ejercerá más que si no se permite (las normas desincentivan las acciones que prohíben). Es peligroso otorgar derechos a usar la fuerza de forma desproporcionada pretendiendo que serán bien empleados, y además la ética intenta minimizar (no maximizar) el uso legítimo de la violencia.

Según sea la agresión el derecho a la defensa en distinto. Las alternativas a este principio son que no existe el derecho a la defensa, que es completamente arbitrario o aleatorio o que es siempre el mismo e independiente de la naturaleza de la agresión, lo que en ocasiones será insuficiente y otras veces excesivo. Si el derecho a la defensa no dependiera de la intensidad de la agresión, se incentivaría al agresor para emplear el máximo posible de fuerza, ya que ello no altera la legalidad de la conducta del defensor.

Es lógico que la legitimidad de la reacción posterior de la víctima dependa de la acción previa del agresor: la defensa implica un ataque previo (o inminente). Como es el criminal el que agrede en cierto modo determina el derecho de defensa al decidir el tipo de agresión, pero esto no le beneficia en absoluto si la proporcionalidad se ajusta para que salga perdiendo. Si las normas son objetivas y universales ambos, agresor y víctima, saben a qué tienen derecho (otra cosa es que su conducta sea legal o no). El agresor comienza la interacción, parece que controla la situación ya que de él depende el nivel del derecho a la defensa de la víctima: pero esto no es ninguna ventaja para él, ya que cuanto más intensa sea su acción ilegítima más rango de actuación concede al defensor; además no sabe si la víctima decidirá excederse y responder de forma desproporcionada (no es lo mismo saber lo que es legítimo que suceda que saber lo que realmente va a suceder). Quejarse de que el agresor determina el derecho de la víctima a defenderse es como protestar porque si no me agreden me están quitando el derecho a defenderme. Una teoría ética que otorgue un derecho de defensa ilimitado a la víctima es muy cómoda intelectualmente para ésta ya que no tiene que pensar cómo adaptarse a la situación: pero es tan simple que resulta inservible.

La proporcionalidad en la defensa no es un consejo a la víctima respecto a cómo responder ante una agresión: es una norma limitadora y legitimadora del uso defensivo de la fuerza mediante la cual se le advierte de que su utilización excesiva lo transforma en agresor. La persona que no se defiende y permite que le roben corre el riesgo de adquirir una reputación de débil que incentive a futuros agresores potenciales. La persona que se defiende de forma desproporcionada puede disuadir a posibles agresores, pero también puede obtener fama de bruto, injusto y poco razonable, de modo que algunos evitarán relaciones productivas con él. Una opción inteligente es disuadir mediante la exhibición de la capacidad defensiva y de la disposición a utilizarla (de forma legítima) para así no tener que usarla.

La defensa ante una agresión tiene el serio problema de intentar averiguar los resultados previsibles de la acción del agresor. Para ello es necesario estimar su capacidad de acción, y sus intenciones si se trata de una acción premeditada, deliberada (no un daño posible por negligencia). En muchas ocasiones esto puede resultar muy difícil. También puede ser muy complicado modular de forma gradual la fuerza disponible por la víctima.

La percepción subjetiva de la amenaza no es suficiente (debe haber algún hecho objetivo) para justificar cualquier defensa, ya que una víctima podría excederse fácilmente y luego simplemente alegar que percibió riesgo extremo para su vida; se premiaría a los hipersensibles que logren demostrar que sufren mucho con cualquier daño por pequeño que parezca para casi todo el mundo.

Una defensa proporcional legítima no requiere que la víctima tenga información plena y perfecta de la situación: simplemente que actúe de forma sensata (no arbitraria, no histérica, no exagerada) según una percepción razonable de la misma en la medida en que esta es posible dadas las circunstancias particulares de cada caso. El conocimiento es imperfecto y limitado pero los hechos objetivos existen y pueden al menos intentar estimarse, la incertidumbre no tiene por qué ser total. Es importante considerar las dificultades de cognición y autocontrol emocional (miedo, pánico) que se producen durante una agresión violenta (especialmente si es rápida y por sorpresa), pero no saberlo todo no es lo mismo que no saber nada.

Muchas legislaciones estatistas son liberticidas en el sentido de estar sesgadas contra la víctima, pero la solución no es corregir ese error con el error contrario. En un sociedad libre, los criminales se pensarían mucho el actuar sobre la propiedad de los demás, pero no porque deban temer por su vida, sino porque el sistema policial y judicial va a descubrirlos, capturarlos y obligarlos a compensar a la víctima, por lo cual el crimen no les merecerá la pena. Un sistema de justicia eficiente puede llegar a compensar ser robado: el ladrón es capturado y se le obliga a compensar satisfactoriamente a la víctima para que ésta no salga perdiendo; no es tan importante defenderse de un hurto. Los daños causados por una defensa ilegítima pueden ser mucho mayores que los costes que supondría la captura y condena del criminal: el agresor muerto ya no puede trabajar para compensar a la víctima.

Balance económico de Z

Escrito por Jorge Valín en . Publicado en Artículos en prensa.

De las declaraciones realizadas choca que España, según el presidente, haya "evolucionado hacia un modelo más productivo" cuando el propio Trichet (presidente del Banco Central Europeo) calificó la productividad española de "muy insatisfactoria" en comparación el resto de miembros de la UE. Llegó a decir que no era representativa "de una economía industrializada". Palabras muy duras y poco usuales en un alto burócrata. De hecho, la productividad española crece a la mitad que la europea y está en cotas de hace 30 años.

También impactan los sesgados números de Zapatero cuando afirma que nuestro poder adquisitivo ha aumentado. Todo cuadra sabiendo que los estadistas del Gobierno no están incluyendo el precio de la vivienda y que muchos de los productos contabilizados en su IPC tienen un peso totalmente arbitrario en la ponderación. Desde la entrada del euro, nuestro poder adquisitivo no ha parado de decrecer. Gran parte de culpa ha sido de las autoridades monetarias, pero el Gobierno ha sido incapaz de paliar el problema.

En su discurso, es casi un chiste de mal gusto que Zapatero marque como un hito la reducción en la tasa de temporalidad laboral cuando España tiene la tasa de temporalidad más alta de toda Europa, casi el doble de la europea. Los últimos datos de diciembre publicados nos indican que casi el 90% de los contratos han sido temporales, cifra muy similar a la de noviembre. Efectivamente, la ley Caldera ha significado uno de los grandes fracasos de esta legislatura. Afirmaba el ministro, en una entrevista realizada en El País en el año 2004, que "bajar la temporalidad al 25% sería un éxito". A duras penas se ha reducido un 2,5% y se debe al propio crecimiento de la economía. Si la ley Caldera ha sido incapaz de conseguir ni su más mínimo objetivo en pleno crecimiento económico, ¿qué cree que ocurrirá ahora que la economía se está enfriando de forma significativa?

En algo tiene razón Zapatero. Es innegable el crecimiento económico que ha tenido España en estos años. Gran parte de éste es debido a la política monetaria expansiva del BCE, hacia la que España estaba altamente receptiva para impulsar su sector estrella, la construcción. Los indicadores macroeconómicos, sin embargo, no son un fin en sí mismos, sino un medio para llegar a fines reales como el de bienestar. En este país, casi el 20% del PIB se lo lleva el sector de la construcción, del que la vivienda es sólo una parte. Aunque en agregados la economía está en buena forma, no ocurre lo mismo con sus componentes aislados, especialmente el referido a la economía del ciudadano, que año tras año ha visto disminuir significativamente su poder adquisitivo debido a este artificial crecimiento levantado sobre la ilusión de la inflación crediticia. No es de extrañar que la situación económica esté preocupando más a los ciudadanos.

El año 2008 parece que se va a cebar, al menos hasta el primer semestre, en los precios; perderemos más poder adquisitivo. El IPC adelantado del 2007 ha sido el más alto de la última década. Uno de los principales problemas para el nuevo año podría ser el desempleo debido al enfriamiento del sector de la construcción, algo que se acaba de confirmar con más de 100.000 parados más que el año pasado. En este tiempo Zapatero ha perdido una oportunidad de oro para adoptar medidas que nos librasen de esta situación que ahora se avecina. En su lugar, se ha dedicado a hacer regalos con nuestro dinero y ahora este comportamiento irresponsable va a pasar factura. Si los ciudadanos apenas hemos notado este crecimiento en nuestros bolsillos, ¿qué pasará ahora que las cosas se ponen feas?

Apoyo internacional a Colombia

Escrito por Alexander Fernández en . Publicado en Análisis diario.

Por su claridad, por su serenidad y por su contundencia frente al dictador Hugo Chávez, el discurso pronunciado por el presidente Álvaro Uribe Vélez desde la localidad de Calamar (Colombia) debe ser apoyado internacionalmente por las principales instituciones de la Unión Europea, de Canadá, de México y de los Estados Unidos de América y por todas aquellas naciones democráticas que defienden los derechos civiles frente al aplastamiento revolucionario de la libertad de los ciudadanos.

El apoyo internacional debería ser decidido y planteado seriamente para afianzar las democracias del Centro y del Sur de América mediante el fomento de su desarrollo socio económico por medio del libre comercio y de la firme colaboración entre las principales democracias del mundo.

Deben ser ayudados especialmente los países que, como Colombia, responden con democracia y con políticas de protección y defensa de los derechos y libertades de sus ciudadanos frente a una situación difícil de narcoterrorismo en sus selvas que sólo puede ser erradicada mediante una política lenta pero efectiva basada en los tres pilares del Gobierno Uribe, es decir, coincidentes con los tres deberes mínimos del Estado enunciados por Adam Smith en su famoso libro La Riqueza de las Naciones:

  1. Seguridad a los ciudadanos por medio de la acción decidida de la Policía y del Ejército protegiendo las poblaciones y sus principales infraestructuras.
  2. Administración de Justicia con la acción decidida de la Fiscalía, de la Procuraduría y de los Jueces.
  3. Realización de Infraestructuras que posibiliten y extiendan el desarrollo socio económico a todas las ciudades y departamentos.

El enfrentamiento entre el presidente Álvaro Uribe y el dictador Hugo Chávez es preferible que se produzca ahora y no dentro de varios años, cuando la financiación de acólitos socialistas pudiese haber incendiado aún más la región andina con nuevos países controlados por la revolución socialista bolivariana.

Sin embargo, el endurecimiento de las relaciones puede desembocar en un cierto desajuste económico en Colombia, ya que las importaciones desde Venezuela durante el año 2006 fueron de sólo 984 millones de dólares pero sus exportaciones fueron de 2.760 millones, convirtiéndose este país en el destino del 80% del comercio exterior de Colombia basado en alimentos, materias plásticas, productos químicos y automóviles. Por eso es muy importante el apoyo rápido y decidido a Colombia, la democracia más fuerte y pujante de la región andina, para detener el expansionismo liberticida de Chávez.

Si Europa y Estados Unidos desean de verdad ayudar enérgicamente al sostenimiento de la democracia en Colombia, deberían compensar con libre comercio los 4000 millones de dólares previstos para el año 2007 en exportaciones de las empresas colombianas hacia la cada vez menos productiva Venezuela, mermada económicamente por la planificación socialista implantada por Hugo Chávez y sólo compensada parcialmente por el elevado precio actual del barril de crudo situado ya cerca de los 100 dólares por barril.

Es un peligro real para las libertades en Colombia el más que probable apoyo financiero y político de Hugo Chávez a muchos políticos populistas y radicales como la senadora colombiana Piedad Córdoba o los miembros del Partido Comunista Colombiano integrados en el Polo Democrático Alternativo (PDA), que pretenden tomar el poder en Colombia para realizar cambios constitucionales e implantar la revolución bolivariana al igual que en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

Mención aparte merecen los muy probables apoyos del presidente venezolano mediante entrega de armas, protección, adiestramiento, logística y financiación a grupos narcoterroristas como las FARC, que justifican sus extorsiones, secuestros y asesinatos masivos con la revolución comunista. Recientemente, la revista española Interviú ha desvelado los evidentes indicios de ayuda y colaboración del gobierno revolucionario de Venezuela con los cárteles del narcotráfico, mediante la cobertura de su marina de guerra a los cargamentos con droga de buques en aguas internacionales, al igual que ya hiciese anteriormente la revolución castrista para atacar las democracias occidentales.

En ese asunto, la irresponsabilidad del actual Gobierno de España, encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, es manifiesta. No hay que olvidar la construcción de cuatro fragatas y cuatro corbetas de guerra que la empresa pública española Navantia está realizando para Venezuela para contribuir a la desestabilización del Mar Caribe y del Golfo de México, donde con seguridad también intenta extender su revolución el dictador Hugo Chávez. Paradójicamente, existía la posibilidad de firmar dicho contrato de suministro de buques militares con la democracia colombiana, pero el irresponsable Gobierno de izquierdas de España prefirió reforzar la revolución bolivariana por medio de la primacía naval de Venezuela en el Mar Caribe.

Aún más desestabilizadora para todo el mundo civilizado es el incremento de relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán, dados los deseos ya expresados públicamente por el gorila rojo de desarrollar su propio programa nuclear en línea con la política belicista del presidente iraní Mahmud Almadineyad con miles de separadoras centrífugas en funcionando para producir uranio altamente enriquecido, cuya aplicación directa es la fabricación de bombas y misiles nucleares de largo alcance y no la producción pacífica de electricidad.

La pretendida mediación de Hugo Chávez para lograr la liberación de algunos políticos secuestrados por las FARC, como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, buscaba la autopromoción del dictador y la publicidad de su movimiento revolucionario en Colombia, para facilitar la toma de poder por grupos de izquierda afines a su causa en las siguientes elecciones generales a celebrar en marzo de 2010.

Por las anteriores amenazas, la democracia de Colombia merece el apoyo firme y decidido de la comunidad internacional y, muy especialmente, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Si el apoyo político se realizase de manera inteligente, no debería bastar una mera declaración institucional políticamente correcta por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos o por parte del Comisario de Política Exterior (PESC) de la Unión Europea. Es más, ambos lados del Atlántico deberían impulsar una estrategia de apoyo conjunto a Colombia.

Es decir, si los políticos quisiesen pensar sin intereses electoralistas, lograrían definir una estrategia de largo alcance que afiance las democracias frente a la revolución comunista, como mínimo concretando su apoyo a Colombia en los siguientes aspectos esenciales:

  1. Declaración institucional de apoyo a la democracia de Colombia por su defensa decidida de las libertades individuales de los ciudadanos frente al narcoterrorismo y frente al expansionismo liberticida de los movimientos revolucionarios como el socialismo bolivariano.
  2. Aprobación urgente de un Tratado de Libre Comercio (TLC), justo y equilibrado, entre la Unión Europea y Colombia para lograr impulsar el desarrollo económico del país andino, a fin de lograr limitar las derivas revolucionarias financiadas y alentadas por Hugo Chávez, gracias al fruto de las exportaciones de petróleo.
  3. Más urgente todavía sería la aprobación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos y Colombia favorable para ambas partes, dada la importancia para la potencia norteamericana de lograr aliados duraderos entre las principales democracias de Sudamérica para frenar el expansionismo revolucionario de Venezuela.

Cualquier excusa y cualquier dilación en la consecución y firma de un TLC por parte de la UE y de EEUU no ayudarán más que a Chávez y mermarán las posibilidades de consolidación democrática en Colombia.

Los anteriores apoyos deberían ser reforzados con intensa colaboración económica, social, cultural, policial y militar y con medidas expresas de apoyo económico como las áreas de exención fiscal, los microcréditos y los créditos internacionales. El área de exención fiscal de los departamentos del Cauca y de Huila debería ser prorrogada, mejorada y extendida al mayor número de regiones posibles, ya que ha permitido la instalación de grandes empresas internacionales y ha creado tejido industrial y miles de puestos de trabajo y, por tanto, desarrollo socio económico en muchas poblaciones.

Por otro lado, los microcréditos permitirían ayudar a emprender negocios a las miles de personas desplazadas del campo a la ciudad por el narco-terrorismo presente en las zonas rurales más alejadas. Y esos microcréditos también permitirían el desarrollo de la población rural en las poblaciones cercanas a las principales infraestructuras viales aseguradas por el ejército colombiano.

Finalmente, los créditos internacionales contribuirían a acelerar la construcción de infraestructuras por medio de asociaciones público privadas que permitirían la realización, la explotación y la financiación de infraestructuras (carreteras, puentes, túneles, centrales eléctricas, hospitales, escuelas) por compañías privadas internacionales con pago del servicio prestado por medio de peajes durante 30 o 40 años y con retorno final de la propiedad a los ciudadanos colombianos.

Actualmente, la política colombiana está logrando la seguridad en el transporte urbano por medio de la Policía Nacional que protege con eficiencia medios de transporte como el autobús Transmilenio en Bogotá, el Megabus en Pereira y el Metro suburbano en Medellín. También la presencia del Ejército colombiano y de la Policía de Carreteras está dotando de seguridad el transporte interregional con vías construidas, explotadas y mantenidas en buen estado mediante peajes privados impulsados desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

En definitiva, Colombia está logrando extender eficientemente el desarrollo socioeconómico a las regiones más pobladas del país, lo que permite afianzar la democracia y permite parar el hambre y la pobreza que generarían la planificación comunista que pretenden implantar las FARC, los grupos radicales de izquierda y el actual Gobierno revolucionario de Venezuela.

Ya se han extendido la revolución y los cambios constitucionales liberticidas hacia Bolivia, Ecuador y Nicaragua, logrando con petrodólares venezolanos y discursos populistas lo que la extinta Unión Soviética y el sátrapa Fidel Castro estuvieron impulsando y ansiando durante décadas.  Y, como ya ocurriera con el nacional socialismo de la Alemania gobernada por Adolfo Hitler, no sirven las actitudes tibias cuando hay que frenar las políticas liberticidas y el expansionismo de un régimen totalitario.

Por ello, con visión de futuro, los políticos de la Unión Europea y de Estados Unidos deberían dar pasos decididos para impulsar el desarrollo económico de las democracias de América, y muy especialmente de Colombia, mediante Tratados de Libre Comercio, que eliminen las políticas proteccionistas y permitan el flujo de bienes y servicios sin aranceles ni trabas legislativas. Sólo la firmeza política y la intensa colaboración comercial entre las naciones democráticas podrán parar la expansión de la revolución socialista en América Central y en Sudamérica.

Para apoyar decididamente un Tratado de Libre Comercio de EE.UU con Colombia, los políticos y los burócratas de Washington deberían viajar en coche, por ejemplo, por el valle del río Cauca desde la populosa Cali, con su enorme desarrollo económico y sus más de tres millones y medio de trabajadores, hasta la ciudad de Popayán para comprobar cómo la retirada forzosa de los narcoterroristas hacia territorios poco habitados y las nuevas infraestructuras aseguradas por el ejército impulsan el enorme desarrollo que está logrando Colombia. Una realidad derivada del espíritu emprendedor de sus ciudadanos, estimulada por la presencia activa de la policía en las ciudades y por la seguridad proporcionada por el ejército en sus principales vías de comunicación, todo ello consecuencia de la lucha decidida del gobierno de Uribe contra la delincuencia.

Con total seguridad los funcionarios de Bruselas dejarían de inventar excusas políticas y apoyarían el Libre Comercio de la UE con Colombia si viajaran y observaran de primera mano la seguridad jurídica y la gran vitalidad económica, social y cultural en las principales poblaciones donde viven una mayoría de 47 millones de colombianos.

Si no se produce el apoyo internacional durante los próximos años, la actual prosperidad socioeconómica de Colombia, con un incremento anual del Producto Interior Bruto (PIB) por encima del 4’5%, seguirá resistiendo en solitario la amenazada de la revolución socialista bolivariana impulsada por Hugo Chávez.

Debemos reclamar sensatez y seriedad de los políticos occidentales, para apuntalar con libre comercio la pujanza en la región andina de las democracias de Perú y Colombia y, así evitar mayores problemas futuros que podrían llegar a derivar en guerra e inestabilidad mundial ante el ansia expansionista del nuevo comunismo impulsado por el régimen venezolano.

Esperemos que la UE y EE.UU. no vuelvan a lavarse las manos ante los problemas de ciertas regiones del mundo, ya que la acción diplomática rápida e inteligente debe ser continuada con políticas de largo alcance de nuestros gobiernos democráticos, para evitar hipócritas lamentaciones futuras por lo que suceda en el continente americano en los próximos años.

¿Pero es que nadie va a pensar en los niños?

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

El informe que ha publicado hace unos días se centra en buscar las razones para exigir que no se vendan juegos inadecuados a menores; se agradece que al menos nos dejen a los mayores seguir disfrutando de ellos.

El estudio es un ejemplo de cómo poner el carro antes de los bueyes, es decir, cómo decidir las conclusiones antes de tener evidencia que las soporte. Así, afirman que es necesario que el Estado prohíba la venta de videojuegos inapropiados a menores, pero ellos mismos reconocen en sus pruebas (consistentes en enviar a niños de 9 o 10 años a comprar Scarface, juego de hampones basado en los personajes de la película de Brian de Palma y, claro, violento) que el hecho de que las comunidades autónomas ya hayan legislado al respecto no parece que sirva de nada, pues los críos podían comprarlo igualmente en aquellas en que ya está prohibido.

Del mismo modo, protestan porque el PEGI, que es el estándar de clasificación de juegos que se emplea en Europa y al que se someten de forma voluntaria las empresas de videojuegos, no está bien hecho, y sugieren que el Gobierno de España, como gusta ahora en llamarse, se dedique en Europa a cabildear para "mejorarlo". Como únicos ejemplos, ponen dos juegos… de coches, que según su real saber y entender deberían tener una clasificación más dura que la que pusieron los fabricantes, que era recomendarlos para mayores de 7 y 12 años respectivamente. Y es que aunque PEGI naciera con sus fallos, ha ido mejorando hasta convertirse en una guía bastante fiable para los padres de lo que verán sus hijos si les compran un videojuego.

Este estudio, como todos los anteriores, parte de una presunción que jamás se preocupa por demostrar o respaldar por datos: que para los niños es malo acceder a juegos que "violen los derechos humanos" porque de mayores reproducirán esos comportamientos. Eso es algo que cualquier crío de ocho años sería capaz de ver que es una estupidez. Pero si no dispone de ninguno a mano, créase los consejos del Gobierno británico. Después de años y años de triunfo de lo políticamente correcto en la educación de los niños, ahora ha recomendado que se les deje jugar a cosas violentas porque es bueno para su desarrollo.

Pero bueno, quizá los de Amnesia Internacional consideren que aunque pueda ser bueno para los niños, para las niñas es malísimo. Por eso debieron escoger a una niña de 9 años para que comprara Scarface; para eso y para crear alarma entre los padres y así volver a vender un año más su defectuosa mercancía. El caso es que dudo mucho que ninguna niña de 9 años quisiera no ya comprar sino jugar al Scarface. Suelen tener otras aficiones, como Los Sims, que a mí me aburren tremendamente. Ya, ya sé que insinuar que hombres y mujeres, o niños y niñas, son distintos y juegan a cosas distintas es un pecado de lesa progresía, pero es que es verdad, qué demonios.

Lo único bueno de este informe es que llega dos años después de que publicaran el anterior. Antes los hacían todos los años. Eso que salimos ganando.