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Cupones para alimentos y propuestas relacionadas

Tras leer un interesante artículo de Albert Esplugas en este foro, así como los certeros comentarios suyos y los de otros lectores que le siguieron, me han dado pie a reflexionar sobre ciertas ayudas del Estado, siempre polémicas para posiciones liberales.

En los Estados Unidos, supuesta encarnación del libre mercado y del capitalismo desenfrenado, existe un programa federal de ayuda a las personas de rentas muy bajas para comprar comida en caso de extrema necesidad mediante cupones de alimentos (tarjetas electrónicas llamadas EBT). Los pasos necesarios para obtenerlos son relativamente sencillos: una solicitud a la oficina local del Departamento de Agricultura (USDA), la aportación de ciertos justificantes de ingresos y de gastos domésticos y una entrevista con el burócrata de turno pueden dar como resultado ser merecedor de unos cupones (food stamps) para comprar alimentos en cualquier supermercado del país durante algún tiempo.

El Estado benefactor es mero agente pasivo en estas ayudas. No produce los alimentos, no los transporta, no mantiene la cadena de frío en su caso, no realiza exhaustivos controles de calidad, tampoco los distribuye ni los comercializa. El Estado se limita a exigir un registro de productores y que se cumplan unas reglas de higiene y seguridad alimenticia sin alterar gravemente la producción del vasto volumen de alimentos que se comercializan y se consumen en dicha sociedad extensa. Es la libre función empresarial, la competencia, la libertad de precios y de mercado (a pesar de los aranceles, las barreras técnico-sanitarias impuestas por la FDA y las subvenciones agrarias) las que permiten –y garantizan– a los consumidores tener acceso a casi cualquier tipo de alimento de calidad en todo momento.

Si uno se para a pensar cómo los alimentos llegan a nuestra mesa de forma recurrente o cómo los estantes de los supermercados están permanentemente llenos de muy variados alimentos a precios asequibles y no se queda maravillado, es que ha dado por sentado demasiadas cosas de un proceso que es realmente sorprendente.

En ese mercado todo el mundo (productores, intermediarios y consumidores), a la hora de hacer sus intercambios voluntarios, se mueve por su exclusivo interés y, quitando a sus allegados o a sus competidores más directos, le importa más bien poco lo que hagan o dejen de hacer los demás. No obstante, ese mecanismo egocéntrico, sin que ningún Gobierno intrusivo o concurrente haya metido apenas las narices en él, es muy capaz de alimentar satisfactoriamente y sin interrupción a la gran mayoría de sus intervinientes; además, sin apenas conflictos sociales. No se sabe muy bien cómo, pero funciona.

Pocos procesos humanos cumplen para mí un servicio público tan evidente como éste. Pensemos, por el contrario, en las grandes colas de las pésimas y escasamente surtidas tiendas de la economía planificada de la extinta URSS.

Es urgente que el poder decisor de ciertos servicios secuestrados o monopolizados por el moderno Estado asistencial pasen a manos privadas. No obstante, siempre quedará en las sociedades libres una minoría que no tenga fácil acceso a los alimentos, a la asistencia sanitaria, a la educación, a la vivienda o al ahorro. Los que desconfían de la efectividad de la solidaridad humana verdadera (la voluntaria), se les podría persuadir de las ventajas de un verdadero mercado libre junto con la distribución de cupones o cheques estatales (tipo las EBT electrónicas) que respeten la imprescindible función empresarial en todas esas áreas.

¿Por qué no favorecer un completo mercado libre de prestación educativa, sanitaria, farmacéutica, aseguradora o de suelo y limitarse el Estado a gestionar unos cupones sólo y exclusivamente para una minoría, los impedidos por una u otra razón, con el fin de que puedan ser atendidos o cubiertos por un libre mercado desplegándose continuamente? Si los poderes públicos pasan a ser así meros compradores de servicios (y encima no mayoritarios) y dejan de ser productores o planificadores de sectores enteros de la economía, los escenarios futuros podrían de verdad sorprendernos.

Si el Estado se empeña en perseguir quiméricas ilusiones tipo justicia social o igualdad de oportunidades seguirán produciéndose despilfarro de recursos y empobrecimiento general. ¿Qué tal si los poderes públicos se limitaran a producir justicia a secas y permitir la libertad de oportunidades? Es más, las sociedades abiertas, tal y como proponía Hayek, pueden perfectamente darse el lujo de mantener un sistema de asistencia pública de mínimos (a costa del mercado) en beneficio de los incapacitados, sin afectarlo gravemente como sucede ahora con las masivas medidas del Estado social del malestar.

Por supuesto que con estos mecanismos no desaparecerían los impuestos, pero de seguro que la presión fiscal y la descapitalización de las empresas serían menores y, por tanto, mejoraría la productividad general. ¿Por qué no pensar en un tipo único verdaderamente reducido?

A pesar de las condiciones que traen consigo toda ayuda estatal, creo que si son pasivas podrían ser un medio válido para revertir la actual tendencia expansiva del poder público. Ante la insostenibilidad del actual Estado providencia, es necesario pensar en alternativas atractivas para una mayoría frente a la calamidad de gestión socialista/intervencionista que padecemos en la actualidad con la producción estatal de educación, salud, pensiones o viviendas. Aunque sólo sea para desviarnos del certero y atroz camino de servidumbre que se nos avecina.

Brindemos esta Navidad por la próspera sociedad civil y por la libertad y no por los menguados restos ofrecidos "graciosamente" por la obsequiosa y trilera casta política.

Una pensión de 5.900 euros

¿Le gustaría aspirar al nivel actual de las pensiones o prefiere tener una pensión más de dos veces mayor? La pregunta puede parecer estúpida, pero es la respuesta actual a esa pregunta la que es estúpida, porque seguimos con la primera opción. Claro, que también puede ocurrir que haya quien no sepa que existe la otra respuesta. Por ese motivo, el Instituto Juan de Mariana ha realizado un estudio haciendo un cálculo muy sencillo.

Ha supuesto que el trabajador medio dedique la cuota íntegra que nos quita la Seguridad Social del sueldo a la inversión en la Bolsa española, desde 1992 hasta 2006, incluyendo ambos. Teniendo en cuenta las aportaciones mensuales y su rentabilidad a lo largo de estos años, un trabajador habría acumulado un patrimonio propio de 246.865 euros, que otorgarían una renta mensual del entorno de 1.500 euros.

No hace falta hacer un mayor esfuerzo. No es necesario convertirse en un as de las finanzas. Basta con destinar el pago íntegro de la Seguridad Social a un fondo que sea representativo del Ibex 35. Y la renta, en menos de la mitad de una vida laboral, hubiera sido 2,3 veces la pensión media.

También se han planteado qué ocurriría si ese trabajador medio estuviese invirtiendo ese dinero a lo largo de 30 años; pongamos que desde los 25 hasta los 55 años. La rentabilidad real media del S&P a lo largo de su historia es del 7 por ciento, y si la proyectamos hasta 2022 obtendríamos un patrimonio de 980.000 euros, que nos darían una renta mensual de 5.900 euros de los de hoy a partir de 2023.

Y la renta procedería de su patrimonio, no de lo que sea capaz de extraer el Estado a los trabajadores en ese momento. No dependerá ni de los inexorables de la demografía ni de los juegos políticos del momento ¿No son argumentos suficientes, al menos, para plantearse acaso como posibilidad la privatización de las pensiones? Quizás sí. Puede que no sea mala idea.

Feliz Navidad consumista

En las sociedades libres se crea riqueza ex novo, es decir, allí donde no existía, de modo que tu ganancia no es mi pérdida. Al revés, tendrás más que darme por lo que yo puedo ofrecer, de modo que en el capitalismo la ganancia del vecino es una bendición para los demás. Este presentador puede sentirse reconfortado.

Quitando esta pequeña excepción, las navidades se llenan de nuevas condenas a la sociedad libre y en concreto al consumo. Greenpeace ha acusado a San Nicolás, en ese estilo delicado y fino que se gastan, de "terrorismo medioambiental". El Papa ha condenado el "materialismo" navideño. Los comercios, es cierto, se ponen a prueba todas las Navidades para atender las demandas, cada vez más variadas, de los ciudadanos. ¿De veras es tan malo que aumente el consumo estos días?

Nos gastamos más dinero en comprar cosas que compartimos con los demás; regalos y comida. No me parece nada mal. A mí, como a Pablo, me gustan los regalos "superfluos", prescindibles, aunque no tan prescindibles como las ONGs que viven de nuestros bolsillos. Los bienes de consumo son los que más cerca están de nuestros deseos, y si tenemos buenos deseos para los demás en estos días, lo que necesitamos son bienes de consumo que los transmitan.

Siempre ha habido un personaje, habitualmente mal encarado, que no puede vivir sin aguarle la fiesta a los demás. Quieren que los demás nos sintamos mal por hacer lo que nos apetece con nuestro dinero, que a cada paso que andemos sintamos el aguijonazo de un profundo sentimiento de culpa porque hacemos regalos o nos los hacen, porque compartimos comidas con familiares y amigos, porque hacemos las compras a que hemos renunciado en el año o porque nos damos ese capricho que no nos permitimos en otro momento del año. Que con su pan se lo coman. Sus malos deseos, tan poco navideños, y su neopuritanismo.

Feliz Navidad consumista.

Latrocinio navideño

Y es que pocas veces hemos experimentado un empobrecimiento tan rápido a la luz de los millones de bombillas y al ritmo de la música oficial que nos cuenta lo contentos que tenemos que estar a pesar de que no llegamos a fin de mes.

Hace unos días tuvimos que aguantar al Gobierno encomendándonos a comer conejo en lugar de pavo, cordero, ternera o lo que nos venga en gana. De no hacer caso al consejo, nos advierten, los consumidores seremos oficialmente declarados culpables de la inflación. ¡Qué cara más dura! No hace falta ser ministro de Economía ni catedrático en teoría de precios para saber que la inflación es un fenómeno monetario que, en vista del actual monopolio de emisión de moneda, es responsabilidad política. Si todos decidimos comer pavo, subirá el precio del pavo al tiempo que bajará el precio de muchos de los bienes que dejamos de consumir por comprar pavo. Sin embargo, aquí lo que pasa es que suben los precios de casi todo y eso no se consigue aumentando el consumo sino la velocidad a la que gira la maquinita de hacer billetes.

La clase política ha decidido envilecer nuestra moneda y robarnos poder adquisitivo sin medida por el sutil medio de la inflación. Es algo sobre lo que ya no cabe dudar a estas alturas, pero al menos se agradecería que tuvieran la decencia de no culpar a las víctimas. Si pudiera elegir entre los ladrones ilegales y estos sinvergüenzas que ocupan las altas esferas del monopolio del uso de la fuerza, creo que me quedaría con los primeros. Al menos estos no me dirán que si tengo menos capacidad de compra tras el robo es por mi culpa, ni me vendrán a decir lo que tengo que cocinar para maquillar un poco el latrocinio sufrido y la maltrecha cartera. Me roban y me dejan en paz. Eso es precisamente lo que no son capaces de hacer los gobiernos. Cuando ya te han desplumado usan parte del dinero que te han quitado en hacer propaganda de lo bien que lo han hecho.

Enciendes la tele o pones la radio y te tragas el anuncio del ministerio de turno dándote a entender que sin ellos serías un miserable. El otro día el ministro de Economía se jactaba de lo bien que lo ha hecho. No sé realmente a qué se refiere pero de verdad que me cuesta entenderlo. Es como si el carterista del metro me dejara en el bolsillo un tríptico contándome lo bien que lo hace y lo orgulloso que debo estar de que me haya tocado él y no la competencia.

El mercado a favor de la cultura

Miguel Ángel y los demás artistas italianos del Renacimiento pintaban por dinero. Bach, Mozart, Hadyn y Beethoven componían movidos por incentivos pecuniarios. Todos ellos eran empresarios y artistas al mismo tiempo. Otros autores abrazaron una vida bohemia y emanciparon su arte de consideraciones monetarias, pero fue gracias al mercado que pudieron costear esa independencia. Proust podía permitirse vivir como un ermitaño porque contaba con el dinero de su familia, obtenido en la bolsa de París. La mayoría de los artistas franceses del siglo XIX (Delacroix, Seurat, Monet, Cézanne…) vivían de la riqueza acumulada por sus familias, normalmente fruto de la actividad mercantil. T. S. Elliot trabajó en el banco Lloyd´s, James Joyce daba clases de lengua, Paul Gauguin hizo sus ahorros como agente bursátil, Charles Ives era un ejectuvo de seguros, y Philip Glass era taxista en Nueva York.

Como destaca Tyler Cowen en su loa a la cultura comercial, el bohemio, el vanguardista y el nihilista son en realidad productos del mercado, porque solo la riqueza que genera el mercado es capaz de sustentar la independencia financiera de esta clase de artistas alternativos. En ningún otro período de la historia, ni bajo ningún sistema económico que proscribiera la libre empresa, ha habido tantos artistas alternativos e independientes como en tiempos recientes en las sociedades con economías más libres.

In Praise of Commercial Culture de Tyler Cowen, economista y billonario cultural, es el mejor antídoto contra la extendida opinión de que el ánimo de lucro está reñido con la creación artística y de que el capitalismo corrompe la cultura. El mercado genera incentivos para adaptarse a los gustos de los consumidores, pero también otorga independencia financiera a los que quieren emanciparse de los gustos de las masas. Los incentivos pecuniarios, por otro lado, no reducen la cultura al mínimo común denominador, los artistas también pueden prosperar en nichos de mercado, atendiendo una demanda muy específica y exigente.

El mercado favorece la cultura al cubrir nuestras necesidades físicas y dilatar nuestro tiempo libre. Podemos permitirnos intereses ascéticos porque vivimos en una sociedad productiva y rica. No en vano las sociedades más capitalizadas son las que consumen una mayor proporción de bienes artísticos y culturales.

La competencia empresarial ha abaratado extraordinariamente los costes de producción del arte. Los instrumentos musicales, los equipos de fotografía y video, las pinturas y los lienzos… son hoy asequibles para millones de personas, artistas potenciales a quienes antes les estaba vedada la posibilidad de experimentar. Estos costes de producción reducidos también han contribuido a la independencia financiera del artista.

El mercado ha introducido numerosas innovaciones en la difusión y en la preservación de las obras artísticas. La imprenta, las mejoras en la producción de papel y la expansión de internet han universalizado el acceso a la palabra escrita. Las producciones sinfónicas están hoy al alcance de millones de oyentes gracias a los avances tecnológicos en la radio y en los sistemas de grabación. Cualquier persona puede acceder hoy más fácilmente a las obras de Mozart o de Shakespeare que sus propios contemporáneos.

Así mismo, históricamente los centros culturales más destacados han florecido en sociedades comerciales, con estructuras de poder descentralizadas o poco autoritarias. El Renacimiento tuvo su máximo exponente en ciudades-estado como Florencia o Venecia, dominadas por el comercio. Los Países Bajos y su escuela flamenca tuvieron su edad dorada en el siglo XVII, cuando era la región más próspera y el centro mercantil más importante del mundo. El impresionismo francés del siglo XIX no nació en el Salón parisino controlado por el gobierno, fue financiado por la demanda internacional y el capital privado surgido del auge industrial.

En el último siglo Estados Unidos ha tomado el liderazgo en ámbitos como el arte abstracto, la composición clásica moderna, la danza moderna, la ficción, la poesía, la arquitectura, el jazz o el teatro. No es casualidad que la mayor parte de la financiación de sus instituciones artísticas provenga del sector privado, en forma de donaciones y de recaudación por entradas y subscripciones. La financiación pública representa solamente un 13% de los presupuestos de las instituciones y organizaciones artísticas americanas sin ánimo de lucro. En el caso de las orquestras sinfónicas, por ejemplo, la financiación pública directa representa un 4%. Un teatro o una orquestra sinfónica en Alemania, en contraste, recibe un 80% o más de su presupuesto por esa vía. En Francia e Italia los subsidios estatales constituyen casi la totalidad del presupuesto del museo medio.

Si nos fijamos en las donaciones individuales a organizaciones sin ánimo de lucro, los ciudadanos estadounidenses donan diez veces más per cápita que los franceses. Este dato no sugiere que los franceses son menos generosos, o que tienen menos inquietudes artísticas. El menor volumen de donaciones es un efecto del papel más activo del Estado. La financiación pública no complementa la financiación privada, la desplaza. Si sabemos que el Estado se encarga de financiar el arte concluimos que nuestra contribución ya no es necesaria. El presupuesto del Ministerio de Cultura francés fue de 2.639 millones de euros en 2004. El presupuesto de su equivalente americano, la NEA (National Endowment for the Arts), fue un 3,2% de aquel montante en el mismo ejercicio. Si añadimos el gasto público a nivel estatal y local la cifra asciende a 886 millones de euros, una tercera parte del presupuesto francés. Eso en un país que tiene cinco veces la población de Francia y seis veces su producto interior bruto.

Esta relativa pasividad del Estado no ha sido un impedimento al desarrollo cultural, antes al contrario. Desde 1965 a 1990 el número de orquestras sinfónicas en Estados Unidos ha pasado de 58 a casi 300, el número de compañías de ópera de 27 a más de 150, y el número de teatros regionales sin ánimo de lucro, de 22 a 500. Francia, sin embargo, ha perdido su status como líder mundial en el campo artístico y es hoy un ávido importador de cultura americana. Como dato anecdótico, un 30% de las obras de ficción vendidas cada año en Francia son traducidas del inglés, mientras que solo una docena de novelas francesas consiguen penetrar en el mercado estadounidense.

El capitalismo, en definitiva, favorece la cultura aportando más y nuevas fuentes de financiación, produciendo innovaciones, fomentando nuestras inquietudes ascéticas, e instituyendo incentivos para desarrollar y preservar el arte. La expansión del mercado y el progreso cultural, lejos de estar en conflicto, van de la mano.

Navidades responsables, verdes navidades

Este año la inflación, la de verdad, nos va a hacer a muchos un poco más ecologistas, al menos en lo que a gasto navideño se refiere. Por si acaso, los duendes de Greenpeace han elaborado una de esas guías responsables, perfectamente solidarias y alternativas, con las que podremos disfrutar del espíritu navideño sin arrasar con nuestras comidas el planeta. Todo un catecismo en catorce puntos; una exposición sucinta del arte del bien comprar con la que, desde luego, no creo que seamos capaces de ahorrar un céntimo. Al contrario.

En cualquier caso se trata de una alternativa voluntaria. Al fin y al cabo uno puede comprar un árbol de plástico por 15€ o mejorar su huella ecológica pagando tres veces más por uno de papel reciclado o diez por una abeto enano; mientras que, quiéralo o no, le sacarán tres euros cuando eche a la cesta un iPod.

De momento no hay un canon ecolojeta para los artistas de Greenpeace, aunque la ubicuidad del "cambio climático", el triunfo mediático del ecoalarmismo, pueden depararnos nuevas soluciones imaginativas vía legislativo. Al fin y al cabo en este asunto el único color político que hay, al parecer, es el verde. Eso pese a que en la última encuesta del CIS sólo el 0,2% de los entrevistados escogieron a los "problemas medioambientales" como el principal problema que existe actualmente en España. Lo que, bien es cierto, contrasta con alguna de las alarmantes respuestas que pudimos leer en la encuesta sobre ecología y medioambiente del pasado junio.

Por ejemplo, el 65,9% de los entrevistados estuvieron de acuerdo en que "hay que conservar la naturaleza aunque ello limite el desarrollo económico". Supongo que la imagen de gigantescas chimeneas humeantes pesaron mucho en esta respuesta, ya que, coincidencias al margen, casi un 60% de los encuestados afirmaron estar poco o nada informados sobre temas de medio ambiente y de los que se consideraron bastante o muy informados, el 40% restante, nada menos que un 82% se ilustran con lo que cuentan los medios de comunicación y, en fin, ya saben cómo está el patio a izquierda y derecha.

En la misma línea, siempre tocando el bolsillo, pensando en esas soluciones imaginativas a las que antes me refería, un 47,4% asintieron que "la defensa y conservación del medio ambiente es absolutamente necesaria, aunque su protección suponga a veces costes altos". Por cierto que, pese al desconocimiento medioambiental declarado, un 60% afirmaron conocer la existencia del protocolo de Kyoto, eso sí, la ministra Narbona puede estar tranquila: desde su anonimato pocos la señalarían como responsable por negligencia del apocalipsis climático que se avecina.

Y, teniendo en cuenta que los recursos del Estado proceden de los impuestos ¿cree usted que las Administraciones Públicas gastan lo suficiente, gastan más de lo que deberían o gastan menos de lo que deberían para proteger y conservar el medio ambiente?

¡Ay! Nada menos que un 54,5% señalaron que gastan menos de lo que deberían frente al 7,8% que dijeron lo contrario. Por cierto, ¿cuánto es? En la encuesta no se menciona si se le dio el dato a los entrevistados. ¿Sobre qué estaban opinando exactamente?

Volviendo a la cesta navideña, la que tendremos que pagar con lo que nos quede del sueldo descontada la inflación y el resto de impuestos, creo que los horrorosos duendecillos de Greenpeace pueden estar moderadamente satisfechos con los hábitos que declararon los españoles, aunque si quieren que muchos más brinden por el planeta tendrán que aplicarse: las más de sus propuestas son sencillamente un cuento de navidaZ, con Z de Zapatero, que no de probidad.

El aborto es un asesinato, ¿lo sabía?

Los elementos de juicio que se aducen para justificar la necesidad de esta reforma, curiosamente, no tienen en cuenta lo más importante, en realidad lo único trascendente, que obviamente es el bebé no nacido, cuyo derecho a la vida se soslaya a favor del de la madre a acabar con él.

Hay quien se escandaliza de que un feto de 31 semanas pueda ser asesinado, descuartizado y tirado al cubo de la basura, todo dentro de la más estricta legalidad. Sin embargo, ¿qué diferencia existe entre un ser humano no nacido con treinta semanas de gestación y otro de veinte, o de quince o de cinco? Ninguna, salvo las características de su desarrollo físico. Pero lo esencial en este caso no es la apariencia física del bebé, sino su condición humana, y eso es algo que todos adquirimos desde el momento de la concepción. El cigoto unicelular, desde el mismo instante de la concepción, es ya un organismo único de la especie homo sapiens, con sus 46 cromosomas que definirán sus características personales a lo largo de su vida. En el momento de la concepción estamos ante una nueva y genéticamente única vida humana individual.

No hay ningún momento entre la concepción y la muerte a la vejez en que la ciencia pueda discriminar la esencia humana del individuo: "A partir de aquí se es un ser humano, de aquí hacia atrás no". Imposible. Si se es un ser humano se es desde el principio.

Por tanto, aunque las leyes dicten la licitud de asesinar a un ser humano no nacido, en el plano ético estamos ante la privación del derecho a la vida de un individuo. Un ser humano que además no puede valerse por sí mismo, sobre cuyo derecho a la vida el Estado se arroga la capacidad de decisión. El principal argumento de los partidarios del aborto es que se trata de un ser vivo que depende del soporte vital de la madre para su existencia y que, por tanto, la madre puede decidir si quiere seguir manteniéndolo con vida o "desconectarlo". Sin embargo, cuando nace, el bebé sigue necesitando los cuidados de la madre para sobrevivir. ¿Están los proabortistas dispuestos a admitir que una madre resuelva dejar de darle a su recién nacido los cuidados necesarios para su supervivencia en aras de ese "derecho a decidir"? Si no lo están cuando el niño tiene dos días de vida, la argumentación para justificar el aborto pierde toda consistencia.

Desde un punto de vista estrictamente liberal, el derecho a la vida del bebé no nacido prevalece sobre cualquier otro supuesto derecho de los demás a suprimirlo. A esto último se le llama asesinato. Por más que las leyes eviten sancionar a quien lo cometa, cualquier persona moralmente sana debería reprobar esta práctica y exigir su ilegalización. No estaría de más que el partido que representa las ideas liberales en España tomara nota de esta cuestión tan elemental y actuara en consecuencia. Y es que, especialmente en este asunto, sobran reflexiones y faltan…

Atrevámonos a ser libres

A lo largo de su vida, conforme la persona va creciendo y, por tanto, incrementando su conocimiento y experiencias, ésta va adquiriendo cada vez más responsabilidades, y el número de decisiones que se le permite tomar va siendo cada vez mayor. Así, cuando comenzamos nuestra andadura en este mundo en el seno materno, únicamente podemos tomar decisiones básicas tales como dormir o estirar nuestras extremidades. Tras nuestro nacimiento podemos empezar a explorar poco a poco nuestro entorno aunque siempre bajo supervisión paterna. Paulatinamente, nuestros padres van dejándonos tomar cada vez más decisiones por nuestra cuenta y riesgo, al haber aumentado nuestra madurez y nuestros conocimientos, considerándonos más capacitados para incurrir en riesgos mayores. Finalmente, llega el momento en que dejamos de depender de nuestros progenitores y estamos capacitados para tomar nuestras decisiones en libertad, incluso aunque éstas vayan en contra de su opinión.

Este proceso de abandono de la tutela paterna es frecuentemente causante de numerosas fricciones familiares. Así suelen ser frecuentes las discusiones paternofiliales sobre la hora de llegada a casa, los viajes, la ropa o el aseo personal, entre otros temas. Y aunque nuestras primeras decisiones, estudiadas con posterioridad, no hayan sido siempre las más correctas, esta mayor libertad nos ha preparado para poder encarar mejor el futuro.

Esta evolución en la vida personal va unida a un deseo de autorrealización. Conforme vamos creciendo nos sentimos más seguros de nosotros mismos y más felices al ser cada vez más capaces de tomar decisiones por nuestra cuenta y riesgo, interpretando esto como un signo de evolución personal.

Visto lo anterior, cabría suponer que el mismo fenómeno debería ocurrir en otros ámbitos de la vida personal, como así sucede. Un claro ejemplo lo podemos encontrar en el ámbito laboral. Cuando entramos en una empresa nuestra capacidad de decisión suele ser mínima. Conforme se van demostrando nuestras dotes en los distintos aspectos que componen el trabajo, el grado de libertad del que gozamos para la toma de decisiones se va incrementando. Incluso en el caso de que no sea así, muchos empleados abandonan sus empresas buscando, entre otras cosas, gozar de una mayor libertad para poder desempeñarse profesionalmente.

Sin embargo, cuando uno examina la relación entre el Estado y el individuo, muchas veces nos encontramos con la sorpresa de que nos hemos acostumbrado a estar subordinados al primero, sin ni siquiera esperar que nos concedan un mayor grado de libertad. La intromisión del Estado en ámbitos personales se ha convertido en una costumbre tan arraigada que muchas personas llegan a contemplar, incluso con temor, la posibilidad de que éste les conceda un mayor grado de libertad para desarrollarse. Las discusiones que se daban en el ámbito familiar entre padres e hijos, o entre jefes y subordinados buscando los segundos una mayor libertad para poder desarrollarse se invierten, y muchas veces el ciudadano se llega a manifestar pidiendo una mayor intervención, y por tanto una menor libertad en sus relaciones con los demás.

Cabría preguntarse el motivo de esta contradicción. No tiene ningún sentido creernos que estamos más capacitados que nuestros padres para regir nuestro destino, o más que nuestros jefes para organizar el trabajo, y que sin embargo nos sintamos inferiores a la administración estatal. El motivo de esta contradicción no es otro sino la propaganda de las propias instituciones públicas. Mientras que nuestros padres intentan prepararnos para que en el día de mañana seamos capaces de desenvolvernos por nosotros mismos, determinados organismos estatales han establecido como uno de sus objetivos fundamentales su autoperpetuación. Así mientras que nuestros progenitores nos prepararon para la libertad, determinados organismos públicos nos han educado en la servidumbre, haciéndonos creer que no es posible la civilización tal y como la conocemos sin la existencia de estas administraciones. Por tanto, mientras que nos sentimos confiados en nosotros mismos por la educación recibida por nuestros padres, no ocurre lo mismo con respecto al Estado, ya que éste nos ha adoctrinado como desvalidos dependientes del mismo.

No obstante, si llegados a determinada edad hemos sido capaces de desenvolvernos fuera de la tutela paterna, también deberíamos ser capaces de desarrollarnos fuera de la tutela estatal, sin ningún tipo de miedo, ya que las recompensas recibidas por la libertad siempre compensan el mayor trabajo que ésta conlleva.

Las peticiones que desde determinados ámbitos se efectúan pidiendo una menor intromisión del Estado en nuestras decisiones no deben ser contempladas con temor y desconfianza, sino todo lo contrario, con esperanza. Si hemos sido capaces de salir del ámbito familiar para desarrollarnos nosotros mismos, también somos competentes para poder progresar sin la tutela estatal en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida.

Cobremos todos menos por el bien común

¿Por qué si todos somos un poco más pobres el año que viene, ha de hacer esto que logremos mayor bienestar? No tiene sentido. Las respuestas agregadas suelen llevar a contradicciones individuales. Pero, bien pensado, ¿por qué han de subirnos cada año el salario en relación al arbitrario índice del IPC? Tal vez le parezca duro, pero ¿ha hecho usted algo para merecérselo? Por más que suba el nivel de precios oficial, ese cuyo parecido al real mera coincidencia, nadie tiene la obligación positiva de compensárselo, ya se llame empresa o Gobierno. En el momento que el Estado obliga al empresario a regalarle parte de su producción por la fuerza, se está cometiendo un acto de extorsión, por más legal que sea.

Es de puro sentido económico que alguien perciba las retribuciones salariales por los hitos comerciales o empresariales que ha conseguido independientemente del entorno macroeconómico. Si usted se ha matado a trabajar y gracias a ello han aumentado las ventas de su empresa, por ejemplo, carecería de sentido que su jefe no le subiera el sueldo porque las cuentas del país no parecen ir bien. Pero también al revés. Si alguno de sus compañeros no ha dado palo al agua en todo el año, ¿por qué le han de aumentar el sueldo? Es más, ¿por qué no puede la empresa bajárselo o despedirlo? Las leyes laborales socialistas que tenemos en este país favorecen de forma demasiado acusada la ociosidad y el parasitismo. Esto, aunado al Estado del Bienestar, tiene como resultado que el ocioso no sea responsable de su actitud y logre las mismas recompensas que el trabajador, lo que no parece demasiado motivador para nadie con un mínimo de aspiraciones.

Las leyes colectivistas e igualitaristas penalizan el esfuerzo individual invirtiendo los incentivos naturales del actor económico. No se premia el trabajo individual, sino la condición de un grupo de personas. Pero por más que nos intenten convencer de lo contrario, ese dinero no es un regalo de la empresa al trabajador, sino una transferencia del empleado productivo al no productivo.

Lejos que de la creencia popular que el paternalismo laboral nos otorga seguridad, vemos como sus aplicaciones prácticas producen todo lo contrario. Nos hace perder nuestra personalidad como trabajadores para cederla a un conjunto de oligarcas laborales que dicen hablar por todos y promover el bien común. Cada grupo de presión, como sindicatos, patronal o Gobierno, manejan a su antojo nuestras retribuciones dinerarias para sus propios intereses y compromisos. No hay nadie más interesado que usted en cobrar más; no se crea que un sindicato o el Gobierno va a luchar por ello mejor que usted. Cuanto antes comprendamos que hemos de apartar a los agentes sociales y al Estado del mundo laboral y de nuestras vidas, mejor nos irá a todos, antes disfrutaremos de mayores oportunidades reales de alcanzar el éxito y de crear un auténtico mercado de trabajo sano y dinámico.

Lo que el canon oculta

El canon se mantiene. Es normal, el apoyo de cantantes, actores y demás "culturetas" es algo muy valioso para el frente anti-PP formado por el PSOE y sus aliados.

Pero todo el debate del canon y la chulería de la ZGAE, que ha hecho que la atención sobre la votación de la LISI se centre en este punto, ha tenido además el efecto nocivo de ocultar otras cuestiones muy importantes. En especial, ha permitido que no se hable de la amenaza para la libertad de expresión en la Red que supone esta norma. Afortunadamente, y ante lo escandaloso que resultaba dar ese poder censor a los Teddy Bautista Boys, se retiró el artículo 17 bis de la norma, que otorgaba a las entidades de gestión de derechos de autor un poder increíble, que les hubiera permitido ordenar la retirada de contenidos de una web u obligar a los proveedores a desconectar a un usuario.

Sin embargo, se mantiene el artículo 11. Este permite que una autoridad administrativa ordene el cierre de un sitio web siempre que esta medida "no atente" contra la libertad de expresión. En primer lugar, en ningún lugar se dice quién decide cuando existe dicho atentado contra una libertad tan importante como la contemplada en el Artículo 20 de la Constitución Española. Si no se aclara que son los tribunales de Justicia los únicos capacitados para hacerlo, puede ocurrir que sea la misma autoridad que ordena la retirada de unos contenidos determinados la encargada de decidir si esa orden es contraria a la libertad de expresión.

Además hay que tener en cuenta que cualquier web puede ser equiparada a una publicación en papel o a un medio de comunicación audiovisual (según el tipo de contenidos que contenga), o incluso a una mezcla de ambos. De esta manera, cualquier sitio de Internet merecería las mismas garantías respecto a la libertad de expresión que otros tipos de medios. Sin embargo, ni el Ejecutivo en su propuesta de Ley ni el Legislativo durante la tramitación y aprobación de la LISI ha tenido en cuenta esta posibilidad, que dejaría la posibilidad de retirar contenidos de la web tan sólo en manos de los jueces.

El mantenimiento de la compensación por copia privada es grave, pero lo que el canon (o el debate sobre el mismo) oculta también. Con esta ley, los españoles hemos perdido libertad de expresión.