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Amenazante y antidemocrática SGAE

Los ministerios de Cultura e Industria por fin se han puesto de acuerdo para lanzar su propuesta de canon, una propuesta que tenía que haber llegado hace un año. No es casualidad que lo hagan ahora. Es casi seguro que el próximo jueves el Congreso votará a favor de la desaparición de la compensación por copia privada. El fin del canon no sería inmediato; si se aprueba comenzaría un proceso que puede prolongarse cerca de un año. Doce meses en los que el Gobierno, con su propuesta actual, va a garantizar ingresos extras a la SGAE y compañía gracias a la aplicación de la "compensación" en aparatos que hasta ahora estaban exentos gracias al retraso en la propuesta del Ejecutivo.

Por supuesto, la SGAE ha acogido con satisfacción la medida y se ha dado prisa en animar al Ejecutivo a que la apruebe este viernes. Menudo regalito de Navidad para los chicos de Teddy Bautista, por más faena que sea para el resto de los ciudadanos. Desde esta entidad, el mensaje al PP ha sido claro. Una amenaza en estado puro: "Los creadores tomarán buena nota de esta decisión". La chulería de esta entidad de gestión de derechos de autor ha llegado a tal punto que se permiten estas actitudes de matonismo frente a un partido votado por casi diez millones de españoles en las últimas elecciones generales.

Claro que a los populares no debería darles ningún miedo, al menos no a quienes no se llaman Beatriz Rodríguez-Salmones. Con independencia de lo que hicieran en este asunto, el autodenominado mundo de la "cultura" se dedicará a atacar al PP y a apoyar a la izquierda. ¿O acaso la SGAE ha amenazado a Izquierda Unida?

En su línea, la argumentación de la SGAE, sus tentáculos y sus aliados está plagada de falacias. La eliminación del canon no supone una ilegalización de la copia privada. La ley se puede redactar de manera que esta última siga existiendo mientras aquel queda fuera de juego. Incluso se puede decidir que se cobre en la obra original y así no penalizar a quienes compran los soportes y aparatos gravados por el canon con otros fines. Claro que esta última fórmula disgusta a la SGAE por dos motivos. Por una parte, supone menos ingresos para ellos y, por otra, se sabría cuantos ingresos en concepto de derechos de autor genera cada obra y permitiría un reparto más acorde con la realidad y menos beneficioso para la cúpula de la entidad. De hecho, es esta la propuesta que se hace en los más de 5.000 correos electrónicos que los ciudadanos han enviado a los diputados de todos los partidos para que voten contra el canon.

Se queja la SGAE de que el PP decide ponerse en contra del canon por razones electoralistas. Puede que tenga algo de razón, pero la realidad es que el partido de Rajoy (como el resto de formaciones políticas con presencia parlamentaria menos el PSOE) está defendiendo los intereses y la propiedad privada de los ciudadanos frente a los privilegios otorgados por el Estado a un pequeño grupo de personas. Pero claro, viendo las amistades de la entidad presidida por José Luis Borau es normal que esta no comprenda demasiado bien en qué consiste la democracia.

Nos referimos, por supuesto, a sus privilegiadas relaciones con el régimen totalitario de Fidel Castro, con el que colabora de forma constante en la organización de actos "culturales" en los que se exalta la figura del dictador.. El "líder supremo" de la SGAE, Teddy Baustista, fue condecorado en julio de 2002 por el Gobierno cubano como agradecimiento a su "su solidaridad permanente con nuestro pueblo y con la obra de la Revolución Cubana". Dos años después, en junio de 2004, la misma entidad de gestión de derechos de autor y la dictadura pusieron en marcha una tienda online para vender música cubana. No sobra recordar que en Cuba está prohibido conectarse a internet y que el régimen de La Habana condenó a 20 años de cárcel al periodista independiente Mario Enrique Mayo por el "delito" de hacerlo. Y una última prueba de su buena relación. Los festivales de cine de la capital de la Isla Cárcel y de Holguín acaban de homenajear a José Luis Borau.

Sólo por esa relación, tanto el PP como los españoles que creen en la democracia deben estar contra la SGAE. Resulta indignante que parte de nuestro dinero acabe en manos de una organización cómplice de un régimen como el cubano. Pero eso explica también la reacción de la entidad. No entiende la democracia ni pretende comprenderla. Por suerte, su chulería cada vez encuentra más oposición en España.

Bali, el adiós a Kioto

El cambio climático se ha convertido en un asunto político de primer orden. Ahora que no podemos oír las risas ni ver las miradas de condescendencia de nuestros nietos por dedicar tanto tiempo a estas cuitas, el calentamiento global es uno de los argumentos de la política más poderosos. De modo que hay que armarse de paciencia y algo de criterio propio para aguantar el chaparrón apocalíptico que nos viene encima.

De otro modo podemos acabar comprando mercancía averiada. Es el caso de Kioto, un protocolo que reconoce un problema real, lo exagera y magnifica para darse importancia y luego propone una solución (el racionamiento) que es económicamente absurda y perjudicial, y que además se reconoce que no tendrá efectividad alguna (retrasar en 6 años el calentamiento previsto para 2100, en el mejor de los casos).

Nadie lo dice, pero Kioto acaba de fenecer en Bali. La política de Kioto, que pasa por imponer reducciones de CO2 a plazos y que era la principal baza de Europa ha sido descartada por la oposición de Estados Unidos, Canadá y Japón. Y se han abierto las puertas a otras políticas que son razonables y efectivas, pero que se condenaban con un anatema. Por ejemplo se considera la conveniencia de que la humanidad, como ha hecho a lo largo de la historia, se adapte a los cambios del clima. Puesto que los bosques consumen CO2, se ha prestado especial atención en Bali a los cambios en el uso del suelo, y en concreto a la deforestación allí donde se produce. Y, por último, se incide en la conveniencia del fomento y la transmisión de tecnologías más limpias. Es decir, que aquí quien se ha impuesto es Estados Unidos y la concepción que tiene de cómo luchar contra el calentamiento y lo que ha naufragado sin remedio es la solución europea de las cuotas.

Los gobiernos europeos son unos auténticos ases en dar lecciones. No tienen empacho alguno en adoptar una actitud moralizante hacia Estados Unidos por no haber ratificado un protocolo que virtualmente ha sido abandonado. Y eso que las emisiones de Europa, pese a tener un menor crecimiento económico, aumentan mucho más rápido que en Estados Unidos.

Se ve que el poder corrompe y el poder en Europa corrompe absolutamente.

El conejo y las propinas

Ahora bien, por muy esperpéntico que sea el argumento de Solbes, conviene no olvidar que en última instancia se basa en teorías económicas que hasta hace muy poco predominaban en la academia y que aún hoy siguen gozando de cierto predicamento. Así, en determinados ambientes keynesianos se achaca la inflación a un incremento de la demanda agregada, esto es, a que todo el mundo gasta, de repente, más. Para Solbes, comemos demasiado poco conejo y somos demasiado pródigos a la hora de dejar propinas porque aún no sabemos cuánto vale un euro.

Se trata de una explicación que no resiste el menor análisis riguroso. El euro que supuestamente doy al camarero como propina es un euro que no puedo gastar en otras cosas. Por consiguiente, si el precio del café o del pollo sube porque pagamos demasiado por ellos, el precio de aquellos bienes que ya no podremos adquirir debería bajar. Y ello aun en el caso de que gastásemos euros que pretendíamos ahorrar, ya que un menor ahorro supone una menor inversión y, por consiguiente, una menor demanda de ciertos bienes (por ejemplo, vivienda).

Estamos ante un claro ejemplo de lo que se denomina falacia de la composición: creer que lo que es cierto para elementos individuales es cierto para el conjunto de elementos. Es cierto que si la demanda de un bien aumenta, el precio del mismo tenderá a aumentar; el problema es que, a menos que seamos más ricos, no puede aumentar la demanda de todos los bienes. Pero ser más ricos implica haber producido previamente más bienes, con lo que los aumentos globales de demanda no son más que incrementos globales de oferta. No puede haber inflación por el mero hecho de que se gaste más en pollos o en propinas.

Por cierto, detengámonos un momento en la definición que se ha impuesto del término inflación: aumento generalizado de los precios, porque nos permitirá comprender mejor de qué estamos hablando. Esta definición pretende confundir las consecuencias con las causas de la inflación. La inflación es, en realidad, una pérdida de calidad de la moneda: antiguamente, los monarcas rascaban el oro de las monedas para arrebatar parte de su valor a los ciudadanos; hoy en día, los Bancos Centrales incrementan la oferta crediticia (pasivos) aun cuando los activos no han aumentado correspondientemente.

La consecuencia de que el dinero valga menos es que los bienes que pretendemos adquirir con él cuestan más. Pero la inflación no se produce cuando los precios se disparan, sino cuando se envilece el dinero.

Visto así, la responsabilidad del proceso inflacionista se traslada desde quienes suben los precios a quienes envilecen el dinero. Pero alto aquí, que estas conclusiones ya no interesan a los poderes públicos: quienes suben los precios suelen ser malvados empresarios u oscuros conspiradores especulativos; quienes gestionan el dinero y destruyen su calidad suelen ser otros burócratas.

Si los culpables son los empresarios, el político de turno tendrá una excusa adicional para intervenir en el mercado e incrementar su poder. Será menester perseguir a los avariciosos comeniños que tratan de lucrarse a costa de las masas desfavorecidas. El Estado abogará por establecer controles de precios, por sancionar lo que él entiende por acuerdos colusorios o por subvencionar líneas productivas. No en vano, durante las últimas semanas hemos sabido de peticiones para que se fijen precios máximos sobre los productos básicos, se investigue a los ruines distribuidores o se invierta en energías renovables para que no dependamos tanto del petróleo.

En cambio, si los culpables de la inflación son los burócratas estatales que gestionan con carácter monopolístico la moneda de curso forzoso, lo lógico sería pedirles que se retirasen de sus funciones y dejasen que las entidades privadas emitieran su propio dinero.

Las motivaciones e intereses que subyacen a una y otra explicación son obvias. Digamos que Solbes, cuando echa balones fuera, está protegiendo a sus colegas, aun a riesgo de caer en un espantoso ridículo.

Pero lo dicho también debe servir como un caveat ante ciertos argumentos liberales que, aun siendo inteligentes desde un punto de vista táctico, no son rigurosos. La inflación no se soluciona ni con reformas estructurales, ni con la libertad de horarios comerciales ni favoreciendo una mayor competencia. Todas estas medidas son convenientes, positivas e imprescindibles porque permiten crear más riqueza, pero no tienen nada que ver con que la moneda gane o pierda calidad, o tienen una influencia muy indirecta. La única manera de combatir la inflación es cambiar de sistema monetario y regresar al patrón oro.

La mayor o menor competencia, en realidad, sólo cambia la identidad de las víctimas, pero no acaba con el crimen. Quienes estén en posición de repercutir en sus productos la pérdida de valor del dinero trasladarán la merma a quienes no pueden hacerlo; en ausencia de competencia, los consumidores suelen sufrir buena parte de estas pérdidas.

Ahora bien, que Trichet y sus secuaces del Banco Central Europeo sean los culpables de la inflación actual no significa que el Gobierno no pueda hacer nada mejor que proponer el consumo de conejo para compensar la inflación. Dejando de lado la posibilidad de una reforma monetaria seria, que este Gobierno no tiene voluntad de plantear (tampoco tiene entidad para ello), hay que recordar que la inflación equivale a un impuesto sobre la riqueza de los individuos del que se apropian el Estado y sus grupos afines.

Se trata de una tributación adicional y confiscatoria cuya incidencia el Ejecutivo sí puede aliviar. ¿Cómo? Rebajando los impuestos. El de la renta, el de sociedades, el de hidrocarburos: no será por falta de opciones… Aunque mucho me temo que nada de esto quepa esperar de una panda de politicastros que creen que hay inflación porque los ciudadanos comen demasiado pollo y demasiado poco conejo. Si es que no se nos puede dejar solos.

La pobreza socialista

El Observatorio de Coyuntura Económica continúa su labor analítica y divulgativa con un informe complementario al magnífico estudio que el Instituto Juan de Mariana publicó el año pasado Una sociedad de propietarios: el camino de los ciudadanos hacia la independencia financiera.

Los resultados del informe no dejan de ser sorprendentes: en tan sólo quince años un español medio habría acumulado un patrimonio adicional de 245.000 euros, lo que le permitiría gozar de una pensión mensual de 1.500 euros. Si el trabajador decidiera prolongar su vida laboral 15 años más, la proyección del informe eleva el patrimonio a casi un millón de euros y la renta mensual a 6.000, en ambos casos descontando la inflación.

Comparado con las pensiones actuales, podemos comprender cuánto ha llegado a pauperizarnos el Estado y su sistema fraudulento de seguridad social. Las generaciones futuras vivirán incomparablemente peor de lo que habrían podido vivir si no se hubiera colectivizado el sistema de jubilación.

Los resultados del informe también sirven para poner de manifiesto, una vez más, cómo el marxismo no es más que un camelo intelectual destinado a tomar el poder político y esclavizar a la sociedad.

No es cierto, como aseveran los socialistas, que los intereses del capital y del trabajo resulten irreconciliables y enfrentados. Precisamente en el informe comprobamos cómo los trabajadores pueden invertir parte de sus salarios y convertirse en capitalistas.

Pero esto no significa que estos trabajadores pasen de explotados a explotadores; con su inversión no están constituyendo instrumentos para extraer de manera más eficiente la plusvalía al resto de los trabajadores. Al contrario, el ahorro de parte de la riqueza que produjeron y que recibieron en forma de salarios permite emprender proyectos más productivos que elevarán aun más el nivel de vida del resto de individuos.

El proceso de ahorro, selección de proyectos y provisión de capital es tan esencial para el funcionamiento de la economía –tan excepcional y explosivo– que en pocos años el antiguo trabajador puede retirarse a consumir una porción de toda la riqueza que ha contribuido a generar.

Confundir este proceso con una supuesta explotación sólo denota un profundo desconocimiento de la sociedad. Si el trabajador se hubiera dedicado 50 años a producir manzanas, a atesorarlas (suponiendo que no se pudrieran) y a jubilarse al cabo de esos 50 años con las manzanas ahorradas, nadie en su sano juicio le acusaría de estar explotando a nadie.

El ahorro y la inversión de parte de las rentas percibidas es similar al proceso anterior, pero con una diferencia fundamental. En lugar de tener paralizados los recursos durante 50 años, se movilizan para crear nueva riqueza (por ejemplo plantar nuevos manzanos) que a su vez se utilizará en el futuro para generar aun más riqueza. Este es el proceso de capitalización continua que permite el interés compuesto y que los socialistas no terminan de entender.

Fruto de esta profunda ignorancia erigen teorías redistributivas varias (que van desde la nacionalización de los "medios de producción" hasta la institución de una "renta vital") por las que pretenden acabar con las rentas del capital y convertirlas en rentas del trabajo.

La idea es del todo descabellada porque supone destruir, ya sea de manera gradual o brusca, los proyectos –y el proceso de creación de proyectos– que permiten crear la riqueza que los propios trabajadores demandan. No sólo es un freno al progreso, es una caída directa hacia el primitivismo social.

Pero al mismo tiempo, como se puede comprobar en el informe, nada hay más contrario a los intereses de los trabajadores que cerrarles cualquier posibilidad de adquirir en el futuro las llamadas rentas del capital. En una sociedad, como la socialista, donde el Estado es el único empleador y donde ese mismo Estado impide la constitución de un patrimonio propio del que poder vivir, los trabajadores se convierten en esclavos perpetuos del poder político. El sometimiento y la heteronomía son absolutos.

Conviene, por consiguiente, rechazar cualquier tipo de regulación redistributiva y basada en teorías clasistas infundadas: siendo generosos, sus proyectos no son más que una muy mala imitación de las oportunidades que ofrece la sociedad de propietarios, pero mucho más limitadas y, sobre todo, destructoras de riqueza. Ni el socialismo real, ni la seguridad social, ni la renta vital son alternativas rigurosas frente a la constitución de patrimonios privados que permite el capitalismo.

Las propuestas socialistas no consiguen mejorar el bienestar de la sociedad ni de sus estratos menos favorecidos. Sus errores intelectuales están bloqueando un revolucionario proceso de creación de riqueza para todos los individuos. Es hora de repetirlo hasta la saciedad.

El canon digital

Para empezar hay otros usos de los CDs, DVDs, mp3, pen-drives y demás que, no sólo son perfectamente legítimas, sino que están protegidas por la ley, como por ejemplo compartir una copia privada. Como la SGAE tiene casi tanta tiña por la verdad como aprecio por el dinero ajeno, dicen que la copia privada es ilegal, pero ahora no lo es.

Si un mismo instrumento se puede utilizar para fines perseguidos por la ley y para otros que están protegidos lo normal es castigar solamente los primeros. Pero la lógica del canon digital es otra. Se impone la pena sin saber si hay o no delito. Hubo un tiempo en que este tipo de lógica causaba gran escándalo entre la gente de bien.

Hay otra opción, además. El analista Antonio José Chinchetru consideró la del canon al disco, que sería menos injusto. ¿Por qué no la proponen?

Si finalmente se impone el canon la recaudación será, según los últimos cálculos, algo más de 100 millones de euros. Ese dinero sale del que usted pagará de más en cada dispositivo digital para que engorde primero las arcas de las entidades de gestión de derechos y luego vaya a los autores que sufren la práctica que algunos llaman piratería.

Pero, más allá de las brutales transferencias desde el ciudadano común a los grupos organizados, que en eso consiste la política, cabe considerar sus efectos económicos. El canon supone más de la mitad del precio final de un CD virgen, de modo que la gente no acude a las tiendas de informática a adquirirlos. La escasa industria del CD prácticamente ha desaparecido en España. Qué pasaría con el resto de la industria de salir adelante el canon digital queda abierto a la imaginación de cada uno, pero es seguro que nada bueno.

Por qué el PP debe votar contra el canon

Existen diversos planos en los que puede considerarse esta situación. El primero es el más puramente teórico o ideológico: ¿es justo el canon? Lo ha dicho con claridad Mariano Rajoy: no, no es justo que te obliguen a pagar por ser sospechoso de hacer algo. Pero podría pensarse que sería aún más injusto que los autores no recibieran ningún dinero por la copia privada, porque sería devaluar su trabajo y reduciría los incentivos a la creación. No parece que el dinero que reciben por ese concepto los artistas de menor éxito sea suficiente para que la balanza se incline a ningún lado; en cambio, quienes cobran mucho por este concepto ganan mucho más por otras vías.

No existe consenso entre los liberales en torno a la llamada "propiedad intelectual", dentro de la cual se ubican los derechos de autor. Parece claro que debería existir protección ante el plagio o la usurpación de la autoría, porque supone un fraude. Pero más allá las opiniones se dividen. Los hay que consideran, como hiciera Ayn Rand, que el sentido de la propiedad es recompensar por el fruto del trabajo, lo que llevaría a una obvia necesidad de proteger también el trabajo intelectual. Los hay, en cambio, que piensan que la propiedad privada sólo resulta necesaria porque los bienes son escasos, y esa es la mejor y más justa manera de distribuirlos y sacar de ellos el máximo provecho. En tal caso, y dado que las creaciones intelectuales no hacen sino extenderse más cuanto más se copian, el concepto de propiedad no sería aplicable. Tiendo a situarme más en este último campo, y a pensar que debe existir compensación para quienes emplean las creaciones de otros con fines de lucro (por ejemplo, las televisiones que ponen música a los resúmenes de los goles de la jornada, o los anuncios), pero se me hace difícil justificar que deban pagar algo quienes simplemente las consumen para su disfrute personal.

En un plano electoral inmediato, es decir, en lo que se refiere a las próximas elecciones, no habría que perder de vista las casi 1.400.000 firmas recopiladas por la plataforma Todos contra el Canon. El apoyo del PP –en concreto de la diputada Salmones– al canon durante la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual ha hecho mucho daño a la credibilidad de los populares en esta materia. Es más, la presencia de la titiritera del PP en el consejo que elabora el programa electoral hace temernos lo peor. Pero la semana pasada han dado pasos en la buena dirección, sobre todo Mariano Rajoy, que es quien manda y quien cuenta de verdad, al dejar bien clara su postura.

Si finalmente el PP apoya en el Congreso la eliminación del canon tendrá una baza importante, especialmente entre los votantes jóvenes, que son quienes más se preocupan por este asunto y pueden considerarlo determinante a la hora de decidir su voto en marzo. Dado que la mayoría de las encuestas pone de relieve la dificultad del PP entre ellos, la decisión que tome el Grupo Popular en el Congreso se presiente aún más importante. Desgraciadamente, en España el Estado sigue teniendo un halo de legitimidad a la hora de cobrar impuestos, que parecen ser justos para muchos por el mero hecho de imponerlos una mayoría electa. Esa legitimidad, en cambio, no se extiende a organismos como la SGAE, cuyas siglas son posiblemente las más impopulares en todo el país. Colocarse en contra suya no puede sino darle votos a los populares.

Por último, deberíamos considerar qué supondría el fin del canon a largo plazo para los intereses del PP. La mayoría beneficiada por la medida seguramente la olvide con cierta facilidad, como olvidan los que llaman facha al PP y consideran que daña a las libertades que fue este partido quien eliminó el servicio militar obligatorio. La minoría perjudicada seguramente no olvide tan fácilmente. ¿Pero quién es esa minoría? Los titiriteros que apoyan a la izquierda siempre, en toda ocasión y de la manera más clara posible. Que ingresen menos dinero siempre les dificultará encontrar tiempo y plataformas desde las cuales hacerlo, entre otras cosas porque igual tienen que trabajar algo y todo. Además, les haría ver que meterse con la mitad de la población constantemente no sale tan gratis como parecía. Eliminar las subvenciones al cine debería ser el siguiente paso.

¿Alguien de la derecha va a ponerse a llorar por las desgracias de los titiriteros? Pues más bien no. Bueno, quizá la diputada Salmones. Razón de más para apoyar la supresión del canon.

Áreas de desprotección pública

Ocurrió el pasado 9 de diciembre. Un joven de 24 años, devorado por el odio a los cristianos, se dirigió a una iglesia en Arvada, Colorado, con el deseo irrefrenable de saciar su inquina. Iba armado y fue con la intención de matar a cuantos les permitiera su munición. Segó la vida de dos personas, pero antes de que pudiera ir a más una mujer voluntaria, que iba a echar una mano a la Iglesia, le detuvo de varios balazos. No le mató; tuvo que ser él mismo quien lo hiciera. El asesino sólo llegó a avanzar 50 pies, según los testigos.

Esta terrible historia no ha ocupado los informativos y los periódicos de todo el mundo por un sencillo hecho: en aquél lugar estaba permitido llevar armas y quiso la fortuna de que una ex policía de Minneapolis que llevaba su arma estuviese ofreciendo su tiempo a aquella iglesia. ¿Cuál hubiese sido la historia de ser una Gun free zone, es decir, una zona en que se prohíbe tener armas?

Podría haberse parecido a la noticia que sí alcanzó hasta el último rincón del planeta; al menos hasta donde alcanzan los medios de comunicación. Me refiero al pavoroso tiroteo de Omaha, en que murieron ocho personas. O el de la Universidad Técnica de Virginia, en que una nueva víctima del odio segó la vida de 32 personas. Por supuesto, también a la Columbine School, masacre a cuyo recuerdo se filmó la gran película Elephant y el más conocido bodrio de Michael Moore. También al tiroteo provocado por otro sociópata en la cafetería Luby’s, en la localidad tejana de Killeen, en que perdieron la vida 23 personas. Todas esas masacres comparten la atención mundial de los medios. Pero también comparten una característica común: en todas estaba prohibido llevar armas. Eran Gun free zones. Eran áreas de desprotección pública.

Cada uno de estos atentados indiscriminados sirve a la práctica totalidad de los medios de comunicación la oportunidad de transmitir la idea de que todas estas tragedias se produjeron porque allí, en Estados Unidos, hay libertad de armas y además que si su uso se controlara estrictamente o se prohibiese tales masacres apenas tendrían lugar. Un mínimo de consideración con las víctimas debería ser suficiente como para que cada uno de nosotros nos tomáramos en serio este problema. Lo suficiente, al menos, como para no aceptar cualquier opinión sin haber reflexionado un mínimo sobre ello.

La mayoría de los muertos en tiroteos públicos se produce en las Gun free zones. La razón es muy sencilla. Por un lado los asesinos son más racionales de lo que podamos pensar en un principio, y se lo piensan antes de llevar a cabo su crimen múltiple si se les puede detener de un balazo. Incluso si tienen planeado suicidarse, no querrán morir sin cumplir antes sus planes de muerte. La segunda razón es que, cuando lo hacen, cuando descargan sus armas en un espacio en que potencialmente cualquier otra persona está armada, siempre hay alguien que le detiene, dando fin a la suma de cadáveres.

Suzanna Gratia Hupp lo sabe muy bien. Aquél 16 de octubre de 1991 en que estaba con sus padres en la cafetería Luby’s ella dejó su arma en el coche. Sabía que se dirigía a un área donde estaba prohibido llevarlas y ella no quería incumplir la ley. Cuando vio al asesino acercarse a su mesa, su padre se levantó para reducirle y salvar a su familia. Él recibió un balazo mortal, como ocurrió acto seguido a su mujer. Suzanna declaró más tarde sentirse arrepentida de haber obedecido la ley. No fue el caso de un policía que, en febrero de este año, llevaba su pistola en el Trolley Square Mall, un centro comercial de Utah. Reconoció en seguida el característico sonido de los disparos, pese a que estaba en el extremo opuesto del asesino, a tres minutos y cinco vidas de distancia. No hubo una sexta, aparte del asesino, porque este policía le alcanzó de un disparo. Dos estudiantes armados libraron a la Appalachian School of Law de ser mundialmente conocida, gracias a que detuvieron a otro asesino en masa. Con su acción limitaron el número de muertes a tres inocentes víctimas. Y eso que tuvieron que salir del edificio para coger el arma con que le detuvieron.

Habrá quienes mantengan sus posiciones más restrictivas, pese al respeto a las víctimas que se producen en las zonas libres de armas y que se podrían haber evitado de estar abierta la posibilidad de encontrarse con un buen ciudadano armado. Es evidente que lo único que logran es que los ciudadanos que siguen la ley queden sin medios para la protección, mientras que quienes están dispuestos a matar a los demás no tendrán escrúpulos, evidentemente, en saltarse tan ridícula restricción.

Pero aún pueden argumentar que, de prohibirse por completo el uso de armas, estos asesinos jamás hubiesen llevado a término sus mortíferos planes. No obstante, una mínima atención a la realidad les hará ver que quien necesita un arma para cometer un crimen la conseguirá, ya sea dentro de la ley, ya sea fuera. El tráfico de drogas está prohibido en España. ¿Quiere ello decir que no hay tráfico de drogas en nuestro país? Hay una enorme distancia entre la prohibición de un comportamiento y su erradicación, cuando éste forma parte de los planes de las personas. ¿Alguien dirá que los asesinos en público se toman a la ligera sus planes? ¿Qué una prohibición les va a hacer cambiar de idea?

Vendaval antidemocrático contra la SGAE

El lobby agrupado en torno a la SGAE entiende que todos los ciudadanos debemos pagarles, utilicemos o no sus servicios. Esa y no otra es la clave del llamado canon digital, que grava la compra de un DVD virgen, pongamos por caso, con una cantidad adicional ante la posibilidad de sea utilizado para grabar los grandes hits del rey del pollo frito y venderlos a la puerta de El Corte Inglés, suceso, por cierto, que jamás ha ocurrido en el Occidente civilizado para desdoro de los gerentes del top manta, unos completos ignorantes en materia musical.

Lo interesante de que un partido político haya votado en contra de la aplicación de este impuesto revolucionario no es que lo haya hecho después de cerdear varios meses con este asunto sin explicar cual era realmente su posición. Lo grave es que la posibilidad de dar carta de naturaleza a una injusticia manifiesta, un robo evidente, una extorsión masiva de estas características haya llegado a discutirse en la sede de la soberanía nacional.

Pero como la ignorancia es osada y el dinero fácil muy goloso, los chicos de la SGAE se han puesto solemnes y han advertido a los ciudadanos de que impedirles meter sus manos en nuestros bolsillos es un grave atentado contra la democracia. Con dos cojones.

Para la SGAE, el hecho de que usted grabe en una cinta de video la comunión de la Yeni sin pagarle el diezmo es un hecho que atenta gravemente contra el derecho internacional. Es decir, que si felizmente el artículo siniestro que establece el canon digital es eliminado de la ley de propiedad intelectual, España necesitará varios millones de agentes de la Interpol para poder detener a tanto delincuente.

En su nota de prensa tras la votación en contra del Senado, la SGAE afirma que se trata de una "irresponsabilidad impropia en una democracia moderna basada en el respeto a las leyes y a los derechos individuales". Precisamente porque somos demócratas y respetamos las leyes y los derechos individuales estamos en contra de que Teddy nos cobre un impuesto a todas luces ilegal, por más que los artistas beneficiarios del cotarro sean de la pandi de Carmen Calvo.

Hay más de un millón de usuarios de Internet, en su mayoría gente joven, que puede decidir su voto por una cuestión aparentemente tan nimia como ésta (no lo es, como no lo es cualquier decisión que afecte a la libertad individual). Si Rajoy consigue meterle en la cabeza a los elorriagas y los arriolas este dato, igual le permiten seguir oponiéndose a la implantación del canon, al menos hasta que lleguen las elecciones. No es seguro, pero cosas más raras se han visto.