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El giro a la izquierda del PP naufraga en la pugna ideológica

Escrito por Manuel Llamas en . Publicado en Análisis diario.

Resulta vergonzoso, cuando no menos hipócrita, el hecho de que un partido que se define a sí mismo como liberal adopte y defienda tesis propias del ideario socialista, tal y como viene demostrando últimamente la elite del PP. Los líderes políticos de este partido conservador y de centro, que no liberal, adolecen de una enfermedad ideológica de difícil solución, a la vista de lo que demuestran a diario con sus declaraciones y propuestas electorales. El mal en cuestión es propio de los acomplejados, cuyas causas radican en la existencia de cobardía y, peor aún, ignorancia o carencia de ideas propias.

No nos engañemos, y mucho menos permitamos que nos engañen. España carece de un partido que, ni siquiera remotamente, se aproxime a lo que correctamente, tanto desde un punto de vista teórico como histórico, debe entenderse por liberalismo. Por ello, resulta humillante escuchar por boca de Rajoy la defensa del citado ideario, pues, en sus manos, sufre una deformación tal que apenas logran diferenciarse tenues matices de color respecto al pensamiento que propugna el PSOE.

La dinámica mantenida por el PP acaricia sin rubor los presupuestos socialistas. El giro al centro iniciado por Aznar se ha transformado, en realidad, en un giro a la izquierda que, sin duda, resultará contraproducente para los intereses electorales de la citada formación. Y es que por esa senda poco pueden hacer, puesto que sus medidas económicas y sociales casi siempre se verán superadas y mejoradas, en la práctica, por sus auténticos y verdaderos detentadores, los socialistas, quienes, al menos, conservan una cierta coherencia programática en base a sus presupuestos dogmáticos.

Tan sólo es necesario observar las principales líneas de actuación que, recientemente, han anunciado de cara a las próximas elecciones generales. De los doce ejes programáticos diseñados tan inteligentemente por la cúpula popular, tan sólo una medida podría adscribirse a algo someramente cercano al liberalismo. Me refiero a la rebaja fiscal en el IRPF destinada a los mileuristas. Según Rajoy, "la economía será una prioridad básica" para el PP y, sin embargo, se contenta con ofrecer tenues reducciones tributarias para las rentas bajas o las pequeñas empresas. De hecho, no se arruga a la hora de defender un tratamiento fiscal diferenciado en función del sexo de los individuos, mediante el uso de la controvertida (y del todo socialista) discriminación positiva a favor del colectivo femenino.

Además, se vanagloria de que fueron ellos los que aprobaron la subvención de 100 euros a las madres que trabajan fuera de casa. ¡Toda una alternativa, sí señor! ¡Qué valentía liberal, qué osadía la del señor Rajoy! En esta misma línea, aboga por la conciliación familiar y, para ello, apuesta por prolongar el permiso de maternidad y paternidad, ni más ni menos, en aras de una "sociedad más igualitaria". ¿No les suena de algo? Con ello, pretende convertir a España en una de las cinco economías más avanzadas del mundo.

¿Cómo? Reformando la Ley General Presupuestaria y la Ley de Estabilidad Presupuestaria (las limitaciones macroeconómicas ya nos vienen impuestas desde Bruselas); invirtiendo en capital humano y tecnológico (mediante más gasto público, ¿me equivoco?); impulsando una nueva política energética, pero cuidándose mucho de referirse a la tan denostada energía nuclear; aprobando una Ley de Unidad de Mercado, sin citar la necesaria reducción de la burocracia; y, por supuesto, desarrollando planes para sectores como la agricultura, la ganadería o la pesca, pero sin reducción alguna de las ingentes ayudas públicas que reciben tales colectivos.

Llegados a este punto, poco cabe decir del resto de propuestas populares o, más bien, populistas, como la pretensión de alcanzar el pleno empleo, aunque sin citar cómo. Esto mismo también lo persigue el PSOE, y hasta IU y ERC si me apura señor Rajoy. Temas como la inmigración, la política exterior, el terrorismo o la unidad de España ya son conocidos por todos, y reiterados hasta la saciedad por la elite popular.

Mención especial merece, sin embargo, la intención de "aumentar el bienestar social" mediante la subida de las pensiones (públicas) y una nueva Ley Integral de Apoyo a la Familia, sustentada a cargo del erario público, como no puede ser de otra manera. Y por último, sin duda, el colofón del ideario popular: la defensa de Medio Ambiente, a través de una Ley Integral de Lucha contra el Cambio Climático y un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. A liberales, desde luego, no les gana nadie, no señor…

Tras esta retahíla de voluntarismo y buenas intenciones, sostenido mediante un discurso plagado de corrección política y progresismo económico, y una vez comprobada la veracidad de la tesis expuesta al inicio de este artículo, tan sólo me cabe decirle, señor Rajoy, que respeto, pero no comparto su ideario, al igual que me ocurre con el PSOE, y que, por coherencia ideológica y discursiva, deje al menos de vilipendiar y menospreciar el término liberalismo.

Formatos abiertos

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Esta decisión, adoptada por diversos organismos públicos en todo el mundo, ha hecho que muchos se planteen preguntas que hasta entonces no habían pasado por su cabeza: ¿es racional depender de la voluntad de una empresa para asegurarse el acceso a los propios datos? ¿Es legítimo que lo haga un Gobierno?

Un formato es la estructura en la que un conjunto de datos se guarda en un fichero. Por ejemplo, cuando editamos un documento en un procesador de textos, al guardarlo en un fichero éste contendrá no sólo las palabras que hemos escrito, sino también el tipo de letra empleado, los márgenes de la página, la disposición de los párrafos, etcétera. Para que una aplicación pueda luego recuperar toda esta información sin pérdida alguna, estos datos deben almacenarse de una manera preestablecida. A esa forma única de guardar la información se la denomina formato.

Cualquier persona que utilice un ordenador está abocada a lidiar con múltiples formatos de infinidad de tipos distintos de información. Puede escuchar música en formato MP3, observar imágenes en formato JPG, escribir sus documentos en formato DOC, leer páginas web en formato HTML, contemplar animaciones en formato SWF o ver vídeos en formato AVI, entre infinidad de otras opciones.

Todo formato mínimamente importante está perfectamente documentado para que la aplicación que debe abrir ficheros que tengan esa estructura concreta pueda hacerlo correctamente. La diferencia entre un formato abierto y otro cerrado es que en este último caso esa documentación solo está disponible dentro de la organización, generalmente una empresa, que ha creado la aplicación que trabaja con ella, mientras que los formatos abiertos son aquellos sobre los que existe una información completamente disponible a todo el mundo. Se podría considerar como un caso intermedio aquellos formatos a cuya documentación se puede acceder previo pago de una licencia, pero a casi todos los efectos –excepto, quizá, a los que se refieren a la legislación de protección de la competencia– resulta un caso equivalente al de los formatos cerrados.

Las ventajas de los formatos abiertos

Un anuncio televisivo ha hecho popular la llamada pirámide de Maslow. Según escribió el psicólogo en su Teoría de la motivación humana, de 1945, los seres humanos tenemos una escala de necesidades que vamos cubriendo en orden. Así, mientras no tuviéramos las necesidades fisiológicas cubiertas (alimento, abrigo, salud, cobijo) no pasaríamos a preocuparnos por el siguiente nivel de la pirámide, la seguridad de tenerlas en todo momento, a salvo de contratiempos. Después de esto vendría la búsqueda de la aceptación social, el amor familiar y romántico; la búsqueda de la estima, propia y ajena, el éxito, etcétera; y, finalmente, la autorrealización.

Puede establecerse cierto paralelismo con el impulso que estos últimos años han tenido los formatos abiertos, especialmente en lo que se refiere a la ofimática. La primera necesidad de usuarios, empresas y administraciones públicas es disponer de procesadores de texto, hojas de cálculo y software de presentaciones que funcionen correctamente y sean cómodos y razonablemente sencillos de utilizar. Pero una vez que existen varias soluciones que garantizan esto, nacen nuevas necesidades. La principal es la seguridad. Actualmente, la mayor parte de nosotros emplea Office; es un estándar de facto. Sin embargo, al emplear esta suite sus propios formatos cerrados, nos ata a Microsoft de por vida. Otras suites ofimáticas han logrado trabajar de forma más o menos aceptable con los ficheros DOC, PPT y XLS, pero no han conseguido una compatibilidad completa. Si queremos seguir empleando nuestros datos, necesitamos recurrir a una empresa específica, por los siglos de los siglos.

En las administraciones públicas, a esto se une la imposición a los ciudadanos que quieran interactuar por vía electrónica con ellas de unas aplicaciones que cuestan su dinero y que sólo oferta una empresa. Es cierto que buena parte de los ciudadanos disponen ilegalmente de esa suite ofimática, pero no parece de recibo que el Estado obligue a sus administrados a cometer una infracción o pagar un impuesto a una empresa para poder cumplir con sus obligaciones. Esa es la razón por la que el Gobierno del estado de Massachussets decidió apostar por los formatos abiertos y obligar a todas sus agencias y empleados a emplear software que los soporte.

En realidad, emplear formatos abiertos es para el Estado algo más importante que emplear software libre. Durante varios años he defendido la conveniencia de que las administraciones públicas tengan en cuenta la licencia de las aplicaciones a la hora de optar por ellas y promuevan el uso del software libre, pero especialmente que el software creado dentro del Estado sea puesto a disposición de quienes lo han pagado por medio de licencias de código abierto. Pero es la adopción de formatos libres la que garantiza a sucesivas administraciones la posibilidad de cambiar de proveedor manteniendo accesible toda la información almacenada hasta ese momento, y emplear esa posibilidad como forma de presión frente a quien fabrique el software que utiliza actualmente.

Por supuesto, a las empresas y organizaciones (pues podemos estar hablando de software libre) que compiten en un mercado específico, los formatos abiertos les resultan de gran ayuda, pues eliminan una importante barrera de entrada, provocada por el efecto red: si la mayoría usa un software específico con un formato cerrado, los demás tienen un incentivo enorme para emplearlo también y así poder enviar y recibir información en el mismo formato que los demás.

Por supuesto, las ventajas de los formatos abiertos han sido conocidas desde hace mucho tiempo por todo tipo de organizaciones y empresas. Así, es natural que cuando Tim Berners-Lee pensara en un servicio de Internet basado en el hipertexto (páginas texto con referencias a otras páginas) al que acabaríamos conociendo como World Wide Web, propusiera un lenguaje sencillo y abierto llamado HTML para implementarlas. Cuando Adobe pergeñó su sistema de creación y lectura de ficheros para imprimir que pudieran transmitirse por vía electrónica, hacerlo abierto –aun cuando no fuera un estándar– permitió que PDF se convirtiera en el formato más empleado dentro y fuera de la red. Lo que ha llegado la hora de plantearse es si las administraciones públicas ya han pasado del primer nivel dentro de esa pirámide de Maslow, y deben establecer legalmente la obligación de usar formatos abiertos. Parece que donde quiera que hay varias opciones alternativas de calidad suficiente, la respuesta en un sí rotundo.

La reacción de Microsoft

La decisión del Gobierno del estado de Massachussets y, sobre todo, los movimientos de la Unión Europea encaminados en la misma dirección llevaron a Microsoft a crear un nuevo formato basado en XML llamado Open Office XML, que es el empleado por las versiones 2007 para PC y 2008 para Mac, de próxima aparición, de Microsoft Office. Presenta unas características similares al estándar ISO 26300 Open Document, que emplean no sólo las suites ofimáticas libres OpenOffice y KOffice sino que es soportada por un gran número de aplicaciones, incluyendo las alojadas en Internet como Google Docs y Zoho Writer.

Tras la aprobación como estándar del organismo europeo ECMA, Microsoft intentó hacerlo aprobar por ISO, mucho más estricto, fracasando en el intento de hacerlo aprobar por la vía rápida. Pero al fin y al cabo, lo esencial de un formato no es si ha sido aprobado por un organismo de estandarización. Muchos de ellos no lo han sido porque éste es un proceso caro que no suele merecer la pena. Todos estos procesos de aprobación o rechazo no deben desviar la atención de la pregunta que debe hacerse al respecto: ¿es un formato abierto sí o no? La respuesta a esa cuestión clave es, me temo, ambigua. Quizá la respuesta más cercana a la realidad es que es un formato abierto tan chapucero que puede considerarse, en la práctica, como uno cerrado.

Hay que recordar lo que decíamos al principio. Un formato es abierto si la documentación está disponible a todos. Microsoft ha cumplido esa parte, pero no completamente. El estándar ECMA está plagado de referencias a formatos propietarios de Microsoft y a aplicaciones de la compañía (el documento indica que varios elementos debe representarse como en Word 95, Word 6 y hasta WordPerfect 5.1, una aplicación con más de 16 años de antigüedad), lo que lo hace imposible de implementar por terceros, por lo que en la práctica puede considerarse como un formato cerrado, aunque menos que los anteriores de la empresa.

Dado que muchos tienen a Microsoft como el temible monstruo empresarial dispuesto a comerse el mundo, asumirán que esos errores son debidos a que sigue deseando tener a sus clientes cautivos de sus productos. En cambio, tiendo a pensar que es más debido a las prisas de sacar un nuevo formato que les permitiera seguir vendiendo a sus clientes gubernamentales y un nueva versión de su suite ofimática que les permitiera que uno de sus dos productos estrella siguiera rindiéndoles beneficios. En cualquier caso, mientras no solucione esos problemas, las administraciones públicas deberían seguir considerándolo como cerrado, pues las razones que existen para no adoptar ese tipo de formatos siguen siendo válidas en lo que se refiere a Open Office XML. No obstante, podría suceder que Microsoft finalmente solucionara los problemas de su especificación, de modo que tampoco hay que cerrar completamente la puerta a futuras versiones.

Conclusiones

Los formatos abiertos favorecen la expansión de información y la competencia. La industria ha sido consciente de ello durante mucho tiempo y por eso existen formatos abiertos para casi todo tipo de ficheros. Sólo en algunos casos concretos, de formatos que han logrado hacerse estándares de facto porque no había aplicaciones equivalentes de similar calidad, los formatos cerrados han triunfados.

No obstante, abrir un formato es un proceso costoso, que en muchos casos no merece la pena abordar, y que en otros puede resultar contraproducente, como es el caso de mercados y empresas muy pequeñas que necesitan mantener cierto control sobre ellos para sobrevivir. Así, no tendría sentido obligar a adoptarlos por ley. Pero sí que las administraciones públicas adoptaran una política de optar por formatos abiertos siempre que exista la opción. La información que todos pagamos por producir debería poder ser accesible siempre, sin depender de la voluntad de terceros.

Preocupante desaparición de los ciberactivistas

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en . Publicado en Artículos en prensa.

Este juez ha ordenado tomar esas medidas, ojo, cautelares contra Stop Nacionalismo, Boicot Ya, Stopnacionalismos, Nacionalismo No, El Boicot, Catalanes No Gracias (se refiere a los cavas y es una simple lista de cavas no catalanes), Hasta Los Huevos (tanto el dominio .com como el blog al que dicho dominio redirige) y Estatuto. En el momento de escribir esto yo las veía; pero algún usuario de Jazztel me ha dicho que ya no tenía acceso. En todo caso, siempre se podrá acceder mediante servicios como Anonymouse.

Por lo que se ve, el juez ha accedido sin más a las pretensiones de los demandantes, la Cámara de Comercio catalana, que se ve que no tiene nada mejor que hacer que dedicarse a demandar a una serie de páginas web que incluían un listado de productos catalanes y otro de alternativas. Porque pese a que las medidas cautelares se han dictado en septiembre, el asunto viene de otoño de 2005, las declaraciones de Carod Rovira contra la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos y el boicot que muchos ciudadanos promovieron, primero contra el cava catalán y después contra un montón de productos fabricados en Cataluña. Era una lista detalladísima, que llegaba a los condones o las pilas alcalinas. Su autor explica que entre él y un compañero de trabajo se limitaron a ir a un supermercado a anotar qué marcas tenían su sede social en Cataluña y, por tanto, pagan allí sus impuestos; en resumen, facilitaron una información pública y, de hecho, obligatoria para cualquier cosa que se venda.

El caso es que una cosa es pedir a proveedores extranjeros que eliminen páginas web de grupos terroristas o de pedofilia, que es algo en lo que suelen colaborar. Otra muy distinta es pedirles que eliminen webs. Así que, supongo que para no hacer el ridículo, ha pedido a los proveedores de acceso españoles que impidan a los internautas acceder a las mismas. Otra cosa es que estos hagan mucho caso a esta orden, porque cumplirla les obligaría a filtrar todo el tráfico web para ver si la web visitada es una de las consideradas malignas por el juez de Barcelona. A no ser que lo hagan ya por otras razones, el coste puede ser inasumible.

Pero el que los españoles seamos laxos a la hora de cumplir órdenes estúpidas y desproporcionadas no quiere decir que no sean estúpidas y desproporcionadas. Y es que el juez ha dicho que sí a todo sin hacer una sola comprobación. Por ejemplo, podría haber mirado que las dos únicas web con dominio propio, Stop Nacionalismo y Nacionalismo No hace ya tiempo que están abandonadas, seguramente por miedo a las consecuencias de la demanda. Ya se sabe, tú pon la querella, que así se acojonan y aunque el juez no te dé la razón seguro que retiran los contenidos que quieres que retiren. El caso es que el juez les ha dado la razón, pese a que las web ya no existen y son ahora propiedad de esas empresas de reventa de dominios. Simplemente ha obedecido a las peticiones de la Cámara de Comercio. Ante cosas como ésta, parece menos importante la exigencia de que la LISI sólo contemple la posibilidad de que sea un juez quien pida la retirada de contenidos.

Pero lo más triste es que recuerdo que hace bien poco todos montamos en cólera, a izquierdas y derechas, con el caso de A las barricadas vs. Ramoncín. Esto, en cambio, debe ser bueno y adecuado, porque nadie se ha quejado excepto los blogs de derechas. Luego escucharán y leerán cosas sobre la crispación y el sectarismo. Recuerden este caso.

La responsabilidad de las elites naturales

Escrito por Pablo Molina en . Publicado en Artículos en prensa.

El progreso de la Humanidad tiene su origen en la tenacidad mostrada por los individuos geniales a la hora de perseguir sus sueños a despecho de la masa. El hombre dejó las cavernas no porque un congreso de jefes tribales así lo decidiera (si ZP hubiera coordinado esa reunión, aún estaríamos matando bichos a garrotazos, ténganlo por seguro), sino gracias a que en cada generación existen individuos capaces de desafiar las convenciones y explorar nuevos caminos en la ciencia, las artes y el pensamiento.

El hombre alberga en lo más profundo de su ser ese deseo de avanzar en el terreno del conocimiento. Ahora bien, para que ese capital de ideas fructifique y beneficie a la sociedad, ésta ha de ordenarse de una determinada forma, y no de otra. Las instituciones sociales que acompañan al ser humano desde sus inicios son, básicamente, la familia, la propiedad privada y la libertad individual. Ninguna de ellas fue diseñada por equipo alguno de ingenieros sociales, sino que responden a un cierto orden natural y espontáneo que ha hecho las veces de código no escrito desde que la Humanidad inició su andadura.

Toda construcción social que intente subvertir esas instituciones básicas es, por definición, contraria a la civilización. El socialismo, que precisamente tiene como principal misión establecer una utopía revolucionaria para desmontar el orden social espontáneo, es, por tanto, una ideología reaccionaria y contraria a la esencia más profunda del ser humano. De ahí que fracase una y otra vez, luego de generar un océano de sangre, miseria y dolor.

Si esto es así, y lo es, lo normal sería que los medios de comunicación exaltaran los principios que nos han hecho más prósperos y más libres. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Los valores tradicionales, si alguna vez aparecen en los grandes medios de masas, son sometidos a ataques sañudos. Este estado de cosas hace que quien se rebele y decida actuar como un individuo libre sea considerado sospechoso de los más graves pecados contra la democracia y el igualitarismo.

La independencia de criterio, la defensa de la familia, la renuncia a aceptar como válidos los principios esparcidos por el marxismo cultural o la defensa del derecho a perseguir los propios fines a despecho de la opinión de la masa son conductas consideradas altamente sospechosas por la mayoría de la gente; porque no están bien vistas, y no como consecuencia de proceso reflexivo alguno.

En esta tesitura, quienes siguen la senda civilizadora de aquel antepasado que inventó la forma de mover grandes pesos utilizando dos ruedas y un eje son unos héroes, dado el coste personal que han de pagar por su independencia. En nuestro mundo occidental, este papel está representado con especial gallardía por los empresarios. Cualquier persona que idee una manera de satisfacer una necesidad de sus contemporáneos de forma más eficiente que los demás y que empeñe su patrimonio para llevarla a cabo puede ser considerado, con toda justicia, como parte de esa elite natural consustancial a toda época y lugar.

Esos individuos geniales, principales artífices del progreso humano, tienen, a mi juicio, una gran responsabilidad. Cuanto más éxito tengan como hombres de negocios y profesionales, más importante es que den ejemplo, esforzándose por comportarse de acuerdo a las más elevadas exigencias de la ética.

Desde luego, la primera obligación de toda persona decente es para consigo misma y para con su familia. Por eso es bueno que hagan honestamente todo el dinero que puedan, pues cuanto más dinero ganen más beneficiosos serán también para los demás. No deberían avergonzarse jamás de haber alcanzado el éxito y de tener dinero. Y, sobre todo, no deben permitir que los zombis morales que viven de esquilmar sus bolsillos a través del Estado se dirijan a ellos desde una posición de superioridad moral. Ni los empresarios de éxito lo merecen, ni los parásitos sociales tienen derecho alguno a recriminar o exigir nada a éstos.

Pero hay otra responsabilidad adicional que esta elite natural debe asumir. Han de apoyar activamente la propiedad privada, la familia, la responsabilidad personal y las libertades de contratación y asociación. Esto significa que han de asumir como un deber, su más noble deber, el contribuir abierta, orgullosa y generosamente al reconocimiento público de los valores que saben correctos y verdaderos mediante su colaboración con las instituciones privadas y los medios comunicación que han hecho de su defensa su principal bandera.

Con este modesto artículo invito a empresarios, profesionales liberales, autónomos, trabajadores cualificados y padres de familia a que tomen conciencia de su responsabilidad como miembros de la elite más noble con que cuenta nuestra sociedad. Si no lo hacen por ustedes, al menos háganlo por sus hijos y por los míos: ellos no se merecen que les defraudemos.

La estrategia de Ram Bhavnani

Escrito por Antonio Nogueira en . Publicado en Análisis diario.

Ram Bhavnani, multimillonario inversor de origen indio, afincado desde hace cuarenta años en Tenerife, protagonizó la información económica de la penúltima semana de noviembre. RB decidió vender el día 20 su casi 15% de Bankinter, el sexto banco español, a Crédit Agricole, embolsándose unas plusvalías superiores a 300 millones de euros. Ahora, con 650 millones de capital propio, Bhavnani tendrá oportunidad de alcanzar nuevas oportunidades de negocio, tras su paso antaño por otras entidades del sector (Zaragozano, Popular, BCH). No es menos cierto que el 18 de Noviembre RB declaraba que no quería vender Bankinter para nada; ni tampoco conviene olvidar que en un reciente libro suyo aconseja no invertir a crédito, lo contrario de lo que hace. En cualquier caso, Bhavnani es miembro distinguido de la acreditada escuela de "haz lo que yo digo, no lo que hago". Así es el juego –contradictorio, pero libre– de la perspicacia empresarial.

La vida de RB tiene algunas conexiones de interés. Arribó a Santa Cruz como inmigrante para poner en orden los asuntos familiares, convirtiéndose con esfuerzo en el mayor tendero de la ciudad. Mucho antes, en 1943, nació en Hyderabad. Hyderabad es la capital del Estado de Andhra Pradesh, el quinto por tamaño y gozne entre el Norte y el Sur de la Unión India. En Hyderabad residen dos poderosas organizaciones mundiales: Microsoft y la Compañía de Jesús. Allí trabajan –además de la corporación de Bill Gates– Wipro, Infosys, Oracle, IBM y Dell. Por otra parte, Wharton y London School of Economics son los dos grandes centros de aprendizaje. Se trata de un nuevo Silicon Valley, algo serio, una gran región en marcha de Asia. Mientras, España, atravesada con el ladrillo, dedica cuatro veces más a subvencionar el carbón que en invertir en I+D+i (un mínimo 1,07% del PIB según el Informe COTEC de Junio 2006). Alemania, Francia y Reino Unido –inalcanzables– nos cuadriplican en gasto informático.

Volviendo a Bhavnani, fue alumno de los jesuitas hasta los 17 años de edad. Es curioso, pero en India reside y enseña desde hace más de medio siglo un conocido sacerdote jesuita español: Carlos G. Vallés. No es imposible el vínculo entre éste y RB. Vallés es un adalid del ecumenismo y, estereotipos al margen, dice cosas muy razonables sobre la modernidad. Por ejemplo, respecto de la competitividad como factor de progreso personal, podría considerársele afín a la praxeología. Afirma lo siguiente: "Anoto el hecho de que somos competitivos, que buscamos la propia ventaja, que con frecuencia nos tenemos envidia unos a otros; y el caer serenamente en la cuenta de este hecho es factor esencial para que funcionemos bien en grupo… Una cosa es tener sentimientos y otra cosa es obrar según ellos. Una cosa es sentir envidia y otra cosa es ponerla en práctica… el valor de mi vida no depende del éxito de mi trabajo y, en consecuencia, el éxito de los demás no es ninguna amenaza a mi carrera, no hace sombra a mi imagen. La amistad calma la ansiedad." (Viviendo juntos, Sal Terrae, 1995)

RB, practicante del hinduismo, quizá tenga en su estrategia la ocasión de recordar con frecuencia los principios del liderazgo en Ignacio de Loyola: heroísmo, ingenio, amor y conocimiento de sí mismo. El heroísmo inspira a hacer algo más, algo más grande; hace a una persona soñadora y pragmática a la vez. El ingenio dispone no sólo a pensar sino a vivir de manera original (Bhavnani es austero, no es rico al uso; guarda formas de arzobispo de Compostela). El amor liquida los temores y aglutina en equipos a las personas que sobresalen. Por último, el conocimiento de sí mismo –la introspección– enraíza y alimenta, como un bucle virtuoso, las demás cualidades del liderazgo. Bhavnani lo sabe.

El barril a 100 dólares. ¿Y?

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Yo a los 8 años tenía otras preocupaciones, pero quien recuerda la crisis del petróleo sabe bien de lo que fue aquello. Y estamos en las mismas, ya que si medimos los precios del barril en 1979 a precios actuales (descontando la inflación en dólares), resulta que alcanzó el centenar. Podría incluso ser peor ahora, cuando miremos a los 100 dólares desde arriba.

Sólo que, en realidad, la situación es muy otra y el precio del petróleo no tiene la importancia de antaño. Sencillamente, el peso de la energía sobre el conjunto de la energía y del oro negro sobre la economía es cada vez menor. Si cogemos el caso de los Estados Unidos, la energía suponía el 20 por ciento del PIB en 1949 y el 8,75 por ciento en estos momentos. Por lo que se refiere al consumo de petróleo, si le damos un valor de 100 al consumo por unidad de PIB del G-7 en 1970, en estos momentos estamos en el 47.

Lo que ha ocurrido es, sencillamente, que con la misma cantidad de energía somos capaces de hacer más cosas y mucho más valiosas. El "pico del petróleo", la idea de que hemos alcanzado el máximo de producción y que ahora sólo podemos deslizarnos cuesta abajo es un asunto cada vez menos importante.

Además, unos precios altos del crudo multiplican los beneficios asociados a la investigación en tecnologías que ahorren combustible o que, sencillamente, sustituyan al preciado petróleo por otra fuente energética. Siempre se ha dicho que a la OPEP le salió mal la jugada de cerrar el negro grifo, pues la economía reaccionó haciéndose más efectiva en términos energía-valor. Hoy, además, las economías son más flexibles que en 1970 y podrían reaccionar con una mayor rapidez.

Bush llega tarde para proponer aquello de sacudirse la adicción al petróleo. Ya se han encargado de hacerlo las sociedades libres por sí solas, para mal de los Chávez por venir.

Devolver a la sociedad las puertas del cielo

Escrito por Gabriel Calzada en . Publicado en Artículos en prensa.

Miserias aparte, el asunto es muy relevante y preocupante. Los casos parecen aumentar ligeramente, aunque quizá, como dice Wonka, nos falte perspectiva para trazar una tendencia. El aumento que se observa de 1999 (primer año para el que hay datos) hasta ahora parece deberse principalmente a un mayor número de casos de mujeres extranjeras, aunque sólo sea porque entre ellas es mucho más común y el número de inmigrantes no ha cesado de aumentar.

La justicia, que en España está pensada para proteger al delincuente frente a la víctima, de nada sirve a las mujeres que han denunciado las palizas y las amenazas ante la Policía y ante el juez, para acabar formando parte de las noticias del día y de la estadística del año. La justicia ocupa su lugar cuando el crimen se ha cometido, y la Policía puede acumular denuncias de amenazas sabiendo de antemano que de ahí no va a salir ninguna solución. ¿Una orden de alejamiento? ¿Creen que va a detener a quien está dispuesto a acabar con una vida humana?

Pero no faltan medios para lograr una defensa efectiva de las mujeres maltratadas y amenazadas. Pero, por alguna razón, cuando esa defensa la realiza un tercero nadie pone reparos, mas cuando es la propia víctima la que se defiende hay quien se lleva las manos a la cabeza. Será que la tienen ahí para eso, para sujetársela con las manos, y no para otra cosa.

Porque la autodefensa es un derecho primordial y que sirve, además, como garante de todos los demás derechos. El derecho a la vida es el derecho a defenderla; si tiene algún sentido es precisamente ese. Y hay instrumentos muy efectivos para ejercer ese derecho, desde un spray a un arma de fuego. Muchos gallitos que se atreven contra una mujer indefensa preferirán tragarse sus miserias a enfrentarse a una persona con los medios para defenderse. Y si, pese a todo, prefieren dar curso a su odio, al menos la víctima tendrá una opción de salvar su vida.

Cada una de las 69 mujeres muertas a manos de sus parejas mereció la oportunidad de haberse defendido. Sea cual hubiese sido el resultado en cada caso, hoy la cifra que ha convocado a manifestarse a la gente a la calle sería menor. Y esa oportunidad se la merecen todas las que tienen razones para sentirse amenazadas. No entiendo cómo las organizaciones de mujeres no enseñan a las personas amenazadas a defenderse. Será que lo importante es lograr que se le llame violencia "machista".

69

Escrito por José Carlos en . Publicado en Artículos en prensa.

Para Rajoy la medida se justifica en base a que "el gestor privado es más eficiente que el gestor público". De eso no creo que existan dudas a estas alturas de la película y ojalá que el Partido Socialista se sumara a la propuesta. Actualmente la gestión de los aeropuertos españoles depende de la pierna con la que se levante el político o el burócrata de turno, lo bien (o mal) que le haya sentado el café de la mañana o cualquier otro factor ajeno al deseo de los pasajeros y empresarios. En efecto, AENA está adscrita Ministerio de Fomento, que es el encargado de fijar sus directrices de acuerdo con el mandato que establezca el Gobierno. Así las cosas, sería un milagro que la gestión de las puertas del cielo fuera barata, de calidad y estuviera sometida a los deseos del consumidor.

Por poner un ejemplo que resulta sangrante, una de sus funciones del gestor aeroportuario estatal es el "desarrollo de los servicios de orden y seguridad en las instalaciones que gestiona". La realidad, como es de esperar, es justo la contraria. En los aeropuertos españoles se registran diariamente un gran número de robos y hurtos. Por un lado tenemos las famosas mafias internas que hacen que de las maletas embarcadas las más atractivas nunca encuentren su destino final y, por el otro, a delincuentes organizados que sustraen día sí, día también, el equipaje de mano de multitud de pasajeros. A muchos les resulta increíble cómo entre AENA y la Policía no sean capaces de parar una plaga que se ha extendido por los aeropuertos españoles hasta convertirse en una verdadera pesadilla para pasajeros y compañías aéreas. Claro que si uno recuerda que la planificación centralizada no era capaz de poner comida en los supermercados públicos, ¿cómo va a hacer ofrecer seguridad y orden en un sitio con tanta gente?

El caso de las mafias internas ha tenido cierto eco en los medios en los últimos meses. Sin embargo, poco es lo que se oye hablar de los robos que tienen lugar antes de facturar. Y lo grave es que bastaría con un mínimo de interés y unas cuantas cámaras de vigilancia para evitarlos, porque los robos se producen continuamente a la luz del día en las colas de las terminales. Los delincuentes están especializados en robar a los incautos pasajeros que se relajan, como es normal, cuando llegan al mostrador de su compañía. Los empleados de las aerolíneas pueden contar infinidad de ejemplos porque aparte de realizar su trabajo tienen que consolar diariamente a los pasajeros que les quitan sus pertenencias mientras esperan a ser atendidos.

Hace unos días le robaron a un marinero que llevaba seis meses lejos de su familia un maletín de mano con todo lo que había logrado ahorrar durante ese medio año de duro trabajo en alta mar. El hombre, como es normal, rompió a llorar en plena Terminal 1 del Aeropuerto de Madrid Barajas. Unas semanas antes de este incidente, y en el mismo lugar, estos profesionales de aprovechar la ineficiencia de la gestión pública de los aeropuertos y de los servicios de seguridad le quitaron a una señora en silla de ruedas su equipaje de mano. No son más que dos ejemplos recientes de una lacra permanente: la de la lamentable gestión de unos aeropuertos huérfanos de competencia.

Pasa lo de siempre. En estas entidades públicas no hay un dueño que soporte los costes y pérdidas ni disfrute de los posibles beneficios. Así que la gestión termina en manos de una burocracia al tiempo que el servicio al pasajero tiende a ser caro y muy deficiente. Por eso la privatización de AENA puede traer muchos beneficios al consumidor y a las compañías aéreas. Lo ideal sería que no se privatizara todo el ente público a una sola empresa sino que se troceara y se subastaran los aeropuertos, lo cual abriría el sector a la competencia y la soberanía del consumidor.

Pero además de todos estos argumentos de eficiencia, la privatización traería justicia al sector. Y es que no es justo que el conjunto de los españoles paguemos los impulsos inversores y las pérdidas del ente estatal, que este año se prevé que superarán los 50 millones de euros. Lo justo sería que los que viajamos fuésemos los que decidiéramos si correr, o no, con los costes en los que incurran empresarios en competencia. Lo que es indigno es que quienes no han visto nunca un avión tengan que pagar los caprichos políticos de quienes se pasan el día volando de comisión en comisión.

Camino China

Escrito por Antonio José Chinchetru en . Publicado en Artículos en prensa.

No basta con que esté a punto de caer sobre nuestras cabezas una ley que permite el cierre de webs a autoridades no judiciales. Por si eso fuera poco cada vez aparecen más sentencias judiciales que, con todo el respeto a los jueces y magistrados, resultan sorprendentes por la manera en que fuerzan la legislación vigente para reprimir la libertad de expresión.

Si ya sentencias como la que condenó a los anarquistas de A las barricadas por los comentarios sobre Ramoncín vertidos en su foro resultan del todo peligrosas y de dudoso rigor jurídico, algo sobre lo que decidirá el tribunal encargado de dirimir el lógico recurso, todavía más alarmante resulta que un tribunal barcelonés ordene bloquear el acceso a nueve web críticas con el nacionalismo catalán. También aquí la argumentación del juez resulta cuando menos peculiar. El auto judicial invoca el artículo 8 de la LSSI, por el que un tribunal puede ordenar el bloqueo o el cierre de una web cuando vulnere "el respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social".

Indudablemente ser crítico con el nacionalismo no entra en ninguna de esas categorías. Ni tan siquiera entra la llamada al boicot de los productos catalanes que hacían las web a las que se refiere el auto. Igualmente, resultaría rechazable que un juez ordenara el bloqueo o el cierre de los sitios catalanes donde se llama al boicot de todos los productos españoles que no se produzcan en Cataluña. Se puede estar a favor o en contra de este tipo de medidas, pero nunca han de ser condenables los llamamientos a ponerlas en marcha o participar en ellas.

Si ocurren cosas así habiendo jueces por medio, da miedo pensar en lo que puede llegar a pasar si se aprueba la LISI propiciada por el PSOE, que permite ordenar este tipo de medidas a autoridades administrativas. Definitivamente, vamos camino China y allí no os encontraremos en la gloria.

Los riesgos de la subcontratación

Escrito por Albert Esplugas en . Publicado en Análisis diario.

Privatizar un servicio público no es lo mismo que subcontratarlo a una empresa privada para que lo gestione, aunque a menudo la gestión privada sea confundida con la privatización porque hay un poco de "privado" en ambos. Es importante mantener la distinción si no queremos perder perspectiva y llegar a conclusiones endebles.

En el caso de la privatización, el Estado transfiere íntegramente una actividad pública al sector privado. El Estado no sólo deja de producir y proveer el servicio, también deja de financiarlo a través de impuestos. En el caso de la subcontratación el Estado deja de producir/proveer el servicio, pero permanece como comprador. El Estado subcontrata empresas de titularidad privada para que gestionen un determinado servicio público. Cuando Telefónica o British Telecom fueron privatizadas, por ejemplo, tuvieron que empezar a competir por el dinero de los consumidores. Los beneficios o pérdidas de estas empresas en el mercado abierto son una función de su éxito o fracaso a la hora de servir a los consumidores. Cuando el Estado, en cambio, subcontrata la gestión de los hospitales o la recogida de basuras a empresas privadas, las empresas deben competir entre sí para hacerse con el contrato, pero los contratantes no son los consumidores sino el Estado.

La subcontratación es, por tanto, un sustituto muy pobre de la privatización. La provisión o gestión del servicio es privada, pero mientras sea el Estado el que pague la factura las empresas tienen incentivos para servir al Estado y no a los consumidores, y el Estado es quien define lo que los usuarios van a recibir. El Estado tampoco sabe lo que los consumidores desean en realidad, pues estos no pueden revelar sus preferencias eligiendo en el mercado. En definitiva, con la subcontratación no tiene lugar el proceso competitivo que lleva al descubrimiento de nuevas y mejores fórmulas de servir a los consumidores.

Pero lo mejor no debe ser enemigo de lo bueno: ¿es la subcontratación de servicios públicos un paso adelante, aunque la solución óptima sea la privatización? A primera vista eso parece, pero un examen más detenido deja entrever que hay luces y sombras.

La principal ventaja de la subcontratación es que la empresa privada tiene más incentivos que la empresa pública para reducir costes (porque así aumentan sus beneficios) y proveer un servicio decente (porque de lo contrario el Estado puede subcontratar a otra empresa). Es cierto que la empresa privada, porque responde ante el Estado y no ante sus usuarios, quizás tienda a reducir demasiado los costes y la calidad del servicio se resienta, pero en general la subcontratación tiene el potencial de ahorrar dinero a los contribuyentes o de procurarles un mejor servicio por el mismo dinero. Los ejemplos de gestión privada de servicios públicos son numerosos y parecen corroborar este punto. Se ha introducido un poco de competencia, y un poco es mejor que nada.

Otro aspecto positivo es que la gestión privada, si se demuestra más eficiente que la pública, puede allanar el camino a la privatización. Los ejemplos actuales de gestión privada pueden emplearse para ilustrar la superioridad de la empresa privada y minar los prejuicios que la gente tiene en su contra. Un aumento de la subcontratación puede abastecernos de más ejemplos (imperfectos, pero elocuentes) de que "el mercado puede encargarse de esto". La otra cara de la moneda es que si no mantenemos clara la distinción entre subcontratación y privatización la gente puede achacar las deficiencias o los fracasos de aquélla a la empresa privada (Blackwater es un caso reciente).

Dando la vuelta al argumento de la eficiencia algunos liberales sostienen que la subcontratación es peligrosa precisamente porque hace al Estado del Bienestar más eficiente, y a la postre más soportable e inmune a la crítica. Pero este razonamiento, llevado hasta sus últimas consecuencias, sugiere que debemos anhelar el Estado más ineficiente posible. ¿Queremos realmente que la sanidad pública mate a sus pacientes para que la gente vea que la privatización es necesaria? ¿Queremos que la escuela pública haga de nuestros hijos unos analfabetos para que la gente exija un cambio? ¿El fin justifica los medios? En este caso el fin es el liberalismo y el medio es hacer sufrir a las personas para que se den cuenta de que el mercado es necesario. No creo que utilizar a las personas de este modo para un fin político represente en absoluto el espíritu liberal.

El argumento de que la subcontratación es peligrosa porque hace eficiente al Estado sí es válido, no obstante, aplicado a determinados servicios que son injustos o que conllevan injustica. ¿Queremos que el Estado sea más eficiente en la guerra contra las drogas? ¿Queremos que subcontrate la recaudación de impuestos? Bruce Benson, por ejemplo, explica que la subcontratación reduciría los costes de gestionar las prisiones, pero en el contexto actual eso significa que será más atractivo para el Estado recurrir a ellas y que más gente inocente, condenada por delitos sin víctima, puede acabar entre rejas. La solución parece obvia: subcontratemos aquellos servicios que son "inofensivos" e inequívocamente útiles (hospitales, recogida de basuras, aeropuertos) y dejemos a un lado los servicios más cuestionables (policía, ejército, prisiones). El problema es que, aunque sobre el papel podamos separarlos, en la práctica la subcontratación de unos servicios quizás empuje a la subcontratación de otros.

Un riesgo importante son los nuevos vínculos que se crean entre el Estado y los empresarios. La subcontratación alinea los intereses de los empresarios (tanto los que se benefician del contrato como los que podrían beneficiarse) con los intereses del Estado. El liberalismo pierde aliados y el Estado gana socios. La frontera que separa el Estado de la sociedad civil se difumina. Hoy en día ya sucede este fenómeno en cierta medida. La subcontratación podría acentuarlo. Además existe el peligro de que en determinadas áreas la empresas subcontratadas desplacen a las empresas puramente privadas, que al no recibir sus fondos del Estado no son capaces de reducir tanto sus costes para competir (los cheques escolares tienen ese riesgo, por ejemplo).

El balance, en mi opinión, no está claro. Recibir un servicio menos nefasto a cambio de nuestros abusivos impuestos quizás sea una razón suficiente para defender la subcontratación en varios ámbitos. El problema es que la "subcontratación buena" y la "subcontratación mala" pueden venir en paquete.