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¿Por qué nadie ve españoladas?

Se han estrenado más películas que el último año pero cada vez menos gente las quiere ver. Según el Anuario, se han estrenado 142 películas españolas, un 11% más que en el año anterior. A pesar del aumento de producción, las españoladas perdieron casi 2,5 millones de espectadores. La película nacional más vista ha sido El Orfanato situada en el puesto 19 del ranking, la única española entre las 25 más vistas. En la cantidad no está la calidad, y en la subvención no está la solución.

¿Por qué el cine de nuestro país no nos atrae y el americano sí? La respuesta es tan sencilla como preguntarse a quién van dirigidas las películas de unos y otros. Sabemos muy bien en quién piensan los estudios norteamericanos cuando hacen un film: en la gente de la calle, en aquellos que las pagan en taquilla. En definitiva, en el cliente final. ¿Y las españolas a quién van dirigidas? Naturalmente, también a su cliente, sólo que en su caso éste no está formado por las personas que van al cine, sino que es el Gobierno, concretamente el burócrata que autoriza la subvención del largometraje. Gran parte de las películas españolas no son más que un reflejo de lo que el Gobierno quiere que se muestre. Ofrecer semejante producto no tiene ninguna dificultad para el empresario subvencionado, sólo ha de seguir el manual y tener una paciencia de santo para rellenar todo el papeleo. Aquí no importa la competencia, la calidad ni el éxito del proyecto. Cualquier producción que tenga el plácet de la administración, sin que importe si gustará a alguien o no, se llevará adelante.

Evidentemente, la cuestión no es la buena o mala aceptación del cine español, como nos intenta inculcar el Gobierno y el lobby de actores. El gran problema es que es la sociedad civil quien carga con el coste de los fracasos. La administración no nos pregunta si queremos contribuir a sufragar el film, simplemente nos mete la mano el bolsillo, aún contra nuestra voluntad, nos arrebata nuestro dinero y nos dice que es para el bien nacional y la cultura del país. Al Gobierno no le importa que las familias no lleguen a final de mes y se malgaste su precioso dinero en mantener a un sector que, viendo sus resultados en España, posiblemente no tendría ni por qué existir.

Es momento ya de dejar este sistema feudal de distribución donde un grupo de personas deciden qué se hace y qué no. La excesiva protección al cine sólo crea un efecto expulsión (crowding out) que deja el sector estático, medio muerto, donde sólo tienen entrada las películas que el jerarca quiere admitir y que, como vemos, está totalmente reñido con lo que la gente busca. La visión señorial y elitista propia de la cultura de la subvención ha de dejar paso a una actitud popular, moderna y capitalista. Que sea la gente quien decida qué quiere que haga la industria cinematográfica nacional y qué no. Qué productores y cineastas dejen de vivir del sufrido pagador de impuestos e ingresen en el libre mercado.

Si la libre competencia nos da mejores coches, todo tipo de alimentos y vestimentas o televisores de todos los tamaños y calidades, ¿por qué ha de ser diferente el sector de la producción audiovisual? Es una cuestión de datos y lógica. Para que una película triunfe, como cualquier otro producto, no hace falta dinero a chorros incautado por la fuerza a las familias de este país, sino entender bien al cliente final para así poder ofrecérselo. Algo que jamás ha interesado al cine español.

Salario mínimo

En periodos cercanos a las elecciones, uno de los temas que más suele sacar a colación la clase política es el del salario mínimo. Las leyes que lo regulan establecen un importe mínimo, por debajo del cual, está prohibido celebrar cualquier contrato de trabajo. Este concepto fue introducido en su forma actual en el siglo XIX en Australia y Nueva Zelanda, y en la actualidad la mayoría de los países del mundo lo implementan de alguna forma.

Los defensores del concepto de salario mínimo suelen ver esta medida como uno de los pilares de la llamada “justicia social”, que permite elevar el nivel de vida de aquellos trabajadores cuyos ingresos son más reducidos, y que, sin este tipo de medidas, estarían condenados a la pobreza.

Este argumento no tiene gran solidez, y la prueba la tenemos en que ni los más acérrimos defensores del salario mínimo se atreven a subir el importe de esta cifra más allá de ciertos límites. Si la retribución de los trabajadores dependiese sin más del cuerpo normativo de un país, lo lógico no sería dejar esta cifra en 570,6 euros al mes, sino elevarla a importes más elevados, como 5.000 ó 10.000 euros mensuales. Puesto que los ingresos del trabajador dependen de lo que marque la legislación, lo razonable sería incrementar esta cifra lo máximo posible.

No obstante, esto no ocurre así, y las subidas suelen mantenerse dentro de determinados márgenes, ya que los defensores de este concepto son conscientes de la poca consistencia del concepto del salario mínimo como defensor de los trabajadores con menores ingresos.

La lógica empresarial no entiende de los buenos deseos políticos y la contratación laboral se rige por otros parámetros. Cualquier persona, a la hora de contratar a otra, busca obtener un beneficio del trabajo de ésta. Así, el bien o servicio que va a ayudar a producir dicho trabajador debe valer para los clientes de la empresa más que todos los costes en que se han incurrido para elaborarlo, incluido el salario del empleado. En caso contrario la empresa no podrá sobrevivir mucho tiempo en el mercado y acabará quebrando.

En el caso de que se produzca una subida del salario mínimo pueden darse dos circunstancias, que dicha empresa siga siendo rentable o que no. En el segundo de los casos, los efectos del salario mínimo habrán sido catastróficos para los empleados que trabajaban allí, ya que, por culpa de los nuevos importes mínimos, habrán perdido su medio de trabajo. En el primero, la situación es un poco más compleja, ya que son más difíciles de medir los efectos. Si el precio de los productos de la empresa se mantiene, la subida de salario mínimo producirá un estrechamiento de los márgenes, lo que puede llevar a tratar de recuperarlos. Esto se puede producir, entre otras medidas, mediante un adelgazamiento de la plantilla, lo que de nuevo elevaría el desempleo, o una subida de precios, lo que repercutiría negativamente en los clientes de la empresa, que a su vez se verían obligados a recortar de alguna manera sus costes o a trasladar la elevación de los mismos. También podría suceder que, en lugar de buscar la recuperación de dicho beneficio, el empresario considerara dicha bajada como definitiva. Esto último traería como consecuencia el que menos empresarios se viesen atraídos a ejercer dicha actividad, por lo que se demandarían menos trabajadores y más gente quedaría desempleada.

Por lo tanto parece claro que el primer efecto de la subida del salario mínimo es que determinados trabajadores quedarán desempleados, aquellos cuya productividad no sea lo suficientemente elevada como para justificar dicho nuevo salario. Pero el efecto más perjudicial no radicaría ahí, sino en los trabajadores que carecen de experiencia y tienen una formación más reducida. Estos trabajadores aportan muy poco valor a la empresa cuando se incorporan por lo que una subida del salario mínimo puede hacer que su salario sea superior al producto que son capaces de ofrecer. Al no tener formación su productividad es muy reducida y la única forma de incrementarla, y por tanto, de ganar más, radica en la experiencia que puedan obtener. No obstante, al existir un salario mínimo no existirán empresas interesadas en contratar personas de tan baja productividad.

Por tanto se puede concluir afirmando que la mera existencia del salario mínimo perjudica a los trabajadores, por muy buena que haya sido la intención del legislador. Y es especialmente grave en el caso de los trabajadores con menores ingresos, al ser éstos los que cuentan con menor formación, que verán cómo se limitan las posibilidades de incrementar su productividad mediante la experiencia, siendo condenados a la pobreza el resto de su vida.

La idea conservadora

No existe un cuerpo unificado y completo del conservadurismo, como tampoco, para el caso, del socialismo o del liberalismo. Ahora bien, todas sus posiciones se pueden referir de un modo u otro a la visión de que la sociedad es como es por algún motivo y que nosotros, como parte de ella que somos, no estamos en la situación de reformarla por completo. Ese respeto por el funcionamiento autónomo de la sociedad lleva a una mirada de comprensión hacia las instituciones, que tiende a ver en ellas una razón de ser, una función acaso no plenamente evidente ni abierta a una comprensión total, pero sí suficiente. El conservador no es panglossiano. Observa las miserias del alma humana y de la sociedad con dolor, pero con cierta tolerancia y transigencia. Dice Burke: "La naturaleza del hombre es intrincada; los objetos de la sociedad son de la mayor complejidad posible y por lo tanto ¿puede una simple disposición u orientación del poder ser adecuada, ya sea para la naturaleza del hombre o para la calidad de sus asuntos?"

Se entenderá mejor la posición del conservador si acudimos a cómo define Tocqueville a su opuesto. Dice de los jacobinos que "sentían una especial inclinación por las generalizaciones amplias, los sistemas legislativos estereotipados y por una simetría pedante; un mismo desprecio por los hechos incontestables; idéntico gusto en reformar las instituciones siguiendo líneas nuevas, ingeniosas y originales; el mismo deseo de reconstruir toda la constitución de acuerdo con las reglas de la lógica y de un sistema preconcebido, en lugar de intentar la rectificación de sus partes defectuosas". Éste quiere crear "una multitud innumerable de hombres, todos iguales y semejantes, que se esfuerzan incesantemente en procurarse los placeres pequeños y mezquinos con los cuales saciar sus vidas". Y por encima de ellos, "un poder inmenso y tutelar; absoluto, instantáneo, constante, prudente y suave… hasta que cada nación quede reducida a nada mejor que a una multitud de animales tímidos y diligentes, de la que el gobierno es el pastor".

El jacobino, el ungido en terminología sowelliana, ve el conocimiento acumulado como supersticiones y prejuicios y las instituciones como cadenas que es necesario hacer añicos para lograr, por fin, la plena libertad del individuo. Expresaba así su propósito el Comité de Salud Pública: "Es necesario reformar por completo un pueblo al que se desea hacer libre; destruir sus prejuicios, modificar sus hábitos, limitar sus necesidades, desarraigar sus vicios, purificar sus deseos".

Sienten inclinación sobre todo por el ámbito privado, esto es, por el verdaderamente social. Tanto la propiedad privada, con la red de relaciones tejidas voluntariamente, como por la familia. Pero también por la villa o el pueblo, o la comunidad establecida por la costumbre. Y por la descentralización del poder. Son favorables a que haya una Iglesia establecida, pero su actitud hacia ella es más instrumental que "necesaria". La Iglesia cubre el tejido social de un manto de respeto por la moral tradicional y por lo establecido, y constituye en sí mismo un cierto poder que sirve de contrapeso al del Estado o al de otras instituciones. El contrapeso, el equilibrio y el respeto por el propio ámbito y del de los demás es parte esencial del ser conservador.

Valoran la autoridad, pero en un sentido menos fuerte, menos coactivo que el que podamos imaginarnos ahora. Esa autoridad no es sino el poder de cada persona sobre su propiedad y de cada institución sobre el ámbito que le es propio. Mientras que el liberal parte de los derechos del individuo, el conservador, que puede también contemplarlos, presta atención a esta idea de la autoridad y del respeto del propio ámbito.

Los conservadores son críticos con el liberalismo, por las mismas razones por las que son críticos con los ungidos, y a la vez por otras muy distintas. Los liberales, se duelen, con su insistencia en la plena libertad del individuo, fomentan la disolución de los lazos sociales tejidos y forjados por la costumbre. Puede contribuir, por otra vía, a romper los roles y las relaciones entre cooperación y autoridad que mantienen cohesionada y sana a una sociedad. El liberalismo es caldo de cultivo del hombre-masa que aterra la sensibilidad conservadora.

Yo entiendo que esto es un claro error por su parte, ya que los auténticos lazos sociales están basados en la voluntariedad y construidos precisamente sobre el respeto de lo propio y lo ajeno. Pero teme Coleridge los efectos "desgarradores, divisorios y aniquiladores" del comercio sobre el vínculo social tradicional. Los liberales, por lo general, vemos ese temor con auténtica simpatía.

Y es que la reverencia conservadora por las instituciones asentadas puede resultar excesiva. Y la libertad es necesaria para poner en práctica comportamientos nuevos, algunos de los cuales puede que se adapten a las nuevas circunstancias mucho mejor. El efecto disolvente de las relaciones comerciales sobre las relaciones tradicionales hace más abstractas y menos condicionadas por roles sociales predeterminados.

Con todas las críticas que hace el conservadurismo al liberalismo, que me parecen fundadas en una falta de confianza en la libertad, es cierto que hay elementos comunes o al menos compatibles entre ambas corrientes, y por eso se habla de la posición liberal-conservadora.

Por qué llamaron tantas veces socialista a Milton Friedman

Las mayores meteduras de pata de Friedman se produjeron en el ámbito monetario. No es casualidad, pues, que recibiera sus primeros reproches en esta materia. (En este punto, yo tampoco dudaría en tildarle de socialista). Como recoge en sus memorias, Two Lucky People, Friedman y su mujer acudieron una vez a un seminario sobre cuestiones monetarias organizado por Frank Knight y en el que también tomó parte Melchior Palyi, uno de los mayores genios en teoría monetaria que dio el siglo pasado. Cuando Friedman terminó de defender el dinero fiduciario y los tipos de cambio flexibles, Palyi, muy enojado, lo tachó de "comunista".

Y es que la propuesta de Friedman concedía a los Gobiernos la facultad para envilecer tanto como quisieran la moneda, al no estar ésta ligada a estándar de valor alguno. Debido a la contaminación friedmanita, se ha extendido la muy errónea idea de que los tipos de cambio flexibles son una medida más propia del libre mercado que los fijos, más parecidos a los intervencionistas controles de precios. Pero, como explica Richard Salsman, "eso es como afirmar que un sistema de pesos y medidas fijos (100 centímetros = 1 metro) es estatista y uno de pesos y medidas variables (ahora, 100 centímetros = 1 metro; dentro de un minuto, 100 centímetros = 2 metros), propio del libre mercado".

Los errores en teoría monetaria de Friedman no terminan aquí. A juicio de otro gran economista, Antal Fekete, Friedman fue, junto con Keynes, el mayor enemigo del patrón oro en el siglo XX. Keynes contribuyó a que Roosevelt expropiara, en 1933, el oro a los estadounidenses; Friedman, a que Nixon se lo quitara a los extranjeros en 1973, con el abandono de Bretton Woods.

En lugar de por el dinero respaldado, Friedman abogaba por un monopolio que emitiera papel incovertible a una tasa fija. Desde el abandono de Bretton Woods, que Friedman apoyó de manera entusiasta, el dólar ha perdido más del 95% de su valor con respecto al oro. El economista de Chicago es uno de los principales responsables del robo monumental que han padecido los acreedores estadounidenses en forma de inflación. Como denuncia Fekete: "Si la potestad para incrementar la oferta monetaria se delega a una agencia con pretensiones científicas, entonces esta agencia se convierte en un medio por el que obtener el poder absoluto. No importa cómo se mire, el poder para emitir moneda es un poder absoluto. Y el poder absoluto conduce a la corrupción absoluta".

Friedman abogó por ese poder absoluto. El desastre actual del dólar es un homenaje a sus ideas.

Política fiscal

También en política fiscal fueron nefastas las teorías de Friedman. En 1947, durante la primera reunión de la sociedad Mont Pèlerin, Friedman y el resto de los asistentes comenzaron a discutir sobre los métodos más eficientes para acometer una política redistributiva. Ludwig von Mises, que se contaba entre los asistentes, no pudo aguantar tamaña pérdida de tiempo antiliberal, por lo que se marchó indignado y dando un portazo, no sin antes exclamar: "¡Sois todos un puñado de socialistas!".

En sus memorias, Friedman cree que ninguno de los asistentes merecía tal calificativo. Pero lo cierto es que, repasando algunas de sus propuestas fiscales, cabe dudarlo.

El economista de Chicago fue uno de los artífices de las restricciones fiscales aplicadas durante la II Guerra Mundial. Hasta ese momento, los estadounidenses pagaban íntegramente sus impuestos cada 15 de marzo. Tras la reforma de Friedman, el Estado podía ir extrayendo los tributos mensualmente de sus nóminas, con lo que se quedaban antes sin parte de su renta. (Esto impedía, entre otras cosas, invertir y rentabilizar el dinero extraído por el Estado).

Rothbard llegó a escribir que tal medida permitía al Gobierno "utilizar a cada empresario como un recudador de impuestos no retribuido, con lo que se extraen los tributos de manera silenciosa y casi imperceptible". "Hay que agradecer a Milton Friedman su contribución a la creación del Estado-Leviatán en los Estados Unidos", remachó.

Curiosamente, el propio Friedman suscribió esta contundente crítica de Rothbard:

Nunca se me ocurrió que estuviera ayudando a construir una maquinaria que haría viable un Gobierno como el que tantas veces he criticado: demasiado grande, demasiado intrusivo, demasiado destructivo de la libertad. Pero eso era precisamente lo que estaba haciendo.

Sigamos con sus errores en política fiscal. En su famoso Capitalismo y libertad defenderá la creación de un impuesto negativo que garantizase "un mínimo por debajo del cual no pueda caer la renta de nadie". En esta propuesta muchos ven uno de los primeros antecedentes de la renta vital que defienden hoy los socialistas y los comunistas de todo el mundo.

Por último, en su también célebre artículo "Roofs or Ceilings?" defendió que la "imposición masiva" era un arma adecuada para combatir la inflación. Hablamos de un robo por partida doble: primero mediante la inflación y luego mediante los impuestos. Como si al Estado le faltara munición ideológica…

Colectivismo e igualitarismo

 

"Roofs or Ceilings?", publicado por la Foundation for Economic Education (FEE), fue el detonante de unas agrias críticas de Ayn Rand. Si bien muchos consideran que este artículo, que Friedman escribió al alimón con George Stigler, es un alegato liberal, porque ataca los controles sobre los alquileres impuestos por las Administraciones de Roosevelt y Truman, Rand montó en cólera cuando lo leyó.

En una carta a Leonard Read, presidente de la FEE, Rand tachó el artículo de Friedman y Stigler de "propaganda colectivista" escrita por un "par de rojos" que abogaban por la "nacionalización de las viviendas privadas". De hecho, llegó a afirmar que la publicación del artículo por parte de la FEE "era la decisión más perniciosa contra la libertad que había tomado jamás una organización conservadora". "Los economistas critican los controles de precios por motivos prácticos y humanitarios, pero no por violar el derecho inalienable de los arrendadores y propietarios", añadía Rand.

Lo cierto es que, al margen de que "Roofs or Ceilings?" sólo utilizara argumentos utilitaristas, el modo de presentar el problema estaba plagado de colectivismo e igualitarismo. Por ejemplo, el problema económico se planteaba sobre "cómo dividir o racionar una cantidad fija de viviendas entre la gente que las quiere". Friedman abogaba por eliminar los controles de precios porque no promovían la construcción de nuevas viviendas; pero como sin ellos los ricos tendrían un acceso más sencillo a la vivienda, añadía: "Para aquellos, como nosotros, que querríamos una mayor igualdad a la actual, no sólo en la vivienda sino en todos los productos, creemos mejor atacar directamente en su origen las desigualdades en la renta y la riqueza". De hecho, en las conclusiones dejaba claro que su objetivo no era respetar la propiedad privada, sino "la distribución más equitativa posible de las existencias actuales de viviendas y establecer los mejores estímulos a la construcción".

A la luz de estas manifestaciones, una de las más famosas frases del propio Friedman adquiere un nuevo significado: "Aquellas sociedades que antepongan la igualdad a la libertad terminarán sin libertad y sin igualdad". Al parecer, la libertad sólo debe ser respetada porque es el único camino hacia la igualdad.

A partir de este momento, Ayn Rand desarrolló un especial y en parte injustificado odio hacia las ideas de Friedman. Por ejemplo, cuando le preguntaron si había visto los documentales de Libertad de elegir, contestó sarcásticamente:

Los he visto sólo cinco minutos. Es suficiente para mí, porque ya conozco las ideas de Friedman. No está a favor del capitalismo; es un ecléctico miserable. Es contrario al objetivismo, y me critica porque intento introducir la moral en la economía, que según su opinión debería ser amoral. No me gusta siempre lo que pone la televisión pública, pero hay mejores programas que el de Friedman: por ejemplo, el circo.

Conclusión

 

Unas semanas antes de muriera Friedman, Edward Stringham le preguntó quiénes eran, aparte de él, los economistas que más habían ayudado a promover la libertad en el siglo XX. Su respuesta fue: "Hayek, Mises, David Friedman y Stigler, por este orden".

Ya hemos visto que Mises tachó a Friedman de socialista durante una reunión de la Mont Pèlerin. Hayek, por su parte, escribió en su autobiografía que The Methodology of Positive Economics, de Friedman, era "tan peligroso como la Teoría General" de Keynes. En cuanto a David Friedman, no ha dudado en definir a su padre como "bastante socialista". Así pues, tres de los cuatro economistas más liberales según Friedam consideraban socialistas algunas de las contribuciones de éste.

Es por ello que la biografía intelectual de Milton Friedman debe ser examinada cuidadosamente. Buena parte de los mayores atentados contra la libertad –la inflación, la hipertrofia del Estado y el igualitarismo– proceden (quizá muy a su pesar) directamente de sus ideas y teorías. Y es que, como bien escribió él mismo en Libertad de elegir, "el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones".

¿Corrupción en la SGAE?

Como lleva denunciando desde hace tiempo Ana Tudela, primero en El Economista y luego en Público, la sociedad de Teddy Bautista es la oficina de recaudación de fondos para toda una serie de filiales que dependen de él, y cuyas cuentas y objetivos no parecen estar del todo claros.

Toda entidad pública, o toda entidad privada que administre una concesión pública, como sucede con la SGAE y el canon, tiene la obligación de ser completamente transparente. El diezmo que les pagamos en concepto de derechos de autor tiene como objeto, se supone, que los creadores ganen por otra vía el dinero que pierden por la "copia privada". Sin embargo, una parte considerable de lo que gana la sociedad se invierte en una serie de empresas y organizaciones filiales. Según la denuncia, se da el caso de que de una de ellas, Iberautor, no se especifican las actividades porque según la SGAE eso puede "provocar perjuicios" a la sociedad.

La sospecha es que a través de estas filiales, los actuales gestores del chiringuito de Teddy Bautista y José Luis Borau podrían estar beneficiándose de los ingresos del canon, de ahí que se pida a la Fiscalía que lo investigue. No obstante, aunque sea lógico que exista todo tipo de sospechas, hay que recordar que son sospechas y no se tiene constancia fehaciente de ello. La presunción de inocencia alcanza a todos, SGAE incluida. Siempre he pensado que si algo diferencia, o debe diferenciar, a los liberales es recordar siempre que los principios están por delante de las antipatías, por más justificadas que puedan estar.

Ahora, no cabe duda que a la luz de esta denuncia resultan especialmente divertidas las reciente palabras de Teddy Bautista sobre la "concepción humanista" que tiene la SGAE sobre los derechos de autor. Estas gentes "de progreso" siempre hacen lo mismo. Hablan de que la izquierda es quien tiene en cuenta la dignidad de la persona y desprecia el afán de mercantilizarlo todo, pero tanto las posturas políticas que defienden como sus actos suelen mostrar que para ellos la dignidad tiene un valor monetario. Eso sí, no de mercado, porque éste podría darles la espalda. Para ellos, que los consumidores encuentren lo que ofreces lo suficientemente atractivo como para pagarte voluntariamente con una parte de lo que ganan con su trabajo es despreciable mercantilismo, pero que el Estado te conceda privilegios para quitarle al consumidor el fruto de su labor sin su consentimiento es de lo más "humanista".

Es posible, especialmente dadas las buenas relaciones del lobby y el PSOE y la politización de la Fiscalía, que este caso se archive sin investigar siquiera un poquito. Pero en todo caso debería servirnos para recordar que el dinero que recauda la SGAE no se destina sin más a pagar a los autores. La Sociedad General de Autores y Editores destina buena parte a un sinfín de actividades que, nos parezcan bien o mal, legales o ilegales, no son aquellas que esgrimen para defender la supuesta justicia del canon digital. Eso también es corrupción, aunque no sea punible, un "vicio o abuso introducido en las cosas no materiales", que diría la Real Academia. Corrupción del discurso público.

Guateque

Quien esto suscribe solicitó hace 54 meses una licencia para la apertura de un local. Al cabo de un año, con una fuerte inversión muerta de risa, uno empieza a desesperar. Las visitas a urbanismo se convierten en una rutina y, en algún momento, las paredes del laberinto de Plaza Mayor te susurran al oído que puedes evitar el calvario con un empujoncito monetario. Hice oídos sordos y, claro, todavía estoy esperando respuesta de palacio.

Hace algún tiempo, un amigo que visitó Cuba me contaba consternado que la famosa sanidad cubana era un caos y que las operaciones tardaban una eternidad. Sin embargo, si pagabas por debajo de la cama a los médicos, los sanitarios de la revolución se encargaban de que fueras operado en cuestión de horas. Es lo que tienen los sistemas gratuitos y centralizados.

La operación Guateque podría convertirse en una verdadera bendición. No tanto porque detengan a unos funcionarios que además de vivir a costa de nuestros impuestos se dedican al tráfico de enchufes, sino porque muchos dejarán de pensar que lo de la corrupción urbanística es cosa de Pepito Rojo o Menganito Azul. El problema es el sistema nacional-sindicalista de urbanismo que nos impusieron en 1956 y que los socialistas de todos los partidos, que en este campo conforman la práctica totalidad del espectro político español, abrazaron con entusiasmo y desarrollaron con la llegada de la democracia.

Desde la ley del 56 hasta la de 2007, todas las leyes del suelo y de urbanismo que se han ido aprobando contienen tal grado de intervencionismo que tanto Stalin como Mussolini las hubieran aceptado con agrado. Allí donde impera la planificación centralizada y donde el propietario pierde todo poder de decisión sobre su propiedad, la corrupción está servida. El ciudadano se encuentra a los pies de funcionarios y políticos, y habría que topar con almas celestiales para que quienes nos tienen trincados por el cogote no se aprovechen de la situación.

En este sentido, las recalificaciones urbanísticas se han convertido en la corruptela más visible y conocida porque tienen glamour político. El funcionario, en cambio, no tiene acceso a estos pelotazos pero puede agilizar la tramitación de las licencias y ganarse un suculento sobresueldo. Durante estos cuatro años y medio de espera he visto cómo algunos vecinos lograban licencias similares en cuestión de semanas. Siempre me he alegrado por ellos. Lo escandaloso no es que ellos hayan podido agilizar sus trámites sino que se considere normal un sistema en el que se somete al resto a una espera indigna y empobrecedora.

Privilegios contraproducentes

Recuerdo que encontraron serios problemas para encontrar una casa. Es cierto que el mercado de alquiler es allí muy duro y que no es infrecuente para los inmigrantes tener que adelantar seis, y hasta ocho meses de renta para poder acceder a un hueco en la gran manzana. Pero este no era el problema a que se enfrentaban nuestros amigos.

Los caseros eran renuentes a alquilarles precisamente por el hecho de que él trabajara en una embajada. Gozaba de inmunidad diplomática y si quisiese podría dejar de pagar; nada podría hacer el dueño para hacer cumplir el contrato. Es más, los dueños no tenían que recurrir a la imaginación para plantearse esa situación, sino a la memoria. Había ocurrido varias veces, aunque, claro está, jamás con un diplomático español.

Cuando me contó sus dificultades para encontrar piso me acordé de Bruno Leoni. En su libro La libertad y la ley (para el que inventaría nuevas palabras si fuese necesario con tal de recomendar su lectura), cuenta un caso homólogo, aunque de una época y de un lugar muy alejados. Fue uno de esos tropezones del Derecho Romano que le hicieron crecer a base del viejo método de la prueba y el error. Es, al fin, un derecho consuetudinario, que recoge el poso de la experiencia de siglos, destilado por el buen sentido y la sabiduría de los jurisconsultos.

Lo que ocurrió, según cuenta Leoni, es que los romanos observaron que la opinión de las mujeres, que tenían en sus manos una parte importante de la propiedad, era mudable. Y decidieron concederles el privilegio de deshacer un contrato si, después de haberlo firmado, cambiaban de parecer. Lo que ocurrió fue que nadie, y no sólo los hombres, quería firmar un contrato con ellas.

Se ve que en ocasiones los privilegios resultan contraproducentes.

Las ratas de Gallardón

Estaba repasando estas y otras paradojas contemporáneas cuando escucho a Alberto Ruiz Gallardón, engolando el tono… ya saben, como quitándose importancia, para decir que la actuación de una veintena de personas entre "más de 20.000 funcionarios" no podía empañar la labor de todos ellos. ¿Había oído bien? ¡20.000 funcionarios para el Ayuntamiento de esta villa castellana! ¡Y los medios preocupándose de la suerte de apenas dos decenas!

Lo bien cierto es que a lo que estamos acostumbrados es al escándalo. El escándalo de que uno no pueda abrir un local sin la aprobación de un funcionario. Luego la concesión se hace lo más complicada posible precisamente para acrecentar el poder de los funcionarios sobre el ciudadano de a pie. El proceso es tan largo y costoso que está exactamente pensado para que haya quien quiera tomar atajos. La corrupción no son las coímas pagadas a docena y media de funcionarios, sino la misma idea de que el Ayuntamiento intervenga en la decisión de un particular de dedicar un local a lo que le plazca. La corrupción es, también, que Madrid haya acumulado nada menos que 20.000 personas en nómina, de las cuales una parte está dedicada, como la que se entromete en el uso de los locales, a trabajar contra el ciudadano.

Pero ¡20.000 funcionarios! ¿De verdad alguien puede pensar que son necesarios? Gallardón ha saltado con una de sus propuestas más sensatas, al proponer la subcontratación de este servicio, aunque lo mejor hubiese sido eliminarlo. La subcontratación se puede llevar tan lejos como se desee. Miren el caso de Chester Stranczek, que se convirtió en alcalde de Crestwood, una ciudad estadounidense de 12.000 habitantes, en 1969. Desde que llegó al poder decidió reducir a lo mínimo el equipo consistorial y subcontratar todos los servicios públicos, desde la gestión de las infraestructuras a la propia contabilidad del ayuntamiento. El Ayuntamiento es tan barato y tan eficaz que no ha perdido una sola elección desde el año de Woodstock. Por los 150 funcionarios que gastan las ciudades de su tamaño, él cuenta con sólo 17. Y todavía sobran, como demuestra la experiencia de Weston, una localidad de Florida de 65.000 habitantes. Tres funcionarios son suficientes para un presupuesto que supera los 100 millones de dólares.

Sandy Springs ha seguido el mismo camino. Su alcaldesa, Eva Galambos, declaró en su momento que "hemos aprovechado la energía del sector privado para organizar las principales funciones del Gobierno municipal, en lugar de crear nuestra propia burocracia. Lo hemos hecho así porque creemos que el modelo competitivo es lo que ha hecho de América tan exitosa. Y estamos aquí para demostrar que este mismo modelo competitivo se puede llevar a un Gobierno local efectivo y eficiente". La policía, los bomberos, la limpieza de las calles…

Imagínense que el Ayuntamiento de Madrid lo constituyesen tres funcionarios, Gallardón, Cobo y Ana Botella. O un par de docenas, si me apuran. Seguro que encontraban una habitación más modesta que el Palacio de Correos. Y no tendrían problemas con las ratas.

Notables para el PP

No hay duda de que el PP carece de la capacidad propagandística del PSOE. La idea de contratar a diversos intelectuales extranjeros para colaborar en la elaboración del programa electoral socialista es muy buena, pero no para mejorar éste, sino para hacerlo parecer mejor ante la opinión pública, que siendo española sigue creyendo que lo de fuera es necesariamente mejor. El PP no puede contraatacar haciendo lo propio, porque parecería un imitador barato, de modo que ha hecho un vídeo que parece realizado por la televisión local de Villatempujos de Abajo diciendo que todos somos “premios Nobel”. Oigan, estupideces progres igualitaristas, las justas. Yo no soy premio Nobel (y, si del de la Paz se trata, a mucha honra) y los protagonistas del vídeo tampoco lo son.

Haría bien el PP en emplear la táctica habitual del PSOE, que consiste en identificar una verruga en un rostro por lo demás hermoso y enfocarla al máximo, mencionarla en todas sus declaraciones y sacar fotos ampliadas en diarios y televisiones. En este caso, aunque la mayor parte de los intelectuales escogidos tienen ideas más bien malas, la idea más fácilmente vendible a la ciudadanía es que el PSOE, al contratar a Wangari Maathai, demuestra estar de acuerdo con la defensa que ésta hace de la ablación del clítoris. Y decirlo cada dos por tres aunque hablen de otra cosa: “López Garrido, que defiende la ablación del clítoris”; “Caldera, que está muy a favor de la ablación del clítoris”; etc.

Pero no es mi intención hacerles la táctica mediática al PP, aunque buena falta les haga tener a gente competente en ese terreno, sino pensar quienes podrían haber sido unos buenos notables para el PP. Y no porque resulten publicitariamente vendibles, sino porque realmente puedan ayudarles en la elaboración de un programa electoral como Dios manda.

En temas ecológicos, podrían fichar a Bjorn Lomborg, que además de El ecologista escéptico ha publicado recientemente otro libro destrozando Kioto y el informe Stern. Lo tiene todo: no duda de la responsabilidad humana en el calentamiento global, pero propone medidas racionales, además de no considerarlo como “el gran problema mundial” (“sentirse mejor no siempre quiere decir estar haciendo lo mejor”, llega a escribir sobre el ecocatastrofismo). Incluso si quisieran cumplir con una cuota rojiverde podían hablar con James Lovelock, que les explicaría por qué hay que apostar por la energía nuclear según esa perspectiva.

En cuanto al tema educativo, pueden optar por dos vías complementarias. En primer lugar, una reforma de la enseñanza pública que elimine asignaturas no sólo adoctrinadoras sino que, además, hacen perder el tiempo de alumnos y profesores, y que recupere el esfuerzo y la recompensa de los méritos; Thomas Sowell sabe mucho sobre esto. Por otro lado, abrir vías para privatizar la enseñanza por medio de cheques escolares u otras alternativas. Posiblemente quien mejor pueda analizar el caso español y proponer mejoras sea Andrew Coulson, el experto del Cato en estas cuestiones.

A la hora de considerar el futuro de la seguridad social, ¿quién mejor que José Piñera, el responsable del exitoso tránsito chileno hacia un sistema de pensiones privadas? En cuanto al sistema sanitario, Arnold Kling ha demostrado ser capaz de ver más allá de la dicotomía público/privado para ver los problemas de ambos enfoques, dependiendo de cómo se regulen. Podrían adoptarse muchas otras medidas de liberalización de la economía, y seguro que Mart Laar, el exitoso primer ministro estonio que llevó a su país a tasa récord de crecimiento, podría explicar cómo se hace. También podría aconsejar a los populares sobre las ventajas del tipo único.

De los problemas de la inmigración descontrolada y las dificultades de integración de la minoría musulmana tiene mucho que decir la exiliada Ayaan Hirsi Ali. Sobre cómo ayudar a los países de origen a desarrollarse y dejar de exportar a sus mejores a los países occidentales, no se me ocurre nadie mejor que Johan Norberg. Y así podríamos seguir. Pero estoy seguro de que a nuestros lectores se les ocurrirán muchos más nombres, y seguramente mejores. ¿A quién escogerían?

Feliz fracaso de la ONU

De nuevo, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha estado acertada al definirse sobre cuestiones relacionadas con la Red. Hace unos días, RSF denunciaba que con la excusa de quitar a la estadounidense ICANN la gestión de los nombres de dominio se ocultaban cuestiones mucho más importantes: el intento de los gobiernos más represivos en materia de ciberlibertades de hacerse con el control de internet a través de la ONU.

Es cierto que la hegemonía de la entidad estadounidense (que, por cierto, es privada) tiene algunos riesgos, como que desconecte los dominios de ciertos países que tienen gobiernos abiertamente enemigos de Estados Unidos. Sin embargo, eso no ha ocurrido jamás y resulta más peligroso permitir que sean esos estados quienes controlen la Red. Y que los sistemas políticos represivos (fuera y dentro de la Red) tienen aliados importantes en Naciones Unidas es evidente.

El subsecretario general para Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Sha Zukang, ha defendido que hay que regular Internet. La excusa: luchar contra el terrorismo o impedir que la pornografía llegue a los menores. Zukang no duda en afirmar que "todos estamos a favor de la libertad, pero la libertad no significa que podamos hacer cualquier cosa". Estos argumentos recuerdan demasiado a lo que dice el Gobierno comunista chino para ejercer la represión en Internet. Y el subsecretario general en cuestión ha sido el embajador ante la ONU de China (el país que concentra el mayor número de ciberdisidentes encarcelados en el mundo), lo que no cabe atribuir más que a una mera casualidad, naturalmente.

Una vez más, tenemos que felicitarnos de que la ONU no haya conseguido poner sus zarpas (que no dejan de ser en este caso las garras de dictaduras a través de la organización internacional) en internet. El día que lo consiga, los internautas deberemos decir: "adiós libertad, adiós".