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Lo que se ve y lo que no se quiere ver

El pasado 25 de septiembre tuvo lugar un curioso debate en el Comité de Medio Ambiente del Senado de los Estados Unidos de América al que fui invitado a participar con la presentación de un testimonio. La cuestión que trataban de dilucidar los senadores era la siguiente: ¿generan empleos las regulaciones medioambientales como el racionamiento de CO2 o las subvenciones a las energías renovables? La idea detrás de los promotores del debate era que, si bien es cierto que esas intervenciones no son directamente beneficiosas para la economía y el progreso socio-económico, si se demostrara que ayudan a crear empleo sus efectos positivos podrían compensar los conocidos efectos perjudiciales.

Lógicamente no iba a ser yo quien negara la existencia de múltiples efectos positivos para personas y grupos concretos. Cómo negar la proliferación de los mantenedores de placas solares fotovoltaicas a la luz de las subvenciones del 575% en el precio de esta energía. Tampoco se me ocurriría ser un “negacionista” en relación a los burócratas que se multiplican como champiñones al calor de la necesidad de asignar derechos de emisión una vez el CO2 ha sido racionado. Mucho menos se me pasaría por la cabeza poner en duda la creación de nuevos puestos de trabajo en esas consultoras que explican al “empresario” poco competitivo y al buscador de rentas forzosas cómo vivir a base de subvenciones. Jamás se me pasaría por la cabeza poner en cuestión el surgimiento de estos y otros empleos de nuevo cuño.

Sin embargo, a poco que estudiemos el asunto nos daremos cuenta de que esos nuevos puestos de trabajo surgen de distintas formas de subvención y que éstas, a su vez, sale del bolsillo de los contribuyentes. Así que si no se les hubiera quitado el dinero a los ciudadanos, estarían demandando otros bienes y otros modos de producción energética que les satisficieran más que los subvencionados. Ese dinero, invertido por su legítimo dueño, también hubiese creado o ayudado a mantener puestos de trabajo, pero en otras industrias o sectores de la economía. Dicho de otro modo, el puesto creado en la empresa de placas solares o en la consultora “verde” es la contrapartida del puesto que ha dejado de crearse en la central térmica, en la nuclear o en la siderurgia que ha dejado de ampliar su planta por la pérdida de competitividad que esas políticas le ocasionan.

Sin embargo, el asunto no queda en tablas. El puesto creado se dedica a producir un bien o servicio que el consumidor valoraba menos que el bien que pensaba demandar pues, de lo contrario, no hubiese hecho falta la intervención gubernamental. Así que la sociedad ha perdido la diferencia entre el valor que los demandantes otorgan a los bienes producidos y los que han dejado de serlo. Pero eso no es todo. Dado que los bienes favorecidos no son los que resultan del libre intercambio de derechos y propiedades en el mercado, se necesita toda una serie de recursos al servicio de un cuerpo de burócratas para que implanten las medidas intervencionistas y lleven a cabo la redistribución que generará esos deslumbrantes nuevos empleos eco-ilógicos.

Por desgracia, dentro y fuera de nuestras fronteras la gente identifica a primera vista esos empleos que surgen del agresionismo rojiverde y que requerirán un flujo continuo de ayuda gubernamental en el futuro. Sin embargo, pocos son los que advierten los puestos que han dejado de crearse porque el racionamiento de CO2 anima a siderurgias como Acerinox a ralentizar sus inversiones en España e impulsarlas en Kentucky. Todo el mundo, incluidos los senadores que promovieron el debate,  señala los molinos, las placas solares y las personas dedicadas a su mantenimiento, pero nadie se detiene a examinar los puestos perdidos porque las eléctricas se hayan apuntado a esas inversiones de baja productividad en lugar de montar una central eléctrica de combustibles fósiles o energía nuclear. Y es que hay cosas que se ven con facilidad y otras que no se quieren ver.

Oratoria progresista de una mujer “aturdida”

Lejos de las fórmulas anticuadas que sus señorías suelen utilizar en el foro parlamentario, la diputada del PSOE empleó un recurso muy personal para responder a la primera cuestión de orden planteada por el presidente de la comisión. "Sí cariño mío, lo que tú quieras" es un nuevo formalismo mucho más fresco y, por supuesto, progresista, que, por ejemplo, el carpetovetónico "con la venia, señor presidente".

El inicio de la pieza oratoria de la diputada Teruel permitía vaticinar el grado de solvencia de su posterior discurso, en el que los sólidos argumentos ("En fin, pero bueno, que también podría seguir enumerando otros compromisos concretos, ahora… no sé, estoy un poco como aturdida, para…, porque aún no tengo claro mi función como portavoz…"), fruto sin duda de largas noches de estudio y análisis, fueron desgranados en compañía de unas simpáticas carcajadas que dieron al conjunto de su intervención un indudable tono progresista.

La diputada Teruel es una fiel continuadora del estilo Maleni, deudor a su vez del que trajo en su día al parlamento español otra política malagueña también muy progresista, Celia Villalobos ("cuando salgo a la tribuna se me caen los huevos al suelo"). Y no es que su nivel cultural sea escaso, sino que ellas son muy llanas y les gusta hablar como la gente de la calle para que se les entienda bien. De hecho, la diputada aragonesa del PSOE intervino en el debate parlamentario como lo podría haber hecho un alumno de primero de la ESO con menos de cuatro asignaturas cateadas. ¿Hay mayor demostración de que el PSOE es un partido cercano a la gente?

Doña Isabel Teruel era la portavoz del PSOE para asuntos relativos a la educación, como cualquiera puede deducir a poco que vea y escuche su espléndido discurso. Es una garantía para todos los ciudadanos que los políticos dominen los asuntos de su competencia, así que ante semejante espectáculo no cabe otra cosa que felicitar al noble pueblo aragonés por el acierto en la elección de sus representantes y a los socialistas por el nivel de exigencia intelectual con que examinan a sus afiliados antes de situarlos en una lista electoral.

No se entiende por qué el PSOE aragonés ha decidido prescindir de Isabel Teruel como responsable parlamentaria. Tan sólo la envidia de sus compañeros, celosos de tener a su lado una mujer mucho más preparada que ellos, puede explicar que se haya visto truncada su luminosa carrera a las primeras de cambio. Es una prueba más de que el machismo no entiende de ideologías.

Por cierto, la diputada Teruel es firme partidaria de la Educación para la Ciudadanía. Si se encarga ella de escribir los textos de la asignatura, yo también.

La falacia ecologista amenaza la sostenibilidad económica de España

La economía nacional se verá afectada negativamente por los efectos del cambio climático, según el Gobierno. Sin embargo, oculta o, lo que es peor, ignora, que la amenaza que se cierne sobre la estabilidad del modelo productivo español no radica en la hipótesis de que las temperaturas del planeta suban dos grados centígrados, o incluso cuatro, de aquí a 2100, sino en la realidad política del plan estratégico que está a punto de aprobar el Ejecutivo para combatir el temido calentamiento global.

La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible constituye un conjunto de medidas fiscales y regulatorias que afectarán a todo el tejido productivo de la sociedad. Desde la energía, hasta el transporte, el turismo, la agricultura y, por supuesto, a los propios consumidores. Un proyecto integral, cuyo objetivo radica en modificar a gusto de la clase dirigente el modelo de crecimiento en base a las tesis catastrofistas inspiradas y fomentadas por el ecologismo. El sistema económico capitalista pretende ser sustituido por el sistema ecológico progresista.

Greenpeace está de enhorabuena. Ha encontrado en Zapatero un aliado fiel para combatir el capitalismo. El plan obligará a incorporar tecnologías limpias en todos los procesos productivos; potenciará el uso de los biocombustibles (factor esencial para comprender la subida que está experimentando hoy el precio de los alimentos); penalizará el uso del coche y el consumo excesivo de recursos, como el agua o la luz en los hogares; impondrá la agricultura ecológica, mucho más cara y costosa; impulsará la producción de energías renovables; y extenderá a múltiples sectores el fracasado modelo de racionamiento de emisiones que establece Kioto.

Pero, más grave aún si cabe, es la "revolución verde" que acaba de anunciar el Ejecutivo francés. Hasta el punto de proponer a la UE la aplicación de un impuesto con el que gravar todas las importaciones procedentes de los países que no respeten el famoso Protocolo. Es decir, la inmensa mayoría de las economías del planeta. El coste que supondrá a nivel nacional el citado plan del PSOE en términos de eficiencia y productividad será astronómico, pero el perjuicio para las libertades individuales y la propiedad privada será aún mayor. Las banderas rojas que, años atrás, ondeaban en las plazas de las repúblicas ex soviéticas, bajo el manto de la coacción y la opresión comunistas, han sido sustituidas por las insignias verdes de un movimiento igual de utópico y peligroso: el ecologismo.

La clase política europea y, en especial, la española, no ha dudado en abrazar con fuerza una ideología que, tras la excusa de la protección medioambiental, oculta un nuevo intento por destruir el sistema capitalista. Y todo ello, basándose en un supuesto consenso científico cuyas profecías apocalípticas se ha encargado de deslegitimar el paso del tiempo Todo un éxito de los ecolojetas: el Gobierno acaba de dar un paso más en su intención de llevarnos de vuelta al mundo de las cavernas.

¿Cambio de rumbo en la ideología?

En política, aun manteniendo el común fuertes ideas socialistas, se empiezan a percibir en el ambiente ciertas ideas favorables a la libertad individual, como los recortes de impuestos o una educación con menos adoctrinamiento; algunos grupos llegan a defender el cheque escolar, por ejemplo. En el mundo de la comunicación el tono sube con ideas más atrevidas, como la libertad para portar armas, la eliminación de gran cantidad de impuestos y la expansión de los medios de producción privados frente a la agresión estatal.

Si nos vamos al mundo de las ideas, en la doctrina del liberalismo, los temas se radicalizan considerablemente. Es indudable que en España ha habido un boom del liberalismo y el conservadurismo. Está despegando con mucha fuerza la difusión de un liberalismo más puro que pide una reducción drástica de las labores del Estado para ser traspasadas a la propia sociedad civil. Incluso empiezan a verse sectores que apuestan por una sociedad sin Estado donde todo esté gestionado por los medios de producción privados y la voluntad del hombre libre. ¿Utopía? También lo fue el marxismo y acabó contaminado todo el planeta.

Curiosamente, este enfrentamiento al establishment es el que tomó el socialismo hace más de 100 años y, en otro tono, en las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo. Los partidarios del sistema de entonces, básicamente conservadores, decían las mismas cosas que hoy le dice la izquierda a la derecha. Qué curioso que, con el tiempo, el socialismo ha perdido todo meta revolucionaria y transgresora para adoptar una suerte de conservadurismo socialista. Conservación de los derechos positivos, de la ecología, del Estado del bienestar, etc. Del antiguo socialismo que quería cambiar el mundo y que no lo ha logrado sólo queda la estética.

Ahora, la revolución, la transgresión de las ideas proviene de la derecha. Milton Friedman recordaba, en uno de sus últimos artículos, que cuando él era joven, o relativamente joven (años 50-60), el mundo estaba al revés que ahora. La gente tenía un fuerte sentimiento socialista, pero las políticas eran conservadoras. Contraponía esa época a la actual apuntando que, en el 2007, la gente y muy especialmente los economistas están adoptando una visión más liberal, pero las políticas de los gobernantes son socialistas. En el mundo de las ideas, esta oposición es evidente. Uno de los máximos auges de pensamiento ha sido en la Escuela Austriaca. En los años 60 la visión austriaca estuvo a punto de desaparecer, apoyada sólo por figuras como Mises, Hayek, Hazlitt o Machlup. Ahora experimenta una explosión de ideas y seguidores jamás vista. Como ha dicho el gran profesor Walter Block, "nunca en la historia ha habido tantos profesores de la Escuela Austriaca en todo el mundo y en tantas universidades".

Los cambios de tendencia son difíciles de ver y sobre todo, muy lentos. Tardan años en hacerse evidentes y décadas en producirse. Un palpable punto de inflexión podría ser el actual, con una izquierda que se ha convertido en conservadora y una derecha revolucionaria que combate el establishment, que hoy día es el socialismo, abogando por un cambio radical de sociedad. Una sociedad donde el único soberano sea el individuo y su capacidad creadora y no el burócrata ni ningún dictador de la producción.

Libre Boadella

Antes de comenzar la función, un rápido vistazo al público que disfruta cualquier obra de Albert Boadella en Madrid permite contemplar entre la pluralidad de espectadores que abarrotan el Teatro Albéniz, como casi siempre, una tipología reveladora de damas de la derecha clásica española, animosamente dispuestas a compartir las últimas irreverencias de Els Joglars. Es curioso, pero alguien podría llegar a pensar que hace veinticinco años esas mismas señoras quizá hubieran solicitado cadena perpetua o similar para Boadella, por causa de su huida de la justicia durante el posfranquismo por el caso La Torna; no obstante, el éxito de España, el acuerdo entre contrarios, la cicatrización de heridas (que ahora se pretende reventar), además del delirio separatista, han hecho posible que muchos, ellas incluidas, acudamos a las eucaristías de libertad que el genial juglar dispone.

El triunfo permanente de Boadella, su valentía, su universo de palabras y gestos, han acabado por vincular a contrarios; ha creado una comunidad transversal de ciudadanos que no digiere ya el discurso dominante de la política y la cultura de nuestro país. Sin embargo, esta partida no está ganada. Las emboscadas de sus poderosos enemigos arrecian de nuevo. Como diría su admirado Josep Plá, es probable que aún no vivamos en una nación perfectamente consolidada, de manera que pudiera preverse según el ejemplo del auditorio madrileño.

Ahora, en su último ensayo, Boadella se despide de su tierra natal a efectos profesionales y la deja por imposible. El autor de Jafre (Gerona) narra la deriva independentista, el timo de los cantautores durante los 70, la mafia en los despachos barceloneses, la traición de los clérigos de izquierdas a sus bases, el fin de cualquier principio. Que un hombre como él –que tuvo los arrestos de aparecer camuflado de clown senil en la televisión de la época, imitando al mismísimo general Franco– sea hoy catalogado como facha por los que nunca dieron el callo a favor de las libertades, va más allá de cualquier envidia o amnesia histórica (ver Los años vividos, TVE, 1990).

En Adiós Cataluña, lejos de la fatiga de esta lucha, aparecen, por fortuna, remansos de armonía: el amor, la intimidad, los placeres. Boadella declara la pasión por su esposa, la pintora Dolors Caminal, en todas las horas de su existencia en común. El escritor, ejemplificándose, muestra las ridiculeces que en ocasiones cometemos los varones en nuestra relación con las mujeres. También puede descubrirse, aunque sorprenda, una conexión entre su pensamiento libre y lo que filosofaba Ayn Rand acerca de las ciudades y la naturaleza. Dice Boadella: "Las grandes montañas, las cataratas, selvas y desiertos no me inspiran ninguna imagen divina. En cambio, un camino de cipreses en las ondulaciones del Siena, que conduce hasta una capilla con frescos del Quattrocento, rodeada de olivos y viñas, es la representación más plausible del cielo cristiano. Un paisaje semejante… ha sido afectuosamente modificado para ser más grato al hombre". Apuntaba a su vez Rand en El Manantial: "Y después me hablan de peregrinaciones a algún santuario húmedo de la jungla, a un monstruo de piedra receloso, con una gran panza, creado por algún salvaje con lepra. ¿Quieren ver el genio y la belleza? ¿Buscan un sentido de lo sublime? Que vayan a Nueva York, a las costas del Hudson, Que contemplen y se arrodillen."

Sin estar completamente de acuerdo con tales afirmaciones, puede vislumbrase una similitud entre ambos creadores libertarios, tan lejanos y distintos entre sí. La serendipidad lo hizo posible. El hermetismo de Rand frente a la luminosidad de Albert Boadella; les une la incomprensión generalizada sobre lo que los dos representan: una firme voluntad de desabrochar cadenas, apartar espantajos y soltar lastre. En cualquier caso, para la próxima, el juglar nos debe una explicación sobre cualquier disciplina o arte humano que le apetezca, a ser posible sobre las tablas. Mucha mierda, maestro.

Nueva ley de defensa de la incompetencia

Con la presentación del Libro Blanco de la competencia, meses antes del estreno del culebrón Endesa, nuestro gobierno quiso someter a debate público la reforma de mayor calado del Derecho español en materia de defensa de la competencia desde que se aprobó la anterior Ley 16/1989. Fruto de dicho "consenso social" ha sido la reciente aprobación de la nueva Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007 de 3 de julio), que ha entrado en vigor el pasado 1 de septiembre de 2007. Tras 18 años de vigencia de la antigua ley, se inicia una nueva era del derecho de la competencia modernizado y más ajustado a los Reglamentos comunitarios sobre la materia (1,2).

Con la excusa de preservar la existencia de un mercado más "sano" se intensifica la imposición de una abstracta y formal competencia planificada desde el poder. De esta manera, se sigue otorgando a los bienintencionados políticos (u organismos dependientes de ellos) una de las herramientas más importantes de la intervención de los poderes públicos en los asuntos empresariales. Pero veamos qué novedades más relevantes nos brinda esta nueva criatura legislativa.

La antigua estructuradual del Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) y del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha sido reunificada en una única institución: la Comisión Nacional de Competencia (CNC). El SDC era un órgano instructor de los procedimientos sancionadores que tenía también funciones de vigilancia y el TDC era el órgano decisorio que, a pesar de su nombre, no era un órgano judicial sino administrativo, con competencias para dictar las resoluciones en materia de competencia. Ahora, dentro del seno de la CNC existirá una Dirección de Investigación, que asume el papel del Servicio y un Consejo, que asumirá el del Tribunal (D.A.6ª). Tanto el director de Investigación como los reducidos miembros del Consejo (un presidente y cuatro consejeros) habrán de nombrarse por el poder ejecutivo. Permítaseme dudar seriamente de la independencia de estos futuros caballeros así designados.

La ley nos intenta convencer que limita la intervención gubernamental en procesos de control de concentraciones (art.60): hasta el pasado 1 de septiembre era el Consejo de Ministros o el ministro de Economía quienes decidían en procesos de concentración de empresas. A partir de ahora, será la CNC quien adopte las decisiones finales independientemente del sector que se vea afectado. Por tanto, será el único órgano decisor tanto si las empresas afectadas son, por ejemplo, del sector de la energía o de las telecomunicaciones (en estos casos, la CNE o la CMT sólo podrán proponer informes); la decisión final administrativa recaerá ahora en la CNC.

El Gobierno sólo podrá intervenir cuando la CNC haya vetado o condicionado alguna operación y, a su vez, concurra alguna de las "razones de interés general" distintas de la defensa de la competencia, a saber: "defensa y seguridad nacional, protección de la seguridad o salud públicas, libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, protección del medio ambiente, promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial" (art. 10,4). Traduzcamos: el Ejecutivo podrá seguir interviniendo cuando le venga en gana si la CNC se le ocurre poner pegas a algún diseño empresarial gubernativo.

En materia sancionadora ya no existen referencias a la intencionalidad o culpabilidad para graduar las sanciones. Ahora la sanción se aplica si concurre algún incumplimiento de la "sana" competencia formal (según criterios legislativos), sin que ni siquiera sea consciente de ello su infractor. La nueva norma (art.61 y ss.) duplica la cuantía máxima de las multas a directivos e incorpora medidas "estructurales" capaces de llevar a cabo la división o desconcentración de una compañía. Además, se prevé (art. 69) la publicidad de todas las sanciones impuestas, con claro ánimo disuasorio (las resoluciones sancionadoras serán presumiblemente accesibles vía internet). La nueva CNC estará dotada (art. 40,2) de mayores poderes de inspección no sólo en las oficinas de las empresas, sino también en los domicilios privados de los empresarios, administradores o sus empleados en busca de pruebas que demuestren la existencia de alguna infracción (ya se sabe, el fin justifica los medios, todo por el bien del consumidor y la persecución de la quimérica competencia perfecta).

La ley introduce, además, el llamado procedimiento de clemencia. Este mecanismo (art.65 y 66) permite exonerar o reducir las multas a las empresas que, habiendo formado parte de un cártel, pero no habiendo sido sus instigadoras iniciales, denuncien su existencia y aporten pruebas sustantivas para la investigación. Es un sistema de cruda delación copiado de las legislaciones anti-trust de los EE UU y de la UE, pero que bien podía haberse inspirado en las de la extinta URSS.

En la anterior legislación, los acuerdos restrictivos de la competencia que no se beneficiaban de una exención automática debían ser notificados a las autoridades españolas de competencia con el fin de solicitar una "autorización singular". En mal alineamiento con el Derecho comunitario, se sustituirá el sistema de "autorización singular" por un sistema de mera autoevaluación. Ello significa que serán las propias empresas, según unas pautas muy genéricas (art. 1 a 3), las que examinen la legalidad o no de sus acuerdos alcanzados según la competencia ideada por los planificadores. Se trata de un sistema mucho más cómodo para la Administración que no tiene ya que estudiar los casos que se le sometían anteriormente, a costa de introducir un mayor grado de incertidumbre ya que la responsabilidad del análisis concurrencial recaerá íntegramente en las empresas y en sus asesores legales. La CNC intervendrá sólo para dar palos cuando perciba malas prácticas competitivas fruto de chivatazos anónimos, delaciones de colutores arrepentidos o cuando sus propios servicios de inspección con nuevos y amplios poderes lo detecten.

Por último, la jurisdicción ordinaria podrá aplicar ya directamente las normas españolas de competencia sin necesidad de agotar previamente la vía administrativa. Por tanto, los jueces de lo Mercantil (D.A.1ª) tendrán competencia para declarar la nulidad de acuerdos contrarios al Derecho español de la competencia y para conocer de acciones indemnizatorias por daños y perjuicios causados por una infracción de las normas de competencia. Antes, para ejercer una acción de este tipo ante los jueces era preciso haber obtenido previamente una resolución firme del Tribunal de Defensa de la Competencia declarando la existencia de una infracción. Ahora ya no. Ante una supuesta infracción concurrencial, cualquier afectado (esto es, un empresario ineficiente) podrá acudir directamente a los tribunales para solicitar la aplicación de la diseñada competencia perfecta mediante, por ejemplo, la adopción de medidas cautelares o la reclamación de daños y perjuicios.

La platónica competencia perfecta obstruye la competencia real. Es una calamidad que los legisladores ignoren que la competencia es un proceso necesariamente dinámico, cambiante, impulsor de innovación, emulación y estimulador de bienes de sustitución. La competencia perfecta entendida como situación de equilibrio es rígida, distorsiona los procesos reales de mercado, impide la expansión de la función empresarial y demora los descubrimientos de oportunidades de negocio. Las únicas posiciones de dominio que se perpetúan son las que disfrutan del amparo estatal. Con la coartada de proteger al consumidor, los legisladores nos privan de los reales y fructíferos procesos competitivos en un mercado libre, verdadera fuente de valor y progreso económico.

Los ordenadores no predicen el calentamiento (lo dice Science)

Si ustedes me lo permiten, y si no también, voy a continuar con la serie de artículos de más rancio abolengo de toda mi producción. Ya en agosto de 2002 comenté el problema básico que surge al emplear ordenadores, que no es otro que lo único que pueden hacer las computadores son cálculos realizados a partir de los datos suministrados por el hombre mediante fórmulas matemáticas creadas por el hombre. Si fallan los datos o las fórmulas no reflejan correctamente lo que sucede en el clima, los resultados necesariamente fallan. En febrero de este año recordé que los modelos creados para el informe del IPCC del 2001 habían fracasado en sus predicciones, por lo que no debíamos tomarnos como una verdad revelada lo que dijera este organismo en su revisión de 2007.

Por si ustedes, hombres de poca fe en mí, preferían no creerme, hagan al menos un poco de caso a la revista Science, esa cuyos artículos catastrofistas repiten como papagayos todos los medios de comunicación pero que, cuando expresa alguna duda, nadie dice nada. Pues bien, un artículo de dos científicos de la Universidad de Washington (en Seattle), Gerald Roe y Marcia Baker, aseguran ahora que el clima es demasiado complejo para hacer predicciones precisas y que tras décadas de arrojar toneladas de dinero sobre los modeladores climáticos las incertidumbres de estos augurios no se han reducido.

Vamos, que cuando le cuenten que según el IPCC algo va a suceder con un 90% de probabilidades será mejor que no se lo crea. Es mentira.

La razón está en lo que llaman "sensibilidad del clima". El efecto directo de la emisión de gases de efecto invernadero es muy pequeño y, además, cada nueva molécula que se emite tiene un efecto menor que la anterior. Lo que hacen los modelos climáticos es intentar reflejar las retroalimentaciones que inevitablemente han de producirse en un sistema tan complejo como es el clima. Por ejemplo, si el Ártico se deshiela, reflejará menos luz de vuelta al espacio y aumentará aún más el calentamiento. Es un ejemplo de retroalimentación positiva, pero también las hay negativas. El conjunto de unas y otras es lo que define la sensibilidad del clima a un aumento determinado de gases de efecto invernadero.

El problema es que todas esas retroalimentaciones también se afectan unas a otras. No es por repetirme, pero es que el clima es un sistema muy complejo. El resultado, de acuerdo con estos dos profesores, es que no importa lo potentes que sean las máquinas y el esfuerzo que pongan los modeladores en sus productos: seguirán sin poder predecir con precisión cuánto va a aumentar la temperatura ante un incremento determinado de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

Recuérdelo la próxima vez que vea en la pantalla imágenes de costas inundadas por el aumento del nivel del mar. Recuérdelo la próxima vez que le digan que debe dejar el coche en casa e ir en autobús o arderá usted en el infierno. Recuérdelo, en definitiva, la próxima vez que un paleto que confunde calor, temperatura y energía se dedique a publicar un auto de fe en que condene a quienes expresan dudas sobre las causas y efectos del cambio climático como "enemigos de la ciencia".

¿Son realmente demagogos los políticos del PP?

El problema es que no está nada claro que los políticos del PP estén fingiendo cuando abrazan con tanto fervor las banderas ideológicas de la izquierda. Al contrario, todo parece indicar que las asumen porque están absolutamente de acuerdo con ellas. Aquí van un par de ejemplos, espigados de entre los más recientes:

– Ley de Dependencia. La secretaria sectorial del Partido Popular, Ana Pastor, dijo en su día que es una magnífica ley, y que si salió adelante fue gracias al impulso del PP. Defendía así su cuota de protagonismo en la gestación de la criatura.

Pues bien, la ley de marras es nefasta para la sociedad civil y la célula familiar: desincentiva el que los hijos cuiden de sus padres ancianos (como es su obligación); debilita los lazos familiares, pues ni los padres dependen de los hijos ni los hijos de los padres (el Estado se encarga de eso); entrega dinero a gente que no lo necesita tras habérselo arrebatado a las personas productivas; aumenta la carga fiscal del país para favorecer a un determinado grupo social sin tener en cuenta la necesidad real de los subsidios.

Tal y como está concebida, habrá muchas parejas ancianas sin elevados ingresos pero poseedoras de un patrimonio notable que recibirán un extra proveniente de un amplio sector de la sociedad (parejas jóvenes, sin trabajo estable, etc.) que, con toda seguridad, necesita ese dinero que el Estado les quita a través de los impuestos para llegar a fin de mes. Eso, por no hablar de la competencia desleal que el Estado va a hacer a las residencias privadas.

– Cambio climático. La mayor operación de propaganda montada por la izquierda mundial desde la caída del Muro de Berlín cuenta también en el PP con insignes defensores.

Juan Costa, curioso personaje, delfín de Rodrigo Rato y actualmente el principal responsable de la campaña electoral del PP para las próximas generales, incluyó el llamado cambio climático por causas antropogénicas entre los tres asuntos de mayor importancia que el PP va a incluir en su programa electoral. ¿Sabe Juan Costa que la propaganda del cambio climático se basa en datos sesgados, modelos informáticos fallidos, extrapolaciones abusivas de estudios limitados en el tiempo, conclusiones alocadas sin relación con los análisis reales y mentiras a mansalva?

Sólo la relación entre el CO2 y el calentamiento de la atmósfera (la realidad no es que con el aumento del CO2 suba la temperatura, sino que, al revés, cuando aumenta la temperatura de la atmósfera comienza a incrementarse la presencia del CO2) debería darle una pista de que le están estafando. Si consultara a los científicos más brillantes, esos que no necesitan subvenciones públicas para sobrevivir, sabría que la teoría más fiable que manejan es que la temperatura del planeta sube o baja en función de los ciclos largos de la actividad solar. Así que, a menos de que el tal Costa invente un paraguas para proteger al planeta del Sol, el clima va a seguir cambiando como lo viene haciendo desde que nació la Tierra, hace 4.500 millones de años.

Todo esto no es demagogia. Es una forma de suicidio político. Los políticos de derechas no hacen política de izquierdas con la nariz tapada para arañar votos: lo hacen porque se avergüenzan de sus ideas, de su cultura política y de su tradición filosófica; y en función de esta tara mental se suben al carro de su rival político para ver si algún día se les concede el salvoconducto de progresista.

Una cosa que se escucha a menudo entre la gente del PP es que hay que "arrebatar" a la izquierda la bandera de tal o cual reivindicación. O sea, que se trata de arrebatar banderas, no de exhibir las propias. No se dan cuenta de que, así, lo que hacen es legitimar las políticas de izquierda, en las que ellos serán siempre considerados unos advenedizos.

Por mucho que las instituciones gobernadas por la derecha subvencionen a los majaderos de ultraizquierda y su peculiar forma de entender el arte; por mucho que creen direcciones generales para el cambio climático (Murcia tiene una de reciente creación, gracias a lo cual seguramente los osos polares se ahogarán menos); por mucho que Ana Pastor se felicite por lo buenos que son la Ley de Dependencia y el cheque bebé –que, si por ella fuera, sería de 3.000 euros, en lugar de los 2.500 prometidos por Z–, tanto la financiación del artisteo como la campaña irracional para el llamado cambio climático o la subvención pura y dura a través de los impuestos que pagamos todos serán méritos que la gente otorgará siempre a la izquierda política.

No hay ninguna cuestión que el PP utilice con claros fines demagógicos, esto es, que patrocine aunque sepa que sólo servirá para ganar votos. En cambio, la izquierda sí utiliza magistralmente la demagogia. Por ejemplo, con la política económica. Las directrices económicas de todos los Gobiernos europeos de izquierda son un calco de las que tradicionalmente han defendido conservadores y liberales. Con algún matiz, si se quiere, pero estructuralmente la política económica de Solbes no difiere de la de Rodrigo Rato.

Aquí el PSOE hace demagogia a costa de las ideas del PP. Lo que sucede es que, como las ideas de la derecha que roba el PSOE son correctas y moralmente sanas, al final los socialistas salen beneficiados. El PP tiene el problema contrario: cuando copia al PSOE, está copiando ideas moralmente corruptas y socialmente dañinas para la ciudadanía media, que es la que, precisamente, vota a la derecha. De esta forma, la izquierda tiene la partida ganada desde el principio, pues su adversario juega también a su favor.

Cuando gobierna la izquierda hay una economía saneada (gracias a las ideas que copia a la derecha) y un montón de políticas disolventes de la sociedad tradicional, con las cuales se diferencia del adversario para ganar votos. Y cuando gana el PP pasa exactamente igual, pues la economía es la misma y las políticas estatistas… también (aborto, Ley de Dependencia, educación pública, seguridad social pública, subvenciones a mansalva…). O sea, que, gane quien gane, las clases medias, que son las que votan a la derecha, pierden siempre.

Sin embargo, hay infinidad de cuestiones en las que el PP podría ser revolucionario, y el mensaje lo entendería perfectamente su electorado: la racionalización de las subvenciones a los sectores improductivos (empezando por el cine español); la defensa de la propiedad privada como el principal derecho de los ciudadanos; las bajadas de impuestos; la reforma de la Seguridad Social, para que cada uno sea dueño del dinero que guarda para su jubilación; la libertad de enseñanza a través del cheque escolar (aunque haya que cerrar colegios públicos por falta de alumnos); la liberalización de los mercados cautivos (energía, telecomunicaciones…); la reforma de la Ley del Suelo, declarando todo urbanizable menos los espacios protegidos; la derogación inmediata, por motivos higiénicos, de leyes absurdas del PSOE como las relativas a la enseñanza, la universidad o la llamada memoria histórica: he aquí cuestiones sobre las que un partido conservador-liberal tendría muchas cosas que decir y hacer.

Pero no, prefieren seguir formando parte del cotarro progresista, confiando en que su defensa indudable de la unidad de la nación española y su claridad en la lucha contra el terrorismo basten como elemento diferenciador del adversario político. En el resto de asuntos, su discurso se diferencia bien poco del socialismo.

No es demagogia porque no lo hacen con voluntad de engañar. Lo hacen así porque han asumido en lo más profundo que la razón, la verdad y la moral pertenecen a la izquierda. En realidad es exactamente lo contrario, pero a ver quién les convence de ello.

Una regla sencilla para un mundo complejo

Si ante un problema social determinado o la carencia de un servicio que creemos que la gente necesita respondemos "ya se encargará el Estado", estamos apoyándonos en un acto de fe. Pero los liberales también decimos muchas veces "de esto ya se encargará el mercado" o "este asunto debe dejarse en manos del mercado", sin concretar ni dar más explicaciones. ¿No estamos cayendo en el mismo dogmatismo? ¿No exige la prudencia intelectual una respuesta más equilibrada, o en caso de que no sepamos ser más específicos, un humilde silencio? Pero la expresión "debe dejarse en manos del mercado" no es simplista ni dogmática, aunque a veces lo parezca; solo estamos condensando en pocas palabras un laborioso y sólido planteamiento teórico. La expresión "debe dejarse en manos del Estado" es, en cambio, tan simplista como aparenta.

Cuando decimos "ya se encargará el mercado" estamos reconociendo los límites de nuestro conocimiento y depositando nuestra confianza en la creatividad de millones de personas que arriesgan su fortuna y su reputación en un proceso que "premia" a los que aportan soluciones y "castiga" a los que malgastan recursos. Estamos confiando en un proceso que se va autocorrigiendo y que estimula el progreso: cada individuo puede contribuir con sus propias ideas, las ideas compiten entre sí, las mejores ideas triunfan y las peores acaban desechándose.

Cuando decimos "ya se encargará el Estado", por el contario, estamos depositando nuestra confianza en un grupo de políticos y funcionarios que actúa en un contexto completamente distinto. Los burócratas responden ante los electores, que votan cada cuatro años, no ante consumidores, que votan cada día cuando compran o se abstienen de comprar. Si no nos gusta un producto vamos a la competencia al día siguiente. Si no nos gusta un Gobierno tenemos que esperar cuatro años (y lo más seguro es que lo reemplace uno similar). Los burócratas no arriesgan sus propios recursos sino los de los contribuyentes, con lo cual la irresponsabilidad y la ineficacia les sale gratis, contrariamente a lo que les sucede en el mercado a los empresarios. Los burócratas no ponen a competir sus ideas unas con otras, imponen su "solución" a todos uniformemente, y como actúan al margen del mercado no son premiados con beneficios cuando sus ideas sirven a la gente, ni castigados con pérdidas cuando despilfarran recursos.

El mercado, por tanto, es un proceso competitivo auto-corrector. La expresión "debe dejarse en manos del mercado" es una forma de aludir en pocas palabras a este proceso y a los millones de individuos que participan en él y experimentan con sus ideas de manera descentralizada. La expresión "debe dejarse en manos del Estado" no encierra ningún significado más profundo, se supone que el Estado (políticos y burócratas) dará con una solución simplemente porque tiene "la voluntad" de encontrar una solución. Pero es una confianza ciega, no tenemos ninguna razón para pensar que es propenso a encontrarla. En el caso del mercado sí tenemos razones para pensar que, tarde o temprano, dará con la solución más eficiente. Por eso la expresión "que se encargue el mercado" no es dogmática, sino prudente y razonable. O como destaca Donald Boudreaux, es una regla sencilla para un mundo complejo.

Esta regla sencilla, sin embargo, nos remite a un proceso de "mano invisible", como destacaba Adam Smith, y por eso inspira tan poca confianza. Estamos delegando en un proceso que armoniza subrepticiamente los intereses dispares y egoístas de las personas y que, formalmente, no nos garantiza nada. Nos inspira más confianza la mano visible del Estado, porque el Estado asegura tener la voluntad de solucionar el problema y eso nos basta como garantía. Pero deberíamos plantearnos qué ofrece en la práctica más garantías: un sistema que "promete" una solución pero no tiene una estructura de incentivos para dar con ella, o un proceso competitivo que no promete nada formalmente pero de hecho incentiva el descubrimiento de soluciones.

El que no seamos capaces de imaginar cómo el mercado puede proveer un determinado servicio no es un motivo para reclamar la intervención del Estado. El libro The Voluntary City documenta cómo el mercado ha provisto históricamente varios servicios esenciales que hoy en día se consideran competencias casi exclusivas del Estado, desde la planificación urbanística a la ley mercantil, pasando por carreteras, parques e infraestructuras urbanas, policía, servicios judiciales, asistencia a los enfermos o educación para el común de los niños. El Adam Smith Institute recoge 80 ejemplos de reformas liberalizadoras y soluciones de mercado alrededor del mundo en ámbitos como las pensiones, los transportes, el espectro radioeléctrico, correos, la preservación del medio ambiente o la cultura y el arte. El mercado continuamente está desafiando nuestra imaginación y no deja de sorprendernos con sus innovaciones. Si tuviera más margen de actuación podría sorprendernos aún más.

Hay que tener en cuenta, además, que cuando decimos "debe dejarse en manos del mercado" nos referimos al mercado en el sentido amplio del término, que incluye el sector privado sin ánimo de lucro. Lo interesante de esta matización es que los fallos del mercado, según la teoría convencional, son aplicables a las empresas con ánimo de lucro, pero no afectan a las organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Así, como explican los autores de The Voluntary City, al ignorar las posibilidades del sector privado sin ánimo de lucro los críticos del mercado están subestimando las posibilidades del mercado en el sentido amplio del término. En el supuesto de que las empresas con ánimo de lucro no sepan encontrar una solución, aún hay buenas razones para decir "que se encargue el mercado".

Economía en una tarde

La decisión del Gobierno socialista de prohibir las diferencias en las primas de los seguros entre hombres y mujeres durante el periodo de vida en el que la mujer es fértil representa un puntapié de graves consecuencias a uno de los principios más elementales de la ciencia actuarial. Por mucho que le pese a ZP, los seguros consisten en la discriminación entre individuos con un distinto riesgo asociado frente a la ocurrencia de un evento dañoso o gravoso. El objetivo de las aseguradoras es eliminar el riesgo y no montar una ONG. El modo de trabajo consiste en agrupar individuos que tienen un riesgo homogéneo para pedirles una misma prima. Si los políticos, en un intento de igualación forzosa, prohíben la discriminación, muchas personas de escaso riesgo que ven subir sus primas se darán de baja. La compañía tendrá que subir las primas al quedarse con un grupo de mayor riesgo, lo que provocará subsiguientes huidas de clientes hasta que sólo se queden los clientes de mayor riesgo dentro de ese colectivo (en nuestro caso, las mujeres en edad fértil y, es de suponer, sus parejas). Este efecto perverso es lo que se conoce como selección adversa. Con todo, lo peor será la difusión de la falsa impresión de que el poder político puede eliminar la discriminación sin generar graves consecuencias.

Otra medida que, por muy bienintencionada que pueda ser, afectará negativamente a la sociedad es la anunciada subida del SMI hasta los 800 euros. Si los políticos pudieran determinar lo que la gente cobra a base de decretos, por qué, ya puestos, no subir el salario mínimo hasta los 3.000 euros. Muy sencillo. A ese salario, la mayor parte de la población no produce lo que habría que pagarle y sus empleadores no tendrían otro remedio que despedirles. Subirlo hasta 800 sólo cambia que los expulsados del mercado laboral serán una minoría. Desgraciadamente, ese grupo más reducido al que la subida del SMI le envía directamente al paro estará constituido por quienes estén menos capacitados. Un mazazo político en el bolsillo de los más necesitados. Si la razón de estas políticas es la búsqueda de votos me callo, pero si es por ignorancia económica le recomiendo a Zapatero la lectura de Economía en una lección, de Henry Hazlitt. Se lee en menos de dos tardes.