Ir al contenido principal

González, del sofismo a los GAL

No es que los políticos desconozcan la verdad; tampoco se trata de que jamás tropiecen con ella, que de tanto hablar en algún momento tendrán que encontrarse sus palabras con la realidad. Es sólo que la mayoría se preocupa de si lo que dice se corresponde con lo que cree que es verdad, sino de lo que los ciudadanos vayamos a entender de ellas.

Ramón Pi fue quien dio en la clave con la relación que mantenían Felipe González y la verdad. No es que él mintiera sistemáticamente, es sólo que lo que decía y la verdad eran dos situaciones paralelas, que podrían coincidir o no sin más ley que los caprichos del azar. Este viernes, en un artículo del diario El País titulado (agárrense) Mentiras y mentirosos, González ha reconocido que para él, "en política la verdad es lo que los ciudadanos perciben como verdad". Es decir, que la verdad no está en las cosas, en que tengan una naturaleza u otra, sino en lo que piensa la gente sobre ellas. Y como las opiniones son mudables, la verdad se puede cambiar. Sólo es necesario tener una influencia decisiva sobre la opinión pública. Él conoce bien el negocio. Cuando llegó al poder la verdad era que el aborto es un crimen. Unos pocos años de monopolio televisivo y la verdad pasó a ser que de crimen nada, que el nonato ni es una persona ni merece la protección que, por ejemplo, concede la ley a los animales.

El sofismo rescatado por Felipe González es la espina dorsal del totalitarismo. Si la verdad la forman las ideas más ampliamente compartidas por la gente, podemos hacer que cualquier cosa que deseemos acabe siendo verdad. Siempre, claro está, que contemos con los medios adecuados para crear al nuevo hombre socialista, o al nuevo hombre progresista, o al nuevo progenitor A (o B). La verdad puede ser lo que se enseñe en Educación para la Ciudadanía y viceversa. Es cuestión de voluntad, la del poder, y de resistencia, la de la gente.

Por otro lado, si la realidad es moldeable no nos podemos aferrar a nada para defender nuestros derechos. Ya no hay verdades evidentes e independientes de cualquier opinión, como que "todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad". Todo queda al albur de lo que se logre imponer como verdad. De la terrible frase "en política la verdad es lo que los ciudadanos perciben como verdad" a los GAL hay sólo un paso. Y es muy fácil de dar.

Ciudadanos sí, gorrones no

Por primera vez en la historia de España, los liberales deberíamos asumir que aquellos que se benefician del mantenimiento de los servicios públicos tendrían que pagar por ellos si los quieren mantener. Existe una clase entera de personas en nuestro país, una subclase, a la que necesitamos reintegrar a los rangos de ciudadanos responsables y no permanecer en la dependencia a coste de los demás contribuyentes.

En España necesitamos un nuevo sistema de financiación local para controlar el gasto público, que cada vez se dispara más a números inaceptables por gobiernos demasiado intervencionistas y socialistas. Por eso mi propuesta sería la eliminación del IBI (un impuesto de contribución) para sustituirlo por un impuesto fijo e igual (tasa por habitante adulto) para todos los residentes adultos de cada localidad. El concepto fundamental detrás de esta propuesta es la transparencia: se trata de que todos tenemos algo que perder con un ayuntamiento que gasta lo que no puede ni debe. Ha llegado el momento de reformar la normativa de las haciendas locales.

Dentro de este sistema, las empresas, que son las que generan el empleo, también pagarían una cantidad fija y mínima, una tarifa especial para aquellas empresas que generen empleo, ya sean multinacionales o PYMES. Con este sistema aumentaría la transparencia y las responsabilidades políticas de aquellos ayuntamientos que gasten en servicios innecesarios. Los impuestos contra la propiedad para financiar los gobiernos locales tienen siglos de historia. Tenían sentido, quizás, cuando los servicios locales estaban destinados para el beneficio de la propiedad: calles, agua, tuberías, gas, etc. Pero desde la Segunda Guerra Mundial, las autoridades locales también ofrecen servicios públicos como educación, bibliotecas y otros servicios sociales a nivel personal: asesoramiento gratuito a insolventes o inmigrantes, cursos de formación, etc.

Tampoco podemos olvidar que ahora hay más gente que nunca y, al mismo tiempo, más votantes. Antiguamente la mayoría de países occidentales daban el derecho al voto sólo a propietarios mientras que ahora las elecciones locales son casi idénticas a unas generales. En España tenemos millones de ciudadanos que no pagan impuestos o pagan muchísimo menos que otros. Y es que es más fácil cobrarle a la empresa o al propietario honrado que a un okupa que malvive usando todos los servicios que pueda. Sería interesante ver cuánto dinero nos gastamos los ciudadanos contribuyentes cada vez que la Policía Municipal tiene que intervenir para desalojar a todos estos gorrones de profesión.

El sistema actual (el IBI) favorece el oscurantismo político porque realmente no se sabe en qué gastan los ayuntamientos. Un Estado democrático y liberal tiene el deber de iniciar devoluciones de poder a los ayuntamientos y que sean los ciudadanos los que puedan elegir cuánto dinero pueden gastar sus representantes en cada localidad.

No tiene sentido que un propietario que viva solo en Boadilla tenga que pagar el mismo IBI que una familia numerosa en Carabanchel, aunque los metros cuadrados de su vivienda sean idénticos. Lo importante es que esa familia de Carabanchel seguramente generará muchísima más basura que el señor de Boadilla. Por ejemplo: una familia numerosa y de origen inmigrante seguramente alquila su piso y por supuesto, no paga IBI. Sin embargo, sí utilizan muchos servicios sociales: sanidad, educación pública, el transporte, guarderías, asesoramiento, cursos de formación o quizás las cárceles, etc. A los jubilados se les hace descuentos para los servicios públicos en muchas ocasiones y no veo por qué no podemos hacer aumentos a viviendas donde vivan muchas personas que consuman más servicios. El sistema de financiación local actual es absurdo porque se trata de castigar al propietario y no a quien consume lo público y al gorrón.

Es curioso ver que los socialistas de convicción siempre se están quejando del consumismo, cuando son ellos los que precisamente consumen más que nadie, especialmente si lo pueden hacer con el dinero de los demás. Algunos podrán decir que las facturas para algunas familias podrían ser demasiado altas y que esto es inaceptable. Yo comparto la frustración que sienten los críticos, pero hay que ser contundentes: el problema no es cómo se financia el gobierno local, sino la cantidad que se está gastando. Cualquier persona sabe perfectamente que si algo cuesta 300 euros no se puede pagar con 150.

Nuestra lucha contra el socialismo nunca ha sido únicamente sobre filosofía económica sino sobre los valores que rigen nuestra vida. El socialismo es un credo estatal que no cuenta con las personas. Al contrario, solo las ve como material que hay que amoldar. Los liberales pensamos diferente, creemos en los individuos, en los millones de ciudadanos que pagan con lo que realmente ganan, y no con lo que otros ganan.

La chantajista de Apple

Si la ahora demandante pagó la cantidad por la que se vendía el iPhone inicialmente es que en aquel momento no le parecía mal. Que la mayor parte de los potenciales consumidores consideraran que era demasiado caro y que ante esa realidad la compañía decidiera rebajarlo es un problema de Li, no de Apple. La neoyorquina en cuestión no puede siquiera argumentar que se trataba de un precio abusivo que tuvo que pagar al ser un producto de primera necesidad. Si se dio tanta prisa en comprarlo es simplemente porque deseaba tenerlo lo antes posible.

Cuando Li pagó la cantidad que se le pedía es que consideraba que la posesión del teléfono de Apple le iba a proporcionar una mayor satisfacción o un mayor beneficio que el que iba a conseguir conservado el dinero que le pedían por él. Consideró que era un precio justo y actuó en consecuencia. Cometió un cálculo erróneo y se equivocó. Lo más absurdo del caso es que ni tan siquiera se compró el aparato por cuya rebaja demandó a la compañía. Li había adquirido dos iPhones de 4 GB, cada uno de los cuales tenía entonces un precio 100 dólares menor que el de 8 GB y 100 más caro que lo que cuesta este último ahora. Como la rebaja sólo se ha aplicado al de mayor memoria, porque el otro ha dejado de venderse, Li no recibió la compensación de 100 dólares por aparato que sí han conseguido quienes optaron por comprar los de 8GB nada más salir al mercado.

Y ahí está la clave del asunto. Li adquirió los teléfonos en cuestión para revenderlos, y se ha encontrado con que pagó más de lo que ahora cuesta un aparato con el doble de capacidad. Según ella, Apple ha incurrido con esta rebaja en prácticas contra la competencia, debido a que ahora no puede obtener los beneficios que había previsto. No deja de ser curioso que considere que la competencia de Apple es quien compra sus productos para revenderlos. Parece que sólo le gusta el libre mercado cuando puede sacar beneficio del mismo. Tal vez alguien le debería haber explicado que, igual que puedes ganar, también puedes perder.

Posiblemente lo que pretenda la señora es crear un ruido mediático que provoque en Apple el miedo suficiente al posible daño que pueda producirse a su imagen para así conseguir arrancarle a la compañía un acuerdo por el que le pague una cantidad muy alta, aunque inferior al millón de dólares, para que se calle. En definitiva, un chantaje puro y duro para conseguir un dinero que no se merece.

Al menos ya no proponen matar a Rajoy

Se quedaron muy a gusto con aquella primera incursión en la ciencia de Goebbels, pero como grandes artistas que son, ahora nos ofrecen una nueva performance que ayudará también a las generaciones venideras a comprender la psicología de las vanguardias progresistas de comienzos del siglo XXI.

En esta ocasión han decidido ofrecer un perfil más moderado y ahí radica precisamente la causa de que el mensaje no tenga la fuerza de otras ocasiones. Por ejemplo, presentan a un joven de derechas vestido con un jersey de marca (enorme el cocodrilo, para que nadie se quede sin captar la alegoría), haciendo un alarde gestual próximo al retraso mental severo, cuando estoy seguro de que lo que les pedía el cuerpo era vestirlo de falangista con un pistolón en el cinto y la cabeza sanguinolenta de García Lorca atada a la cintura a modo de trofeo.

Pero no es esto lo peor del video. Lo más indignante es la gravedad de los errores que comete la concursante progre al responder las preguntas del cuestionario. La "carta magna de principios y valores por la que se rige el estado español" no es la Constitución, como afirma la joven, sino la santa, única y verdadera voluntad de Rodríguez Zapatero. La Constitución española del 78 (si es que es esta a la que se refieren y no la del 31, que también podría ser) ya no está vigente para alivio de los pueblos de la península ibérica que van en busca de su emancipación. ¿Nadie le ha explicado a la mariprogre del video que la Constitución ya ha quedado superada por la fuerza normativa de los hechos? Y cuando le piden que nombre a una persona conocida mundialmente por su lucha por la paz y los derechos de los pueblos, la muy desvergonzada responde "Gandhi", cuando es evidente que quien más se ha significado en la Historia de la Humanidad por esos motivos ha sido Rodríguez Zapatero.

Con este video se pretende animar a los padres para que apunten a los chiquillos a la asignatura de Formación del Espíritu Progresista, pero muchos no estamos dispuestos a que se les mienta sobre la auténtica dimensión de nuestro presidente, así que me temo que el efecto de la campaña va a ser lo contrario de lo que se pretende.

Dice ZP que el video le parece muy simpático. Miente, aunque por talante no lo reconozca. Lo único que demuestra esta campaña es la catadura moral de los miembros de su Frente de Juventudes. Maricomplejines y encima traidores.

Birmania sigue en línea

Birmania está lejos, pero no es pequeño ni está poco poblado. Con una extensión mucho mayor a la de España y 50 millones largos de habitantes, este país asiático, enclavado estratégicamente entre Tailandia y el Indostán, entre China y el golfo de Bengala, es uno de los lugares más pobres y más esclavizados del planeta. Y lo peor de todo es que, a diferencia de Cuba o Corea del Norte, casi nadie en Occidente lo sabe.

Una década después de obtener la independencia del Reino Unido sufrió el primero de una cadena de golpes de estado que ha condenado a tres generaciones de birmanos a vivir siempre bajo dictaduras férreas y extremadamente violentas. En los últimos cuarenta años, la antigua colonia británica donde tuvo lugar la célebre historia del puente sobre el río Kwai no ha conocido año tranquilo. La pesadilla comenzó con el golpe del general Ne Win, forjador de uno de los regímenes políticos más tenebrosos e implacables de Asia durante un cuarto de siglo.

Alineado sin fisuras con las tesis socialistas, el infame gobierno de Ne Win inauguró la llamada "vía birmana al socialismo". Ésta consistió, esencialmente, en cerrar el país a cal y canto. Se restringió hasta extremos absurdos la salida del país y la entrada de extranjeros. Dentro de las fronteras se abatió sobre Birmania un manto de silencio bajo el que se cometieron todo tipo de atrocidades que, por la naturaleza misma del régimen, eran desconocidas en el resto del mundo.

En 1988, coincidiendo con el apogeo de la Perestroika, se produjo un levantamiento en Rangún en el que los estudiantes pedían el fin de un régimen odioso. El movimiento sucumbió ante los militares, que llenaron la capital de cadáveres. Una vez más, los asuntos de la lejana y aislada Birmania pasaron desapercibidos más allá de sus fronteras. El levantamiento popular del 88, conocido como 8888 por haber estallado el 8 de agosto de aquel año sirvió como excusa a otro espadón, el general Saw Maung, para hacerse con el poder en nombre de un consejo nacional que, al menos nominalmente, aspiraba a restaurar la ley y el orden.

Se convocaron elecciones en 1990 pero los resultados no fueron del agrado del Consejo y el Maung las ignoró olímpicamente, abriendo un nuevo periodo dictatorial. Se cambió el nombre al país y sus líderes perseveraron en todos los defectos de la era Ne Win añadiéndole el de la corrupción y el mangoneo. Y así hasta la fecha, hasta que en agosto de 2007 se inició una nueva revuelta en Rangún, tan virulenta como la del 88. Sin embargo, esta vez algo ha cambiado. La URSS no existe y la velocidad y eficiencia con la que se transmite la información se ha multiplicado varias veces a lo largo de los últimos 20 años. El Gobierno lo sabe, de ahí una de sus primeras medidas fuese impedir, mediante la desconexión de la red birmana, el acceso a Internet.

A día de hoy el país está sumido en el caos y se desconoce la magnitud de las masacres perpetradas por el ejército contra la población civil y los monjes budistas que se sumaron en los primeros días a la rebelión. Occidente, por primera vez, se ha hecho eco masivo de la tragedia birmana. Lo que los grandes medios han preferido dejar de lado ha salido a la superficie a través de la red de redes. Los birmanos tienen, por fin, alguien que les escuche. Mal que les pese a los que malgobiernan la maltratada nación asiática, la línea con Birmania sigue abierta.

Trabajar más para ganar más

La medida ha creado la polémica entre la oposición y sindicatos alegando que la medida aumentará el gasto estatal y también dudan de la efectividad de la misma para aumentar la producción y nivel de riqueza.

La ley francesa sobre las horas extraordinarias posiblemente tenga muy buenas intenciones, pero no es el camino. El lema de este cambio ha sido "trabajar más para ganar más". Está muy bien para quien así lo quiera, pero esa ha de ser una iniciativa individual que no se ha de imponer. Comparémoslo con España. Aquí se hacen muchas horas extras que no se pagan. ¿Cierto? No del todo. Las empresas, haga usted horas extras o no, pagan mucho más de lo usted percibe. El 40% de lo que paga la empresa al trabajador es incautado por el Estado. Esa es una de las muchas razones por las cuales los salarios son tan bajos en España. Eso significa que al trabajador no se le remunera el 100% de sus rendimientos del trabajo, sino el 60%. Examinado desde otro punto de vista, si el Estado no se le robase nada y usted hiciese un 40% menos de horas mensuales cobraría lo mismo que ahora.

Las políticas laborales de Europa han de ser reformuladas desde cero y no con parches como el francés. Lo justo es que cada persona cobre por aquello que trabaja sin que un socio pasivo, el Estado, meta la mano para quedarse con nuestra producción. No es una cuestión de cómo están las cuentas públicas (que además, siempre van mal), ni de las trilladas excusas políticas de robar por el bien común. Es una cuestión de bienestar individual, de tener el derecho a que el Estado nos deje en paz y no nos robe nuestro dinero ni producción. Porque cuando alguien roba el trabajo y producción de otro, sea cual sea la excusa, eso significa que trabaja gratis para él contra su voluntad, y a eso siempre se le ha llamado esclavitud. Cualquier tributo productivo que el Estado toma por la fuerza, que son todos, es un acto de esclavitud contra el hombre libre.

Las soluciones aparentemente pragmáticas como la francesa suponen empezar la casa por el tejado. Lo lógico sería que antes de hacer trabajar más a la gente, cada agente económico, ya sea particular o empresa, vea reflejado en su cuenta corriente la parte íntegra de su producción. Lo demás, mayor productividad, trabajo, bienestar, crecimiento económico, etc., vendrá solito. Esta es una de las grandes ventajas del libre mercado; va inherentemente ligado al bienestar individual. La mejor vía para la prosperidad es que todo el mundo obtenga el resultado íntegro de lo que hace. La única razón por la que ni el Estado francés ni el del resto de países acometen reformas verdaderamente profundas está bien claro: dejaría de ingresar nuestro dinero.

El valor liberal de la monarquía

Tanto Mises como Hayek, principales exponentes de la Escuela Austriaca de Economía, sentían debilidad por la democracia o gobierno representativo, rechazando por ello el Principado como forma de gobierno, en tanto concebían que el tránsito de la monarquía al sistema democrático moderno constituía un progreso. Pese a ello, para ambos autores el término democracia no significaba el Gobierno de la mayoría, sino autodeterminación, autonomía y autogobierno en sentido literal. Es decir, un Gobierno realmente democrático es aquél cuya organización le reconoce a cada uno de sus miembros el fundamental derecho a la autodeterminación, secesión y adscripción voluntaria.

Sin embargo, el resultado de ello ha sido justo el contrario del pretendido, pues no parece que Estado alguno haya conocido desde entonces un gobierno democrático tal y como lo entendían Mises o Hayek, ya que todas las democracias modernas se han configurado como organizaciones de adscripción forzosa y coactiva.

Es más, pues tal y como hemos demostrado anteriormente, la aplicación de la teoría democrática ha supuesto en realidad un vertiginoso desarrollo y crecimiento del poder estatal, cuyos principales problemas en la actualidad derivan de una palpable restricción en el ejercicio de la libertad individual, una vulneración progresiva e institucionalizada de los derechos de propiedad, una plausible crisis de gobernabilidad y, finalmente, la imposibilidad de controlar y limitar de forma efectiva el poder político, puesto que es el propio Estado quien ejerce el monopolio jurisdiccional, de modo que cualquier limitación de la acción del gobierno dependerá inevitablemente de sus agentes en última instancia.

Si partimos de la hipótesis fehaciente de que el anarcocapitalismo es una utopía y, por tanto, es inevitable la existencia de un Estado, entendido éste como una entidad que ejerce el monopolio territorial coactivo de las decisiones (jurisdicción) y la imposición fiscal, resulta económica y éticamente ventajoso elegir a la monarquía en lugar de la democracia, en contra de los postulados clásicos liberales favorables a aceptar una participación, aunque sea limitada, del pueblo en el ámbito del poder político. La monarquía se instituye como la forma política más adecuada y conveniente para limitar y controlar el poder político, ajustándose por ello de un modo más acertado a la consecución de los objetivos y fines planteados desde la teoría liberal. Y ello, en base a diferentes motivos, tal y como expone magistralmente la teoría hoppesiana.

El problema de la preferencia temporal

Siguiendo la teoría austriaca de la acción humana (también conocida como praxeología), este fundamental y básico concepto significa que cuando un actor ejecuta una acción pretende invariablemente pasar de una situación poco ventajosa a otra más favorable, demostrando así una mayor preferencia por una mayor cantidad de bienes, pero si a ello se le añade la variable tiempo, de ello resulta una preferencia universal por los bienes presentes sobre los futuros.

La formulación de este fundamental axioma es, precisamente, el que permite explicar de modo riguroso y correcto la utilidad y función del ahorro así como la determinación del tipo de interés en el ámbito económico. Además, siguiendo esta misma exposición lógica, es el ahorro el que permite la acumulación de capital, sustentándose así sobre esta base teórica todo el edificio y estructura del sistema económico capitalista.

De ello se deriva, a su vez, la siguiente ley o axioma apriorístico consistente en que a menor preferencia temporal, mayor ahorro, resultando de ello la siguiente evolución lógica y fácilmente comprensible: a mayor ahorro, mayor acumulación de capital y, como consecuencia directa de ello, se produce una mayor expansión de la estructura productiva, con lo que aumenta también la productividad marginal de todo el proceso productivo y económico, resultando finalmente un incremento sustancial del empleo, con el consiguiente aumento de los salarios y nivel de vida en el ámbito social.

Monarquía

En este sentido, la monarquía consiste en un sistema político basado en la propiedad privada del aparato coactivo gubernamental. Por ello, manifiesta también una preferencia temporal más baja, ya que las expropiaciones y el monopolio del poder son privados, de titularidad personal. Así, el gobierno de propiedad privada tiene una serie de incentivos para el gobernante en cuanto al modo en que debe dirigir sus asuntos, ya que en función de su propio interés, innato y natural, tratará de maximizar su riqueza total. Además, la propiedad privada posibilita el cálculo económico y estimula la previsión a largo plazo.

Ello se traduce por tanto, en una moderación en cuanto a la explotación de su monopolio gubernativo. La razón es clara: el rey, en su intención de aumentar su riqueza y mantener el valor de sus propiedades personales, dispone de importantes incentivos para autolimitarse en su política fiscal, ya que una fiscalidad más baja y moderada permite, sin duda, una mayor productividad por parte de la población a la que ésta se aplica, incentivándose con ello el desarrollo de una economía más próspera y expansiva. Lo cual, a su vez, tendría como efecto lógico el aumento de la propia riqueza y prosperidad del monarca.

Además, a ello debe unirse el hecho de que tanto el monopolio jurídico (tribunales) como la seguridad y el orden (policía), siguiendo esta misma dinámica, harán respetar con mayor énfasis si cabe el principio de la propiedad privada, disminuyendo con ello los crímenes y aumentando así la seguridad en términos generales. Y es que, a menos crímenes (expropiación a los contribuyentes por parte de otros particulares) mayor margen de expropiación y monopolio impositivo para el monarca, quien no tiene ningún interés en la existencia de ningún tipo de competencia a este respecto. De ahí, el término monopolio fiscal.

A ello, se le debe añadir, además, el hecho de que un monarca no querrá depender exclusivamente de los ingresos fiscales, por lo que se encontrará incentivado para llevar a cabo actividades productivas que le reporten beneficios y ganancias a nivel personal, sin depender por tanto de la fiscalidad tributaria. Es más, al contar con actividades productivas paralelas, se reducirá sustancialmente la necesidad de imponer o subir impuestos, cuyo efecto inmediato sobre la población será sin duda un menor cuestionamiento de su legitimidad, fortaleciéndose con ello la propia institución monárquica.

Por otro lado, al ser el gobierno de titularidad privada, tal propiedad pertenece al patrimonio familiar única y exclusivamente. Tan sólo el rey y su familia, fundamentalmente, participarán de la renta fiscal y del goce de una existencia parasitaria. Ello, estimula sin duda una conciencia de clase en los gobernados, debido a la restricción en la participación del gobierno y el privilegiado estatuto de la familia real. De este modo, se incentiva y promueve, por parte de los gobernados, una oposición y resistencia a cualquier tipo de expansión fiscal o extralimitación gubernamental. Es decir, al existir una clara distinción entre minoría gobernante y mayoría gobernada, se refuerza de un modo intenso y profundo la solidaridad entre los gobernados, pues éstos se reconocen mutuamente como víctimas de las violaciones gubernativas sobre sus particulares derechos de propiedad. Con lo que una especial expansión, extralimitación o exceso en el ejercicio del poder por parte del monarca, pone en serio peligro la delicada legitimidad del gobernante.

Democracia

El mando democrático es, sin embargo, un aparato gubernamental de propiedad pública, ya que se encuentra administrada por magistrados elegidos periódicamente que ni poseen ni son percibidos como poseedores del gobierno, sino que son vistos como fideicomisarios. Sin embargo, en la práctica, tales representantes actúan mediante el ejercicio del mando personal y propiedad privada del gobierno, aunque sólo temporalmente. Por ello, tienden a cometer más excesos en su ejercicio del poder político.

Y ello se debe, fundamentalmente, a que el gobernante democrático no puede enajenar los recursos del Estado ni transferir tales posesiones a su patrimonio particular. La consecuencia que deriva de ello consiste en que sus esfuerzos y atención no se dedican a un intento por maximizar la riqueza total del gobierno, es decir, su capital, sino tan sólo el ingreso corriente del mismo, con lo cual carece de incentivos para disminuir los impuestos. Más bien sucede todo lo contrario, puesto que tenderá a elevarlos, sin que exista además un riesgo real para su patrimonio personal. De este modo, la moderación en democracia tan sólo tiene desventajas, en contra de lo que le ocurría al monarca.

Desaparece también el argumento moderador en relación a la conciencia de clase de los gobernados, pues, en democracia cualquiera puede convertirse, en teoría, en miembro de la clase gobernante, desapareciendo así la insuperable separación entre gobernantes y gobernados. Lo particularmente grave de la conciencia democrática es que se encuentra además fundamentada en el "mito" y la falacia relativa a la creencia de que en democracia nadie tiene que obedecer al otro (autogobierno), ya que todo el mundo se manda a sí mismo. Este delirio ha constituido la creencia de que el paso de la monarquía a la democracia es un progreso, merecedor por tanto de apoyo popular. Sin embargo, tal creencia es la que precisamente consigue debilitar enormemente la resistencia frente al poder del gobierno pues, si bien con la monarquía el pueblo percibe de forma clara y evidente el mal y la opresión gubernamental a través de la expropiación forzosa que lleva a cabo el gobernante, tal expropiación e impuestos no son percibidos de igual forma al ocultarse bajo el velo de la soberanía popular, la elección del gobernante, y el principio de mayoría. El resultado de la práctica democrática no deja duda en este particular ámbito. Tan sólo es necesario remitirse a los datos y a las cifras: los impuestos, el déficit, y el ámbito competencial del Estado han aumentado enormemente bajo la ingenua falacia que ofrece el particular sistema democrático contemporáneo.

Así pues, tendencia a aumentar los impuestos y, por lo tanto, enorme crecimiento del aparato estatal (burocracias y funcionarios) para llevarlo acabo, tendencia al endeudamiento y al déficit (el rey tenía que responder con su patrimonio por todas las deudas contraídas), ya que son deudas públicas, no privadas. La solución al déficit acumulado por todo gobierno democrático es, por tanto, siempre la misma: mayor imposición fiscal o inflación monetaria… No existe otra alternativa.

Por otro lado, y de modo correlativo, ante la perspectiva de mayores cargas fiscales aumenta inevitablemente la preferencia temporal de los gobernados (consumo inmediato, inversiones a corto plazo en lugar de ahorro e inversión a largo plazo) con sus efectos negativos ya descritos.

En cuanto a la ley y orden, mientras que el rey preferirá aplicar el derecho de la propiedad privada preexistente, ya que no crea nuevo derecho y se limita a ocupar una posición privilegiada dentro de un ordenamiento civil vigente al que él también se debe someter; en democracia, sin embargo, lo que abunda es el derecho público como legislación superior, creándose así un derecho positivo (redistribución) a través de su función legislativa, vulnerando y debilitando con ello el derecho privado (derecho negativo, en cuanto a limitación del poder y defensa de derechos individuales fundamentales).

Tal dinámica conlleva al paulatino establecimiento de un Estado de Bienestar cuyas graves consecuencias económicas no son tenidas en cuenta por el gobernante, pues le es totalmente indiferente. Se acrecienta de forma continuada la preferencia temporal de los gobernados y, como consecuencia, se agrava la reducción de la productividad futura.

Por último, recordar someramente los efectos perniciosos de la redistribución: en primer lugar, acrecienta enormemente el grado de incertidumbre jurídica, lo cual aumenta la preferencia temporal; por otro, tan sólo beneficia a los receptores, los que no han producido ni más ni mejores servicios, mientras que empobrece al resto, a los más productivos, a través de la expropiación de bienes. Así pues, al premiar a las personas menos productivas e imprevisoras, lo que se logra precisamente es incentivar ese tipo de comportamientos, ya que ello desincentiva enormemente el esfuerzo por la mejora personal. Se empeora, pues, el problema que se pretende resolver con tales medidas políticas.

Platón, admirador de Esparta

El historiador Herodoto dejó escrito que "la carestía ha reinado siempre en la Hélade". Cubierta de montes en sus cuatro quintas partes, Grecia no era una región fértil como pudiera ser Egipto o Mesopotamia. Desde sus inicios, por tanto, los griegos vivían todos en un nivel de frugalidad tal que bien podríamos decir que subsistían en la pobreza según nuestros actuales estándares de vida. Hubo, qué duda cabe, unos pocos ricos entre los helenos, pero incluso estos últimos, de haber visto cómo se las gastaban los romanos en sus fiestas privadas tan sólo unos siglos más tarde, hubiesen creído que soñaban.

Los espartanos fueron, con mucho, los menos abiertos al mundo de entre todos los helenos: prohibieron el comercio con el exterior y promovieron la propiedad de carácter comunal y, por lo tanto, una vida de privaciones. Tenían en alta estima la dura vida castrense y rechazaban toda manifestación del lujo. Llegaron incluso a prohibir la tenencia de monedas de plata u oro, a excepción de unas monedas locales de hierro sin curso legal fuera de sus fronteras de Laconia. Si los espartanos se imponían a sí mismos esas normas, ni que decir tiene cómo era el trato que dispensaban hacia sus esclavos (ilotas). Los jóvenes espartanos, cada cierto tiempo, se dedicaban a la caza y muerte de aquellos ilotas que se habían significado durante la temporada anterior como gente conflictiva; eran las tradicionales cripteia espartanas que servían para purgar a los "indeseables" y, mediante el terror organizado, conjurar el peligro de revueltas internas.

Dejando fuera el caso extremo de los espartanos, en general, los helenos fueron pequeños terratenientes que respetaron la propiedad privada, pero miraban con recelo la actividad comercial de sus metecos (o extranjeros) y el trabajo manual de sus esclavos (Sócrates los calificó de trabajos vulgares e insanos e incluso el gran Aristóteles no pudo sustraerse a este lamentable prejuicio).

Sólo a partir de los siglos VI y V a. C. fue cuando el nivel general de carestía heleno empezó a cambiar paulatinamente con el comercio exterior, la apertura de las poleis al mar, la extensión del uso de la moneda –iniciado por los lidios– y la expansión de sus colonias a lo largo del mar Mediterráneo en aquellos emplazamientos donde no se hubiesen asentado sus rivales fenicios. Toda esta apertura fue observada por Platón con verdadera aversión al estar convencido de que el cambio y las novedades eran perjudiciales para la polis pues se apartaban de su visión de ciudad ideal (autárquica, tradicional y alejada del mar).

En este desarrollo de la Hélade, fue la polis de Atenas la que estuvo a la cabeza. Fue alcanzando prestigio y riqueza a medida que aumentaban sus intercambios comerciales, ganaba peso su puerto del Pireo y crecía su población (propia y venida de fuera). El esfuerzo acumulado de generaciones anteriores tuvo en Pericles su coronación. Fue entonces y en aquella polis cuando el comercio y el arte griego alcanzaron sus más altas cimas.

No obstante, tanto Atenas como las demás poleis helenas seguían basando su productividad en la institución de la esclavitud y tenían políticamente marginados, como dictaban los tiempos, a las mujeres y a los extranjeros (metecos). Se calcula que la Atenas de Pericles contaba tan sólo con unos 40.000 ciudadanos con derechos plenos en una población total de unas 300.000 almas. Fue también entonces cuando aparecieron los sofistas defendiendo cosas extraordinarias para la época, tales como la individualidad de cada uno frente a la polis, el afán de lucro y el comercio (tanto con extranjeros como con las propias ideas). Denunciaron la inconsistencia de todas las convenciones (incluida la esclavitud), negando toda posición dogmática y tomando la razón humana como medida de todas las cosas. Expresaron, en suma, un molesto relativismo. Aquello supuso intelectualmente un terremoto para la tradicional polis griega.

Frente a todos estos aires aperturistas surgió una rápida reacción de mano de los socráticos (especialmente de Platón), que supuso una clara defensa de las inveteradas tradiciones de las poleis griegas y una vuelta a las posiciones aristocráticas de las mismas. Al verse amenazados por los planteamientos innovadores de los sofistas y las influencias diversas que supuso la apertura de los mercados al exterior, los socráticos creyeron que lo saludable sería restablecer el equilibrio de la vida nacional de la polis entendida como una comunidad tradicional y cerrada.

Platón odiaba profundamente la democracia ateniense de su época y rindió admiración por su vecina Esparta. También pudo finalmente contemplar en vida cómo Atenas fue derrotada por los espartanos tras los diversos enfrentamientos de la llamada guerra del Peloponeso. Atenas ya no recuperaría jamás su pasado esplendor (ni siquiera el belicoso Alejandro Magno pudo llevarla, ni de lejos, al nivel que llegó con Pericles a mediados del siglo V a. C.).

Esparta, por su parte, no fue nunca una urbe importante tal y como lo fueron Atenas, Corinto o Siracusa. La población propiamente espartana no llegó nunca a superar las 11.000 personas (sin contar a sus sufridos ilotas). Se sabe, además, que se practicaba el infanticidio eugenésico al despeñar por el monte Taigeto a los recién nacidos con alguna tara física y que se despojaba a los niños de sus familias al cumplir los siete años de edad para que el Estado-ciudad se encargara de su educación en campamentos militares. Los espartanos daban por hecho que los hombres pertenecían más a la polis que a su familia. A los veinte años el ciudadano espartano comenzaba su vida propiamente militar que no abandonaba hasta cumplir los sesenta años (eso sí que era una mili). El aristocrático Platón veía con buenos ojos todas estas prácticas espartanas y las quiso mejorar teóricamente.

Numerosos pensadores a lo largo de la historia han rendido admiración por Esparta (Descartes, Rousseau, Hobbes, Helvetius, etc.), pero fue el fundador de la Academia el pensador que más idealizó la disciplina y las instituciones espartanas. Así lo plasmó en sus obras de teoría política salidas de su intelecto (fundamentalmente La República y sus dos últimas obras de senectud, El Político y Las Leyes). La función pedagógica de los reyes-filósofos y, más tarde, la función reguladora de las leyes conformarían los medios teóricos defendidos por Platón para alcanzar sus imaginarios diseños sociales.

Estos pensadores, de haber nacido en Esparta, no hubiesen podido nunca desarrollar su labor teórica. Lo mismo sucede hoy con ciertos intelectuales contemporáneos y sus idealizados regímenes de coacción y austeridad impuesta. Nil novi sub sole.

Leer más

Amazon contra Apple

Este nuevo servicio sólo tiene dos problemas. El primero es relativamente menor, y es el hecho de que sólo podremos descargarnos una vez nuestra compra, de modo que si perdemos el fichero tendremos que adquirirlo de nuevo. Habida cuenta de que serán archivos MP3 que se pueden copiar en múltiples discos y dispositivos sin restricción ninguna, no creo que eso suponga mucho dolor de cabeza para los consumidores. El segundo, en cambio, sí es más grave: su repertorio es más bien chiquitajo comparado con el de iTunes: 2 millones de canciones frente a los 6 de la tienda de Apple. Pero aún así supone un desembarco significativo en un mercado en el que el 80% de las ventas de música en formato digital se hacen en iTunes.

Lo más asombroso es que Amazon MP3 haya podido llegar a un acuerdo con las discográficas para vender a precios tan bajos música sin protecciones contra copia. Después de que EMI y Universal dieran su visto bueno a Apple para vender, más caro, sus respectivos catálogos sin el infausto DRM ahora han llegado a un acuerdo para que Amazon pueda ofrecer su música a un precio incluso menor que el que iTunes ofrece para descargas con protecciones, 99 centavos. Warner y Sony-BMG, las otras dos grandes discográficas, aún no se han animado. Pero podrían hacerlo antes de lo que parece. Edgar Bronfman, Jr., presidente y principal accionista de Warner Music Group, ha dicho a algunos inversores que está pensando en dar el paso, meses después de asegurar que jamás lo haría.

¿Qué razón puede haber llevado a semejante cambio de estrategia? Sin duda, el darse cuenta de que imponiendo restricciones de copia a las canciones vendidas estaban incitando a los clientes a descargárselas en las redes P2P es un motivo importante. Pero quizá tiene más peso lo que ha logrado Apple: que muchos aprecien más su iPod que la música de ningún artista en concreto, prefiriendo su aparato aunque tengan que renunciar a escuchar en él algunas de las cosas que les gustan. Eso conlleva una obligación: cualquier tienda online de música que quiera robarle algo del mercado a iTunes tiene que ofrecer música que pueda sonar en el iPod. Pero éste sólo acepta MP3 y música con Fairplay, el sistema de protección anticopia de Apple, que Steve Jobs mantiene en secreto y no licencia a nadie más.

De modo que la industria, si quiere buscar nuevas vías para vender en Internet descargas legales de música, tiene que hacerlo sin DRM, porque de otro modo estarían condenando a todas las alternativas al dominio de Apple a la insignificancia. Y dado que las discográficas están acostumbradas a tener el control y aborrecen estar perdiéndolo gracias a Internet, irán muy lejos con tal de no quedar atados con pies y manos a la compañía de la manzana. En definitiva, quieren que iTunes tenga competencia, porque eso les conviene también a ellos.

Curiosamente, son las autoridades encargadas de velar por la competencia y que han comenzado a vigilar y amenazar a iTunes las únicas que podrían destruir este proceso, obligando a Apple a licenciar su tecnología de protección anticopia. Pero es posible que ni en Bruselas puedan arruinar este proceso, que está minando poco a poco al otrora invencible DRM. ¡Larga y próspera vida al iPod y a Amazon MP3!

Liberal-laboralismo

Las expectativas electorales de los dos grandes partidos de España permanecen en alza. Empate técnico entre ambos, cantan las sibilas. Puede ganar, según dicen, cualquiera de las dos primeras marcas. Ahora mismo, ante la desaceleración, el Gobierno socialista ofrece a la opinión pública las presuntas buenas cifras de la macroeconomía e inicia una escalada de promesas, mientras que la oposición de derechas aún no se atreve a predecir el castañazo. En cualquier caso, si se analizan aspectos relativos al factor trabajo, en este país comienzan a enraizarse problemas. Las jubilaciones exprés, el enigma laboral de los inmigrantes y la inadecuación de gente preparada, ante la previsible escasez que viene, son algunos de ellos.

A partir de los cincuenta años de edad comienza la estampida de profesionales que se jubilan. Ellos fueron en España la primera generación universitaria plena, coparon los mejores puestos en una sociedad en auge, allá por los 70, pasaron apuros, pero el lazo generacional que les unía a los dirigentes de turno logró salvarles definitivamente del naufragio. Los convenios blindados de la reconversión hicieron el resto. Son muchos, en plenitud física y mental, pero su esfuerzo y compromiso desaparecerán; cobrarán según casos varias pagas y tienen un cuarto de siglo por delante para paladear su ocio, bajo el patrocinio de los que se quedan. Nadie dice nada sobre esta nueva situación, apenas hay debate al respecto.

Los constructores y promotores inmobiliarios descuentan ya el efecto de la crisis, y en un aparte, confiesan su interés por la obra pública; prefieren antes pujar por una piscina municipal que arriesgar su dinero en suelo libre. La industria auxiliar de la construcción revela en voz baja la falta de pedidos. El elefante blanco del ladrillo pierde el equilibrio, bambolea. ¿Qué ocurrirá con la mano de obra intensiva, las decenas de miles de inmigrantes que hicieron posible el milagro? Así en la edificación, como en otros sectores productivos. Estas personas y sus familias –varios millones– son un misterio dentro de un arcano bajo las llaves de un secreto: ¿se colocarán para siempre la camiseta de la libertad de Occidente, al estilo del Mayflower y sus pioneros, o por el contrario, se apuntarán, ante la adversidad, a cierto tipo de totalitarismo? Pocos proponen algo. Los think-tank liberal-conservadores, si es que existe algo así en España, andan papando moscas; no saben, no contestan. Ni están ni se les espera.

Ha tenido que venir Espido Freire, la escritora que relataba melocotones helados, para contarnos en forma ecuánime qué les ocurre a los compatriotas que llevan menos de 1.000 euros al mes a casa: su pusilanimidad, su desunión, la tenaza del resto de generaciones, su desenganche del mercado. Un millón de asalariados en ese plan. Nadie les moviliza, nadie les anima, no se les convence. Se mira para otro lado. Si además un prestigioso informe (Dinámicas de aprendizaje organizativo en empresas de alta tecnología. Un estudio comparado entre España y Estados Unidos. Fundación Rafael del Pino y Marcial Pons, Madrid, 2007) señala que la innovación en las empresas punteras españolas se debate casi en exclusiva en el compadreo de la hora del café, lejos de cualquier sistematización o rigor al uso, el panorama futuro hacia la competitividad, la I+D+i o el legítimo afán de superación, es para echarse a reír, por no llorar.

No obstante, en Europa ocurren cosas. En Francia, Nicolas pisa fuerte el acelerador del cambio social. El hiperactivo presidente mandará a freír gárgaras el régimen de las 35 horas, penalizará fiscalmente a los prejubilados y premiará a los que sigan en el despacho más allá de los 65 años. Se va a castigar al parado profesional; no consentirá que 500.000 funcionarios lleven sobre su espalda a 1,1 millones de retirados de la administración pública. De lo contrario, Francia se hunde. La jugada es buena, se trata de una negociación en plazo: si los sindicatos abandonan, se deslegitiman; si permanecen, aceptan el marco establecido por el presidente. Es posible que resbale, que el fruto de su ambición sea menor de lo previsto, pero al menos Sarko se moja, prepara y ejecuta decisiones. Un tipo que sobrevivió a una conspiración urdida por sus propios compañeros de partido, vilipendiado por la izquierda y con todas las fuerzas en contra, merece un respeto.

Quizá la estrategia del jefe de Estado francés recuerda al torcedor real de Baltasar Gracián. El torcedor es una palanca que derriba voluntades en contra, un artificio para una solución que cuenta al inicio con el rechazo de contrarios. Fue lo que inspiró a Torcuato en la Transición española. En Sarkozy, el torcedor real claramente es Dominique Strauss-Khan y el resto aceptable del trust de cerebros socialdemócratas. Para el caso que nos ocupa, el torcedor real habrá de ser un paradigma igualitario, que acerque a indiferentes o contrarios al enfoque liberal, para con posterioridad, aceptar unos y otros propuestas de una agenda no intervencionista: desregulación, rechazo universal a privilegios laborales y elogio al mérito. Por contra, en la situación que vivimos, con un desempate poco claro, lo que nos rodea es pólvora mojada, fuegos fatuos para la academia, carreras de sacos en la universidad, poca vida.