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Libertad de horarios comerciales

En concreto, ratifica la multa de 500 millones de euros, la obligación de sacar al mercado una versión de Windows sin Media Player y el más arcano compromiso de revelar a sus competidores, precio pago, todos los detalles de sus protocolos de red.

El caso es que no parece que Microsoft tenga en la práctica demasiada competencia, pese a los esfuerzos de diversas autoridades antimonopolio de ponérselo fácil a sus competidores. Apple tiene un sistema operativo precioso y seguro, pero bastante bien colocado en una serie de nichos –diseño, autoedición, multimedia– de los que no parece tener mucha intención de salir. Y mientras no tenga algo así como el 20% del mercado, no podrá ni toser a Windows en el ámbito de las aplicaciones especializadas, que es donde el sistema de Bill Gates se sale, más que nada porque es el que tiene todo el mundo, programadores incluidos.

Por su parte, Linux ha tenido década y media para ponerse a la altura de Windows a la hora de cautivar a los usuarios y, por más que se empeñe Mark Shuttleworth y mejore Ubuntu, sigue sin estar ahí. Al gigante de Redmond le ha bastado con abaratar un poco las licencias para que empresas y gobiernos hayan decidido seguir "atados" a Microsoft en lugar de apostar por el software libre. Y es que, como ha quedado claro en quien proclama que lo más importante del mundo es luchar contra el cambio climático mientras se niega a desvelar la factura de la luz de Moncloa, es más fácil hablar que hacer el esfuerzo de ser coherente con lo que se dice.

Pero, sobre todo, el que Mac OS X o Linux den el salto no parece que dependan demasiado de las medidas que Bruselas quiera imponerle a Microsoft en procesos que duran más de diez años, una era geológica para los tiempos en que se mueve esta industria. ¿De qué sirve poner 500 millones de euros de multa u obligar a poner en el mercado una versión de Windows sin Media Player, que no ha comprado ni el Tato? Curiosamente, Redmond ofreció enviar a los ensambladores (HP, Dell, Acer, etc.) una versión de Windows que incluyera Quicktime y Real Player además del reproductor de Microsoft, para que la preinstalaran en sus ordenadores, algo que sin duda habría sido más eficaz si lo que quería la Comisión era reducir el porcentaje de mercado de Media Player y no tocarle las narices a la empresa de Bill Gates porque es enorme, americana y antipática.

La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, se ha declarado preocupada porque, pese a sus ímprobos esfuerzos, Microsoft sigue creciendo. No debería preocuparse tanto; con Vista ha demostrado que es perfectamente capaz de echar a perder su propio monopolio, como le acaba sucediendo a todo el mundo al cabo del tiempo. Es lo que tiene la competencia, que hace que te lo trabajes; la propia empresa de Gates dio una demostración práctica sacando el Explorer 7 cuando empezó a temer a Firefox o cuando puso en el mercado Windows Mobile o Xbox.

Eso sí, quienes se alegran y se frotan las manos con la desgracia ajena, no estaría de más recordarles que, después de Microsoft, los objetivos de Kroes serán Apple y su tienda iTunes por su cuasimonopolio (oigan, que el palabro no es mío) de las descargas musicales de pago y Google y su dominio del asuntillo ese de las búsquedas en Internet. Da lo mismo que su competencia esté a un click de distancia. A la hora de imponer medidas absurdas no hay nadie como la socialburocracia europea.

La UE hace el ganso con Microsoft

Como los grandes inversores saben, el camino para la prosperidad personal pasa por dotarse de una buena planificación financiera. Si se quiere invertir, en primer lugar será necesario ahorrar, y para ahorrar nada mejor que recortar los gastos superfluos; lo que tradicionalmente se conoce como "despilfarro", vaya.

Los nuevos ricos suelen tener el vicio de confundir los incrementos puntuales de la riqueza con los que tienen carácter permanente. De ahí que muchos de ellos se den al gasto compulsivo; como si disfrutar un golpe de suerte (por ejemplo, ganar el Gordo de la lotería) fue lo mismo que contar con una fuente regular de nuevas rentas. El consumo desenfrenado termina por extinguir la riqueza extraordinaria… y el nuevo rico vuelve, entonces, a ser el pobre que fue; o incluso a ser más pobre que antes, como consecuencia de las deudas contraídas. Si se aprovecha la riqueza extraordinaria para invertir y no para gastar como un rico, es probable que al cabo de los años se pueda gastar como un rico sin dilapidar el patrimonio.

Estamos hablando de algo que sabe de sobra todo lector atento de la fábula de la cigarra y la hormiga. Podemos vivir a lo loco por un tiempo, pero cuando llegue el frío y toque echar mano de lo ahorrado, entonces nos quedaremos tiritando.

Los políticos suelen tener vocación de cigarras. Les gusta vivir y gastar del erario público, esto es, echar mano de los ahorros de los ciudadanos-hormiga. Lo suyo es la prédica popularecha de los mítines, las comidas de partido, las cenas oficiales… No les verá nunca doblar la espalda para crear la más mínima riqueza. Como mucho, les verá inclinarse para birlarle la cartera.

Zapatero es una cigarra del tamaño de un elefante. Metido ya de hoz y coz en campaña, está dispuesto a gastarse todo el superávit extraordinario de este año. No se ha percatado de que, cuando cambien las tornas, esto es, cuando la crisis nacional e internacional termine materializándose, la actividad económica se ralentizará (con lo que los ingresos tributarios caerán) y el paro subirá (con lo que el gasto por prestaciones de desempleo se disparará). Lo que hoy es un esplendoroso superávit se convertirá mañana en un socavón descomunal.

¿Y de dónde sacará entonces ZP los 5.000 millones con que pretende comprar el voto de tantos en las próximas elecciones? Bueno, lo cierto es que no tendrá que buscar demasiado: los sacará de su bolsillo, del de usted digo, estimado lector. Y del mío. Entonces, subirán los impuestos, las hormigas sufrirán un nuevo asalto por las hordas cigarrescas.

Es el complejo de los nuevos ricos: ¿tenemos dinero? Pues vamos a gastarlo, que hay de sobra. ZP prometió no gastar más de dos décimas del PIB en promesas electorales (2.000 millones de euros), y ya va por las cinco. ¿Para qué apretarse el cinturón en momentos de abundancia? En el mundo de Zapatero, tan distinto del de José, las vacas gordas siempre se comen a las flacas.

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, parece haber comprendido a las mil maravillas esta filosofía manirrota. A la hora de defender sus subvenciones a los alquileres, dijo que le causaba "estupor" que su iniciativa fuera considerada despilfarradora mientras se aplaudían las rebajas de impuestos a las empresas.

Las cigarras exitosas tratan de racionalizar su parasitismo. Chacón no ve diferencias entre robar y dejar de robar. Menudo cacao. Por lo visto, pedir que las empresas se queden con una porción mayor de la riqueza que han creado resulta equivalente a pedir que un tercero se quede con esa misma riqueza. Vamos, que es lo mismo pedir que la hormiga se quede con sus ahorros y exigir que la cigarra se los arrebate.

La subvenciones y las políticas redistributivas generan sociedades de parásitos, en las que todo el mundo trata de vivir a costa de los demás. La gente se esfuerza menos porque sabe que no podrá disfrutar de lo que genere. El resultado es que la tarta se vuelve más pequeña, porque las cigarras siguen sin trabajar y las hormigas bajan el ritmo.

En una crisis económica, las rebajas de impuestos son particularmente importantes, ya que provocan que la gente tenga más renta a su disposición y pueda hacer frente con más soltura a las deudas que haya podido acumular. Quienes consumieron en el pasado por encima de sus posibilidades reales tienen la oportunidad de saldar su error si trabajan más duramente; y las empresas que invirtieron en proyectos que han dejado de ser rentables tienen la oportunidad de tratar de estabilizar su situación financiera sin distorsiones políticas como el impuesto de sociedades.

Los factores productivos se reorganizan con mayor facilidad y agilidad cuando los impuestos son bajos. Dado que los deseos de los consumidores pasan a tener un mayor peso, los errores se revelan y se corrigen antes y los aciertos tienen más solidez.

Las cigarras son cigarras y también hienas, esas bestias sonrientes que no dejan ni las sobras de los cadáveres que encuentran a su paso. También Zapatero se parte de risa mientas echa mano de los despojos de la economía española para financiar su campaña electoral. Aún le queda superávit, aún puede quitar más dinero a los españoles. Pero cuando se acabe el sarao, el gasto social de ZP será una losa de la que será extremadamente difícil deshacerse.

Zapatero, como los nuevos ricos

Eso está muy bien, pero desgraciadamente, imbuida de lo políticamente correcto, quiere llegar a un consenso que incluya a todas las partes presuntamente implicadas: o sea, que va a pedir a los que disfrutan de privilegios proteccionistas que por favor, si no les viene mal, hagan el favor de renunciar a ellos; obviamente ni los sindicatos ni el pequeño comercio parecen dispuestos a ceder, y la valentía política en la defensa fundamentada de la libertad es un bien muy escaso. Los ciudadanos de a pie difícilmente serán consultados, ya que no están organizados como grupo de presión y sólo votan muy de vez en cuando. Sus preferencias pueden comprobarse fácilmente con su asistencia masiva a los grandes centros comerciales todos los festivos que les permiten abrir.

Liberalizar no consiste en que las grandes superficies impongan su ley sobre las pequeñas: se trata de que ningún grupo de presión imponga la defensa de sus intereses a costa de la libertad ajena. Los auténticos malos de esta película, a pesar de las apariencias, son muchos pequeños comercios y supermercados, y no las grandes superficies (centros comerciales e hipermercados); ellos ya tienen plena libertad para determinar cuándo abrir y cerrar, pero se la niegan a sus competidores con la excusa de que son demasiado grandes y fuertes (o sea, que lo hacen mejor que ellos según las preferencias subjetivas de los compradores). Quizás resulte que tienen un derecho especial a subsistir sin necesidad de adaptarse por sus propios medios a los cambios sociales y económicos.

Tampoco se trata de que los consumidores, al comprar cuando ellos quieran, estén agrediendo los derechos laborales de los trabajadores de la distribución. Esos derechos deben negociarlos libremente los trabajadores con sus empleadores. No se está obligando a nadie por la fuerza a trabajar en festivo. Con total desvergüenza, como es habitual, los sindicatos aseguran que el calendario actual satisface plenamente las necesidades de los ciudadanos y que detrás de la voluntad liberalizadora está la intención de favorecer a los centros comerciales frente a las pequeñas tiendas que van perdiendo competitividad. A quien se defiende en realidad es al ciudadano de a pie, a quien los sindicatos no representan en absoluto y cuyas preferencias falsean; el consumidor con su dinero es quien decide si es rentable o no abrir en festivos cualquier tipo de tienda.

Los liberticidas no siempre están motivados ideológicamente; a menudo simplemente defienden sus privilegios ilegítimos con discursos falaces y demagógicos. Es el caso de Ignacio García-Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), quien quiere asustarnos con que "el domingo sale caro". Este personaje nos recuerda que los precios de alimentación en España son de los más bajos de Europa, en parte por la fuerte competencia que existe en el sector; y asegura que esto se debe en buena medida a la regulación estatal, que es buena, soluciona problemas, garantiza la competencia y trata de impedir abusos, así que cuidado con cambiarla. Además, la regulación española de horarios comerciales, comparada con las de otros países europeos, es una de las que más flexibilidad permite a los empresarios: la inmensa mayoría de los establecimientos comerciales tiene libertad absoluta de horarios y apertura en festivos.

Efectivamente sus asociados son parte de esa mayoría "liberada" a quienes no conviene que los otros también se liberen. Esos otros que tal vez son minoría como número de empresas, pero que quizás son mayoritarios si se contabilizan sus consumidores y ventas. No es extraño que él, beneficiado de la regulación, aplauda al regulador. Y total, para qué pedimos más si en otros sitios están peor…

García-Magarzo afirma con total descaro que sólo son las grandes superficies quienes piden cambios en la regulación, y que usan como excusa los intereses de los consumidores, ocultándoles que la liberalización implicaría un incremento de los precios (inevitable según su peculiar "racionalidad económica"): "sólo una subida de precios puede ser la consecuencia de aumentar los costes de todo tipo de las empresas –abriendo un día más– sin aumentar las ventas, ya que el gasto depende de las necesidades reales de las personas que, lógicamente, no aumentan por disponer de un día más para comprar. ¿Se puede evitar ese incremento de precios aumentando la eficiencia? Sí, pero, hoy por hoy, sólo cabría hacerlo de una forma: eliminando competidores."

El cuento intervencionista de siempre: los consumidores somos tontos manipulados que pedimos libertad contra nuestros propios intereses; además tenemos unas "necesidades reales" invariables que sólo podemos redistribuir temporalmente. Y ya es patético pretender que se puede ganar eficiencia eliminando competencia. La verdad es que impedir la libertad de horarios de apertura perjudica a los consumidores que ven limitadas sus opciones. Si algunos comerciantes no sirven adecuadamente sus intereses deben adaptarse o desaparecer y no mendigar protección legal. Lo que suceda con los precios es imposible saberlo con seguridad: no es correcto ver sólo los incrementos de costes, pues también se estará aprovechando mejor el capital fijo y quizás eso permita mejores márgenes. La liberalización no obliga a nadie a abrir todos los días, y si hacerlo le supusiera a alguna empresa un incremento de costes excesivo podría ocupar el nicho de precios bajos con menos días de apertura. Pero en muchos casos, teniendo que asumir los costes fijos por el alquiler del local, a los comerciantes les interesa aprovechar las oportunidades de negocio de todos los días de la semana. Y aunque los precios subieran en general, tal vez los consumidores lo preferirían si así pudieran hacer sus compras con menos agobios y restricciones temporales.

Siguiendo con su "lógica": ¿El sábado también sale caro? ¿Y el viernes? ¿Por qué no abrir sólo un día a la semana y así ahorrar costes de verdad?

La viabilidad de la reserva fraccionaria

La economía neoclásica asume en su práctica totalidad que la reserva fraccionaria (esto es, la obligación de los bancos de mantener en reservas sólo una parte o fracción de sus depósitos) es posible sin generar efectos perversos sobre el resto de la sociedad. La escuela austriaca, por otro lado, concluye en su mayoría que la reserva fraccionaria provoca el ciclo económico y las crisis bancarias.

El debate, en realidad, se encuentra mal enfocado. El problema no es tanto si los bancos deberían conservar en todo momento el 100% de sus depósitos en forma de reservas monetarias, sino si pueden o no incurrir en situaciones de iliquidez, es decir, situaciones donde el plazo de vencimiento de sus pasivos sea inferior al plazo de vencimiento de sus activos.

Con esto quiero decir que es posible que los bancos no mantengan el 100% de sus depósitos en forma de reservas monetarias pero que, aun así, sigan siendo líquidos. El sistema bancario sí debe sujetarse a una reserva del 100%, pero del 100% en forma de activos líquidos: oro y letras de cambio. Muchos austriacos se equivocan al restringir los activos líquidos al dinero; muchos neoclásicos yerran mucho más al considerar que la iliquidez bancaria es un problema que puede solventarse con buena planificación y con la intervención del Banco Central.

Por consiguiente, los bancos pueden utilizar sus reservas para participar en el mercado monetario. Como grandes depositantes de oro, pueden descontar letras de cambio (y adquirir la diferencia entre el tanto descontado y el valor nominal) o servir como cámaras de compensación de depósitos y letras.

Esto implica que en un sistema monetario libre, los bancos podrían emitir billetes respaldados parcial o totalmente por letras de cambio, sin que cupiera considerarlos una duplicación inflacionista de la "masa monetaria".

La razón es sencilla y se la conoce como la "ley del reflujo de Fullarton". Los bancos emiten billetes respaldados por oro y letras (o sólo letras) que no son más que pasivos que ellos mismos aceptan por su valor nominal, esto es, son deudas del banco para con su tenedor que permiten saldar créditos de igual importe con el banco. El reflujo se da cuando los billetes (pasivos) emitidos por el banco fluyen hacia él para pagar las letras (activos) que había descontado previamente con esos billetes.

El proceso tiene su importancia para, por ejemplo, organizar el pago de los salarios. Un fabricante entrega a su distribuidor las mercancías y éste le entrega una letra de cambio. Sin embargo, el fabricante tiene que pagar a sus trabajadores antes de que venza la letra. Para ello tiene dos opciones: o pagar a los trabajadores con cargo a sus ahorros (con lo que dispondrá de menor capital para invertir) o bien acudir a un banco a que le descuente la letra.

El banco puede entregarle oro o bien puede adquirir la letra emitiendo billetes. El fabricante tomará esos billetes y los entregará a los trabajadores quienes, a su vez, tratarán de utilizarlos para comprar las mercancías que posee el distribuidor. El distribuidor aceptará los billetes ya que le servirán para pagar la letra descontada que se encuentra entre los activos del banco. Con el vencimiento, el banco saldará la letra con sus billetes: una vez las mercancías hayan llegado al último consumidor, letra y billetes desaparecerán de la circulación.

El sector bancario ha actuado como una gran cámara de compensación, donde las deudas y los créditos de fabricantes, distribuidores y trabajadores/consumidores se han compensado entre sí. No ha habido necesidad de movilizar el oro ni de recurrir a los ahorros: las mercancías han circulado y se han intercambiado en última instancia mediante el trueque.

Si el sistema funciona correctamente, no puede haber “pánicos bancarios”. Los pánicos se generan por dos motivos: el primero es que el sistema bancario se vuelva ilíquido (o existan sospechas de que se ha vuelto ilíquido) y los depositantes se enteren de ello, con lo que acudan en masa a retirar los depósitos. El segundo es que los depositantes acudan al banco en cuantía superior a la prevista y el banco no tenga fondos para devolverles sus depósitos (con lo que se extiende la sospecha de iliquidez).

En principio, si los bancos mantienen sus reservas en oro y letras, no hay razón para que la gente sospeche que el sistema bancario se ha vuelto ilíquido. Pero si aun así lo creyera por error y acudiera en masa a retirar sus depósitos, hay que tener presentes que las letras vencerán en oro en un plazo muy breve, por lo que con una corta espera, todos los depositantes cobrarían y el pánico se disiparía.

Además si los depositantes acuden al banco en un número superior al previsto y éste no puede pagarles en oro, siempre puede pagarles en billetes. Los depositantes podrán utilizarlos para adquirir mercancías ya que los distribuidores las aceptarán para saldar sus deudas al vencimiento.

Muchos austriacos yerran al considerar que esta modalidad de la reserva bancaria es nociva: no ha habido expansión de la estructura productiva, porque no se han trasvasado fondos desde el mercado monetario al mercado de capitales; esto es, toda la inversión sigue proviniendo de ahorros reales.

Ahora bien, este sistema sí puede funcionar mal cuando el banco emita billetes no respaldados (con lo que tendrá más deudas que créditos), descuente letras de mala calidad (gente poco solvente o mercancías poco líquidas) o alguno de los actores retenga los billetes del banco en su saldo de caja (de modo que no se produce el reflujo).

Es por ello que el oro sigue siendo el baluarte último de la liquidez de todo el sistema. Al funcionar como mecanismo para saldar los saldos acreedores netos, permite poner coto a los problemas anteriores. Cuando un banco sobreemita billetes, terminará con un saldo deudor en las cámaras de compensación que tendrá que saldar con cargo a sus reservas de oro. Lo mismo sucederá cuando descuente letras de mala calidad (una letras impagada equivale a una sobreemisión de billetes). Y cuando un actor retenga los billetes, tendrá que saldar su deuda en oro con el resto de los actores.

Pero junto a esta función limitadora de la iliquidez del sistema bancario, el oro también es la unidad en la que tanto los precios de las mercancías, los salarios y, sobre todo, el valor nominal de las letras y de los billetes se expresa. El oro es lo que permite compensar los saldos y que todo el sistema funcione.

En otras palabras, resulta erróneo pensar que puede prescindirse del oro en un sistema monetario. Sin oro las letras y los billetes sólo circularán merced al curso forzoso y los resultados serán el señoriaje inflacionista y la iliquidez de los balances bancarios como precedente de la crisis económica.

La política del Emmental

El propio Gobierno habla del motivo de la política de erosión de las cuentas públicas a base de hacerle más agujeros que a un emmental, para repartir lo horadado a distintos grupos sociales, que se identifican con potenciales votantes. Y lo llama objetivos sociales.

La idea pasa por hacer que la gente se identifique como el grupo al que pertenece o se le hace pertenecer (jóvenes, por ejemplo), destacar de éste un aspecto concreto de sus necesidades (vivienda) y hacer las propuestas con mirilla.

¿Qué las deducciones no lograrán en realidad rebajar el alquiler sino transferir el beneficio fiscal a los propietarios? No importa, porque en la política como en cualquier aspecto de la vida lo que nos mueve no es la realidad sino nuestras ideas sobre cómo sea esta. Y si la gente no llega a dudar de la efectividad de la medida, lo verá con buenos ojos.

Uno tras otro, el Gobierno va haciendo agujeros al Presupuesto y ofreciéndoselos a los futuros padres, a los futuros clientes de Ikea, a niños de visita al dentista… Sobre ello ha ofrecido una pequeña rebaja fiscal. ¿Qué puede hacer la oposición frente a la política de Zapatero?

Rajoy ya ha adelantado sus intenciones, sin precisarlas, se hacer una verdadera rebaja fiscal frente a los "regalos" del Gobierno. Su partido, que ha adoptado un discurso integrador de todos los españoles en otros ámbitos de la política (unidad y solidaridad frente al nacionalismo), podrá engarzar el mismo mensaje en materia fiscal y de paso reconciliarse con lo que propone la mejor teoría sobre los impuestos.

Podría eliminar hasta donde quepa deducciones y beneficios fiscales, reducir el número de tramos y bajar los tipos, lo que nos haría a los españoles un poco más iguales ante la ley. De este modo no se nos consideraría miembros de un grupo, sino ciudadanos responsables. Uniría las virtudes económicas con las ciudadanas.

Y la Monarquía, ¿qué?

La crisis que vive España, con su identidad convertida en tabú, los nacionalismos exacerbados y los odios rociados con gasolina tiene nombres y apellidos. La acotan fechas y lugares. Responde a un propósito, a una estrategia y a una ejecutoria.

Su principal instrumento es el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Ha recuperado a las dos Españas y los viejos enfrentamientos, con todas sus categorías. La derecha no tiene derecho a acceder al poder y cuando llega lo ejerce de forma ilegítima. La Iglesia debe quedar proscrita de cualquier actuación del Estado, que por otro lado ha de convertirse en un instrumento de transformación social. Para librar ambas batallas el socialismo se alía con los nacionalismos, que a su vez le ayudarán a romper otro sentimiento compartido: el de pertenecer a una misma nación. España es una abstracción. Por eso en época de Franco "no había españoles", según dijo Zapatero, y por eso su patria "es la libertad"; la suya, se entiende, para hacer de los españoles meros peones en sus ensoñaciones de transformación social.

No es que este proceso no se pudiera atisbar desde muy pronto. Además Zapatero no ha permitido un receso a su política, y desde el aislamiento internacional hasta la memoria histórica pasando por la negociación con ETA ha ido siempre en la misma dirección. ¿Hasta dónde se plantea llegar? Como no se espabile el PP, no lo sabremos hasta la próxima legislatura, pero él no va a dar un paso atrás.

En estas circunstancias la cuestión es otra. Si los españoles no le desalojan del poder, ¿hasta dónde le permitirán llegar los ciudadanos y las instituciones? Digámoslo claro: ¿hasta dónde le va a permitir llegar el Rey? ¿Qué le impide dejar claro ante los españoles que hay límites que no va a permitir que se crucen? ¿A qué tiene miedo, si contaría con el refrendo mayoritario de los ciudadanos? No voy a especular con las respuestas. Pero esta deriva puede llegar a un punto de no retorno en el cual un llamamiento a la dignidad de las instituciones, cuando ésta haya sido barrida por las hordas intelectuales y mediáticas social-nacionalistas, sea completamente inútil. Y la última de las instituciones, o la primera, acabará por convertirse en un estorbo meramente temporal.

¿En qué quedó aquello del agujero en la capa de ozono?

En esta época de fieros debates sobre el calentamiento global, sus consecuencias y el protocolo de Kyoto como posible tabla de salvación, no está de más echar la vista atrás a otro problema ecológico cuya solución necesitó de un acuerdo entre todos los países del mundo. El pasado 16 de septiembre se cumplieron 20 años del protocolo de Montreal, en el que 40 naciones acordaron una reducción en el uso de los CFC para evitar que la capa de ozono adelgazara. Se fueron sumando más países y para 2010 todos habrán dejado de producirlos y consumirlos. El temor que causó esa reacción fue que ese fenómeno permitiera la llegada a la superficie de rayos ultravioleta B (UVB), radiación absorbida por el ozono, lo que produciría un aumento en los casos de cáncer de piel, además de daños diversos a multitud de especies.

La raíz, la aprobación y los resultados de esta medida presentan unos notables paralelos con el caso del calentamiento global. Una teoría presentada como un hecho cierto e indiscutible, apoyada por el consenso científico. Unos cuantos escépticos apuntando a la variabilidad natural, y no a la acción del hombre, como origen del problema. Una campaña mediática que provoca que los políticos se apunten al principio de precaución y prohíban el uso de unos compuestos químicos que no se sabe a ciencia cierta si son dañinos o no, con un impacto mayor en los países pobres, que tienen menos recursos disponibles para acceder a las alternativas, más caras.

El caso es que desde que se prohibieran los CFC, la histeria mundial pasó a centrarse en el calentamiento global y el dióxido de carbono, dejando el ozono en un segundo plano. Sin embargo, la teoría decía que parte de los compuestos químicos que ya estaban en la atmósfera tardarían entre 75 y 100 años en desaparecer, de modo que tendríamos que sufrir las consecuencias del daño que ya habíamos hecho; el protocolo de Montreal era una solución a largo plazo, porque a corto no teníamos ninguna. Sin embargo, el ozono hace mucho que dejó de desaparecer en la Antártida, que es el único lugar donde se tenía constancia que lo estuviera haciendo.

El caso es que el famoso agujero en la capa de ozono no era en realidad tal: se trataba de un adelgazamiento, no de una desaparición de este gas, y se limitaba a un periodo de tiempo corto; en el comienzo de la primavera en el hemisferio sur (septiembre-octubre), la concentración de ozono descendía para luego volver a la situación normal. Y aunque es cierto que el problema se incrementó durante los años 80 hasta el 87, también lo es que desde entonces se ha mantenido más o menos estable, pese a que la concentración de CFC en la atmósfera no empezó a disminuir hasta finales de los 90, como reconoció la Organización Meteorológica Mundial (WMO), habiendo crecido hasta entonces.

La propia Greenpeace lo reconoce implícitamente cuando, para indicar la gravedad del problema, pone cuatro imágenes de satélite correspondientes a 1980, 1983, 1986 y… ¡1998! Lo que quieren hacernos creer es que el "agujero" ha seguido aumentando, año tras año, incansablemente. Sin embargo, las cifras son claras. De 1982 a 2006 el tamaño del mismo, en millones de kilómetros cuadrados, según la NASA, ha seguido esta serie: 4, 8, 10, 14, 11, 19 (aquí se aprobó el protocolo de Montreal), 10, 18, 19, 18, 22, 23, 22, 22, 22, 21, 26, 23, 24, 25, 12, 25, 19, 24, 26. Como se ve, después de aumentar notablemente durante los años 80 parece que la cosa se ha estancado desde entonces.

Pero el problema es mayor aún. Debemos recordar que el riesgo del que se nos alertó no se refería a la disminución de ozono, sino a que eso dejaría entrar más rayos UVB, lo que afectaría a la vida marina y produciría un aumento en el número de casos de cáncer de piel. Pero la propia WMO reconoció que la variación en la llegada de esos rayos a las zonas pobladas de la tierra no presenta ninguna tendencia significativa durante todo ese periodo, y que en todo caso su posible aumento debido al ozono se perdía entre la variabilidad de fondo. Y aunque los melanomas han aumentado durante el periodo comprendido entre 1970 y 1990, es difícil separar el posible efecto de los problemas en la capa de ozono con los relacionados con el aumento en el nivel de vida, cambios en las costumbres y mejora en la detección.

En definitiva, por más que la ONU defina Montreal como "el más exitoso tratado internacional hasta la fecha" y considere que no da "un mensaje de esperanza para trabajar cooperativamente en pos de solucionar los grandes problemas medioambientales", lo cierto es que la realidad no es tan hermosa. Sin duda, tuvo éxito en aquello que materialmente buscaba lograr, es decir, acabar con los CFC. Pero que haya mejorado en algo el medio ambiente al hacerlo es dudoso. Eso no quita para que, ahora que la atención del público está en otra parte, las organizaciones internacionales y ecologistas celebren su éxito como un inmenso beneficio para la humanidad. Ya se sabe que nadie las va a pedir cuentas nunca por sus errores.

Sin embargo, también es cierto que tampoco ha afectado en exceso a la economía; en ese aspecto, no juega en la misma liga que el protocolo de Kyoto, que obliga a enormes sacrificios para unos resultados mínimos e indetectables dentro de la variabilidad natural del clima. Se esté o no a favor de estos grandes tratados, examinando los sacrificios a los que obliga con respecto a los hipotéticos beneficios que obtendrá, Montreal sale mucho mejor parado que Kyoto, de largo. Algo que debería hacernos pensar un poco.

Pollos y gallinas

Aquí hay varias cuestiones básicas que merecen la pena ser recordadas. Todo el mundo quiere vender caro y comprar barato. A la gente le cuesta enormemente pujar para comprar más caro y vender más barato. No sé si será genético, cultural o el resultado de seres racionales interactuando en un entorno de escasez. Incluso me atrevería a apostar que Berenguer prefiere cobrar más que menos y pagar menos por su casa que pagar más.

La cuestión de fondo es por qué suben los precios de los alimentos básicos. Según Berenguer, podría deberse a las declaraciones de empresarios y directivos del sector alimenticio. Es lo que algunos economistas llaman actos focales. Vamos, que esas personas tratan de focalizar la atención sobre unos productos determinados para aumentar la demanda y subir el precio. Señor mío, esto es lo que tratan de hacer todos los empresarios, y con mucha razón. Pero si para subir el precio de los alimentos bastara con gritar "¡ay, cuánto me temo que tendremos que subir los precios!", viviríamos remando en el río de los lloriqueos. Si los actos focales funcionaran automáticamente, todos los empresarios los llevarían a cabo a diario. El problema sería que no todos los precios podrían aumentar. Si la gente gasta más en patatas, tendrá que gastar una porción menor de su renta en otros bienes focalizados.

Biocombustibles

Ocurre, sin embargo, que casi todos los precios suben. Unos más que otros, claro. El pollo suele ser culpado cada trimestre de provocar inflación. En realidad, las culpables son las gallinas: aquellos que quitan poder adquisitivo al dinero con el que todos salimos adelante y no se atreven a dar la cara ante la ciudadanía. Me refiero a los políticos y sus burócratas. Los precios no paran de subir porque nuestras gallinas no paran de darle vueltas a la maquinita de hacer dinero. Además, han disparado el coste de la producción alimenticia subvencionando los biocombustibles.

Bajo esas circunstancias, los empresarios hacen lo que pueden para no hundirse con el valor de la moneda envilecida y la subida artificial de los costes. El colmo de la perversión política es amenazar a los políticos por tratar de salvarse de la quema orquestada desde el Banco Central y el Ministerio de Medio Ambiente. Y tiene gracia que quienes ostentan el monopolio de decidir quién ejerce acciones monopolísticas culpabilice a los castigados empresarios del sector alimenticio. ¿Será ésta una actuación focal de Berenguer?

A las barricadas

Los comentarios vertidos en sus foros contra el antaño conocido como "El rey del pollo frito" le han costado a la web una sentencia que condena a sus responsables a pagar una indemnización de 6.000 euros al que fuera uno de los comentaristas habituales de Crónicas Marcianas.

La argumentación del fallo judicial es sorprendente. En la sentencia se reconoce que el artículo 16 de la LSSI exime a la web por comentarios vertidos en la misma por los internautas debido a que no había una comunicación judicial de que aquellos eran ilegales. Pero a continuación asegura que dicho artículo no tiene valor por el simple motivo de que Alasbarricadas.org no informa de los datos de contacto obligatorios que contempla el artículo 10 de la misma ley. Aquí el juez se olvida de una cosa fundamental, que mientras todo este articulado es aplicable para sitios con ánimo de lucro, el web al que se ha juzgado y condenado no lo es. De hecho, esta sentencia va en línea contraria a la de fallos judiciales en casos anteriores.

La LSSI es negativa en muchos sentidos, aunque bastante menos que la ley con la que pretende sustituirla en actual Gobierno. Eso no quita para que tenga algún aspecto positivo. Y uno de ellos es precisamente el artículo 16, que busca mantener un equilibro entre la libertad de expresión y los derechos de terceros contemplados en el ordenamiento jurídico (como al honor o la no suplantación de personalidad). Por eso mismo resulta preocupante que una sentencia haga caso omiso de él por una cuestión técnica que, además, en este caso no es aplicable.

Tras una sentencia en la que se condenaba a un joven por los comentarios anónimos vertidos por un lector, aunque los argumentos condenatorios en el fallo eran distintos, escribí que este tipo de doctrina puede hacerme culpable de los insultos que puedan poner contra mí en los comentarios de mi bitácora. Eso se aplica también en este caso. Si se generalizan pueden provocar un masivo cierre de foros y que en muchas bitácoras se deshabiliten los comentarios. Se crea un clima de inseguridad jurídica que puede llevar a muchos a moverse con una cautela extrema para no tener problemas en los tribunales. El único que tiene algo que celebrar es Ramoncín.

María Cristina nos quiere expropiar

La última iniciativa para garantizar nuevos derechos de ciudadanía es la reforma de la Ley de Patrimonio, según la cual el Gobierno podrá expropiar cualquier terreno o inmueble existente que suponga, a juicio de la ministra, un "factor de perturbación", como por ejemplo que esté cerca del hábitat de una rara familia de artrópodos sobre la que pese la sospecha de una próxima extinción, por culpa del cambio climático, claro.

Las zonas costeras será probablemente las queden más expuestas a la creatividad medioambiental de la Narbona, que gracias a su flamante ley va a tener barra libre para expropiar lo que considere oportuno. Por supuesto lo hará por el bien de todos nosotros, incapaces de elegir el lugar de nuestra segunda residencia, y especialmente en las provincias gamberras, donde la gente ni siquiera sabe votar al partido correcto.

El asunto es preocupante y en algunas zonas puede adquirir tintes dramáticos. Por ejemplo, en la costa almeriense cercana a Murcia, donde muchos altos cargos socialistas se han construido sus chalets de progreso sin respetar la franja costera de quinientos metros establecida por la ministra a modo de línea Maginot para contener las ansias depredadoras del ladrillo salvaje.

Puesto que el Gobierno de Rodríguez Zapatero, a juzgar por la recientemente inaugurada línea de publicidad institucional, lo es también de España, lo más probable es que la Narbona comience su tarea purificadora dando ejemplo en la bonita localidad almeriense que acoge el descanso estival de sus colegas de partido, seducidos en un momento de debilidad por el señuelo del urbanismo irracional. El día que ZP, Marín, Almunia y Sebastián vean aparecer en lontananza una división de bulldozers dirigida desde el capó de la excavadora insignia por Cristina Narbona, con traje negro de látex y látigo de nueve colas, se darán cuenta de hasta qué punto es peligroso dejar tanto poder en manos de una ministra que ha hecho de la ecuanimidad y el rigor ético sus principales líneas de acción política.

Y todo por no explicarle a la ministra justiciera que eso de suprimir el derecho a la propiedad privada va dirigido solamente contra las comunidades autónomas gamberras. ZP aún está a tiempo de solucionar el malentendido. Tan sólo se necesita distinguir en el mapa de territorios sujetos a la expropiación forzosa los que son de progreso de los que no lo son. Es fácil, sólo hay que pintar de azul mahón las comunidades de Murcia, Valencia y Madrid. A ver si así la gente se entera de una vez de lo que tiene que votar.