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La democracia y la lucha por la libertad

Se ha hecho famosa la idea de Karl Popper sobre la democracia según la cual su mayor virtud es que ofrece la capacidad de cambiar de Gobierno sin violencia. Ciertamente es una idea cargada de cinismo y realismo al mismo tiempo. Quizá jamás se haya dicho nada tan cierto y favorable a la vez sobre el sistema democrático. Dice el filósofo:

La democracia no se puede caracterizar por completo como el gobierno de la democracia (), pues una mayoría podría gobernar de un modo tiránico. En una democracia los poderes de los gobernantes han de estar limitados. En una democracia, los gobernantes (esto es, el gobierno) pueden ser expulsados sin derramamiento de sangre.

No se puede decir mucho más en su favor. Pues, estrictamente hablando, y como comienza a sugerir en las primeras palabras de esta cita, hay una contradicción esencial entre el principio democrático y el principio de la libertad. Según el primero, el mayor número decide. Según el segundo, cada individuo decide sobre sí mismo y lo que le pertenece, sin ninguna intervención de un tercero que no sea asumida y aceptada. Si Pedro y Juan deciden que Ana debe dedicar la mitad de su trabajo a ellos, la situación será perfectamente democrática, pero no tiene lugar en una sociedad libre.

Si observamos el sistema democrático desde una perspectiva histórica, su explicación a la vez más sucinta y certera es la teoría de la difusión del poder de Powelson; esto es, la idea de que los diversos grupos sociales se han visto forzados, en determinadas sociedades, a llegar a acuerdos, a compromisos entre sí para alumbrar un sistema político que, si no les daba el poder absoluto, al menos les acogiera. La generalización de ese proceso ha llevado a la recuperación del ideal democrático, primero con una base social de propietarios y luego con el sufragio universal.

Poco a poco el ideal democrático ha ido ganando terreno y el de la libertad se ha visto más y más comprometido. Ya no somos una comunidad de hombres libres, sino una sociedad que elije a unos representantes que dictan normas para todos. El liberalismo ha intentado refrenar el poder mediante constituciones, pero como reconoce Friedrich Hayek ese camino ha resultado en fracaso. El poder siempre avanza y sólo necesita revestirse de democracia para hacerlo. De hecho, una de las consecuencias más negativas de la democracia es que otorga un halo de legitimidad a un proceso, el político, que es esencialmente injusto.

Básicamente hay dos formas de producción, la económica y la política. La primera es la que tiene como base la propiedad y el libre intercambio y la segunda la extracción coactiva por parte del Estado. La democracia fomenta esta última, ya que el discurso político se desplaza hacia la cesión de renta o riqueza a grupos lo suficientemente mayoritarios, organizados o poderosos como para sacar partido del proceso. Cada avance en ese sentido, además, acrecienta el poder de quienes están en el Gobierno.

Frente a todo ello no es que la sociedad esté totalmente inerme. Es cierto que hay enormes dificultades para ejercer un control efectivo del poder. En términos estrictamente democráticos, sólo cabe votar cada cuatro años. Pero como lo que se elige es a representantes o partidos políticos, sólo se pueden "comprar" paquetes enteros, sin poder rechazar una parte de los programas. Y eso una vez cada cuatro años, no a cada momento, como en el mercado.

Pero eso no quiere decir que no quepa hacer nada. Por supuesto que se puede favorecer un cambio político que lleve a una reforma constitucional más liberal. Los propios cauces abiertos por lo que reste de Estado de Derecho son perfectamente válidos. Pero hay que ir más allá, aunque en este aspecto sólo quepa confiar (¿quién se lo reprochará a los liberales?) en el esfuerzo individual y en el de los grupos creados por la sociedad civil.

Es necesario tomarse las libertades por la propia mano, estén reconocidas por la legislación o no. Cada cual debe juzgar hasta dónde se puede llegar, pero el derecho a la objeción de conciencia, a la revuelta civil, a ignorar el Estado nos pertenece a todos. Y el uso, la costumbre, sigue siendo una fuente importante de presión política. No la desaprovechemos.

Ben “Helicóptero” Bernanke hace de las suyas

En 1969 se publicó un libro de Milton Friedman llamado The Optimum Quantity of Money donde el autor describe mediante un ejemplo cómo escapar a la deflación y a las trampas de liquidez. La suposición de Friedman consiste en tirar dinero desde un helicóptero para dar liquidez inmediata a individuos y empresas. El actual presidente de la FED quedó maravillado con esta suposición afirmando que "el Gobierno tiene una fantástica tecnología llamada imprenta que le permite crear tantos dólares como quiera sin coste alguno. (…) Actuando así, el Gobierno puede reducir el valor de la moneda en términos de bienes y servicios (…) creando mayor gasto, y por lo tanto, inflación positiva."

En el discurso, Bernanke menciona su admiración por el helicóptero de Friedman y a la vista queda cómo lo interpreta él: inyecciones de liquidez y bajadas de tipos, tanto en los fondos federales como en el de descuento. Este último por partida doble, ya que la primera bajada fue en agosto. Estas medidas sólo significan una cosa: más inestabilidad futura, o como diría Bernanke, más "inflación positiva". La misión de las inyecciones de liquidez, o entradas de dinero al sistema, era paliar la crisis, algo que no han conseguido. ¿La bajada de tipos servirá de algo? Pues tampoco, salvo para empeorar la situación.

La manipulación de los tipos de interés no tiene un efecto inmediato en la economía. Las consecuencias de su modificación suelen tardar en aparecer, según el escenario, más de medio año, ya que la alteración de los parámetros ahorro y gasto significa una reestructuración desigual de la estructura productiva, y esto lleva tiempo. ¿Se da cuenta ahora de la barbaridad que han hecho Bernanke & Co.? La FED ha usado una herramienta a largo plazo para poner coto a un problema en el corto plazo. Esto significa que la FED no ha hecho más que echar más leña al fuego, creando una ficción de bienestar que repercutirá negativamente en el futuro con más inflación y una economía que crecerá sin fundamentos en términos de producción real. Corremos el riesgo todos, no sólo Estados Unidos, de enfrentarnos a una crisis mayor de aquí a un año o dos.

Esta situación no es nueva. Viene repitiéndose recurrentemente desde hace décadas y a medida que avanzamos en el tiempo observamos como los ciclos cada vez son más volátiles y las crisis más cercanas entre ellas. Ideas de bombero como tirar dinero de un helicóptero, darle a la imprenta, inyectar dinero al sistema o bajar tipos por presiones políticas y mediáticas no harán que funcione mejor la economía, porque la inflación crediticia no es su motor, sino su cáncer. No se puede buscar el crecimiento continuo, entre otras razones porque es imposible; la economía se ha de adaptar a las preferencias de los actores que la componen. El sistema actual funciona al revés, con funcionarios dictándoles a qué ritmo han de bailar la música. El medio se ha confundido con el fin.

Uno de los primeros pasos para acabar con esta situación que parece no tener solución es aceptar que el sistema monetario fiduciario en el que nos encontramos –creación de dinero sin respaldo de ningún tipo– es un error teórico y práctico que tiende a ser más inestable a medida que pasa el tiempo.

Tal vez sea el momento de pensar alternativas rupturistas y que tengan un auténtico sentido económico, esto es, dinero respaldado con activos reales, ya sea un patrón oro, plata o de otro tipo, que nos prevenga de los males de un papel-dinero inflacionista sin más respaldo que las vanas promesas de un burócrata.

El capitalismo es cosa de pobres

Todos los años por estas fechas, cuando comienza el curso académico, se repite la misma escena. Un profesor pregunta a sus alumnos: "¿Cuál es el problema básico que estudia la economía?". Alguno de ellos, en representación del resto responde: "La escasez". Claro, si todo fuera abundante no habría pobreza, penuria, hambre… los economistas no tendríamos trabajo. Y, así, tontamente, el mal está hecho.

En realidad, el problema económico básico, si se pueden simplificar tanto las cosas, no es la escasez, sino qué haces con ella. El matiz es revelador.

Cuando se dice que la economía es la ciencia del fracaso porque no ha sido capaz de acabar con la pobreza se distorsiona el enfoque. Si no estuviéramos tan acostumbrados a hablar en estos términos y le echáramos imaginación podríamos pensar que se trata de una pelea de superhéroes. La Economía con sus superpoderes no ha sido capaz de acabar con la Pobreza, malvada supervillana que azota a medio mundo. Lo cierto es que la pobreza es una ficción. Lo que existe en la realidad son pobres, es decir, personas que no tienen recursos para sobrevivir. Cuando los economistas nos preguntamos qué hacer para acabar con la pobreza obviamos que quienes tienen que hacer algo son los pobres y que se trata de que puedan efectivamente emprender acciones que les saquen de esa situación. Y para eso, si hay algo que los economistas podemos hacer, es dejar que se hagan responsables de su futuro, es decir, darles la libertad de elegir cómo quieren salir.

Los especialistas que estudian la pobreza desde sus despachos me dirán que hablar de libertad de elegir refiriéndome a los pobres es cuando menos obsceno. Pero, muy al contrario, ese es precisamente el problema. Generaciones de miseria condicionan la manera de afrontar la vida; el papel del ahorro cuando la muerte está a la que salta no tiene mucho sentido. No es que los pobres no sean capaces de ahorrar. Lo son, pero solamente cuando son capaces de vislumbrar el día de mañana. Y tal vez ese es el ámbito de la ayuda: las expectativas de beneficio se crean en el mercado sobre la base de la propiedad privada. Abrámosles las puertas.

Una vez que hay posibilidad de futuro, se trata de que decidan en qué emplean su tiempo-dinero-energía, libres de deberes para con un general corrupto, un monopolio que disfruta de la alianza con los políticos y destruye la competencia o para con determinadas instituciones de los países pudientes que, con el pretexto de la solidaridad, aumentan la carga de las familias a quienes se supone que van dirigidas sus acciones caritativas. La ayuda crea deuda. Eso no lo dicen los burócratas cuando presentan sus informes sobre los remedios para la pobreza. Ni qué parte del presupuesto se queda por el camino o si es un pago para que alguna empresa de nuestro país consiga una contrata o venda armas medio obsoletas y afiance al general corrupto en el poder. Eso es lo que impide que afloren empresarios oriundos y que el capitalismo, por fin, triunfe en los países pobres. Y cuando hablo de capitalismo, no hablo de un superhéroe, hablo de gente que quiere lucrarse, gente que quiere ganar dinero con su negocio y que para ello arriesga, compite y trabaja. Así de simple.

William Nassau Senior decía que el Estado, en la medida que evita que los menos previsores sufran las consecuencias y los más trabajadores y capaces disfruten de su recompensa, fomenta la holgazanería y agrava la pobreza.

Yo añadiría que, en nuestros días, la principal fuente de corrupción son aquellos gobiernos que, no contentos con robar a los pobres propios, roban también a los ajenos. El sistema político en el que vivimos fomenta que las personas que hay detrás de la institución del "Gobierno" tengan incentivos para obtener beneficios mintiendo y engañando. Como dice la canción: no es ningún trofeo noble. Y, sin embargo, el coste de oportunidad de persistir en este comportamiento disminuye a medida que aumenta el número de personas involucradas. Además, los ciudadanos no vamos a protestar cuando en la etiqueta del "pastel" pone "ayuda al desarrollo". El círculo se cierra.

Mientras unos no tengan posibilidad de ser capitalistas (es decir, personas libres con ánimo de lucro) y los otros sigan teniendo incentivos para frenarles el camino, seguirán muriendo personas de hambre. Sencillo, ¿no? Henry Hazlitt lo deja aún más claro en su libro The Conquest of Poverty. En él repasa los falsos remedios que se predican desde los despachos como pócimas milagrosas: las leyes de pobres, la promesa de un puesto de trabajo, la contraproducente lucha de los sindicatos, y así hasta llegar al Estado del bienestar. Hazlitt apunta dos falacias que aún hoy siguen vigentes en el estudio de la pobreza. La primera, que no se ayuda realmente si el remedio es a corto plazo o apunta a un grupo seleccionado de personas. Las consecuencias a largo plazo o para el resto de los desfavorecidos suele ser la opuesta a la prevista. La segunda: no hay tal cosa como una cantidad fija de riqueza para repartir entre todos, que es producida por una cantidad fija de capital y una cantidad fija de trabajo. La economía es dinámica. No se trata, por tanto, de producir hasta que haya suficiente para todos. Se trata de dejar que cada cual produzca para sí. De permitir que el ánimo de lucro arraigue entre los pobres y les lleve a salir por sí mismos de la pobreza. Se trata de propiedad privada y libre mercado.

¿Sólo contra el canon “indiscriminado”?

Mitterrand carecía del más mínimo interés por la teoría política y económica; su programa consistía en todo aquello que le permitiese alcanzar y, más tarde, perpetuarse en el poder. Era, por decirlo así, un animal político puro, que procuraba no adherirse a ninguna idea, fuera de izquierda, de derecha o mediopensionista, que pudiera hacerle perder un voto.

La mayoría de los políticos, en cambio, realizan esos equilibrios sobre el alambre entre sus convicciones teóricas y los deseos de los votantes, que en los grandes partidos forman un grupo heterogéneo con algunas cosas en común, generalmente importantes, y muchos desacuerdos, que dejan a un lado porque el rival suele ser mucho peor. Por eso pueden llevar en su programa más o menos lo que quieran para intentar ganar votos siempre y cuando no afecten a aquello que su electorado considera crucial o que, sin serlo, lo une frente al partido de enfrente.

Somos cada vez más los convencidos de que Rajoy confía en exceso en la movilización que provoca la presidencia de Zapatero para hacerse perdonar las puñaladas en la espalda de los votantes que considera seguros y firmes. Debería recordar lo rasuraditas que les han quedado las barbas a Piqué y Matas y mirar al espejo lo lustrosa que tiene la suya antes de volver a reírse de quienes votan de acuerdo a principios y no a siglas, que es la mayor parte de su electorado. Porque entre las innumerables traiciones, pequeñas y grandes, hay que sumar una más: en el consejo asesor que elaborará el programa electoral y que dirige Juan Costa (sí, ese que considera el cambio climático como el mayor problema que debe abordar el PP, porque eso de España y ETA son minucias) hay otro nombre digno de mención: Beatriz Rodríguez-Salmones.

La diputada, más conocida como "la titiritera del PP", ha protagonizado desde su escaño una defensa encarnizada de los intereses del lobby de los artistas, olvidando que una de las cosas que más une a quienes la han votado para que disfrute de su sueldo y de su futura pensión millonaria es la defensa de ciertos valores frente a los ataques casi unánimes de quienes se autoproclaman "defensores de la cultura". Sus decisiones en el Parlamento han demostrado que no sólo es incapaz de atraer un solo voto a las candidaturas populares, sino que bien puede alejar unos cuantos. Por eso resulta incomprensible que Rajoy la ponga a redactar el programa electoral de su partido.

Un posible banderín electoral de enganche del PP, especialmente entre la juventud, hubiera sido la defensa de un modelo de propiedad intelectual que no se basara en conceder una patente de corso a la SGAE y sus asociaciones adosadas para que esquilmaran a los consumidores de productos tecnológicos. En definitiva, que se pusiera en contra del canon. Rajoy podrá anunciar ahora que pretende poner fin al "canon indiscriminado", pero eso no deja de ser un concepto vacío y poco atractivo. ¿Qué dejará de considerar "indiscriminado"? ¿Qué no se aplique a los móviles pero sí a las cámaras digitales? ¿En qué lugar va a colocar la línea? Porque con una frase no puede hacer olvidar ni que su partido apoyó en el Congreso la ley de propiedad intelectual que legalizó el canon ni que ha premiado a la diputada que encabezó esa postura colocándola a redactar su programa electoral, especialmente cuando el mismo Rajoy está reconociendo con ella que lo del canon, siempre que sea "discriminado", no le parece mal.

Ningún votante tradicional del PP se alejaría del partido si Rajoy se pusiera radicalmente en contra del canon, indiscriminado o no, pues no sólo no afecta a las razones fundamentales de su voto, sino que además va en contra de un colectivo que lo ataca constantemente y lo tacha de fascista sin rubor alguno ni temor a perder algún día las subvenciones que le permiten sobrevivir. A cambio, muchos jóvenes hubieran podido ver que los populares apoyaban una de sus reivindicaciones, lo que les hubiera permitido pescar en un caladero que se les resiste.

Es más, si tuvieran algo de Mitterrand o de Karl Rove, talentosos ganadores de elecciones, comprenderían que pocas cosas puede haber más beneficiosas que obligar a los titiriteros a ponerse a trabajar para ganarse al público todos los días en lugar de disfrutar de las rentas y disponer así de tiempo libre en el que dedicarse a la política, casi siempre, invariablemente, en contra del PP. Pero se ve que lo único que han aprendido de los republicanos es a hacer convenciones con globitos y bloggers.

¿Viene la izquierda liberal?

El planteamiento de "La Tercera España", título más evocador que descriptivo, es prometedor. Robles reparte azotes entre la izquierda y la derecha a cuenta de las incoherencias en que caen ambas, y luego afirma: "Las ideologías no sólo se han desfigurado, también han perdido capacidad de comprender y abordar la complejidad del mundo actual".

Como quiera que en política no hay novedad sin pasado, Robles quiere asentar la nueva izquierda sobre el "pensamiento ilustrado" para "recuperar de nuevo la idea de progreso". Desde luego, ese instrumento le será eficaz, o al menos necesario, a la hora de combatir a la hidra nacionalista y sus muchas cabezas ("derechos históricos", "construcción nacional", "independencia"…). Robles da por buenos los dos pilares en que quiere basar su edificio ideológico: izquierda y liberalismo, lo cual no sorprenderá al lector de Libertad Digital; pero condena lo que considera los "subproductos" de ambas, algo así como sus borrosas y cambiantes sombras, si es que pretendemos servirnos de la célebre metáfora platónica.

Robles no se conforma con los subproductos de marras, el comunismo y el "capitalismo darwinista", sino que, como Platón, pretende alcanzar las ideas puras, en este caso la izquierda y el liberalismo, y crear con ellas una síntesis que se llamará como las columnas que publica en esta Casa: izquierda liberal. Pero, lamentablemente, cuando se pone manos a la obra parece verse superado por los susodichos subproductos.

Por lo que se refiere al comunismo, le adjudica cierta superioridad moral. No por su práctica, que condena sin paliativos, sino por lo que significa o significó: el intento de hacer realidad los ideales de la izquierda; o sea, "la idea de progreso, de ilustración, de justicia social, y de la misma libertad, entendida como fruto de la igualdad de oportunidades". El comunismo, dice Robles, produjo "un insoportable sufrimiento en nombre de ideales hermosos". ¿Por qué?  Él mismo ofrece una respuesta: "El control del poder por parte del comunismo solía venir precedido de buenas intenciones, pero a medida que se aposentaba en él y extendía su influencia a todos los estamentos sociales se convertía en totalitario".

Como es bien sabido, la historia del comunismo está ligada a la de los crímenes más inhumanos y sistemáticos: el democidio, el exterminio, la aniquilación de clases enteras… Si ésa ha sido invariablemente su hoja de servicios, no me parece fuera de lugar pedir que se argumente por qué sus objetivos eran loables o moralmente aceptables. ¿Cuáles fueron las buenas intenciones de Lenin, Stalin, Ho Chi Mihn, Mao o Pol Pot? ¿Cuáles son las de Fidel Castro y Kim Jong Il?

No niego que el principal ideal del comunismo fuera la igualdad material; en cambio, rechazo frontalmente que ésta sea un objetivo moral o bueno, en sentido alguno. Es más, dado que la sociedad libre no hace sino producir diversidad y desigualdad, y que la igualación sólo puede darse cuando media la fuerza, sostengo que la igualdad y el terror son dos caras de una moneda acuñada por el socialismo o la izquierda.

Tampoco acierta Robles cuando se ocupa del capitalismo. Para empezar, no se trata de un sistema político o ideológico. El capitalismo no ha sido creado o ideado por nadie, ni es la plasmación de un proyecto determinado. Es el fruto del libre desarrollo de las sociedades, fruto que ha sido analizado e incluso ensalzado por ciertos autores. Por otra parte, Robles le supone una teleología a la que es por completo ajeno. El capitalismo no ha despreciado nada ni renunciado a nada ni mostrado inteligencia ante tal o cual tesitura histórica: el autor de "La Tercera España" cae aquí en el antropomorfismo y atribuye al capitalismo, esa complejísima red de relaciones, un propósito, una conciencia, una unidad que en absoluto le corresponden. Las sociedades abiertas carecen de propósito: son los individuos que las habitan quienes tienen fines y motivaciones; por cierto, muy diversos, o incluso contrapuestos.

"El espíritu del comunismo nació de un afán de justicia social; el del capitalismo, de la avaricia humana". De nuevo marra Robles. Porque lo característico del capitalismo no es la avaricia, ni el egoísmo, sino la concurrencia de los fines, las necesidades, los sueños de cada persona. El motor de la acción no tiene por qué ser egoísta; de hecho, sólo tenemos que hacer un pequeño ejercicio de introspección, u observar a las personas que conocemos, para comprobar que el interés propio no tiene por qué ser egoísta. Por otra parte, cabe recordar que el comunismo jamás logró acabar con el interés propio ni con los propósitos personales, por más que los reprimiera con saña.

En otro orden de cosas, Robles tiene unas ideas sobre la economía abierta con las que no coincido, pero no les prestaré mayor atención aquí. Por ejemplo, ésa de que los beneficios son consecuencia de la explotación –bien del factor trabajo, bien de los recursos–, ya de sobra derrotada por la razón. O ésa de que las mejoras en las condiciones económicas y laborales de los trabajadores se han conseguido a costa del capitalismo: se trata de una idea bien extraña, si nos paramos a pensar en que dichas mejoras sólo se han experimentado en países básicamente capitalistas. Pero, repito, no les prestaré mayor atención. Me parece más interesante ver qué hace Robles con los mimbres con que pretende tejer el cesto de la izquierda liberal.

Robles busca una combinación virtuosa entre la izquierda y el liberalismo, algo que, como planteamiento, resulta francamente atractivo. "Si aplicamos esta filosofía a la España actual, podría ser una oportunidad para superar el sectarismo de ambas Españas y, de paso, sintetizarlas en una sincrética Tercera España llena de contrastes, pero ninguno excluyente". Sí, no se apuren, pueden decirlo: lo que está proponiendo Robles se parece mucho a la socialdemocracia. Es más: es la socialdemocracia.

No obstante, luego hace un movimiento que podría haber desembocado en una propuesta a la vez audaz y verdadera. El razonamiento ya se adivina cuando dice de la derecha española: "Es muy liberal en economía [favor que le hace], pero su liberalismo político sólo es coyuntural y su liberalismo moral, nulo". "Por el contrario", anota unas líneas más abajo, "la poca o nula capacidad liberal de la izquierda en economía se compensa con una mentalidad abierta en el liberalismo moral" (el favor, aquí, se lo hace a la izquierda). Ergo… lo que nos va a proponer Robles, de lo que habla cuando habla de la "izquierda liberal", es una izquierda que lo sea verdaderamente tanto en el plano moral (ya saben, capaz de tolerar otras formas de pensar, como la de la Iglesia) como en el económico.

¿Estamos a las puertas de ver una izquierda que deseche la quimera de la igualdad material y abrace los ideales liberales de libertad e igualdad ante la ley, que celebre el progreso y lo prescriba para todos, sin hacer de la envidia un argumento político, ni de la riqueza otra cosa que motivo de celebración? Pues no. De lo que se trata, dice Robles, es de "compaginar el liberalismo moral y la justicia distributiva de la izquierda con la capacidad productiva y la libertad individual del liberalismo". Éstos serían los "pilares básicos" de la "Tercera España" por la que aboga Robles.

Suerte.

¿Un coeficiente de caja del 100%?

En la cuenta personal no se nota porque, en un ejercicio aceptado de contabilidad creativa, no ve que sus depósitos se esfumen, aunque estén ya comprometidos en un crédito a un tercero.

No pasa nada. No todo el mundo acude a la caja al mismo tiempo, por lo que, en realidad, esa ficción de que todos tienen sus depósitos a la vista y con total liquidez se mantiene sin ningún problema. Hasta que surge algún problema, es decir. Porque entonces lo que vemos son largas colas de clientes de la entidad yendo a la caja por su dinero. Saben, en realidad, que en la caja no hay para todos. Que su depósito a la vista estaba en realidad demasiado lejos para poder percibirlo. En una hipoteca por pagar, en la compra de maquinaria por una empresa, en las cuentas en rojo de una familia que se compra un nuevo coche… En cualquier caso no en su banco.

Y es peculiar, porque nuestro ordenamiento jurídico ve con malos ojos el préstamo de los depósitos. Con los bancos hace una excepción, pero el resto de los mortales no podemos seguir su ejemplo. A Jesús Polanco le llevaron a juicio por prestar los depósitos de los decodificadores de Canal+, aunque finalmente quedara absuelto.

Por estas y otras razones hay quien propone que se haga una clara distinción entre los préstamos y los depósitos y que estos últimos se mantengan al 100% en caja y no se presten. Y, siguiendo la misma lógica, proponen que no se pueda uno endeudar a corto plazo para prestar o invertir a largo, sino que los plazos del ahorro recibido por las entidades financieras y los préstamos que realizan casen entre sí.

Los bancos perderían la magia de crear dinero de la nada, pero no se encontrarían en situaciones como la que vive el Northern Rock. Pero ¿es necesario? ¿Tiene sentido recuperar la práctica tradicional de mantener un 100 por ciento de coeficiente de caja? El debate es relevante en tiempos de crisis.

¿Quiénes llaman justicia al dinero?

La acusación por el bando socialista de que el capitalismo (o la sociedad libre o abierta, como prefieran) subordina cualquier valor humano a lo material es absolutamente paradójica. En primer lugar porque el vacío ideológico e histórico del socialismo se cubre con retazos marxistas mal pensados. Y Marx sí era materialista, identificaba a lo económico con lo material y decía que el ser humano estaba inerme ante las inexorables fuerzas de las relaciones económicas. Ni objetivos y sueños personales, ni creatividad, ni ambición, ni esfuerzo. Todo empeño individual es vano y cuanto aporta de específicamente humano no es más que superestructura al servicio de lo material. A ese engendro ideológico y moral siguen, consciente o inconscientemente, quienes acusan al capitalismo de materialista.

Por si no fuera poca paradoja, resulta que quienes sí someten cualquier valor humano a lo económico son los socialistas y no, desde luego, los liberales. No tienen más que fijarse en las palabras de cualquier socialista de toda laya. En cuanto comienza hablar de justicia, de ética, comience a contar en euros o en dólares. Porque de lo que habla, invariablemente, es de economía. Desigualdades de renta o riqueza, falta de acceso de tal o cual grupo de personas a ciertos bienes o servicios, acceso común a determinados servicios (educación, vivienda, sanidad…). A veces intentan disimular diciendo que la sanidad, pongamos por caso, no es un bien económico. Pero es un servicio más y su producción y demanda están sometidos a las mismas vicisitudes de cualesquiera otros servicios. Ellos mismos comenzarán a habla de destinar… ¿adivinan qué? Toneladas de "dinero público" para la sanidad. Dinero, siempre dinero. Tan materialistas son que cuando hablan de justicia se refieren al dinero.

El liberalismo no es así en absoluto. Parte de la idea de la dignidad de la persona y de que tiene un espacio en torno a su persona que es a la vez sagrado y profundamente humano. Lo llamamos "derecho a la vida" si nos referimos a nuestra propia existencia, o "derecho de propiedad" si nos referimos a la justa adquisición de los medios para sostenerla. Cuando un liberal habla de justicia no se refiere al dinero, sino a la persona, que es el protagonista de su modo de entender la sociedad, y a sus derechos más fundamentales. Que no son, como pretenden los socialistas, estrictamente económicos.

Por si fuera todo ello poco, hay un aspecto más que demuestra el abismo ético y moral también entre el liberalismo y el socialismo. Pues, tómese "socialismo" en su acepción más amplia, esa ideología coloca al individuo, a la persona, como instrumento. Pasa de ser un fin en sí mismo a ser un medio para alcanzar… el comunismo, la "justicia social", el lebensraun. Dinero; otra vez el dinero. Y la persona y su dignidad a hacer gárgaras.

Y van por el mundo colgados de una supuesta superioridad moral. A mí, desde luego, que no me vengan con eso, porque les tengo calados.

La demagogia supina de ZP y Chacón

Por ello, y aunque los tipos de interés no subirán más y las crisis no afectan a países zapatistas, la pareja ha pensado que no estaría de más prometerles a aquellas familias que pudieran dejar de pagar las letras de su hipoteca y quedasen, por tanto, amenazadas de desahucio, que Papá Estado se haga cargo de la cuenta hasta que "la situación sea mejor".

No sé si a ZP o a Chacón se les ha ocurrido pensar que esta acción animará a los prestatarios de dudoso pago a embarcarse en aventuras arriesgadas, a los bancos a dar rienda suelta a la creatividad prestamista en el campo inmobiliario y a los empresarios a confiar que por muchos grifos que cierre el Banco Central Europeo, siempre habrá grifos aledaños que abra el Gobierno por el bien y la felicidad eterna de sus electores. Lo que Zapatero propone con la complacencia de Chacón, o viceversa, es crear un fondo de garantía ante impagos. El problema de vivir en un mundo de Alicia es que uno no se molesta en estudiar ningún problema social más allá de la capa más superficial.

Los economistas que se encuentran alejados del estado de embriaguez que afecta al presidente saben que estas propuestas no pueden realizarse sin producir cambios en el comportamiento de los agraciados que, a su vez, modifican el riesgo asociado de impago. El famoso riesgo moral tiene lugar cuando los agentes no actúan igual que si no hubiese habido un seguro. Bien, me juego lo que sea con Chacón a que la gente interpretará esta medida como un mensaje bien sencillo: aquí se puede uno endeudar cuanto quiera que al final Papá Estado vendrá al rescate. Los bancos pensarán lo mismo pero con respecto a la concesión de créditos: "Si el Estado garantiza el pago, ¿por qué no expandir el crédito todo lo que pueda?"

En Estados Unidos el problema crediticio actual tiene mucho que ver con la expansión crediticia estatal y con el riesgo moral. Allí, políticos de talante progresista pensaron que no podía permitirse que gente con un mal historial crediticio quedara excluida del mercado hipotecario. Así construyeron la Community Reinvestment Act, una ley que obligaba a prestar dinero a personas que no tenían crédito. El riesgo asociado a estas personas no disminuyó porque le pusieran la hipoteca en bandeja sino más bien todo lo contrario. En España, con políticas como las de ZP, el problema no va a ser de hipotecas subprime sino de demagogia supina.

El capitalismo y la responsabilidad evitan accidentes de tráfico

Es sorprendente la cantidad de veces que causas aparentemente nobles son excusas socialmente aceptadas para reducir nuestra libertad. La situación se vuelve más hiriente si a la vez que nos la arrebatan observamos como la responsabilidad que ésta conlleva también se pierde. Las causas nobles que el Estado convierte en políticas suelen derivar en individuos irresponsables y caprichosos. ¿Y qué causa hay más noble que la de reducir el número de muertos que todos los días se producen en las carreteras? La Dirección General de Tráfico (DGT) y las administraciones públicas llevan décadas inmersos en esta cruzada tan particular.

Hace algo más de un año, las autoridades españolas decidieron introducir en España el permiso de conducir por puntos con la esperanza de que este tipo de penalización supusiera una mayor concienciación de los peligros de la carretera y el ciudadano levantara un poco el pie del acelerador. Según los datos de agosto de 2007, y en comparación con los de 2006, la situación no puede ser más desalentadora: este año han muerto en las carreteras españolas un total de 229 personas, nueve más que en 2006. El aparente éxito de los primeros meses, todo un fenómeno mediático que abría los telediarios, se ha truncado en uno de los meses de mayor tránsito de vehículos. Nueve muertos más o menos no es un resultado estadísticamente relevante, lo importante es que la ineficacia de todas estas medidas que restringen la libertad de los conductores va acompañada de medidas punitivas y multas que se mantienen o se incrementan pese a la ineficacia de la política.

No menos preocupante es la actitud de los responsables de estos organismos públicos cuando intentan explicar los resultados. El director general de la DGT, Pere Navarro, explicó que la siniestralidad que han registrado las motos –en julio y agosto se ha incrementado en un 53% respecto a 2006– se debió al incremento exponencial de este tipo de vehículos, asegurando que "probablemente, sea un problema de país rico". Ahora resulta que el capitalismo es culpable directo de los muertos en carretera, lo cual no debería de sorprendernos por la tendencia a achacar todos los males del mundo a un materialismo indecente que idealiza el consumo y la posesión de ciertos bienes.

Este tipo de actitud no es nueva. La DGT lleva muchos años culpando del número de muertos al volante al uso incorrecto de los cinturones de seguridad, a la ingestión de alcohol o el uso de drogas o a la excesiva velocidad, lo cual no tiene porque ser falso – seguramente es así–, pero guarda silencio cuando lo denunciable son los errores de diseño de carreteras y autopistas que son propuestas y mantenidas por las administraciones públicas. Así, los puntos negros, es decir, aquellas carreteras en las que el número de muertos es más elevado que en el resto, no suelen ser tratados en las ruedas de prensa que el señor Navarro realiza con tanto aparato mediático alrededor: la mala señalización, la insuficiente iluminación o un diseño ineficiente nunca forman parte de las causas. La culpa no es de la política, es de la realidad que cabezona se niega a plegarse a tanta inteligencia en forma de normas.

Es posible que pensemos que medidas como la de un seguro para el coche que cubra tantos los daños que podamos realizar, como los que podamos recibir, es una medida razonable. También es inteligente llevar una serie de mecanismos que impidan o minimicen los daños personales en caso de accidente. No menos necesario es adecuar la velocidad del vehículo a las características del trazado, a la del propio automóvil o incluso a la habilidad del conductor. Pero que algo sea adecuado, inteligente o razonable no tiene porque ser convertido en norma o ley y mucho menos que su incumplimiento se convierta en un una excusa para confiscar parte de nuestros bienes. Por otra parte, sí es inteligente que el conductor pague o compense los daños que sobre las propiedades o las vidas de otros origine su imprudencia. Tenemos que fomentar la responsabilidad sobre nuestros actos, no satisfacer una norma que en algunos casos es simplemente estúpida o ineficaz.

El seguro obligatorio es un ejemplo de medida innecesaria. Los más baratos pueden generar una falsa sensación de seguridad y sólo sirven para cumplir una obligación administrativa. De hecho, la obligación de tener un seguro es una coacción estatal. Existen mil maneras de que la conducción sea más segura, desde un cierto gasto asumido por el conductor en la contratación del seguro, pasando por la inclusión de cláusulas que penalicen a éste si se ha cometido algún tipo de irregularidad (como conducir bebido o drogado o saltarse ciertos límites de velocidad), para terminar con medidas de cooperación entre amigos y familiares que permitan disfrutar y desplazarse sin peligro. Todo ello invita a la prudencia sin necesidad de obligar a nadie.

La asunción de las responsabilidades sería otro sistema de prevenir excesos. Que el conductor corra el riesgo de terminar con los huesos en la cárcel por la muerte de una persona o por la destrucción de la propiedad es una invitación a la prudencia. No podemos permitir que casos como el de Juan Manuel Fernández Montoya, más conocido como Farruquito, condenado a dos penas de ocho meses de prisión por delitos de imprudencia y omisión de socorro en el juicio por el atropello mortal de un peatón, inviten a pensar que en España la imprudencia se paga con una pena mínima.

Por último debemos pensar en dos cosas más. La primera es que los fabricantes de coches son conscientes de los peligros que la conducción supone y que los conductores son personas con vicios y virtudes, que en muchos casos llevan acompañantes que corren los mismos riesgos. Los coches son equipados con un creciente número de dispositivos que incrementan la seguridad del vehículo, de sus ocupantes e incluso de los peatones y otros vehículos con los que puedan colisionar. Estos dispositivos dejan, con el tiempo, de ser extras y terminan viniendo de fábrica en todos los modelos nuevos, todo ello sin un incremento excesivo del coste final del automóvil. Esto es posible porque el capitalismo y los empresarios trabajan para ello, porque la gente lo demanda. Lo segundo es que pese a todo lo anterior, el peligro de accidente siempre existe y todo el que sale a la carretera puede sufrir uno. Debemos vivir con él y acostumbrarnos. El riesgo cero no existe y por muchas leyes que creen, por muchas multas que nos pongan por no llevar cinturón o por ir a más velocidad de la permitida, podemos perder la vida. Nuestra responsabilidad, fruto de nuestra libertad, y el trabajo de miles de empresarios y asalariados que buscan soluciones, son los que reducen el número de muertos.

FACUA se equivoca

Aunque un análisis simplista puede hacer creer que una medida así por parte del Ejecutivo beneficia a los clientes de estas compañías, la realidad es muy distinta. Las compañías encontrarían un modo de compensar, por ejemplo, mediante la subida de precios en otros servicios, la pérdida de ingresos que una intervención de este tipo les causaría.

Además, uno de los argumentos de FACUA es delirante. La organización dice que los precios siguen siendo los mismos que hace diez años. Eso significa que no han bajado, claro, pero también que no han subido. Esto último no es precisamente una mala noticia. De hecho, teniendo en cuenta la inflación que hemos tenido durante esta década, significa que en términos relativos sí han disminuido. Además, no tiene ninguna lógica que un servicio tenga que disminuir de precio sin otro motivo que el capricho de una asociación de consumidores que tan sólo se representa a sí misma.

Existe una manera simple de que esos precios disminuyan de manera que beneficie a los consumidores y no implique la siempre nociva intervención estatal. Si realmente a FACUA le preocuparan aquellos a los que dice defender pediría una liberalización real del sector de la telefonía móvil. En España la mayor parte del sector se la reparten tres grandes compañías debido a decisiones políticas. Han sido los diferentes gobiernos los que han decidido en todo momento cuantas operadoras podían competir en dicho mercado en vez de dejar que este sea abierto y sean los usuarios los que terminen definiendo esa cifra al confiar más en unas empresas que otras.

Entre los damnificados de una política como la propuesta por FACUA estarían los competidores recientemente llegados al mercado, que sí ofrecen precios más bajos. Si el Gobierno fijara los precios poniendo una tarifa máxima permitida, el efecto sería que tanto Yoigo como los operadores virtuales pierdan una de sus mejores armas para conseguir nuevos clientes: disponer de tarifas más baratas que las tres grandes. Esto tendría efectos catastróficos para ellos. Les impediría crecer o incluso podría echarles del mercado, con lo que la competencia volvería a reducirse. Los mayores perjudicados de esa situación serían los consumidores.

Las organizaciones de consumidores deberían aprender que lo más beneficioso para todos es la libre competencia, la liberalización de los mercados intervenidos. Eso se aplica tanto al sector de las tecnologías de la comunicación como a cualquier otro. Si FACUA pretende que bajen los precios lo que debería defender es que el Gobierno permita la entrada de cuantos operadores quieran estar presentes en el sector, lo que haría que tanto nuevos como viejos tuvieran que competir en precios y servicios para captar o mantener clientes. El recurso a fórmulas más propias de la Edad Media o de un régimen de tipo fascista que de una economía libre y moderna tan sólo perjudica a los usuarios.