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Sindicatos de bloggers

En un país como Estados Unidos, puedo llegar a comprender la primera reivindicación, pese a que los bloggers de izquierdas se opusieran a la propuesta de reforma de George Bush, que hubiera eliminado la dependencia de las empresas para disponer de seguro. Pero si hay algo absurdo es una negociación colectiva en un sector cuya principal virtud es precisamente su dispersión.

Los bloggers que ganan dinero por escribir son pocos, y los que pueden ganarse la vida con ello aún menos. Excepto cuando se venden empresas especializadas en blogs por cantidades absurdas de dinero, no parece éste un sector especialmente lucrativo, aunque seguro que Julio Alonso podrá llevarme la contraria. Pero, sobre todo, como sucede en tantos otros empleos de nuestra sociedad de servicios, no hay nada más diferente de un blogger que otro blogger, y pretender homogeneizar y "negociar colectivamente" la remuneración es la vía segura al fracaso y al abandono del negocio de los blogs.

Porque, después de todo, la principal función de un sindicato no deja de ser aumentar la remuneración de sus integrantes por encima de lo que los empresarios pagarían si la organización no existiera. ¿Cómo puede conseguirlo un sindicato de bloggers? Uno de los métodos clásicos, la prohibición de incorporar nuevos trabajadores sin contar con su bendición, es evidentemente inaplicable en un sector donde las barreras de entrada son cero. Otra forma es hacer huelgas, pero parece claro que un blogger en huelga será rápidamente sustituido por uno nuevo, ya sea en el blog en el que escribe o en cualquier otro, posiblemente gratuito. No parece muy claro que pudieran, por tanto, realizar su función. Sin olvidar, claro está, que nunca podrán aumentar el dinero que ganan por encima de su productividad marginal, es decir, por encima de lo que hacen ganar al empresario. Que no creo que sea mucho.

En realidad, seguramente lo mejor que podrían hacer los bloggers que cobran por escribir es abrir una lista de correo, un foro o una web donde contaran lo que ganan, para así tener información, que es la principal arma con que pueden contar para negociar. O eso, o simplemente independizarse y encargarse de todo ellos mismos. Pero eso requiere iniciativa, esfuerzo y riesgo, algo que no parece que esté en la agenda de estos bloggers de izquierdas. Olvidan que sí que existe una asociación de bloggers, Media Bloggers Association, cuya principal función es lograr acreditaciones para ruedas de prensa y actos de todo tipo, que es quizá el único servicio útil que podría lograr un sindicato. Si excluimos, claro está, la razón de ser que parecen tener estas organizaciones, especialmente en España: obtener subvenciones y la atención de los medios aduciendo una representatividad inexistente, aunque eso sólo sea de provecho a sus promotores.

Mercado monetario y mercado de capitales

La cualidad fundamental del dinero es la liquidez, esto es, su utilidad decrece muy lentamente cuando se incrementa su cantidad, lo cual permite acumularlo y enajenarlo en grandes cantidades con rapidez, certidumbre y a la par.

La liquidez se manifiesta de dos formas: en el espacio y en el tiempo. La primera permite saldar con rapidez, certidumbre y a la par las deudas ya contraídas, mientras que la segunda nos proporciona con certeza desde hoy liquidez especial en el futuro. En la terminología económica corriente solemos referirnos a estas dos manifestaciones de la liquidez como las funciones del dinero: medio de intercambio y depósito de valor.

En ocasiones las dos funciones del dinero coinciden en un mismo bien, por ejemplo con el oro. En otras, sin embargo, se han utilizado bienes distintos para cada una de esas funciones: en la antigüedad se utilizaba el ganado (pecus, de ahí pecuniario) como medio de pago y la sal (de ahí salario) como depósito de valor (el ganado perecía y no permitía liquidar deudas futuras con rapidez, certidumbre y a la par).

Estas dos funciones del dinero dan lugar a su vez a las dos causas por las que suele demandarse el dinero: para liquidar las deudas ya contraídas o para disfrutar de una situación que permita liquidar las deudas que puedan ir fijándose en el futuro. Y a su vez estas dos demandas permiten organizar dos tipos de mercados, conocidos generalmente como "mercado monetario" y "mercado de capitales".

En el primero los individuos tratan de proveerse con fondos para liquidar sus saldos deudores netos. Ya vimos que en la economía moderna la amplia mayoría de transacciones se realizan mediante trueque y el dinero sólo se utiliza para compensar las posiciones acreedoras netas. Puede ocurrir que el deudor neto no disponga en ese momento de los fondos dinerarios suficientes para pagar a su acreedor, pero sí de otros bienes casi tan líquidos como el dinero (por ejemplo, bienes de consumo muy urgentemente demandados que los consumidores estén dispuestos a intercambiar por su dinero ya que satisfacen directamente sus necesidades). En este caso, o bien pagará a su acreedor con una deuda respaldada por estos bienes (letra de cambio o pagaré) o emitirá una letra o pagaré contra sí mismo y lo descontará en el mercado monetario.

El descuento es la operación típica del mercado monetario: dado que esos bienes muy demandados están en la fase final de liquidación (y no se utilizan, por ejemplo, para acumular stocks) los mercados monetarios permiten anticipar los frutos de su venta futura a cambio de un precio (descuento). En otras palabras, son mecanismos que permiten compensar los saldos acreedores netos ante carestías momentáneas de dinero.

En el mercado de capitales, en cambio, se busca una provisión estable de fondos que permita ir saldando los distintos compromisos presentes y futuros que se vayan adquiriendo con los factores productivos. El objetivo es poder financiar operaciones que se encuentran en una fase muy alejada de su liquidación final. Por ejemplo, construir una nave industrial donde se producirán los ladrillos con los que se edificarán las viviendas que los consumidores adquirirán. El demandante de dinero en este mercado carece de bienes líquidos con los que pagar a sus acreedores (proveedores de factores productivos): no acude al mercado de capitales para anticipar ningún importe dinerario, sino para lograr generar una riqueza adicional en el futuro.

El préstamo o la adquisición son las operaciones típicas de este mercado: el demandante del dinero vende bonos (compromisos de devolución del dinero prestado más un interés) o acciones (cuotas de propiedad sobre la actividad desarrollada con el dinero que da derecho a una parte proporcional de los beneficios futuros).

El tipo de descuento que se aplica en los mercados monetarios se determina por la propensión a consumir de los individuos, esto es, la proporción de mi dinero que pretendo destinar al consumo. Cuanto más ávida por consumir sea una sociedad, los bienes de consumo se volverán tanto más líquidos (se convertirán en dinero con mayor rapidez, certidumbre y a la par) y por tanto el descuento para anticipar el importe dinerario futuro será menor.

El tipo de interés de los mercados de capitales se determina por la propensión a ahorrar, esto es, la proporción de mi dinero que pretendo destinar al ahorro. Cuanto más propensa a ahorrar sea una sociedad, más fondos disponibles habrá para quienes quieran utilizarlos en actividades productivas que maduran en el futuro y por tanto el interés será menor.

La preferencia temporal a consumir no es la complementaria de la preferencia temporal a ahorrar. El dinero puede quedar fuera de los circuitos de crédito mediante el atesoramiento. La moneda y los billetes o los depósitos a la vista en principio ni están dedicados al consumo ni al ahorro: son saldos de caja disponibles para aprovechar cualquier oportunidad de consumo o inversión. De ahí que el consumo pueda incrementarse (y el tipo de descuento disminuir) sin que disminuya el ahorro (y aumente el tipo de interés) y viceversa.

El descuento supone la pérdida de disponibilidad momentánea de una cantidad del bien más líquido a cambio de adquirir la disponibilidad de otros bienes ya existentes un poco menos líquidos. El préstamo o la adquisición implican la pérdida de disponibilidad temporal o permanente del bien más líquido a cambio de bienes futuros que aun no existen. Por ello (mayor plazo e incertidumbre) el tipo de descuento suele ser inferior al tipo de interés.

Sobre esta circunstancia se desarrolla el pecado monetario por excelencia: el arbitraje entre el tipo de descuento y el tipo de interés. O lo que es lo mismo, buscar una provisión estable de fondos durante un largo período de tiempo a través de letras de cambio y pagarés, beneficiándose del menor tipo de descuento.

La operación es un fraude absoluto que ya quien descuenta la letra o el pagaré no adquiere la disponibilidad financiera sobre ningún conjunto de bienes líquidos ya existentes. Se pretende financiar una actividad que vence muy a largo plazo con la continua renovación (roll-over) de deudas a corto. Sería como si los antiguos hubieran pretendido financiar la instalación de un circo romano a partir de un muy numeroso ganado de toros.

Los bancos suelen incurrir frecuentemente en estas operaciones: recurren a los depósitos a la vista (deuda a corto plazo) para financiar préstamos a largo (hipotecas). Se endeudan a corto para prestar a largo.

Las consecuencias de esta mezcla entre los dos han sido bastante estudiadas por la Escuela Austriaca: multiplicación de la deuda de mala calidad, progresiva iliquidez del sistema productivo y el resultante ciclo económico catártico.

Los verdaderos héroes de la lucha contra el fuego

Y, una vez más, la propiedad privada se muestra como un poderoso incentivo para solucionar los problemas más acuciantes mientras que la propiedad pública de los servicios de extinción da muestras de la esperable descoordinación y falta de previsión.

En muchos sentidos no hay nadie mejor que el dueño para proteger sus propiedades de un incendio. Esto es lo que pensaron los vecinos de algunos pueblos afectados por el fuego. Así que cuando la Policía vino a sacarles de sus casas se escondieron de las fuerzas del orden público ignorando las repetidas llamadas de evacuación y esperaron a que sus pueblos quedaran semi-fantasmas para actuar armados de la idea de que "esto sólo lo sabemos salvar nosotros".

Algunos de estos valientes fueron encontrados, aporreados y detenidos por negarse a abandonar sus viviendas y muchos han denunciado el trato hostil y vejatorio que recibieron de la Policía cuando les obligaban a abandonar sus casas. Pero al menos en Tunte y Fataga, dos pueblos de San Bartolomé de Tirajana, lograron encerrarse en sus casas y burlar a la Policía la noche del día 30 de julio para tratar de protegerles del fuego.

Quienes tuvieron éxito en este juego del escondite y se quedaron desafiando a las llamas para defender sus propiedades y las de sus amigos o familiares aseguran que les movía la desconfianza en la efectividad de los equipos de extinción de incendios. Según cuentan, quienes se suponían que iban a tratar de proteger sus casas no sabían ubicar los pueblos afectados ni de dónde extraer el agua para realizar las tareas contraincendio.

Los habitantes han experimentado de una manera penosa la máxima del premio Nobel de Economía Friedrich Hayek –y que ya adelantó Juan de Mariana en el siglo XVI–, según la cuál no tiene sentido centralizar las decisiones cuando las posibilidades de coordinar distintas acciones para alcanzar una meta de manera exitosa dependen de información dispersa, práctica y, a menudo, subjetiva. Así, un tal Santiago, vecino de la zona afectada declaraba a la agencia Efe lo que está en boca de tantos y tantos canarios: "Es una pena que no se nos escuche como residentes de la zona, porque nosotros conocemos perfectamente los lugares claves para atajar este incendio". Algunos lugareños, comentan que advirtieron a las autoridades de lo que sería la evolución probable del incendio sin que nadie tomara medidas al respecto: "¡Mira que se lo advertimos! Pero como no escuchan a la gente de la zona, que es la que sabe… pasa lo que pasa."

Por desgracia, dada la naturaleza del problema, ni la propuesta del PSOE de inundar el monte con dinero público ni la de Mariano Rajoy de crear un nuevo órgano burocrático nacional para situaciones de crisis solucionará la cuestión de los penosos incentivos del sector público ni de su peor eficiencia en la gestión de estas situaciones de emergencia sino que, más bien, tenderán a agravarlos.

Los pérfidos intermediarios

La pasada semana un grupo de agricultores convocó a los viandantes a un festín de fruta gratis. No era un acto de generosidad, sino de protesta. Lo organizaba la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, para cantar la vieja tonada de que los verdaderos productores, que son ellos, ganan una parte ínfima del precio final del producto. Dicen que unos intermediarios, que no son más que ladrones, “se forran” a costa de productores y consumidores. La parte del león se lo llevan estos “especuladores”. Vamos, que los ponen de cobradores de impuestos para arriba.

Su portavoz, Lorenzo Ramos, ha puesto un ejemplo que pretende ser escandaloso: Una y la misma sandía por la que usted, desavisado consumidor, paga 78 céntimos el kilo, la vende el esforzado cultivador a ocho. ¡Una plusvalía del 780 por ciento! ¿Cabe mayor iniquidad? Esta idea de que el valor de los bienes lo da la Tierra, que llevaron a la perfección, en lo que cabe, los fisiócratas, la han recogido estos subvenciócratas, que para denunciar presuntos robos al público tienen tanta soltura como para recibir de ese mismo ciudadano las cantidades en forma de dádiva pública que puedan llevarse.

Pero además es que no tienen razón. Es evidente, incluso para una ministra, que no es lo mismo una sandía recién ganada a la tierra que la misma sandía en el mercado. No lo es desde el punto de vista económico, simplemente porque está más cerca de nosotros, los consumidores. La producción consiste en acercar los bienes a su fin último, que es el consumo. Y cargar con la sandía hasta un mercado mayorista es producir. Llevarla hasta un mercado al detalle es producir. Y tanto envasarla, si es necesario, refrigerarla, limpiarla y descartar las que no sean aptas para consumir, todo ello es producir. Cada paso va en la misma dirección, que somos los consumidores, y todos son necesarios. Todo ayuda a que en el último eslabón de la cadena el comprador se lleve el bien a casa. Y cada etapa, desde la del agricultor hasta el trasportista o el comerciante, es importante. ¿Cuánto? Para eso está el mercado, para descubrirlo.

Si uno va más allá de donde llegaría, insisto, una ministra, puede darse cuenta de que si los beneficios de los “meros intermediarios” son tan fabulosos, los propios agricultores podrían llevárselos enteritos, sin más que ocupar su puesto y encargarse ellos del resto de la cadena de producción. Que nos lo traigan a casa a 78 céntimos el kilo, o a 70 si quieren, y los consumidores iremos todos a pagarles a ellos. ¿Por qué no lo hacen? Porque para ello ya hay muchas empresas que luchan, en dura competencia, por dar el mejor servicio al menor precio. Y son los mejores con los que contamos, porque de no serlo el mercado les habría expulsado.

Con todo, no es que tengan motivo de queja. Como decía Javier Alonso, entre los márgenes que ellos no se llevan porque no los generan “hay una parte llamada IVA que se queda el Estado ya no sin aportar nada a cambio sino entorpeciendo y encareciendo todo el proceso con trabas administrativas y regulaciones varias”. ¿Protestarán contra eso?

La rentabilidad cura

En una reciente entrevista en "La Contra" de La Vanguardia, Richard J. Roberts, premio Nobel de medicina en 1993, afirma que "el fármaco que cura del todo no es rentable". Esta es su conclusión después de constatar de primera mano cómo funciona la industria farmacéutica: "He comprobado como en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas mucho más eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad (…) [Pero] las farmacéuticas no están tan interesadas en curarle a usted como en sacarle el dinero, así que esa investigación, de repente, es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento."

Roberts opina que la rentabilidad es un criterio adecuado para otras industrias, pero no para la farmacéutica. "Si sólo piensas en los beneficios, dejas de preocuparte por servir a los seres humanos (…) La salud no puede ser un mercado más ni puede entenderse como un medio para ganar dinero." En este sentido defiende un mayor protagonismo del sector público en el ámbito de la investigación médica.

No entro a discutir si los hechos que menciona Roberts son ciertos o matizables. El problema es que de estos casos particulares no se sigue que la industria farmacéutica sea "distinta" o que el criterio de la rentabilidad sea inapropiado si la finalidad es curar enfermedades (ni, por ende, que el Estado deba jugar un papel más preponderante).

A primera vista la tesis de Roberts es verosímil. Si una empresa cura una enfermedad se queda sin pacientes/consumidores. Si la cronifica puede obtener ingresos durante toda la vida de los pacientes. No obstante, si los consumidores están dispuestos a pagar por el fármaco que acaba con la enfermedad, significa que producirlo es rentable. La empresa que vende el fármaco que la cronifica quizás prefiere el status quo, ¿pero qué hay de sus competidores? ¿Acaso no se beneficiarían de sacar a la venta ese fármaco y hacerse con el mercado de la primera?

Curar del todo es rentable en tanto puedas obtener de los consumidores unos ingresos mayores que tus costes. La tesis de Roberts es que para la empresa A es aún más rentable cronificar la enfermedad que curarla. Desde el punto de vista particular de esta empresa, considerada aisladamente o como si gozara de un monopolio, puede ser perfectamente cierto. Si la empresa A tuviera por ley el monopolio de la producción de fármacos, es posible que le fuera más rentable no curar del todo a sus pacientes. Pero solo podría actuar de este modo porque no tendría competidores.

En el libre mercado la empresa A ya no puede actuar como si estuviera sola, porque sus competidores pueden adelantarse o puede aparecer una nueva empresa que desbanque a todos. Si la empresa A obtiene 100 de beneficios con el fármaco que cronifica la enfermedad y obtendría solo 5 vendiendo el fármaco que la cura, parece que le salga más a cuenta seguir como está. Pero lo contrario es cierto si tenemos en cuenta a sus competidores. Si A decide permanecer igual y una empresa B investiga y descubre el fármaco curativo, A se quedará sin los 100 y sin los 5. La empresa B tiene incentivos para descubrir el fármaco y comercializarlo, y eso hace que la empresa A tenga incentivos para descubrirlo y venderlo antes.

¿Alguien pone en duda que la cura del sida o la diabetes sería extraordinariamente rentable y que por esa razón se están dedicando recursos ingentes a investigarla? Sin embargo, si el diagnóstico de Roberts fuera correcto, ninguna empresa estaría investigando una cura para esas enfermedades crónicas. De hecho, si a las farmacéuticas les resulta más rentable no curarte del todo, a los mecánicos les resultará más rentable no arreglarte el coche del todo, a los lampistas no arreglarte el calentador del todo o a las compañías anti-virus propagar virus periódicamente. No es que estas estratagemas y fraudes no sucedan o no puedan suceder, pero es improbable que tengan lugar en un mercado abierto, porque si descuidas a tus clientes la vigilante competencia puede arrebatarte el negocio. Por eso el mercado es tan necesario y su supresión o restricción tan peligrosa, porque instituye incentivos económicos para servir bien a los consumidores.

Roberts confunde los incentivos que tiene una empresa aislada con los incentivos de esa empresa en el mercado. Como hemos visto, las empresas en el mercado tienen incentivos económicos para descubrir el medicamento más eficaz, que es el más ansiado por los consumidores. Eso no significa que una empresa no pueda, por un tiempo, ofrecer un mal servicio o un producto inferior (en este caso, un fármaco que cronifica la enfermedad en lugar de curarla). Significa que las empresas tenderán a ofrecer el mejor servicio, porque si no lo hacen serán expulsadas del mercado por sus competidores, tarde o temprano. Este análisis es tan cierto para el sector de las golosinas como para la industria farmacéutica.

Si el sector público toma el relevo en la investigación médica, los incentivos económicos desaparecen, y la rentabilidad ya no sirve de guía para orientar las inversiones. Si se destinan tantos recursos a la investigación de una cura para el sida o la diabetes porque su descubrimiento sería increíblemente rentable, ¿qué ganamos haciendo que deje de ser rentable?

Solidarios por decreto-ley

En el caso de los terribles incendios de Canarias, ZP ha prometido "ayudas sin límites" no sólo para reconstruir las infraestructuras dañadas o repoblar los montes quemados, sino también para subvencionar a quienes hayan perdido su trabajo temporalmente por causa del incendio (¿No está ya para eso el seguro de desempleo?) y, en general, para solucionar los contratiempos económicos que cualquier ciudadano canario haya podido sufrir por causa del fuego. "Será un decreto-ley amplio –ha anunciado ZP–, que contemplará todas las posibilidades de los daños causados, todos los supuestos", incluidos, por tanto, los casos de aquellos beneficiarios que por su nivel de renta o patrimonio no necesiten ese dinero, aunque evidentemente harán todo lo posible por obtenerlo en competencia con el resto de afectados.

Probablemente las compañías aseguradoras habrán recibido la noticia con alborozo, pues es bastante seguro que muchas intentarán evitar hacer frente a sus responsabilidades en los siniestros gracias al maná presidencial. Y en todo caso, no faltará la picaresca de aquellos que pretendan ser compensados dos veces por el mismo daño. Aunque esto no le suele importar a los políticos. Total, el dinero no sale de su bolsillo sino de quienes pagamos impuestos, y eso por no entrar en la doctrina "calvinista" (por la ex ministra "Calvo", aclaro innecesariamente), que decía aquello tan bonito de "el dinero público no es de nadie".

Cuando sucede un hecho trágico como es el caso de un incendio que obliga a las personas a abandonar sus hogares, lo normal es que de forma espontánea se pongan en marcha iniciativas solidarias entre la gente que se considera vinculada a los afectados por razón del territorio o, simplemente, por la empatía natural que las personas tenemos con nuestros semejantes. ¿Por qué sucede cada vez con menos frecuencia? Pues principalmente porque todos pensamos que para eso ya está el Estado, cuyo principal empeño para extender su cuota de poder ha sido siempre expropiar las instituciones naturales de la sociedad civil responsables de activar los mecanismos de solidaridad para con los más necesitados.

Actualmente, el Gobierno de España destina un 53 por ciento de la renta nacional a la llamada "redistribución de riqueza", esto es, a sacar el dinero del bolsillo de unos para meterlo en el de otros. Con una presión fiscal que, según los tramos, llega a límites confiscatorios, lo más natural es que los ciudadanos se inhiban moralmente ante el sufrimiento ajeno para dejar que sea el Gobierno quien resuelva el problema. Si de cada cien euros que usted paga a hacienda, más de cincuenta se destinan a esa función, nadie puede reprocharle que cuando suceda una catástrofe en la otra punta de España no acuda corriendo a su entidad bancaria para hacer una donación voluntaria.

Aunque sea impopular decirlo, el dinero que ZP va a entregar a los afectados por los incendios canarios es un factor más de corrupción moral. Contribuye a que la gente se despreocupe de asegurar su patrimonio ante ciertas eventualidades, incita a la picaresca para rapiñar ayudas aunque uno no las necesite y, en general, desactiva los mecanismos espontáneos de solidaridad en la sociedad civil. Aunque resulte una obviedad decirlo conviene insistir una vez más: el socialismo nos hace peores personas.

Lukashenko y Elton John, almas gemelas

Internet es para un bielorruso ávido de información una auténtica maravilla, donde puede leer informaciones que los medios tradicionales no pueden publicar. Pero el acceso está controlado por la compañía estatal Beltelekom, que ya en las vísperas de las elecciones de 2001 bloqueó el acceso a las web de los principales diarios independientes y grupos de derechos humanos del país, con la excusa de un error técnico, por lo que se ve, tremendamente selectivo.

Elton John, quizá un poco nervioso por el éxito no excesivamente rutilante que cosecha últimamente, ha afirmado esperar que "el próximo movimiento en el mundo de la música tire abajo a Internet. Salgamos a las calles, marchemos, y hagamos protestas, en lugar de sentarnos en casa y meternos en los blogs". Su idea es "cerrar por cinco años Internet". Como ven, le ha dado últimamente por hacer amigos.

La diferencia entre uno y otro es que el primero tiene la capacidad de ejecutar sus designios. Por más que Elton John sea "tecnófobo", no puede impedirnos a los demás tener un teléfono móvil o un reproductor de MP3, artefactos que aborrece. Tampoco puede cerrar Internet, naturalmente. El cantante sólo puede intentar ejercer su influencia sobre quienes tienen el poder. Sólo los gobiernos pueden censurar Internet, por más que lobbys como la SGAE influyan para lograr que se aprueben leyes de propiedad intelectual draconianas o artículos 17bis que le otorguen la capacidad de cerrar webs y desconectar usuarios de la red. Aun si hubieran tenido éxito en este último caso, la autoridad de la SGAE habría sido delegada por el Estado, que habría sido el verdadero culpable.

Eso sí, la influencia de quienes desean cercenar las libertades en Internet puede tener resultados nefastos si no se la contrarresta. De ahí la importancia de altavoces como la plataforma Todos contra el canon, que obliga a los lobbys a ponerse a la defensiva en lugar de pasar a buscar nuevas fuentes de financiación, como el cobro del canon en las conexiones a Internet, o de control, como sus repetidos intentos de censurar Internet. La opinión pública, aunque muchas veces parezca irrelevante en las democracias liberales, tiene un peso importante y es lo único que puede llegar a impedir que los políticos terminen eventualmente siguiendo los pasos de Lukashenko, vista la escasa solidez de nuestro Estado de Derecho, siempre tan dispuesto a mancharse la toga en el polvo del camino.

Vacaciones

Tenemos a cientos de miles de burócratas moviendo nuestro dinero, organizando nuestra vida, nuestro ocio; cedemos responsabilidad a cambio de servicios que pagamos con impuestos; nos convertimos, inadvertida o voluntariamente, en súbditos tutelados, remedos ciudadanos con un insuficiente derecho al sufragio. En definitiva, tenemos un gran Estado en el que, no obstante, conservamos una sensación de libertad que ya quisieran para sí la inmensa mayoría de los terrícolas. Esta sensación, esta libertad imperfecta, epidérmica, se ve amenazada por la voluntad de unos terroristas que nos han convertido en rehenes.

Hoy día cualquiera es sospechoso de terrorismo. Un niño pelirrojo, pecoso, que apenas roza el metro de altura, es cacheado por una agente de seguridad del aeropuerto de Gatwick (Londres). Le quitan el cinturón y le vacían los bolsillos. El detector de metales vuelve a pitar, así que el niño acaba descalcito. A una chica de apenas quince años le destrozan los zapatos de plataforma; a una anciana, que parece la doble de Miss Marple, le requisan la crema hidratante, un bote de colonia y el pastillero. A nosotros, por fin, que ya veníamos "securizados" desde Manchester y con una hora de retraso, nos facilitan el trámite: con descalzarnos es suficiente y así, sin tiempo de volver a ponernos los zapatos, corremos hasta la puerta de embarque. Casi perdemos el avión.

Decía que nos hemos convertido en rehenes. La amenaza, tantas veces consumada, nos hace aceptar con resignación un trato ciertamente vejatorio; algo que no permitiríamos en la puerta de unos grandes almacenes o momentos antes de entrar al teatro o al cine, nos parece menos insultante, un mal necesario, en un aeropuerto.

Los terroristas hicieron presa fácil de los vuelos comerciales y el temor a las alturas, que acarreamos desde nuestros primeros pasos en la sabana, multiplica el pánico a un atentado en pleno vuelo.

Recordemos. El 21 de febrero de 1970 los terroristas palestinos de la OLP y del FPLP secuestraron el vuelo 330 de SwissAir que cubría el trayecto Zurich-Tel Aviv. Minutos después del despegue detonaban una bomba matando a todos los pasajeros y a la tripulación del avión. "Abu Amar", más conocido como Yasser Arafat, inventaba el terror aéreo, una innovación que se saldaba, en aquella primera ocasión, con 47 muertos. Apenas transcurridos ocho meses, el futuro Nobel de la Paz ordenaba el secuestro simultáneo de cuatro aviones, un crimen sin víctimas mortales pero que sirvió para consolidar una táctica que, treinta años después, emplearían los terroristas de Al-Qaeda en Manhattan.

Con estos antecedentes no es de extrañar que casi cualquier medida para prevenir un atentado aéreo pueda parecernos justificada. Pues no. No son de recibo ni las colas inmensas ni el maltrato al que nos someten en los aeropuertos. No digo que no deba existir un cierto control, al contrario, sino que éste debe ser más discreto, menos indiscriminado. Por otro lado y considerando que lo que hace peculiar a un atentado aéreo es la puesta en escena y no necesariamente el número de víctimas, parecería mucho más justificado seguir el mismo proceder protofascista en la entrada a los grandes almacenes, en colegios o, como decía, en la cola del teatro. Mejor no dar ideas.

Se supone que somos ciudadanos, bueno, al menos súbditos tutelados, no sospechosos habituales. No pueden tratarnos como tales.

Ministras para el Nobel de Economía

La ministra Chacón nos ha sorprendido con una vanguardista teoría económica. Hasta ahora, las teorías más certeras que daban explicación a la burbuja inmobiliaria apuntaban a que el imparable precio de la vivienda se debía a un aumento espectacular de la oferta monetaria (inflación crediticia) creada por los bancos centrales, junto a un mercado inmobiliario altamente regulado y corrompido por los políticos. Tras el gran descubrimiento de Chacón, no puedo sino concluir que todos estábamos equivocados.

Además, las ministras merecen otro reconocimiento. Como bien sabrán, la desaceleración en el precio de la vivienda no se ha producido sólo en España, sino en todo Occidente. Estas semanas las bolsas de todo el mundo se están hundiendo debido a los peligros de tal contracción. Pero España no ha sido otro país más, no; ha sucedido exactamente al revés. Según se desprende de las palabras de Chacón, la ex ministra Trujillo ha reducido el precio de la vivienda en España y, por extensión, en todo el mundo. ¿Cómo se explica si no esta coincidencia?

Según Chacón, la desaceleración en los precios se debe a dos factores. Uno, que los socialistas salieron elegidos en las últimas elecciones, sin más. Para Chacón, eso, de alguna forma y hablando en plata, acojonó a los pobres precios que en consecuencia, aunque varios años después, bajaron. Así, Chacón ha dicho que cuando los socialistas tomaron el poder hubo "un ajuste sostenido del precio de la vivienda". Nadie sabe muy bien de qué datos habla.

La segunda razón de esta "impresionante" bajada de precios, en boca de la ministra, ha sido debida a "un alza importantísima de la iniciación de la vivienda protegida en España". En economía, siempre habíamos pensado que la comercialización de un producto por debajo del precio de coste genera un efecto expulsión (crowding out) que encarece el resto de productos del mismo sector que están en el mercado libre. Según Chacón, en el caso de la vivienda ocurre lo contrario. De aquí podemos deducir que si el Gobierno "regala" los pisos, esto es, roba más dinero al pagador de impuestos, los promotores y constructores también se verán forzados a vender sus pisos a precio cero en el mercado libre ya que los obreros, trabajadores inmobiliarios, empresarios, etc. querrán dejar de cobrar por alguna razón desconocida. Desgraciadamente, no hay pruebas empíricas de algo así en toda la historia de la humanidad.

Por estas revelaciones económicas, les ruego que otorguen el próximo Nobel de Economía a las dos ministras. Recíbanlas en su país con los brazos abiertos, y ya puestos, no las suelten, que no vuelvan a España. Quédenselas y apliquen ahí también sus vanguardistas teorías económicas. Háganlas ministras de economía, vivienda o lo que quieran y verán como el precio de los pisos en Suecia también baja. El problema es que antes se incrementarán en un 150% en pocos años sin que el poder adquisitivo de los ciudadanos aumente, como ha ocurrido en España, pero eso no importa porque en la cesta del IPC la vivienda de propiedad no figura como un gasto aunque dediquemos el 40% de nuestras rentas al pago de la misma. Por tanto, aunque los ciudadanos suecos se empobrezcan, de cara al exterior ustedes quedarán como fantásticos gestores.

Un cordial saludo, y suerte con las nuevas ministras. La van a necesitar.

P.D.: No teman en tomar una decisión controvertida al laurear a las ministras. Si fueron capaces de dar el Nobel de la Paz a un asesino como Yasir Arafat o a un farsante como Muhammad Yunus, el premio a las ministras va ser una mera anécdota comparado con los anteriores.

Cortes eléctricos

El verano suele una época de noticias recurrentes. Existen días en que, si por descuido, tomásemos un periódico de un año anterior, nos resultaría difícil darnos cuenta de nuestro error. Una reducida actividad política y deportiva, conjuntamente con una repetición de determinados fenómenos hacen muchos días indistinguibles de otros.

Una de las noticias que más suele asociarse al periodo estival son los cortes de suministro eléctrico. Tradicionalmente se ha venido achacando la causa de este fenómeno al fuerte incremento de la demanda, motivado a su vez por las altas temperaturas propias de la época. Para mitigar los efectos de esta subida térmica, los consumidores ponen en funcionamiento los sistemas de refrigeración de sus domicilios particulares y lugares de trabajo, elevándose el consumo de electricidad. Además, se suele aducir que al acudir gran número de turistas a nuestro país a disfrutar de esta estación, el consumo vuelve a dispararse. Al producirse una gran subida de la demanda, sin que la oferta sea capaz de ajustarse a la misma, se produciría un fenómeno de escasez, con lo que tendríamos las interrupciones en el fluido eléctrico.

No obstante, esta explicación carece de paralelismo si examinamos otros bienes y servicios también afectados por estas variaciones en la demanda en época estival. Si examinamos el mercado de los refrescos nos encontraríamos con un fenómeno muy similar, ya que la demanda se incrementaría por las altas temperaturas y al aumentar la población que acude a nuestro país durante el verano. Sin embargo, en ningún establecimiento encontraremos problemas de suministros de este tipo de bien. Todo lo contrario, encontraremos multitud de ellos que probablemente hayan aumentado su horario de atención al público para atender a potenciales consumidores.

Se podría decir que existe una diferencia fundamental entre ambos mercados. Mientras que las bebidas son bienes almacenables, la electricidad no lo es. Si bien esta afirmación es parcialmente cierta (la electricidad no es almacenable, pero sí muchos de los elementos a partir de la cual se genera, como el agua de los pantanos, los combustibles fósiles o el uranio), cae por su propio peso si se compara con otra industria que comparta dicha característica. Por ejemplo, en el sector turístico, al tratarse de la prestación de un servicio, nos encontramos con el mismo problema, y es que no podemos almacenar la prestación de servicios de una temporada a la siguiente. Resulta imposible vender habitaciones de la temporada de invierno a un cliente que quiere pernoctar en verano. Sin embargo los clientes siguen pudiendo tomar sus vacaciones en verano sin que esta circunstancia se lo impida. Para ello los hoteles ponen en marcha distintos mecanismos. Así, existen establecimientos que únicamente abren en lo que se ha venido a denominar temporada alta, mientras que otros, siguiendo las más elementales leyes de la oferta y la demanda, establecen tarifas distintas según la ocupación prevista. El objetivo es claro, poder atender a todo cliente que a la empresa le reporte un beneficio. Por otro lado, el cliente se encuentra con la oportunidad de disponer de sus vacaciones aprovechando estas peculiaridades, pudiendo, si quiere, disfrutarlas en épocas en las que le salga más barato.

Cabe preguntar la razón por la que no sucede algo similar cuando hablamos de la electricidad. Un corte eléctrico no supone ningún beneficio para las empresas productoras o distribuidoras de electricidad ya que mientras no haya electricidad no pueden vender su suministro. Va en contra de cualquier lógica empresarial esta situación. Y sin embargo es una de las noticias que se produce año tras año. La diferencia fundamental con respecto a otras industrias la podemos encontrar en la maraña de leyes, reales decretos, reglamentos y órdenes ministeriales que regulan el mercado eléctrico. Mientras que en los otros mercados, los productores y demandantes pueden alcanzar los acuerdos que deseen, en el mercado eléctrico no existe prácticamente ningún margen de maniobra para la voluntad de las partes. La diferencia fundamental es que todos los esfuerzos en otros mercados van destinados a captar y mantener al cliente, para lo cual es necesario tenerlo satisfecho, situación que no se produce en el eléctrico.

Todos los actos del productor o distribuidor de electricidad, desde la construcción de una central eléctrica hasta el tendido, pasando por el precio o la forma de generación, están regulados por las distintas administraciones públicas. Las empresas deben destinar gran parte de su esfuerzo en satisfacer todos y cada uno de los apartados de estas legislaciones, y esfuerzo no es gratuito, ya que las compañías deben pasar más tiempo atendiendo estos requerimientos que a su propio cliente. El mayor foco de atención pasa a ser satisfacer la legislación, ya que su supervivencia depende en primer lugar de ésta, y no de su cliente. Es más, en caso de conflicto entre la voluntad del legislador y la del consumidor, va a prevalecer la primera, por lo que el productor va a tomar decisiones que va en contra de los intereses de su propio cliente, en lugar de transformar a éste en su razón de ser.

Los órganos legisladores, al dictar una ley, en la exposición de motivos suelen justificar la bondad de la misma bajo la excusa de que beneficiará al consumidor.  Sin embargo, cuando la ley impide la innovación en la prestación del servicio, ralentiza la adaptación a las necesidades siempre cambiantes del consumidor y limita su capacidad de contratación, cabe preguntarse qué beneficio realmente le aporta. Ninguna ley puede beneficiar al consumidor si limita sus dos principales ventajas, la libertad y la competencia. Sólo garantizando estos aspectos podrá ocupar el lugar que merece en la economía de libre mercado, el del máximo decisor. Y el productor tendrá que emplear todo su ingenio y capacidad de cambio para responder a los deseos del consumidor, ya que en caso contrario desaparecerá del mercado.