El deterioro institucional en España durante el mandato de Pedro Sánchez ha sido objeto de creciente preocupación tanto a nivel nacional como internacional. A la colocación de ex ministros del gobierno en el Tribunal Constitucional hay que sumarle la situación insostenible de un Fiscal General del Estado investigado por la justicia, así como las causas por presunta corrupción que afectan al PSOE, a ex altos cargos del Ejecutivo y al entorno familiar del propio Sánchez. Por si no fuese suficiente, la politización de la operativa cotidiana de organismos como el Banco de España, RTVE, el CIS o el Tribunal de Cuentas ha generado aún más recelos, configurando un patrón alarmante que se ve confirmado si tomamos en cuenta otros problemas como la concesión de indultos y amnistías con fines claramente políticos o el abuso del decreto-ley como forma ordinaria de gobierno.  

Este conjunto de malas prácticas ha llevado a que España sea señalada por organismos internacionales y expertos en gobernanza como un caso paradigmático de deterioro del imperio de la ley en Europa Occidental. Ante este contexto, el Instituto Juan de Mariana quiere contribuir al debate público con un análisis basado en datos y evidencia empírica que, a través del Índice de Seguridad Jurídica (ISJ), ofrece una herramienta de diagnóstico rigurosa e independiente que permite reflexionar sobre el Estado de Derecho de derecho, la calidad institucional y los retos estructurales que enfrentan las instituciones en España.  

Visión general del Índice de Seguridad Jurídica (ISJ). 

• El Índice de Seguridad Jurídica (ISJ), elaborado por el Instituto Juan de Mariana, ofrece una medición comparada del grado de certeza legal, calidad institucional y Estado de Derecho en los países de la Unión Europea. 
• El índice se compone de diez pilares fundamentales, cada uno basado en fuentes internacionales reconocidas. 
• En la edición de 2025, con datos finales para 2023, España obtiene una nota general de apenas 6,5 puntos sobre 10 y se sitúa en la posición 20 de un total de 27 países de la UE, lo que refleja una situación institucional muy deficitaria y claramente alejada de las democracias europeas con mayor solidez.

La calificación que obtiene España, se puede descomponer en distintas variables:  

• Las categorías analizadas abarcan todos los aspectos esenciales para el buen funcionamiento de una democracia liberal y sus instituciones: (1) ausencia de corrupción, entendida como la percepción y el control de prácticas indebidas en el uso del poder público; (2) efectividad del gobierno, que mide la capacidad del Ejecutivo para diseñar e implementar políticas públicas eficaces; (3) Estado de Derecho, que examina el respeto a las leyes y a los derechos fundamentales; (4) calidad regulatoria, centrada en la capacidad del marco normativo para favorecer la iniciativa privada y la competencia; (5) funcionamiento de la justicia, incluyendo aspectos civiles, penales y procesales; (6) limitación del poder del gobierno, o restricciones institucionales al ejercicio arbitrario del poder; (7) calidad democrática, en términos de pluralismo, libertades y controles; (8) derechos de propiedad, clave para la inversión y la seguridad patrimonial; (9) previsibilidad de la fiscalidad, con énfasis en la estabilidad, predecibilidad y litigiosidad del sistema tributario; y (10) cumplimiento de laudos de arbitraje internacional, como expresión última de respeto pleno a las reglas del juego codificadas en los tratados para la facilitación de la inversión foránea. 
• Desde el año 2000 hasta nuestros días, España ha seguido una trayectoria descendente en el Índice de Seguridad Jurídica. Tras alcanzar un pico de 7,9 puntos hace ahora 22 años, el Reino ha experimentado un deterioro sostenido que se frenó de 2014 a 2019, para volver a entrar en una fase de retroceso desde entonces. La llegada a la presidencia de Pedro Sánchez coincide con las peores puntuaciones históricas del ISJ en España, reflejando la erosión de la seguridad jurídica, el imperio de la ley y las instituciones. La nota cosechada por España en el ISJ 2025 es, con diferencia, la peor de la historia reciente.  

Otros estudios apuntan en la misma dirección que el ISJ, confirmando el impacto negativo que tiene el deterioro de la seguridad jurídica, la calidad institucional y la democracia, no solamente en clave sociopolítica, sino también en lo tocante a la prosperidad económica:  

• En 2025, España ha registrado un desplome histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional, cayendo diez puestos en un solo año y situándose en la posición 46 a nivel global. Con apenas 56 puntos sobre 100, se trata de la peor nota desde los tiempos de Felipe González. Este descenso refleja una creciente percepción de impunidad institucional bajo el actual gobierno de Sánchez.  
• El Banco de España considera que la caída en la calidad de las instituciones ha tenido un impacto directo en la productividad y el bienestar económico. El Banco de España ha estimado que, si España igualara los estándares institucionales de Dinamarca, su productividad crecería un 19 por ciento más en cinco años, lo que se traduciría en hasta 6.000 euros adicionales de renta per cápita. Sin embargo, nuestro país figura entre los cinco con mayor deterioro institucional desde 2000 hasta nuestros días, a la par con Hungría, Polonia o Estados Unidos.  

Estudio de caso: la Ley Beckham y la inseguridad jurídica en el plano tributario.  

• Retroactividad y ruptura de la confianza legítima: El caso del régimen fiscal para trabajadores desplazados, conocido como Ley Beckham, ejemplifica con claridad el deterioro de la seguridad jurídica tributaria en España. Durante años, la Agencia Tributaria (AEAT) emitió certificados oficiales de inclusión en este régimen, los cuales sirvieron como garantía plena de reconocimiento de su estatus fiscal, en virtud del cual tributaron durante el periodo de seis años contemplado en la norma. Sin embargo, y en una muestra preocupante de inseguridad legal, la propia Administración ha iniciado posteriormente distintos procedimientos de inspección que cuestionan el contenido y validez de estos actos administrativos ya consolidados. Tal actuación retroactiva ha afectado a cientos de contribuyentes que tributaron conforme a las reglas previamente aceptadas, generando no solo un notable clima de incertidumbre normativa, sino también una quiebra manifiesta del principio de confianza legítima, que exige coherencia por parte del Estado en sus actuaciones. 
• Inspecciones agresivas e incentivos perversos: La conflictividad derivada de la Ley Beckham ha derivado en una “macrocausa” que ha desvelado prácticas especialmente agresivas por parte de la Agencia Tributaria. En numerosos casos, las inspecciones fiscales se remontarían hasta once ejercicios fiscales anteriores, incluyendo requerimientos intrusivos a terceros ajenos al procedimiento, como familiares o centros escolares. Además, se ha denunciado un uso excesivo del argumento de “simulación” para cuestionar la validez de operaciones económicas sin prueba suficiente. A esto se suma la existencia de incentivos retributivos ligados a la recaudación por “actas con acuerdo”, que pueden generar un sesgo institucional hacia la sanción en lugar de hacia la justicia objetiva. Estas dinámicas aumentan los costes procesales y reputacionales para la Administración y los contribuyentes, al tiempo que desalientan la llegada de talento internacional y dañan gravemente la reputación fiscal del país. 
• Vulneración de derechos fundamentales: La proliferación de litigios derivados del régimen especial para desplazados ha puesto en evidencia graves disfunciones en la aplicación práctica del derecho tributario en España. Se vulneran principios constitucionales y europeos básicos, como la legalidad, la igualdad ante la ley y el acceso efectivo a la justicia. La necesidad de presentar garantías o abonar previamente grandes cantidades de dinero limita la capacidad de defensa de los contribuyentes, quienes enfrentan incluso amenazas de prisión si no aceptan las condiciones de la AEAT. Todo ello ilustra un entorno fiscal altamente inestable y punitivo, que socava la seguridad jurídica y plantea serias dudas sobre la proporcionalidad y transparencia de las actuaciones administrativas. En consecuencia, urge una reforma profunda que restablezca la coherencia normativa, refuerce las garantías procedimentales y restaure la confianza en el sistema tributario español. 

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