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Objeciones a la defensa nacional

Hay demasiada inconsistencia, ineficacia, despilfarro, corrupción e irregularidades encubiertas en un ejército estatal para aceptarlo como la única opción posible.

De entre todos los servicios que presta el Estado, la defensa nacional (junto con la seguridad y la justicia) es el menos discutido incluso desde casi cualquier perspectiva liberal. La sensibilidad minarquista lo considera genuinamente estatal dada la incapacidad del mercado para ofrecerlo de manera óptima, universal y sin exclusión. Se afirma que no existen casos probados en que entidades privadas no estatales provean seguridad frente a una agresión exterior a un conjunto de la población con fronteras políticas definidas. A las tropas profesionales se les presupone un valor y una fidelidad a la nación que representan impensable en mercenarios contratados a tal efecto. Asimismo, se asegura que diferentes agencias privadas cabildearían o unirían sus fuerzas para someter o traicionar a sus clientes en favor de otros grupos enfrentados o más poderosos. Por tanto, solo un ejército de profesionales bien entrenados, que ha jurado por su honor una bandera y sometidos sin cuestionamientos a un mando central puede ofrecer la seguridad efectiva que la población de un país necesita y, además, esto solo representa el 1% del PIB… Pero podemos hacer distintas objeciones al sistema estatal de defensa ateniéndonos a la situación geográfica y la extensión del grupo a defender, el peligro o riesgo razonable, los problemas implícitos de un servicio monopólico forzoso así como los errores en la toma de decisiones centralizadas dada la información dispersa y a veces no articulable.

El ciudadano que vive en una gran extensión de terreno poco poblada no puede albergar los mismos temores ante una hipotética invasión armada que aquel que vive en la costa o cercano a grandes infraestructuras de comunicación, la percepción de un granjero de Wyoming es bien distinta a la de un asesor de fondos de inversión en Nueva York o Londres, la tranquilidad del vecino de Palencia es muy superior al de un ceutí, etc. Una defensa que pretende ser total en un territorio nunca puede ofrecer las mismas garantías en las mismas condiciones a todos por igual, pero todos sí están obligados a pagar más o menos lo mismo. Asimismo, la cercanía física a un cuartel del ejército proporciona más tranquilidad a quienes viven cerca que a los más alejados. ¿Cómo puede un ejército estatal solventar estas asimetrías en la oferta? ¿Cómo se determina qué es lo justo y equitativo?

La segunda objeción tiene que ver con la definición del peligro cierto y razonable. La defensa es un concepto extremadamente subjetivo cuyas numerosas variables impiden estudiarlo como un servicio homogéneo y cerrado. ¿De verdad tememos una invasión de bárbaros extranjeros al norte de los Pirineos? ¿Hay que temer una invasión desde el sur de innumerables hordas de islamistas obsesionados con aniquilarnos? ¿De qué recursos disponen? ¿Cuál es su logística? ¿De cuántos efectivos disponen? ¿Cuál es su financiación? ¿Debemos temer en España a este hipotético ejército más que a la silenciosa invasión de magrebíes y musulmanes que se multiplican exponencialmente con las inestimables ayudas de las Administraciones públicas? ¿Cómo puede salvaguardar el ejército sueco la integridad de sus mujeres cuando son sistemáticamente violadas por inmigrantes subvencionados?

En tercer lugar, las decisiones y mandatos que emite un órgano central adolecen de falta de información que no siempre es articulable y a menudo están sujetas a la discrecionalidad, los sesgos y los intereses personales de quienes las emiten (escalar poder, inclinarse por un grupo de presión, postularse para altos cargos públicos, etc.). ¿Es indudable que las decisiones que se toman desde el despacho del Ministerio de Defensa son las mejores para todos los ciudadanos? ¿El presupuesto que maneja es el óptimo y mejor ajustado o aquel que políticamente es más recomendable? ¿Se adquiere nuevo armamento en función de las necesidades de los contribuyentes o por imperativo de tratados internacionales? ¿Qué formación se le exige a un ministro de defensa, se le presupone valor y honestidad por el solo hecho de ser nombrado para el cargo? ¿Dick Cheney, José Bono, Michelle Bachelet o Narcís Serra son el tipo de líderes y referentes en quien confiar nuestra defensa nacional?

Para finalizar estas objeciones me gustaría recordar que la guerra es el combustible del Estado. Las conflagraciones bélicas y los actos terroristas que se perpetran sobre ciudadanos indefensos no contemplan seres humanos individuales sino partes de su entramado institucional, pretenden sembrar el terror y activar la solidaridad fraternal entre el resto de la población. Un Estado geográficamente pequeño sin actitudes expansionistas ni intereses estratégicos no debería necesitar unas fuerzas armadas tan poderosas como un Estado grande y amenazante. Ninguna gran potencia amenaza a Andorra, Lichtenstein o Costa Rica. ¿Podría una confederación de pequeños Estados europeos coordinar una eficaz defensa común contratando servicios especializados sin ejércitos estatales? ¿Nos asustan los excesos de Black Water en Iraq pero minimizamos las canalladas perpetradas por el ejército norteamericano y los pingües beneficios que obtuvieron las empresas americanas al calor de la guerra?

Hay demasiada inconsistencia, ineficacia, despilfarro, corrupción e irregularidades encubiertas en un ejército estatal para aceptarlo como la única opción posible.

Seguridad y Defensa

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