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Etiqueta: 23J

Algunas cuestiones disputadas del anarcocapitalismo (LXXXIV): un análisis ancap de las elecciones del 23J

Es muy difícil realizar pronósticos en política y mucho más en situaciones como la que ha resultado del escrutinio de los votos en las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Por supuesto, el resultado es anárquico, como acostumbra a ser siempre en un gobierno que requiere de coaliciones. Pero en este caso lo es aún en mayor grado.

Un gobierno de coalición

Un gobierno de coalición en principio requiere que se agrupen varios grupos de diputados, asociados estos a partidos, aunque a veces actúan por su cuenta, dado que el escaño en España es “suyo”. Y pactan quienes de ellos van a ocupar los cargos de mayor poder y prestigio dentro del nuevo gobierno. Pero aún siendo anárquica, hay ciertas reglas tácitas en las coaliciones que podrían dificultar, no impedir, cualquier coalición. Pues si no, lo más fácil sería la llamada coalición mínima dominante.

Esto es, la coalición que sume reuniendo el número mínimo posible de fuerzas. Por ejemplo, una coalición PSOE, Sumar y Vox sumaría para formar gobierno. U otra PP, Vox, Bildu. Pero aunque no existiendo ningún obstáculo legal alguno a que se den, sí que existen vetos tácitos, bien conocidos por los jugadores políticos, para que ese tipo de coaliciones se produzcan.

La política democrática es un juego con vetos, pero la gracia del juego es que estos vetos pueden ser eludidos por sorpresa descolocando al rival. La jugada de Pedro Sánchez hace cuatro años pactando con Bildu y ERC (pese a prometer en campaña lo contrario), ambos supuestamente vetados por los grandes partidos “constitucionalistas” del régimen, alteró sustancialmente el panorama político español. De hecho, el aparente refrendo de una parte sustancial de los electores a tal maniobra hace que tales vetos desaparezcan y se quieran sustituir por otros nuevos como el de no pactar con la supuesta “ultraderecha” de Vox.

Disciplina de voto

Tampoco existiría obstáculo alguno a que un grupo de diputados de un partido rompa la disciplina de voto, como los socialistas “buenos” a los que se refería el ex portavoz de Vox Espinosa de los Monteros, y apoyen a un gobierno de otro partido. Hay muy pocas posibilidades de que tal fenómeno se dé, aunque no es algo imposible. Y no se da, porque los diputados díscolos no ganan nada en la operación. Al votar contra el partido quedan sin opciones de repetir en las siguientes elecciones y muy probablemente no sería bien vistos, por lo menos a corto plazo, en él los partidos rivales que no podrían integrarlo a corto plazo.

Su partido aparecería como una organización que no es quién de controlar a sus diputados y probablemente acabaría dividida en facciones o disuelta, lo que también llevaría a que a medio plazo esos diputados perdiesen su puesto, aún en el caso de que no hubiesen sido expulsados. Quedarían, eso sí, con la gratitud y el respeto de la parte de España que coincidiese con ellos, y con la buena conciencia de una acción noble y con la animadversión de antiguos amigos y compañeros de filas y con la llamada en algunos medios anti-España que a veces es más grande que la otra.

Descartada la adquisición de votos de diputados socialistas, pasemos a analizar cuáles son las posibles estrategias de investidura. Para ello analizaré los dos principales bloques en los que se configura la política española.

El bloque de la derecha

El bloque de la derecha aparentemente debería tenerlo fácil, pues si se suman todos los partidos de esta tendencia dan 184 escaños. Pero es aquí donde aparecen los vetos cruzados, por ejemplo, de Vox y Junts, que incluyen incluso una acusación particular del partido de Abascal contra Puigdemont. El PNV, por su parte, parece sentirse más cómodo con el bloque progresista, de hecho gobierna en coalición con el PSOE en el País vasco, y ha manifestado su intención de apoyarlo (salvo que sea una estrategia para negociar una mejor contraprestación a su apoyo al PP). 

También podría ser que el PP usase a Coalición canaria, socia del PNV en las elecciones europeas, como intermediaria para llegar a acercamientos. En un principio, Vox parece haberse echado a un lado y ha manifestado su apoyo a la investidura de Feijóo si este consigue los apoyos, por otro lado. En principio parece oponerse a un pacto con Junts, pero cabría esperar que VOX, después de sus conflictos internos, no tenga gran interés en una repetición de elecciones. Tampoco le conviene aparecer delante de los votantes de derechas como el culpable de la investidura de un gobierno que ellos denominan de destrucción nacional.

Una España rota y roja

Pactando con Junts podría haber una España rota, pero dejar gobernar a Sánchez implicaría también una España rota y además roja, por usar la vieja metáfora de Calvo Sotelo. El pacto del PP con Junts es casi imposible, por las diferencias que ambos mantienen sobre la cuestión nacional. Pero de haber alguien capacitado para hacerlo ese es Núñez Feijóo, que fue presidente durante años de una comunidad autónoma en la que la cuestión nacional está presente. Y sobre todo porque su partido, al haber integrado en su momento a los nacionalistas gallegos de derecha, ocupa un papel semejante al que Junts o sus antecesores de Convergencia Democrática de Catalunya jugaban antes del proces. Papel que siguen en buena parte desempeñando: el de agrupar a los votantes de derecha con sentido identitario catalán.

De hecho, desde un punto de vista sociológico, los votantes de PP y Junts provienen de los mismos estratos de población y comparten entre sí la mayor parte de valores, salvo el de la identidad nacional. En su negociación con Junts podría jugar a favor de Feijóo la emergencia de una fuerza de ultraderecha identitaria, pero de perfil independentista catalán. Ésta no vería con buenos ojos una hipotética deriva izquierdista y españolista de Junts en el caso de apoyar al gobierno de progreso liderado por Sánchez. Y podría presentarse a las elecciones autonómicas catalanas amenazando sus resultados. Recordemos que para un partido nacionalista no es precisamente un timbre de gloria el participar en la gobernación del estado español y que Esquerra perdió muchos apoyos precisamente por aparecer como un partido sumiso al PSOE español.

Las bazas de Feijoo

Sin embargo, la principal baza negociadora de Feijoo, dejando aparte los vetos ideológicos, es que Feijoo sólo necesita del apoyo de uno de los dos partidos nacionalistas de derecha del parlamento español y con el apoyo de solamente uno de los dos saldría seguro, claro está de mantener Vox su palabra de dejarle libertad de pacto. Esto es muy relevante a efecto de negociar, porque lo que más podrían temer Junts o PNV es que Feijoo fuese quien de pactar con alguno de los dos, dejando a la otra fuerza totalmente descolocada.

Imaginemos un pacto del PP (conVox) con Coalición Canaria y los nacionalistas vascos, que sumaría mayoría por los pelos. En esa situación toda la capacidad negociadora de Junts quedaría reducida a cenizas y con ella todas las concesiones que esperaba obtener. Se convertiría en un partido irrelevante a efectos de gobernación y sería una situación con difícil explicación a sus electores.

La constitución de la mesa del Congreso

Algo semejante le ocurriría al PNV si Feijoo pudiese negociar un apoyo o más probablemente una abstención con los nacionalistas catalanes. Aún a pesar de contar con una mejor capacidad negociadora, es muy posible que se impongan los vetos o el mayor atractivo de pactar con el PSOE, que les sirve de apoyo en sus respectivos gobiernos locales o autonómicos.

La constitución de la mesa del congreso fue un buen ejemplo. Las izquierdas y los nacionalismos de derecha fueron quienes de pactar y obtener la mayoría frente a la incapacidad de las derechas españolas de obtener apoyos, incluso votando a candidatos diferentes, Vox y PP. La imagen que dieron desde luego no parece apuntar a que sean capaces de ofrecer una oposición bien coordinada, lo que aún en el improbable caso de que consiguiesen la investidura no presagia una legislatura fácil, al menos a la hora de legislar o elaborar políticas públicas consensuadas.

El bloque de la izquierda

El ámbito de la izquierda es aparentemente mucho más complejo. No sólo son muchos más los partidos necesarios para acordar una investidura exitosa, sino que algunos de los partidos que podrían integrar la coalición van a entrar en un lapso breve de tiempo en competencia electoral con sus socios de coalición. Esto puede llevar a una competición por lograr el favor y la atención del líder, Pedro Sánchez, quien podría inclinar la balanza con medidas que favorezcan más unos que a otros a la hora de satisfacer las demandas expuestas en el proceso de formación de la mayoría.

En este caso, quien lleva las de perder son los partidos de izquierda nacionalista, pues están presos por su propio discurso de lucha contra la “ultraderecha”. Al proclamar en sus programas que nunca dejarían gobernar a las fuerzas de la reacción, no les queda otra alternativa que apoyar a Sánchez. O de no querer hacerlo forzar una repetición electoral. La repetición electoral puede ser una opción para alguna de ellas, pero siempre con el temor de obtener peores resultados o con la posibilidad siempre latente de que esta vez la derecha sí sea capaz de sumar.

Sánchez y los nacionalistas de derecha

Obviamente, esto siempre antes de votar la investidura, pues una vez investido Sánchez sólo le queda la opción de no apoyar sus medidas, pues de no hacerlo triunfarían las propuestas de las derechas. Ya ni consideremos la hipótesis de una moción de censura, pues tendrían que votar a Feijoo, de ser este el líder propuesto por el PP para la moción (ninguna otra fuerza puede plantearla por sí sola). El líder del PSOE sabe esto perfectamente y tenderá a hacer ofertas de menor calado que a las fuerzas nacionalistas de derecha, que al no estar presas del discurso de izquierdas sí tienen mayor capacidad de actuación, pudiendo estas explicar más fácilmente a sus electores su abstención o incluso el apoyo a un gobierno encabezado por Feijjo al justificarlo en contrapartidas o en alguna otra razón como la afinidad ideológica.

Sin embargo, aún teniendo mejores bazas negociadoras, todo apunta, sin embargo, a una investidura de Sánchez, no sólo por los vetos, que también, sino por la audacia y la habilidad negociadora de este, que salvo que sea contrarrestada con una estrategia aún más audaz por parte de Feijoo. Esto le llevará a convencer a un número considerable de fuerzas de ideologías variadas y aún contrapuestas. Pero aun así sigue siendo un juego abierto en el que todos pueden usar sus estrategias y no sólo los números, sino la capacidad política cuentan. Veremos que es lo que puede pasar.

Ver también

¿Viento de popa para el gran pícaro? (José Antonio Baonza Díaz).

Debate Sánchez-Feijóo: sobre la falta de un proyecto político. (Eduardo Blasco).

¿Viento de popa para el gran pícaro?

“El problema nunca ha sido desjudicializar la política, sino despolitizar la justicia”[1]

Juan Carlos Girauta

La cantinela de la “judicialización de la política” fue acuñada en España durante el largo gobierno de Felipe González Márquez (más de trece años) cuando, por diversos factores, se destaparon y – muy someramente – accedieron a los tribunales penales para su depuración, crímenes de estado (GAL), casos de corrupción (Filesa, Flick, Juan Guerra, Expo 92, etc.), y abusos de poder perpetrados por una entonces joven nomenclatura (eran los años 80 y primeros 90) agavillada en torno a las siglas del PSOE[2] por el mencionado y su alter ego, Alfonso Guerra González.  

“Judicializar la vida política”

Concretamente, el segundo alertaba en 1994 de que “la derecha no sólo no ha aceptado los resultados de 1993, sino que ya no los aceptó en 1989, cuando decidió judicializar la vida política[3]. Obviamente, esto venía a ser como la doctrina de la “razón de estado” actualizada; una reclamación de unos mandarines para eximirse del sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, prescrito a ciudadanos y poderes públicos por el artículo 9.1 de la Constitución. Incluido el Código Penal, claro.

Luego, repitiendo la típica costumbre de importar expresiones sin comprender lo que significan o dándoles el significado que les conviene en cada momento, los propagandistas de la extrema izquierda española se han despachado con el mantra de “lawfare” para designar la actuación de los escasos jueces (los fiscales ya se saben de quién dependen) que en España se han atrevido a instruir causas penales contra políticos de su cuerda.

Golpe de Estado a cámara lenta

En el marco de una aparente nueva elección ordinaria de presidente del gobierno, se acerca el siguiente acto del golpe de estado a cámara lenta. Ahora, para pavimentar una indefinida estancia en el poder de quien ostenta el cargo en funciones e impulsar un régimen totalitario, los interesados anuncian que van a pactar la aprobación de una ley de amnistía[4] para los participantes en la intentona de 2017 y la celebración de referendos a la carta para decidir sobre la independencia o confederación de Cataluña y País Vasco, sin una previa y necesaria reforma constitucional.

Dada, no obstante, la querencia por emular series televisivas de éxito, los guionistas y asesores socialistas no se han olvidado de distraer la atención del respetable. De ahí los abucheos al candidato propuesto en primera instancia por el Rey Felipe[5] y el fingido malestar por el hecho de que “su” presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol Socías, haya fijado las sesiones para la investidura de Alberto Núñez Feijoo los días 26 y 27 de septiembre.  

En el gobierno, al menos hasta la primavera

Esas fechas escogidas, de acuerdo a los plazos posibles establecidos en los artículos 99.5 y 68.6 CE – dando por descontado que Alberto Núñez Feijóo no obtendrá la investidura ni en una segunda votación – le garantizan a Pedro Sánchez Pérez-Castejón disfrutar de las mieles del poder en funciones hasta enero o febrero de 2024 y, mientras esa primera función se va desplegando, negociar entre bambalinas con un partido dirigido de facto por un sujeto prófugo de la Justicia española los términos de futuras leyes y decisiones que atentan flagrantemente contra la Constitución.

Si, finalmente, sus cálculos le contraindicaran sellar acuerdos que incluyan los puntos apetecidos por los separatistas y neocomunistas; su estancia en el poder se podría prolongar hasta muy entrada la primavera, suponiendo que sufriera una derrota en las elecciones que convocaría el Rey automáticamente, por no obtener ningún candidato la confianza del Congreso, a partir de la primera votación. ¿De qué dependerá que los socialistas, que sustentan a Pedro Sánchez Pérez-Castejón como candidato, suscriban un pacto de investidura con esos partidos que quieren convertir la Constitución española en papel higiénico, desechable por el capricho de su voluntad?

Querellas por prevaricación

En mi opinión, dependerá de la reacción de los partidos que pretenden, al menos, intentar conformar una candidatura alternativa. Si éstos emprenden una estrategia de respuesta y comunicación a la ciudadanía y otras instituciones seria e inmediata, o incluso preventiva y cautelar, los socialistas tendrán que realizar otra más de las piruetas que han protagonizado en los últimos cuarenta años.

Para terminar, frente a la inexorabilidad y conveniencia con la que el aparato propagandístico habitual quiere presentar estas alteraciones anticonstitucionales, ha de recordarse algo que no parece tan evidente en el clima que se pretende crear: Los diputados y los magistrados del Tribunal Constitucional también están sometidos a la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Es más, recordemos que el magistrado, aupado a la sazón por el PSOE, Fernando Valdés Dal-Ré, tuvo que dimitir por la denuncia de malos tratos formulada por su esposa en agosto de 2020. A los representantes de más de once millones de españoles no les debería temblar el pulso de formular las querellas criminales precisas, si entienden que determinados diputados y magistrados del TC cometen delitos de prevaricación, por ejemplo.

Notas


[1] Artículo “Un envilecimiento sin fin” de Juan Carlos Girauta Vidal en el diario ABC de 12 de agosto de 2023.

[2] Conviene dejar constancia de que en 1972 en el Congreso de Toulouse (Francia) se produjo una división del PSOE, entre los más jóvenes del interior de España, quiénes adoptaron la apostilla de “sector renovado”, y los mayoritariamente exiliados, que añadieron a las siglas la coletilla de “sector histórico”. A la muerte en 1975 del dictador Francisco Franco Bahamonde, los escindidos dirigidos por Felipe González Márquez, nutridos de fondos y apoyos de los socialdemócratas alemanes y suecos, así como AFL-CIO sindical norteamericana, apenas se representaban a sí mismos, en comparación con la relativamente numerosa militancia del PCE. Las elecciones del 15 de junio de 1977, sin embargo, decantaron con 118 diputados al PSOE (r) como segunda fuerza política en España y fulminaron al sector histórico, dirigido por Manuel Murillo Carrasco. El tercero en discordia, el PSP de Enrique Tierno Galván, tan solo obtuvo 5 diputados. La absorción de ambos grupúsculos fue una labor que no tardó en consumarse pocos años después.

[3] Cambian de dirigentes, pero las consignas socialistas tienen siempre el mismo tufo de agitación y propaganda que le impregnaron Lenin y sus secuaces. Nótese la similitud con el lenguaje que usan actualmente el presidente del gobierno en funciones y su sanedrín de repicantes.

[4] La Constitución española prohíbe los indultos generales (art. 62 f) Por otro lado, aunque no están expresamente precluidas en la CE, debido a su esencial característica de eliminar u olvidar los delitos para los beneficiados antes de que sean siquiera juzgados, las amnistías resultan inconstitucionales por dos motivos principales. En primer lugar, vulnerarían diversos principios constitucionales como la igualdad ante la ley. En segundo lugar, el impedir el conocimiento jurisdiccional de delitos comunes supondría una directa invasión del ejecutivo y el legislativo en la exclusiva competencia del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

[5] Quien debe decidir su propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno sin que varios grupos políticos, cuyo apoyo futuro descuenta el presidente en funciones, se dignen siquiera a comunicarle personalmente el sentido de su opinión, en clara violación de las reglas establecidas en el artículo 99 CE.

Ver también

Debate Sánchez-Feijóo: sobre la falta de un proyecto político. (Eduardo Blasco).