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La izquierda hace el ridículo con la energía solar

Escrito por Daniel Rodríguez Herrera en diciembre 9, 2021. Publicado en Artículos en prensa.

Pocas cosas hay más ridículas que demostrar tu propia ignorancia cuando crees estar señalando la ignorancia ajena. Y ha bastado con que Pablo Casado dijera una obviedad que rompe con el discurso de buenos y malos de la izquierda y nos devuelve a las complejidades del mundo real para que, una vez más, políticos y periodistas demuestren una vez más que no saben de lo que hablan. El líder del PP recordó este domingo la obviedad de que cuando no hay sol no hay energía solar que valga. Pues ya tuvimos a los tontos habituales, desde el Huffington Post a Iñaki López, de La Sexta a Pablo Echenique, de Antonio Maestre a Anabel Alonso, de Gerardo Tecé a Podemos, de Pedro Vallín a Ramón Lobo, de Gabriel Rufián a Ana Pardo de Vera, burlándose de él con argumentos tan sesudos como que el líder del PP seguramente se sorprende al ver agua saliendo del grifo si no ha llovido. No, en serio, que lo han dicho desde actores hasta consejeras autonómicas.

Vamos con lo obvio: sí, ya sabemos todos que si tienes una placa en tu casa también puedes instalar una batería y almacenar energía en ella durante el día para gastarla por la noche. Pero cuando eres un poco cortito no te das cuenta de que una solución válida para un individuo o una persona no tiene por qué escalar y servir igualmente para un país entero. Y no lo hace. No tenemos ni materias primas ni capacidad de fabricación para emplear plantas de baterías de ión litio en las redes eléctricas del mundo desarrollado con el objetivo de almacenar energía solar. La enorme planta de Tesla instalada en Australia no sirve para eso, sino para estabilizar la red eléctrica de la región, que sufría continuos apagones. A falta de que una tecnología revolucionaria de baterías cambie por completo el panorama, lo que ha dicho Casado es completamente cierto: la energía solar no sirve de nada durante la noche. Y todos esos listillos se han revelado como lo que son: ignorantes a tiempo completo que se creen que saben mucho de todo porque lo buscan en Google.

La izquierda funciona muchas veces como ese hombre mágico del país feliz de la casa de gominola de la calle de la piruleta. Quiere luchar contra el cambio climático, sin costes para nadie y sin recurrir a una fuente de energía que lleva décadas demonizando, desde que ETA paró a tiros la construcción de la central de Lemóniz. Así, defienden las renovables, que es muy bonito, y están en contra de la nuclear porque es una cosa fea y desagradable que suena a apocalipsis. Pero en el mundo real necesitas disponer de fuentes fiables que te proporcionen energía base para poder añadir, cual guinda del pastel, aquellas centrales cuya producción varía dependiendo de cómo sople el viento, o en qué hora estamos. Y como hemos apostado por ellas para reemplazar al carbón, el petróleo y la nuclear, cuando no responden hay que tirar del mismo gas que usamos para la calefacción y para el que dependemos de países tan fiables como Argelia y Marruecos. Estos meses hemos visto lo equivocado de la apuesta. Vendrán tiempos aún peores.

Durante años, la izquierda se ha esforzado con notable éxito en identificar a la derecha con el mal. No tenía otra, porque tras la caída del comunismo se quedó sin modelos que defender. Esa campaña permanente ha tenido un gran éxito en casi todo Occidente, y la respuesta de la derecha ha sido casi siempre la de desarmarse ideológicamente. En España hemos podido ver que el PP se ha ido quedando, poco a poco, en unas pocas ideas fuerza que permitan que Feijoò y Ayuso compartan siglas y no estén en el PSOE: derecho a la vida, defensa de la familia, España, ley y orden, una gestión de la economía que pretende ser racional… Algo desideologizado, sí, en muchas ocasiones nada liberal, desde luego, pero que es lo que la mayoría de la gente entiende por bueno. Pero como la izquierda sólo le queda oponerse a la derecha, se tiene que oponer a eso, lo cual la obliga a defender la inmigración ilegal, declarar un derecho irrenunciable que se mate a 100.000 fetos al año, destruir todos los modelos público-privados que encuentren aún a costa de empeorar la sanidad, cargarse la ley de seguridad pública, etc. En definitiva, demonizar lo que quiere de sus gobernantes la clase media, que aspira a vivir razonablemente bien, tener su piso y su trabajo razonablemente estable, que no le atraquen por la calle, etc.

Y una de las cosas que la clase media quiere es que no le saquen los higadillos con la factura de la luz, como es lógico y normal. Y la misma izquierda que se quejaba de la “pobreza energética” ahora entra en cólera por que se sugiera que para solucionarla igual hay que apostar por la nuclear, aunque sea un poquito. Ni siquiera por quemar carbón, no. Simplemente por construir centrales suficientes de la única fuente de energía que tenemos hoy día que no emite CO2 y es al mismo tiempo estable y confiable. Pablo Casado lo único que ha pedido es que la apuesta de los políticos por reducir emisiones no se haga a costa de la factura. Pero eso interfiere con la historia de buenos y malos que alimenta a aquellos que marcan la agenda política en España. Al reírse de Casado, se han reído de todos nosotros; especialmente de ti, votante de izquierda, a quien consideran tan idiota como para no rebelarte ante su prepotencia y arrogancia. Lo peor es que seguramente tengan toda la razón al hacerlo.

El lenguaje económico (VIII): Sobre lo público

Escrito por José Hernández Cabrera en octubre 4, 2021. Publicado en Análisis diario.

En el Derecho romano, res publica era todo aquello no privado (res privata). La propiedad privada puede ser individual o colectiva, pero cuando decimos que algo es público —sanidad, educación, seguridad— entendemos que su titular es un ente político y que su utilización está controlada por un gobierno y un cuerpo de funcionarios. Lo público es lo relativo a lo colectivo, pero también se identifica con todo aquello perteneciente al Estado, siendo esta última acepción es la que más nos interesa.

El término «público» está asociado al de «interés general». Ambos gozan de tan buena fama que todo así calificado queda automáticamente revestido de un halo de superioridad ética y jurídica. Sin embargo, no existe idea que presente un historial más criminal que esta falsa supremacía de lo público sobre lo privado, de lo general sobre lo particular y del Estado sobre el individuo. Basta con decir que algo es «público» —orden, salud, moral—, de «utilidad pública» o de «interés general» para justificar cualquier atropello a la libertad y a la propiedad del individuo. La propia Constitución española (Art. 128.1) es un buen ejemplo: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general». La pandemia por Covid-19 ha sido el último gran episodio de abuso del poder político bajo el pretexto de la salud pública. En realidad, parafraseando a Randolph Bourne (2013), la pandemia «es la salud del Estado». Resulta, por tanto, del máximo interés desvestir lo público de su manto beatífico y exponer a las claras su auténtica naturaleza.

Lo público no es de todos

El primer mito es creer que algo público es de todos. «Todos» es un término ambiguo, ¿quiénes son todos? Los estoicos imaginaron que toda la tierra, al comienzo (1), era común a todos los hombres y llamaron a esta condición communis possessio originaria. De aquí surgió el sofisma de creer, como San Ambrosio, que toda propiedad privada era fruto de la usurpación (Leoni, 2011: 70). Suponer que algo es de todos nos conduce a imaginarios absurdos, por ejemplo, nadie podría consumir bienes sin el permiso del «resto» de la humanidad.

La titularidad pública de un bien otorga al gobernante de turno y a ciertos funcionarios su control económico. Es la autoridad quien fija, en cada caso, el uso y disfrute del bien público. Por ejemplo, en un espacio público —calle, parque, playa— la autoridad estipula las condiciones de uso, incluida la prohibición absoluta, como ocurrió durante el ilegal confinamiento por Covid-19. En ciertos casos se aprecia con más claridad que un bien público no es de todos. Por ejemplo, una vivienda o un coche oficial asignado a un alto cargo del Estado está a su servicio exclusivo y al de su familia. Los gremios que no están sujetos al mercado, como afirma Mises (2011: 966): «De servidores se transforman en dueños y señores de los consumidores. Cualquier medida beneficiosa para sus asociados pueden adoptarla, por dañosa que resulte para el común de las gentes». La prueba más contundente de que lo público no es de todos es la imposibilidad de enajenar las participaciones que (imaginariamente) corresponden a cada propietario, tal y como explica Ana Sanchís (2021: 33):

“Si algo realmente “es de todos nosotros”, ¿cómo es que no puedo liquidar mi parte? ¿Cómo es que no puedo vender, alquilar, subastar, prestar, tasar, hipotecar, legar, regalar ni destruir mi parte, ni simplemente renunciar a ella? ¿Cómo es que no puedo acordar con otro comprarle la suya y aumentar así la mía? […] ¿Cómo es que ni siquiera se me informa de cuánto vale mi porción? En definitiva, ¿qué clase de propiedad es esa, qué cuento nos están contando?”

La única forma de evitar la confusión es delimitar el bien público en cuestión, identificar a «todos» los individuos con derecho sobre él y concretar el tipo de derecho. Por ejemplo, la Suerte de Pinos, en la española Comarca de Pinares, es una institución medieval que establece la propiedad comunal sobre la explotación forestal en 23 municipios de las provincias de Soria y Burgos. Anualmente, cada vecino del pueblo recibe una parte alícuota del dinero procedente de la venta de madera.

El dinero público tampoco es de todos. La desafortunada frase de Carmen Calvo —«El dinero público no es de nadie»— contiene una brizna de verdad. Una vez que el Estado ha confiscado el dinero a sus legítimos dueños y pasa al erario, sus administradores lo dilapidan como si no tuviera dueño, se quema como pólvora de Rey (2). Sin embargo, el dinero público, al igual que el resto de bienes del Estado, tienen un dueño efectivo: aquellos que lo consumen directa o indirectamente en forma de rentas, subsidios, contratos públicos, etc.

El servicio público

Los entes estatales y las empresas públicas, con frecuencia, buscan legitimar su existencia afirmando ser un «servicio público». No tener ánimo de lucro, es algo que supuestamente les ennoblece. Sin embargo, los empleados públicos no trabajan gratis, todos se lucran al cobrar sus nóminas; pero existen muchas formas ilícitas y subrepticias de lucrarse con lo público: a) Trabajando menos horas de las estipuladas o reduciendo el rendimiento. b) Utilizando los medios del Estado en su provecho personal: por ejemplo, los políticos y los trabajadores (incluidas las familias) de la sanidad pública disfrutan de listas de espera paralelas a expensas del resto de usuarios. De igual modo, la seguridad pública se convierte en la seguridad privada de los altos cargos (3). También es frecuente usar al personal —escoltas, conductores, ordenanzas— en labores domésticas. c) Malversando fondos públicos: gastando el dinero en fines —obsequios, viajes, gastos personales— distintos de los legalmente autorizados. d) Pagos en metálico o «mordidas»; por ejemplo, un tanto por ciento sobre el importe tras cada adjudicación de contrato público. Este dinero puede ir directamente al bolsillo del político o a un recaudador oficioso que posteriormente reparte el botín entre los dirigentes del partido. Por último, e) Puertas giratorias. Los políticos tejen una red —empresas públicas, organismos, fundaciones, agencias, observatorios, etc.— donde poder acomodarse en el futuro (4).

Otro error es llamar «públicos» a ciertos servicios —taxis, farmacias, notarías, registros de la propiedad y mercantiles— cuya oferta ha sido interferida por el gobierno. Es obvio que todos los servicios se ofrecen «al» público, pero el gobierno utiliza esta argucia cada vez que desea manipular un negocio. Por ejemplo, en Baleares y Canarias el transporte aéreo interinsular ha sido declarado «servicio público» para imponer obligaciones —rutas, frecuencias, horarios— a las compañías y otorgar falsos derechos —subsidios— a los residentes.

Tampoco hay tal cosa como «utilidad pública». La utilidad —el valor— siempre es subjetiva. El interés, la razón, la inteligencia o la voluntad, son atributos exclusivos de las personas: «Sólo los individuos piensan y actúan» (Mises, 2010: 217).

Las ayudas públicas

Existe una generalizada aceptación social sobre la bondad de las ayudas públicas. Tras cada catástrofe o crisis económica los afectados piden ayudas a las autoridades. Los sustantivos «ayuda» y «solidaridad», adjetivados como «públicas», quedan automáticamente pervertidos. La ayuda genuina debe ser voluntaria y utilizando medios económicos propios. Toda ayuda pública es espuria porque el dinero ha sido obtenido mediante la violencia fiscal. Los fines éticos exigen medios éticos. Lo correcto es remediar los infortunios a través de instituciones de previsión —familia, seguros, mutualidades— y caritativas —religiosas, fundaciones— que no sean coercitivas. «Salvar» o «rescatar» empresas —bancos, aerolíneas, fabricantes de automóviles, industria cinematográfica, etc.— en quiebra, con dinero público, es otra perversión del lenguaje; se trata de eufemismos que disfrazan un robo al contribuyente. Por último, algunas ONG y fundaciones también presumen de no tener «ánimo de lucro», pero como no quieren o no pueden recaudar fondos de forma voluntaria, recurren al gobierno para lucrarse con dinero confiscado.

(1) La idea de «comienzo» también es engañosa y tiene una connotación bíblica. Nunca ha habido un comienzo porque la historia del hombre es un continuo biológico y antropológico.

(2) Los soldados de los Tercios españoles debían pagar la pólvora con su propio salario. La pólvora de rey era aquella que provenía del botín de guerra. La segunda se gastaba más alegremente que la primera.

(3) Durante el carnaval de Tenerife, en 2012, los seis escoltas de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) asignados al alcalde santacrucero, José Manuel Bermúdez, cobraron 14.842 € en concepto de horas extra.

(4) La Unión Europea es la mayor puerta giratoria con unos 50.000 empleados propios (funcionarios y agentes). Como anécdota, tras el Brexit, quedaron vacantes los 73 escaños que ocupaba el Reino Unido en el Parlamento europeo. Los eurócratas no perdieron la ocasión para repartirse 27 nuevos escaños (5 a España) aduciendo motivos demográficos y de representación.

Bibliografía

Bourne, R. (2013). War is the Health of the State. John Calvin Jones.

Constitución española (1978).

Leoni, B. (2011). La libertad y la ley. Madrid: Unión Editorial.

Mises, L. (2010). Teoría e Historia. Madrid: Unión Editorial.

Mises, L. (2011). La acción humana. Madrid: Unión Editorial.

Sanchís, A. (2021). «Avance de la Libertad». Revista libertaria de opinión y debate. Núm. 13. Madrid: Fundación para el avance de la libertad.

Serie El lenguaje económico

(VII) La falacia de la inversión pública

(VI) La sanidad

(V) La biología

(IV) La física

(III) La retórica bélica

(II) Las matemáticas

(I) Dinero, precio y valor

Externalidades, bienes públicos y minarquismo

Escrito por Eduardo Blasco en febrero 9, 2021. Publicado en Análisis diario. 1 comentario en Externalidades, bienes públicos y minarquismo

El minarquismo es una filosofía política que defiende la existencia de un Estado mínimo para la resolución de conflictos interpersonales. El Estado —metonimia para referirse a los individuos que actúan a través del aparato gubernamental, especialmente miembros de altos cargos dentro de los tres poderes— se mantiene mediante la agresión a sus súbditos. Por lo tanto, los minarquistas y cualquiera que defienda al Estado debe contestar dos preguntas.

Primero, si el Estado agrede. Es imposible negarlo. Es innecesario mirar el pasado en busca de un comportamiento ilegítimo para determinar si lo es ahora o no. Actualmente ya vulnera la propiedad de los individuos por lo que independientemente de si era ilegítimo hace un siglo o no, que por su naturaleza necesariamente también lo era, ahora lo sigue siendo. Las reglas de apropiación original y transferencia de títulos de propiedad del libertarismo son suficientes para demostrarlo.

El Estado tiene bienes en su propiedad que tenían dueño anteriormente. Salvo en casos excepcionales donde ejércitos encontraban tierra desierta y podían reclamarla para su Estado, la apropiación original nunca se ha dado. Por tanto, ha tenido que haber una transferencia de títulos de propiedad. Para que esta sea legítima, los individuos han tenido que realizarla voluntariamente o como consecuencia de un castigo. Puede haber casos en los que alguien entregase su propiedad voluntariamente a otro para poder darle los medios necesarios para posteriormente gobernarlo a lo largo de la historia.

Puede que en algún momento unos individuos se reuniesen y decidiesen establecer un fondo común para formar un Estado a través de un contrato que, de alguna manera, tuviera validez universal en un territorio durante generaciones y no pudiese ser roto. No obstante, por mucha arqueología realizada, aún no se ha encontrado ningún contrato social. Tampoco podría haber habido transferencia como consecuencia de un castigo, porque los Estados siempre han cobrado impuestos independientemente del comportamiento de uno. Por tanto, sólo cabe concluir que el Estado obtiene sus bienes ilegítimamente.

La segunda pregunta que los minarquistas deberían contestar es si la agresión está justificada. El hecho de que estén vivos demuestra que al menos cuidan de la propiedad privada de su cuerpo porque tiene cierto valor para ellos. Si no lo tuviera, se morirían por inercia. Esta demostración de valor sobre el cuerpo significa que valoran negativamente un ataque sobre el mismo, es decir, la agresión a su propiedad privada original. Así que cualquier respuesta salvo un no a la segunda pregunta sería una contradicción.

Pero para que puedan elaborar un argumento, la pregunta entonces sería si la agresión estatal está justificada. Los sistemas políticos son distintas formas de distribución de los recursos en una sociedad. El único consistente con el rechazo a la agresión es el libertarismo. Los minarquistas tendrán que justificar su sistema político distinto al libertarismo —el bien entendido, el anarcocapitalista—.

Las dos principales teorías éticas para justificar un sistema político u otro son la deontología y el consecuencialismo. La ética deontológica evalúa las acciones según si pueden ser consideradas correctas, justas o legítimas; se basa en el deber. Consideramos que una acción intrapersonal es correcta, justa o legítima si esta se ha realizado sin agresión externa. Un intercambio interpersonal lo es cuando ambas partes lo realizan voluntariamente. Para la ética deontológica una acción puede ser correcta aunque genere consecuencias negativas. Pero esto no puede ser el caso de los intercambios interpersonales, al menos no ex ante, ya que si se realiza es porque todas las partes aceptan voluntariamente. Puede que ex post revisen el intercambio y piensen que no han salido beneficiadas, pero esto es debido a la subjetividad del valor y, por tanto, intrínseco en la naturaleza humana.

Por otro lado, para la ética consecuencialista lo importante es el resultado de las acciones, no ninguna cualidad atribuida a estas. El análisis del resultado puede realizarse desde diversos puntos. Puede ser considerarse la maximización de la felicidad general, como hace el utilitarismo, o la mejora del Estado o de uno mismo, como buscan el consecuencialismo estatal y egoísta.

Desde la deontología es imposible defender consistentemente el minarquismo. Si aceptas que la agresión a la propiedad privada es ilegitima, es contradictorio con la posición deontológica entonces aceptarla en algunos casos porque crees que la alternativa, el libre mercado, generaría un resultado peor. No se puede hacer justicia agrediendo. Una defensa utilitarista también carece de sentido porque no se pueden agregar las preferencias individuales debido a su subjetivismo. No obstante, vamos a profundizar más en este argumento, especialmente en sus dos justificaciones más repetidas: las externalidades y los bienes públicos.

Ambos conceptos no tienen sentido si aceptas que el valor es subjetivo. No hay ninguna propiedad fisioquímica de un objeto nos dirá si este es un bien o no. Un objeto es un bien si alguien lo percibe como tal. Los bienes públicos son bienes teóricamente no rivales y no excluibles que los minarquistas defienden que el Estado debe proveer. La defensa nacional es un caso de esto. Pero, de nuevo, lo que para ti es un bien no tiene por qué serlo para mi.

Quizás cierta seguridad sí que lo sea, pero no al nivel de provisión estatal, que pasa a ser un mal porque pago demasiado por ella, porque no me protege lo suficiente o porque me protege demasiado. Lo mismo con las externalidades. Que una casa tenga una fachada que tú estimes bonita no significa que yo también lo vaya a hacer. Quizás yo sea un envidioso que prefiere que tengas una fachada fea. Este ejemplo lo entenderán muy bien los minarquistas, quienes valoran el servilismo al Estado como un bien mientras que para los libertarios es un mal.

Los minarquistas, con tal de defender al Estado suelen citar casos de supuestas externalidades negativas que no serían resueltas en un orden espontáneo como la contaminación global. Que sea un problema global no significa que requiera una gestión global. También lo es la provisión de lápices a niños de todo el mundo para poder estudiar y ahí no hace falta Estado. De hecho, esta distribución y satisfacción de necesidades se da a pesar del Estado y políticas como los aranceles o el control socialista de las carreteras. Los individuos pueden coordinarse libremente y generar beneficios mutuos con los incentivos correctos cuando los derechos de propiedad privada se respetan.

El capitalismo son las condiciones catalíticas que surgirían en una sociedad en la que se respetase la propiedad privada, una sociedad de derecho privado. El capitalismo no significa más o menos producción, sino el nivel de producción emergente, independientemente del valor cuantitativo de este. Que todas las comunidades fuesen capitalistas no significa que se vaya a contaminar más o descontroladamente.

Si comparásemos la misma población, una regida bajo leyes libertarias y otro bajo leyes que o bien aceptasen solo propiedad estatal o bien fiduciaria, el nivel de producción sería necesariamente inferior en el primero que en los otros dos, bajo las mismas condiciones. La sociedad donde la propiedad de los medios de producción fuese estatal la llamaremos socialismo puro o ruso. Y socialismo socialdemócrata en aquella donde se permitiese cierto o total control privado de los medios de producción, pero con impuestos, regulación, controles de precios, controles de comportamiento, etc, en los que toda propiedad fuese fiduciaria. Bien, la misma sociedad bajo las mismas condiciones contaminaría más bajo un sistema socialista puro ya que sería imposible realizar el cálculo económico necesario para saber si están produciendo de más en qué empresas y bajo qué costes.

El segundo tipo de sociedad que más contaminaría sería la socialdemócrata, en la que no existe una privatización de todos los recursos por lo que los recursos naturales serían estatales y nadie pagaría por contaminarlos por lo que nadie acarrea estos costes. Por último, en una sociedad capitalista, es decir, en las que se dan las condiciones catalíticas resultantes de la correcta asignación de recursos (sea esta la que sea siempre que la asignación sea voluntaria y legítima) será donde menos se contamine porque al hacerlo la propiedad de alguien será dañada y este podrá legítimamente demandar una compensación por los daños. Un sistema no es más capitalista que otro porque produzca más, sino porque se proteja la legítima asignación voluntaria de la propiedad privada.

El ejemplo de bien público por excelencia es la seguridad pública. Pero no hay razón para que este servicio no pueda proveerse de manera privada mediante el trabajo de aseguradoras, agencias de seguridad privada, despachos de arbitraje y penitenciarías privadas. En ese sistema, la seguridad sí que sería un bien porque cada uno podría recibir la que estimase oportuna, y no estar forzado a financiar un sistema ilegítimo que además incurre en problemas de cálculo económico.

Para más sobre seguridad y defensa privadas recomiendo Molinari (1849), Hoppe (2020) y Murphy (2002, 2017). La ley sería el principio de no agresión. Para más sobre la ética en una sociedad de derecho privado recomiendo Rothbard (2009, 2013) y Hoppe (1998). La justificación típica es decir que entonces una agencia de seguridad privada se podría hacer con tanta fuerza que podría conquistar al resto y volveríamos a tener un Estado de nuevo. Pero nadie explica cómo iba a conseguir llegar a ese punto.

La violencia es cara y especialmente las armas. La agencia debería subir las mensualidades más y más para recaudar dinero, pero lo clientes entonces se irían a la competencia. Además, si sabes que algo tan importante—o al menos para mí—como tu seguridad está en manos de esta agencia, te informarías de cuanto armamento está recaudando para dejar de financiarla si crees que es demasiado.

Esta práctica no tiene sentido actualmente porque el Estado hará lo que quiera. También los bancos se negarán a trabajar con estas agencias amasando poder balístico por miedo de ser atacados, por lo que sería muy difícil para una agencia hacerse con ese poder. No obstante, de ser así y conseguirlo, aunque se volviese a formar un Estado, habremos vivido unas bonitas vacaciones en libertad como Rothbard solía decir.

Referencias

Hoppe, Hans-Hermann. 1998. “On the Ultimate Justification of the Ethics of Private Property.” Liberty 2 (1): 20–22.

———. 2009. El Gobierno y la producción privada de la defensa en Monarquía Democracia y Orden Natural.Madrid, España: Unión Editorial.

Molinari, Gustave de. 1849. “The Production of Security.” Journal Des Economistes, 277–90.

Murphy, Robert P. 2002. Chaos Theory. 2ª ed. Auburn, Estados Unidos: Ludwig von Mises Institute.

———. 2017. “Libertarian Law and Military Defense.” Libertarian Papers 9 (2): 213–32.

Rothbard, Murray N. 2009. La Ética de la Libertad. Madrid, España: Unión Editorial.

———. 2013. Hacia Una Nueva Libertad. Madrid, España: Unión Editorial.