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Etiqueta: Comercio globalización y desarrollo

Thomas Piketty y el mecanismo averiado de la desigualdad

El francés Thomas Piketty se ha convertido en el nuevo economista fetiche del socialismo. Su obra magna, un extenso libro sobre la desigualdad titulado Capital en el Siglo XXI, pasó por las librerías sin pena ni gloria cuando fue publicada en Francia en 2013. Ha sido este año, al publicar Harvard University Press la traducción inglesa en Estados Unidos, cuando literalmente ha arrasado. El polémico Nobel de economía Paul Krugman no tardó en deshacerse en elogios ante el que considera "el que será el libro más importante de la década". En cuestión de semanas, Piketty ha sido elevado a los altares de la izquierda. Todo apunta a que va a permanecer ahí durante mucho tiempo.

Capital en el Siglo XXI se ha convertido en el nuevo libro sagrado del socialismo porque rearma a la izquierda frente al sistema capitalista en torno al estandarte de la igualdad. Por un lado, es un libro de gran empaque académico, fruto de un extenso estudio histórico y de un innegable esfuerzo de recolección de datos. Pero sobre todo, proporciona un argumento sencillo, elegante y aparentemente lógico, que puede emplearse como arma arrojadiza en cualquier discusión para atacar al capitalismo y defender el ascenso del Estado omnipotente.

La tesis central de Piketty es que en el sistema capitalista existe una fuerza inexorable que hace que el capital acumulado crezca más rápido que la renta y los salarios. Esta ‘fatal contradicción central del capitalismo’, según el economista francés, tiene un doble efecto. En primer lugar, provoca que las rentas del capital se vayan comiendo progresivamente las rentas del trabajo. En segundo lugar, hace que la riqueza se vaya concentrando cada vez en menos manos a medida que se transmite de generación en generación, dando lugar a una creciente e injusta desigualdad. "El empresario inevitablemente tiende a convertirse en un rentista, cada vez más dominante sobre aquellos que no poseen nada excepto su trabajo", concluye Piketty.

Para tratar de demostrar su tesis central, el autor de Capital en el Siglo XXI divide su investigación en dos partes. La primera consiste en mirar hacia el pasado y estudiar cuáles son los hechos hasta hoy. Aquí se presenta el encomiable esfuerzo de investigación histórica que ha proporcionado a Piketty un prestigioso reconocimiento académico. Es cierto que se ha levantado mucha polvareda a raíz de la denuncia del Financial Times de que Piketty realizaba cálculos torticeros y cometía numerosos errores en sus series históricas. Este debate es natural y sin duda interesante para ir mejorando los datos que tenemos del pasado, como el propio autor afirmaba cuando hizo públicas las hojas de cálculo utilizadas para escribir el libro. Sin embargo, esto no resta utilidad al extenso estudio realizado, ni demuestra que haya sido deliberadamente manipulado. Más que nada, porque las series históricas del libro por si mismas ya siembran serias dudas sobre la tesis central de Piketty.

Analicemos a la luz de sus propios datos las dos tendencias inexorables hacia las que, según Piketty, nos conducirá el capitalismo. En el capítulo 6 de Capital en el Siglo XXI, se estudia la evolución de las rentas del capital frente a las rentas del trabajo. Según el autor, las rentas del capital deberían "devorar progresivamente" a las rentas del trabajo. Sin embargo, para los dos países analizados, Francia y Reino Unido, vemos que la tendencia de largo plazo es más bien es la contraria. Si bien la relación tiene oscilaciones, un análisis desapasionado nos muestra que entre finales del siglo XVIII hasta hoy, en estos países la renta del trabajo en general ha ido ganando terreno a las rentas del capital. Está claro que esto no demuestra que en el futuro tenga que ser siempre así, pero sí arroja serias dudas sobre la supuesta ley de hierro de Piketty de que las rentas del capital tienden a devorar a las del trabajo.

Por otro lado, para analizar la evolución de la desigualdad en la riqueza, Piketty estudia el porcentaje de riqueza que poseen los ricos (10% más rico del país) y los súper ricos (1% más rico). Hay que decir que, aunque incluye en las cifras de riqueza algunos bienes duraderos como viviendas, por algún motivo ha excluido otros como coches, mobiliario, electrodomésticos, productos electrónicos o joyas, que son bienes que forman una buena parte del patrimonio de las clases medias y bajas. Además, Piketty siempre analiza la desigualdad dentro de un país. Pero según ha estudiado el economista Xavier Sala i Martín, uno de los más prestigiosos y citados economistas del mundo en cuanto a crecimiento y desarrollo económico, si analizamos las desigualdades entre países, a escala global, se vería cómo las desigualdades han caído en picado durante las últimas décadas.

En todo caso, según las series sobre desigualdad de riqueza del capítulo 10 del libro, para los países analizados (Francia, Reino Unido, Suecia y Estados Unidos) la supuesta tendencia inexorable de los ricos a acumular cada vez un mayor porcentaje de la riqueza vuelve a quedar en entredicho. En todos los casos, se ha ido transitando de unas sociedades relativamente más desiguales hacia unas sociedades en las que la riqueza está menos concentrada, al menos hasta hoy. El propio Piketty admite en el libro que "el crecimiento de una verdadera clase media patrimonial (o propietaria) ha sido la principal transformación estructural de la distribución de la riqueza en los países desarrollados durante el siglo XX. Si retrocediéramos un siglo en el tiempo, a la década de 1900-1910, en todos los países de Europa la concentración del capital sería entonces mucho más extrema de lo que es hoy".

En conclusión, fijándonos en los resultados del estudio histórico del libro, es cuanto menos arriesgado sostener que en el sistema capitalista las rentas del capital tienden necesariamente a devorar a las del trabajo y que la riqueza tiende a concentrarse en pocas manos. No en vano, Piketty dedica un tremendo esfuerzo a explicar que el capitalismo sí tiene esa tendencia natural hacia la desigualdad, pero que el período entre 1910 y 1970 es una excepción por una serie de motivos: dos guerras mundiales, la Gran Depresión, el alto crecimiento económico o el crecimiento de la población. Sin embargo, como explica Sala i Martín, si las buscáramos, también podríamos encontrar razones para suponer que la excepción a la norma no son los primeros 70 años del siglo XX, sino los últimos 30. De nuevo, los datos del propio Piketty arrojan serias dudas sobre su tesis central, y esto le obliga a realizar constantes piruetas argumentales a lo largo del libro.

Si en la primera parte de la investigación se ha analizado el pasado, y hemos visto que cuanto menos la tesis del autor parece no cumplirse, Piketty vuelve su cara hacia el futuro para tratar de demostrar que el siglo XXI será diferente al siglo XX. Para ello, elabora una teoría económica que ha tenido una gran trascendencia en los medios por su aparente sencillez. Piketty parte de que es de esperar que la tasa de retorno del capital (r) se sitúe de manera natural por encima de la tasa de crecimiento de la renta (g). Al estudiar cómo han evolucionado ambas variables durante el pasado, se comprueba que la tasa de retorno del capital antes de impuestos ha oscilado entre el 4%-5%, mientras que el crecimiento de la renta ha ido creciendo exponencialmente desde cero hasta casi el 4%. Analizada la tasa de retorno después de impuestos, sin embargo, durante el siglo XX se desploma por debajo incluso del crecimiento de la renta. A la serie histórica, vemos que Piketty añade unas previsiones de crecimiento para el siglo XXI que sólo podemos calificar de sumamente pesimistas, pues asume que la tendencia histórica del crecimiento económico se va a dar la vuelta y va a caer hasta el 1,5% a lo largo del siglo XXI. Expertos en la materia como Sala i Martín han contestado que esas previsiones son catastrofistas, y que sería más realista asumir que la tendencia histórica que hemos visto hasta ahora sigue su curso, a lo que añade que por supuesto ni Piketty ni él pueden predecir cuál será el crecimiento económico durante el próximo siglo.

En todo caso, ¿qué interés tiene que la tasa de retorno del capital se sitúe de manera natural por encima de la tasa de crecimiento de la renta (en notación compacta, r > g)? Según Piketty, esto es lo que demuestra que el capital tenderá a crecer a un ritmo superior del que lo hace la renta. Es una explicación sencilla y elegante, perfecta para cualquier debate. Pero tiene un problema. ¡También es falsa! Y es que el ritmo al que crece el capital no tiene nada que ver con el retorno del mismo. Por ejemplo, es perfectamente posible que el capital nos proporcione un retorno elevado pero que sin embargo consumamos todas las rentas del capital (como haría un jubilado que vive de las rentas de su capital acumulado). Podemos incluso pensar en el hipotético caso en el que la sociedad no ahorrara en absoluto, provocando una reducción progresiva del capital acumulado independientemente de su tasa de retorno. De lo que realmente depende el valor del capital acumulado es de dos cosas. La primera es la tasa de ahorro de la sociedad, es decir, su capacidad para posponer el consumo de un porcentaje más o menos grande de la renta (¡independientemente de que esa renta provenga del capital o del trabajo!). Y la segunda es de la capacidad de los capitalistas y empresarios de organizar la estructura de capital de tal forma que produzca para los consumidores los productos que desean consumir a costes asumibles. Es decir, que cuando Piketty compara la tasa de retorno con la tasa de crecimiento de la renta, está realmente comparando peras con manzanas.

Es una pena que un economista como Piketty, con independencia de su ideología política, haya desperdiciado un encomiable estudio histórico analizándolo a la luz de una teoría del capital tan sumamente pobre. Como con brillantez ha expuesto Juan Ramón Rallo, Piketty de hecho ha entendido la teoría del capital al revés. El autor francés asume que el capital es un fondo que se autorreproduce, y que ese fondo proporciona unas rentas perpetuas a una determinada tasa que se aplica al valor nominal de la inversión inicial. El capitalista, por tanto, no tiene más que recogerlas sin esfuerzo. Rallo explica que la relación es exactamente la contraria. El valor del capital hoy no depende del valor histórico de los ahorros acumulados durante el pasado. Equivale al valor presente de las rentas futuras que se espera que esos heterogéneos bienes de capital proporcionen, valoradas por los consumidores y descontadas por la tasa social de preferencia temporal y de aversión al riesgo (o tipo de interés). Cuando un capitalista ha organizado ese capital de tal forma que los consumidores no valoran la producción lo suficiente, o simplemente no es capaz de adaptarse mejor que la competencia a los cambios en las preferencias de los consumidores, esas rentas esperadas se desploman y por tanto el valor de ese capital puede desaparecer de la noche a la mañana.

Por ese motivo, tiene sentido el dicho popular de que cuando una persona exitosa traspasa a sus descendientes el capital acumulado, entre sus hijos y sus nietos suelen bastar para hacer desaparecer el capital. La realidad desmiente a Piketty cuando dice que en el capitalismo la riqueza se tiende a concentrar en dinastías familiares que se traspasan un creciente capital de padres a hijos, y que son el motivo por el que la desigualdad aumenta. Como muestra Sala i Martín, ninguna de las familias de la lista de los más ricos en 1910 figura en la lista de los más ricos en la actualidad. Si Piketty argumenta que desde 1910 hasta 1970 lo que sucede es una gran excepción y que sólo debemos atender a los últimos treinta años del siglo XX, Rallo demuestra que algo similar sucede si comparamos la primera lista Forbes (1987) con la actual. De hecho, la mayoría de las personas más ricas del mundo hoy han obtenido sus fortunas partiendo prácticamente de cero: pensemos en Bill Gates, Warren Buffett o Amancio Ortega. La tesis de Piketty de que una supuesta mayor acumulación de capital tenderá a provocar que el capital se vaya acumulando en las manos de unas pocas familias, que se traspasan de generación en generación comiéndose la renta nacional, se deshace como un azucarillo a la luz de una correcta teoría del capital.

Hasta aquí la parte de investigación histórica y teórica del Capital en el Siglo XXI de Thomas Piketty. Hemos visto que el economista francés busca demostrar que en el sistema capitalista las rentas del capital irán devorando progresivamente a las rentas del trabajo y que el capital va a ir acumulándose en unas pocas manos que se traspasan de padres a hijos a expensas del resto de la población. Sin embargo, hemos visto que el análisis histórico del propio Piketty arroja serias dudas sobre que esta tesis sea cierta. Y, por otro lado, vemos que la argumentación teórica que dice que si r > g, el capital crecerá más rápido que la renta y se irá concentrando progresivamente, es totalmente falsa si la analizamos desde la óptica de una teoría del capital correcta. Parece, pues, que el mecanismo de generación automática de desigualdad que nos presenta Piketty está averiado. ¿Quiere decir esto que en el capitalismo no pueda tenderse hacia una distribución de la riqueza desigual en un determinado periodo? En absoluto. Sólo quiere decir que la aportación de Piketty es más un argumento fácil para usar en debates que una teoría correcta. Tras su extenso análisis, Piketty da el salto en el libro a la sección en la que propone cómo solucionar, a través del Estado, esta supuesta tendencia inexorable del capitalismo hacia la desigualdad. Pero para analizarla vamos a necesitar un segundo artículo.

La revolución de Tesla

Tesla Motors es una de las compañías más increíbles del panorama actual, no sólo por ubicarse en la vanguardia de la revolución del coche eléctrico o por haber sido creada por Elon Musk –uno de los genios empresariales de nuestra era–, sino por el ejemplo que acaba de ofrecer a la humanidad: liberar todas sus patentes para potenciar el desarrollo y la producción en masa de vehículos eléctricos.
Tal como explico en Una revolución liberal para España, las patentes son una forma de monopolio intelectual de carácter temporal otorgado por el Estado a una compañía o a un individuo. Como monopolio que son, suprimen la libre competencia entre ideas e innovaciones durante un período de tiempo, encareciendo artificialmente los nuevos productos y reduciendo su disponibilidad para el gran público. Es verdad que suele pensarse en las patentes como un mecanismo indispensable para promover la inversión en I+D, pero, tal como documentan extensamente Boldrin y Levine, no existe evidencia alguna de que la introducción o el reforzamiento de la legislación de patentes haya contribuido a incrementar los recursos destinados privadamente a la I+D. Lo que, por el contrario, ha tendido a suceder es que las patentes incentiven la sustitución de una investigación de arquitectura modular (código abierto: cada investigador contribuye descentralizadamente a impulsar mejoras incrementales en un corpus de conocimiento socialmente compartido) por una investigación de arquitectura integral (código cerrado: cada investigador centraliza toda la inversión en innovación excluyendo al resto de agentes del corpus de conocimiento que él ha desarrollado). Tal como expresa diáfanamente Elon Musk: “El liderazgo tecnológico no se define por las patentes –pues la historia ya ha mostrado reiteradamente que conceden escasa protección contra ciertos competidores–, sino por la capacidad de una compañía para atraer y motivar a los más talentosos ingenieros del mundo”. En suma, las patentes no disparan el gasto en innovación, sólo modifican el modo en que se despliega. Pero, en cambio, las patentes sí dan lugar a incentivos perversísimos; así, paralizan la innovación en los sectores recién patentados, encarecen los costes de investigación, judicializan el proceso innovador y alientan los comportamientos oportunistas en la constitución de nuevas patentes (patentes inútiles, preventivas o submarino). Elon Musk es muy claro al respecto: “Al comienzo pensaba que las patentes eran positivas y me esforzaba por conseguirlas. Y tal vez fueron positivas en algún momento pasado, pero en la actualidad sólo sirven para minar el progreso, reforzar la posición de corporaciones gigantescas y enriquecer a los abogados, que no a los inventores”. Mas, como ya dijimos, el mayor perjuicio de las patentes lo sufren los consumidores, quienes se ven penalizados con bienes más escasos y caros de los que podrían disfrutar en ausencia de patentes. Aunque los copiadores están muy mal vistos en nuestra sociedad, no sólo buena parte de nuestro progreso procede de emular, reproducir y modificar tangencialmente los comportamientos y avances ajenos, sino que en muchos casos sólo es posible multiplicar la oferta de bienes y servicios –hasta volverla verdaderamente asequible para todo el mundo– por la vía de efectuar múltiples copias descentralizadas del prototipo. Si, por ejemplo, Ford gozara del monopolio perpetuo de la producción de vehículos mediante cadena de montaje, es harto dudoso que hoy los coches se hallaran ampliamente disponibles en todo el mundo: simplemente, la compañía Ford sería incapaz de atender por sí sola un mercado tan amplio. Pues tres cuartos de lo mismo sucede con la generalización del coche eléctrico. Elon Musk reconoce explícitamente la incapacidad de Tesla Motors para producir suficientes coches lo suficientemente rápido: “Dado que estamos produciendo casi 100 millones de vehículos anuales mientras que el parque mundial de coches es de aproximadamente 2.000 millones, es imposible que Tesla genere coches eléctricos lo suficientemente rápido como para hacer frente al cambio climático. Asimismo, tengamos presente que el mercado es enorme: nuestros verdaderos competidores no son los diminutos fabricantes de coches eléctricos distintos de Tesla, sino la gigantesca flota de vehículos de gasolina que son fabricados día a día en las fábricas de todo el mundo”. Más copia no sólo es más innovación, sino más producción y másbaratura. Pero las patentes impiden la saludable copia. En definitiva, Tesla Motors acaba de lanzar un potente mensaje a todos los gobiernos y empresas del planeta: abandonen el monopolio estatal de las ideas y abracen el libre mercado innovador. Esperemos que este revolucionario ejemplo sea el comienzo de cambios mucho más profundos en la mal llamada legislación de propiedad intelectual.

Consecuencias no previstas: La Iglesia y el capitalismo

La propiedad, el derecho mercantil, el individualismo… son valores e instituciones que han posibilitado, facilitado y en última instancia favorecido la aparición del capitalismo. Pero ¿cómo aparecieron en nuestra sociedad pasada? Deepak Lal, especialista en desarrollo económico, propone dos momentos en la historia de Occidente o, más bien, de la Cristiandad, que han sido decisivos a este respecto. Dos momentos que no crearon estas instituciones, pero que favorecieron su desarrollo. Ambos recogidos de otros autores, los dos referidos a cambios impuestos por la Iglesia, y los dos también obrados por sendos papas de nombre Gregorio.

El primero de ellos es Gregorio I, el Grande. Nada más ocupar el arzobispado de Canterbury, en 597, San Agustín (no confundir con el de Hipona), le envió un cuestionario al Papa con nueve preguntas. Cinco de ellas se referían a cuestiones familiares. Y su respuesta tuvo consecuencias que han durado hasta la generación de nuestros abuelos e incluso de nuestros padres. En gran parte, esas consecuencias forman parte del modo como vemos la vida.

La cita a Jack Goody en su libro The Development of the Family and Marriage in Europe. En él dice que los usos tradicionales respecto de la familia “permitían e incluso favorecían las prácticas de, en primer lugar, casarse con parientes cercanos. En segundo lugar, casarse con viudas que sean parientes cercanas (probablemente por herencia, del cual el levirato era su forma más extrema). En tercer lugar, la transferencia de niños por medio de la adopción. Y, finalmente, el concubinato, una forma de unión secundaria”. Gregorio prohibió las cuatro prácticas en su respuesta. Una prohibición que, según Goody, no está basada en las Sagradas Escrituras. Tampoco tiene el respaldo del derecho (romano), ni de la moral, es decir, de la costumbre.

“Combinadas con el mandato contra el divorcio, que se retrotrae a las palabras de Cristo en Mateo 19:3-9, todas las prácticas rechazadas tenían un aspecto en común”, nos dice Deepak Lal: “Se referían a las estrategias de la herencia: la herencia de la propiedad familiar, la provisión de un heredero, y el mantenimiento del estatus en una sociedad agrícola muy estratificada”. Unos usos que solucionaban el problema de la herencia. Al prohibirlos, la Iglesia llevó a una situación en la que “un 40 por ciento de las familias quedarán sin ningún heredero varón inmediato”, dice Goody. De esta nueva situación había una clara beneficiaria: la propia Iglesia, que heredaba muchas de las propiedades que, de otro modo, se distribuirían entre otras personas cercanas a las fallecidas, por las antiguas estrategias familiares.

Una consecuencia de este cambio fue que los matrimonios se retrasasen, que los solteros trabajasen fuera del ámbito del hogar, y no dentro, y que con la creación de un nuevo matrimonio se crease un nuevo hogar. Todo ello favoreció el control de la natalidad lo que, a su vez, favoreció que Europa escapase de la trampa maltusiana antes que otras sociedades (Rusia, India, China).

Otra fue que la riqueza que llegó a atesorar la Iglesia fue fenomenal. Despertaba envidias, y su propiedad era el objeto de deseo de señores y reyes. Pero entonces se produjo una segunda revolución, en el derecho detallada por Harold Berman en Law and Revolution. El cambio partió del ámbito religioso y político, que en aquella época (siglo XI) no estaban deslindados.

Gregorio VII, según John Julius Norwich, “a lo largo de su vida se guió por un ideal: la sujeción de toda la Cristiandad, de los emperadores abajo, a la autoridad de la Iglesia de Roma”. Lo hizo con 27 proposiciones que se conocen como Dictatus papae y que, entre otras cosas, decían que todos los Papas heredaban la santidad de Pedro, que sólo él puede nombrar a los príncipes de la Iglesia, que sólo él puede declarar canónico un texto, o que tenía la facultad de deponer a cualquier rey o emperador. De hecho le echó un pulso a Enrique IV, que el titular del Sacro Imperio Romano acabó perdiendo. Gregorio VII declaró nula cualquier obligación de los súbditos hacia Enrique, e incluso amenazó con cualquiera que siguiera manteniendo ese vínculo con él con la excomunión. “Si se hubiera observado por completo” esta prohibición, señala Norwich, “el gobierno de Enrique se desintegraría en consecuencia, y sería incapaz de mantenerse en el trono”. Los príncipes le dieron a Enrique un año y un día para lograr la absolución papal, y amenazaron con elegir otro emperador si no la conseguía.

De forma paralela, Gregorio VII impulsó el desarrollo de una rama del derecho que facilitase la producción y el comercio y que, en consecuencia, enriqueciese aún más a la Iglesia. La institución, que se había puesto por encima del César, podía hacer dos cosas. Por un lado intervenir en la evolución del Derecho, y por otro extender esos cambios a todo el ámbito cubierto por su manto, dado que acababa de asentar su autoridad sobre todos los demás.

Según la tesis de Berman, “la Iglesia-Estado”, que fue el resultado de los cambios impuestos por Gregorio VII, “fijaron el ejemplo para la ciudad-Estado” medieval, “y el derecho canónico fijó el ejemplo para el derecho de las ciudades, y para el derecho comercial”. El derecho comercial, en suma, se desarrolló indirectamente a partir de los cambios impuestos por el Papa a finales del siglo XI. Y ese derecho mercantil, que se desarrolló en los siguientes tres siglos, alumbró la creación de numerosas instituciones propias del capitalismo: de los títulos de crédito a las hipotecas sobre bienes muebles, del derecho concursal a los instrumentos de crédito; de la societas del Derecho Romano a la responsabilidad limitada.

En definitiva, que la historia tiene algo de accidente, y de resultado no previsto de acciones que están encaminadas al provecho propio.

El 99% de los más ricos de EEUU hoy no lo era hace apenas diez años

"Derecho a una renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo. La renta básica no reemplaza al Estado de Bienestar". La propuesta 1.12 del programa de Podemos es, sin duda, la medida estrella de todas las que el partido de Pablo Iglesias planteó antes de las últimas Elecciones Europeas. El documento no ofrece una cifra concreta, simplemente habla de "un valor correspondiente al umbral de la pobreza".

Según los datos de Eurostat recogidos por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una renta básica presentada en el Congreso este mismo año, hablamos de un umbral de alrededor de 645 euros al mes (con alguna reducción para los menores de 18 años a cargo de sus padres). Y eso es lo que Podemos pretende que todos los ciudadanos cobren del Estado sin ningún tipo de requisito. Porque una cuestión muy importante es que la renta básica no va dirigida a incapaces o personas que no pueden, por edad o enfermedad, valerse por sí mismas. Esta propuesta va dirigida a todos los habitantes de un país "por el mero hecho de serlo".

Desde hace unos años, la renta básica es una de las propuestas estrella de la izquierda. La idea parece atrayente. Pagar a todos los habitantes de un país un sueldo mensual que, teóricamente, les permitiría vivir con dignidad. Lo cobraríamos todos: desde el parado hasta el multimillonario. De esta forma se evitan, según sus promotores, los incentivos perversos que se crearían si sólo se pagase a los que no tienen otros ingresos. 

Es decir, si un trabajador cobra 1.000 euros y le ofrecen 650 euros por no hacer nada, todos podemos intuir que podría dejar su empleo porque no le compensase. Para que no ocurra eso, también el que tenga ingresos tendrá derecho a los 650 euros de la renta básica, que se añadirán a su sueldo.

Ante una propuesta de este tipo, surge rápidamente una pregunta,¿cuánto cuesta y quién lo pagará? En el programa de Podemos no hay demasiada concreción a este respecto. Sobre el coste, no se dice nada; sobre la forma de financiarlo, apenas hay un mención a "una reforma progresiva del IRPF y la lucha contra el fraude fiscal", pero sin ninguna cifra concreta que respalde esta afirmación.

Es evidente que no resulta sencillo medir en todos sus aspectos una medida que implicaría un cambio tan radical. Pero es que en el documento ni siquiera se intenta.

Juan Ramón Rallo ha hecho un preciso cálculo, tomando en cuenta todos los factores que incluye la formación de Pablo Iglesias. Por ejemplo, lo que se ahorraría el Estado, teniendo en cuenta que muchos de los que ahora reciben pensiones muy bajas, prestaciones por desempleo reducidas o subsidios de subsistencia pasarían a cobrar simplemente la Renta Básica.

Según sus cuentas, "el coste neto de la renta básica universal oscilaría entre el 20% (si sólo se reconociera a nacionales) y el 25% (si se reconociera a todos los residentes legales) del PIB". Esto quiere decir que las finanzas públicas tendrían que cargar con un peso adicional de entre 200.000 y 250.000 millones de euros. Tras cinco años con déficits públicos disparados y una deuda cercana al 100% del PIB, no parece una tarea sencilla.

Fraude e impuestos

Así, lo primero sería conocer cuánto se puede recaudar por las vías propuestas por Podemos (subida del IRPF y lucha contra la economía sumergida). En lo que hace referencia al fraude fiscal, la cifra más repetida en España en los últimos años es de 80.000 millones. Se supone que ésta es la cantidad que se deja de recaudar debido a que cerca del 25% de la actividad económica escapa de las garras de Hacienda.

El problema es que para recaudar ese dinero habría que llevar el fraude fiscal a cero (algo que ningún país del mundo ha conseguido) y presuponer que ninguna de las actividades que ahora se hacen en negro dejarían de hacerse si hubiera que pagar impuestos. Ambos supuestos son extremadamente poco probables, como explica también Juan Ramón Rallo.

Pero incluso aunque tomemos esa fantasiosa cifra de 80.000 millones de euros, aún quedarían unos 150.000 millones para financiar la renta básica. ¿Cómo? Pues a través de subidas de impuestos. En el programa de Podemos no hay ninguna propuesta al respecto, más allá de referencias genéricas a incrementos de todos los tributos y la creación de algunos nuevos.

Por eso, para hacernos una idea aproximada quizás lo mejor sea acudir a las palabras de uno de los principales promotores de esta iniciativa en España, el economista Daniel Raventos, presidente de la asociación Renta Básica. Ellos sí han hecho este cálculo, aunque con datos sólo para Cataluña. Pues bien, incluso aunque hacen algunas afirmaciones difícilmente sostenibles, estiman que para financiar esta prestación habría que imponer un tipo único del IRPF del 50% (49,57%) a toda la población.

Esto implicaría que la gran mayoría de los contribuyentes por IRPF pagarían mucho más de lo que abonan ahora. Habría parte de la población que podría salir beneficiada (los que no tienen ingresos) a cambio de que aquellos que más impuestos pagan fueran doblemente castigados.

Pero incluso así, resulta difícil imaginar un escenario en el que se recaudarían esos 250.000 millones extra que necesitaría Podemos. Si a la presión fiscal existente en España (33%) se le suman otros 25 puntos del PIB, nos situaríamos a la cabeza de Europa en cuanto a recaudación tributaria. Teniendo en cuenta que nuestra renta per cápita es inferior a la media de la UE, el esfuerzo fiscal de los españoles (lo que pagan en relación a su riqueza) llegaría a niveles casi insoportables.

Y eso, teniendo en cuenta que la presión fiscal está en un nivel artificialmente bajo debido a la crisis, porque los tipos impositivos yaestán entre los más altos de Europa. Además, los expertos apuntan a que nuestro país ya habría pasado el punto máximo de su particular Curva de Laffer. O, lo que es lo mismo, que subir más los impuestos no servirápara incrementar la recaudación.

Los incentivos

Incluso así, podríamos suponer, como un mero ejercicio teórico, que se implanta la renta básica y que en un primer momento se consigue recaudar todo lo necesario para financiarla. A partir de aquí, queda por saber cómo evolucionaría la sociedad en un supuesto como éste. No hay muchos puntos de apoyo, puesto que ningún país del mundo ha aprobado una ley así para toda su población, pero se pueden hacer algunas suposiciones.

Está claro que una renta de este tipo supondría un fuerte desincentivo para trabajar. Es cierto que la cantidad no es muy elevada, pero las situaciones vitales de cada hogar también son muy diferentes. Por ejemplo, pensemos en matrimonios con hijos y en el que los dos padres trabajan: uno de ellos podría pensar en dejar su empleo con mucha más facilidad que en la actualidad.

Del mismo modo, en el caso de un estudiante universitario, sus incentivos para acabar cuanto antes los estudios se desplomarían, quizás empezara a pensar en estudiar un Máster tras la licenciatura. En familias de 4-5 miembros, a lo mejor sumando lo que reciben todos por la renta básica no es necesario seguir empleado o puede que con trabajos de media jornada o temporales sea suficiente.

La cauística es muy larga. Pero imaginemos que un 5-6% de los trabajadores ocupados actualmente tomase una decisión en este sentido. No es una cifra muy elevada, pero supondría un millón de personas menos pagando impuestos para financiar esa renta básica. Y además implicaría que muchos de ellos tendrían derecho a prestaciones que ahora mismo no se les pagan (recordemos que la renta básica es compatible, según sus promotores, con el resto del Estado del Bienestar).

¿Quién pagaría para cerrar este nuevo agujero? Y eso por no hablar, como apunta Rallo, del efecto moral que tendría sobre el conjunto de la sociedad. ¿Qué pensarían aquellos que cada día trabajan o buscan un empleo respecto a sus conciudadanos que simplemente se dejan llevar esperando el maná público? A ninguna de estas preguntas responde el programa de Podemos.

Rajoy ya tiene su Plan E

Como queriéndoles dar la razón a cuantos proclaman que PP y PSOE representan idéntico callejón sin salida programático, Mariano Rajoy ha dado el paso definitivo para terminar de asimilar su política antieconómica a la de Zapatero. Si las salvajes subidas de impuestos, el rescate de la banca o los simulacros de liberalizaciones no fueran suficientes, el presidente del Gobierno nos acaba de anunciar que él también piensa apadrinar su propio Plan E.

Imbuido por el keynesianismo más simplón, el líder socialdemócrata del PP proclama su risueña intención de dilapidar alrededor de 3.300 millones de euros en mejorar la competitividad de la economía española (más otros 2.700 millones que Rajoy espera que aporten algunas empresas privadas y que, pierdan toda esperanza, tampoco nos saldrán gratis al resto de españoles). Después de incrementar el saqueo fiscal perpetrado a las familias y empresas españolas en más de 40.000 millones al año, el presidente del Gobierno pretende dinamizar la economía repartiendo la calderilla sobrante entre sus varios negociados.

Si Zapatero prometió crear empleo, Rajoy augura una reindustrialización y mejora de la competitividad de nuestra economía. Y del mismo modo que el Plan E zapaterial no creó empleo, tampoco el Plan E rajoyano mejorará en un solo ápice nuestra competitividad. A la postre, ni uno ni otro entendieron cuál es el verdadero problema de fondo al que se enfrenta nuestra economía: la necesidad de reconstruir empresarialmente gran parte de su aparato productivo para incrementar nuestra producción de bienes y servicios con demanda internacional. Sólo transformando radicalmente ese aparato productivo devastado por la burbuja inmobiliaria lograremos mejorar nuestra competitividad, generar empleo y, finalmente, incrementar nuestras rentas internas. 

Pero la transformación de ese aparato productivo no vendrá del sector público. Primero porque no puede y segundo porque no sabe. Ante la magnitud del reto, las cifras y propuestas peperas se antojan liliputienses y desnortadas: entre 2002 y 2008, la economía española invirtió 1,8 billones de euros, dentro de los cuales más de un billón se dilapidó en el ladrillo. Esos son los bueyes con los que deberíamos dejar de arar y los que, por tanto, deberíamos estar pensando seriamente en reemplazar: y, ante eso, entenderán que una inversión de 6.000 millones (el 0,6% del capital inmovilizado en el ladrillo entre 2002 y 2008) manejada por burócratas con nula visión empresarial apenas sea un orgiástico y despilfarrador brindis al Sol sufragado por el sufrido contribuyente. No en vano, en 2012, uno de los peores años de nuestra industria reciente, el conjunto de la economía española invirtió más de 200.000 millones de euros: una cifra marcadamente insuficiente para superar la crisis pero que, aun así, multiplica por 33 el monto anunciado a bombo y platillo por el PP.

La solución a nuestro estancamiento económico no pasa por que Zapatero, Rajoy o Podemos tiren de talonario laminando tributariamente a familias y empresas. Al contrario, la solución pasa por establecer un marco institucional que fomente el ahorro y la inversión empresarial dirigidos a reconvertir enteramente nuestro aparato productivo: liberalización de mercados, estabilidad institucional y fiscalidad moderada. Si esos tres elementos convergen, el ahorro interior y exterior afluirá en forma de inversión creativa y dinámica, recapitalizando nuestra economía y reabsorbiendo el enorme stock de parados; si, en cambio, esos tres elementos son sistemáticamente violentados por el Estado, apenas lograremos atraer un volumen de inversión diminuto y grisáceo que nos dejará estancados en el cementerio de elefantes que está siendo nuestra colapsada burbuja ladrillística.

Por desgracia, Rajoy se negó desde el primer día a apostar por esos tres vectores del crecimiento económico sano. Su plan pasó por contener el déficit público sangrando al contribuyente con la esperanza de evitar la quiebra del Estado y de que la ulterior recuperación internacional catapultara nuestro crecimiento. A un año de las próximas elecciones, parece que el ritmo de mejora se antoja demasiado lento para sus aspiraciones gubernamentales, por lo que se ha decidido a darle un empujoncito zapateril a la economía para así comprar algunos votos y engañar a algunas voluntades. Falto de principios y de ideas, Rajoy se balancea entre la parálisis política y la irrelevancia ideológica: por eso ha decidido huir hacia adelante cargándonos, una vez más, la factura de sus bacanales al conjunto de los españoles.

Ciento cincuenta años de libertad económica en cuatro gráficos

Desde hace décadas, instituciones como la Fundación Heritage o el Instituto Cato han promovido la publicación de diferentes índices de libertad económica dedicados a analizar la evolución del capitalismo en el mundo. Estos informes suelen tomar como referencia cuatro grandes variables: calidad institucional, eficiencia regulatoria, marco fiscal y mercados flexibles.

Combinando una evaluación de todos estos criterios, estos índices permiten conocer qué países se acercan más al ideal liberal o, por el contrario, siguen el camino opuesto y apuestan por un paradigma cada vez menos compatible con la economía de mercado.

De acuerdo con estos informes anuales, algunos de los países que mejor respetan los principios del laissez faire serían Hong Kong, Singapur, Australia, Suiza, Nueva Zelanda, Canadá, Chile, Irlanda, Dinamarca, Estonia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Luxemburgo, Alemania o Suecia. 

Tomando esta metodología como punto de partida, el profesor de la Universidad Carlos III Leandro Prados de la Escosura se ha propuesto estudiar la evolución de la libertad económica entre las economías más ricas del mundo. El resultado es una gráfica que resume ciento cincuenta años de libertad económica.

A primera vista podemos ver que la segunda mitad del siglo XIX fue un periodo de continuo progreso en materia de liberalización económica, ya que la puntuación de los países de la OCDE saltó del 6,5 al 8,5 en apenas medio siglo. La tendencia se invirtió con el estallido de la I Guerra Mundial y con las medidas económicas adoptadas en el periodo de entreguerras.

Después de 1945, el final de la II Guerra Mundial supuso un cambio para mejor. Buena parte del progreso logrado entre 1850 y 1910 se había perdido, pero la segunda mitad del siglo XX sirvió para recuperar buena parte del terreno perdido. De hecho, frente a una puntuación inferior a 7,5 en 1950, el Índice Histórico de Libertad Económica llegó a más de 9 puntos en el último año estudiado (2007).

¿Qué elementos empujaron el cambio en cada una de estas fases? Analizando los diferentes factores que influyen en la elaboración de estos índices, Prados de la Escosura concluye lo siguiente:

  • De 1850 a 1915, el principal factor de avance fue el fortalecimiento de los derechos de propiedad.
  • En la primera mitad del siglo XX, el colapso de la libertad comercial influyó significativamente en el retroceso del capitalismo.
  • Especialmente en la década de 1950 y en el periodo comprendido entre 1980 y 1970, la reactivación del comercio y el declive del proteccionismo contribuyeron a la recuperación de la libertad económica en la OCDE.
  • Considerando todo el periodo (1850-2007), el principal factor de progreso fue la mejora de los marcos institucionales, con la protección de la propiedad privada como eje central.

¿Qué tal le ha ido a España según el Índice Histórico de Libertad Económica? La siguiente gráfica, publicada por el propio Prados de la Escosura en el blog Nada es Gratis, desgrana el comportamiento de nuestro país en comparación con la OCDE.

A la luz de la gráfica, resulta evidente que España ha experimentado un gran avance a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Si en 1950 la puntuación de nuestro país era de 5,5 frente al 7,5 de la OCDE, en 2007 ambas líneas convergen en el entorno de los 9 puntos.

Los factores que han impulsado la mejora en España han guardado cierto parecido con la evolución de la OCDE, aunque hay diferentes aspectos que conviene analizar con detenimiento:

  • Por un lado, la desregulación vivida en la segunda mitad del siglo XIX fue casi inexistente, frente a los avances significativos del resto de países.
  • En el periodo 1950-1980, la apertura comercial española fue mucho menor a la media de la OCDE.

Capitalismo, filantropía y solidaridad voluntaria

Uno de los principales argumentos que esgrimen los enemigos de la libertad para justificar la existencia del Estado es el de garantizar la redistribución de renta. Sin esa redistribución -afirman los estatistas-, la acumulación de riqueza de los ricos impedirá a las clases económicamente menos favorecidas de la sociedad cambiar su situación. Ya saben el famoso meme: los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Se me ocurren dos grandes objeciones a esta idea errónea. En primer lugar, es una falacia que la acumulación de riqueza por parte de los individuos y familias más acaudaladas del planeta impida a los más pobres revertir su situación. En segundo lugar y aun en el caso de que esa errónea teoría fuese cierta, también es cuestionable que la única (o mejor) solución para lograr que los más pobres accedan a la parte de la acumulación de riqueza de los más ricos sea mediante la coacción. La primera objeción es fruto de ignorancia económica, la segunda de una clara actitud estatista y coactiva, valga la redundancia.

Con respecto a la falaz asunción de que es necesario que el Estado impida que los ultra ricos acumulen riqueza con el paso del tiempo hay dos problemas. Por el lado de los más desfavorecidos, sus oportunidades de prosperar en la vida y la acumulación de riqueza de los ricos son dos fenómenos que nada tienen que ver. El que un rico acumule capital no impide que un pobre haga lo mismo. En los años 30, algunas de las familias más ricas del planeta eran los Rockefeller, los Morgan o los Du Pont. Que esas familias tuviesen unos patrimonios gigantescos no impidió que, por ejemplo, un niño nacido en 1930 en el seno de una familia de clase media-baja en la ciudad de Omaha se convirtiese, décadas más tarde, en el hombre más rico del planeta. Ese hombre es Warren Buffett. Del mismo modo, que Bill Gates fuese el hombre más rico del mundo durante prácticamente dos décadas tampoco impidió que otro joven proveniente de una familia sin una acumulación de capital significativa se convirtiese en el mil millonario más joven del mundo. El joven del que hablo es Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook. Las oportunidades que tienen los individuos para prosperar en la vida y probar fortuna nada tienen que ver con que los ricos acumulen riqueza.

Pero la cosa no acaba aquí.

Una vez analizada la situación desde la perspectiva de los pobres, toca ahora hacerlo desde la de los más acaudalados. El sofisma económico mencionado hace una asunción que, lamentablemente para los anticapitalistas, no se cumple. Esa asunción es que, una vez un individuo o un grupo familiar acumula una ingente cantidad de riqueza, lo único que sucederá es que esa riqueza aumente con el paso del tiempo. Craso error. La riqueza, igual que se genera, se puede destruir. En eso son expertas las segundas y especialmente las terceras generaciones familiares. Pero más allá de una mala gestión del patrimonio familiar, el motivo fundamental de esa compleja preservación del capital es que el libre mercado no entiende de apellidos. Las mayores fortunas del planeta no tienen miles y miles de millones en el banco rentando un interés, sino que tienen una gran cantidad de acciones, normalmente de una misma empresa. Y aquí es donde viene el problema: si los beneficios esperados de un negocio de éxito pasan a ser cuestionados y finalmente caen en picado, la riqueza de esa familia se habrá evaporado. Por poner un ejemplo, el dueño de la cadena de videoclubs Blockbuster -que fue una empresa de enorme éxito y que acabó perdiendo el 99% de su valor en Bolsa- pasó en cuestión de años de ser un hombre tremendamente rico a convertirse en alguien con una riqueza mucho más modesta. De obligada lectura es el reciente artículo de Juan Ramón Rallo hablando precisamente de la voraz rotación de los apellidos de los ultra ricos en la lista de Forbes con el transcurso de las décadas. También merece la pena leer el artículo de Gray Matter titulado "From Rags To Riches To Rags". Este profesor y su colega Thomas A. Hirschl han estudiado la evolución de los ingresos de los norteamericanos durante los últimos 44 años y las conclusiones no pueden ser más reveladoras. El 12% de la población se encontrará en algún momento en el 1% más rico por ingresos. Mejor aún, el 39% estará al menos un año en el top 5%, un 56% lo hará en el top 10% más rico y un sorprendente 73% se encontrará entre el 20% con mayores ingresos en algún año dado. El libre mercado -no el corporativismo estatista imperante- enriquece sin miramientos del mismo modo que empobrece. No hay un trato de favor ni privilegios a la hora de conservar capital: si el negocio que ha generado una gran acumulación de capital ya no logra satisfacer las necesidades de una masa crítica de la sociedad, la riqueza desaparecerá. Esto explica la cantidad de americanos que algún año de su vida se encontrarán entre los más ricos del país.

Como comentaba al principio, aun en el caso de que la falacia de que los ricos impiden a los pobres prosperar por acumular riqueza fuese cierta, tampoco deberíamos asumir que la redistribución coactiva del Estado sea la solución. El libre mercado y los individuos, de forma libre y voluntaria, han llegado a una mejor solución. Ignoro si es por casualidad o si hay un interés por no darle mucha publicidad al asunto, pero lo cierto es que en los últimos años ha acaecido un hecho sin precedentes: las mayores fortunas del planeta, lideradas por Bill Gates y Warren Buffett, se han comprometido de forma libre y voluntaria a donar en vida al menos el 50% de su patrimonio a causas benéficas. El proyecto, lanzado en 2010, se llama "The Giving Pledge". Hasta la fecha, cerca de 120 mil millonarios con una riqueza acumulada valorada en más de $600.000 millones, se han comprometido a donar a causas filantrópicas la mitad de sus inmensas fortunas en vida. Entre los logros de estos acaudalados filántropos se encuentra el caso de Bill Gates, que está a punto de lograr erradicar la polio en todo el mundo. Ya va camino del 99%.

Cierto es que algunos de los promotores, como es el caso de Warren Buffett y su cruzada por que EEUU suba los impuestos a los ricos, están a favor de que la redistribución de renta se haga de forma coactiva. Pero no es menos cierto que esos 120 ultra ricos de Forbes acceden de forma libre y voluntaria a donar una gran parte de su riqueza para mejorar, en muchos casos, la vida de los que menos tienen. Este altruismo tiene una parte de lógica: cuando uno se ha beneficiado enormemente de un sistema como es el capitalismo que premia a quienes mejor saben darle a la sociedad aquello que demanda, se siente extraordinariamente recompensado. Quienes experimentan ese enriquecimiento se sienten tan sumamente gratificados que, en muchas ocasiones, desean devolver a la sociedad parte de esa riqueza obtenida: solidaridad voluntaria, la única solidaridad posible.

Como el mundo en el que nos ha tocado vivir dista mucho de ser una sociedad capitalista libre, no todas las personas que acumulan ingentes cantidades de riqueza la han obtenido de forma lícita, compitiendo en condiciones de igualdad, sin ningún tipo de privilegios estatales ni enchufes políticos. Por citar dos ejemplos, ni Carlos Slim ni Roman Abramovich se caracterizan por ser dos mil millonarios que hayan obtenido sus gigantescas fortunas sin privilegios estatales fruto del libre mercado. En el caso del primero, su estrecha relación de amistad con el que fuese presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, jugó un papel decisivo en la construcción de su imperio. En el caso del segundo, su acceso privilegiado al círculo del entonces presidente Boris Yeltsin le permitió sacar tajada del proceso de privatización tras la perestroika. Curiosamente, estos dos ultra ricos han declinado participar en el proyecto "The Giving Pledge". Desconozco si, al no haber obtenido su enorme riqueza gracias al libre mercado sino al capitalismo de amiguetes -como se conoce en nuestro país al crony capitalism-, no tengan ese sentimiento de gratitud hacia la sociedad que sí tienen aquellas personas que han obtenido su riqueza de forma libre y voluntaria, con el voto de los millones de clientes de sus empresas. Pero me aventuro a pensar que algo de influencia ha podido tener.

La auténtica democracia es el libre mercado y aquellos que obtienen muchos "votos" en el mercado se dividen en dos grandes grupos: quienes sí los merecen suelen ser generosos y altruistas y el resto parece ser más avaricioso y egoísta. Así que la forma óptima para que los ricos ayuden a los más pobres parece simple: más libre mercado (que es la esencia de la prosperidad) hará más ricos legítimos y esos ricos, sin que nadie se lo imponga, suelen tender a ser solidarios y querer ayudar a quien más lo necesita. Mientras esta cooperación voluntaria y altruista a escala planetaria tiene lugar, los enemigos de la libertad seguirán argumentando que la redistribución coactiva de renta de ricos a pobres es necesaria para garantizar una "igualdad de oportunidades". Que no le den gato por liebre.

Desigualdad, pobreza e ideología

“El Estado del bienestar hace confortable la pobreza, y penaliza cualquier intento de salir de la misma”. Thomas Sowell

Mucho se ha discutido esta semana sobre los datos de pobreza desigualdad. Parece a veces que el gobierno actual llegó a España en un vergel de igualdad y riqueza y lo ha destruido todo. Pero de esas terribles cifras todos tenemos la culpa.

Para los amnésicos pre-electorales de la desigualdad y la pobreza, merece la pena recordar que:

  • La desigualdad en España (coeficiente de Gini) se situaba en el 30,7 en 2004 comparado con el 30,6 de los 27 países de la Unión Europea. Entre 2004 y 2011, la desigualdad aumentó un 11% mientras gastábamos en planes sociales, de estímulo, cheques y todo tipo de gastos protectores. En la UE 27 se mantuvo a niveles de 2004. El que parte, reparte y se lleva la mejor parte.
  • La pobreza crónica en la infancia creció un 53% en España desde 2004 a 2011, según Ayuda en Acción. La tasa de pobreza infantil en España pasó del 26,2% en 2007 a casi el 30% en 2011, subiendo cuatro puntos en cinco años.
  • El porcentaje de niños en hogares con un nivel de pobreza alta fue del 13,7% en 2010, la tasa más alta de todos los países de la Europa de los 27, sólo por debajo de Rumanía y Bulgaria. El número de hogares con niños que tenían a todos sus miembros adultos sin trabajo creció un 120% entre 2005 y 2011.

Por lo tanto, no es “este gobierno” o “los recortes”. Ni el anterior y su “política social” hicieron nada estrujando la chequera hasta secarla. Es un problema mayor. Un enorme gasto en protección social (26% del Producto Interior Bruto) que demuestra el fracaso absoluto del asistencialismo y de su administración.

Gastar en protección social unos cuatro puntos menos sobre el PIB que la media de la UE y tener un 11% más de desigualdad, dos veces más paro y siete regiones entre las 10 con más desempleo no es consecuencia “de la crisis”, como si la crisis fuera un ovni que hubiera caído por sorpresa. Es consecuencia de un modelo económico equivocado y un estado asistencialista, empobrecedor y excluyente.

Por eso, el debate se centra en el elemento equivocado. El gobierno de mi equipo o del otro y quién es capaz de rascar otros cuantos miles de millones del bolsillo del contribuyente para “gestionar” la supuesta generosidad del estado para –ejem– combatir la pobreza. Crear pobres es crear clientes, y con ello votantes. La pobreza y la desigualdad son sólo una excusa para disponer de más fondos y crear unos cuantos observatorios donde colocar amigos.

El debate es como salir de la espiral de pobreza. Y eso sólo se consigue fortaleciendo a la clase media y aumentando la renta disponible.

LA AMNESIA

Echarle la culpa a uno u otro inquilino de la Moncloa es extremadamente cómodo por dos razones:

  • Refuerza en la psicología popular que los políticos y los presidentes son los Reyes Magos y solucionan los problemas con su varita mágica.
  • Evita reducir un estado burocrático, confiscatorio y dinosáurico que entorpece la creación de empresas, ralentiza el crecimiento económico muy por debajo de su potencial e impide que los sectores pujantes florezcan y sustituyan a nuestro bienamado ladrillo, que es lo que todos los que van “contando baches en mi ciudad” quieren reavivar. Otro plan E.

En definitiva, crea clientes. El que se conforma con una ayuda asistencial de 400 euros, si se le aprieta un poco, siempre puede aceptar 300.

Fernando Sánchez-Dragó comentaba que “el Estado del bienestar convierte al hombre en súbdito, en oficinista, en funcionario, en niño pitongo de beca permanente, en clase pasiva”. El asistencialismo se ha convertido en una excusa para el bienestar del Estado. Y, como comentamos en mi post “Gasto político” , se disfraza como coste social mucho gasto inútil, administraciones duplicadas, etc.

IGUALDAD O PROSPERIDAD

Las políticas redistributivas donde se niega el exceso de gasto público para sostener administraciones injustificables no están creando ni prosperidad ni riqueza, ni combaten la desigualdad. Solo la perpetúan. Porque son una zancadilla a las oportunidades para que la población salga adelante.

Fíjense en el paradigma que nos quieren vender: Obama.

La política implementada en 2007 de imprimir moneda, subir impuestos y gastar más ha beneficiado fundamentalmente al 0,1% de la población –ni siquiera al 1%-, mientras  el número de norteamericanos bajo el umbral de la pobreza se disparaba a 46,5 millones (30 millones, una brutalidad, con George W. Bush, 17 millones con Clinton). Luego les dicen que el paro ha bajado al 6,7%, pero han sacado a 11,6 millones de personas de las listas, el nivel más bajo de participación laboral desde 1978. ¿Dónde está el 0,1% que se beneficia? En Wall Street Washington. En Inglaterra, Gordon Brown yTony Blair hicieron lo mismo. El que parte reparte y se lleva la mejor parte.

Los que piden inflación y políticas monetarias deberían revisar el inexistente impacto positivo sobre las clases bajas. Su renta media ha caído entre un 2,6% y un 5% desde la llegada de Obama.

La pobreza sólo se combate con crecimiento, libertad económica y poniendo la alfombra roja a los emprendedores, a los autónomos. Aumentando la renta disponible de las personas, no cercenándola a impuestos para luego repartir algo en ayudas.

Sostener un estado hipertrofiado y ahogar a los sectores económicos a impuestos y burocracia nos lleva a tener los mismos problemas que teníamos hace diez años. Y en unos años, el equipo contrario al que gobierne se llevará las manos a la cabeza diciendo “la pobreza y la desigualdad se disparan con este gobierno”.

Ya va siendo hora de dejar de autoengañarnos. Los presidentes no crean empleo ni los gobiernos arreglan el mundo, ni la economía va mejor por meter un billón más en el bolsillo de Wall Street. Ningún consejo de ministros y ningún comité van a cambiar el modelo productivo. Lo hacen ustedes.

Otro plan de estímulo, otro chute de liquidez brutal, no les va a hacer a ustedes menos pobres, y sólo agranda el enorme peso del sector financiero y la deuda pública. Luego, cuando explota, le echan la culpa a los mercados y vuelve a empezar. Represión financiera.

En un país en el que el 70% del valor añadido lo crean las pymes y la mayor parte del empleo, los héroes son esas empresas, los autónomos y los ciudadanos que sobreviven. Y ellos son la solución a la pobreza. No otra chequera en blanco. Porque, desde luego, regar el sistema asistencialista de dinero no ha servido para nada.

La solución no es gastar más. Hundir a la clase media para sostener un estado hipertrofiado y repartir migajas no beneficia a nadie a la larga. Si fuera así, ¿por qué los sistemas intervencionistas y redistribuidores no tienen pleno empleo y riqueza para todos?

Solo se agranda el agujero. Lo haga ObamaHollandeBushBlair o los nuestros. Y, sobre todo, las soluciones mágicas de imprimir, endeudar y crear inflación no han evitado en ninguno de los casos enormes recortes y empobrecimiento.

La solución es abrir puertas, libertad económica, crear oportunidades para todos y permitir el ahorro que lleva a la prosperidad. No desincentivarlo.

Lo comento en “Viaje a la libertad Económica”: los sistemas intervencionistas se preocupan mucho por los pobres. Por eso crean millones de ellos cada año.

La solución no es gastar más. Hundir a la clase media para sostener un estado hipertrofiado y repartir migajas no beneficia a nadie a la larga. Si fuera así, ¿por qué los sistemas intervencionistas y redistribuidores no tienen pleno empleo y riqueza para todos?

En un estudio de James Gwartney y Robert Lawson (Economic Freedom of the World) se muestra que el 10% más pobre de la población de los países con más libertad económica tienen una renta per cápita de más de 7.000 dólares  frente a los 728 dólares de las naciones peor clasificadas. Las clases bajas y medias se benefician mucho más de la libertad económica que de los sistemas intervencionistas. La población vive hasta 20 años más y la calidad medioambiental y de vida es muy superior en los países con los mayores índices de libertad económica.

Aumentar la renta disponible, reduciendo impuestos, y recortar gastos. Dejar que esas pymes y autónomos crezcan, no ahogarlos para recuperar ingresos de burbuja inmobiliaria.

Lo sabían Margaret Thatcher y Ronald Reagan, por eso durante sus mandatos, la política de mejorar la renta disponible reduciendo impuestos aumentó en Reino Unido un 34% la renta per cápita real para las clases más pobres y un 39% en Estados Unidos. No buscaban la igualdad, buscaban la prosperidad.  Entre 1979 y 2007, la renta en Estados Unidos para las clases bajas subió un 18% y para las clases medias, un 40% (Congressional Budget Office). Desde 2008, esas cifras no han aumentado, y para los pobres, ha caído. 

Si ustedes realmente se creen que en el mundo hoy se llevan a cabo las “mismas políticas” que en la época de Reagan y Thatcher, les han colado el mayor gol de la historia. Pocas veces hemos visto mayor control estatal sobre la actividad económica y financiera que en los últimos 14 años.  

La libertad económica ha hecho más por reducir la pobreza que ninguna otra política. Si seguimos pidiendo políticas de igualdad, sólo conseguiremos más de lo que tenemos. Mediocridad.

Hay pobreza y pobreza

Por una vez, y sin que sirva de precedente, el responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro, acertó a la hora de cuestionar las estadísticas de pobreza que tan habitual e irresponsablemente difunden organismos oficiales y ONG. El ministro recibió todo un aluvión de críticas por atraverse a señalar que dichos informes "no se corresponden a la realidad" y, sin embargo, tiene razón. La polémica surgió a raíz de un informe elaborado por Cáritas Europa según el cual España registra la mayor tasa de pobreza infantil del continente tras Rumanía.

En concreto, el 29,9% de los menores de 18 años se encontraba en riesgo de pobreza en 2012, nueve puntos por encima de la media de la UE (21,4%). Dicho así, el dato resulta, simplemente, alarmante. No es para menos, pues, según ese titular, casi tres de cada diez niños residentes en España son pobres, a la altura de países mucho más atrasados, como es el caso Rumanía, Bulgaria o Grecia, ni más ni menos.

Pero ¿de verdad el 30% de los menores son pobres en España?, ¿cómo es posible que tal lacra afecte por igual a un país que, pese a la crisis, mantiene una renta per cápita de casi 22.000 euros al año (puesto 28 del mundo) y a otro cuyos ingresos por habitante rondan los 6.500 (puesto 71), tres veces menos? Tales conclusiones no sólo son absurdas sino, directamente, insultantes, especialmente para todas aquellas personas que, realmente, sufren la tragedia de encontrarse sin recursos.

El problema de fondo radica en el concepto empleado para definir la pobreza. Según la Real Academia Española, pobre es quien "no tiene lo necesario para vivir", y la pobreza es síntoma de "escasez" o "necesidad". De hecho, no hace falta acudir al diccionario para entender el término en cuestión. No en vano, lo primero que viene a la cabeza al pensar en esta palabra no es otra cosa que personas sin techo, pidiendo o viviendo en la calle, o bien gente con muy escasos recursos, desempleadas sin prestación y, por tanto, con graves dificultades para afrontar unos gastos mínimos de vivienda (alquiler, hipotecas, facturas de luz y calefacción, etc.) y manutención (alimentos).

Pero eso, que es lo que entiende justamente el común de los mortales, no es la pobreza que reflejan los mediáticos y alarmistas estudios que elaboran gobiernos, sindicatos, organismos internacionales y ONG subvencionadas. Y es que lo único que miden dichos informes es un concepto estadístico, completamente artificial y engañoso, denominado pobreza relativa. Así, para los estadistas pobre es quien no supera el 60% de la mediana de ingresos anuales existente en su país de residencia. ¿Y esto qué significa? Contar con una renta inferior a 7.182 euros al año -menos de 600 euros al mes- para el caso de un hogar de una persona (con vivienda en propiedad o un alquiler subvencionado) o de 15.082 euros al año para una familia con dos niños -1.257 euros al mes-.

Pero, además, estas cifras sólo corresponden a 2012, ya que la polémica tasa no mide ingresos absolutos sino relativos. Es decir, dicho umbral aumenta conforme crece la riqueza de un país. En 2004, por ejemplo, el umbral de la pobreza en España se situaba en 6.196 y 13.011 euros al año, respectivamente, un 16% menos que en la actualidad. Por eso, precisamente, el índice de pobreza en España se mantiene anclado en el 20% de la población (más de 9 millones de personas) año tras año, con independencia de que haya crisis o no, incluso en plena burbuja inmobiliaria, cuando el paro rondaba el 8%.

Llevado al paroxismo, la aplicación de esta particular metodología implica que si en un país el 60% de la población gana 1 millón de euros al año y los demás medio millón, este 40% restante será catalogado estadísticamente como pobre. Suena a broma, pero, en realidad, ya sucede. Olvídense por un momento de España. Casi el 17% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza en la Zona Euro en 2012, según Eurostat. ¿Dos de cada diez familias en la ruina absoluta en el grupo de países más ricos del mundo? ¿Cómo es posible semejante barbaridad? Que suceda en España, fuertemente golpeda por el paro, vale, pero en países punteros como Holanda, Finlandia o Alemania, resulta difícil de creer, se preguntarán algunos.

La respuesta, sin embargo, es la misma: pobreza relativa. Si en España pobre es quien no alcanza 600 euros al mes, en Francia y Bélgica son todos aquellos que cobran menos de 1.000 euros, en Dinamarca unos 1.300, en Luxemburgo menos de 1.600 y en países como Noruega o Suiza menos de 2.000 euros mensuales. Dicho de otro modo, aplicando el umbral suizo, más del 70% de los españoles son pobres, lo cual resulta -una vez más- insultante para los nacionales y, sobre todo, para los verdaderos necesitados.

En EEUU, por poner otro ejemplo, los mileuristas españoles también serían considerados pobres en las estadísticas de Washington. O, dicho de otro modo, las familias pobres estadounidenses gozan de un nivel de vida equivalente a la clase media en España, de modo que la mayoría posee, como mínimo, un coche, disfruta de aire acondicionado, dos televisiones, todo el material imprescindible para la cocina, una casa en buen estado con más espacio que la típica europea, no sufren hambre, pueden acceder a asistencia médica cuando es necesario y suelen tener suficientes fondos para cubrir las necesidades esenciales.

Por ello, la realidad de la pobreza en España, siendo muy grave, inaceptable desde todos los puntos de vista en un país -aún- desarrollado, está muy alejada del vergonzoso y falaz alarmismo que denuncian políticos -por intereses electoralistas- y ONGs -¿para recibir más subvenciones, quizás?-.

En España hay pobreza, sin duda, y ésta, además, se ha disparado como consecuencia de la elevadísima tasa de paro que padece el país por culpa del agudo intervencionismo gubernamental; pero, por suerte, ni hay 9 millones de pobres, ni uno de cada tres niños sufre esta lacra ni, mucho menos, existen problemas de hambre o desnutrición, como denuncian muchos irresponsables. En este sentido, sorprende cómo hace apenas año y medio muchos criticaron un reportaje publicado por The New York Times en el que se ofrecía una imagen distorsionada y demagógica de España, con gente buscando comida en la basura, y hoy, sin embargo, no dudan en afirmar que la pobreza aquí es similar a la de Rumanía o Bulgaria.

La tasa de pobreza real es muy inferior a la publicitada. Para comprobarlo basta con observar, al menos, tres indicadores: el número de hogares sin ningún tipo de ingresos (ni siquiera subsidios autonómicos), que, según la Encuesta de Población Activa, roza los 500.000, el doble que en 2007, lo cual se traduciría en cerca de 1,5 millones de personas (3% de la población total); el volumen de atendidos por los servicios de Cáritas España, que rondaron los 1,3 millones en 2012 -casi la mitad, inmigrantes-; y la estadística de pobreza severa que elabora Eurostat y que, entre otros indicadores, refleja el porcentaje de familias que no puede permitirse comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, ni mantener la vivienda con una temperatura adecuada ni abonar puntualmente todas las facturas relacionadas con la vivienda. En este último caso, la tasa se sitúa en el 5,8% en 2012 (algo menos de 3 millones) frente al 3,5% de 2007.

Así pues, todo apunta a que la pobreza real se ha duplicado en España durante la crisis, pero oscila entre 1,5 y un máximo de 3 millones de personas. No es necesario desvirtuar ni mentir para destacar la dramática y alarmante situación económica que sufre el conjunto del país, y muy especialmente las familias que, por desgracia, siguen en paro. El panorama ya es lo suficientemente grave como para, encima, tener que soportar una dosis extra de demagogia y populismo.

Honduras, ¿el Dubái de Centroamérica?

Hong Kong, Dubái, Luxemburgo, Singapur… Desde hace años, todos estos países o territorios encabezan las listas de los lugares más prósperos del mundo. No tienen demasiado en común. Algunos están entre dos grandes estados ricos (Francia y Alemania), mientras que otros están a miles de kilómetros del resto del primer mundo. Unos tienen recursos naturales (petróleo en el caso de los Emiratos Árabes), otros le han tenido que ganar terreno al mar para hacer hueco a su creciente población. Los hay que fueron colonias, aunque no de los mismos países. Y la mayoría eran pobres hace 60-70 años.

En realidad, su único punto en común parece ser su tamaño: son pequeños. Eso sí, desde que comenzaron a enriquecerse, también están entre los territorios más densamente poblados del mundo. Hong Kong, por ejemplo, tiene siete millones de habitantes (más o menos los mismos que Bulgaria) en apenas 1.000 kilómetros cuadrados (la mitad de la superficie de Guipúzcoa).

Eso sí, comparten algunas otras cosas además de su pequeña extensión: son economías libres, con un entorno institucional que favorece la creación de empresas, el desarrollo del talento y la atracción de inversiones.

Buscando esos territorios en un mapamundi, es curioso darse cuenta de que están más o menos repartidos por todo el globo, con una excepción: el continente americano. Sí, hay algunas islas caribeñas que podrían considerarse paraísos (o refugios, como dicen los anglosajones) fiscales. Pero no existe el equivalente a Hong Kong o Dubái, que no sólo atraen por sus beneficios fiscales, sino que se han convertido en un foco de inversión y en lugares clave como centros de negocio. Quizás, en parte, es porque no hay motivo: Nueva York, Chicago o Toronto ya ofrecen un entorno atractivo para las empresas del que a lo mejor se carecía en Asia.

Precisamente, en estos días, se está poniendo en marcha en Honduras uno de los proyectos más ilusionantes que se recuerdan en Hispanoamérica: las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). La idea sería crear áreas especiales con un tratamiento fiscal, administrativo y legal particular. El objetivo es atraer inversiones, y hacer del pequeño país centroamericano el nuevo Dubai o Hong Kong.

En un momento en el que se está disparando el comercio entre los dos grandes vecinos ricos americanos (EEUU y Canadá) y los países en desarrollo del cono sur (Brasil, Colombia, Perú, Chile), las ZEDE quieren jugar su baza geográfica. Este jueves, uno de sus promotores, Mark Klugmann, estuvo en Madrid y Libre Mercado habló con él. Sobre este tipo de proyectos se ha especulado mucho en el pasado. Pero ahora parece que podrían hacerse realidad.

¿Cuándo?

Como apuntamos, se habla desde hace años de estas zonas de desarrollo económico. En su momento, se conocieron como "ciudades libres". Pero siempre, por una cosa o por otra, no acababan de salir adelante.

Ahora, Klugmann cree que ha llegado el momento para "este mismo año". "Hay mucho optimismo", asegura, el proyecto fue aprobado por "una mayoría muy grande y transversal [en el Congreso de Honduras], de 128 diputados, sacamos más de 100 votos. Se ha reformado la Constitución y se ha ratificado un tratado con Kuwait. Ya no sólo hablamos de legislación interna, hay también un elemento internacional".

De hecho, en febrero una delegación de empresarios coreanos estuvo en el país centroamericano visitando las posibles ubicaciones. La más probable parece estar en el suroeste del país, cerca del Golfo de Fonseca. Incluso, Klugmann, exasesor económico de Ronald Reagan, cree que podría ser sólo el inicio de un renacimiento regional: "El presidente Juan Orlando Hernández ha puesto este tema en la agencia regional de Centroamérica. La idea es que los países vecinos también tengan sus zonas especiales, que colaboren entre ellas".

¿Cómo?

Ciudades libres, paraísos libertarios… El futuro de estas zonas ha sido siempre objeto de muchas elucubraciones, en parte por la novedad. Sus promotores creen que serán mucho más terrenales de lo que algunos creen. Escuchando a Klugmann, uno se hace una idea de un territorio a medio camino entre Hong Kong y el Dubai International Financial Centre. Es decir, un lugar con cierta autonomía en lo que hace referencia a las normas empresariales (fiscalidad, mercado laboral, tribunales, administración…), pero que en todo lo demás sigue siendo parte de un Estado soberano.

"Hong Kong es un caso interesante", explica Klugmann, "existe dentro del espacio soberano de la República Popular de China. Pero si quieres invertir allí, no es necesario que entiendas o conozcas el marco jurídico de la República Popular China. En realidad, hay un sistema jurídico que opera bajo el common law (derecho anglosajón), incluso los jueces que hay allí son jueces internacionales, que vienen de otros países. Esto permite al inversor la tranquilidad de que no habrá una fuerza política nacional superior que pueda favorecer un interés sobre otro. Tiene la confianza de que habrá un sistema para resolver disputas (defender contratos, proteger derechos de propiedad, mantener estables las reglas de juego)".

En el caso de Dubái, su emir "quiso crear una zona financiera y pensó que sólo con la pata económica (aranceles, impuestos, normas laborales, reglamentos,…) no iba a ser suficiente. Por eso, en 2006, estableció un elemento muy fuerte institucional-legal: tribunales, jueces, cultura judicial… Lo que hizo es decir: ‘En esta zona no habrá leyes ni jueces nacionales, habrá un sistema anglosajón’. Contrató a magistrados muy distinguidos de Singapur, Nueva Zelanda, Gran Bretaña".

¿Qué son las ZEDE?

Como apuntamos, las facilidades económicas para los inversores y un sistema legal estable son dos aspectos fundamentales. Pero los promotores de las ZEDE aseguran que el proyecto no estaría completo sin las otras dos patas de la silla, la administrativa y la política.

Klugmann defiende que "la pata administrativa también es de importancia fundamental. En la práctica es la diferencia entre lo que está escrito y lo que de verdad ocurre. Es un poder ejecutivo eficiente y transparente. Por ejemplo, en Hong Kong uno trata con el servicio civil, que tiene normas y cultura del Civil Service inglés. En Singapur, hay un poder ejecutivo con el que uno siente que no envejecerá mientras espera a la burocracia. Hay países donde el efecto de tratar con el poder ejecutivo es lento, burocrático, corrupto… En otros países, tienen grandes problemas de inseguridad u orden público. Problemas en la parte policial, no sólo en la jurídica".

Por último está la pata de la "estabilidad y la transparencia políticas". Ésta quizás sea la gran duda del proyecto. Ahora mismo, el Gobierno hondureño está muy implicado, pero quién asegura que en un futuro no logre el poder un populista que intente expropiar o controlar las ZEDE.

Klugmann apuesta por dos caminos para evitar este peligro. Por una parte, los tratados internacionales en los que estará implicado el estado hondureño y que protegerán a las empresas. Además, recuerda los altos porcentajes de apoyo que obtuvo en el Congreso del país la creación de esta zona. Y los promotores creen que una vez que esté en marcha y generando riqueza, será muy difícil que nadie lo detenga. Eso sí, es consciente de que sin esta estabilidad, nada será posible.

"El inversor quiere saber si todo va a cambiar después de la siguiente elección. Por ejemplo, en Suiza uno puede invertir en un proyecto sin tener angustia sobre lo que pasará con las elecciones. La estabilidad en el modelo y las garantías de que estará protegido del populismo son muy importantes".

¿Sin impuestos?

Cada vez que se habla de las ZEDE, lo primero que viene a la cabeza es un paraíso tributario, con tipos cercanos al 0% para empresas y residentes. Pero no es esto lo que han diseñado sus promotores.

Sí, habrá una baja fiscalidad, pero Klugmann asegura que su mayor atractivo no será éste: "Lo interesante es que la gran mayoría del capital productivo del mundo no está en zonas libres de impuestos. Parece una paradoja. El gran instrumento de los países en desarrollo para atraer inversión es decir ‘aquí no tiene que pagar impuestos’. Hay 3.500 zonas en todo el mundo libres de impuestos. Pero las grandes inversiones están en EEUU, Canadá, Suiza, Suecia, Singapur…"

Para explicar esta situación, pone un ejemplo muy gráfico: "Imagine un mundo en el que la única forma en la que compiten los restaurantes sea por el precio. En ese modelo, el límite sería un restaurante con la comida gratuita. Pero no sería el modelo dominante, porque en un restaurante de comida gratuita la comida sería mala, la atención lenta, las mesas sucias… Mientras, al lado, abrirán otro restaurante que pondrá una comida tan deliciosa y un servicio tan bueno que la gente estaría dispuesta a pagar. En el mundo real, se compite por calidad. Aunque claro, debe haber precios conforme a lo que está ofreciendo".

En lo que tiene que ver con las inversiones, Klugmann recalca que lo fundamental para una empresa es la seguridad jurídica (que no es incompatible, por supuesto, con un sistema fiscal muy atractivo).

"Si una empresa está pensando en hacer una inversión de 100 millones, su mayor riesgo es perderlo todo por una expropiación, por problemas jurídicos, etc… En ese contexto, imaginemos un impuesto del 10% sobre mis ganancias, que son de 10 millones al año. Sí, yo pierdo 1 millón cada año, pero estoy asegurando la inversión inicial de 100 millones. Es preferible esto, a cambio de estabilidad, instituciones sólidas, un buen sistema jurídico, etc… Imaginemos que le decimos a un inversor: ‘No va a pagar impuestos, pero no le damos seguridad’. Eso es lo que le garantizamos en la ZEDE: un sistema legal que conoce, seguridad, estabilidad política, jueces… Y también un modelo económico y fiscal muy atractivo".