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Etiqueta: Comercio globalización y desarrollo

El entramado social

Si bien en apariencia esta huelga se ha cerrado sin demasiadas concesiones políticas, el Gobierno ya tiene pensado acudir a la UE para exigir el establecimiento de un "precio político" subvencionado para el gasóleo.

Parece que en este país todos los ciudadanos tienen el derecho a exigir que el Estado les garantice una prosperidad mínima: nadie puede perder su empleo y nadie puede quebrar. Los trabajadores deben poder acceder, como mínimo, a un suculento subsidio de desempleo, y los empresarios a la ubre del gasto público. Solbes se ha enorgullecido en varias ocasiones de que el desempleo no será problemático, porque la gente seguirá cobrando del erario, y la ministra de Fomento pretende salvar la papeleta a los constructores mediante más obra pública y vivienda de protección oficial.

La corrupción moral e intelectual que ha generado el socialismo y el Estado del Bienestar ha convertido a la ciudadanía en hordas de pedigüeños preocupados por cómo adherir su ruinoso chiringuito al sector público y no en cerrarlo y volver a empezar.

En lugar de reconocer sus errores, corregirlos y tratar de evitarlos en el futuro, los españoles ni siquiera se plantean que se equivocaron.

Que la construcción de vivienda y el transporte de mercancías por carretera hayan dejado de ser actividades lucrativas para muchos empresarios significa precisamente eso: que esos muchos tienen que cerrar y dedicarse a otras tareas. Sin embargo, pocos han sido los que han planteado abiertamente esta posibilidad. El debate sigue centrándose en si en estos momentos de crisis el Estado puede sufragar el mantenimiento de tal o cual sector o carece de los recursos para ello: el ideal no es la reestructuración, sino una conservación barata.

El problema es que las crisis económicas son períodos en los que hay que corregir todas las malas inversiones, en los que el sector productivo debe someterse a cambios de gran calado. Muchos trabajadores se quedarán sin empleo, y muchos empresarios quebrarán. La razón, por trágica que pueda ser, no deja de ser simple: estos individuos se están dedicando a actividades mucho menos necesarias para los consumidores que otras que no están lo suficientemente atendidas. ¿Tenía sentido que cada año se construyeran más de 800.000 viviendas en España, mientras la inversión en materias primas quedaba en segundo plano?

Es hora de solucionar estos desajustes generados por los bancos centrales, y para ello no todo el mundo puede seguir haciendo lo que ha venido haciendo. Hasta 2007 España vivió un crecimiento económico artificial (sufragado en buena medida por los ahorradores asiáticos), así que no puede pretenderse que en tiempos de crisis todo siga igual.

Si por la subida del precio de los carburantes los europeos salen a la calle, cortan carreteras y queman camiones, ¿qué sucederá cuando el desempleo se extienda de manera endémica?, ¿qué pasará cuando la crisis hipotecaría desemboque en embargos masivos de viviendas?, ¿qué ocurrirá cuando los bancos quiebren y no puedan reintegrar los depósitos a la visa?

Con todo, lo más grave no son los perjuicios directos que este incremento de la conflictividad pueda generar. El aumento de la violencia y la erosión de la convivencia social pueden generar vértigo, pero el auténtico riesgo es que se pretenda aplacarlos con concesiones intervencionistas que sólo lograrán perpetuar la crisis y sembrar la semilla de futuros conflictos, de la desintegración del mercado y la sociedad.

Tras varias décadas de adoctrinamiento intervencionista, los ciudadanos se creen acreedores de la protección pública. Y es que incluso los estatistas de corte más liberal habían venido defendiendo la idea de un "colchón mínimo" que proteja ante las contingencias y situaciones económicas más desfavorables. Pero la cuestión, tanto cuando crecíamos como ahora que nos hundimos, sigue siendo el la misma: cuán mínimo debe ser ese colchón para que no acabe conformándose un bucle pobreza-protección-pobreza.

El Estado no debe perpetuar los errores privados que él mismo ha contribuido a generar. Hay que purgar cuanto antes las malas inversiones, y todo obstáculo que se interponga no hará sino prolongar y agravar la crisis. Habrá que ver si Occidente no sucumbe debido a su mentalidad parasitil.

90.139 niños podrían haberse salvado

Tan desinteresados son que no suelen cobran ni un euro… más de lo que indica su caché habitual, circunstancia que a los espíritus sensibles nos llena de admiración y gratitud. ¡Qué tíos! Qué manera de sacrificarse por el prójimo.

El Ayuntamiento de Toledo, gobernado por el PSOE, ha tenido el acierto de programar uno de estos conciertos cuya principal protagonista fue la excelente cantante y actriz Ana Belén. Puesto que se trataba de un acto de solidaridad para recaudar fondos con destino al tercer mundo, nada más lógico que abonar la factura de la actuación de Ana Belén con el dinero previsto para la contribución del famoso 0’7 por ciento del PIB. Sacrificio pecuniario que toda institución progresista asume de buen grado, principalmente porque la pasta no procede del solidario bolsillo de los progres (que por lo general no pagan impuestos; "salvar el mundo" no está contemplado en los epígrafes del IRPF), sino de los honrados contribuyentes, en cuyo nombre la izquierda ejerce la solidaridad planetaria descontando el porcentaje necesario para cubrir sus honorarios y otros gastos de gestión.

El propio alcalde de Toledo lo explicó perfectamente, al aclarar que si pagó a la artista con fondos destinados a la solidaridad internacional, fue precisamente porque ese concierto estaba proyectado para recaudar dinero con destino a diversos proyectos de ayuda al tercer mundo. Pero como los contribuyentes toledanos se conoce que son algo fachas, en lugar de abarrotar el recinto pagando un pastón por cada localidad decidieron pasar la velada en casita, viendo una película que, encima, probablemente ni siquiera era española, con lo que la recaudación fue casi tan ridícula como la habitual en un concierto de Ramoncín. Un desastre de inversión la realizada por los socialistas toledanos, a quienes les ha ocurrido como a aquel paisano que vendió el burro para poder comprar paja con que alimentarle.

Los progres nos crean mala conciencia con esas misteriosas estadísticas según las cuales cada segundo que pasa sin que nos rasquemos el bolsillo en la medida en que estos ungidos estiman conveniente ocurre una desgracia en los lugares más remotos que acaba con la vida de muchos seres humanos. Pues bien, tiremos de ese tipo de estadísticas y veamos cuantas vidas humanas ha contribuido a destrozar la desdichada medida de los sociatas toledanos. Las estimaciones más benévolas de la ONU establecen que salvar la vida de un niño en la zona más pobre de Africa cuesta ochenta dólares. La pasta abonada solidariamente por los socialistas a la solidaria Ana Belén, hubiera salvado, por tanto, la vida de 90.139 niños del este africano, que probablemente ahora morirán de inanición. ¿Podrán estos profesionales de la solidaridad con dinero ajeno soportar semejante carga? Usted seguramente no; ellos sí. De hecho, lo más probable es que estén ya preparando el conciertazo solidario del año que viene, con el imprescindible zejatero de cuota en papel estelar. Y es que la solidaridad bien entendida comienza por uno mismo. En el caso de la izquierda, empieza y acaba. Que se lo pregunten a la pobre Ana Belén.

Aranceles a la exportación

A la hora de adquirir bienes de países distintos al de residencia estamos acostumbrados a tener que pagar un impuesto especial llamado arancel. Este tributo recae sobre los bienes provenientes de países extranjeros por el simple hecho de no haber sido fabricado en el nuestro, por lo que soportan un coste extra del que están exentos los nacionales. La justificación que suele emplearse para el empleo de este tributo es que, de alguna manera, protege las empresas nacionales frente a las de otros países. Este argumento suele ser muy contestado, al obviar el hecho de que los consumidores se ven obligados a comprar a un precio superior dichos bienes, con el perjuicio económico que les supone.

No resulta tan conocido otro impuesto sobre las transacciones internacionales que se imponen a los productos que abandonan un país, los llamados aranceles a la exportación. Tradicionalmente era empleado por países con yacimientos petrolíferos, aunque últimamente son más conocidos a raíz de su imposición por parte de países con fuerte producción agrícola. El motivo por el que el legislador suele justificarlos es doble, de un lado evitar el desabastecimiento interno, y de otro amortiguar el traslado de los precios internacionales de dichos bienes al mercado interno.

Aunque a primera vista pueda parecer un objetivo loable, la lógica económica nos indica que este tipo de medidas tiene un efecto contrario, ya que empobrece a los habitantes de dichos países. Una subida del precio mundial de estos productos, en los que tiene ventajas competitivas un país (ya sea por su clima, suelo o por cualquier otro motivo), aumenta el beneficio de sus productores. Este aumento en su beneficio provoca que otras personas se animen a producir dichos bienes, ya que obtendrían un mayor beneficio en dicho sector. Este mayor número de emprendedores trae consigo que también deba aumentar el número de trabajadores dedicados a estas labores. Al existir un aumento en la oferta de empleo el salario de los trabajadores también aumenta, por lo que dicha riqueza también se extiende a los mismos. A su vez, los mayores beneficios provocan una mayor inversión en técnicas de mejora en la obtención de dichos productos, por lo que se logra una mayor producción. Por lo tanto, un mayor precio internacional de dichos bienes tiene un quíntuple incremento, en los beneficios, en el empleo, en los salarios, en las técnicas y en la producción.

Por el contrario, si se gravan estos bienes destinados a la exportación, cae el beneficio de los productores, por lo que aquellos que tienen más dificultades para producir, normalmente los más pobres, dejan de ser rentables y acaban cerrando su negocio. Por lo tanto el efecto es precisamente el contrario, menor beneficio, menor empleo, bajadas de salarios, empleo de técnicas menos avanzadas y una caída en la producción.

Cabría argüir si a pesar de todos estos inconvenientes los habitantes más pobres de estos países se ven beneficiados de alguna manera por la existencia de estos aranceles a las exportaciones. La respuesta es también negativa, ya que tanto el empleo como los salarios disminuyen con este tipo de medidas. Por otro lado, los trabajadores se ven desplazados hacia otros sectores que en los que su país no cuenta con dichas ventajas competitivas, por lo que el valor añadido de su producción es inferior, y por tanto también lo es su retribución.

Por tanto, si se desea realmente ayudar a la parte más pobre de la población, los aranceles a la exportación deben ser eliminados, de manera que gracias a su trabajo y esfuerzo, los ciudadanos de estos países puedan poner en venta aquellos bienes en los que tienen algún tipo de ventaja competitiva, obteniendo un mayor beneficio por ello.

Los intermediarios, chivos expiatorios de los lobbies

El estudio que han realizado nos muestra cómo algunos alimentos multiplican su precio de forma notoria desde que salen de la huerta hasta que llegan al supermercado, en algunos casos hasta más de un 400% según estas organizaciones (COAG, UCE y Ceaccu). Como era de imaginar, han exigido la intervención del Gobierno.

El lobby agrario COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) exige, por ejemplo, que el Estado "fije los precios o márgenes de comercialización cuando se trate de productos de primera necesidad". Pero ¿qué ocurriría si el Gobierno impusiera precios máximos sobre los productos? Lo primero, que nacería otro lobby, el de los intermediarios, que exigiría al Estado subvenciones de compensación. ¿Quién lo pagaría? Exacto, usted, consumiese el producto con el que ellos trabajan o no.

Desde un punto de vista menos político y más económico, veamos las dañinas consecuencias que tiene el intervencionismo en la estructura productiva de la economía. El precio de un producto o servicio no es la suma de sus costes más un margen. Desde que se descubrió el concepto económico de la utilidad marginal en el siglo XIX, los economistas se dieron cuenta que las cosas cuestan aquello que la gente está dispuesta a pagar por ellas. Es desde la escala de preferencias del consumidor que se establecen los precios y no al revés.

El precio orquesta las necesidades reales de la gente –lo que en economía se llama "preferencias reveladas"– con la escasez de la oferta y los diferentes sistemas de elaboración, distribución y comercialización que existe en el mercado, es decir, con el valor de los intermediarios. Si el precio de las cosas está por encima de las más urgentes necesidades de las personas, la estructura productiva se acorta, cierran intermediarios, hasta encontrar un "precio de equilibrio" o concordia entre oferta y demanda.

Si por razones artificiales y ajenas al libre mercado, como pueda ser la intervención coactiva del Gobierno, las relaciones naturales entre oferta y demanda desaparecen, lo único que conseguiremos es escasez y fraude. ¿Qué ha ocurrido últimamente con el agua? El agua no tiene un precio de mercado, está regulado. Las consecuencias han sido severas restricciones en algunos lugares de España y quejas de diversos sectores políticos. ¿Qué ocurre con el suministro de electricidad, que también tiene precios máximos? Apagones continuos y jugosas subvenciones para las empresas productoras y distribuidoras de electricidad que pagamos todos aunque no usemos su producto.

Si usted nació antes de la democracia recordará una muestra de esos fraudes producidos por los precios máximos: la barra de kilo de 800 gramos de pan. El régimen regulaba en aquel momento los "productos de primera necesidad", como ahora exige la COAG. La picaresca se impuso de inmediato: vender pan de kilo que en realidad pesaba 800 gramos. Da igual qué es lo que se quiera regular, lo único que logrará será agudizar el ingenio de los pícaros, aumentar la burocracia y castigar a los empresarios honrados, que a propósito, son la mayoría y no por su bondad, sino porque en el libre mercado el listillo es expulsado por el consumidor. Todo lo contrario a lo que ocurre en el Estado del Bienestar, donde vive a expensas del ciudadano y las subvenciones.

Los lobbies de consumidores y agricultores han demostrado saber muy bien como procurar por su sueldo, pero no demasiados conocimientos ni de teoría económica ni de historia. La supuesta inflación que está disparando los márgenes desde hace tiempo no se debe a lo oscuros intermediarios. Gracias a ellos tenemos alimentos cada día en las tiendas. Si restringimos su negocio por medio de la fuerza de la ley, sólo conseguiremos encontrar comida durante los cinco primeros minutos desde la apertura de los supermercados, tal y como ocurría en la URSS, que precisamente usaba este tipo de regulaciones. Bueno, también podremos ir a las huertas a comprar los tomates o a Canarias para conseguir unos plátanos.

La inflación crediticia ha creado intermediarios artificiales de igual forma que ha ocurrido con la vivienda. La emisión excesiva de dinero –ya sea en billetes, depósitos u otros activos– ha descompensado la estructura productiva creando una ilusión de beneficios que no está respaldada por la producción. Lo que vemos ahora no es más que la continuación de las políticas expansivas de los bancos centrales que se va filtrando por todo el tejido económico. No en vano Nicolás de Oresme, el primer tratadista monetario, apuntó sabiamente en el S. XIV que la excesiva emisión de activos monetarios (la inflación crediticia) siempre conduce a la explotación y tiranía.

Sinrazón en la República Socialista Europea

Hemos comentado en multitud de ocasiones los falaces supuestos teóricos y la errada teoría que sustentaba la decisión de 2004 de la Comisión de multar a la empresa entonces dirigida por Bill Gates con la cifra hasta entonces record de 400 millones de euros y que, además, le obligaba a ofrecer el Media Player separado del sistema operativo Windows y a dar sus secretos técnico-empresariales a la competencia. No vamos a volver a incidir en lo disparatado del caso ni en la dislocada concepción de competencia sin rivalidad que motivó un acosó que ya dura cuatro años.

Ahora quiero centrarme en el requisito que incluía la decisión de 2004 de acuerdo el cual la venta forzosa a la que Microsoft quedaba obligada tenía que producirse en unos "términos razonables". El problema está en que, como ya demostraran los autores escolásticos del Siglo de Oro en su discusión sobre el precio justo, el valor de las cosas es subjetivo y sólo resulta de la compra-venta voluntaria en el mercado libre. ¿Quién decide el precio razonable en una venta obligatoria? Si lo decide el privilegiado cliente la transacción será doblemente injusta. Si es el regulador quien decide, la economía corre el peligro de parecerse más al modelo fascista que al socialdemócrata que padecemos hoy en día. Así que la única respuesta sensata a esta cuestión creada por el absurdo intervencionismo europeo es que sea el propietario del producto el que ponga el precio.

Pues bien, a pesar de que la mayoría de los "clientes" de la información de Microsoft estaban comprándola sin rechistar (siempre habrá a quien le parezca caro a menos que el precio sea cero), a la Comisión le dio ahora por multar a Microsoft con la que se ha convertido en la nueva cifra más elevada de la historia (899 millones de euros) por vender a un precio que no le satisface plenamente. Si no fuera porque estamos hablando de cosas tan serias como la limitación del orden espontáneo y el librecambismo esto ya sería para mearse de la risa.

La empresa ha decidido, para sorpresa de la CE, recurrir la decisión ante los tribunales. Personalmente no tengo ninguna confianza en la razonabilidad de los veredictos del aparato judicial de esta República Socialista Europea (especialmente en una cuestión como la competencia y el antitrust, en las que la legislación europea deja espacio para la mayor arbitrariedad intervencionista que quepa imaginarse). Sin embargo, hay que celebrar que haya quienes decidan no agachar la cabeza en su camino hacia el matadero empresarial. La única posibilidad de que el monopolio legal que decide qué es competencia deje de estorbar al mercado libre es que los consumidores nos rebelemos ante tanta sinrazón que perjudica a la sociedad en su conjunto.

Kennedy y su diseño de ayuda a Latinoamérica

Nada más llegar al poder, Kennedy anunció un ambicioso proyecto de ayuda a Latinoamérica para empujarla hacia el desarrollo y ver asentarse allí la democracia. Ambos objetivos harían de barrera de contención a la hipnótica (y reciente) revolución castrista que amenazaba con extenderse por el continente como una indeseable mancha de aceite.

Si la doctrina Truman había contado con su plan Marshall para Europa, la doctrina Kennedy contaría entonces con un plan aún mayor para América Latina. Sería un gran proyecto hecho realidad, hijo lejano de la iniciativa imaginada por el presidente del Brasil Kubitschek.

Este plan del gobierno de los Estados Unidos recibió el apoyo del Congreso para destinar durante los años que iban de 1961 a 1970 unos 20.000 millones de dólares (entre subvenciones y préstamos) a proyectos de mejoras sociales y económicas por toda Latinoamérica. Fue bautizado con el grandilocuente nombre de la Alianza para el Progreso. Las relaciones hemisféricas entrarían por fin en una nueva etapa histórica.

Kennedy quiso demostrar que sus palabras iban en serio. Con la aprobación de la Foreign Assistance Act de 1961 se creó una agencia específica –la USAID– para gestionar centralmente toda la ayuda oficial norteamericana ya existente y se contrataron los llamados Peace Corps de técnicos y jóvenes voluntarios estadounidenses deseosos de ayudar al mundo subdesarrollado. Gran parte de los esfuerzos irían a parar a Latinoamérica en coordinación con la Organización de Estados Americanos y el BID. El entusiasmo que suscitó esta Alianza para el Progreso entre los políticos de la zona fue considerable.

Los resultados de los desembolsos masivos de dinero por parte de Estados Unidos hacia Latinoamérica fueron infructuosos, salvo –claro está– para los dirigentes de ambos hemisferios y para las empresas privadas adosadas a ellos. Pasada la década de los sesenta, la renta per cápita de los países receptores de aquellas ayudas resultó ser incluso menor que la de años anteriores. Además, si la intención de Kennedy era también exportar la democracia a sus repúblicas hermanas del sur, la dolorosa realidad mostró que a principios de los años setenta habían proliferado golpes de estado en buena parte de aquellos países.

Los comunistas, cepalistas, chomskistas y demás gente de izquierda criticaron severamente dicha "Alianza" porque suponía una ayuda condicionada y hecha a la medida del vecino imperio. Llevaban razón. Pero se olvidaron señalar el motivo principal del estrepitoso fracaso de este ambicioso programa de ayuda para América Latina, que no era otro que la probada imposibilidad de planificar con éxito el desarrollo de las poblaciones desde la esfera estatal (sea propia o externa) o desde las mastodónticas agencias inter-estatales.

Peter Bauer criticó siempre la ayuda externa por el hecho de atacar sólo los efectos del subdesarrollo, pero no sus verdaderas causas. El proceso sostenido de desarrollo económico de los países subdesarrollados no avanzará, mientras los incentivos, los valores y las instituciones de las poblaciones pobres no cambien, mientras no se supriman los aranceles, las barreras de entrada y las excesivas regulaciones al comercio, mientras no se permita in situ la búsqueda descentralizada del éxito por complacer a los consumidores mediante la libertad económica (no diseñada) que atraiga financiación y más factores de producción de forma natural. No es decisivo qué interés se tome el gestor de la ayuda externa, ni qué monto se alcance o qué carismático sea el político que la lidere.

Hoy siguen existiendo parecidos planes de ayudas al desarrollo por parte de Estados del "primer mundo" y de agencias internacionales del desarrollo. Tienen otros nombres y otros objetivos, pero parten de las mismas ideas estériles del pasado. No dejan de ser, en el mejor de los casos, un cartel de buenas intenciones, tal y como nos recuerda William Easterly.

La ayuda nada tiene que ver con el verdadero desarrollo. Los pobres necesitan más mercados, cuanto más extensos y libres, mejor (lo mismo que los ricos) y les sobran muchos, demasiados, "expertos" y burócratas del desarrollo.

Incompetencia contra la libertad comercial

Los detentadores de privilegios de la antigua regulación ya han protestado amargamente porque se vaya en contra de sus intereses organizados. Para la Confederación General de Pequeñas y Medianas Empresas (COPYME) "se trata de un nuevo paso en contra del comercio tradicional" y es "un ataque al libre mercado". Los grupos de presión no renuncian pacíficamente a sus prebendas, avergonzados por todo el tiempo que han vivido a costa de los demás, sino que practican la huida hacia delante y acusan a los legisladores que intentan acabar con ellas de ir en su contra, lo cual queda muy feo en un político. Y además practican la estrategia de la confusión, argumentando (es un decir) que ellos defienden el libre mercado: como si entendieran en qué consiste y estuvieran acostumbrados a practicarlo.

En una postura típicamente reaccionaria, defienden lo suyo como lo tradicional, lo de siempre, como si no pudiera ni debiera evolucionar y adaptarse a circunstancias nuevas. Creen que la competencia consiste siempre en que haya muchos competidores prácticamente iguales sin que ninguno de ellos sufra pérdidas o fracase: los poderes públicos han de garantizar la supervivencia de sus negocios aunque estos demuestren ser poco competitivos, mediante subvenciones directas o poniendo trabas legales a los triunfadores. No entienden (o prefieren no ver) que el mercado libre es un proceso evolutivo dinámico que explora la diversidad y genera adaptaciones mediante la retención de los más exitosos (en servir a los consumidores) y la expulsión de los marginalmente incompetentes (que no implica que se mueran de hambre sino que lo hagan mejor o se dediquen a otra cosa). La igualdad es ante la ley, no mediante la ley: no se trata de que todos jueguen exactamente en las mismas condiciones (grandes o pequeños, especializados o generalistas), ya que en este caso no se podría comprobar qué sistemas de producción y distribución son más eficientes.

Algunas asociaciones que se autoproclaman falazmente de consumidores también se oponen a la medida. Según Antonio López, portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la franja horaria comercial es "suficiente y la medida sólo beneficia a las grandes superficies y centros comerciales"; duda de que la iniciativa "promueva la competencia, porque lo que en realidad supone es eliminar al pequeño comercio". A mí personalmente como consumidor no me han preguntado si los horarios me parecen suficientes o si me siento beneficiado por la liberalización comercial, así que ¿en nombre de quién habla? Son graciosos los intervencionistas, tan obsesionados con la cooperación colectivista, cuando se empeñan en defender lo que ellos entienden como competencia.

Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, se esfuerza por ser original en hacer el ridículo: cree que de salir adelante este proyecto de ley sería "una invitación al consumo y al despilfarro". Consumidores en contra de ser invitados a consumir, lo que hay que ver. Quizás él tiene tan poco autocontrol que usa todo su tiempo libre para despilfarrar como un ludópata su dinero en los comercios que encuentra abiertos; pero que no proyecte sus fobias particulares sobre el resto de la ciudadanía.

La culpa la tiene el pollero

El Gobierno, que prometió antes de las elecciones que, como por ensalmo, el aumento generalizado de los precios remitiría justo después de las elecciones, se enfrenta a un verdadero problema con la inflación. Con la inflación tal como se entiende, como subida de los precios, porque el problema asociado a su verdadero significado, el aumento de medios fiduciarios de pago, es aún mayor. En verdad el problema no es suyo, sino nuestro, de la sociedad, pero dicen que se dice que la mala situación económica es perjudicial para la imagen del Gobierno, y debe de ser verdad, a fuer de los esfuerzos de éste por convertirnos al panglossianismo.

El caso es que los precios suben, y cada vez más rápido: un 4,4 por ciento en febrero y en marzo, de confirmarse el dato preliminar, un 4,6 por ciento. Pero como los precios no se someten a las leyes de la armonía, y suben o bajan en función de las circunstancias de cada bien, loa hay que crecen a un mayor ritmo que los demás. Es el caso de los bienes que compramos más habitualmente, los que entran físicamente, y no sólo de forma figurada, en la cesta de la compra: la leche un 27 por ciento, el pan un 11,6 por ciento, y el pollo, los productos lácteos o las legumbres y hortalizas más de un 10 por ciento. Y eso duele en el bolsillo, especialmente de las personas con menor renta. Y la credibilidad del Gobierno cae a medida que se acorta el salario real por la subida de precios. Este es el momento de hacer algo al respecto, y el Gobierno, este como todos, recurre a su arma más eficaz y más antigua: mentir.

Para ello ha utilizado una de sus agencias: la Comisión Nacional de la Competencia es su nombre, tan orwelliano como aquellos ministerios de la Paz o del Amor. Y le ha ordenado que acuse a los productores de ser ellos responsables de las subidas de precios. Dicho y hecho. El pequeño detalle de que, según la propia Comisión de la risa, no tengan prueba alguna contra el conjunto de patronales agrupadas en la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) no tiene la menor importancia. Las sutilezas propias de la sociedad abierta, como reunir las pruebas antes de formarse una opinión y hacer más tarde una acusación fundada no son propias de este Gobierno ni en general de sus pares.

Acusar a los productores de ser los responsables de la subida de precios es una de esas tonterías que resiste el paso de los siglos. Pero está claro que si estuviera en su mano subir los precios a voluntad, lo harían sin límite. Mas, como explicó Carl Menger en sus Principios de Economía, los oferentes pueden decidir ora el precio ora la cantidad lanzada al mercado, pero no ambas a la vez.

Pero entonces la acusación se hace más compleja, y va por que acaso un solo oferente no sea capaz de subir los precios de un sector. La competencia haría que los consumidores huyesen de él hacia opciones menos onerosas. No, la acusación del Ejecutivo apunta a la colusión entre los oferentes para acordar una estrategia común para subir los precios. Dejemos de lado que esta acusación es contraria al mensaje del propio Gobierno de que la razón del aumento de los precios es por los costes internacionales. Un acuerdo de este tipo es siempre inestable, pues cualquiera de los productores, especialmente si ve amenazado su negocio, tiene la tentación de llevarse una mayor proporción de los beneficios potenciales asociados a unos mayores precios saliendo del acuerdo y rebajando lo que pide por sus productos.

La subida generalizada de los precios, lo que habitualmente se llama inflación, tiene un origen eminentemente monetario y el principal instrumento no está en sus manos, sino en las del BCE. Pero sí hay cosas que puede hacer, como limitar el gasto público, entre otras medidas. Echarle la culpa a los productores no servirá de nada.

Ayuda al subdesarrollo

Uno de los principales dogmas del pensamiento intervencionista es el de la ayuda al desarrollo. Lejos del mundo liberal, es difícil encontrar a quien mantenga una actitud como mínimo crítica hacia este tipo de políticas que predican organizaciones tanto privadas como públicas. Incluso la mayoría de las quejas se dirigen a la mejora del sistema y no a un cambio radical. La ayuda al desarrollo es una mezcla de buenismo, simplismo, una visión económica de suma cero e ingeniería social que lleva años demostrando, no sólo su ineficacia, sino en algunos casos su carácter dañino.

Hay gente que piensa que con sólo tener la voluntad de ayudar es suficiente para que el mundo mejore. Existen otros que completan esta actitud con un objetivo utópico al que todos tenemos que contribuir para que lleguemos a su particular Nirvana. Se presenta a la guerra o a las desigualdades económicas como responsables de la situación mundial, no como síntomas, y se aboga por una mayor justicia social, como si este etéreo concepto fuera suficiente para que todos entendamos qué está pasando. Sobre este panorama, y con un eficiente ejercicio de propaganda dirigido al centro emocional de los ciudadanos, organizaciones como las ONG’s y ciertas instituciones públicas de carácter nacional e internacional consiguen nuestro dinero que entregamos voluntaria e involuntariamente.

El primer objetivo de estas organizaciones es perpetuarse. No sé de ninguna, y si las ha habido desde luego son muy pocas, que una vez conseguido su propósito, se hayan disuelto con la sensación del deber cumplido. No es extraño pues que sus grandes objetivos sean imprecisos, como la mejora de las condiciones de vida de todo un pueblo, o de imposible cumplimiento incluso a muy largo plazo, como la de terminar con el hambre en el mundo. Siempre habrá enfermedades que erradicar o un mejor nivel de vida al que optar. Las necesidades de educación o de infraestructuras siempre serán excusas perfectas para justificar sus demandas.

Es tal la necesidad de recursos que la alianza entre las ONG’s y el Estado es casi natural. Como la caridad voluntaria es insuficiente para conseguir los dineros necesarios, las ONG’s reniegan de su propia esencia y piden o exigen ayudas a los gobiernos que tan eficientemente se apropian del dinero de sus ciudadanos. El 0,7% del PIB es un objetivo sabroso al que se pretende optar, pero una vez conseguido, incrementarlo será de nuevo un deber al que sólo un egoísta insensible se podrá oponer.

Sin embargo, las situaciones a las que hacen frente estas organizaciones tan desinteresadas son mucho más complejas de lo que nos venden. Es evidente que la enfermedad y el hambre son dos de los peores males a los que se puede enfrentar cualquier ser humano, sobre todo si a su alrededor no hay ninguna posibilidad de que pueda aliviarse, pero también es evidente que las causas son muchas y complejas.

Si el hambre es provocado por una guerra, como ocurre en Somalia, entonces hasta que esta no cese, o mejor dicho, hasta que el ardor guerrero de las partes en conflicto no termine, no se darán las condiciones esenciales para que se pueda producir un desarrollo económico en condiciones. Cuando son gobiernos corruptos y totalitarios como el de Zimbabue los que generan las hambrunas y los desplazamientos, nada podrá mejorar hasta que estos desaparezcan. Cuando son las barreras arancelarias de los países desarrollados los que ponen problemas a la exportación de los bienes que las empresas de los países del tercer mundo producen, sólo su desaparición será necesaria para que se den ciertas condiciones para que la situación se invierta. Claro que tanto la guerra, como el Gobierno corrupto, como los aranceles tendrán sus razones y estas las suyas e incluso la desaparición de todo lo anterior no es condición suficiente para que nada mejore. La realidad se vuelve muy compleja y presentar la ayuda al desarrollo como la única manera de solucionar "todos" los conflictos es una simpleza.

Existe otro simplismo quizá más dañino, el de considerar que de una acción subjetivamente positiva surge otra objetivamente positiva. Una acción tiene sólo consecuencias y estas no son ni buenas ni malas por la naturaleza de la primera. No es extraño que en los campos de refugiados (sobre todo en los que se perpetúan durante mucho tiempo y se consiguen condiciones de vida mejores que las originales de los desplazados a través de las ayudas públicas y privadas internacionales) surjan grupos violentos y terroristas que pretendan "castigar" las afrentas recibidas y que, si se dan las condiciones necesarias, puedan llevar a cabo su venganza. Tal fue la situación de los campos de refugiados hutus en la República Democrática del Congo que luego provocaron un genocidio en la nación tutsi. Un acueducto puede aportar agua a una aldea, pero también a un señor de la guerra. Una escuela puede formar niños, pero también adoctrinar a futuros terroristas. Ayudar a una persona, a un grupo o a una sociedad puede acallar nuestra conciencia, pero no es en sí ni bueno ni malo, pues desconocemos cuáles serán las consecuencias en el futuro. Si no podemos determinar con seguridad los resultados de nuestras acciones, será infinitamente más complicado hacerlo cuando confluyen infinidad de organismos, personas, situaciones y circunstancias.

Con este panorama, cabe preguntarse si es necesaria la caridad o la filantropía para solucionar ciertos problemas en el mundo. La cuestión no es tanto si éste es el método adecuado, sino en no convertirlo en el único para presuntamente alcanzar la utopía de un mundo feliz y armonioso. Primero porque este estado es a todas luces imposible, ajeno a la naturaleza humana cuyos objetivos los marcará cada uno en función de sus anhelos y circunstancias. Segundo, porque desconocemos el alcance de nuestras acciones y no podemos plantear políticas globales esperando con ello alcanzar ese ansiado paraíso; en el fondo, no deja de ser un sistema de ingeniería social. Tercero, porque no podemos ni debemos plantear el desarrollo económico como un juego de suma cero –yo gano porque ellos pierden y debemos, por tanto, dar parte de lo que disfrutamos para que mejoren–. La riqueza se crea y las guerras, los gobiernos corruptos o los aranceles son barreras que lo impiden.

No podemos saber si en un país es más necesaria una escuela o una carretera, un crédito para fertilizante o para un hotel de lujo. La libertad económica permitirá que con el tiempo todo llegue, que llegue en función de las necesidades de los individuos en cada momento. La filantropía y la solidaridad pueden desde luego ayudar (o no), pero no deben ser la base de una posible solución, si es que la hay. Si así lo hacemos sólo estaremos favoreciendo el subdesarrollo como en el que lleva inmerso el África subsahariana desde hace décadas y donde las ayudas pecuniarias llevan decenas de años alimentando pozos sin fondo.

Tomadura de pelo castrista

Si se analiza con un poco de frialdad, tiene toda la pinta de tratarse de un lavado de cara de la dictadura que de una medida efectiva. Aunque la "información" ha sido ahora confirmada, salió a la luz hace unos días después de que un corresponsal de la agencia británica Reuters "tuviera acceso" a un "documento interno" del régimen. En un sistema tan controlado como el de la Isla-cárcel no resultan creíbles ese tipo de filtraciones a no ser que sean autorizadas desde las más altas instancias.

Que ahora se haya convertido en una resolución del Ministerio de Comercio Interior no significa nada. Es una vieja costumbre de la dictadura caribeña el aprobar leyes y otro tipo de normas de las que se informa a los medios de comunicación extranjeros pero no a la población del país. Esta separación entre la "información" destinada al exterior y la dirigida al interior es tan estricta que las dos ediciones digitales del periódico oficial Granma difieren tanto entre sí como con la de papel en cuestiones importantes. Además, la ausencia de un sistema judicial independiente garantiza que si algún cubano se entera de que existe esa legislación no pueda llegar a ejercer esos supuestos derechos.

Pero la cosa no termina ahí. Resulta que esos ordenadores y otros productos ahora supuestamente autorizados se van a vender en las conocidas como tiendas de divisas. Para acceder a estos comercios se deben poseer pesos cubanos convertibles (CUC), equivalente a 24 unidades la llamada "moneda nacional" (la de uso corriente entre los habitantes de la Isla) y muy difíciles de conseguir para la inmensa mayoría de los nacionales. Además, si se tiene en cuenta que un salario normal equivale a algo más de 10 euros mensuales, adquirir un ordenador requerirá una inversión similar a la que necesita hacer un español para comprar una vivienda. Con el agravante de tener que hacerlo con una unidad de cuenta muy difícil de poseer.

Y para rematar, está el control de internet. De poco sirve poseer un ordenador si después el régimen comunista no permite el acceso a la red sin un permiso oficial muy difícil de conseguir. Claro que existe la posibilidad de adquirir una cuenta en el mercado negro, pero estas son muy caras y por tanto inaccesibles para el común de los cubanos. En definitiva, esta noticia no es más que pura propaganda muy útil para aquellos que siempre están buscando alguna excusa para hablar favorablemente de los hermanos Castro, antes Fidel y ahora Raúl o ambos. En realidad nada cambia de verdad en Cuba respecto a la compra de ordenadores, como ocurre en el resto de las cuestiones.