Por su claridad, por su serenidad y por su contundencia frente al dictador Hugo Chávez, el discurso pronunciado por el presidente Álvaro Uribe Vélez desde la localidad de Calamar (Colombia) debe ser apoyado internacionalmente por las principales instituciones de la Unión Europea, de Canadá, de México y de los Estados Unidos de América y por todas aquellas naciones democráticas que defienden los derechos civiles frente al aplastamiento revolucionario de la libertad de los ciudadanos.
El apoyo internacional debería ser decidido y planteado seriamente para afianzar las democracias del Centro y del Sur de América mediante el fomento de su desarrollo socio económico por medio del libre comercio y de la firme colaboración entre las principales democracias del mundo.
Deben ser ayudados especialmente los países que, como Colombia, responden con democracia y con políticas de protección y defensa de los derechos y libertades de sus ciudadanos frente a una situación difícil de narcoterrorismo en sus selvas que sólo puede ser erradicada mediante una política lenta pero efectiva basada en los tres pilares del Gobierno Uribe, es decir, coincidentes con los tres deberes mínimos del Estado enunciados por Adam Smith en su famoso libro La Riqueza de las Naciones:
- Seguridad a los ciudadanos por medio de la acción decidida de la Policía y del Ejército protegiendo las poblaciones y sus principales infraestructuras.
- Administración de Justicia con la acción decidida de la Fiscalía, de la Procuraduría y de los Jueces.
- Realización de Infraestructuras que posibiliten y extiendan el desarrollo socio económico a todas las ciudades y departamentos.
El enfrentamiento entre el presidente Álvaro Uribe y el dictador Hugo Chávez es preferible que se produzca ahora y no dentro de varios años, cuando la financiación de acólitos socialistas pudiese haber incendiado aún más la región andina con nuevos países controlados por la revolución socialista bolivariana.
Sin embargo, el endurecimiento de las relaciones puede desembocar en un cierto desajuste económico en Colombia, ya que las importaciones desde Venezuela durante el año 2006 fueron de sólo 984 millones de dólares pero sus exportaciones fueron de 2.760 millones, convirtiéndose este país en el destino del 80% del comercio exterior de Colombia basado en alimentos, materias plásticas, productos químicos y automóviles. Por eso es muy importante el apoyo rápido y decidido a Colombia, la democracia más fuerte y pujante de la región andina, para detener el expansionismo liberticida de Chávez.
Si Europa y Estados Unidos desean de verdad ayudar enérgicamente al sostenimiento de la democracia en Colombia, deberían compensar con libre comercio los 4000 millones de dólares previstos para el año 2007 en exportaciones de las empresas colombianas hacia la cada vez menos productiva Venezuela, mermada económicamente por la planificación socialista implantada por Hugo Chávez y sólo compensada parcialmente por el elevado precio actual del barril de crudo situado ya cerca de los 100 dólares por barril.
Es un peligro real para las libertades en Colombia el más que probable apoyo financiero y político de Hugo Chávez a muchos políticos populistas y radicales como la senadora colombiana Piedad Córdoba o los miembros del Partido Comunista Colombiano integrados en el Polo Democrático Alternativo (PDA), que pretenden tomar el poder en Colombia para realizar cambios constitucionales e implantar la revolución bolivariana al igual que en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua.
Mención aparte merecen los muy probables apoyos del presidente venezolano mediante entrega de armas, protección, adiestramiento, logística y financiación a grupos narcoterroristas como las FARC, que justifican sus extorsiones, secuestros y asesinatos masivos con la revolución comunista. Recientemente, la revista española Interviú ha desvelado los evidentes indicios de ayuda y colaboración del gobierno revolucionario de Venezuela con los cárteles del narcotráfico, mediante la cobertura de su marina de guerra a los cargamentos con droga de buques en aguas internacionales, al igual que ya hiciese anteriormente la revolución castrista para atacar las democracias occidentales.
En ese asunto, la irresponsabilidad del actual Gobierno de España, encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, es manifiesta. No hay que olvidar la construcción de cuatro fragatas y cuatro corbetas de guerra que la empresa pública española Navantia está realizando para Venezuela para contribuir a la desestabilización del Mar Caribe y del Golfo de México, donde con seguridad también intenta extender su revolución el dictador Hugo Chávez. Paradójicamente, existía la posibilidad de firmar dicho contrato de suministro de buques militares con la democracia colombiana, pero el irresponsable Gobierno de izquierdas de España prefirió reforzar la revolución bolivariana por medio de la primacía naval de Venezuela en el Mar Caribe.
Aún más desestabilizadora para todo el mundo civilizado es el incremento de relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Islámica de Irán, dados los deseos ya expresados públicamente por el gorila rojo de desarrollar su propio programa nuclear en línea con la política belicista del presidente iraní Mahmud Almadineyad con miles de separadoras centrífugas en funcionando para producir uranio altamente enriquecido, cuya aplicación directa es la fabricación de bombas y misiles nucleares de largo alcance y no la producción pacífica de electricidad.
La pretendida mediación de Hugo Chávez para lograr la liberación de algunos políticos secuestrados por las FARC, como la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, buscaba la autopromoción del dictador y la publicidad de su movimiento revolucionario en Colombia, para facilitar la toma de poder por grupos de izquierda afines a su causa en las siguientes elecciones generales a celebrar en marzo de 2010.
Por las anteriores amenazas, la democracia de Colombia merece el apoyo firme y decidido de la comunidad internacional y, muy especialmente, de la Unión Europea y de Estados Unidos. Si el apoyo político se realizase de manera inteligente, no debería bastar una mera declaración institucional políticamente correcta por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos o por parte del Comisario de Política Exterior (PESC) de la Unión Europea. Es más, ambos lados del Atlántico deberían impulsar una estrategia de apoyo conjunto a Colombia.
Es decir, si los políticos quisiesen pensar sin intereses electoralistas, lograrían definir una estrategia de largo alcance que afiance las democracias frente a la revolución comunista, como mínimo concretando su apoyo a Colombia en los siguientes aspectos esenciales:
- Declaración institucional de apoyo a la democracia de Colombia por su defensa decidida de las libertades individuales de los ciudadanos frente al narcoterrorismo y frente al expansionismo liberticida de los movimientos revolucionarios como el socialismo bolivariano.
- Aprobación urgente de un Tratado de Libre Comercio (TLC), justo y equilibrado, entre la Unión Europea y Colombia para lograr impulsar el desarrollo económico del país andino, a fin de lograr limitar las derivas revolucionarias financiadas y alentadas por Hugo Chávez, gracias al fruto de las exportaciones de petróleo.
- Más urgente todavía sería la aprobación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los Estados Unidos y Colombia favorable para ambas partes, dada la importancia para la potencia norteamericana de lograr aliados duraderos entre las principales democracias de Sudamérica para frenar el expansionismo revolucionario de Venezuela.
Cualquier excusa y cualquier dilación en la consecución y firma de un TLC por parte de la UE y de EEUU no ayudarán más que a Chávez y mermarán las posibilidades de consolidación democrática en Colombia.
Los anteriores apoyos deberían ser reforzados con intensa colaboración económica, social, cultural, policial y militar y con medidas expresas de apoyo económico como las áreas de exención fiscal, los microcréditos y los créditos internacionales. El área de exención fiscal de los departamentos del Cauca y de Huila debería ser prorrogada, mejorada y extendida al mayor número de regiones posibles, ya que ha permitido la instalación de grandes empresas internacionales y ha creado tejido industrial y miles de puestos de trabajo y, por tanto, desarrollo socio económico en muchas poblaciones.
Por otro lado, los microcréditos permitirían ayudar a emprender negocios a las miles de personas desplazadas del campo a la ciudad por el narco-terrorismo presente en las zonas rurales más alejadas. Y esos microcréditos también permitirían el desarrollo de la población rural en las poblaciones cercanas a las principales infraestructuras viales aseguradas por el ejército colombiano.
Finalmente, los créditos internacionales contribuirían a acelerar la construcción de infraestructuras por medio de asociaciones público privadas que permitirían la realización, la explotación y la financiación de infraestructuras (carreteras, puentes, túneles, centrales eléctricas, hospitales, escuelas) por compañías privadas internacionales con pago del servicio prestado por medio de peajes durante 30 o 40 años y con retorno final de la propiedad a los ciudadanos colombianos.
Actualmente, la política colombiana está logrando la seguridad en el transporte urbano por medio de la Policía Nacional que protege con eficiencia medios de transporte como el autobús Transmilenio en Bogotá, el Megabus en Pereira y el Metro suburbano en Medellín. También la presencia del Ejército colombiano y de la Policía de Carreteras está dotando de seguridad el transporte interregional con vías construidas, explotadas y mantenidas en buen estado mediante peajes privados impulsados desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
En definitiva, Colombia está logrando extender eficientemente el desarrollo socioeconómico a las regiones más pobladas del país, lo que permite afianzar la democracia y permite parar el hambre y la pobreza que generarían la planificación comunista que pretenden implantar las FARC, los grupos radicales de izquierda y el actual Gobierno revolucionario de Venezuela.
Ya se han extendido la revolución y los cambios constitucionales liberticidas hacia Bolivia, Ecuador y Nicaragua, logrando con petrodólares venezolanos y discursos populistas lo que la extinta Unión Soviética y el sátrapa Fidel Castro estuvieron impulsando y ansiando durante décadas. Y, como ya ocurriera con el nacional socialismo de la Alemania gobernada por Adolfo Hitler, no sirven las actitudes tibias cuando hay que frenar las políticas liberticidas y el expansionismo de un régimen totalitario.
Por ello, con visión de futuro, los políticos de la Unión Europea y de Estados Unidos deberían dar pasos decididos para impulsar el desarrollo económico de las democracias de América, y muy especialmente de Colombia, mediante Tratados de Libre Comercio, que eliminen las políticas proteccionistas y permitan el flujo de bienes y servicios sin aranceles ni trabas legislativas. Sólo la firmeza política y la intensa colaboración comercial entre las naciones democráticas podrán parar la expansión de la revolución socialista en América Central y en Sudamérica.
Para apoyar decididamente un Tratado de Libre Comercio de EE.UU con Colombia, los políticos y los burócratas de Washington deberían viajar en coche, por ejemplo, por el valle del río Cauca desde la populosa Cali, con su enorme desarrollo económico y sus más de tres millones y medio de trabajadores, hasta la ciudad de Popayán para comprobar cómo la retirada forzosa de los narcoterroristas hacia territorios poco habitados y las nuevas infraestructuras aseguradas por el ejército impulsan el enorme desarrollo que está logrando Colombia. Una realidad derivada del espíritu emprendedor de sus ciudadanos, estimulada por la presencia activa de la policía en las ciudades y por la seguridad proporcionada por el ejército en sus principales vías de comunicación, todo ello consecuencia de la lucha decidida del gobierno de Uribe contra la delincuencia.
Con total seguridad los funcionarios de Bruselas dejarían de inventar excusas políticas y apoyarían el Libre Comercio de la UE con Colombia si viajaran y observaran de primera mano la seguridad jurídica y la gran vitalidad económica, social y cultural en las principales poblaciones donde viven una mayoría de 47 millones de colombianos.
Si no se produce el apoyo internacional durante los próximos años, la actual prosperidad socioeconómica de Colombia, con un incremento anual del Producto Interior Bruto (PIB) por encima del 4’5%, seguirá resistiendo en solitario la amenazada de la revolución socialista bolivariana impulsada por Hugo Chávez.
Debemos reclamar sensatez y seriedad de los políticos occidentales, para apuntalar con libre comercio la pujanza en la región andina de las democracias de Perú y Colombia y, así evitar mayores problemas futuros que podrían llegar a derivar en guerra e inestabilidad mundial ante el ansia expansionista del nuevo comunismo impulsado por el régimen venezolano.
Esperemos que la UE y EE.UU. no vuelvan a lavarse las manos ante los problemas de ciertas regiones del mundo, ya que la acción diplomática rápida e inteligente debe ser continuada con políticas de largo alcance de nuestros gobiernos democráticos, para evitar hipócritas lamentaciones futuras por lo que suceda en el continente americano en los próximos años.
