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Etiqueta: Comercio globalización y desarrollo

El mercado a favor de la cultura

Miguel Ángel y los demás artistas italianos del Renacimiento pintaban por dinero. Bach, Mozart, Hadyn y Beethoven componían movidos por incentivos pecuniarios. Todos ellos eran empresarios y artistas al mismo tiempo. Otros autores abrazaron una vida bohemia y emanciparon su arte de consideraciones monetarias, pero fue gracias al mercado que pudieron costear esa independencia. Proust podía permitirse vivir como un ermitaño porque contaba con el dinero de su familia, obtenido en la bolsa de París. La mayoría de los artistas franceses del siglo XIX (Delacroix, Seurat, Monet, Cézanne…) vivían de la riqueza acumulada por sus familias, normalmente fruto de la actividad mercantil. T. S. Elliot trabajó en el banco Lloyd´s, James Joyce daba clases de lengua, Paul Gauguin hizo sus ahorros como agente bursátil, Charles Ives era un ejectuvo de seguros, y Philip Glass era taxista en Nueva York.

Como destaca Tyler Cowen en su loa a la cultura comercial, el bohemio, el vanguardista y el nihilista son en realidad productos del mercado, porque solo la riqueza que genera el mercado es capaz de sustentar la independencia financiera de esta clase de artistas alternativos. En ningún otro período de la historia, ni bajo ningún sistema económico que proscribiera la libre empresa, ha habido tantos artistas alternativos e independientes como en tiempos recientes en las sociedades con economías más libres.

In Praise of Commercial Culture de Tyler Cowen, economista y billonario cultural, es el mejor antídoto contra la extendida opinión de que el ánimo de lucro está reñido con la creación artística y de que el capitalismo corrompe la cultura. El mercado genera incentivos para adaptarse a los gustos de los consumidores, pero también otorga independencia financiera a los que quieren emanciparse de los gustos de las masas. Los incentivos pecuniarios, por otro lado, no reducen la cultura al mínimo común denominador, los artistas también pueden prosperar en nichos de mercado, atendiendo una demanda muy específica y exigente.

El mercado favorece la cultura al cubrir nuestras necesidades físicas y dilatar nuestro tiempo libre. Podemos permitirnos intereses ascéticos porque vivimos en una sociedad productiva y rica. No en vano las sociedades más capitalizadas son las que consumen una mayor proporción de bienes artísticos y culturales.

La competencia empresarial ha abaratado extraordinariamente los costes de producción del arte. Los instrumentos musicales, los equipos de fotografía y video, las pinturas y los lienzos… son hoy asequibles para millones de personas, artistas potenciales a quienes antes les estaba vedada la posibilidad de experimentar. Estos costes de producción reducidos también han contribuido a la independencia financiera del artista.

El mercado ha introducido numerosas innovaciones en la difusión y en la preservación de las obras artísticas. La imprenta, las mejoras en la producción de papel y la expansión de internet han universalizado el acceso a la palabra escrita. Las producciones sinfónicas están hoy al alcance de millones de oyentes gracias a los avances tecnológicos en la radio y en los sistemas de grabación. Cualquier persona puede acceder hoy más fácilmente a las obras de Mozart o de Shakespeare que sus propios contemporáneos.

Así mismo, históricamente los centros culturales más destacados han florecido en sociedades comerciales, con estructuras de poder descentralizadas o poco autoritarias. El Renacimiento tuvo su máximo exponente en ciudades-estado como Florencia o Venecia, dominadas por el comercio. Los Países Bajos y su escuela flamenca tuvieron su edad dorada en el siglo XVII, cuando era la región más próspera y el centro mercantil más importante del mundo. El impresionismo francés del siglo XIX no nació en el Salón parisino controlado por el gobierno, fue financiado por la demanda internacional y el capital privado surgido del auge industrial.

En el último siglo Estados Unidos ha tomado el liderazgo en ámbitos como el arte abstracto, la composición clásica moderna, la danza moderna, la ficción, la poesía, la arquitectura, el jazz o el teatro. No es casualidad que la mayor parte de la financiación de sus instituciones artísticas provenga del sector privado, en forma de donaciones y de recaudación por entradas y subscripciones. La financiación pública representa solamente un 13% de los presupuestos de las instituciones y organizaciones artísticas americanas sin ánimo de lucro. En el caso de las orquestras sinfónicas, por ejemplo, la financiación pública directa representa un 4%. Un teatro o una orquestra sinfónica en Alemania, en contraste, recibe un 80% o más de su presupuesto por esa vía. En Francia e Italia los subsidios estatales constituyen casi la totalidad del presupuesto del museo medio.

Si nos fijamos en las donaciones individuales a organizaciones sin ánimo de lucro, los ciudadanos estadounidenses donan diez veces más per cápita que los franceses. Este dato no sugiere que los franceses son menos generosos, o que tienen menos inquietudes artísticas. El menor volumen de donaciones es un efecto del papel más activo del Estado. La financiación pública no complementa la financiación privada, la desplaza. Si sabemos que el Estado se encarga de financiar el arte concluimos que nuestra contribución ya no es necesaria. El presupuesto del Ministerio de Cultura francés fue de 2.639 millones de euros en 2004. El presupuesto de su equivalente americano, la NEA (National Endowment for the Arts), fue un 3,2% de aquel montante en el mismo ejercicio. Si añadimos el gasto público a nivel estatal y local la cifra asciende a 886 millones de euros, una tercera parte del presupuesto francés. Eso en un país que tiene cinco veces la población de Francia y seis veces su producto interior bruto.

Esta relativa pasividad del Estado no ha sido un impedimento al desarrollo cultural, antes al contrario. Desde 1965 a 1990 el número de orquestras sinfónicas en Estados Unidos ha pasado de 58 a casi 300, el número de compañías de ópera de 27 a más de 150, y el número de teatros regionales sin ánimo de lucro, de 22 a 500. Francia, sin embargo, ha perdido su status como líder mundial en el campo artístico y es hoy un ávido importador de cultura americana. Como dato anecdótico, un 30% de las obras de ficción vendidas cada año en Francia son traducidas del inglés, mientras que solo una docena de novelas francesas consiguen penetrar en el mercado estadounidense.

El capitalismo, en definitiva, favorece la cultura aportando más y nuevas fuentes de financiación, produciendo innovaciones, fomentando nuestras inquietudes ascéticas, e instituyendo incentivos para desarrollar y preservar el arte. La expansión del mercado y el progreso cultural, lejos de estar en conflicto, van de la mano.

Barcelona tiene problemas

El caso es que desde este verano no hemos dejado de oír desgracias relacionadas con Barcelona, que si apagones, que si grietas, que si los Cercanías parados durante dos meses, que si Woody Allen no volverá a rodar en la ciudad… Pero la cosa no acaba ahí.

Supongo que sabrán que en muchas empresas de informática, los nuevos productos tienen un nombre interno mientras se están desarrollando, para poder llamarlos de alguna forma mientras los genios del marketing correspondientes pergeñan la marca perfecta que hará vender miles de millones de euros más, millón arriba, millón abajo. Así, Microsoft empleó el nombre de una localidad canadiense de montaña, Whistler, como nombre interno de lo que luego sería Windows XP y Longhorn, un bar de ese pueblo, para Windows Vista. Pues bien, la única empresa que rivaliza con Intel en lo que a los procesadores de nuestros PCs se refiere, AMD, decidió usar Barcelona como nombre interno para su último desarrollo. Y así les va, a los pobres.

La empresa californiana ha anunciado que el chip que usaba el nombre de la ciudad condal y que lanzó hace bien poco con el nombre comercial de AMD Opteron Quad-Core tiene un error que provoca cuelgues y la corrección que se ha puesto en marcha para los procesadores ya vendidos provoca una reducción en su rendimiento de entre un 10 y un 20%. Aunque este fallo se produce rara vez, el procesador está orientado al mercado de los servidores, esos ordenadores que usted no tiene en casa pero quizá su empresa sí tenga en la oficina, un mercado con una clientela que paga más por tener productos de mayor calidad y cuyo nivel de exigencia está a la altura. Para más inri, el defecto también está presente en la gama Phenom, que es la próxima generación de procesadores para clientes particulares, lo que provocará un nuevo retraso en el lanzamiento de unos procesadores de los que se llegó a decir que se lanzarían tras el verano. Vamos, que AMD está en problemas.

Lo peor es que este anuncio no hace sino culminar una muy mala racha, que ha llevado a que su capitalización bursátil sea X veces inferior a la de Intel, donde X es un número muy informático, potencia de dos, que coincide con mi edad, la cual, multiplicada por dos, da esa cifra que tanto preocupaba a los Beatles. Desde que comprara ATI, la empresa que mantiene una pugna con nVIDIA en lo que se refiere a las tarjetas gráficas similar a la de AMD con Intel, no parece que dé pie con bola. En cambio, ATI no ha hecho más que recuperarse desde la adquisición, y con su nueva gama HD38xx está compitiendo de nuevo en las gamas media y media-alta.

El caso es que no hace tanto que AMD se ganó a la crítica especializada y al público son sus Opteron originales y, sobre todo, con sus Athlon, aunque parezcan siglos en este mundo vertiginoso. Mientras tanto, Intel intentaba recuperarse tras haber metido la pata hasta el fondo con la llamada microarquitectura NetBurst, la que estuvo detrás de sus Pentium 4, y que le permitió llegar a los 3,8 GHz. No sé si recuerdan la época en que la velocidad de un chip parecía estar determinada en exclusiva por los megahercios, por lo que poner una cifra más alta quedaba realmente bien en términos de marketing. Aquello terminó precisamente con los Pentium 4, porque los Athlon los superaban en prestaciones a una velocidad muy inferior, lo que obligó a Intel a abandonar NetBurst y pergeñar la microarquitectura Core, que pese a ser más lenta en términos de megahercios es mucho más potente y ha dado enormes satisfacciones a la empresa de Santa Clara.

Recordar esto explica por qué es tan importante que AMD se recupere del bache, incluso para quienes no compran sus productos. Intel es una gran empresa que hace las cosas muy bien, pero puede cometer errores que sólo la competencia puede corregir. Si no fuera por AMD, seguramente seguirían con un heredero de NetBurst, obcecados con los errores que cometieron con él, y nuestros ordenadores no serían tan buenos como son ahora. Y aunque a largo plazo puedan surgir nuevos competidores como IBM, que acaba de anunciar una nueva tecnología basada en la sustitución de los electrones de nuestros chips por fotones, a corto y medio plazo sólo AMD está en situación de hacerlo.

El camino lo conoce: es el mismo que recorrió su competidor. No sólo tendrá que corregir sus errores de diseño y lograr que Phenom termine siendo un producto que pueda plantar cara a los Core Duo de Intel. A partir de ahora, para poder recuperar la confianza de sus clientes AMD deberá ser mucho más seria y cumplir los plazos que se marque y que sus futuros productos cumplan con las especificaciones anunciadas. Los consumidores de ordenadores personales se lo agradeceremos infinitamente, ya seamos clientes suyos o no.

Que vuelva la Liga

El suceso recuerda la gloriosa hazaña de Richard Cobden, quien a mediados del siglo XIX logró que la amplia mayoría del parlamento inglés aboliera las leyes de granos que elevaban artificialmente el precio del trigo y de otros cereales debido a su carácter proteccionista; aunque más bien habría que calificar estas normas intervencionistas de agresionistas porque privilegian a unos pocos y perjudican a la inmensa mayor parte de la población.

Cobden dirigió la famosa Liga contra las leyes de grano de manera magistral. No se limitó a explicar sus perversos efectos económicos sino que expuso de manera incansable las siniestras implicaciones morales de estas políticas arancelarias. Los políticos que votaban a favor del mantenimiento de las leyes de granos podían estar seguros de una cosa: Richard Cobden publicitaría sus nombres y apellidos como los defensores de la tesis de que a los ciudadanos británicos no merecen ser tratados igual de bien que los ciudadanos de países libres donde no hay barreras y los precios de los alimentos básicos son más baratos.

Sin embargo, a poco que examinemos la iniciativa de la Unión Europea, nos damos cuenta de que los ministros de Agricultura y Pesca no han actuado en clave liberal ni les mueve la erradicación de los nefastos efectos del mercantilismo agrícola que impera en la Unión. Resulta que la suspensión es sólo temporal y el gobierno francés ya se ha ocupado de que le pongan fecha de caducidad para julio de 2008. El verdadero motivo de este giro son los elevados, imparables e impopulares precios del trigo. Parece que detrás hay un miedo a que la actual inflación se les vaya de las manos. Sin embargo, el precio del trigo, como muchas otras materias primas, se ha disparado desde agosto, justo el mes en el que los bancos centrales de ambos lados del Atlántico inundaban los mercados con papelitos y créditos recién sacados de la imprenta. Me temo, sin embargo, que los ministros no exigirán al banco central que deje de envilecer nuestra moneda.

A nuestros representantes no sólo no les importa devolver al consumidor europeo al cautiverio al que nos tienen sometidos mediante cuotas y aranceles. Todavía menos, si cabe, les importa el que los productores de cereales de los países pobres no puedan prosperar porque les dificultamos la posibilidad de intercambiar con nosotros en libertad.

Necesitamos que vuelva la Liga para mostrarles que la total liberación comercial implica, como decía Cobden, "la más elevada revolución moral a escala mundial que haya sido jamás lograda".

Notables para el PP

No hay duda de que el PP carece de la capacidad propagandística del PSOE. La idea de contratar a diversos intelectuales extranjeros para colaborar en la elaboración del programa electoral socialista es muy buena, pero no para mejorar éste, sino para hacerlo parecer mejor ante la opinión pública, que siendo española sigue creyendo que lo de fuera es necesariamente mejor. El PP no puede contraatacar haciendo lo propio, porque parecería un imitador barato, de modo que ha hecho un vídeo que parece realizado por la televisión local de Villatempujos de Abajo diciendo que todos somos “premios Nobel”. Oigan, estupideces progres igualitaristas, las justas. Yo no soy premio Nobel (y, si del de la Paz se trata, a mucha honra) y los protagonistas del vídeo tampoco lo son.

Haría bien el PP en emplear la táctica habitual del PSOE, que consiste en identificar una verruga en un rostro por lo demás hermoso y enfocarla al máximo, mencionarla en todas sus declaraciones y sacar fotos ampliadas en diarios y televisiones. En este caso, aunque la mayor parte de los intelectuales escogidos tienen ideas más bien malas, la idea más fácilmente vendible a la ciudadanía es que el PSOE, al contratar a Wangari Maathai, demuestra estar de acuerdo con la defensa que ésta hace de la ablación del clítoris. Y decirlo cada dos por tres aunque hablen de otra cosa: “López Garrido, que defiende la ablación del clítoris”; “Caldera, que está muy a favor de la ablación del clítoris”; etc.

Pero no es mi intención hacerles la táctica mediática al PP, aunque buena falta les haga tener a gente competente en ese terreno, sino pensar quienes podrían haber sido unos buenos notables para el PP. Y no porque resulten publicitariamente vendibles, sino porque realmente puedan ayudarles en la elaboración de un programa electoral como Dios manda.

En temas ecológicos, podrían fichar a Bjorn Lomborg, que además de El ecologista escéptico ha publicado recientemente otro libro destrozando Kioto y el informe Stern. Lo tiene todo: no duda de la responsabilidad humana en el calentamiento global, pero propone medidas racionales, además de no considerarlo como “el gran problema mundial” (“sentirse mejor no siempre quiere decir estar haciendo lo mejor”, llega a escribir sobre el ecocatastrofismo). Incluso si quisieran cumplir con una cuota rojiverde podían hablar con James Lovelock, que les explicaría por qué hay que apostar por la energía nuclear según esa perspectiva.

En cuanto al tema educativo, pueden optar por dos vías complementarias. En primer lugar, una reforma de la enseñanza pública que elimine asignaturas no sólo adoctrinadoras sino que, además, hacen perder el tiempo de alumnos y profesores, y que recupere el esfuerzo y la recompensa de los méritos; Thomas Sowell sabe mucho sobre esto. Por otro lado, abrir vías para privatizar la enseñanza por medio de cheques escolares u otras alternativas. Posiblemente quien mejor pueda analizar el caso español y proponer mejoras sea Andrew Coulson, el experto del Cato en estas cuestiones.

A la hora de considerar el futuro de la seguridad social, ¿quién mejor que José Piñera, el responsable del exitoso tránsito chileno hacia un sistema de pensiones privadas? En cuanto al sistema sanitario, Arnold Kling ha demostrado ser capaz de ver más allá de la dicotomía público/privado para ver los problemas de ambos enfoques, dependiendo de cómo se regulen. Podrían adoptarse muchas otras medidas de liberalización de la economía, y seguro que Mart Laar, el exitoso primer ministro estonio que llevó a su país a tasa récord de crecimiento, podría explicar cómo se hace. También podría aconsejar a los populares sobre las ventajas del tipo único.

De los problemas de la inmigración descontrolada y las dificultades de integración de la minoría musulmana tiene mucho que decir la exiliada Ayaan Hirsi Ali. Sobre cómo ayudar a los países de origen a desarrollarse y dejar de exportar a sus mejores a los países occidentales, no se me ocurre nadie mejor que Johan Norberg. Y así podríamos seguir. Pero estoy seguro de que a nuestros lectores se les ocurrirán muchos más nombres, y seguramente mejores. ¿A quién escogerían?

Nueva ley de defensa de la incompetencia

Con la presentación del Libro Blanco de la competencia, meses antes del estreno del culebrón Endesa, nuestro gobierno quiso someter a debate público la reforma de mayor calado del Derecho español en materia de defensa de la competencia desde que se aprobó la anterior Ley 16/1989. Fruto de dicho "consenso social" ha sido la reciente aprobación de la nueva Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007 de 3 de julio), que ha entrado en vigor el pasado 1 de septiembre de 2007. Tras 18 años de vigencia de la antigua ley, se inicia una nueva era del derecho de la competencia modernizado y más ajustado a los Reglamentos comunitarios sobre la materia (1,2).

Con la excusa de preservar la existencia de un mercado más "sano" se intensifica la imposición de una abstracta y formal competencia planificada desde el poder. De esta manera, se sigue otorgando a los bienintencionados políticos (u organismos dependientes de ellos) una de las herramientas más importantes de la intervención de los poderes públicos en los asuntos empresariales. Pero veamos qué novedades más relevantes nos brinda esta nueva criatura legislativa.

La antigua estructuradual del Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) y del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha sido reunificada en una única institución: la Comisión Nacional de Competencia (CNC). El SDC era un órgano instructor de los procedimientos sancionadores que tenía también funciones de vigilancia y el TDC era el órgano decisorio que, a pesar de su nombre, no era un órgano judicial sino administrativo, con competencias para dictar las resoluciones en materia de competencia. Ahora, dentro del seno de la CNC existirá una Dirección de Investigación, que asume el papel del Servicio y un Consejo, que asumirá el del Tribunal (D.A.6ª). Tanto el director de Investigación como los reducidos miembros del Consejo (un presidente y cuatro consejeros) habrán de nombrarse por el poder ejecutivo. Permítaseme dudar seriamente de la independencia de estos futuros caballeros así designados.

La ley nos intenta convencer que limita la intervención gubernamental en procesos de control de concentraciones (art.60): hasta el pasado 1 de septiembre era el Consejo de Ministros o el ministro de Economía quienes decidían en procesos de concentración de empresas. A partir de ahora, será la CNC quien adopte las decisiones finales independientemente del sector que se vea afectado. Por tanto, será el único órgano decisor tanto si las empresas afectadas son, por ejemplo, del sector de la energía o de las telecomunicaciones (en estos casos, la CNE o la CMT sólo podrán proponer informes); la decisión final administrativa recaerá ahora en la CNC.

El Gobierno sólo podrá intervenir cuando la CNC haya vetado o condicionado alguna operación y, a su vez, concurra alguna de las "razones de interés general" distintas de la defensa de la competencia, a saber: "defensa y seguridad nacional, protección de la seguridad o salud públicas, libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, protección del medio ambiente, promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial" (art. 10,4). Traduzcamos: el Ejecutivo podrá seguir interviniendo cuando le venga en gana si la CNC se le ocurre poner pegas a algún diseño empresarial gubernativo.

En materia sancionadora ya no existen referencias a la intencionalidad o culpabilidad para graduar las sanciones. Ahora la sanción se aplica si concurre algún incumplimiento de la "sana" competencia formal (según criterios legislativos), sin que ni siquiera sea consciente de ello su infractor. La nueva norma (art.61 y ss.) duplica la cuantía máxima de las multas a directivos e incorpora medidas "estructurales" capaces de llevar a cabo la división o desconcentración de una compañía. Además, se prevé (art. 69) la publicidad de todas las sanciones impuestas, con claro ánimo disuasorio (las resoluciones sancionadoras serán presumiblemente accesibles vía internet). La nueva CNC estará dotada (art. 40,2) de mayores poderes de inspección no sólo en las oficinas de las empresas, sino también en los domicilios privados de los empresarios, administradores o sus empleados en busca de pruebas que demuestren la existencia de alguna infracción (ya se sabe, el fin justifica los medios, todo por el bien del consumidor y la persecución de la quimérica competencia perfecta).

La ley introduce, además, el llamado procedimiento de clemencia. Este mecanismo (art.65 y 66) permite exonerar o reducir las multas a las empresas que, habiendo formado parte de un cártel, pero no habiendo sido sus instigadoras iniciales, denuncien su existencia y aporten pruebas sustantivas para la investigación. Es un sistema de cruda delación copiado de las legislaciones anti-trust de los EE UU y de la UE, pero que bien podía haberse inspirado en las de la extinta URSS.

En la anterior legislación, los acuerdos restrictivos de la competencia que no se beneficiaban de una exención automática debían ser notificados a las autoridades españolas de competencia con el fin de solicitar una "autorización singular". En mal alineamiento con el Derecho comunitario, se sustituirá el sistema de "autorización singular" por un sistema de mera autoevaluación. Ello significa que serán las propias empresas, según unas pautas muy genéricas (art. 1 a 3), las que examinen la legalidad o no de sus acuerdos alcanzados según la competencia ideada por los planificadores. Se trata de un sistema mucho más cómodo para la Administración que no tiene ya que estudiar los casos que se le sometían anteriormente, a costa de introducir un mayor grado de incertidumbre ya que la responsabilidad del análisis concurrencial recaerá íntegramente en las empresas y en sus asesores legales. La CNC intervendrá sólo para dar palos cuando perciba malas prácticas competitivas fruto de chivatazos anónimos, delaciones de colutores arrepentidos o cuando sus propios servicios de inspección con nuevos y amplios poderes lo detecten.

Por último, la jurisdicción ordinaria podrá aplicar ya directamente las normas españolas de competencia sin necesidad de agotar previamente la vía administrativa. Por tanto, los jueces de lo Mercantil (D.A.1ª) tendrán competencia para declarar la nulidad de acuerdos contrarios al Derecho español de la competencia y para conocer de acciones indemnizatorias por daños y perjuicios causados por una infracción de las normas de competencia. Antes, para ejercer una acción de este tipo ante los jueces era preciso haber obtenido previamente una resolución firme del Tribunal de Defensa de la Competencia declarando la existencia de una infracción. Ahora ya no. Ante una supuesta infracción concurrencial, cualquier afectado (esto es, un empresario ineficiente) podrá acudir directamente a los tribunales para solicitar la aplicación de la diseñada competencia perfecta mediante, por ejemplo, la adopción de medidas cautelares o la reclamación de daños y perjuicios.

La platónica competencia perfecta obstruye la competencia real. Es una calamidad que los legisladores ignoren que la competencia es un proceso necesariamente dinámico, cambiante, impulsor de innovación, emulación y estimulador de bienes de sustitución. La competencia perfecta entendida como situación de equilibrio es rígida, distorsiona los procesos reales de mercado, impide la expansión de la función empresarial y demora los descubrimientos de oportunidades de negocio. Las únicas posiciones de dominio que se perpetúan son las que disfrutan del amparo estatal. Con la coartada de proteger al consumidor, los legisladores nos privan de los reales y fructíferos procesos competitivos en un mercado libre, verdadera fuente de valor y progreso económico.

Helicóptero Ben

Como en los circos romanos, el populacho ha vitoreado al emperador. Los empresarios que habían cometido excesos crediticios endeudándose a corto para invertir a largo plazo o invirtiendo los recursos escasos de la sociedad en bienes y servicios con escasa demanda social  reciben un balón de oxígeno para continuar sus aventuras empresariales, algunas familias medias ven cómo la bolsa vuelve a subir y descansan tranquilas pensando que Bernanke ha salvado sus ahorros y los endeudados contribuyentes piensan que la nueva inyección de liquidez hará subir el valor real de sus bienes inmobiliarios. Parece como si evitar una crisis fuera tan fácil como poner a funcionar la máquina de hacer dinero. Así es cómo Bernanke ha justificado la bajada de tipos y no pocos analistas parecen estar de acuerdo con él. Sin embargo, la idea de que una crisis económica puede evitarse inundando la economía de papelitos verdes sin el respaldo del ahorro o de bienes monetizables totalmente líquidos es como un cuento para bebés.

La nueva pérdida de poder adquisitivo del dólar no se repartirá por igual. Los nuevos billetes llegarán primero a las empresas que han cometido más excesos y les beneficiará. En cambio, a otras y al común de los mortales ese dinero llegará mucho más tarde, empeorando su poder adquisitivo en relación con el resto. Y es que el dinero no es neutral, como afirman algunos economistas, sino que beneficia de manera inmerecida a aquellas personas, empresas y sectores mejor situados ante la maquinaria de emisión de dinero.

El problema económico que padece EEUU y casi todo el mundo occidental es precisamente el de una economía que ha sido regada demasiado tiempo con "dinero barato" y en la que la relación entre inversores, ahorradores y compradores ha sido distorsionada por el intervencionismo político en materia monetaria. Por eso, Greenspan comentaba recientemente que la crisis no se evitará variando los tipos. El Banco Internacional de Pagos ya venía advirtiendo de que Hayek (y no Keynes) tenía razón. De acuerdo con su obra La teoría monetaria y el ciclo económico, las nuevas inyecciones de "liquidez" son como el garrafón matinal que el mal amigo le da al resacoso. Es posible que la acción les permita divertirse unas horas más pero, a cambio, la resaca será mucho mayor. Cuando llegue ese momento, todos deberían recordar que Helicóptero Benfue quien echó más leña al fuego.

Comerciantes contra la libertad de comercio

Su discurso hace parecer que todas las partes quedaron plenamente satisfechas (el típico y tópico "consenso"), cuando lo cierto es que la inmensa mayoría no fueron consultados en absoluto (los consumidores individuales) y una parte concreta fue legalmente discriminada (con lo feo que es eso), prohibiéndose a las grandes superficies (que obviamente no compartieron este presunto "consenso") la total libertad de horarios que sí consiguieron los demás comerciantes.

Como representante de los pequeños comerciantes, Llorens por un lado les hace la pelota como corresponde, recordando cómo llevan tiempo adaptándose a la sociedad actual y trabajando duro "para ofrecer los mejores productos y servicios a sus clientes, ofreciendo variedad, calidad y profesionalidad" (como si los grandes comerciantes vaguearan y ofrecieran mala calidad, o fueran aficionados). Por otro lado les presenta como víctimas indefensas ante la concentración del poder en las grandes cadenas: olvida mencionar quién da ese poder en un mercado libre, que son los consumidores; tal vez sus representados no lo están haciendo tan bien.

Con total desvergüenza asegura, refiriéndose a presuntas estadísticas del Ministerio de Industria y Turismo, que "los consumidores están de acuerdo con los horarios actuales": entonces no deben preocuparse, ya que nadie está obligado a abrir esos días que los consumidores no utilizarán porque ya están muy contentos con lo que hay ahora. También afirma que "no hay ninguna exigencia por parte de los comerciantes para ampliarlos": debe de ser que las grandes superficies, a quienes acusa de inconfesables intereses para reabrir el debate, no son comerciantes.

"Lo único que quizás conseguiríamos es crear disfunciones en nuestro modelo comercial, que es el que también está vigente en los principales países europeos y que garantiza el equilibrio entre comerciantes, consumidores y trabajadores." No es muy específico con lo de las disfunciones (pero suena muy mal y quizás a algún incauto le convenza al meterle miedo), menciona a otros países europeos como si fueran todos iguales y obligatorio imitarlos (algunos tienen libertad total de horarios comerciales y otros sufren restricciones peores que las nuestras), y se refiere a un "equilibrio" que no tiene ningún sentido en un mundo dinámico y cambiante.

En el colmo de su desfachatez propone que sean los trabajadores los que se adapten (¿mediante la coacción legal quizás?, ¿prohibiéndoles trabajar a alguna hora en la que deberían estar haciendo la compra?): "Con la incorporación de unos tres millones de mujeres al trabajo en los últimos años no sólo hay que ver la necesidad del comercio de adaptarse a los nuevos ciclos de vida, sino que quizás, lo que hay que cambiar son los modelos de empleo para adaptarlos a la vida social y compatibilizar la vida laboral con la familiar, para que así el tiempo para comprar o hacer cualquier otra de las actividades necesarias para nuestro día a día no suponga un problema."

Llorens da datos sobre Madrid, la comunidad autónoma menos liberticida en este ámbito: tiene la densidad comercial más baja de España y la ocupación en el comercio minorista es ligeramente inferior y crece menos que la media. Como necio en asuntos económicos, lamenta la eficiencia de que menos trabajadores sirvan en un entorno competitivo a más consumidores; "con la seguridad (sic) que nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido, afirmamos que no existe ninguna razón para plantear una ampliación de horarios". Es patético lo mal que ocultan algunos la defensa política de sus intereses a costa de los demás.

Entre los objetivos de la CEC está "la defensa y el fomento del sistema de libre iniciativa y de la economía de mercado". Tienen una forma extraña de entender lo que es la libre iniciativa, y respecto a la economía de mercado quizás les parece mejor no insistir con que también sea libre.

Sectores estratégicos

Resulta bastante común, a la hora de leer determinados medios de comunicación, encontrarse con referencias a los llamados sectores estratégicos. Normalmente esta expresión suele ser empleada por ciertos periodistas, políticos o empresarios, que piden un tratamiento especial para el grupo de empresas que pertenecerían a dicho sector.

Estas referencias a los sectores estratégicos suelen ser de índole muy diversa, casi tanto como el número de sectores que parecen merecer esta consideración. No obstante, todas las referencias a ellos suelen tener un elemento común: la consideración del mismo como algo único, especial y diferenciado al resto, que requiere la aplicación de reglas específicas, que, casi siempre, incluyen la exclusión de las normas generales del libre mercado. Casi siempre los motivos que se barajan para pedir este trato especial se suelen escudar en que, de esta manera, se está defendiendo al consumidor, ya que ese tratamiento especial permite dedicarle más atención y cuidado.

La realidad, sin embargo, nos indica que la suspensión de las reglas del libre mercado no hace sino perjudicar al consumidor. Sectores tan diversos como la telefonía, el transporte aéreo, la banca y los hidrocarburos han merecido en algún momento la clasificación de sectores estratégicos, concediéndoseles ciertos privilegios legales, tales como el monopolio, la fijación de precios o la restricción de la competencia. Al haber sido alguno de los preceptos legales que impusieron estas situaciones derogados, se puede realizar una comparación entre el servicio prestado al consumidor cuando las empresas pertenecían a un sector estratégico regulado, y cuando se aplicaron las reglas más básicas del libre mercado.

Si nos fijamos en la telefonía, por ejemplo, no hace mucho que una empresa tenía el monopolio de este sector en nuestro país, precisamente bajo la excusa de ser éste un sector estratégico. En aquella época, conseguir simplemente una línea nueva se convertía en toda una epopeya homérica, ya que era un proceso que podía demorarse varios meses. Hoy en día casi nos provoca una sonrisa evocar dichos tiempos, dada la insistencia con la que, casi a diario, se reciben diversas ofertas por parte de distintos proveedores de servicios telefónicos, que se suelen materializar casi en el acto. También palidece cualquier comparación al examinar las tarifas que ofrecen en la actualidad la mayoría de los operadores (que aunque no totalmente liberalizadas, sí tienen una mayor flexibilidad legal, permitiendo, por ejemplo la aplicación de las llamadas tarifas planas y la inclusión de servicios adicionales), con las tarifas reguladas existentes antaño.

Este mismo tipo de comparaciones se puede realizar con cualquiera de los antiguos sectores estratégicos y el resultado es el mismo, la mejora en la prestación de servicios, que se ha producido cuando se ha eliminado cualquier trato legal diferenciado de las reglas de libre mercado. El consumidor ve mejorada su situación cuando se elimina cualquier privilegio concedido a las empresas consideradas como pertenecientes al sector estratégico.

El resultado no debe sorprender si se analiza la premisa básica del libre mercado, que radica precisamente en el concepto de libertad. Y es que el consumidor tiene la última palabra ante cualquier trato, ya que es libre de aceptar o no los bienes y servicios ofertados por las distintas empresas. Esta circunstancia es conocida por las compañías, que han de competir por obtener la aprobación del consumidor, pues en caso contrario otra empresa se les puede adelantar. Esta situación no se produce en los llamados sectores estratégicos regulados, al estar limitada la competencia, bien por la poca variabilidad que existe en la prestación de servicios, bien por la nula lucha que se produce para tratar de satisfacer al consumidor.

Por tanto, si se desea dar el mejor servicio posible a los consumidores en cualquiera de los sectores que se deseen considerar como estratégicos, deben aplicarse las reglas del libre mercado y permitir la competencia entre las empresas integrantes. Esto provocará que continuamente se busque la mejor forma de satisfacer al cliente, al no tener limitada de ninguna forma su libre elección, por lo que existirá una mayor cantidad y variedad de bienes y servicios ofertados a los clientes, a un mejor precio.

Libertad de horarios comerciales

En concreto, ratifica la multa de 500 millones de euros, la obligación de sacar al mercado una versión de Windows sin Media Player y el más arcano compromiso de revelar a sus competidores, precio pago, todos los detalles de sus protocolos de red.

El caso es que no parece que Microsoft tenga en la práctica demasiada competencia, pese a los esfuerzos de diversas autoridades antimonopolio de ponérselo fácil a sus competidores. Apple tiene un sistema operativo precioso y seguro, pero bastante bien colocado en una serie de nichos –diseño, autoedición, multimedia– de los que no parece tener mucha intención de salir. Y mientras no tenga algo así como el 20% del mercado, no podrá ni toser a Windows en el ámbito de las aplicaciones especializadas, que es donde el sistema de Bill Gates se sale, más que nada porque es el que tiene todo el mundo, programadores incluidos.

Por su parte, Linux ha tenido década y media para ponerse a la altura de Windows a la hora de cautivar a los usuarios y, por más que se empeñe Mark Shuttleworth y mejore Ubuntu, sigue sin estar ahí. Al gigante de Redmond le ha bastado con abaratar un poco las licencias para que empresas y gobiernos hayan decidido seguir "atados" a Microsoft en lugar de apostar por el software libre. Y es que, como ha quedado claro en quien proclama que lo más importante del mundo es luchar contra el cambio climático mientras se niega a desvelar la factura de la luz de Moncloa, es más fácil hablar que hacer el esfuerzo de ser coherente con lo que se dice.

Pero, sobre todo, el que Mac OS X o Linux den el salto no parece que dependan demasiado de las medidas que Bruselas quiera imponerle a Microsoft en procesos que duran más de diez años, una era geológica para los tiempos en que se mueve esta industria. ¿De qué sirve poner 500 millones de euros de multa u obligar a poner en el mercado una versión de Windows sin Media Player, que no ha comprado ni el Tato? Curiosamente, Redmond ofreció enviar a los ensambladores (HP, Dell, Acer, etc.) una versión de Windows que incluyera Quicktime y Real Player además del reproductor de Microsoft, para que la preinstalaran en sus ordenadores, algo que sin duda habría sido más eficaz si lo que quería la Comisión era reducir el porcentaje de mercado de Media Player y no tocarle las narices a la empresa de Bill Gates porque es enorme, americana y antipática.

La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, se ha declarado preocupada porque, pese a sus ímprobos esfuerzos, Microsoft sigue creciendo. No debería preocuparse tanto; con Vista ha demostrado que es perfectamente capaz de echar a perder su propio monopolio, como le acaba sucediendo a todo el mundo al cabo del tiempo. Es lo que tiene la competencia, que hace que te lo trabajes; la propia empresa de Gates dio una demostración práctica sacando el Explorer 7 cuando empezó a temer a Firefox o cuando puso en el mercado Windows Mobile o Xbox.

Eso sí, quienes se alegran y se frotan las manos con la desgracia ajena, no estaría de más recordarles que, después de Microsoft, los objetivos de Kroes serán Apple y su tienda iTunes por su cuasimonopolio (oigan, que el palabro no es mío) de las descargas musicales de pago y Google y su dominio del asuntillo ese de las búsquedas en Internet. Da lo mismo que su competencia esté a un click de distancia. A la hora de imponer medidas absurdas no hay nadie como la socialburocracia europea.

La UE hace el ganso con Microsoft

Como los grandes inversores saben, el camino para la prosperidad personal pasa por dotarse de una buena planificación financiera. Si se quiere invertir, en primer lugar será necesario ahorrar, y para ahorrar nada mejor que recortar los gastos superfluos; lo que tradicionalmente se conoce como "despilfarro", vaya.

Los nuevos ricos suelen tener el vicio de confundir los incrementos puntuales de la riqueza con los que tienen carácter permanente. De ahí que muchos de ellos se den al gasto compulsivo; como si disfrutar un golpe de suerte (por ejemplo, ganar el Gordo de la lotería) fue lo mismo que contar con una fuente regular de nuevas rentas. El consumo desenfrenado termina por extinguir la riqueza extraordinaria… y el nuevo rico vuelve, entonces, a ser el pobre que fue; o incluso a ser más pobre que antes, como consecuencia de las deudas contraídas. Si se aprovecha la riqueza extraordinaria para invertir y no para gastar como un rico, es probable que al cabo de los años se pueda gastar como un rico sin dilapidar el patrimonio.

Estamos hablando de algo que sabe de sobra todo lector atento de la fábula de la cigarra y la hormiga. Podemos vivir a lo loco por un tiempo, pero cuando llegue el frío y toque echar mano de lo ahorrado, entonces nos quedaremos tiritando.

Los políticos suelen tener vocación de cigarras. Les gusta vivir y gastar del erario público, esto es, echar mano de los ahorros de los ciudadanos-hormiga. Lo suyo es la prédica popularecha de los mítines, las comidas de partido, las cenas oficiales… No les verá nunca doblar la espalda para crear la más mínima riqueza. Como mucho, les verá inclinarse para birlarle la cartera.

Zapatero es una cigarra del tamaño de un elefante. Metido ya de hoz y coz en campaña, está dispuesto a gastarse todo el superávit extraordinario de este año. No se ha percatado de que, cuando cambien las tornas, esto es, cuando la crisis nacional e internacional termine materializándose, la actividad económica se ralentizará (con lo que los ingresos tributarios caerán) y el paro subirá (con lo que el gasto por prestaciones de desempleo se disparará). Lo que hoy es un esplendoroso superávit se convertirá mañana en un socavón descomunal.

¿Y de dónde sacará entonces ZP los 5.000 millones con que pretende comprar el voto de tantos en las próximas elecciones? Bueno, lo cierto es que no tendrá que buscar demasiado: los sacará de su bolsillo, del de usted digo, estimado lector. Y del mío. Entonces, subirán los impuestos, las hormigas sufrirán un nuevo asalto por las hordas cigarrescas.

Es el complejo de los nuevos ricos: ¿tenemos dinero? Pues vamos a gastarlo, que hay de sobra. ZP prometió no gastar más de dos décimas del PIB en promesas electorales (2.000 millones de euros), y ya va por las cinco. ¿Para qué apretarse el cinturón en momentos de abundancia? En el mundo de Zapatero, tan distinto del de José, las vacas gordas siempre se comen a las flacas.

La ministra de Vivienda, Carme Chacón, parece haber comprendido a las mil maravillas esta filosofía manirrota. A la hora de defender sus subvenciones a los alquileres, dijo que le causaba "estupor" que su iniciativa fuera considerada despilfarradora mientras se aplaudían las rebajas de impuestos a las empresas.

Las cigarras exitosas tratan de racionalizar su parasitismo. Chacón no ve diferencias entre robar y dejar de robar. Menudo cacao. Por lo visto, pedir que las empresas se queden con una porción mayor de la riqueza que han creado resulta equivalente a pedir que un tercero se quede con esa misma riqueza. Vamos, que es lo mismo pedir que la hormiga se quede con sus ahorros y exigir que la cigarra se los arrebate.

La subvenciones y las políticas redistributivas generan sociedades de parásitos, en las que todo el mundo trata de vivir a costa de los demás. La gente se esfuerza menos porque sabe que no podrá disfrutar de lo que genere. El resultado es que la tarta se vuelve más pequeña, porque las cigarras siguen sin trabajar y las hormigas bajan el ritmo.

En una crisis económica, las rebajas de impuestos son particularmente importantes, ya que provocan que la gente tenga más renta a su disposición y pueda hacer frente con más soltura a las deudas que haya podido acumular. Quienes consumieron en el pasado por encima de sus posibilidades reales tienen la oportunidad de saldar su error si trabajan más duramente; y las empresas que invirtieron en proyectos que han dejado de ser rentables tienen la oportunidad de tratar de estabilizar su situación financiera sin distorsiones políticas como el impuesto de sociedades.

Los factores productivos se reorganizan con mayor facilidad y agilidad cuando los impuestos son bajos. Dado que los deseos de los consumidores pasan a tener un mayor peso, los errores se revelan y se corrigen antes y los aciertos tienen más solidez.

Las cigarras son cigarras y también hienas, esas bestias sonrientes que no dejan ni las sobras de los cadáveres que encuentran a su paso. También Zapatero se parte de risa mientas echa mano de los despojos de la economía española para financiar su campaña electoral. Aún le queda superávit, aún puede quitar más dinero a los españoles. Pero cuando se acabe el sarao, el gasto social de ZP será una losa de la que será extremadamente difícil deshacerse.