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Etiqueta: Comercio globalización y desarrollo

Sherman y el origen liberticida de las políticas antimonopolio

Durante las últimas dos décadas se han sucedido los trabajos de economistas que criticaban las políticas antimonopolio, o antitrust, por sus perversas consecuencias sobre economía y porque terminan siendo un arma de intervención estatal sobre la libertad de contrato y la libre empresa cuya utilización perjudica a la sociedad en su conjunto. El retorno de una mayoría de los economistas a una posición claramente contraria a estas políticas –posición que era lugar común de la casi totalidad de los economistas a comienzos del siglo XX– también ha ayudado reconsiderar la irreal teoría de la competencia perfecta que ni es perfecta ni representa la competencia que se da en el mundo real.

Sin embargo, casi todos los especialistas en la materia siguen pensando que, en su origen, la intención que movía a los valedores de estas políticas antitrust era la defensa de la competencia y, en consecuencia, de los intereses de los consumidores. Pero un repaso a la historia de la Sherman Act, la primera gran ley antitrust promulgada en 1890, muestra que la verdad es justo la contraria.

John Sherman, senador del partido republicano de los EEUU, protagonizó una cruzada para introducir la primera ley federal que permitiese prohibir una larga lista de acuerdos contractuales y formas de gestión empresarial que, en su opinión, eran típicas de las uniones empresariales conocidas como trusts. En su cruzada contra los pujantes trust, Sherman esgrimió que aquellos reducían artificialmente la producción de sus industrias para controlar el precio y perjudicar a los consumidores, lo que le permitió pasar a la historia como el defensor de los mismos frente al desenfrenado poder de las grandes empresas.

Sin embargo, el argumento de Sherman no resiste el más mínimo análisis histórico, económico ni epistolar. Las décadas previas a 1890, año en el que se aprobó el Sherman Act, fueron tiempos de un gran crecimiento económico y de vertiginosas innovaciones tecnológicas. Precisamente en los sectores en los que más importancia tuvieron los trust fue donde más creció la producción y la productividad gracias al aprovechamiento de las economías de escala, a la aplicación de nuevas tecnologías y al uso de nuevos sistemas de transporte como el ferrocarril. Fue también en esos sectores en los que se registraron las mayores caídas continuadas de los precios, tanto de los bienes de consumo como de los bienes de producción. Este proceso difícilmente puede entenderse como un perjuicio para el interés de los consumidores.

Y no es que el primer gran activista en favor de leyes antitrust malinterpretase las estadísticas o careciera de la lógica más elemental. El senador Sherman se autoproclamó defensor de los consumidores sin que nadie se lo pidiera con el único objetivo de cubrir las vergüenzas de sus verdaderas intenciones. En efecto, el estudio de su correspondencia muestra que jamás se escribió con asociaciones de consumidores para estudiar las demandas de éstos y, sin embargo, sí mantuvo intensos contactos con empresas ineficientes incapaces de competir con la alta productividad de los trust. Sherman eligió a los consumidores como escudo pero igualmente podía haber utilizado a los conejillos de la india si estos le hubieran sido más útiles para sacar adelante sus políticas contrarias a la libertad de mercado y la soberanía del consumidor.

Así pues, el origen de la primera ley antitrust no fue otro que el intento desesperado por parte de productores ineficientes y políticos faltos de la más mínima integridad moral de usar la fuerza para que el consumidor no pudiera elegir libremente la que a su juicio era la mejor dedicación de los siempre escasos recursos económicos. La máscara de Sherman debió desintegrarse años más tarde cuando defendió con igual ahínco una ley para la introducción de aranceles. Sin embargo, la demagogia y el ilusionismo lingüístico lograron que escapara casi limpio.

Si el análisis teórico está relegando las leyes y las políticas antitrust al lúgubre lugar que le corresponden, la investigación histórica permite establecer de una vez por todas su claro origen liberticida.

Un nuevo atentado al Mercado Único

El pasado 21 de abril los ministros de transporte de la Unión Europea acordaron lanzar otra carga de profundidad contra el mercado único europeo. El método elegido es verdaderamente cruel, no tanto por la lentitud con la que asfixia la libertad de mercado sino por su cobarde camuflaje a modo de armonizado sistema de financiación de las infraestructuras viarias.

La reciente imposición de tasas al tránsito de camiones en los países centrales de la UE había puesto en cuestión la verdadera esencia de la Unión: su mercado único. La estrategia de los agresionistas de estos países –popular y erróneamente conocidos como proteccionistas– era tan sencilla como perversa. “Si los países periféricos de la Unión tienen que pasar por nuestro territorio, hagámosle pagar peaje con lo que elevaremos el coste de sus empresas de transporte y favoreceremos a las mercancías producidas en los países centrales a costa de aquellas que proceden de países periféricos.” Una barrera comercial con careta de peaje para la financiación de las infraestructuras en función de la cual los camiones de más de 3,5 toneladas tendrán que pagar por no contravenir la ley de la gravedad y desplazarse a ras del suelo. Los padres de la criatura no supieron esconder la verdadera naturaleza de la medida, en un punto indefinido entre el agresionismo aduanero, la voracidad impositiva y el endiosamiento de la acción coactiva estatal, al autorizar que el dinero recaudado se pueda destinar a tapar algunas de las vergüenzas más comprometedoras del estado del malestar como es el caso del déficit sanitario.

De esta extraña forma los ministros en cuestión han decidido “atajar” el problema de la proliferación de tasas al tránsito de camiones por distintos países europeos. Parece que sus cerebros sufren un bloqueo mental ante la forma más sencilla de solución: prohibir las tasas que los propios gobiernos de algunos de los representantes estaban imponiendo. No, ellos piensan a otro nivel y adoptan soluciones más modernas y sofisticadas: autorizar, alentar y armonizar nuevas tarifas aduaneras –perdón, peajes– que variarán en función del tiempo de uso de la infraestructura viaria, del horario y las fechas o de la emisión de gases contaminantes.

Los políticos de la mayoría de los países periféricos entendieron la jugada y se opusieron a la aprobación de la directiva. Así, los ministros de Bélgica, Estonia, Finlandia, Grecia, Malta y Portugal se opusieron o se abstuvieron aduciendo que la nueva tasa penaliza el tejido productivo y el sector de transporte terrestre de sus países. Vamos, que comprendieron que se trata de una vuelta encubierta al sistema mercantilista de aduanas internas. También los transportistas han interpretado la directiva en clave de barreras para dañar las exportaciones de los países más alejados del centro.

Y ¿qué ha hecho el gobierno español? Pues, por increíble que parezca, ha votado a favor de la nueva directiva. Y eso que España se encuentra entre los países directamente más afectados por esta nueva imposición de tasas. Por poner un ejemplo, los transportistas españoles tendrán que pagar un mínimo de 51 millones de euros al año al estado francés. Sin lugar a dudas ha sido una gran ocasión para que el secretario general de Transportes del gobierno español, Fernando Palao, exhiba talante por Europa declarando que valora positivamente un acuerdo que daña claramente los legítimos intereses de los ciudadanos españoles.

Los transportistas españoles se sienten abandonados y traicionados por su gobierno y, en su profunda ingenuidad, no se les ocurre idea más graciosa que pedir a los eurodiputados españoles que se opongan a la directiva cuando esta pase por el Parlamento Europeo. ¿Pero es que todavía piensan que hay algún eurodiputado español dispuesto a defender el libre mercado?

Una generación de patéticos políticos está destrozando la idea liberal de Europa como mercado único y, al ritmo que vamos, Francia terminará siendo el único en el mercado. Y así, todos salimos perdiendo. ¡Incluida Francia!

Contabilidad creativa incentivada por el Estado

En el año 2002 el estado empezó a planificar la introducción de un nuevo sistema de contabilidad financiera, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), que se establecerían para las empresas cotizadas en Bolsa a partir del 1 enero de 2005. La misión de los “expertos” era doble. Por una parte conseguir la armonización contable con el resto de países de la Unión, y por otra, “mejorar” y “actualizar” la normativa contable de España. Ya estamos en el 2005 y las empresas que cotizan en Bolsa se han adaptado a la nueva contabilidad.

Las sociedades que componen el Ibex 35, según las NIC, han obtenido una cifra récord en beneficios durante el primer trimestre. Han consiguiendo un sustancioso crecimiento del 38% respecto al mismo período de 2004 (queda excluida Inditex porque tiene un ejercicio fiscal diferente). Sólo NH Hoteles, Iberia y Sogecable han tenido resultados negativos.

¿Significa esto que las empresas españolas se han vuelto, por arte de magia, más rentables, más eficientes y mejores? Evidentemente que no. Sus resultados son el corolario de un sistema contable impuesto por el estado basado en la irresponsabilidad.

Una de las bases de la contabilidad es el principio de prudencia donde los beneficios sólo se contabilizan cuando son firmes, y las pérdidas cuando son previsibles y se pueden cuantificar. Este principio básico, que garantiza la confianza del inversor, se ha abandonado para introducir el engañoso concepto de “valor razonable” (fair value). El “valor razonable”, para las NIC, es la contabilización a valor de mercado de una serie de instrumentos financieros que posee la empresa.

¿Qué tipos de instrumentos financieros? Los “expertos” han decretado que algunos de ellos han de ser, por ejemplo, los derivados (como pueden ser las stock options de hace unos años). Los derivados, para lo que ahora nos interesa, son instrumentos muy volátiles que en según qué tipo de empresas (especialmente financieras) su contabilización a valor de mercado pueden hacer aumentar o disminuir significativamente sus cuentas finales: con las NIC los resultados empresariales ya no serán una radiografía de la salud de la empresa, sino una esperpéntica caricatura.

Si “modernidad” y “adaptación a la nueva economía” significa para el gobierno inflar los estados financieros de las empresas y mostrar una imagen irreal de la salud de éstas, las NIC son de lo más moderno que nunca ha creado el gobierno. Y es que, como siempre, los gobiernos se han gastado y han obligado a gastar a las empresas privadas una enorme cantidad de dinero para crear un auténtico monstruo.

¿Tenemos algún ejemplo pasado del posible daño que ha creado este tipo de contabilidad? Sí. Ya hace años que se aplica en Estados Unidos, y ha generado casos como los de Enron, WorldCom o Vivendi–Universal.

En el libre mercado las empresas privadas no necesitan hacer “contabilidad creativa” para pagar menos impuestos ya que, en una economía totalmente libre, los impuestos no existen. En una economía libre tampoco existen sistemas contables por ley que benefician a unos, perjudican a otros, o exageran los resultados tanto negativos como positivos según en el punto del ciclo económico en que estemos.

En una economía libre, donde los ciclos económicos no existen, la rentabilidad para el accionista es real con beneficios reales y cuentas transparentes. La complejidad de sistemas contables que pocos entendemos nace de la extrema regulación gubernamental y del apetito voraz del estado omnipotente.

No nos extrañe ver en unos años casos como los de Enron aquí y en Europa. La culpa no será del Capitalismo ni del libre mercado, sino de un sistema de contabilización perverso que el estado ha impuesto por mandato obligatorio y que sólo incentivará la desconfianza del inversor, inestabilidad financiera y las crisis económicas.

A por más internautas

La Asociación de Internautas ha publicado un interesante informe que evalúa la situación en que se encuentra la sociedad de la información en España, en cuanto a acceso a Internet y uso de ella. El grueso del mismo es una comparación de la situación de nuestro país con respecto al resto de la Unión Europea, difícil de realizar por las grandes diferencias que tienen muchas veces los resultados de las diversas encuestas realizadas sobre este asunto, y en la que nuestro país sale bastante mal parado.

La propuesta más llamativa que realiza la AI es la liberalización del ADSL, una posibilidad ya filtrada por el gobierno hace unos meses. Los grandes márgenes de que disponen los revendedores del ADSL de Telefónica inhiben la realización de inversiones para ofrecer un producto propio diferenciado –como precios más baratos pero con limitaciones por tiempo o volumen– y además suponen un sobrecoste debido a la protección que la regulación actual les ofrece. Eliminar esta protección posiblemente haría desaparecer a muchas de ellas, pero mejoraría la oferta de las que quedaran. Es el efecto de la competencia, cuando se permite que exista.

Otro punto donde el informe hace especial hincapié es en las pocas líneas de teléfono fijo que hay en nuestro país, donde estamos por debajo de la media de los 25. Dado que en la mayoría de los casos el acceso a Internet se realiza de forma conjunta a la instalación de la línea telefónica, podría ser una razón más del bajo uso de Internet en España. La CMT parece considerar que, dada la extensión de la telefonía móvil, la fija ha llegado a un techo que sólo cabe repartirse entre las operadoras. Sin embargo, la regulación no facilita a las operadoras hacer ofertas que reduzcan el alto precio de las altas.

Tampoco las redes públicas escapan al escrutinio de la asociación, que realiza una crítica contundente a los reclamos por la nacionalización de las telecomunicaciones, ya sea a nivel estatal o municipal. La crítica se basa en la definición de bienes públicos, negando que Internet lo sea, y es perfectamente válida en esos términos de economía neoclásica, que son los que emplean los defensores de Atarfe, aunque muchos economistas nieguen utilidad práctica a esa definición.

Desgraciadamente para la AI o incluso para Libertad Digital, el dato más llamativo es que dos tercios de quienes no son usuarios de Internet reconocen que es por falta de interés, necesidad o conocimiento de lo que es la red de redes. Y eso cambiará lentamente. Las mejoras del mercado de las telecomunicaciones no harán mucha mella en este sector mayoritario, por lo que no cabe esperar que las diferencias con la UE se vayan a reducir en exceso, aunque el gobierno tomara todas las decisiones adecuadas.

Políticos, Roma y la libertad

 

Toda forma hacia el intervencionismo siempre genera ganadores y perdedores en el corto plazo y perdedores en el largo plazo. La iniciativa del PSOE para “liberalizar” la Televisión Digital Terrenal (TDT) es un vivo ejemplo. Por una parte el gobierno socialista mantiene falsos lemas de “mayor pluralidad”, pero su reforma sólo busca crear un monopolio por ley que favorezca al Grupo PRISA en contra del resto de competidores; ERC toma una posición esquizofrénica de ahora sí y al minuto siguiente no; los populares quieren debatir para quedarse con un trozo del pastel; y los empresarios del sector se quejan de la agresión estatal.

¿Qué relación tienen la TDT, los políticos y la pluralidad? Ninguna. El PSOE, con la Ley Polanco pretende, no aumentar la competencia y pluralidad, sino conceder derechos y privilegios a una determinada persona, Jesús de Polanco, y de paso lucrarse a costa de la comunidad.

Si hemos de comprar la libertad y pluralidad al estado mediante concesiones y licencias es que no tenemos libertad alguna, es más, en este entorno somos los esclavos del estado.

Podemos ver un símil con el sistema de esclavitud que había en la antigua Roma. En esos entonces el esclavo sólo podía conseguir su libertad pagando una compensación a su dueño (domini). La ley abolía la libertad dando privilegios a unos a expensas de otros.

Un día llego el técnico de turno (hoy día sería un economista del estado) y en lugar de ver la esclavitud como una abominación y dejar de defenderla por ley, dijo que el aumento de las manumisiones (liberaciones de esclavos) que se estaban produciendo, junto con la disminución total de esclavos finalizadas las guerras, produciría un déficit de esclavos que resultarían en un aumento del precio de éstos, y por tanto, una menor rentabilidad para el dueño y la ruina de la sociedad. Augusto lo vio claro y aprobó la Lex Fufia Caninia en la que establecía un máximo de liberaciones en función del número de esclavos que poseía cada dueño. En otras palabras, Augusto, por razones técnicas y “sociales”, creó licencias.

La visión actual es: ¿qué derecho tiene el estado para crear licencias discrecionales sobre la libertad de cada persona? De hecho, la esclavitud es una absoluta aberración como acción no voluntaria y siempre es inmoral. Si queremos luchar contra la esclavitud eliminemos las leyes que la favorecen. En la antigua Roma este argumento habría sonado radical, pero para nosotros la libertad no es un plebiscito de nadie.

Vayamos más allá, y entendiendo la propiedad privada como el fruto de nuestro ser (vida) y esfuerzo (trabajo voluntario), ¿qué derecho tiene el estado para legislar o conceder licencias sobre lo que nosotros somos capaces de crear o adquirir sin su ayuda? ¿Por qué hemos de convertir la innovación, la elección, el trabajo y el ocio en una licencia del estado (de hecho todo lo que representa la TDT)? Que cada uno cree lo que quiera y que seamos nosotros con nuestra libre elección, y por medio de la libertad de mercado, quienes decidamos quién se merece o no una cadena de televisión o radio. Aquellos que mejor lo hagan, más beneficios acumularán. No es un juego político ni de técnicos, sino una cuestión de libertad; y ésta siempre conduce a la prosperidad.

Conceder licencias, o tratos preferentes a expensas de los demás no significa liberalización, sino imposición y monopolio de ley. Sólo hay una forma de crear más libertad económica y más pluralidad en los medios de comunicación: abolir todas las leyes al sector, regulaciones y contribuciones económicas forzosas (impuestos). Que cada particular y empresa cree tantas cadenas de televisión y radio como pueda o quiera. El estado no tiene ningún derecho a regular ni dirigir nuestra vida ni la de los demás. La única contribución que puede hacer el estado a la pluralidad mediática es dejar al sector en las manos del libre mercado. Pero claro, la libertad tal vez sea para los gobernantes un concepto demasiado radical.

Wolfowitz

George W. Bush ha nombrado a Paul Wolfowitz nuevo director del Banco Mundial. Toda una bofetada neoconservadora a la corrección política, aunque ésta no sea más que un efecto secundario, quién sabe si deseado por el propio Bush. Wolfowitz es el cargo de mayor rango ocupado en la Casa Blanca por un neoconservador, y el número tres en la lista de más odiados por la progresía mundial, después del ocupante del despacho oval, Belcebú para los desafectos, y de Donald Rumsfeld.

La significación del nombramiento de Wolfowitz es muy clara y concuerda con los dos puntos esenciales del pensamiento neoconservador, y que a su vez son los más valiosos: la displicencia ante el statu quo y la fe en la fuerza transformadora de la libertad. El nombramiento del hasta ahora secretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos ni es un premio ni es un retiro dorado. Es un nuevo movimiento estratégico de George W. Bush para favorecer un círculo virtuoso de desarrollo y paz en las áreas más conflictivas del planeta.

Se ha dicho desde las filas del vacío moral que el terrorismo tiene una causa en la pobreza, villanía que se suele combinar con otra también muy común: que la pobreza en el tercer mundo está causada por los países ricos. Un cóctel doblemente perverso que sirve a cierta izquierda para justificar en grado diverso según quien hable los actos terroristas, presentándolos como mecánica excrecencia de la pobreza, y para señalar como verdaderos culpables a las víctimas de éstos. La realidad es seguramente muy otra. Terrorismo y pobreza tienen orígenes comunes, aunque no sean todos los mismos. Entre los que comparten está la lucha desde los gobiernos contra las oportunidades de desarrollo económico de los ciudadanos, ejerciendo sobre sus vidas un control que les impide ofrecer lo mejor de que son capaces, e intercambiarlo en el mercado por otros productos. Es la falta de oportunidades, no la mera carencia de bienes materiales, la que alimenta la desesperación.

El elemento exclusivo del terrorismo es la ideología que se cree con derecho a exterminar al vecino por no compartir tus creencias. Ese es el detonante de la desesperación, que comparten los creyentes en la yihad y los creyentes en que otro mundo no sólo es posible, sino que se debe imponer.

Hay que luchar contra esas ideologías. Pero también hay que luchar porque los gobiernos abran la mano con que ahogan el desarrollo económico. La prosperidad permite encontrar satisfacciones en lo más mundano y real. Y el comercio establece relaciones beneficiosas entre desconocidos, enseñando que la diversidad no tiene porqué ser fruto de conflicto. Lo que tiene en mente el nuevo director del Banco Mundial es sentar las bases para ese desarrollo, para ampliar el comercio, que asiente sobre bases sólidas la paz. Wolfowitz sabe que la democracia es más que el depósito periódico de papeletas en las urnas, y que está erigida sobre el Estado de Derecho, la propiedad privada, y la libertad, que son las condiciones necesarias para el desarrollo económico.

El problema es que mucho tendría que cambiar el Banco Mundial para que resulte útil. El Banco Mundial está concebido para hacer llegar fondos de los países ricos a los más pobres para favorecer el desarrollo, pero como en el caso del FMI los préstamos favorecen no los comportamientos económicamente más sanos, sino los orientados a conseguir nuevos préstamos. El Banco Mundial, si ha de servir de algo, debe ser una guía para la transición a economías liberales y abiertas. Si el nuevo director de la institución es capaz de marcar un camino que oriente el desarrollo hacia la libertad, esa fuerza transformadora, habrá hecho una contribución de primer orden también a la extensión de la paz.

Comerciante proteccionista

Javier Gómez Navarro, presidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, ha dicho que los comerciantes se están durmiendo frente a la nueva competencia. Todos los grupos de presión próximos al proteccionismo se le han lanzado al cuello pidiendo su dimisión.

La gran mayoría de los grupos de presión, sino todos, siempre han sido proteccionistas (a igual que la organización que preside Gómez Navarro). Esto es, obligan al resto de comerciantes, mediante las armas de la política (leyes, amenazas y violencia) a no servir a sus clientes. Creen que si todos “hacen piña” imponiendo sus normas y leyes —que les garantiza el poder coactivo del estado— vivirán mejor a costa del dinero del consumidor y pagador de impuestos. En este proceso de “solidaridad impuesta” intentan anular el esfuerzo y ansias de prosperar del resto de comerciantes eficientes aboliendo la libertad de mercado.

En la actualidad este esperpéntico juego proteccionista ha llegado a situaciones grotescas como prohibir productos en unas horas determinadas, cierres forzosos bajo pena de multas, licencias concedidas por el estado, prohibición de ciertos productos por consideraciones morales…

Tales restricciones inútiles sólo enrarecen la competencia haciendo un mercado rígido y pobre en cuanto a variedad, elección y precio. En reacción a esta situación hostil hacia el consumidor y hacia el propio sector surgen otro tipo de comerciantes libres que esquivan la coacción de los grupos de presión: los comerciantes de la economía sumergida que dan trabajo al poco capacitado, al que tiene pocos recursos económicos y ofrece al consumidor un abanico más amplio y competitivo de oferta. Por más proteccionismo que exista siempre habrá alguien con ganas de prosperar que se adaptará a las necesidades de la comunidad ofreciéndole lo que quiere aun a riesgo de ser castigado por las leyes. ¿Por qué hemos de criminalizar el esfuerzo personal, variedad de consumo, diversidad y alta producción?

Los proteccionistas creen que cuando algún comerciante vende un producto más barato que el resto se comete un crimen sin más, por eso recurren a las leyes. Lo descalifican como “competencia desleal”, pero lo cierto es que la llamada competencia desleal no daña a nadie. Nadie sale herido, robado ni muerto de su aplicación, sino al revés: beneficia al comerciante que quiere ganar más y prosperar en nuestra sociedad y beneficia al consumidor que pide productos baratos.

Por el contrario, el comerciante proteccionista pretende lo contrario: aumentar lo máximo posible su producto destruyendo parte de la producción (como ocurre en la agricultura), vivir de subsidios financiados por el contribuyente (que paga contra su voluntad y por miedo a las represalias del estado), leyes al libre comercio internacionales que encarecen los productos, crean monopolios y perjudican a los países pobres.

Los comerciantes y grupos de presión proteccionistas que reclaman la intervención del estado son un peligro para nuestro bienestar y economía. El proteccionismo es una grave enfermedad para la iniciativa individual, prosperidad y riqueza que sólo puede ser curado con una medicina, la libertad económica.

La corte de los milagros

De todos es sabido que la Comisión Europea no sirve para gran cosa. Los comisarios se reúnen de tanto en tanto, se hacen unas fotos y entre una cosa y la otra gastan a placer el dinero que los demás les entregamos con tanta alegría como inconsciencia. Pues bien, dentro de ese ocio tan bien retribuido la Comisión nos sorprende a veces con algo que merece la pena leer. Por ejemplo, el informe sobre el Empleo en Europa del año pasado. Sus conclusiones, si lo miramos por encima, vienen a ser la confirmación de lo que aquí, en Libertad Digital, repetimos a diario. Esto es, que la economía europea no crea empleo ni queriendo, que el mercado laboral está esclerotizado por una regulación asfixiante y que, si no cambia la cosa, lo de la madre de Marco no va a ser cosa del pasado sino de un futuro que se antoja muy cercano.

La sorprendente excepción a esa regla no escrita que dice “esto es un desastre” es la Comunidad de Madrid, una pequeña región enclavada en medio de ningún sitio y a la que todo el mundo se refiere en términos despectivos. El informe es concluyente; entre 1995 y 2004 en Madrid se han creado 756.200 puestos de trabajo, es decir, que la población ocupada ha crecido un 45% en menos de una década. Allá por 1995, año en que encontraron a Roldán en Laos, en Madrid trabajaban 1.688.300 personas. En 2004, año en que el partido de Roldán volvió al poder, esa cifra era ya de 2.444.500 personas. Casi nada. Para los que tengan alergia a los números eso quiere decir que, en nueve años, en Madrid se ha creado más empleo que en Alemania, Dinamarca, Suecia y Finlandia juntas, cuatro veces más que en Grecia o más del doble que en Bélgica. Así seguro que lo entienden mejor.

El mito, perpetuado por la legión de envidiosos de siempre, dice que Madrid no ha pasado jamás de ser una Corte holgazana poblada por un sinnúmero de funcionarios, covachuelistas y personajes que viven del sable. Quizá por eso el informe de la Comisión ha pasado desapercibido. Porque si, por ejemplo, llega a ser el País Vasco, y no digamos ya Cataluña, la que presentase semejantes datos el radioescucha habitual de la SER se los sabría ya de memoria y los escolares normalizados entonarían las cifras en verso antes de empezar la clase. En esto, muy a nuestro pesar, hemos de doblar la rodilla ante las habilidades propagandísticas del nacionalismo y su contrapartida, la nula capacidad de comunicación de los que en Madrid gobiernan. Porque, digo yo, que casi un millón de personas se pongan a trabajar en nueve años es motivo suficiente para hinchar el pecho. ¿O no?

En algún lado he leído que lo de Madrid es un milagro. La capital del reino no posee nada especial que de primeras lleve a pensar que es una ciudad próspera. No tiene puerto, el río que la atraviesa no pasa de ser un andrajo de agua, las fronteras están lejísimos y para llegar por tierra hay que atravesar el inmenso desierto humano en que se han convertido las dos Castillas. ¿Dónde está el secreto? A mi entender, el éxito de Madrid está en los casi seis millones de almas que pueblan su Comunidad y en lo sensato que ha acostumbrado a ser su Gobierno autonómico. En la tierra de Cervantes no hay más sentimiento de pertenencia que el de ser de dónde uno quiera. Y eso ya es suficiente, el resto viene sólo. Vacunados contra el virus del aldeanismo paleto, los madrileños han recorrido la mitad de un camino que otras regiones mucho más favorecidas aun ni han empezado a andar. En cuanto al Gobierno, aunque no mucho, algo ha tenido que ver en ello. Desde la Puerta del Sol ciertamente se incordia, pero poco en comparación con cualquiera de los taifatos que salpican nuestra geografía. Los dos ingredientes están ahí para quien quiera ensayar la receta: mucha gente y poco Gobierno. No es necesario más.

Nuevas víctimas del modelo social europeo

A finales del año pasado, Google llegó a un acuerdo con varias universidades para indexar una parte de sus bibliotecas y ponerla a disposición del público a través de su buscador Google Print. Chirac ha montado en cólera ante este ataque inaceptable contra la excepción cultura francesa y, como ha visto que Francia no es capaz de montar una alternativa ella sola, o que le saldría demasiado caro, ha decidido ampliar la injuria de la cultura anglosajona a toda Europa o, al menos, a los gobiernos que cree que puede engañar, que son el alemán, el español y el británico. Caso curioso este último, dado que el francés ha bramado contra el dominio de la cultura anglosajona y la lengua inglesa y, además, Oxford está entre las universidades que colaboran con Google.

La alerta vino del director de la Biblioteca Nacional Francesa. Tras reconocer que este proyecto acercaba a los países pobres al conocimiento de los más punteros, aseguraba que lo importante no era eso sino la consagración de "la supremacía cultural mundial" de Estados Unidos. Es decir, donde toda persona normal ve una oportunidad y un beneficio para todos, los burócratas franceses sólo ven hamburguesas y ketchup. Y la solución para tan crucial problema es subvencionar una cultura europea pensada como contraria y enemiga de la norteamericana, al gusto de Mercedes Odina.

No cabe duda de que la cultura europea es algo digno de preservar, como sabe todo el mundo que haya escuchado "A toda mecha", pero el modo escogido de hacerlo muestra claramente las razones por las que está de capa caída. En Estados Unidos, una empresa puntera desarrolla una tecnología y decide emplearla para poner a disposición del público gran parte del legado cultural escrito en la lengua de Shakespeare, esperando rentabilizarlo de algún modo, seguramente mediante anuncios. En Europa, los gobiernos reaccionan después, molestos, y anuncian un concurso público que costará millones de euros a los contribuyentes para intentar hacer lo mismo. Y digo intentará, porque seguramente acaben realizando un bodrio innavegable con estúpidas condiciones de uso, como las que mantiene la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y que ya denuncié hace dos años.

Esta iniciativa parece enmarcarse en la misma filosofía que el acuerdo para preservar la diversidad cultural firmado por Francia, Brasil y España, y que la ministra Calvo es incapaz de defender frente a la más mínima crítica. El principal problema de dicha filosofía es que las culturas no son un ente estático a preservar, sino algo vivo que necesita del intercambio como su comida y bebida. China, una cultura que se adelantó a muchos de los inventos europeos en siglos o incluso milenios, firmó su decadencia con la decisión de cerrarse al resto del mundo. Sonidos tan intensamente jamaicanos como el ska o el reggae no son más que una mezcla de estilos africanos y norteamericanos, que más tarde han influido notablemente en la misma música todopoderosa y arrasadora de EEUU. Los cineastas de la Nouvelle Vague conocían a la perfección a los clásicos norteamericanos y aprendieron de ellos, pero crearon un cine distinto que también acabaría influenciando las obras de los primeros. Pero eso es porque entonces a nadie se le había ocurrido la estupidez burocrática de la "excepción cultural". Pobres ingenuos, los Truffaut, Godard y compañía. Con Chirac no hubiesen necesitado innovar.

Las cuentas de la lechera

Explotado es aquel que trabaja para otro de modo abusivo y contra su voluntad. El término se usa de forma subjetiva y arbitraria; todos estamos explotados: explotados por nuestra empresa, familia, amigos, por la sociedad… Pero si intentamos ser más objetivos podremos encontrar una auténtica definición para el término dándonos cuenta que la palabra “explotado” sólo se produce cuando actuamos contra nuestra voluntad por miedo a represalias sobre nuestra persona o personas queridas.

Por ejemplo, si nos cansamos de nuestra pareja podemos romper la relación sin miedo a represalias. Tal vez pueda ser personalmente duro, pero no tendremos porque sufrir por nuestra integridad física. En el terreno de la libre empresa también ocurre lo mismo. Una empresa privada no puede explotarnos realmente, en el momento que nosotros queramos, podemos dejarla e irnos a otra.

Los actos libres y voluntarios jamás se pueden considerar “explotación”, sólo la esclavitud nos explota. No podemos abandonar a nuestro esclavizador porque sino las consecuencias pueden repercutir incluso contra nuestra vida. Esclavitud y explotación, pues, es trabajar contra nuestra voluntad para otro bajo pena de castigo físico, y el mejor ejemplo actual lo representa el estado por medio de los impuestos: si se declara en insumisión fiscal, los agentes del gobierno vendrán a apresarlo; y si se defiende, las consecuencias serán nefastas para usted.

Esta semana el periódico económico Expansión traía una noticia con un titular muy sugerente: “El Estado se queda con el 38% de lo que pagan las empresas por sus empleados”. Si usted es un asalariado y la empresa en la que trabaja le paga, por ejemplo, 1.000 euros mensuales, 380 son incautados inmediatamente por el estado. En otras palabras, de los 1.000 euros pagados por la empresa, usted sólo verá en su nómina 620 euros netos.

Añadamos que la carga impositiva no termina ahí. Sumémosle los numerosos impuestos estatales, locales… Por ejemplo, el día de la libración fiscal —tax freedom day—, indicador que mide el número total de días en los que usted contribuye al mantenimiento y engorde del estado, se produce, en España, a mediados de mayo; es decir, usted está trabajando ¡cuatro meses y medio única y exclusivamente para el estado! El estado le obliga a trabajar gratis aunque no quiera ya que los impuestos son un “tributo sin contraprestación”. Los impuestos, pues, son una forma de explotación y esclavitud.

Los técnicos del estado no le dirán lo mismo. Esquivarán decirle qué son realmente los impuestos recurriendo a falacias técnicas como que los impuestos son económicamente neutros y “voluntarios”. El dinero incautado por el estado a la sociedad civil —le dirán— es redistribuido para conseguir una sociedad más igualitaria, solidaria y mejor.

Pero incluso mirándolo desde este enfoque la realidad no puede ser más diferente. Si penalizamos a las empresas e inversores nacionales y extranjeros con impuestos lo único que conseguiremos es que se vayan a otros países; si penalizamos a los trabajadores con más impuestos sólo conseguiremos que el país cree menos producción útil y más desempleados; y si penalizamos al consumidor con más impuestos sólo lucharemos por tener precios más caros, un mercado más rígido y menos poder de elección en qué gastar nuestro dinero. Si imponemos la solidaridad y el igualitarismo por la fuerza seremos económicamente más débiles, menos libres y dependeremos más del estado.