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Etiqueta: Comercio globalización y desarrollo

Explotados y explotadores

El libro blanco para la reforma del sistema español de defensa de la competencia se encuentra en audiencia pública hasta el 20 de marzo. Por eso es un momento idóneo para comentar las principales novedades que presenta y proponer posibles alternativas.

El objetivo principal del proyecto del ministerio de economía es reforzar los instrumentos para luchar contra las prácticas que supuestamente más restringen la competencia y que de ese modo lesionarían el bienestar general. Para conseguirlo se pretende incrementar los poderes para la investigación e inspección de las actividades y empresas sospechosas. Asimismo se plantea el refuerzo y reestructuración del sistema de control de las concentraciones. Por último, cabe destacar que se propone llevar a cabo una constante evaluación de los efectos sobre la competencia de las ayudas públicas.

El problema de la lesión del bienestar general por las supuestas restricciones de la competencia no es más que una ilusión y, en realidad, suele consistir en todo lo contrario. Cuando nuestros queridos reguladores nos hablan de competencia perfecta no se refieren a la libre competencia sino a sus irreales modelos de competencia perfecta. En ellos no existe emulación o concurrencia porque todas las empresas venden el mismo producto y lo hacen al mismo precio. Si de sus bocas sale la expresión restricción a la competencia se están refiriendo a las concentraciones, las bajadas de precios, las restricción voluntarias en la producción propia, la venta de un conjunto de productos o a la mera existencia de una sola empresa en un mercado, y no al uso de la coacción para evitar la entrada de nuevas empresas en ese mercado.

Sin embargo, el hecho de que sólo exista una empresa en un mercado no es un motivo suficiente para afirmar que nos encontramos ante un monopolio. Cualquier nuevo producto tiene un único oferente y, además, depende de la percepción subjetiva de los consumidores considerar un producto diferente o sustitutivo de otros productos que tratan de satisfacer necesidades similares.

La venta conjunta de varios productos difícilmente puede considerarse como una restricción de la competencia. La inmensa mayoría de los productos que se venden en el mercado son el fruto de la unión de varios productos. El vendedor debería estar en su derecho de vender cuantos productos quiera de manera conjunta. Después será el comprador quien decida si le parece que la venta de esos productos a modo de paquete es preferible -o no- a la venta por separado de esos mismos bienes o servicios.

La restricción de la producción tampoco sirve de guía para identificar una empresa que realiza prácticas monopolísticas por cuanto el regulador jamás podrá saber si ésta se debe a un intento de reducir la producción de un producto sin sustitutivos cercanos para el consumidor o el pase de una situación productiva subóptima a una situación óptima. Y si en efecto el productor tratara de reducir la producción para incrementar el precio de un producto muy estimado por el consumidor, debería de estar en su pleno derecho pues no hace sino lo que tratamos de lograr todos: vender nuestros bienes o servicios al precio más elevado y pagar el precio más reducido posible por los que compramos.

Las reducciones en el precio de un producto para ganar cuota de producción en la industria y, en última instancia, hacerse con todo el mercado, lejos de ser una actividad contraria a la competencia es la más representativa esencia de una empresa que trata de competir y superar a las demás ganándose el favor del consumidor y, por lo tanto, considerarla lesiva para el bienestar general parece una retorcida visión de la realidad.

Incluso los tan temidos acuerdos entre empresarios para no hacerse la competencia en determinadas situaciones o mercados deberían de ser lícitos siempre y cuando exista libertad de entrada en esa industria. No sólo porque cada uno debe tener derecho a acordar con otros hasta dónde se hace la competencia sino porque, como ya observara Adam Smith, perseguir ese tipo de prácticas otorga al poder político excesivos poderes.

Del mismo modo, las concentraciones constituyen acuerdos legítimos por los que dos o más partes renuncian a su independencia como empresa y pretenden mejorar sus productos a los ojos de los potenciales demandantes a través de la unión y no, como se pretende presentar, maliciosas agresiones contra el consumidor perpetradas por perversos empresarios sin escrúpulos.

Incrementar los poderes para la investigación e inspección de las actividades y empresas sospechosas de llevar a cabo estas actividades constituye un ataque frontal a los intereses de los consumidores. Pero sobre todo, esta propuesta del Libro Blanco constituye un incremento de la restricción a la libre competencia por lo errado de los principios en los que se fundamenta.

Por último, la idea de evaluar de los efectos sobre la competencia de las ayudas públicas o bien son una inocentada o una tomadura de pelo en toda regla. Y es que en lugar de eliminar la fuente más importante de distorsión de la competencia en el mercado –las licencias restrictivas y las ayudas públicas-, se crearán nuevos departamentos y plazas para funcionarios que dediquen su tiempo y nuestro dinero a estudiar cómo cargarse la libre competencia con todo tipo de medidas intervencionistas que protejan un ilusorio e irreal modelo de competencia perfecta.

Las leyes de defensa de la competencia no solo están pervertidas debido a la espuria teoría neoclásica del monopolio sino que nunca han tenido por objetivo la defensa del libre mercado ni los intereses de los consumidores. Muy al contrario, su origen en los estados centrales de los EEUU a finales del siglo XIX fue el resultado de la concesión de privilegios al lobby de los ineficientes agricultores y ganaderos de estos estados frente a los modernos y competitivos centros de producción que en aquellos momentos florecían cerca de la ciudad de Chicago. De aquel infausto episodio en el que el consumidor fue el gran derrotado surgió la ley Antitrust de 1890 conocida como Sherman Act. Desde entonces, un sinfín de productores incompetentes han usado esa legislación y sus sucesivos retoños para parar por la fuerza a los competidores eficientes no eran capaces superar a la competencia a través de una mejor relación calidad-precio de sus productos.

Desde entonces y hasta hoy la maraña de leyes que perjudican al consumidor y a la libre competencia en nombre de una perfecta competencia que sólo privilegia a productores incapaces de ofrecer lo que el público quiere, constituye la práctica restrictiva de la competencia por excelencia. Según este desbarajuste legal cobrar más que los demás es aumento ilegal del precio, cobrar menos, competencia desleal y cobrar lo mismo que otros confabulación. No hay seguridad jurídica para quien realmente quiere competir porque con este equivocado concepto de competencia los empresarios innovadores y competitivos están al albur de cómo se despierte el regulador de turno. Por eso, lo mejor que podría hacer este gobierno si de verdad quiere defender la competencia sería abolir la legislación de “defensa de la competencia” y todos sus tribunales, revocar las licencias que restringen la entrada o la salida en los diversos mercados, suspender las subvenciones y ayudas públicas a cualquier sector o sociedad, privatizar las empresas públicas y desposeerlas de sus privilegios, y exponer este Libro Blanco como muestra histórica del último intento de agresión contra el consumidor y el emprendedor. Así, el proyecto cobraría una importante dimensión educativa en defensa de la libre competencia.

ADSL libre

Lo han vuelto a hacer. El periodismo disperso de las bitácoras ha vuelto a demostrar que la posición de los medios de comunicación de masas (MCM) no es la que era. En el ya famoso rathergate, las bitácoras estadounidenses revelaron la falsedad de unos documentos aportados por el veterano periodista Dan Rather, y que presuntamente resultaban comprometedores para un George W. Bush, entonces con el puesto al albur del sentido del voto. Hoy es otro conocido periodista el que se ha visto forzado a dimitir gracias a la perseverancia de las bitácoras, aunque por un asunto distinto.

La ciudad suiza de Davos acogía por entonces a varios de los más destacados líderes mundiales. Los medios más importantes cubrían la reunión, y entre ellos no podría faltar la CNN. Fue entonces, en concreto el 27 de enero, cuando Eason Jordan, jefe de noticias de la cadena de Ted Turner, afirmó en una conferencia que el ejército estadounidense tenía entre sus objetivos militares en la guerra de Irak a los medios de comunicación. Nada menos. La CNN se hizo famosa en la primera guerra del Golfo, de la que ésta es una segunda parte. Su posición a la cabeza de los informativos de la CNN le daba a Eason Jordan mucha credibilidad. Pero su afirmación era de lo más grave. No obstante nadie pareció darle importancia a excepción de un blogger que asistía al acto y que escribió una anotación en su bitácora al día siguiente. No haría pasado de ahí si no fuera porque otra bitácora más conocida reparó en este dato y se hizo eco a su vez de la afirmación de Jordan, a quien siguieron muchas otras ese fin de semana. Otra periodista que también había atendido a la conferencia confirmó en su blog las palabras de Eason Jordan, lo que también hizo Michelle Malkin tras hablar con alguno de los otros ponentes de la conferencia. El asunto fue creciendo en la blogosfera sin atención por los MCM.

Mientras los medios miraban a otro lado, algunas de las bitácoras más influyentes seguían el asunto, como Hugh Hewitt o LGF, hasta llegar a la que probablemente es la que más influencia tiene en este abigarrado mundo de los blogs, Instapundit. Se llegó a crear uno dedicado a seguir específicamente el asunto. En realidad las bitácoras no tienen aún el poder de influencia que los medios de comunicación, por lo que nada habría de ocurrir hasta que éstos no dieran el paso de recoger el asunto. Pero antes de que se diera este paso, uno de los blogs que se destacaron en el rathergate, Poweline, llegó a decir que “el final de esta historia está escrito: Eason Jordan está acabado”.

Y así fue, ya que el directivo de la CNN se ha visto forzado a dimitir el pasado viernes, 11. Pero antes las bitácoras tenían que demostrar su verdadero papel forzando a los MCM a tratar el asunto. Lo hicieron en primer lugar el Washington Times, el New York Sun y el New York Post, de ahí a la NBC y a otros medios. Había pasado semana y media desde la primera mención a las palabras de Jordan, pero el efecto acabó llegando: Una vez más un asunto que hubiera quedado relegado por los medios tuvo que ser recogido por éstos gracias a la colaboración de los bloggers, los escritores en pijama, que han vuelto a demostrar que el periodismo disperso ha cambiado el panorama informativo para siempre.

Falta aún una clave que esclarece y da todo su sentido a este último caso, en la que ha incidido el periodista que quizás mejor conoce la política de su país, Michael Barone. En un reciente artículo, Barone se ha fijado en el papel que Internet ha tenido en las últimas elecciones, que no ha sido igual a izquierda y derecha. Mientras que los primeros han centrado sus energías en la crítica a George W. Bush y sus políticas, los más liberal-conservadores mantienen su atención no tanto en los demócratas o sus líderes, sino en los medios de comunicación. Les sobran motivos para ello, ya que los MCM están claramente escorados a la izquierda. Con todo ello, el rathergate y el easongate no son más que dos mojones de una carrera de enfrentamiento y colaboración entre medios y bitácoras de la que el principal beneficiado va a ser siempre el ciudadano.

Índice de libertad económica

La libertad, nos dice Hayek, es un concepto negativo; se define por lo que no es, como ausencia de coacción. En consecuencia resulta un concepto difícilmente conmensurable. Pero es precisamente medir la libertad económica lo que llevan años intentando hacer la Heritage Foundation y el Wall Street Journal en su informe anual Index of Economic Freedom, que en 2005 se ha publicado por undécima vez. El intento de aproximarse a la medición de la libertad económica, se ha relevado como un instrumento de análisis muy útil para entender el desarrollo de los países.

Para medir la libertad económica los técnicos congregados por las dos instituciones observan 50 variables independientes, que agrupan en 10 categorías: Política comercial, nivel impositivo y de gasto público, intervención estatal en la economía, política monetaria, flujos de capital e inversión extranjera, banca y finanzas, salarios y precios, derechos de propiedad, regulación y mercados negros. Desde las primeras ediciones se ha corroborado que hay una correlación entre libertad económica y prosperidad, lo que un año más se ha vuelto a comprobar. También han observado que los países que más han mejorado en la libertad económica son a su vez los que más crecen. La libertad es un camino que ofrece claras recompensas sociales.

Como todos los años desde que se elabora el informe, el país económicamente más libre del mundo es Hong Kong. A este le siguen Luxemburgo, Estonia (que da una idea de la pujanza de la nueva Europa del Este), Irlanda (que ya supera en renta per cápita a Gran Bretaña o Alemania), Islandia, Nueva Zelanda, y así una larga lista de 161 países que cierra con las peores calificaciones la terrible dictadura norcoreana. Cuba ocupa el puesto 149, Rusia el 124, India el 118 y China el 112. Pese a que hay todavía países como estos política y económicamente subyugados, el informe incluye una nota especialmente optimista, ya que la libertad económica en el mundo ha mejorado desde la primera edición del índice, en 1997. De hecho 2004 ha sido el año de mayor libertad económica global desde entonces.

España, que ocupa un discreto puesto 31, ha perdido posiciones en la última edición, principalmente por la política fiscal, el peor aspecto de los 10 considerados. Los Estados Unidos, por su parte, han dejado por primera vez de ocupar un puesto entre los diez primeros, en concreto por la política fiscal del actual Presidente. Resulta un tanto paradójico, ya que si George W. Bush logra sacar adelante sus planes de reforma fiscal y de la Seguridad Social podría convertirse en un líder histórico por lo que se refiere a la reducción del papel del Estado en la economía.

Hay a su vez otro instituto que elabora su propio índice de libertad económica. Basado en los datos recogidos por éste, un reciente estudio sacaba como principales conclusiones que en los países económicamente más libres la tasa de crecimiento económico es mayor. Mientras que el producto nacional bruto real creció en el período 1993 a 2002 una media del 2,4% por año en las economías más libres, decreció un 0,5% anual en las economías menos libres. Por otro lado hay sustancialmente menos pobreza: el ingreso medio per cápita del décimo de la población más pobre en las economías menos libres era en 2002 de 823 dólares, mientras que el décimo más pobre de las economías más libres ganaron de media 6.877 dólares. A su vez, y en contra de lo que muchos dicen, la distribución de la renta es más igualitaria: la participación en el ingreso del 10% más pobre es casi un 20% mayor en las economías más libres que en las más reprimidas. Además los países económicamente más libres favorecen la democracia, la defensa de los niños, la esperanza de vida, el nivel de desarrollo…

El mapa de la libertad económica es en una medida no despreciable la clave para entender el desarrollo económico y social. Ante la falta de atención de los medios de comunicación, el Índice de Libertad Económica es en el fondo una denuncia de los países represivos y una reivindicación de los mejores valores de Occidente: libertad y propiedad.

La incompetencia de las leyes

El ejecutivo de ZP ha manifestado que revisará la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) para "potenciar la competitividad". Para la LDC: “la defensa de la competencia […] y en su caso, de la planificación, ha de concebirse como un mandato a los poderes públicos…”. Parece extraído de un discurso económico de Hitler o Lenin.

Pocas absurdidades hay como “potenciar la competencia” mediante una restrictiva y partidista ley. La mejor garantía para “la competencia”, es que el estado desaparezca del mundo de la producción. La LDC no vela por el bienestar de la competencia, productor ni consumidor; sino por el control del estado sobre el grupo. El mercado y el político siempre toman acciones para su propio bienestar, pero mientras que el primero nos enriquece a todos, el segundo sólo beneficia al burócrata a costa de nuestro dinero.

El libre comercio nace de las necesidades y acciones voluntarias de la comunidad. El consumidor siempre tiene unas preferencias en relación a su utilidad y recursos. Y el empresario es quien descubre qué le falta a la comunidad para ofrecérselo y ganar un beneficio. Empresario y consumidor se complementan mutuamente de forma natural y libre sin leyes ni imposiciones.

Así, el empresario continuamente ha de estar mejorando para no ser desbancado, sino, otros tomarán su relevo adaptándose a la diversidad de la comunidad. El CD de música no sustituyó al disco de vinilo por ley; las compras por Internet no nos ofrecen productos más baratos por ley, sino gracias a la libre iniciativa privada. ¡Lo que no se ha legislado es lo que más ha avanzado y donde mejor se ha beneficiado al consumidor! Imagínese hasta que punto podría llegar a desarrollarse el mercado sin la interferencia ni extorsión estatal.

Si nos despojamos del estado y grupos de presión (que crean leyes como la LDC) ya no tendremos que temer a los monopolios. El libre mercado no crea los monopolios, sino el estado. El economista, y Premio Nóbel Milton Friedman lo expresó así:

“[De joven] como creyente en la competencia apoyaba las leyes antimonopolio pues pensaba que eran una de las pocas intervenciones deseables […] Pero a medida que vi lo que ocurrió, observé que estas leyes tendían a hacer exactamente lo opuesto. […] Con el tiempo he llegado a la conclusión que las leyes antimonopolio hacen mucho más mal que bien, y estaríamos mejor sin ellas”.

Las leyes a la competencia confiscan dinero y productividad a consumidores y oferentes creando: costes de transacción, tribunales inquisidores, inútiles requisitos legales, más burócratas, insalvables barreras al comercio, impuestos, endeudamiento nacional, corrupción política… En reacción al déficit del consumidor, se crea menos riqueza, aumenta la economía sumergida, desempleo, delincuencia, dependencia hacia el estado… En este entorno, el estado, se ha proclamado el caudillo indiscutible de qué y cómo se produce. Sus falsos lemas y nomenclaturas nos han vuelto a engañar.

Si el gobierno de ZP realmente quiere impulsar la competencia, la solución es más fácil que mil falsas reformas. Que elimine los trámites gubernamentales, licencias, aprobaciones y registros legales para que aflore la competencia de verdad; que elimine los impuestos a las empresas, sólo encarecen los productos y ponen en peligro la supervivencia de las pequeñas empresas; que elimine los impuestos a los particulares y así podrán acumular mayor riqueza; que elimine las leyes que castigan al comercio por "razones morales" (tabaco, alcohol, medicamentos, sexo…), que no sólo perjudican a ese tipo de productos y al consumidor, sino también a las industrias que se alimentan de éstas (agricultores, publicidad, intermediarios…). ¡Qué no cree más leyes, y elimine las actuales!

Las leyes, como la LDC, sólo favorecen al burócrata y grupos de presión. Si legislamos la competencia, aun diciendo que es para impulsarla, sólo una cosa es segura: la competencia será sustituida por la dictadura del planificador estatal.

Bush y el comercio

Hace más de dos décadas que se acelera un proceso social de enormes proporciones, creciente amplitud y que se antoja irreversible, en la medida en que lo son los procesos históricos: lo que llamamos globalización. No es un proceso nuevo, ya que a finales del XIX y hasta la Gran Guerra bines y personas cruzaban las fronteras con una facilidad que envidiaríamos en ocasiones. Hoy el comercio internacional alcanza a áreas más amplias del mundo y se revela con una fuerza transformadora sin precedentes. Con la globalización se extienden la riqueza y la prosperidad; Y con ellos las esperanzas para centenares de millones de personas que escapan de la amenaza diaria de perder la vida por inanición o por enfermedades.

Hace poco el Banco Mundial lanzaba un estudio que revela que en los últimos cinco años han sido arrancados de la pobreza más de 250 millones de personas. Más recientemente, con un tono algo optimista pero basado en la realidad, The Economist titulaba un artículo hacer de la pobreza historia, en el que daba cuenta de que "en los países pobres, también, hemos visto en las dos últimas décadas un aumento sin precedentes en los ingresos y en los niveles de vida de cientos de millones de personas, principalmente en Asia, que ya no tienen que luchar simplemente para sobrevivir de un día para otro. La continuación de los recientes ratios de rápido crecimiento económico solamente en India y China, promete liberar a centenares de millones más de la pobreza durante la próxima década".

Por muy beneficiosos que sean los efectos de la expansión del comercio, siempre hay intereses especiales que prefieren detener el proceso, aferrarse a las posiciones ganadas y granjearse la protección estatal frente a la competencia. Esto es tan viejo como el mundo y parece que nos acompañará siempre, pero hay que denunciarlo como la primera vez. George W. Bush tiene en este aspecto una política equívoca, que por un lado acompaña sus palabras, siempre favorables al comercio como institución que favorece la prosperidad, la paz y la expansión de la democracia, con acuerdos de largo alcance, y por otro traiciona su discurso con concesiones proteccionistas a intereses especiales.

De este modo, por un lado ha extendido acuerdos bilaterales con una docena de países y prevé extenderlos a diez más. Pero por otro no tuvo ningún problema en estrenar su presidencia con la restricción del comercio en el mercado internacional del acero. Desde entonces los responsables estadounidenses de comercio han recibido la notificación de sanciones por la Organización Mundial del Comercio en más de una ocasión. Recientemente han sido los textiles y el vestido los afectados por estas restricciones, especialmente para frenar la entrada de productos chinos a bajos precios. Los aranceles y las subvenciones siguen protegiendo a los agricultores estadounidenses frente a los productores de los países pobres. Éstos, cada vez menos mediatizados por las consignas marxistas, no piden menos sino más comercio con el resto de las naciones porque saben que es el camino a su prosperidad.

Hay además una consideración que Bush, en su segundo mandato y sin posibilidad de reelección no debería dejar de lado. La expansión del comercio lleva apareada la relocalización, el traslado de los puestos de trabajo más mecánicos e industriales a los países pobres, mientras que se generan en los más ricos otros más encaminados a los servicios, las tecnologías más avanzadas y el conocimiento. Desde un punto de vista estrictamente partidista esa transformación en el carácter de los puestos de trabajo le viene mal al partido demócrata, y por tanto muy bien al suyo. En concordancia con la creación de una sociedad de propietarios, la relocalización favorece en principio al partido que más autonomía reconozca a los individuos. Y hoy por hoy ese partido es el republicano.

Un brindis por la liberalización textil

La libertad de comercio mundial, esa que sólo existe en las mentes del pensamiento único intervencionista, será un poco más real después de las doce uvas del próximo viernes. En efecto, el 31 de diciembre será el último día en el que comerciar con productos textiles esté limitado por razones distintas a la voluntad de compradores y vendedores. La maraña de cuotas que hemos tenido hasta el día de hoy quedará eliminada en 2005 y la exportación internacional quedará relativamente liberalizada.

Esta liberalización del comercio textil a nivel internacional es el fruto de los acuerdos multilaterales pactados en el marco de Organización Mundial del Comercio. Ni falta hace decir que tanto los políticos de Washington como los politburócratas de Bruselas han aceptado estos acuerdos en contra de sus convicciones más íntimas: la de seguir los designios de los grupos de presión que puedan otorgarles los votos de la victoria electoral.

Como era de esperar, a medida que se acerca el fin de las restricciones se oye a los medios de los países desarrollados hablar de los daños que esa liberalización supondrá para el productor nacional, ese que hasta ahora ha sido privilegiado con la cautividad de unos consumidores a los que no se nos dejaba elegir a quién comprar nuestros productos textiles. Así, nos cuentan que en España 400 empresas del sector cerrarán el año que entra. También se nos informa con tenaz insistencia, cómo no, acerca de los miles de puestos de trabajo que se perderán en los países desarrollados. Estos temores tienen su origen en una visión extremadamente estrecha e interesada de la realidad del proceso liberalizador.

Dejemos de lado el argumento más elemental en favor de la liberalización consistente en que nadie tiene derecho a decirles a dos personas adultas qué productos lícitos de su propiedad pueden o no intercambiar. Ignoremos por un momento también la corrupción moral que representa el hecho de que los mismos medios que tanto dicen preocuparse por los pobres del planeta se olviden de contarnos que la liberalización permitirá precisamente que éstos vendan sus productos en los países ricos. Aún así, la oscura interpretación de la eliminación de privilegios comerciales olvida las maravillosas consecuencias de la liberalización.

Los políticos y los medios no destacan, quizá por obvio, que la libertad de comercio que vamos a estrenar posibilitará el acceso de los ciudadanos europeos y estadounidenses a una oferta de productos textiles mucho más amplia de la que hasta ahora nos estaba permitido optar. En consecuencia el consumidor, es decir, todos los ciudadanos, verán incrementar su poder adquisitivo con la caída del precio de los productos textiles. Y puesto que, después de todo, el consumo es el fin de la producción parecería insensato que se protegiera a unos pocos productores para agredir a muchísimos consumidores y a tantísimos productores extranjeros.

Además, tan grisácea perspectiva de la liberalización comercial no parece tomar en cuenta que con euros que ahorrará el consumidor de productos textiles, éste podrá alcanzar nuevos fines y necesidades que antes no tenía oportunidad de satisfacer o, al menos, no en la misma cuantía. La producción de esas necesidades que anteriormente no estaban cubiertas necesitará mano de obra y todo tipo de recursos que, si no se impide por la fuerza, provendrán en parte de la producción textil que deja de ser demandada. Si el productor textil occidental no es capaz de diferenciar su producto para que el consumidor esté dispuesto a pagar más por el, podría dedicar sus esfuerzos a producir esos nuevos fines que los ciudadanos tratarán de alcanzar con los euros que le han sobrado en la compra de ropa. Si tampoco sabe hacer esto, que no pida al estado que quite a los ciudadanos su patrimonio para mantenerles. Que cierre y permita que los recursos que está invirtiendo mal sean usados por personas más perspicaces en la satisfacción de los deseos más urgentes de sus conciudadanos.

A nadie le gusta ver cómo se cierran empresas. Pero pocos se han parado a pensar en el despilfarro de recursos que supondría –y lo pobres que seríamos– si se hubiese evitado mediante intervencionismo público el cierre de las empresas que producían textil en el siglo XIX. Sin embargo, si el comercio libre fuese tan perjudicial para la sociedad, evitar los cierres de empresas y poner coto a las importaciones de todo tipo de productos debería de ser una bendición para nuestro país. Es más, el comercio nacional debería de ser considerado como fuente de desempleo regional y otras calamidades económicas. ¿Y por qué pararse en las regiones? Si los negativos efectos del comercio libre fueran tan grandes en comparación con sus aspectos positivos, habría que dejar que cada familia cultivara sus alimentos y tejiera sus vestimentas. Sin duda, ese sería un mundo sin los negativos efectos del libre comercio. Lo que no me queda claro es que a alguien le pueda apetecer vivir en un mundo tan sufrido.

Quienes sólo destacan inconvenientes en la liberalización del comercio textil no entienden que el estado natural del hombre es la miseria más absoluta y que el intercambio libre es la única forma de ir satisfaciendo cada vez más necesidades y avanzar hacia un mundo en el que la escasez material constriña cada vez en menor medida a los seres humanos. Además, así como los beneficios del libre comercio son de largo plazo, sus "efectos negativos" no tendrían por qué durar más de lo que dura un abrir y cerrar de ojos si no fuese por las rigideces intervencionistas que evitan que los seres humanos podamos adaptar nuestra fuerza de trabajo y nuestros recursos para lograr el mejor cumplimiento de las necesidades humanas. Así que brindemos con cava catalán, con champán francés o con sidra asturiana por la liberalización del comercio textil, pidamos a los Reyes Magos muchas más liberalizaciones para el año 2005 y deseemos a los que puedan verse perjudicados por el fin de sus privilegios que el gobierno evite con absurdas restricciones su recolocación en valiosas actividades. Chinchín.

Lo que nos cuesta la ONU

Recientemente Marta Arias, responsable de la campaña de los Objetivos del Milenio de Intermón Oxfam, afirmaba que "a menos que los líderes mundiales actúen ya, el rumbo de la lucha contra la pobreza del próximo año podría terminar en un fracaso vergonzoso". Con estas palabras, Arias, se refería al fiasco del plan fijado por la ONU para el 2015 donde ninguno de sus objetivos será alcanzado.

Con esta sentencia, podemos ver cual es la auténtica vocación de este tipo de organizaciones. Arias reclama la actuación de los líderes mundiales. Para ella, los líderes mundiales saben mejor que nosotros cómo gastar nuestro dinero. Pero, la incautación por la que aboga Arias, no se destina a los pobres del mundo como ella pretende, sino a organizaciones, que como la ONU, no tienen control alguno y se enriquecen a costa del trabajo de los demás.

Una viñeta de Cox & Forkum nos ilustra perfectamente cómo se distribuyen las ayudas internacionales. Pero en la ONU también son evidentes otros males como la corrupción interna. Recientemente, la cadena estadounidense ABC elaboró un reportaje donde destapaba uno de los casos de corruptela que practican los funcionarios de Naciones Unidas.

Otro caso más reciente ha salpicado al hijo de Kofi Annan, Kojo, quien se ha lucrado a costa de la organización que preside su padre. Como respuesta a los numerosos casos de corrupción la ONU relazó 55 investigaciones internas que rehusó hacer públicas. Ni ellos mismos son capaces de defenderse.

La ONU no es supervisada por nadie, sino que pretende autorregularse mediante su "elevada moral". En contraposición a ésta, las empresas privadas, por ejemplo, siempre están bajo el ojo exigente de su consumidor. Si la empresa falla, otra gratificará mejor al cliente. Pero si apelamos a la superioridad moral del funcionario, sólo nos encontraremos con menos dinero en nuestro bolsillo; y si el funcionario falla (como siempre ocurre), entonces pedirá más dinero a los líderes mundiales.

Observemos también la gestión de la ONU. Según un análisis del Cato Institute, un contable medio en la ONU recibe un sueldo anual de 84.500 dólares (unos 64.000 euros), mientras que el mismo contable en una empresa privada de Estados Unidos cobra la mitad. Un analista de sistemas de la ONU cobra 111.500 dólares (unos 84.000 euros), mientras que en el mercado privado recibe menos de la mitad. Además, los burócratas de la ONU suelen recibir dietas, subvenciones para la educación (¡más de 12.500 dólares por hijo, que usted paga!) y generosos planes de pensiones.

La financiación y gestión de la ONU es totalmente antinatural. No se basa en el intercambio pacífico de los individuos, sino en la agresión económica de una minoría (políticos) contra la multitud (sociedad).

¿Y qué tiene que ver esto con los pobres del mundo? Mucho. La ONU es la principal interesada en que los pobres abunden, de lo contrario todos sus funcionarios se quedarían sin dinero. La mentalidad anticapitalista de la ONU se basa en esto. Si desaparece el poder de los políticos, burócratas, dirigentes sindicales, gobernantes y otros vividores, cada uno será responsable de sus acciones, inversiones y destino. En consecuencia, no intentará vivir de los demás o se autoproclamará "pobre" para recibir todo tipo de subsidios estatales o ayudas internacionales, sino que cada uno progresará según la contribución voluntaria que realice al mundo y sociedad: con más comercio, más empresas, mayor intercambio y más riqueza.

Como cualquier organización criminal, la ONU ha de ser eliminada. ¡Qué no nos robe más! Nosotros sabemos gestionar nuestro dinero mejor que los líderes del mundo. La lucha contra la corrupción y la pobreza empieza por eliminar a estas organizaciones de nuestras vidas: cuanto más dinero reciba la ONU, más perderemos nosotros, y los pobres del mundo.

Relocalización y elecciones

Esta no es una elección como las demás. Ninguna lo es, pero esta es la primera que se celebra tras los atentados de las torres gemelas. La guerra de Irak y la lucha contra el terrorismo han arrinconado a la economía en la campaña, pero sigue teniendo gran importancia. En esta campaña dos palabras han centrado el debate económico: empleo y deslocalización. Esta última palabra es la que se utiliza para designar el proceso, en absoluto nuevo, por el que el capital elige para determinados sectores nuevas localizaciones en países con salarios más bajos, siempre que la estabilidad institucional ofrezca algo de seguridad. Como ejemplo señero, no hace ni un año que abandonó los Estados Unidos la última fábrica de Levi’s que quedaba en el país. Muchos se preguntan, sin fundamento, si este proceso puede acabar con el desempleo masivo en los países industrializados.

Nada hay de ello. En el mercado libre hay dos procesos que llevan a igualar los salarios que tengan la misma productividad. Uno de ellos es el traslado de los trabajadores a los sitios donde se concentra el capital; la migración. El otro es el vuelo de la inversión a los sitios donde están los trabajadores con menor productividad, y por tanto con menores salarios. Los antiglobalización claman al cielo por este último proceso, que en una nueva demostración de su absoluto desprecio por los pobres del mundo llaman deslocalización, en referencia al levantamiento de las fábricas en los países ricos; cuando estamos ante una relocalización, ya que es en los países pobres donde se levantan las fábricas. A la globalización se oponen desde la derecha más nacionalista, como Pat Buchanan o Jean-Marie Le Pen hasta los restos del marxismo descabezado desde la caída del muro. Pero sus enemigos más peligrosos son los intereses especiales, que no tienen reparo en poner barreras a este proceso que beneficia al conjunto de la sociedad, si con ellas se evitan la competencia de quienes pueden servir mejor a la los demás, o más barato.

Estos lobbies obtuvieron un gran éxito con George W. Bush, quien presionado por los mismos levantó nuevas barreras al comercio de acero en los Estados Unidos, medida que fue convenientemente sancionada por la Organización Mundial del Comercio. Pero tras este manchón la política del actual presidente ha sido positiva, especialmente en los últimos años. Y con el apoyo intelectual de Gregory Mankiw ha negociado acuerdos comerciales con 12 países y prevé extenderlos a 10 más. Además ha promovido acuerdos multilaterales que van tan lejos como la eliminación de las barreras al comercio industrial en 2015. No ocurre lo mismo con el partido demócrata. Uno de los grupos de intereses especiales opuestos al libre comercio, el de los sindicatos, es a su vez uno de los que más contribuyen a sus fondos y de los que más influencia tienen en su política. Ya el candidato demócrata de 2000, Al Gore, con el apoyo de estos grupos, tenía un programa claramente restrictivo. John Kerry, quien en su momento defendió el libre comercio como medio de creación de riqueza dentro y fuera de su país, ha sido captado por este lobby y ha cambiado de opinión; algo a lo que ya está muy habituado.

Elecciones e impuestos

Cuando Jude Wanninski introdujo la teoría de los "dos santa", cambió la dinámica de la política estadounidense. En el pasado los demócratas hacían el papel de buenos, de Santa Claus, al recurrir al gasto público como reclamo político, mientras que los republicanos actuaban de apagafuegos, llamando a la responsabilidad fiscal; un discurso mucho menos atractivo, salvo en momentos de crisis. Ahora, sugería Wanninski, los republicanos también harían de santa, pero por el lado de la rebaja fiscal. Sus ideas, como las del resto de representantes de la Economía de la Oferta, influyeron en la actuación de Ronald Reagan, que rebajó los impuestos en 1981 y luego en 1986, con enorme éxito. El actual Presidente se ha apuntado sin remilgos a ser el santa de la bajada de impuestos, y está dejando para los demócratas el ingrato discurso que antes tenían que hacer los republicanos: el de la responsabilidad fiscal. Con un aumento del gasto público al que el Presidente no pone límites, una gestión improvisada y pobre del Irak posbélico, y un Patriot Act que se puede utilizar para mermar algunas libertades civiles, el de los impuestos es un aspecto de la política de George W. Bush en el que se puede defender con total soltura.

En su favor tenía no solo el respaldo teórico de la Economía de la Oferta, sino la historia. Las tres experiencias del Siglo XX en que se redujeron drásticamente los impuestos, en los 20’ con la reforma de Andrew Mellon bajo presidencia de Hardin, en los 60’ con John F. Kennedy y en los 80’ con Ronald Reagan los resultados fueron los mismos: una aceleración del crecimiento económico, un aumento de los ingresos fiscales, mayor empleo y una menor participación en los porcentajes de contribución fiscal por parte de las rentas más bajas. George W. Bush ha seguido la misma receta, en la coincidencia de una fuerte recesión con el peor atentado terrorista de la historia de los EE.UU. Una apuesta fuerte de la que ahora, precisamente cuando se acerca su posible reelección, Bush comienza a recoger los frutos. No solo la economía y el mercado laboral están recuperándose, sino que, como en las anteriores experiencias, el porcentaje de ingresos fiscales procedentes de las rentas más bajas vuelve a reducirse con la última rebaja impositiva. Se adivinaba ya con los datos de 2001, pero otros más recientes confirman que son ahora las rentas más altas las que más están contribuyendo, en favor de las más bajas. De hecho las reformas impositivas de la actual Administración han liberado del pago del impuesto sobre la renta a 7,8 millones de estadounidenses, entre los que menos renta generan.

Los impuestos son siempre un argumento electoral, y este año no es una excepción. Lo que sí resulta extraordinario es que uno de los candidatos, John Kerry, ha prometido acabar con gran parte de las rebajas fiscales del Presidente en ejercicio, sin que vaya diez o quince puntos por debajo en las encuestas. Quizás porque estas elecciones, las primeras desde el 11 de septiembre, no son como las anteriores. Su propuesta fiscal es sensiblemente peor que la del republicano, ya que no está al servicio de cuatro sanos principios que informan la reforma prometida por George W. Bush: No desincentivar en exceso el riesgo y el éxito, evitar los incentivos perversos por determinados sectores o prácticas de ahorro e inversión, favorecer el crecimiento, y hacer el sistema inteligible, o incluso sencillo.

Es una pena que ninguno de los dos candidatos, ni si quiera el republicano, haya dado el paso de proponer un sistema impositivo basado en una tasa marginal única. Paradójicamente, es el sistema impuesto en Irak y está funcionando con gran éxito.

¿En qué consiste el capital?

Más, y no menos capitalismo. Más, y no menos propiedad privada. Más, y no menos empresas. Más, y no menos mercados financieros. Esa es la fórmula para sacar de la miseria a medio mundo. La lectura de estudiosos del capital como Hernando de Soto, Michael Milken y Carl Menger nos explican por qué.

Imagine un país donde nadie puede identificar quién es dueño de qué, las direcciones domiciliarias no pueden ser fácilmente verificadas, la gente no puede ser obligada a pagar sus deudas, los recursos no pueden ser convertidos cómodamente en dinero, la propiedad no puede ser dividida en participaciones, las descripciones de los activos no están estandarizadas y éstos no son fáciles de comprar y donde las reglas que rigen la propiedad varían de barrio en barrio. Usted acaba de trasladarse a la vida de un país en vías de desarrollo. Para mayor precisión, usted ha imaginado la vida del 80 por ciento de su gente.

Así identifica el economista peruano Hernando de Soto en su libro El Misterio del  Capital la causa más poderosa, a su juicio, por la cual “el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo”.

La gran tragedia del mundo subdesarrollado es que sus “muy sociales” gobernantes marginan a tres cuartas partes de sus habitantes, condenándoles a sistemas de propiedad precarios sobre sus bienes. De esta forma jamás pueden tener acceso a un crédito pignorándolos en garantía, tienen enormes dificultades para trasmitir su patrimonio en caso de necesidad o conveniencia, carecen de incentivo para invertir en la mejora de sus inseguras propiedades y, a fin de cuentas, viven condenados a no poder extraer de sus bienes la mayor parte de su valor potencial.

La tragedia no se para ahí. Con legislaciones laborales costosísimas e irreales, las burocracias tercermundistas no dejan más alternativa a sus nacionales que emplearse en puestos de trabajo extralegales. Así por ejemplo en Zambia sólo el 10% de la población está legalmente empleado. Además con sus regulaciones, certificaciones administrativas, mordidas y demás restricciones a la libre iniciativa hacen imposible que los emprendedores puedan acceder al mercado salvo a través de empresas sumergidas.

Las reglamentaciones gubernamentales en materia de urbanismo –desde la escasez de suelo urbanizable hasta la limitación de alturas pasando por los consabidos mil y un certificados administrativos y sus consiguientes prohibitivas comisiones– junto a los controles de alquileres empujan a los emigrados del campo a la ciudad a acudir a la infravivienda como única solución. Así, en Brasil, cuando hace treinta años dos tercios de la construcción de vivienda era para alquiler, hoy apenas el 3% de la construcción se hace con esa finalidad. Las favelas absorbieron ese mercado. Vivir en chabolas, ranchitos, pueblos jóvenes, favelas, bidonvilles y shantytowns implica además carecer de domicilios legales y con ello no poder tener acceso a servicios básicos como electricidad, alcantarillado o agua potable. Lo que no existe no puede ser ni aprovisionado ni facturado.

Michael Milken, el genio que revolucionó los mercados financieros norteamericanos durante las décadas de los 70 y los 80 (y que terminó pasando una temporada en la cárcel por pisar demasiados callos del establishment), escribía en su artículo The democratization of capital que el acceso al capital ha estado generalmente restringido a lo largo de la historia. La casi exclusividad para la realeza y la iglesia durante el medioevo sólo fue parcialmente ampliada durante el siglo XIX a un grupo de industriales con propiedades que les respaldasen. Incluso en los años 60 las instituciones financieras habían de limitar sus créditos a aquellos clientes considerado seguros.

Aunque tras la revolución financiera de las últimas décadas, en la que Milken tanto ha tenido que ver, el acceso al capital en Norteamérica es posible (venture capital, bonos basura, fondos mutuos, OPVs, …) prácticamente para cualquiera con un buen proyecto y ganas de luchar por él, las limitaciones siguen existiendo a mayor o menor escala para gran parte del resto de la población mundial. Y eso quiere decir menos empresas, menos riqueza, menos innovaciones, menos empleos. Cuando advertimos que dos de cada tres inventos desarrollados en el siglo XX han provenido de los EE.UU. o que allí se han creado nada menos que 50 millones de empleos en las tres últimas décadas, tan sólo empezamos a vislumbrar qué fabulosa máquina capaz de convertir las piedras en pan es el capitalismo popular. La fuerza del progreso por excelencia.

Una de las principales lacras de buena parte de los ideólogos políticos y científicos sociales del siglo XX ha sido su incapacidad para aprehender la idea misma de capital. El premio Nobel de Economía F. A. Hayek reflexionaba en The Mythology of Capital que pocas palabras han sido utilizadas con tal cantidad de significados diversos, mientras que la esencia de su realidad era a la vez tan poco comprendida.

El capital no es un factor de producción de una naturaleza peculiar (“conjunto de bienes producidos”) que tiene unas facultades tecnológicas especiales (“sirven para producir”) sin que importe cuáles sean las relaciones jurídicas de propiedad que sobre los mismos existan. Sin propiedad privada, sin mercados y precios, sin división del trabajo y sin empresas, sencillamente no hay capital. Quizás habrá otras cosas: máquinas, edificios, tecnología, obreros. Pero no el alma que hace que todo eso funcione. Los soviéticos –que creían que el capitalismo era un conjunto de instituciones concebidas para la explotación de los asalariados– estuvieron décadas y décadas acumulando bienes de bienes de equipo a costa de infringir graves privaciones a la población para finalmente descubrir su incapacidad absoluta para generar algo de valor para la gente. Falsas teorías, penosos resultados.

Como tampoco es capital una especie de entelequia global de la cual pueda disponer a su antojo una nación o su gobierno para atender a la satisfacción de las necesidades que considere oportuno. Los gobernantes de medio mundo se hartaron de nacionalizar industrias para comprobar que la riqueza no estaba allí. Para su desespero todo se escapaba como agua entre los dedos justo en el mismo momento en que desaparecían la propiedad privada, los empresarios y los precios libres. ¡Ay, si hubiese habido más Lew Kwan Yews y menos Nkrumahs en el mundo!

Y es que capital es, en la seminal definición del fundador de la Escuela Austriaca de Economía, Carl Menger, la valoración monetaria de los bienes, servicios y derechos convertidos en activos empresariales para la generación de beneficio y por tanto renta y/o riqueza para sus dueños.

Así que una vez más será necesario repetir que la formación de capital implica la existencia de propiedad privada. No sólo la facultad de usar los bienes en un determinado sentido precario, sino también de gravarlos, de trasmitirlos, de dividirlos, de dedicarlos a los negocios y de hacer propios los beneficios obtenidos. Implica la posibilidad de crear libremente empresas que no se vean asfixiadas por regulaciones, concesiones burocráticas, certificaciones administrativas e impuestos. Y requiere también la existencia de un dinero sano con el que sea posible conservar la propiedad cedida en crédito, con el que sea posible la contabilidad y con el que tenga más sentido producir riqueza que jugar a anticiparse a la siguiente devaluación. En un campo como el de la ayuda al desarrollo, leer a Hernando de Soto, Michael Milken o Carl Menger es encontrar algo de cordura donde suele abundar tanta demagogia.