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Etiqueta: Control de precios

No es solo Putin: las tres decisiones de Sánchez que han disparado el precio de la energía.

Escrito por Diego Sánchez de la Cruz en . Publicado en Artículos en prensa.

Impagos al sector renovable, apuntalamiento de la moratoria nuclear, rechazo frontal al petróleo y al fracking…

El coste energético se ha disparado y se prevé un duro invierno en hogares y en el sector productivo.

Con los precios de la energía por las nubes, la estrategia del gobierno de España ha quedado en evidencia. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo ha sido centrarse en el efecto que está teniendo la invasión rusa de Ucrania. El problema es que, ligando todo el debate al conflicto desatado por Vladimir Putin, el debate público se empobrece notablemente y se ignoran los factores de fondo que explican lo que está pasando.

No en vano, por mucho que el “chantaje” energético de Putin esté haciendo mucho daño, es evidente que el encarecimiento de la energía no es cosa reciente, sino una tendencia que viene desarrollándose desde hace muchos años y que está golpeando de forma directa a la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias.

Así, el gobierno de Pedro Sánchez ha cometido al menos tres ‘pecados capitales’ en materia energética. Son los siguientes.

1. Incertidumbre regulatoria en las energías renovables

A priori, la única apuesta firme del gobierno de Pedro Sánchez en lo tocante a la energía es la referida a las energías renovables. Sin embargo, aunque PSOE y Podemos insisten en presentarse como defensores de una “agenda verde” que potencia estas formas de producción más sostenibles, lo cierto es que el clima regulatorio en el que opera este subsector está marcado por una incertidumbre muy preocupante.

De sobra es sabido que, antes de la Gran Recesión, el gobierno español ofreció un generoso sistema de incentivos a quienes invirtiesen en estas tecnologías. Sin embargo, tras el estallido de la crisis, nuestro país retiró las primas de forma retroactiva, desatando una oleada de denuncias que han derivado en decenas de arbitrajes internacionales que se han resuelto a favor de los inversores denunciantes y en contra de los presupuestos que venía manteniendo el Ejecutivo.

Al conocerse estas sentencias, el gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto de perfil y se ha negado a cumplir con los pagos que tiene pendientes. Esta incomprensible postura ha hecho que el crecimiento de las renovables en España se sitúe ahora cuatro veces por debajo del promedio mundial, con la inversión extranjera por los suelos.

De modo que, si el gobierno de España quiere expiar el primero de sus pecados, debe tomarse en serio su propio discurso en materia de energías renovables, cumplir los pagos que determinan los arbitrajes internacionales y garantizar un marco regulatorio que blinde y proteja la inversión en el sector.

2. Frenazo al desarrollo del sector nuclear

Que la tecnología nuclear es fundamental para el futuro es algo que ya no discute prácticamente nadie. La taxonomía elaborada por la Unión Europea va más allá y reconoce que esta tecnología de producción energética debe ser considerada como una fórmula “verde” totalmente compatible con los objetivos medioambientales que viene fijando Bruselas.

La nuclear ofrece un suministro estable a un precio competitivo, motivo por el cual son muchos los gobiernos de Europa y el resto del mundo que están avanzando en esta dirección, abriendo nuevas plantas e invirtiendo en nuevos reactores. Ahora mismo, hay 485 nuevas centrales proyectadas a lo largo y ancho del globo, de modo que la capacidad de producción nuclear se va a duplicar.

Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez no ha movido ficha y sigue instalado en su “no es no” a la nuclear. Incluso el partido ecologista que forma parte del gobierno alemán se ha abierto a la necesidad de extender este tipo de operaciones, en línea con lo que han hecho otros líderes de izquierdas como Joe Biden, presidente de Estados Unidos, o Alberto Fernández, jefe de gobierno en Argentina.

Por tanto, parece lógico seguir la senda que están explorando la inmensa mayoría de países de nuestro entorno y plantear dos líneas de trabajo, que serían por un lado la prórroga de la operativa de las centrales que siguen operando y, por otro lado, la instalación de nuevas plantas de producción.

3. Veto al petróleo y al fracking

Por si no fuese suficiente, el Ejecutivo no ha querido saber nada de los yacimientos petroleros cercanos a Canarias. Como es sabido, la Ley 7/2021 de Cambio Climático y de Transición Energética, aprobada por el gobierno socialista del archipiélago, establece la prohibición de realizar prospecciones petrolíferas y obliga a cerrar las instalaciones del sector antes de 2042. Conviene recordar que las últimas exploraciones realizadas por Marruecos han encontrado yacimientos de crudo valorados en 110.000 millones de euros frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Pero Pedro Sánchez no solo se cierra al petróleo: tampoco quiere saber nada de gas natural generado vía fracking. Con este planteamiento, el Ejecutivo sigue a renglón seguido el plan de Vladimir Putin, que se ha cuidado de financiar las campañas de oposición a este tipo de producción energética, puesto que su desarrollo reduciría enormemente la influencia rusa en Europa. El veto al fracking tiene un coste notable, puesto que los yacimientos existentes en nuestro país cubrirían 70 años de demanda, con los actuales niveles de consumo.

El desarrollo de la fracturación hidráulica en Estados Unidos fue especialmente intenso bajo la presidencia de Barack Obama y sigue desarrollándose con Joe Biden en la Casa Blanca. Lo mismo ha ocurrido en Canadá con Justin Trudeau al frente de su gobierno. De modo que, más allá de nuestras fronteras, los líderes de la izquierda política adoptan posturas pragmáticas en relación con esta técnica de extracción. En el caso de Estados Unidos, el crudo producido en Estados Unidos aumentó su cuota de mercado entre 2008 y 2013, pasando del 40% al 65%. En ese mismo periodo, las emisiones de CO2 per cápita revirtieron a niveles propios de los años 60. Por tanto, los objetivos climáticos que Sánchez esgrime como argumento para rechazar el fracking no solo no son incompatibles con dicha técnica, sino que pueden encajarse a la perfección.

Intervención de precios y racionamiento, camino al racionamiento, la ineficiencia y la economía sumergida

Escrito por José Manuel González Pérez en . Publicado en Análisis diario.

Los populismos, el voluntarismo, el dirigismo, la firme voluntad política marcando el paso fijando discrecionalmente los niveles de las variables económicas son una falacia. Son pretensiones que vengan de donde vengan generan ineficiencias y despilfarro de recursos (paro) , y que pueden llegar a ser muy peligrosas llevando a sociedades al colapso, al precipicio. 

He participado en un debate interesante en las redes sociales al respecto. Concretamente presentado en Facebook así: “AMLO ya ha comenzado a fijar los precios a los productos básicos. Pero México no es Venezuela, claaaaro”. En definitiva, imponiendo precios máximos inferiores a los precios competitivos porque al planificador o intervencionista les parecen caros los precios sin intervención. Los ejemplos de alcance intervencionista, con sus diferencias, del gobierno en España en los precios de las viviendas, de sus alquileres, en los precios de la electricidad,… traen a la actualidad la atención del análisis económico en sus consecuencias.  

He ‘aportado’ al debate el siguiente teorema económico-praxeológico, sintetizando los resultados de la intervención pública con precios máximos menores a los precios de mercado:

1) Demanda de productos racionada (personas quedan sin comprar su demanda, los oferentes reducen sus ofertas).

2) Los mercados se debilitan y se reduce la actividad comercial, menor compraventa y menor actividad económica.

3) Aparecerá la economía sumergida y con los intercambios en los “mercados negros” los precios máximos se sepultan como papel mojado y ‘los precios reales sumergidos’ convergerán en el tiempo a los “precios de equilibrio” o quedaran por encima;  precios de los acuerdos derivados de ‘los procesos sociales dinámicos’ (Huerta de Soto), indeseados por el político. Ello es por el exceso de demanda derivado de la intervención y todos estos procesos alteran la asignación de los retornos desvaneciendo la voluntad inversora en estos productos y recursos ofertados, la eficiencia y la actividad económica.

4) Paro. Como consecuencia de la menor actividad.

5) Empobrecimiento. Por todo lo anterior.

¡Nefasto recorrido! 

En el debate una persona que participaba planteaba que estas medidas se justificarían en el caso Mejicano porque en él la estructura productiva era preminentemente monopolista o oligopolista, amparada por el poder institucional o gubernamental. El caso de monopolios no se identifica con el de precios máximos efectivos por debajo de los precios de equilibrio competitivo. Mi respuesta, salvo monopolios naturales, es que creo que no me confundo. 

Efectivamente, el antídoto es favorecer la competencia siempre y esto sólo se logra mediante entrada de nuevos y mejores oferentes. Nunca un monopolio se va a ir del mercado de haber demanda. Pensarlo es de total ingenuidad. Siempre más competencia, nunca mediante precios máximos efectivos por debajo de los precios de equilibrio. 

En el caso de monopolios lo analizamos en fundamentos del análisis económico como semejante a un precio mínimo efectivo, el del monopolista, que se sitúa por encima de los precios de equilibrio competitivo o derivado de los acuerdos voluntarios resultantes de ‘los procesos sociales dinámicos’ (Huerta de Soto), en términos praxeológicos.

Si como se apuntaba, yo no le sé ciertamente, en Méjico predominan las estructuras productivas monopolísticas o oligopolistas y, además, esto se hace con el respaldo político gubernativo entonces el sobreprecio, la ineficiencia y la menor actividad económica se tornará patente respecto de la que se lograría en contextos competitivos.

Lo correcto en tal caso insisto es operar diáfanamente rompiendo barreras de entrada a competidores nunca fijando precios intervenidos. El monopolista no fija a la vez el precio y la cantidad en su mercado. El precio del monopolista lo fija el monopolio donde logra la máxima ganancia, lógica y coherentemente. Esto es, donde ingresos marginales igualan los costes marginales del monopolio y ello debe hacerlo el monopolista acudiendo al permiso del cliente (que sigue gestionando en este mercado monopolista su soberanía como consumidor, como demandante y cliente atendiendo sus preferencias y objetivos sujeto a las restricciones endógenas y exógenas) para lograr el monopolista (empresa-empresario) saber su precio optimo (el del monopolista) atendiendo a la disposición marginal a pagar del cliente. La situación bajo una estructura monopolista, queda reflejada, insisto, como ‘un precio mínimo efectivo’.

Si a la solución monopolística se le compara con la solución competitiva, siempre será más eficiente ésta, por ser menor el precio y mayor la cantidad voluntariamente intercambiada en producto (actividad económica) y, consecuentemente, se traducirá en más empleo y probablemente menor paro o desempleo, de no crecer la población activa. Que no se nos escape tampoco que no hace falta necesariamente una multitud de nuevos oferentes competidores, sólo los suficientes siendo cada uno de ellos ‘líderes’ en sus estrategias de precios, nunca ‘seguidores’. Claro está, para no caer en ingenuidades, que pueden ser  posibles los contubernios institucionales del gobierno respaldando a los agentes sociales y sus organizaciones, ya sean patronales y/o sindicales, conformando fuentes de prebendas y/o de clientelismo político de probable indigestión económica, siempre hay empeños ideológicos de firmes voluntades políticas (esclavitudes y ‘caminos de servidumbres’ ). 

Concluyendo:

1) El mercado con monopolios u oligopolios, aunque como mercado el intercambio realizado es voluntario entre las partes, genera ineficiencia (despilfarro).

2) El monopolista no se apea sólo si hay demanda.

3) Los precios máximos o mínimos efectivos son de rancia aplicación empobrecedora por generar baja actividad, precios ineficientes desorientadores para los agentes y bajo empleo.

4) Los empeños de “las voluntades políticas” están sujetas a las restricciones económicas exógenas y endógenas de todos y cada uno de los agentes, las pretensiones son eso pretensiones, si no son factibles, resultan inalcanzables por ser insostenibles. El posible peligro viene de que lo que no es sostenible no se sostiene y cae, esperemos no nos caiga encima por esto conviene el análisis y el aviso.

Referencias Bibliográficas:

Hayek F. (1944), “Camino de servidumbre”. https://www.elcato.org/sites/default/files/camino-de-servidumbre-libro-electronico.pdf

Mises L.V.M. La Acción Humana, Tratado de Economía, 11ª edición, Unión Editorial. Estudio Preliminar, por Huerta de Soto.

Rivero Caro A., “Resumen del Camino de la servidumbre” de Hayek.

Varian H. (1991), Microeconomia intermedia, un enfoque moderno. 2ª Ed. Ed. Bosch. Barcelona. 

Zanotti G y Silar M. (2016), Economía para sacerdotes. Cristianismo y Economía de Mercado. Unión Editorial, Madrid.

http://www.hacer.org/pdf/Hayek15.pdf

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216751947643616&id=1010054067#
https://www.latimes.com/espanol/mexico/articulo/2021-07-08/amlo-empresa-estatal-gas-mexico-polemica

Control de alquileres, una nefasta idea

Escrito por ignacio_moncada@hotmail.com en . Publicado en Artículos en prensa.

Dicen que Winston Churchill se quejaba de que, cuando pedía consejo a cinco economistas, recibía cinco respuestas contradictorias. La única excepción era cuando entre esos economistas se encontraba John Maynard Keynes, en cuyo caso recibía seis respuestas contradictorias.

Es cierto que en muchos ámbitos existen grandes discrepancias entre economistas de distintas escuelas. Sin embargo, Greg Mankiew incluía en su libro Principios de Economía una larga lista de ideas en torno a las que existe un amplio consenso entre los economistas. La primera de la lista, con un 93% de aceptación, era la proposición de que “las políticas de control de alquileres reduce la calidad y la cantidad de las viviendas disponibles”.

Durante los últimos días se ha intensificado la presión que ejerce Podemos dentro del Consejo de Ministros para imponer políticas de precios máximos en el mercado del alquiler en las grandes ciudades españolas. Esta es una medida que el PSOE aceptó incluir en el acuerdo de Gobierno, pero que se resiste a aprobar por el rechazo frontal de algunos de sus miembros, entre otros la vicepresidenta económica, conscientes de las nefastas consecuencias que ha tenido siempre que se ha aplicado.

¿Cuáles son esas nefastas consecuencias que tienen las políticas de control de alquileres? De acuerdo con los economistas Tyler Cowen y Alex Tabarrok, pueden resumirse en cinco efectos principales.

En primer lugar, esta política tiende a generar un desabastecimiento crónico de viviendas. Como en cualquier mercado, si el Estado fija precios que están por debajo del precio de equilibrio, la demanda excederá la oferta disponible a ese precio: habrá mucha más gente buscando alquiler que viviendas disponibles, haciendo que encontrar vivienda se vuelva misión imposible.

Además, con el tiempo el problema tendería a agravarse, puesto que la oferta de alquiler es más elástica a largo plazo que a corto: la escasez de viviendas en alquiler irá aumentando con el tiempo.

En segundo lugar, también se disparará el tiempo y los costes de búsqueda. En Nueva York, que ha padecido durante décadas este tipo de políticas, solía decirse que la única forma de encontrar vivienda era consultando en el periódico la sección de necrológicas.

Al darse esa carrera permanente por encontrar las escasas oportunidades disponibles, la gente se ve obligada a recurrir a agentes inmobiliarios para que le ayuden en esa búsqueda. Se produce un derroche de tiempo y recursos en el que los únicos que salen ganando son los intermediarios.

En tercer lugar, se produce una mala asignación permanente de los recursos. Cada vivienda deja de asignarse a quien mejor se adapte a sus preferencias y el criterio principal de asignación pasa a ser el azar. Los inquilinos, una vez logran encontrar una oportunidad, tienden a evitar a toda costa tener que mudarse.

En ciudades donde se han aplicado políticas de este tipo, como Nueva York, se comprueba que abundan los casos de individuos o parejas que alquilan viviendas con más habitaciones de las que querrían, mientras familias grandes se tienen que conformar con viviendas más pequeñas pese a estar dispuestos a pagar más. El sistema de precios deja de funcionar como transmisor eficiente de información.

En cuarto lugar, se produce lo que los economistas denominan una pérdida irrecuperable de eficiencia (deadweight loss). Muchos propietarios tenderán a excluir sus viviendas del mercado de alquiler por la menor rentabilidad obtenida, mientras que inquilinos que estarían dispuestos a pagar más del precio fijado políticamente, se encuentran con la imposibilidad de encontrar vivienda. Dicho de otro modo, se impiden intercambios mutuamente beneficiosos y por tanto generadores de riqueza.

Por último, esta política genera un deterioro progresivo de la calidad de los inmuebles. Debido a la escasez crónica de oferta que se produce, la soberanía del consumidor desaparece y la calidad deja de ser un factor decisivo en su toma de decisiones.

Por ello y por la caída de la rentabilidad, el propietario dejará de tener el incentivo a invertir en sus viviendas y tenderá a minimizar cualquier gasto en reparaciones y reformas. Los inquilinos se verán obligados a vivir en viviendas en cada vez peor estado por la mera escasez de oferta impuesta por la regulación.

Por este último motivo, el exministro de exteriores de la República Socialista de Vietnam, Nguyen Co Thach, reconoció que “los estadounidenses no pudieron destruir Hanoi, pero los vietnamitas sí destruyeron su propia ciudad por la imposición de alquileres bajos”.

En la misma línea, el economista sueco Assar Lindbeck afirmó que “el control de alquileres es una de las técnicas más eficientes hasta ahora conocidas para destruir una ciudad… salvo tal vez el bombardeo”.

En las grandes ciudades españolas existe un grave problema de acceso a la vivienda. Durante los últimos años, la demanda de vivienda en alquiler ha aumentado de forma considerable en estas ciudades debido a la creciente concentración de población en núcleos urbanos. Al mismo tiempo, la oferta de vivienda, cada vez más restringida por criterios políticos, ha aumentado muy poco en términos relativos.

Cuando mucha más gente quiere vivir en una ciudad y el espacio apenas aumenta, solo existen dos soluciones reales. Por un lado, permitir el aumento de la cantidad de vivienda para albergar a esa mayor demanda. Por otro, mediante la reducción de la demanda: por ejemplo, incentivando que aquellos que marginalmente menos valoren vivir en grandes ciudades, opten por otras opciones.

Es evidente que el primero de los mecanismos no está funcionando de forma correcta, dado que la oferta de alquiler está políticamente constreñida y desincentivada por restricciones regulatorias. La solución al problema de acceso a la vivienda se encuentra justo ahí: en la eliminación de la perversa interferencia política que impide que la oferta se adapte a la demanda.

Imponer precios máximos al alquiler no es una solución, sino un problema añadido. Sus consecuencias son justo las contrarias: disparan la demanda y reducen aún más la oferta.

Sea con buena intención o por influencia de grupos de presión, se está vendiendo políticamente que el control de alquileres va a facilitar el acceso a la vivienda, cuando en realidad lo dificulta todavía más. Pocas ideas económicas son capaces lograr tanto consenso entre los economistas como el rechazo al control de alquileres.

 Ignacio Moncada es economista, analista financiero y miembro del Instituto Juan de Mariana.