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Etiqueta: Delincuencia

Algunas cuestiones disputadas del anarcocapitalismo (XCIII): Reflexiones sobre ‘Don’t Fuck the Police’

Tuve la ocasión de leer recientemente un excelente libro de Josema Vallejo y Samuel Vázquez sobre el declinante papel de la policía en nuestro país y en otros como Francia de dos policías que honran a su profesión. Es el citado en el título de este artículo. Lamentan que buena parte de sus esfuerzos sean malgastados al servicio del poder político de turno.

Problemas de la Policía

Según ellos, y yo les creo, la policía moderna gasta buena parte de su tiempo en tareas burocráticas. Y sólo es un porcentaje relativamente pequeño de agentes los que se encaran con los problemas de criminalidad en nuestro país. Señalan, con varios ejemplos, el mal diseño de las fuerzas operativas. Y destacan el hecho de que en las horas y días en que los datos dicen que hay más crímenes, las noches de los fines de semana, es cuando menos agentes están disponibles. Y sobre todo que los mandos policiales no acostumbran a estar disponibles en ese momento.

Los autores también inciden en el hecho de que las policías modernas no están sabiendo afrontar las nuevas realidades delincuenciales que se comienzan a dar en nuestro entorno. Los autores achacan esto también a causas políticas y en este caso también a razones ideológicas. Son ideologías que tienden a explicar o justificar las razones del delincuente, por opresión o injusticia social, mientras que se desatienden los derechos de las víctimas de sus crímenes.

Interés para el lector del Instituto Juan de Mariana

Estando de acuerdo con la mayor parte de lo que dicen, no puedo resistirme a comentar el contenido del libro. Busco integrar sus reflexiones en el marco que inspira este conjunto de artículos. Me interesan mucho los temas policiales, y les hemos dedicado incluso, algún trabajo. Porque, como es sabido es, quizás, junto con la defensa, el problema más importante que tendría que afrontar una hipotética sociedad ancap. Y mientras no esté bien resuelto, no se podría defender como una forma de organización viable.

Quede claro que los autores del libro no expresan apoyo a este tipo de idearios. Respaldan en todo momento un modelo policial público, aunque sin hostilidad alguna, más bien al contrario, hacia las distintas formas de seguridad privada que se ejercen en nuestro país. Pero dado el subtitulo del libro Un modelo policial que protege al poder y no a los ciudadanos, creo que merece cuando menos atención. Un interés que debe alcanzar al lector tipo de este tipo de libros: personal de las fuerzas de seguridad y defensa y personas interesadas en estos temas. Pero también al tipo de lector habitual que pudiera tener la página del Instituto Juan de Mariana.

Servicio al poder, no a los ciudadanos

La tesis del libro es que el actual modelo policial español está pensado para servir al poder y no a la ciudadanía como parecería lógico. Por lo que apunta el libro, sería también el de otros modelos policiales próximos. Esto no sería de extrañar, pues tienen diseños parecidos, al menos en sus orígenes. Cualquier lector de estas páginas no se sorprenderá de lo que afirman los autores, pues la mayoría de los servicios públicos necesarios como el de policía están diseñados para ese fin. Y su prestación está monopolizada por los gobiernos.

Otro debate sería si deben o no los estados prestar este tipo de servicios. Pero esta claro que si son los gobiernos quienes los diseñan y hacen operativos, es muy probable que los organicen de acuerdo con lo que a ellos les interesa. O bien de acuerdo con lo que ellos consideren que es importante para la población. Atendamos al matiz de esta última afirmación. Pues aún cuando la clase política pensase en las necesidades del pueblo, algo que puede ser discutido pero que podríamos aceptar en principio, siempre será lo que ellos entienden que debe o puede querer la ciudadanía. No lo que ella realmente quiere.

Recordemos que una de las premisas de cualquier buen liberal o libertario es que estado y sociedad son colectivos distintos. Que tienen lógicas de funcionamiento e intereses distintos. Tampoco debemos olvidar que los policías comunes, incluyendo mandos intermedios no forman parte del estado. Forman parte de su aparato y trabajan para él como cualquier otro funcionario. Sólo de sus máximos jefes podemos predicar que lo conforman. 

El mal funcionamiento de los servicios públicos

El aparato del estado, policía, jueces, profesores, médicos o funcionarios de ventanilla, trabajan para quien domina el estado en cada momento. Y ello sea cual sea la orientación ideológica del mismo o la forma que este tenga. Siguen fielmente sus indicaciones, sea por el sueldo sea por el sentimiento de honor o de  lealtad. La asignación de tiempos y medios para la prestación de sus servicios son determinados por quienes integran el estado y se hace atendiendo a sus criterios e intereses, que es lo que los autores afirman.

No es la policía la única que padece este desinterés por parte de sus máximos dirigentes. Creo que podría predicarse, en mayor o menor medida, a la práctica totalidad de los servicios públicos, mal llamados sociales. Las quejas que se escuchan en el ámbito de la educación, la sanidad, el ejército o la atención social van casi todas, en mayor o menor grado, en la misma línea. Pero no están tan elaboradas como en este libro. Pero todos ellos piensan que lo que les pasa es algo que acontece sólo en su respectivo sector y no lo perciben como un rasgo esencial del propio sistema. Y eso que cada uno de ellos no es más que un caso particular del funcionamiento general de los servicios estatalizados.

Por desgracia la policía no es una excepción y digo desgracia porque se así fuese aún podría tener algún tipo de arreglo. Va en la lógica del sistema, concepto que ellos usan entiendo que en referencia al aparato de poder, que sea así, no es por tanto una disfunción específica. Lo que tiene de interesante es que describe muy bien  en su ámbito con numerosos ejemplos lo que a ellos le acontece. No abundan libros de este tipo y de ahí su interés.

Nuevas formas de delincuencia

Tiene interés también para el liberal-libertario la cuestión de la falta de adaptación de las policías contemporáneas a las nuevas formas de delincuencia. Se quejan, con razón, de que las bandas organizadas dedicadas al crimen cuentan con mejores medios para hacer sus fechorías que los policías para combatirlas. También destaca la evolución organizativa de estas bandas, cada vez más sofisticada.

Recuerdo haber leído que uno de los grupos delictivos y que más rápido han evolucionado en su desempeño es el de los tratantes de esclavos. Tratantes de “blancas” o de personas. Es una de las actividades criminales más antiguas de la humanidad. Ahora operan con todo tipo de artilugios técnicos y formas de pago tipo pay-pal. Conocen en cada momento las legislaciones de cada país, la dureza relativa de cada gobierno en relación a su actividad e incluso las ayudas sociales y otro tipo de protecciones con que cuenta su “sector”.

Nuestros autores no se refieren tanto a este sector como al del tráfico y transporte de droga desde el norte de África a los grandes centros de consumo. Esos centros están situados casi siempre en los países más desarrollados del viejo continente, y que disponen de mayor poder adquisitivo para adquirirlas. Pero aquí nos encontramos otra vez con un caso particular de una teoría más general.

El historiador y teórico militar israelí Martin van Creveld, escribió hace unos años un par de libros que hablan tanto de la transformación de la guerra (The transformation of war) como de las transformaciones del estado necesarias para afrontar las nuevas formas de delincuencia y crimen organizado (The rise and decline of the state).

Artículos que mencionan a Martin van Creveld

Los Estados-nación y la delincuencia

En ellos el autor afirma que los estados modernos están diseñados para la guerra, la vieja tesis de Charles Tilly de que el estado hace la guerra y la guerra hace el estado. Pero están diseñados para guerrear contra entidades semejantes a la suya; esto es, contra otros estados. Su tesis es que el estado no está diseñado para afrontar los nuevos desafíos de seguridad en forma de narcos, terrorismo en red, traficantes de personas o ciberdelincuencia.

Artículos que mencionan a Charles Tilly

Estos nuevos desafíos de seguridad, aparte de ser transnacionales, no tienen un territorio definido que se pueda ocupar o dominar policial o militarmente en la forma clásica. Dificultan mucho las labores de seguridad tradicionales. Tanto, que nuestro autor predice que los estados tendrán que cambiar su forma para poder garantizar su seguridad.

Vuelta a los modelos neomedievales

Recordemos que el estado nación actual es sólo una de las posibles formas de dominación posibles, y que ganó en concurrida lucha contra las ciudades-estado, las ligas o las formas imperiales medievales. Una vuelta a modelos neomedievales, con una mayor fragmentación política y una mayor flexibilidad, tendría una mejor respuesta al crimen. Las bandas de narcos, que también se describen en el libro, no son sólo una especificidad hispana. Se dan en muchos países europeos, sin que estos sean tampoco capaces de combatirlas con eficacia.

Sería más un defecto del propio estado-nación que de sus fuerzas policiales, que aunque estuviesen bien gestionadas y orientadas al servicio público seguirían  teniendo serios problemas para tratar con este tipo de bandas. Adolecen de un problema de diseño operativo. Están demasiado centralizadas a mi entender. Es más relevante ello que la calidad de los efectivos policiales.

La economía de la prohibición

El narco simplemente tiene más capacidad de adaptación. Cuenta no sólo con muchos recursos, buena parte derivados del efecto subvención a los precios del producto causados por la prohibición. Véase al respecto el excelente libro al respecto del economista austríaco Mark Thornton, The economics of prohibition. También cuentan con una estructura es más flexible y modular que la policial, más pensada para atender otro tipo de delincuencia.

Cualquier reforma en el modelo policial de prevención, que se considera la mejor respuesta, centrada en evitar que la gente consuma, sería mucho más efectiva que una reforma en el modelo operativo de represión. Esta última requiere cambios organizativos profundos y una descentralización radical de los cuerpos policiales, de modo que puedan adaptarse rápidamente sin grandes y engorrosos trámites administrativos. El narcotráfico es “empresarial”, en este caso para el mal. Y se adapta rápidamente a los cambios tecnológicos, contando con dimensiones adecuadas para su negocio. Las burocratizadas policías estatales no pueden imitar esto, al menos no a la misma velocidad con la que lo hace el crimen.

Un muy recomendable libro. Aparte de los comentarios aquí realizados, es una magnífica reflexión sobre los problemas de la prestación de servicios de seguridad en nuestro tiempo. Esperamos poder disfrutar de más escritos de los autores al respecto.

Ver también

El principio del fin de la Policía Nacional. (Fernando Parrilla).

Policía y sociedad: de ovejas, lobos y perros pastores. (Fernando Parrilla).

A vueltas con la policía judicial. (José Antonio Baonza Díaz).

La Policía a las órdenes de los titiriteros. (Daniel Rodríguez Herrera).

Protección, contención y restitución: una visión liberal de la delincuencia y la justicia penal

Por Harrison Griffiths. Este artículo ha sido publicado originalmente en el IEA.

El aumento de los índices de delincuencia siempre es motivo de preocupación, pero los patéticamente bajos índices de resolución de delitos del Reino Unido están haciendo que sea imposible ignorar el problema. Cualquiera que viva en Londres conocerá muchos casos de robo de teléfonos o bicicletas en los que la Policía ha hecho muy poco por recuperar los objetos robados, por no hablar de procesar a los responsables. De hecho, sólo el 1,7% de los casos de robo de bicicletas denunciados acaban en juicio.

El robo de bicicletas es sólo una prueba de que los delitos contra la propiedad se han despenalizado en el Reino Unido. En 2021, más de un millón de robos y hurtos quedaron sin resolver. Las propiedades de los ciudadanos son, al parecer, bienes inmuebles gratuitos para los delincuentes.

La delincuencia violenta y los delitos contra la propiedad tienen efectos negativos claramente probados que van más allá de la victimización de personas inocentes. La alta criminalidad erosiona la confianza social, disuade a la gente de la actividad económica nocturna, obliga a la gente a gastar dinero que de otro modo no gastaría en arreglar y reparar propiedades dañadas o en mudarse fuera de las zonas de alta criminalidad.

Un enfoque liberal

La lucha contra la delincuencia no tiene nada de antiliberal: cumple con nuestra responsabilidad moral de defender a los inocentes de la violencia y es un componente esencial de una economía fuerte.

Lo primero que debe subrayar un enfoque liberal de la justicia penal es que la policía sólo debe ocuparse de las amenazas a la vida, la libertad y la propiedad. Una vez que la policía empieza a perseguir delitos sin víctimas, se convierte en su propio cártel violento y perjudicial. Esto significa despenalizar la posesión y venta de drogas y poner fin a las restricciones gubernamentales a la libertad de expresión, por ejemplo.

Esto no sólo es moralmente correcto, sino que también puede tener un efecto positivo en la persecución de otros delitos. Hay un coste de oportunidad para cada agente de policía que se sienta en un escritorio a vigilar Internet en busca de tuits “gravemente ofensivos” cuando podría estar patrullando las calles o resolviendo un delito. De hecho, reducir el exceso de celo en la vigilancia de la libertad de expresión por motivos políticos puede ser una forma de restablecer la confianza de los ciudadanos en la policía, que ha creado una especie de “anarco-tiranía” en la que se investiga sin piedad a la gente por su libertad de expresión pacífica, mientras que a los ladrones se les permite campar a sus anchas impunemente.

Más patrullas en la calle

Así pues, una vez que las fuerzas del orden se centran en hacer cumplir las leyes adecuadas, la función primordial de la policía debería ser la protección contra la delincuencia y minimizar el coste para cada víctima.

Lo primero que habría que hacer para solucionar este problema es volver a poner más agentes en las calles. Una de las únicas formas en que la policía puede disuadir de la delincuencia es mediante la visibilidad. Una revisión sistemática de los datos demostró que el 80% de los estudios concluían que el aumento de las patrullas policiales en zonas de alta criminalidad reducía la actividad delictiva en comparación con otros lugares de alta criminalidad. Un estudio constató una reducción del 31% de los delitos contra la propiedad en los puntos conflictivos patrullados por coches señalizados.

Las patrullas constantes también aumentan la disponibilidad de la policía para responder a las llamadas de delincuencia. Incluso, las llamadas de “prioridad uno” tardaron un promedio de 16,5 minutos para que la policía llegara a las escenas del crimen en 2022, un aumento del 9% en comparación con 2018.

La legítima defensa

Dado que los tiempos de respuesta a menudo significan la diferencia entre el éxito o el fracaso para los delincuentes, no hay excusa para no permitir que las personas recuperen un mayor control de su propia protección. El régimen legal actual en torno a la legítima defensa hace muy poco para proteger a quienes actúan en legítima defensa, esperando que las víctimas sopesen todo un conjunto de pruebas de equilibrio legal antes de actuar para defenderse a sí mismos y a su propiedad de los delincuentes.

Esto debería modificarse para dar seguridad a las víctimas de delitos de que habrá un listón legal excesivamente alto necesario para procesarlas por acciones en defensa propia.

Seguridad privada

Las empresas de seguridad privada deberían tener los mismos derechos legales que la policía a la hora de detener a delincuentes para defender la propiedad de las personas, y el gobierno debería considerar la posibilidad de relajar las restricciones a la tenencia de determinadas armas controladas en la propiedad de las personas.

Una vez que se ha cometido un delito, no debería cuestionarse que todas y cada una de las acusaciones de delito se investiguen en la medida en que las pruebas lo permitan. Una vez más, el sector privado tiene un papel que desempeñar. Debería permitirse a los particulares contratar detectives privados para investigar los delitos, y esos investigadores privados deberían tener el mismo acceso a los jueces para obtener órdenes de registro y pruebas. Si la policía no puede ofrecer investigaciones adecuadas, entonces el gobierno debería proporcionar a las víctimas un vale para encontrar una entidad privada que pueda hacerlo.

Contención y restitución

Una vez que se acusa a un delincuente y se le declara culpable, las penas no deberían centrarse en el castigo o la disuasión -ninguno de los cuales es especialmente eficaz para reducir la delincuencia-, sino en la contención y la restitución. Un enfoque basado en la restitución daría a las víctimas un papel más activo en la administración de justicia. Deberían poder exigir transferencias monetarias o de bienes a su agresor para ayudar a mitigar el impacto del delito. El valor de la transferencia y el plazo en que debe pagarse deberían ser decididos por jueces y jurados.

Sin embargo, hay muchos casos de delincuencia en los que la sociedad en general tiene interés en que los autores no vuelvan a delinquir. De hecho, la “ley del poder de la delincuencia” nos dice que la mayoría de los delitos son cometidos por un pequeño número de reincidentes. Un estudio de 30 años sobre la delincuencia en Suecia estimó que el 1% de la población comete el 63% de todos los delitos violentos. En Estados Unidos y el Reino Unido, una clara mayoría de las condenas recaen en personas con antecedentes penales.

Prioridades

La simple contención de este pequeño segmento de la población que en su inmensa mayoría comete delitos violentos debería ser la prioridad del sistema de justicia penal. Las penas impuestas a quienes tienen una o dos condenas previas deberían ser mucho más largas que las impuestas a quienes son condenados por primera vez por delitos similares. Las prisiones deben ser perfectamente humanas, con diversas oportunidades de superación y rehabilitación para quienes deseen dar un giro a su vida mientras están en prisión.

El centro de nuestros esfuerzos en materia de justicia penal debe ser capacitar a la policía y a las personas para defender a las víctimas contra los actos delictivos y aumentar nuestra capacidad para perseguirlos con éxito después de los hechos. Una vez que los delincuentes son declarados culpables de delitos, las víctimas deben tener voz para exigir indemnizaciones que les ayuden a reconducir sus vidas, y los delincuentes reincidentes deben ser separados humanamente de la sociedad para garantizar que los inocentes no vuelvan a ser aterrorizados por los agresores en el futuro.

Ver también

Delincuencia e ideología, un cócktail peligroso. (Alberto Illán Oviedo).

La pícara alcaldesa respetuosa con la delincuencia. (María Blanco).

Los pobres son pobres, no delincuentes. (Pablo Molina).